El libro “Conflictos por el agua y alternativas en los territorios indígenas de México” fue coordinado por los investigadores José Luís Martínez Ruíz, Daniel Murillo Licea y Luisa Paré, y por el Instituto Mexicano de Tecnologías del Agua. Su publicación tiene como antecedente el seminario coordinado por los tres investigadores, denominado: “Conflictos por el agua y alternativas de gestión en los territorios de los pueblos indígenas de México”, el cual se llevó a cabo el 3 de octubre de 2016 en el Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM y fue organizado por el Instituto Mexicano de Tecnología del Agua en colaboración con el Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM y el Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social.
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Nuestro territorio nacional alberga una megadiversidad biológica derivada de una heterogeneidad de su medio físico, una contrastante topografía y una amplia gama climática que determina una fisiografía compleja, que influye en la situación y disponibilidad de los recursos hídricos. A ello hay que agregar los contrastes regionales de desarrollo y las desigualdades socio-económicas que privan en México.
En ese contexto heterogéneo y contrastante debe tomarse en cuenta también la diversidad etnolingüística, organizativa y cultural del país. En México se consideran como indígenas —ya sea por hablar una lengua indígena o por identificarse como integrante de un pueblo o una cultura indígena— alrededor de 15.7 millones de personas (Inegi, 2010).
La Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI) ha dividido el territorio nacional en 25 regiones indígenas, a saber: Altos de Chiapas; Chimalapas; Chinanteca; Chontal de Tabasco; Costa y Sierra Sur de Oaxaca; Cuicatlán, Mazateca, Tehuacán y Zongolica; Frontera Sur; Huasteca; Huichol o Gran Nayar; Istmo; Maya; Mayo-Yaqui; Mazahua-Otomí; Mixe; Mixteca; Montaña de Guerrero; Norte de Chiapas; Otomi Hidalgo-Querétaro; Purépecha; Selva Lacandona; Sierra de Juárez; Sierra Norte de Puebla y Totonacapan; Tarahumara; Tuxtlas, Popoluca-Náhuatl de Veracruz, y Valles Centrales. De los 2,456 municipios, 624 son considerados indígenas y de las 192 mil localidades del país, en 34 mil 263, 40% y más de sus habitantes son identificados como indígenas. En ese sentido, México no solamente es uno de los diez países con mayor biodiversidad, también es notable por su pluriculturalidad y diversidad etnolingüística derivadas de la persistencia de los herederos y descendientes de los pueblos originarios del México prehispánico.
Una parte importante de las localidades indígenas se encuentran asentadas en las partes altas de las cuencas, correspondientes a áreas forestales, con una función hidrológica esencial para la recarga de los acuíferos y abasto de agua para las ciudades y zonas de riego.
Originados por múltiples y distintas causas, en las regiones indígenas se han reportado tanto en el pasado como en el presente numerosos conflictos por el agua. De acuerdo con el Observatorio de Conflictos desarrollado por el IMTA en 2015, en las cuencas donde se asientan los pueblos indígenas se han registrado más de 80 tipos de conflictos por el agua. En esa medida creo que es necesario reflexionar a fondo sobre la etiología de estas confrontaciones por los recursos hídricos. Reconocer las verdaderas causas de tales disputas posibilita proponer alternativas que sean viables en lo social, en lo ambiental y que también sean sostenibles para el desarrollo económico, incluido el etnodesarrollo. En el contexto de este panorama los coordinadores de este libro convocamos a un grupo de investigadores, representantes de organizaciones civiles y de comunidades y pueblos indígenas, a que nos presentaran sus análisis y reflexiones en torno a los conflictos y alternativas de gestión en los territorios indígenas de México.
Como resultado se tiene el presente libro que consta de diez capítulos y seis recuadros. No obstante el énfasis y las particularidades de los casos o experiencias en torno a la gestión de los recursos hídricos que cada autor o autores expone, se puede observar al hacer la lectura completa del libro que ciertos ejes temáticos o problemáticas confluyen y se entrelazan, a saber: el impacto socio-ambiental en los ecosistemas y poblaciones indígenas en las cuencas donde se proyectan y construyen las obras hidráulicas, en especial las megaobras; el cuestionamiento al modelo económico neoliberal marcado por impulsar actividades productivas que depredan el medio ambiente y afectan las condiciones materiales de vida de las comunidades; el surgimiento de movimientos sociales de resistencia y defensa del agua y del territorio; propuestas de manejo de los recursos hídricos desde lo local, a partir de concebir a la cuenca como parte de una unidad territorial y en el que los elementos culturales, como la cosmovisión y los saberes locales alimentados por un patrimonio cognitivo ancestral, son parte de la concepción del territorio; la prevención y gestión de los conflictos bajo enfoques de participación social que promueven la cogestión del territorio y sus cuencas entre los diversos actores sociales y, por último, considerar a los pueblos indios como sujetos sociales a la hora de aplicar políticas públicas en el sector agua.
En esa trama de ejes es que surgen los siguientes cuestionamientos claves en torno a la problemática del sector agua y que pienso, están implícitos en las diferentes exposiciones que componen este libro: ¿Por qué el aumento de conflictos por el agua y su agravamiento en los territorios indígenas en México? ¿Hay alternativas viables articuladas en lo social, en lo económico y lo ambiental? ¿El modelo vigente de gestión y administración de los recursos hídricos promovido por el Estado y por organismos financieros, empresariales y diversas instancias internacionales del sector agua, requiere de un viraje de 180 grados en su relación con los pueblos indios y con el manejo de los recursos hídricos? ¿Qué hacer entonces para prevenir y resolver los conflictos sociohídricos? ¿El marco legal actual del agua da certidumbre y seguridad para administrar y gestionar los recursos hídricos para el bienestar y progreso del país sin inequidades sociales, riesgos ambientales y rupturas del tejido social? Y si no, su modificación o reforma ¿hacia dónde debe apuntar para evitar el ecocidio y, por así decirlo, la muerte de las “esencias de vida” que sostienen a las comunidades indígenas y campesinas?
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