¡Libertad para Rubén Herrera!
¡Basta de persecución y represión política!
Las organizaciones y personas abajo firmantes, originarias de Guatemala y otros países, dedicadas a la investigación social, la academia, el arte, las luchas feministas, la defensa de los derechos humanos, del territorio y de la naturaleza, comprometidas con las luchas de los pueblos indígenas y con el futuro de nuestros pueblos, condenamos enérgicamente la captura de Rubén Herrera ocurrida el pasado 15 de marzo en la cabecera departamental de Huehuetenango. La detención de Rubén Herrera es parte de una estrategia de persecución y terror comunitario que despliega la trasnacional española Hidro Santa Cruz, en alianza con el gobierno de Guatemala, empresarios y autoridades españolas, para que nadie se oponga en Santa Cruz Barillas a la construcción de su hidroeléctrica Cambalam.
A instancias de Hidro Santa Cruz se están cometiendo vicios judiciales que deben ser investigados por la Corte Suprema de Justicia y el Colegio de Abogados. En Santa Cruz Barillas aumentan las acusaciones infundadas, las detenciones ilegales, el miedo a caminar libremente, las intimidaciones y el control militar de la población. Más de 20 líderes y lideresas comunitarias, incluyendo a Rubén Herrera, están siendo perseguidos, acusados o tienen procesos judiciales abiertos cargados de irregularidades, que confirman la existencia de fuertes presiones por parte de la trasnacional española para quebrar la imparcialidad de jueces y fiscales.
Tales vicios son notorios en las dos acusaciones contra Rubén Herrera. En la primera, extendida en el 2009, fue sindicado por “detenciones ilegales, amenazas e instigación a delinquir”. En noviembre de 2009 los y las vecinos pararon a unos ingenieros de Hidro Santa Cruz, por ser extraños a la comunidad, para preguntarles qué estaban haciendo en sus tierras, creándose un estado de tensión que fue resuelto allí mismo. Existen evidencias y testigos de que la presencia de Rubén Herrera en esa ocasión fue precisamente para evitar conflictos mayores entre pobladores e ingenieros de esta empresa. Aunque Rubén se presentó dos veces voluntariamente a la citación de los tribunales, nunca fue atendido por excusas del juez. La perversidad mayor ocurrió cuando en la reciente audiencia del 19 de marzo después de su captura, a petición del abogado de Hidro Santa Cruz, el juez Luis Fernando Pérez Zamora aceptó incluir los cargos de plagio y secuestro.
La otra acusación fue hecha en marzo de 2012 cuando Hidro Santa Cruz le imputó los delitos de “amenazas, allanamiento, secuestro, terrorismo, detenciones ilegales, coacción, incendio, actividad contra la seguridad interior de la nación, atentado contra la seguridad de servicios de utilidad pública”, involucrándolo en la detención y quema de un convoy de su propiedad, ocurrida el 9 de marzo. Existen evidencias y testigos de que era imposible que Rubén Herrera se encontrara en Santa Cruz Barillas en tal ocasión.
La Unidad Coordinadora Departamental de Huehuetenango, integrada por jefes del Organismo Judicial, del Ministerio Público, de la Policía Nacional Civil y del Instituto de Defensa Pública Penal, debe investigar la actuación de los operadores de justicia en ese departamento y, en particular, del Juez Luis Fernando Pérez Zamora, para evitar que la defensa y el ejercicio de los derechos ciudadanos sean interpretados como actos criminales.
Criminal es la estrategia de Hidro Santa Cruz que quiere imponerse como la máxima autoridad de Barillas.
Esta empresa española ha utilizado métodos sucios como el autosabotaje, ha protegido a sus agentes de seguridad responsables de provocar el 1 de mayo de 2012 la muerte de Andrés Francisco Miguel y los atentados contra Pablo Antonio Pablo y Esteban Bernabé, simplemente por oponerse a vender sus tierras; y ha sido la peticionaria directa del Estado de Sitio que el gobierno implantó en este municipio del 3 al 18 de mayo de 2012. Hidro Santa Cruz no reconoce que el 23 de junio de 2007 46,490 habitantes de Santa Cruz Barillas dijeron que no quieren a ninguna empresa que se apropie de sus bienes naturales. No reconoce las más de 100 actas municipales de reuniones comunitarias que han adversado la presencia de minería, hidroeléctricas y empresas extranjeras en Santa Cruz Barillas. Se burla hasta de la autonomía municipal porque en el convenio de regalías que quiere imponer se reserva el derecho a decidir qué proyectos aprobar.
Los abusos de Hidro Santa Cruz son los mismos que están cometiendo otras empresas extractivas en toda Guatemala. Son empresas que reciben el total apoyo de las fuerzas de seguridad del Estado y las autoridades políticas, empezando por el Presidente de la República. Un control militar empresarial nos regresa al pasado de muerte e impunidad. Las capturas ilegales, como las ocurridas contra Rubén Herrera, las intimidaciones, los asesinatos y la represión constituyen una grave amenaza contra la democracia y el derecho a la ciudadanía. Los desalojos, la usurpación de lugares sagrados, el robo y contaminación de agua y el desprecio a las consultas comunitarias son políticas que desprecian la vida y destruyen lo poco que hemos avanzado para vivir en paz.
Hacemos un llamado para denunciar estos actos que criminalizan la defensa de los derechos humanos.
Exijamos respeto a las consultas comunitarias y paz para todos los municipios donde éstas se han realizado. Ninguna empresa extractiva tiene más derechos que la ciudadanía. Hacemos nuestras y reivindicamos como justas las demandas de la población de Barillas, contenidas en el Memorial del 7 de enero de 2013:
1. Exigimos respeto a nuestras autoridades municipal y comunitaria, porque son nuestras autoridades e instancias representativas, legales y legítimas de conformidad con lo establecido en el marco del Convenio 169 de la OIT.
2. Que se respeten los resultados de nuestra Consulta Comunitaria de Buena Fe.
3. Que se tome en cuenta lo anunciado por el Relator de las Naciones Unidas en cuanto al cumplimiento y respeto de las consultas comunitarias como medios de consenso para salvaguardar los derechos fundamentales. Ese es el espíritu.
4. No a la militarización de nuestro territorio como uso de intimidación a nuestra sociedad.
5. Que se retire lo más pronto sin mediación alguna la empresa Hidro Santa Cruz de nuestro territorio.
6. Que los presos políticos detenidos ilegalmente sean puestos en libertad.
7. Que las órdenes de captura giradas en contra de líderes y lideresas delas comunidades sean anuladas.
8. Que termine la presión, el chantaje y las amenazas contra las familias de los detenidos y de las personas perseguidas políticas para que firmen documentos a favor de Hidro Santa Cruz a cambio de su liberación y la renuncia de sus derechos ciudadanos.
9. Pedimos un resarcimiento inmediato a las personas dañadas de manera directa e indirecta por la empresa, para no repetir los mismos acontecimientos.
¡Libertad para Rubén Herrera!
¡Basta de persecución y represión política!
Unidad y fortaleza para todas las comunidades barillenses!
¡Fuera Hidro Santa Cruz de Guatemala!
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