Las industrias extractivas se constituyen bajo la premisa de que es posible la generación de riqueza a expensas de la destrucción -en muchos casos irreversible- de una parte del medioambiente. Es por lo tanto una fuente de conflictos cuya resolución definitiva pasa por replantear la lógica desde donde las partes observan la situación-problema.
Recientemente, la Academia Nacional de Ciencias de los Estados Unidos lanzó un estudio llamado Conflict translates enviromental and social risk into business costs, donde a través de entrevistas a profesionales de distintas áreas que trabajan en esta industria se analizan 50 proyectos mineros de envergadura (17 de ellos localizados en Latinoamérica) en los que se presentaron conflictos con las poblaciones locales. El objetivo del estudio es comprender el alcance que estas situaciones tienen sobre la capacidad de operación y los costos de las empresas.
Según el informe elaborado por Lorena R. Schrott del Observatorio de Conflictos por los Recursos Naturales (OCRN) en relación al mencionado estudio, se destaca que:
Si bien en el contexto de una situación crítica existen mecanismos y oportunidades propicios para el diálogo, se observa una creciente tendencia a enfocar las estrategias de lucha en el empleo de la acción directa, lo que conlleva a una escalada en violencia de los conflictos: en el 48% de los casos se produjeron heridos; en el 42%, muertes; y en el 34%, daños o destrucción de infraestructura, debiendo suspenderse o abandonarse, entre 2001-2012, el 30% de los proyectos.
Schrott nos hace notar también que “uno de los principales hallazgos que surge es que la suspensión o abandono prematuro de los proyectos se materializa cuando las empresas se encuentran determinando su factibilidad, o bien durante la fase de construcción, caracterizada por la experimentación de dramáticas transformaciones ambientales al tiempo que se produce un gran flujo de trabajadores temporarios.”
Las etapas iniciales constituyen el período de mayor vulnerabilidad para los proyectos, debido a que es en torno a esos puntos decisivos que las comunidades planifican sus campañas y actúan con expectativa de éxito, encontrándose en posición de ejercer a su favor una influencia gravitante que puede llevar a la decisión de suspender o abandonar un determinado proyecto.
Por último, la pormenorizada revisión de los casos permite apreciar que, ante un eventual escenario conflictivo, las empresas deberán contemplar la asignación de cuantiosos recursos financieros para estar en condiciones de hacer frente a contingencias como retardos de naturaleza logística, la pérdida de productividad asociada a las pausas operacionales voluntarias o impuestas, y la repercusión negativa en el estado moral, físico y psíquico de su personal.
Y es que cuando de cifras se trata las empresas mineras resienten los efectos del conflicto. Un ejemplo paradigmático es -según cuenta el estudio- el del consorcio Newmont-Minas Buenaventura. Durante 2010, a causa de un conflicto con una comunidad adyacente, este consorcio perdió cerca de 750 millones de dólares como consecuencia de un retraso de 9 meses en el proceso de construcción del proyecto Minas Conga en Perú. Esto equivale a aprox. 2,7 millones de dólares por cada día/calendario que se dejó de operar. El documento cita también otros ejemplos de menor magnitud pero igual efecto descalabrante.
Otras típicas fuentes de pérdidas relacionadas a conflictos son:
- Los costos de oportunidad, que se generan a partir de la imposibilidad de avanzar en las metas propuestas y/o aprovechar ocasiones para expansión, reinversión o venta.
- Los costos administrativos. Normalmente se pasa por alto el costo que se produce al requerirse una dedicación adicional de tiempo por parte de directivos, consultores y personal ejecutivo en general al dedicar mayor atención al conflicto.
- El incremento en el precio de los seguros y los créditos.
En resumen, las empresas mineras que ignoren o no interpreten adecuadamente el impacto que su actividad podría causar al ambiente y las comunidades, corren serio riesgo de ver sus proyectos suspendidos o descartados antes incluso de comenzar a operar, y sin por ello evitar enormes pérdidas económicas que atentan contra su supervivencia, y que -de haber sido invertidas en innovación para mejorar la calidad y limpieza de sus operaciones- bien podrían haber evitado el conflicto en primer lugar.
Sin dudas la minería practicada de manera convencional pone en peligro no solamente la sostenibilidad de los ecosistemas donde opera (y las comunidades que los habitan) sino que también arriesga su propia sostenibilidad como negocio.
Sin embargo, la extracción de recursos naturales con fines económicos es un hecho que no va a cambiar en el corto o mediano plazo. La minería seguirá siendo fundamental para el desarrollo de todos los países del mundo. Latinoamérica continuará basando gran parte de su economía de las próximas décadas en esta industria. Nuestras sociedades se construyen en base a la extracción y transformación de los recursos naturales en tecnológicas que nos permiten sobrevivir, ser saludables y prosperar.
Urge entonces plantearnos un cambio substancial tanto de prácticas como de los marcos regulatorios. Urge hacer de las industrias extractivas una actividad económica que vaya más allá de la responsabilidad social corporativa; que sea un modelo ético de creación de riqueza basado en la dignidad humana, la inclusión económica y el cuidado de los recursos naturales.
Vía Movimiento M4