Como las multinacionales privan a los Mexicanos de un acceso al agua potable

por Marie-Pia Rieublanc, basta!

Este articulo fue publicado, al principio, en francés.

Nueve millones de Mexicanos – de una población de 121 millones – no tienen acceso al agua potable. La situación está empeorando en el país: en 50 años, la disponibilidad de agua por habitantes en México cayó de un 64% [1]! Una de las causas es la liberalización del mercado del agua iniciada en el 1992, que permitió la venta de las aguas nacionales a empresas privadas o a particulares en forma de concesiones. Esta liberalización dejó entrar el sector privado en la gestión de los sistemas municipales de abastecimiento de agua y de drenaje. Además, hay sectores económicos consumidores de mucha agua, como las embotelladoras, que poseen ahora importantes concesiones, unas de las cuales se encuentran en zonas en riesgo.

Al respecto, la Coca-Cola tiene el derecho de extraer 33.7 millones m3 de agua por año en México, lo que corresponde al consumo anual mínimo de 20 000 personas. El grupo estadounidense explota 50 acuíferos, de los cuales 15 están sobreexplotados [2]. A menor escala, la trasnacional suiza Nestlé extrae 9 millones m3 de agua cada año en el país aprovechando 16 acuíferos, de los cuales 6 están sobreexplotados.

Las aguas de México están a la venta

La industria minera, así como la extracción de gas y de petróleo, tiene un impacto aún más importante. Consume millones de litros de agua diarios. La mina de oro a cielo abierto Los Filos en Carrizalillo, Guerrero, en el sur del país, usa 418.8 millones de litros de agua cada día sólo para su proceso de lixiviación (cuando las toneladas de minerales extraídos están regados con agua y cianuro de sodio para separar el oro de los residuos) [3]. Esta mina, ubicada en una zona infestada por el narcotráfico, está explotada desde el 2007 por Goldcorp, primera compañía minera de las Américas y segunda a nivel mundial. Prevé extraer 200 toneladas de oro en Los Filos en los próximos años para realizar un volumen de negocios de 7 mil millones de dólares. La empresa canadiense se instaló en este territorio gracias al Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) y los productos que usa tal como el cianuro tienen graves impactos sobre el medioambiente y la salud de las poblaciones.

A esos excesos se suman numerosos incidentes, como el derrame de 40 000 m3 de sulfato de cobre en agosto del 2014 en el norte del país en el río Sonora, cuyas aguas se volvieron naranjas a lo largo de más de 150 kilómetros después de la ruptura de una presa de jales de una mina de cobre explotada por el Grupo México. 20 000 habitantes fueron privados de agua, otras decenas se enfermaron y todas siguen esperando reparación de parte de la empresa de Germán Larrea, segundo hombre más rico del país después de Carlos Slim. Al origen de esas derivas se encuentra la reforma agraria diseñada en el 1992 por el presidente liberal Carlos Salinas de Gortari, del Partido revolucionario institucional (PRI) [4]. Para facilitar la entrada del capital extranjero, impulsó la conversión de las tierras de «propiedad social» en propiedades privadas y simplificó la concesión del usufructo de las tierras colectivas a las empresas, dándole un golpe de gracia a la herencia de Zapata.

La producción de energía hidroeléctrica también necesita, por definición, mucha agua. La multiplicación de las concesiones otorgadas a este sector agudiza las tensiones sociales ya que la construcción de represas desregula los ecosistemas de los ríos y puede inundar centenas de hectáreas de tierras habitables y cultivables. En el estado de Guerrero, los habitantes de La Parota llevan once años resistiendo a la construcción de una presa diseñada para generar luz para la gran ciudad de Acapulco, en perjuicio de los pescadores y agricultores del pueblo.

Arsénico, plaguicidas e hidrocarburos

En consecuencia de esas reformas liberales y del crecimiento de la población, el país se acerca un poco más cada año del estrés hídrico, que empieza cuando sólo hay 1700 m3 de agua disponible al año para cada habitante. De las 37 regiones hídricas que cuenta el país, tres podrían pasar por debajo de este umbral de allí al año 2013 si la tendencia sigue igual: la región del Río Bravo (907 m3), la Península de Baja California (780 m3) y el Valle de México (127 m3).

El otro gran reto que enfrenta el país es el desigual acceso a los sistemas de agua potable a través del territorio. Las poblaciones más marginadas se encuentran en zonas rurales, en donde cinco millones de personas no tienen acceso a este recurso. En Guerrero, el estado más afectado por el problema, una de cada tres personas está en ese caso; en Veracruz una de cada cuatro y en Tabasco, Chiapas y Oaxaca una de cada cinco personas.

Por si eso fuera poco, 21 cuencas estaban fuertemente contaminadas en el 2009 (de las 1471 que cuenta el país). La Comisión Nacional del Agua (Conagua) registró la presencia de arsénico, plaguicidas, hidrocarburos, metales pesados, componentes fármacos y antibióticos, así como bacterias. Una parte de esta contaminación es de origen industrial: los derrames petroleros son innumerables en México. Un informe de la Procuradoría federal de protección al medioambiente (Profepa) contabilizó más de 7000 incidentes en 15 años provocados por la empresa paraestatal Petroleos Mexicanos (Pemex) [5]. O sea 1.3 incidentes cada día! La actividad minera, además de ser regularmente responsable de derrames de productos tóxicos en los ríos, causa la dispersión de metales pesados en el ambiente, resultado de las explosiones con dinamita. La fumigación de químicos en la agricultura es también una plaga. Pero la contaminación doméstica no se puede ignorar en este país donde 11 millones de habitantes, de los cuales 7.8 millones viven en zonas rurales, no están conectados a un sistema de drenaje y alcantarillado.

Gaz de lutita y fractura hidráulica, la nueva amenaza

Frente a esta situación crítica, el expresidente mexicano Felipe Calderón, del Partido Acción Nacional (PAN) añadió en el 2012 el derecho al agua en la Constitución, dos años después de su reconocimiento por las Naciones Unidas: «Toda persona tiene derecho al acceso, disposición y saneamiento de agua para consumo personal y doméstico en forma suficiente, salubre, aceptable y asequible», dice ahora el artículo 4. Desde ese entonces, el Congreso mexicano tiene la misión de garantizar el respecto de este nuevo derecho modificando la Ley de Aguas Nacionales de 1992, heredada del gobierno de Carlos Salina de Gortari y carente de visión ecológica y social. El gobierno del actual presidente Enrique Peña Nieto (PRI), quien sucedió a Felipe Calderón en el 2012, prometió realizar esta reforma antes del fin de su mandato. ¿Por fin pondrá la población al centro de la política del agua? Desgraciadamente, está tomando la dirección opuesta. Su reforma energética del 2014 acabó con el monopolio de la empresa Pemex en el sector de los hidrocarburos, instaurado en el 1938. La extracción y la distribución de gas y petróleo ahora están abiertas a empresas privadas nacionales y extranjeras – implicando un incremento de las necesidades en agua.

Uno de los objetivos de esta reforma es abrir la puerta a la explotación de hidrocarburos «no convencionales» como el gas de lutita, que se extrae mediante la controvertida técnica de la fractura hidráulica, o fracking en inglés. Cada fractura requiere entre 15 y 20 millones de litros de agua [6], y los productos químicos que se usan penetran en los mantos acuíferos. Importantes yacimientos de lutita se encuentran en la frontera con Estados Unidos, en las regiones más áridas del país. Su explotación a gran escala podría crear nuevas zonas de conflictos relacionados con el agua.

La empresa francesa Total, involucrada en la extracción de gas de lutita en Tejas en Estados Unidos (tiene cuotas en los yacimientos de la empresa norteamericana Chesapeake), está interesada en este nuevo mercado. En abril del 2014, su expresidente Christophe de Margerie (hoy fallecido) acompañó al jefe de Estado francés François Hollande durante una gira en México. Regresó a su país con un acuerdo firmado con Pemex sobre «un intercambio de tecnología en la exploración y la producción de hidrocarburos» así como «una evaluación de las futuras oportunidades en los sectores no convencionales, como el gas de lutita».

Una nueva Ley de Aguas que viola los derechos humanos

En marzo del 2015, la Conagua, organismo que depende de la Secretaria del medio ambiente y recursos naturales (Semarnat), presentó su proyecto de reforma de Ley de Aguas. Un texto totalmente contrario al supesto objetivo oficial y que «viola el derecho humano al agua», denunciaron varios investigadores y ONGs [7]. El texto limita el mínimo vital diario de agua por habitante a 50 litros mientras la Organización mundial de la salud (OMS) la define entre 50 y 100. El mismo, según especialistas, promueve la privatización de este recurso y limita el mínimo vital diario de agua por habitante a 50 litros mientras que la Organización Mundial de la Salud (OMS) la define entre 50 y 100 litros al día.

En junio del 2015, los diputados enterraron (temporalmente) este polémico proyecto de ley [8], que incita a construir más represas hidroeléctricas, a usar las aguas nacionales «para la extracción de cualquier sustancia y para cualquier proceso de transformación», facilitando así mismo la extracción de hidrocarburos como el gas de lutita y también la actividad minera que ocupa ya un 13% del territorio según datos de la Secretaria de Economía. «El proyecto de la Conagua está claramente vinculado a la reforma energética porque facilita la apropiación de los recursos hídricos para la extracción de combustibles y la producción de energía en el país», explica Gerardo Alatorre, profesor e investigador en la Universidad de Veracruz.

La desastrosa gestión del agua de Veolia y Suez

El proyecto de Ley de la Conagua incita a las autoridades locales a «promover» la participación del sector privado en los servicios municipales de gestión del agua y de alcantarillado, que se vuelve una obligación y ya no sólo una opción. Sin embargo la apertura de los sistemas de agua públicos ha sido muy controvertida en México. «Desde la descentralización de la gestión del agua y del alcantarillado en los años 1980, los gobernadores de los Estados reciben fondos que manejan como se le dan las ganas», explica María Luisa Torregrosa, doctora en sociología y coordinadora de la Red de Agua de la Academia Mexicana de Ciencias. «Hay una falta de profesionalización del personal y de continuidad política en los proyectos que cambian en función de los presidentes municipales», precisa.

En Aguascalientes, en el centro del país, el sistema de agua está gestionado desde el 1993 por Proactiva Medio Ambiente CASAA, sucursal del grupo francés Veolia y de ICA, empresa mexicana dirigida por Carlos Slim. Resultado: la red nunca ha sido ampliada porque CASAA ha tenido problemas económicos que le ha impedido financiar nuevas infraestructuras. Las tarifas han subido y son unas de las más altas del país (22 pesos por m3 mensuales, cuando el precio promedio a nivel nacional es de 12.3 pesos), mientras que el servicio no está satisfactorio y el agua siempre falta en ciertas colonias de la ciudad [9].

En Saltillo, en el estado de Coahuila (norte del país), el servicio está operado por la empresa Aguas de Barcelona (Agbar), filial del grupo francés Suez Environnement. Las tarifas fueron multiplicadas por tres mientras que el 70% de la población sigue en la imposibilidad de tomar el agua de la llave. Sin embargo, Agbar acaba de ganar un contracto de 30 años con la ciudad de Veracruz (Golfo de México) para gestionar su sistema de abastecimiento de agua y de alcantarillado, junto con la compañía brasileña Odebrecht. No cabe duda de que Veolia y Suez, líderes mundiales del mercado del agua, beneficiarán de la reforma propuesta por la Conagua si ésta termina por ser votada.

Poner un fin a la privatización, el acaparamiento y la sobreexplotación del agua

Pero la resistencia se está organizando frente a la privatización de la gestión del agua y de los recursos hídricos. Gerardo Alatorre coordina el colectivo Agua para Todos, Agua para la Vida que reúne a 420 investigadores y organizaciones de todo el país. El colectivo trabaja desde el 2012 a la elaboración de una propuesta de reforma ciudadana de la Ley de Aguas. Ésta fue entregada a los diputados el 12 de febrero del 2015 pero pronto eclipsada por el proyecto de la Conagua.

El texto del colectivo ciudadano «reconoce el agua como un bien común de la Nación, proveniente de la naturaleza, a ser manejada sin fines de lucro». Opuesto a la multiplicación de las represas, propone un manejo de los recursos hídricos cuenca por cuenca, por instancias participativas comunitarias y ciudadanas. Preve «desmontar el sistema de concesiones que ha resultado en la privatización, acaparamiento y sobreexplotación del agua». Y prohibir el «uso de aguas nacionales para factura hidráulica o la minería tóxica».

El proyecto ha recolectado unas 60 000 firmas. Varios senadores de la oposición prometieron respaldarla, asegura Gerardo Alatorre, quien espera una fuerte movilización popular en el caso de que el proyecto inicial de la Conagua sea votado. Pero el gobierno mexicano sabe muy bien pasar reformas polémicas a escondidas. En el 2014, la reforma energética fue adoptada durante la Copa del Mundo de fútbol. Además, las elecciones de junio de este año permitieron al PRI engrosar sus filas en la Cámara de diputados. Ésta fue encargada de adoptar un nuevo texto lo más pronto posible. ¿Será parecido al que fue enterrado?

Marie-Pia Rieublanc