Categoría: Biotecnologías

Revista emeequis.mx

Por primera vez la comunidad civil internacional se organizó a los fines de juzgar, a nivel simbólico, a una de las empresas agroindustriales más grandes del mundo por crímenes contra la humanidad.

Del 14 al 16 de octubre, la estadounidense Monsanto, fabricante de productos agroquímicos y de biotecnología, será juzgada en La Haya en una especie de tribunal popular en un hecho que no tendrá valor jurídico real, pero que servirá para llamar la atención sobre las prácticas de la empresa con testimonios de todo el mundo.

El jurado del autodenominado Tribunal Internacional Monsanto en La Haya, creado a iniciativa de un grupo de activistas, evaluará los posibles daños causados por la multinacional estadounidense a la salud humana y al medio ambiente. Un grupo de expertos escuchará testimonios de víctimas y ofrecerá luego una opinión consultiva, siguiendo los procedimientos de la Corte Penal Internacional de Justicia.

La acusación es la siguiente: El modelo agroindustrial impulsado por Monsanto es responsable de al menos un tercio de las emisiones globales de gases de efecto invernadero debido a la actividad humana. También es en gran parte responsable del desgaste de la tierra y de la escasez de agua, de la extinción de la biodiversidad y de la marginación de millones de pequeños agricultores.

Por otra parte, reza la acusación, es un modelo que amenaza la soberanía alimentaria de los pueblos a través de las patentes sobre las semillas y es responsable del aumento de casos de cáncer en las zonas fumigadas por el herbicida glifosato.

La periodista francesa Marie-Monique Robin, una de las organizadoras del tribunal, señaló en una visita reciente a Buenos Aires que la iniciativa tiene dos metas: que jueces y abogados evalúen los daños causados por la empresa a lo largo de la historia con químicos como el PCB, el agente naranja y el glifosato, y que revisen el derecho internacional para ver si se debe incluir la figura de “ecocidio”.

“Es una figura penal que permitiría juzgar a los directivos de las multinacionales como Monsanto o Bayer. Hoy en día la única opción para las víctimas es buscar una reparación financiera en una acción civil, pero no pueden ir a la cárcel los directivos”, explicó Robin.

Monsanto, recientemente adquirida por la farmacéutica alemana Bayer, es una de las empresas más polémicas del mundo por las semillas transgénicas que vende, resistentes al herbicida glifosato, principal ingrediente del producto Roundup, que fabrica la misma empresa y que está bajo sospecha de causar cáncer.

Robin denunció las prácticas de la empresa para imponer sus productos en diferentes territorios en el documental El mundo según Monsanto (2008). Ahora, está trabajando en una investigación centrada exclusivamente en el glifosato, que se hará pública en marzo de 2017.

En la nueva película de Robin aparecerán, entre otras cosas, los campamentos sanitarios que realiza la Facultad de Ciencias Médicas de Rosario (Argentina), con el fin de recopilar información sobre enfermedades y causas de muerte.

Argentina es junto con Estados Unidos uno de los dos países que más utilizan el glifosato, ya que es donde más creció en los últimos años el cultivo de organismos genéticamente modificados como la soja.

Desde hace seis años, los futuros médicos de Rosario recopilan datos en diferentes poblaciones de la zona sojera argentina y detectaron un aumento considerable de casos de cáncer, hipotiroidismo, obesidad, infertilidad, abortos espontáneos, malformaciones, entre otros, que atribuyen a las fumigaciones con glifosato.

Por eso, el creador de estos campamentos, el médico argentino Damián Verzeñassi, es uno de los invitados a prestar testimonio en La Haya. Para él, la situación se resume así: “Territorios que eran productores de alimentos ahora producen enfermedades”.

En declaraciones antes de viajar a La Haya, Verzeñassi resaltó la importancia del juicio. “Es la primera vez que se lleva a esta empresa ante un tribunal con el objetivo de fundamentar y documentar la importancia de incluir en los códigos de derecho internacional la figura del ‘ecocidio’”.

Para Verzeñassi, la compra de Monsanto por parte de Bayer “es parte de la estrategia de las corporaciones para ‘blindarse’” ante posibles juicios.

“Ya lo vimos con Texaco-Chevron, que ante la inminencia de la derrota en tribunales de Texaco, acusada por el gobierno ecuatoriano de daño y contaminación de los territorios en donde explotaba petróleo en ese país, fue adquirida por Chevron, quien ante el fallo en contra adujo que ellos no eran Texaco y por eso no se hicieron cargo de los pasivos ambientales de ésta”.

Además, Monsanto y Bayer han actuado juntas en varias oportunidades, recuerda Verzeñassi, desde la guerra de Vietnam con el agente naranja. “Actualmente están ligadas al negocio de la enfermedad en el mundo. Mientras una genera el daño en la salud, la otra te vende las ‘drogas’ que ‘tratan’ los problemas que generan los productos de la primera”.

Monsanto, de todas maneras, desmiente enérgicamente que el glifosato sea peligroso para la salud de las personas. En su página web afirma que “no presenta efectos nocivos sobre la fauna, microfauna, ni sobre la salud humana, ni tiene efectos para el ambiente, cuando es empleado correctamente para los fines previstos en su etiqueta”.

En una carta abierta, la compañía alega que la iniciativa popular que arranca el jueves “es un evento escenificado, un juicio simulado donde los críticos de la tecnología anti-agricultura y anti-Monsanto juegan el rol de organizadores, jueces y jurado, y donde el veredicto está prefijado”.

Además, la empresa sostiene en su web que los transgénicos que ofrece son la solución al hambre en el mundo, ya que se trata de plantas productivas y sencillas de recolectar.

El negocio es lucrativo: en 2015, el grupo obtuvo un beneficio neto de 2 mil 300 millones de dólares (2 mil 50 millones de euros). Queda por verse si algo de lo que se plantee en La Haya en los próximos días hará mella en este desempeño.

El 25 de mayo del 2016, la Feria Popular Alternativa, integrada por varias organizaciones y Otros Mundos A.C., convocó a varias asociaciones y colectivos a participar en una Jornada contra Monsanto en San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, México. Informaron al público sobre las actividades de la transnacional, fabricante del herbicida Roundup y primer productor de semillas transgénicas a nivel mundial.

Video en : https://www.youtube.com/watch?v=67QhST0acRI

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Gracias a Constanza de CODEFF por mostrarnos su linda canción y darnos chance de incluírla en el video.

Por Silvia Ribeiro, Desinformémonos

Lo mejor de los transgénicos es que en todo el mundo han despertado una enorme reacción en su contra. Aunque las transnacionales que los manejan gastan cientos de millones de dólares en propaganda, corrupción de científicos y gobiernos, para tratar de convencernos de que son inocuos y hasta mejores que las semillas híbridas, no lo logran.

La mayoría de la gente, en cualquier parte del mundo, prefiere no comer transgénicos. Muchos no pueden evitarlo, porque no saben qué alimentos los contienen: las empresas han hecho todo lo posible para que ni siquiera se etiqueten. Pero aún así, la actitud de rechazo continúa, aunque los transgénicos sean impuestos en campo o alimentos, no existe resignación.

Esto podría parecer nimio, pero es una enorme ganancia para nuestro campo, porque no solamente significa prevenir y protegerse de los impactos de los transgénicos, además es un estupendo ejemplo de resistencia a la colonización de la mente. Cuando no aceptamos una situación, aunque sea impuesta por la legalidad o la fuerza, siempre seguiremos buscando la manera de salir de ella. Es una gran diferencia con la llamada “Revolución Verde”, que logró asentar en la mayoría de la gente el mito de que semillas híbridas, agrotóxicos y maquinarias eran señal de progreso y le darían de comer a la humanidad, lo cual nunca sucedió, pero desataron una ola de contaminación, acaparamiento de tierras y desplazamiento de parcelas campesinas.

Junto al rechazo a los transgénicos, crece también una crítica más profunda al sistema alimentario agroindustrial, a las corporaciones que se apropian de nuestros cuerpos y territorios, que nos llenan de tóxicos agua, tierra y alimentos, incluso a la propia tecno-ciencia que les dio origen, no sólo porque haya sido Monsanto que creó el primer transgénico. Hay un cuestionamiento cada vez más extendido a esa tecno-ciencia reduccionista que elimina la complejidad, los factores sociales, culturales, ambientales o cualquier otro que impida convertir su investigación en productos para la ganancia.

Por todos estos factores de críticas crecientes, la industria biotecnológica hace ahora grandes esfuerzos para deslindar a los nuevos transgénicos de la resistencia social. Para empezar tratan de cambiarles el nombre, alegando que por usar otras formas de biotecnología que pueden no insertar nuevo material genético, no son “trans”-génicos.

El término que han elegido para referirse a estas nuevas biotecnologías es “edición genómica”, una forma que quieren que parezca inocua, como cambiar una letra o una palabra en un texto, que pretenden no afectaría gran cosa. Aquí engloban tecnologías, como nucleasas con dedos de zinc (ZFN), nucleasas sintéticas (TALEN), micro ARN, ARN de interferencia o metilación dependiente de ARN y CRISPR, entre otras. No voy a detallar las particularidades de estas técnicas, pero al igual que con los transgénicos, se trata de ingeniería, no de métodos naturales, es manipulación deliberada de la composición genética de seres vivos, sea cortando o desactivando funciones de los genes o agregando otros.

Estas nuevas biotecnologías han ido surgiendo por la búsqueda de nuevas herramientas más eficaces para la manipulación genómica, en su vasta mayoría motivada por el afán de lucro de empresas. De cierta forma son un reconocimiento implícito de lo que siempre hemos dicho sobre la ingeniería genética aplicada a los transgénicos: que es una técnica burda, que no tiene control de las consecuencias que provocan en las interacciones entre los genes, en los organismos o los ecosistemas.

Pero al ser manipulación de genomas, todas esas nuevas biotecnologías conllevan también impactos y consecuencias imprevistos, ya que el conocimiento sobre las funciones de los genes y sus interacciones siguen teniendo grandes vacíos.

La mayoría de estas nuevas tecnologías están basadas en biología sintética, es decir, ya no usan genes de seres vivos, sino genes sintetizados en laboratorio que pueden o no replicar los que existen, por lo que agregan toda una nueva serie de impactos posibles y desconocidos.

De todas ellas, hay dos tecnologías de alto impacto que es importante conocer: CRISPR-Cas9 y una aplicación particular de ésta, que son los llamados “conductores genéticos”.

CRISPR, por sus siglas en inglés, significa “repeticiones palindrómicas cortas agrupadas e interespaciadas regularmente” y es una construcción sintética que imita una forma de defensa natural de las bacterias. Cas9 es un sistema de doble “corte” de la cadena de ADN para silenciar o agregar otros genes.

Esta tecnología apenas se hizo funcional en 2012, pero tiene dos aspectos que hicieron que se diseminara muy rápidamente: es barata y es más exacta que las técnicas que se usan con los transgénicos. En éstas era imposible determinar en qué lugar del cromosoma se insertaba un constructo genético. CRISPR-Cas9 permite reconocer un gen específico y cortarlo, deshabilitando ese gen, o insertar otros.

Aunque parezca más exacta, la tecnología no es tan precisa como la quieren presentar. Como explica el Dr. Jonathan Latham, de Independent Science News, creer que precisión equivale a control es un gran error, particularmente en sistemas vivos como el ADN: “Supongamos que yo, que no hablo chino, quisiera eliminar de forma precisa un carácter de un texto escrito en chino, o una línea, o una página. Tendría un cien por ciento de precisión, pero ningún control sobre los cambios en el significado. La precisión, por tanto, sólo es útil en la medida en que va acompañada de comprensión, y ningún biólogo puede afirmar que en este momento entendamos el ADN – ¿si no por qué lo seguimos estudiando?” (J. Latham, El mito de la precisión de CRISPR).

No existen en ningún país regulaciones de bioseguridad adecuadas a estas nuevas biotecnologías ni se conocen qué impactos pueden tener sobre salud o medioambiente. La industria biotecnológica, desde sus mayores corporaciones, está ahora intentando convencer a la Unión Europea y Estados Unidos que cualquier planta u organismo que se manipule con estas nuevas tecnologías, solamente están “editados genómicamente” y por tanto no necesitan pasar por las regulaciones de bioseguridad. Ya lo consiguieron en el caso de un champiñón manipulado con CRISPR para no volverse marrón al cortarlo, que se vende desde este año en Estados Unidos sin que el público tenga idea de ello. En Europa la presión de la industria para no pasar por regulación o que no se considere transgénico es aún mayor porque hay 17 países que prohíben transgénicos.

Una aplicación particularmente preocupante de CRISPR-Cas9 es la construcción de conductores genéticos (gene drives en inglés). Esto es una forma de hacer transgénicos para manipular especies silvestres, y asegurar que los genes modificados pasen siempre a la generación siguiente. Con los cultivos transgénicos existe ya el problema de la contaminación, pero éstos deben ser plantados cada año y además, las plantas no transgénicas, al no reconocer los genes extraños, tienden a eliminarlos en algunas generaciones.

Esta nueva construcción genética –organismos con conductores genéticos– asegura que el gen permanezca en todas las generaciones subsiguientes. Si es por ejemplo un gen para hacer que sólo nazcan machos (desde plantas y mosquitos a cualquier mamífero) se podría extinguir toda una especie. Aunque lo presentan como opción para eliminar “especies dañinas”, es un arma muy peligrosa en manos de quiénes fácilmente pueden definir todo lo que molesta a sus negocios agrícolas u otros, como dañino o plaga. (Ver artículo de Jim Thomas, ETC)

Son tecnologías, cuyo espectro de acción es tan amplio y las consecuencias tan devastadoras, que es necesario trabajar por su prohibición.

En ese sentido, la extendida crítica social hacia los transgénicos es una base de apoyo, necesitamos ahora desarmar las nuevas armas de lenguaje con que nos quieren confundir las empresas y los científicos que trabajan para ellas.

La reciente declaración de la Unión de Científicos Comprometidos con la Sociedad y la Naturaleza en América Latina (UCCSNAL) sobre nuevas tecnologías, apunta a ello. “Cuestionamos la seguridad de esta tecnología, que juega con la manipulación genética a pesar del gran desconocimiento que existe sobre su funcionamiento, y sobre los efectos que su aplicación podrían desencadenar a nivel celular, del organismo de la salud humana y del ambiente. No pedimos para estas nuevas tecnologías la aplicación de normas de bioseguridad ni el desarrollo de estrictas evaluaciones de riesgo, sino la suspensión de toda la experimentación en este campo.

Cuestionamos el exagerado rol que se da a “la ciencia” y al sistema científico tecnológico en el proceso de toma de decisiones relacionado con la adopción de estas nuevas tecnologías, pues sabemos que la investigación científica encarna las mismas relaciones de poder que se dan en la sociedad, y que las principales líneas de investigación son decididas por quienes las auspician y financian.”

Emmanuel González-Ortega. Página3

Oaxaca.- A nivel mundial, el modelo de producción industrial agrícola echa mano de una gran cantidad de sustancias químicas con actividad plaguicida (insecticidas, fungicidas y herbicidas) y México no es la excepción.

De acuerdo a la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO) sólo en 2013 en México se emplearon 37 455 toneladas de insecticidas, 31 195 toneladas de herbicidas y 42 223 toneladas de fungicidas. Aunque se conoce que los estados que más utilizan plaguicidas son: Campeche, Chiapas, Chihuahua, Michoacán, Nayarit, Oaxaca, Puebla, Sinaloa, Tamaulipas y Veracruz, dadas las carencias en infraestructura de monitoreo y la falta de regulación sobre el uso de sustancias químicas, no es posible conocer con detalle sobre el tipo de químico utilizado, el uso,  o las localidades en las que se aplican.

La organización ecologista Green Peace conjuntamente con investigadores de la Facultad de Ciencias de la UNAM, publicaron recientemente un reporte sobre la presencia de químicos usados en la agricultura industrial mexicana en ríos, drenes agrícolas, lagunas costeras y mares. Aunque existe un Catálogo Oficial de Plaguicidas, está totalmente desactualizado e incluso permite el uso de por lo menos 30 sustancias que desde hace años han sido prohibidas en otros países por sus altos índices toxicológicos, tanto para el medio ambiente como para la salud humana.

El estudio de la UNAM y el grupo ecologista reporta el monitoreo de agroquímicos altamente tóxicos (por ejemplo el herbicida glifosato) en agua colectada en dos regiones muy relevantes para la agricultura: Sinaloa y la Península de Yucatán.

Sinaloa se caracteriza por la agricultura industrial en monocultivo de maíz (producción anual aproximada de 5 millones de toneladas), jitomate y trigo entre otros. La agricultura sinaloense utiliza 700 toneladas anuales de plaguicidas y se reporta que por lo menos 17 diferentes sustancias utilizadas son clasificados como tóxicos por la Organización Mundial de la Salud. Los agroquímicos que se aplican intensivamente no permanecen en los campos de cultivo, sino que son filtrados y arrastrados hacia los cuerpos de agua, incluido el mar; por lo que las afectaciones al medio ambiente no únicamente se encuentran en el campo agrícola, sino en las aguas de ríos, lagos, en el mar, y de manera importantísima, en nuestros alimentos.

El estudio de la Facultad de Ciencias muestreó agua en diferentes puntos de Sinaloa (Ríos El Fuerte, Culiacán, Sinaloa; Lagunas Lechuguilla, Navachiste, Pabellones) en la temporada en la que no se aplican químicos. Se detectaron tóxicos altamente persistentes, tales como DDT, Endosulfán, Metoxicloro, o glifosato, que son muy contaminantes. Algunas de las sustancias tóxicas identificadas se encontraban en el mar, ¡a 10 km de la costa y a 10 metros de profundidad!

En cuanto a la Península de Yucatán, particularmente en el estado de Campeche, desde hace unos años se ha impulsado la agricultura industrializada con alto requerimiento de fertilizantes, plaguicidas y glifosato, lo que ha implicado la deforestación masiva de selva: de acuerdo a la organización Nature Conservancy, sólo en 2013 se arrasaron más de 38 mil hectáreas de selva y únicamente en el municipio de Hopelchén entre los años 2000 y 2008 se perdieron más de 22 mil hectáreas de selva, es decir se ha perdido biodiversidad y en varias comunidades se han dejado prácticas agrícolas milenarias, tales como la milpa maya o la apicultura.

El estudio de la Facultad de Ciencias realizó muestreos en Quintana Roo, en la costa de Yucatán, y en las costas de Campeche. Se encontraron concentraciones elevadas de entre varios, DDT, que es un insecticida muy tóxico y que está explícitamente prohibido, Endosulfán y Glifosato.

Como se ha explicado en notas anteriores, el glifosato es un herbicida no selectivo, cuyo uso se acrecentó a raíz de la introducción de los cultivos transgénicos, siendo actualmente el herbicida más utilizado a nivel mundial y que recientemente fue clasificado como probablemente cancerígeno por la Organización Mundial de la Salud. La siembra de soya transgénica tolerante a glifosato ha provocado el uso masivo de este herbicida en la Península de Yucatán y además, los organismos gubernamentales no han actualizado la información oficial sobre los daños potenciales ni sobre la regulación en cuanto a su uso, pero en cambio, si han impulsado la agricultura intensiva a la que se ha acoplado la comunidad menonita, que actualmente también está padeciendo las falsas promesas de esta modalidad de agricultura: muchas núcleos menonitas enfrentan deudas muy severas, y enfermedades tales como cáncer por la exposición prolongada a los agroquímicos.

El estudio encontró que el río Champotón –el río más importante de la Península- presentó los mayores niveles de agrotóxicos; aunque los mayores niveles de glifosato seguramente se deben a la actividad agrícola, el estudio especula que la aspersión de glifosato en los innumerables campos de golf contribuyen a la contaminación de las aguas peninsulares con este herbicida actualmente considerado como probablemente cancerígeno.

De acuerdo al Secretario de Medio Ambiente y Recursos Naturales del estado de Campeche,  a partir de análisis de orina, se encontró que niños de la comunidad de Ich Ek, perteneciente al municipio de Hopelchén, están contaminados con glifosato. El funcionario desestimó que la contaminación por glifosato sea la causa de enfermedades como el cáncer. Las ignorantes (por decir lo menos) declaraciones del funcionario campechano contrastan con el reporte recientemente publicado por la organización estadounidense Red de Acción por los Pesticidas (PAN, por sus siglas en inglés). Este reporte hace una compilación de estudios epidemiológicos sobre el aumento significativo de enfermedades en niños de distintas regiones de los Estados Unidos (el país que históricamente ha utilizado más agroquímicos) y la exposición a diversos pesticidas. Es indudable la relación entre la contaminación química y el aumento de enfermedades infantiles.

Los niños son particularmente vulnerables a los daños por la exposición a herbicidas, ya que a nivel fisiológico desde el estado embrionario y durante las primeras etapas de vida (por ejemplo, hasta los 6 meses), los niños beben en promedio 15 veces más agua que los adultos; hasta los 12 años de vida, el ritmo de respiración de los niños es el doble que el de los adultos.  Un factor adicional que posiblemente influye en la disposición a enfermedades a partir de la exposición a sustancias químicas, es que el sistema inmune no está totalmente desarrollado, por ejemplo, la barrera hemato-encefálica que provee al sistema nervioso de protección ante algunas sustancias tóxicas termina de desarrollarse hasta después de los 6 meses de vida.

Por lo tanto, puede inferirse que la exposición a herbicidas u otros químicos puede provocar daños significativos a la salud.  Si se consideran las condiciones socio económicas, son estas factores potenciales adicionales de emergencia de enfermedades en los niños: una familia que vive en condiciones de pobreza destina menos recursos a una alimentación adecuada y en muchos casos, lamentablemente no puede disponer de servicios médicos de calidad.

La Red de Acción por los Pesticidas reporta aumentos drásticos de enfermedades tales como distintos tipos de cáncer y leucemias (aumento de hasta 36% ), tumores de cerebro y sistema nervioso, linfoma y autismo (¡aumento de 123%!).

¿Permitiremos que ocurra lo mismo con nuestras niñas y niños?

¿Qué pasa en otros estados del país (por ejemplo, en Chiapas, Oaxaca, Chihuahua)?

¿Qué podemos hacer?

Todo empieza en la Información y la organización.

Más información:

Reporte Green Peace: http://www.greenpeace.org/mexico/es/Footer/Descargas/reports/Agricultura-sustentable-y-transgenicos/La-huella-de-los-plaguicidas-en-Mexico/

Reporte Red de Acción por los Pesticidas (Inglés): http://www.panna.org/sites/default/files/KOF-report-final.pdf

Fundamental mantener la suspensión y entrar al fondo de los argumentos en la Demanda Colectiva contra la siembra de maíz transgénico:
·  La suspensión debe mantenerse en tanto se discuten a fondo los argumentos
·  Argumentos dejan ver contradicciones del Gobierno mexicano y empresas transnacionales en los documentos que integran el expediente de la Demanda Colectiva contra el maíz transgénico
·  Aceptan reiteradamente el contagio del maíz nativo por los transgénicos

demandacolectivamaiz.mx
Un grupo de científicos y más de 20 organizaciones campesinas, indígenas, ambientalistas, de consumidores, de derechos humanos y abogados forman la Colectividad del maíz que enfrenta a grandes empresas monopólicas de semillas ante la siembra de maíz genéticamente modificado hace 32 meses. A través del proceso jurídico se logró la suspensión provisional, a pesar de que las instancias de gobierno demandadas buscan defender un negocio de cinco empresas trasnacionales, declaró Adelita San Vicente, representante de la Colectividad e integrante de la organización Semillas de Vida. “Estamos ante una nueva definición en el Poder Judicial de la Federación en la que el Magistrado Soto Sánchez puede concedernos la suspensión definitiva de la siembra de maíz transgénico en México y con ello pasar a la historia como el Juez que protegió nuestro maíz.”
Hoy se enfrenta una nueva etapa, ya no se trata de suspender provisionalmente la siembra, sino de elevar la medida al grado de definitiva lo que implica que la suspensión se mantenga durante todos los trámites judiciales, o bien que se elimine la suspensión y se permita la siembra, como nos explica Colectivas A.C.  Es momento de entrar al fondo de los argumentos antes de tomar la decisión que afectaría al principal alimento de los mexicanos.
De acuerdo con el análisis de actas e informes[1], realizado por el equipo jurídico de la Colectividad, que el Gobierno federal y las empresas rindieron ante tribunales federales, en el juicio, a lo largo de los 32 meses de litigio, se han visto obligadas a confesar que sus argumentos carecen de sustento, aun cuando públicamente argumentan a favor, con lo que caen en contradicciones. “Públicamente nos hacen creer una cosa, pero ante la justicia reconocen la realidad”.
Públicamente hacen creer que:
A.    El maíz transgénico es seguro porque puede coexistir con los maíces nativos sin contagiarlos.
B.    Los transgénicos pueden coexistir con los maíces nativos  sin consecuencias negativas.
C.    Si los maíces nativos se contagiaran de transgénicos habría un supuesto beneficio de resistencia a plagas.
D.     La siembra de transgénicos es segura porque se han practicado evaluaciones.
E.    Si los maíces nativos se contagiaran de transgénicos no habría afectaciones al medio ambiente.
Ante la justicia reconocen que:
a.      Los maíces nativos serán contagiados de transgénicos como consecuencia del flujo entre las distintas regiones del país. En lacontestación que Monsanto envió a los jueces reconoció que hay flujo génico de maíces híbridos (que sí son genes de maíz) a maíces nativos de diferentes regiones. En otras palabras, si se siembran transgénicos (que tienen genes que NO son de maíz), el flujo génico de éstos contagiaría a los maíces nativos de las diferentes regiones del país.
b.     Si se siembra maíz transgénico no se podrá realizar el libre intercambio de semillas, sin que se contagien de transgénicos.Syngenta reconoció en su contestación al Juez, que para evitar flujo de semillas transgénicas hacia nativos o criollos son necesarias las barreras físicas que impidan a productores y campesinos trasladarlas,intercambiarlas y hasta venderlas. Si se siembran transgénicos nada de esto podría realizarse sin contagiar a los nativos.
c.      Si los maíces nativos se contagian de transgénicos, su entorno se verá afectado. Al contestar al juez, la Sagarpa afirma:
1. Que ante el contagio de transgénicos a maíces nativos…
2. Habría un supuesto beneficio…
3. RECONOCE que con ello se modificaría el entorno…
4. Afectar el entorno implica violar el derecho humano a la conservación de los elementos específicos de la especie maíz.
5. RECONOCE que los contagios continúan activos generación tras generación y su propiedad insecticida también continuará afectando organismos de los agro-ecosistemas.
d.       A pesar de que debiera existir CERO caso de nativos contagiados de transgénicos, el gobierno encontró 89 casos. En un estudio del Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático de la SEMARNAT, que presentamos a los jueces, se encontraron 89 casos de maíces nativos contagiados por transgénicos, en 6 estados del país durante la última década. Conforme a la Ley ninguno de los 89 casos debió suceder. Por lo que resulta obvio que si se siembran a gran escala los transgénicos contagiarían todo el territorio mexicano. Algunas consecuencias son que los campesinos perderán el derecho a elegir, pues la presencia de transgénicos sería generalizada; igualmente se verían afectadas actividades como la cocina mexicana, que es patrimonio mundial de la humanidad, dejarían de ser libres de transgénicos.
e.      Las generaciones futuras tienen el derecho humano de utilizar la diversidad de maíces nativos, en el entorno donde se desarrollaron (sin transgénicos). Una vez reconocido ante los jueces que los transgénicos contagiarían a los maíces nativos, también se afectaría a las generaciones futuras protegidas por el CONVENIO  DE DIVERSIDAD BIOLÓGICA. Nuestros hijos tendrían que enfrentar cambios climáticos con maíces contagiados de transgénicos. Por tanto también perderían los mercados de libres de transgénicos.
Al respecto la Doctora Elena Álvarez- Buylla, Presidenta de la Unión de Científicos Comprometidos con la Sociedad, investigadora titular C del Instituto de Ecología, y Consejo Asesor del Centro de Ciencias de la Complejidad en la UNAM declaró que “la Ley de Bioseguridad, tiene un régimen especial de protección especial, justamente para estos cultivos que se originaron y se diversificaron en el territorio mexicano, que implica el que no pueden ser arriesgados por la liberación de maíces o cultivos transgénicos en otros casos y que se requiere la aplicación irrestricta del principio de precaución. No importa dónde se liberen los maíces transgénicos, aunque no haya a pocos o cientos de metros de distancia, eventualmente esas semillas van a encontrar su paso, por polinización o por intercambio, a poblaciones de maíces nativos y empezará el proceso irreparable, impredecible, irreversible e inaceptable desde el punto de vista cultural, riesgosas e inclusive peligrosas para el ambiente, para la biodiversidad y para la salud, entonces no es posible la coexistencia.”
René Sánchez Galindo, abogado de Colectivas, explica: “Lo que nosotros planteamos en esta demanda es que se deben negar los permisos porque no hay forma de controlar siembra de maíz transgénico, es como aventarlos al aire, va haber flujo por polinización cruzada o por el flujo de semillas, es decir que un campesino toma la semilla y la mezcla con la suya en sus parcelas y esto es un gran fluyo genético que existe en nuestro país y es imposible pararlo, la única forma que existe de protegernos de esos riesgos a la salud y al medio ambiente, es negar esos permisos. La medida precautoria de carácter definitivo que estamos solicitando en este momento al Segundo Tribunal Unitario en materia civil consiste en que antes de que se nos conceda la razón o no, durante el juicio no se pueda sembrar porque si se sembrara habría un daño irreversible. La afectación se daría en esencia a tres derechos humanos: la conservación del entorno, el libre intercambio de semillas, las aspiraciones de generaciones futuras, todo protegido por la constitución mexicana y los tratados internacionales en materia de Derechos Humanos.”
Públicamente hacen creer que:
F.     Los transgénicos de maíz están debidamente aprobados por las autoridades sanitarias.
Ante la justicia reconocen que:
f.      Las autoridades sanitarias NO evalúan los impactos de la siembra de transgénicos de maíz, lo que significaría que todo el maíz que comeríamos sería transgénico. En la opinión que la Secretaría de Salud dirige a los jueces, se acepta que no hay ni habría estudios sanitarios sobre la siembra de maíz transgénico, puesto que se declaran incompetentes en la materia.
Emanuel González Ortega, investigador postdoctoral en el Centro de Ciencias de la Complejidad de la UNAM, declara: “Hemos hecho revisiones de la literatura científica sobre los efectos por el consumo de organismos genéticamente modificados y la exposición a los herbicidas que acompañan a estos cultivos, como el glifosato, e indudablemente llegamos a la conclusión de que la siembra a nivel comercial de maíces transgénicos en México causará un grave daño a la salud de la comunidad, a nivel de campo la siembra masiva expondrá a las comunidades rurales a una exposición a los herbicidas que acompañan a este tipo de cultivos transgénicos, uno de éstos es el glifosato. La Organización Mundial de la Salud (OMS) recientemente lo clasificó como probablemente cancerígeno para humanos. Además, investigaciones científicas han relacionado al glifosato con el aumento de diversas enfermedades; tales como desórdenes del espectro autista, una gama de afecciones degenerativas, aparición de linfomas, daños renales y hepáticos, daños al sistema reproductivo e incluso malformaciones congénitas tales como microcefalia, malformaciones craneoencefálicas, incluso espina bífida.”
Públicamente hacen creer que:
G.    Los transgénicos producen más toneladas que los demás.
H.    Los transgénicos pueden tener mejor  rendimiento porque aunque no produzcan más, podría ser más barato producirlos.
Ante la justicia reconocen que:
g.     Los transgénicos NO producen más. En la contestación de Sagarpa a los jueces, reconoce que los transgénicos NO incrementarían la producción de maíz.
h.     Producir transgénicos es más caro que los demás. Las semillas transgénicas son más caras, así lo reconoció la CIBIOGEM (Comisión del gobierno encargada del tema) a través de la opinión que envió a los jueces, la que enumeró diversas investigaciones científicas que financió. Las autoras de uno de estos estudios explicaron a los jueces que en su investigación documentaron el incremento en los costos.
El Doctor Antonio Turrent Fernández, Investigador Titular C en el Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias INIFAP y miembro de la Unión de Científicos Comprometidos con la Sociedad UCCS, señala: “La SAGARPA en la opinión que emitió en los tribunales con respecto a esta demanda, reconoce que no se esperan que los organismos genéticamente modificado rindan más que los no transgénicos. Hay alternativas, desde un grupo de investigadores del INIFAP y del COLPOS, hemos estado estudiando México tiene reservas de tierras de calidad agrícola y de agua dulce que permitirían con tres millones de hectáreas, que ya están dedicadas a la agricultura con pastizales, con ecosistemas introducidos pero que están subutilizadas, podríamos producir la diferencia para llegar al orden de 50 millones de toneladas anuales, que es muy cerca del doble de lo que el país está requiriendo actualmente y esa sería la opción que tiene el país para recuperar su autosuficiencia sin recurrir a la tecnología transgénica.”
Pánfilo Hernández Ortiz, integrante de la organización campesina Grupo Vicente Guerrero del estado de Tlaxcala, explica: “Para los campesinos la producción de maíz criollo nativo es muy importante ya que depende de este maíz para la alimentación de las familias campesinas. En el estado de Tlaxcala el ciclo productivo es de temporal pero tenemos una producción bastante buena, años anteriores hemos obtenido aproximadamente de 3 a 4 toneladas por hectárea. Estos maíces son la riqueza que los campesinos han venido guardando, reproduciendo y que también tienen temor de perderlo ante la entrada de algunas semillas que podrían ser transgénicas o en el caso de las híbridas que no son productivas, en cambio las nativas criollas se enfrentan a las condiciones climáticas de cada año, en diferentes parcelas los campesinos sembramos toda esta diversidad de colores.”
Emiliano Flores Franco, campesino originario de la comunidad Vicente Guerrero, Españita, Tlaxcala, recalca: “Mi familia y yo hemos trabajado las parcelas, hemos sembrado diferentes tipos de maíces criollos nativos que nos dan la facultad y privilegio de que con estos maíces podemos acompañar otros cultivos como el frijol, haba, calabaza, chícharo, tomate, chile u otros más que se puedan asociar con los maíces. Sentimos que son muy importantes porque con los híbridos y ahora los transgénicos no se pueden asociar o combinar otros cultivos que son fundamentales para la alimentación familiar campesina.”
Públicamente hacen creer que:
I.      Los transgénicos representan avances en investigación científica.
Ante la justicia reconocen que:
i.      Las empresas trasnacionales buscan explotar a los transgénicos comercialmente y en forma exclusiva. En la contestación dirigida al juez, Syngenta reconoce que con la siembra de maíz transgénico las empresas transnacionales buscan aprovechar y explotar en forma exclusiva su tecnología, lo que significa que sólo buscan ganancias comerciales; es decir que no tienen fines científicos como algunos afirman.
Raúl Hernández Garciadiego, Director General de Alternativas y Procesos de Participación Social, puntualiza al respecto de la opinión que emitió CONACYT a petición del juez respecto de las implicaciones que esta medida cautelar puede causar o no a la investigación científica, en donde llama la atención que dedica gran parte de su opinión a defender la biotecnología, siendo que la colectividad no ataca ni pone en juicio a la biotecnología, sino que la medida cautelar únicamente pretende detener durante el juicio la liberación al ambiente de maíces genéticamente alterados para conservar la materia del juicio. Los datos de la CONACYT no respaldan su opinión de que la suspensión judicial afectaría la investigación científica. La medida provisional obliga a la SAGARPA y a SEMARNAT a abstenerse de efectuar “procedimientos tendentes a la liberación al ambiente de organismos genéticamente modificados del maíz, así como de otorgar los permisos relativos”, pero se precisa “sin perjuicio de que puedan efectuarse estudios científicos que determinen la viabilidad o no del otorgamiento peticionado”, con lo que de ningún modo se impide la investigación.
Finalmente, el Padre Miguel Concha Malo, del Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria, hace un llamado a la ciudadanía para que mediante la difusión de estas contradicciones se les pueda hacer ver a los jueces que los requisitos para sembrar transgénicos establecidos en la Ley de Bioseguridad de Organismos Genéticamente Modificados no se están cumpliendo y que debe suspenderse definitivamente la siembra durante todo el juicio.

Informes y contacto:
http://demandacolectivamaiz.mx/wp/

Cómo saben el pasado 4 de Noviembre la Suprema Corte de Justicia de la Nación falló a favor de las comunidades mayas de la Península de Yucatán suspendiendo la siembra de soya transgénica en la Península hasta que se realice una consulta.

Idealmente esta consulta “debería” haber sido previa y debe ser libre, informada y de buena fe.

Debido a que existen numerosas experiencias de consulta a pueblos indígenas en los que no se han cumplido las garantías establecidas en el Convenio 169 de la OIT y en la Declaración de Naciones Unidas sobre los Pueblos Indígenas, surge la presente campaña de recaudación de fondos para poder informar, dar seguimiento y verificar el procedimiento.

TODOS PODEMOS CONTRIBUIR, APOYA Y DIFUNDE. SALVEMOS LA SELVA MAYA

¿De qué trata el proyecto?

Desde hace varios años, las comunidades mayas de la Península de Yucatán han visto afectadas sus formas tradicionales de vida y de desarrollo. La apuesta por un modelo de agricultura industrial con especial énfasis en la siembra de soya transgénica ha traído numerosas consecuencias:

– Daño a la apicultura: la presencia de soya transgénica es un gran riesgo para las exportaciones de miel a Europa, que desde 2012 no compra el producto si tiene presencia de transgénicos; poniendo en peligro el principal medio de subsistencia de las comunidades mayas y parte esencial de su identidad cultural.

Conocer más y Apoyar

RT

Varias decenas de organizaciones no comerciales y activistas de derechos humanos han demandado a la transnacional biotecnológica Monsanto por crímenes de lesa humanidad y ecocidio, que tendrá que enfrentarse a un juicio en el tribunal internacional de La Haya en octubre del próximo año.

El anuncio de la celebración del juicio ha sido realizado en una rueda de prensa en el marco de la Cumbre del Clima que se está celebrando en París, ha informado la defensora ecológica y sanitaria OCA.

Según los demandantes, Monsanto viene desarrollando desde principios del siglo XX productos tóxicos que están causando un daño irreparable al medio ambiente y la salud humana.

Entre las sustancias se encuentra el Roundup, un herbicida altamente tóxico que es el más utilizado en el mundo; bifenilos policlorados, un contaminante orgánico persistente que afecta la fertilidad humana y animal; el Lasso, un herbicida que ahora está prohibido en Europa; y el 2,4,5-T, uno de los componentes del Agente Naranja que fue empleado por el Ejército estadounidense durante la guerra de Vietnam, causando malformaciones congénitas y cáncer.

Entre el 12 y el 16 de octubre de 2016 está prevista la celebración del juicio después de que el tribunal de La Haya haya estudiado los hechos que se le imputan a la estadounidense Monsanto.

El juicio se basará en los Principios Rectores sobre Empresas y Derechos Humanos, adoptados por la ONU en 2011. Entre los demandantes se encuentran la OCA, IFOAM International Organics, Navdanya, Regeneration International y Millions Against Monsanto entre otros grupos.

yucatan.com.mx

En la sesión del día de hoy, la Segunda Sala de la SCJN determinó por unanimidad conceder el amparo y protección de la justicia federal a las comunidades mayas de los estados de Yucatán y Campeche, a fin de garantizarles el derecho humano a la consulta previa, libre e informada, en relación a los permisos otorgados a Monsanto para la siembra de soya transgénica.

Esta decisión es un logró histórico para el pueblo maya y para la construcción del estado pluricultural de derecho en México.   Tal decisión se une a otras previas y que marcan el camino hacia un cambio en la legislación y la política pública del estado mexicano, donde el derecho a la consulta debe garantizarse en cualquier medida legislativa y administrativa que pueda afectar de manera directa a los pueblos y comunidades. Por lo tanto, la consulta debe ser el mecanismo que posibilita la construcción de puentes para el diálogo en una sociedad culturalmente diversa.

En los próximos días, la sentencia será notificada y se darán a conocer la totalidad de sus efectos. La y los ministros debatieron sobre el interés jurídico o legítimo que asiste a la parte quejosa, así como los efectos amplios o limitados de la concesión del amparo.

Esperamos que la Comisión para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI) y la Comisión Intersecretarial de Bioseguridad de los Organismos Genéticamente Modificados (CIBIOGEM) cumplan con su obligación constitucional y convencional de garantizar una consulta previa, libre e informada, apegada a estándares internacionales.

(VIDEO) Lucha contra Monsanto: Apicultor de Campeche llama a los ministros de la Suprema Corte a votar “por la vida y no por la muerte”

Por Tochtli en La Luna, Hijos de la tierra

Por segunda vez en el transcurso del mes de octubre, tres apicultores del municipio de Holpechén en Campeche, hicieron el viaje hasta la Ciudad de México el pasado miércoles 28 para acudir a la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). Y por segunda vez fueron invitados a volver otro día. Gustavo Huchín Cahuich, Leydi Pech Martin y Angélica María Ek Canché esperaban conocer por fin la decisión de los ministros sobre la validez de siete amparos otorgados a los apicultores y grupos apícolas de la Península de Yucatán en el 2014 por el Juzgado Segundo de Distrito de Campeche y el Juzgado Primero de Distrito de Yucatán. Amparos que permitieron detener el proyecto de siembra de soya transgénica por Monsanto en miles de hectáreas en la región. Pero los ministros pospusieron su decisión, como lo habían hecho el 7 de octubre. Prefirieron no examinar los 7 amparos de manera separada como era planeado, para poder emitir en una futura sesión una sola sentencia válida para todos.

VIDEO: https://youtu.be/OfisqdIzRwQ

Según Maria Colin, abogada de Greenpeace México quien acompaña la lucha de los apicultores de la Península desde el 2012, el aplazamiento de la decisión de los ministros no es una mala noticia. “Es mejor que examinen los siete amparos en un solo proyecto para emitir una sola sentencia porque hubiera sido muy complicado tener decisiones separadas que no tuvieran nada que ver una con la otra”, explica.

Ma’ OGM (No OGM en maya)

Para Gustavo Huchín, quien lleva 40 años dedicándose a la apicultura, un saber ancestral heredado de su padre, abuelo y bisabuelo, “eso es desgastante porque venimos de las comunidades y contamos con muy escasos recursos económicos”. Pero al mismo tiempo, es una buena oportunidad “porque mientras más estudian nuestro caso, más conciencia van a tener los ministros de lo perjudicial que es para nosotros de que siga sembrando Monsanto”, dijo en entrevista con Hijos de la Tierra. “Tenemos esperanza y confianza de que los ministros lo van a pensar muy bien, y van a votar por la vida y no por la muerte”, añadió.

En 2012, la Secretaría de Agricultura (SAGARPA) otorgó un permiso a la empresa norteamericana Monsanto para sembrar soya transgénica en 253 000 hectáreas repartidos en siete entidades de México: Campeche, Yucatan, Quintana Roo, Chiapas, Veracruz, San Luis Potosí y Tamaulipas. Pero en la Península de Yucatan, donde unas 15 000 familias viven de la apicultura y producen casi 40% de la miel mexicana, la resistencia fue inmediata. Las palabras “MA OGM” (“Ma’” significa “No” en maya – OGM = Organismos Genéticamente Modificados) invadieron los sitios arqueológicos y las parcelas agrícolas de la Península.

Es que la apicultura y la siembra de soya transgénica no pueden convivir. La segunda acaba con la primera ya que implica deforestar y así mismo destruir las plantas donde picotean las abejas, usar plaguicidas que las matan y contaminar la miel con polen transgénico. “Si se sigue deforestando, en poco tiempo ya no habrá montes, ya no habrá selva, entonces se morirían las abejas, ya no podríamos seguir con nuestra tradición de trabajar las abejitas para el sustento de nuestras familias”, dijo Gustavo Huchín. La misma Comisión nacional para el conocimiento y uso de la biodiversidad (CONABIO) había determinado en 2012 que “no se considera viable” el proyecto de Monsanto “dada la coincidencia geográfica entre las zonas de producción de miel en la península de Yucatan y los polígonos propuestos de liberación al ambiente de soya genéticamente modificada”. Pero la SAGARPA otorgó el permiso a Monsanto sin tomar en cuenta ese argumento.

Violación del derecho a la consulta y a un medioambiente sano

Los amparos interpuestos por los apicultores de la región fueron ganados bajo varios argumentos: no se respetó el derecho a la consulta libre, previa e informada del pueblo maya de la Península por lo que se violó el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) relativo a los derechos de los pueblos indígenas; se violó el derecho a un medioambiente sano ya que el glifosato (el herbicida usado para la siembra de soya transgénica) es dañino; no se tomó en cuenta el dictamen de la CONABIO en contra del proyecto de Monsanto ni los del Instituto Nacional de Ecología (INE) y de la Comisión nacional de áreas naturales protegidas (CONANP) que también eran desfavorables.

“Nos enteramos de que se estaba sembrando soya transgénica en nuestras tierras en el 2012 cuando íbamos a vender nuestra miel a Europa y durante un control previo a la exportación fueron detectados dos contenedores con rasgos de soya transgénica, lo que impidió su comercialización”, cuenta Gustavo Huchín. Un 85% de la miel de la Península se exporta hacia Europa, donde no se tolera la presencia de polen contaminado por OGM. La perdida de ese mercado sería fatal por los apicultores.

Los amparos deben ser revisados durante la próxima sesión de la Segunda Sala de la SCJN, este miércoles 4 de noviembre. Mientras tanto, la petición subida en Change.org por Gustavo Huchín para detener los permisos de Monsanto para soya transgénica en la península, sigue recolectando firmas. Hasta la fecha más de 73 000 personas se sumieron a su demanda. “Los ministros no deben omitir las graves violaciones que se han cometido por las autoridades en contra de los derechos humanos del pueblo maya, y que ahora los juzgadores tienen la oportunidad de reparar”, expresaron los apicultores de la Península en un comunicado publicado después de la sesión de la Segunda Sala de la SCJN. Si los ministros confirman la validez de los amparos y la suspensión de la siembra de soya transgénica en la Península, las autoridades competentes tendrán que hacer respetar esa suspensión, lo que no hicieron hasta la fecha. La siembra ilegal de la soya OGM de Monsanto por productores cooperantes sigue en la región, causando daños a los apicultores y visibilisando la incapacidad de las autoridades de hacer prevalecer los derechos de los pueblos sobre los de las empresas.

Apicultores de Hopelchén presentan amparo por omisiones de las delegaciones de Sagarpa y Profepapara proteger el medioambiente de la región

Se han negado a investigar la siembra ilegal de soya transgénica en el estado de Campeche

El día de hoy, representantes de organizaciones de apicultores mayas de la entidad presentaron  una demanda de amparo en contra de la omisión de las delegaciones estatales de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) y de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa) para realizar labores de inspección, monitoreo, vigilancia e implementación de medidas frente a la siembra ilegal de soya transgénica que se ha dado en el estado de Campeche. 

Es preciso recordar que en marzo y abril de 2014, el Juzgado Segundo de Distrito del Trigésimo Primer Circuito con sede en la ciudad de Campeche, Campeche, concedió dos amparos (753/2012 y 762/2012) a comunidades y asociaciones de apicultores mayas de Campeche en contra de un permiso otorgado a la empresa Monsanto por la Secretaría de Agricultura Ganadería Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación a través de la SENASICA y  con aval de la  Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), para la siembra, en fase comercial, de 235 mil hectáreas de soya transgénica que afectaban 8 municipios del estado de Campeche.  La sentencia señaló, entre otras cosas, que se violó el derecho a la consulta del pueblo maya asentado en Campeche y dejó sin efectos el citado permiso.

No obstante entre agosto y septiembre del año pasado, los apicultores y ejidatarios del municipio de Hopelchén se percataron de que en grandes extensiones de tierra en el ejido de Ich-Ek, se estaba sembrando esa leguminosa genéticamente modificada, es decir se estaba violándolo lo establecido en la sentencias de amparo que dejaban sin efecto el permiso.

Ante estos hechos, el día 9 de octubre de 2014 los afectados presentaron una denuncia popular ante la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, así como solicitud a Sagarpa y Senasica para que se inicie procedimiento administrativo en materia de bioseguridad de organismos genéticamente modificados.

En específico los apicultores solicitaron a las delegaciones de la PROFEPA y SAGARPA/Senasica que:

1.- Se realizaran las labores de inspección y vigilancia en la zona, a efecto de corroborar la siembra de soya genéticamente modificada, y prevenir o, en su caso, detener su siembra.

2.- Que dentro de las medidas específicas a tomar, se estableciera el aseguramiento precautorio de todo cultivo de soya genéticamente modificada que se haya sembrado en el estado de Campeche, aseguramiento que deberá contemplar la suspensión total de actividades económicas, agronómicas y de toda índole relacionadas con la siembra de soya genéticamente modificada, así como el impedimento de cosechar, movilizar, comercializar o aprovechar, en todo o en parte, el cultivo de soya OGM.

3.- Investigar y determinar las responsabilidades de empresarios y agricultores que han sembrado soya transgénica a pesar de no existir permiso vigente, así como la responsabilidad de funcionarios y ex funcionarios de las dependencias relacionadas con la bioseguridad, cuya negligencia permitió que la siembra de soya y posible  contaminación ocurriera, aplicando a los responsables  las sanciones respectivas en los términos establecidos en la Ley de Bioseguridad de Organismos Genéticamente Modificados.

Sin embargo a 7 meses de haber presentado las solicitudes, ninguna de las dos dependencias ha realizado ninguna investigación, ni mucho menos implementado medidas de verificación, vigilancia, monitoreo, ni sanción, omisiones que conllevan la violación al derecho que tienen los apicultores a contar con un recurso efectivo que les proteja frente a la afectación a su derecho a un medio ambiente sano y sus derechos culturales

La siembra ilegal de soya transgénica en la entidad se ha dado con total impunidad y frente a la mirada impasible de los delegados de la Profepa y Sagarpa, a pesar de la existencia de dos sentencias favorables y de que las y los apicultores han presentado sendos recursos ante ambas instancias. Lo anterior resulta alarmante pues se aproxima la temporada de siembra de soya, y existe el temor fundado de que nuevamente se sembrará la semilla transgénica dadas las condiciones de permisividad y la falta de acción de ambas instituciones.

Sobre el particular, es preciso insistir en que la siembra de soya transgénica afecta la práctica de la apicultura, actividad que representa el sustento de miles de familias, fundamentalmente mayas, de la península de Yucatán, pero también va ligada al incremento en el uso de plaguicidas, especialmente de glifosato, que acaba de ser catalogado como “posible cancerígeno” por la Agencia Internacional de Investigación contra el Cáncer, perteneciente a la Organización Mundial de la Salud (OMS). En países como Argentina, Uruguay y Brasil está bien documentado el incremento en el uso de este plaguicida a partir de que se comenzó a sembrar soya transgénica, así como sus graves efectos sobre la salud de la población en las zonas agrícolas donde se aplica (malformaciones, cánceres, abortos, etc.).

El municipio de Hopelchén está experimentando un fuerte aumento en el uso de plaguicidas (incluso por medio de aplicaciones áreas), lo cual va de la mano con el establecimiento de cultivos bajo el modelo de agricultura industrial, como la soya transgénica. Esto representa un gran riesgo para la salud de la población maya chenera, el medioambiente de la región y para la sobrevivencia de su principal actividad económica, la apicultura.

Ante esta situación resulta preocupante que ninguna de las dos delegaciones de Profepa y Sagarpa haya ejecutado las facultades solicitadas por los apicultores, en una omisión que pareciera significar complicidad con quienes venden, comercian y siembran de manera ilegal la soya transgénica, es por ello que a partir del amparo presentado el día de hoy, se pretende que el poder judicial federal ordene a dichas dependencias que cumplan con su deber de proteger los derechos humanos de las comunidades afectadas por la siembra de soya transgénica, especialmente aquellos ligados al medioambiente, y la salud. Se requiere de la intervención decidida de las autoridades gubernamentales para evitar la desaparición de la apicultura en la región (como está sucediendo en otras latitudes del mundo, como E.U. donde recientemente se reportó la pérdida del 40% de su inventario apícola como consecuencia del uso de plaguicidas, las grandes extensiones de monocultivos y la deforestación).

Colectivo Apícola de los Chenes
Indignación, Promoción y Defensa de los Derechos Humanos A.C.
Ma OGM Colectivo sin Transgénicos

Carnaval del Maíz

México se acaba donde el maíz y la milpa se mueren. La defensa del maíz y otros cultivos soberanos es el corazón de resistencia ante el capitalismo y sus megaproyectos de muerte ya que solo mientras mantengamos nuestras semillas libres seguiremos teniendo el resquicio necesario para construir y reconstruir nuestro camino propio, sin pedirle permiso a nadie para ser.

Este sábado 23 de Mayo, por tercer año consecutivo, se llevará acabo en todo el mundo la Marcha Mundial Contra Monsanto | March Against Monsanto.

En la Ciudad de México les invitamos a participar y/o replicar el Carnaval del Maíz.

NOTAS:

–Herbicida creado por Monsanto y usado en territorio nacional puede provocar cáncer en seres humanos: OMS

–Monsanto presenta argumentos a favor de maíz modificado

–Los ‘monstruos’ de Monsanto: más de un siglo envenenando el planeta