EL MOVIMIENTO MESOAMERICANO CONTRA EL MODELO EXTRACTIVO MINERO (M4)
Reclama por la anulación del expediente judicial contra Berta Cáceres y al Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH)
8 de junio de 2013
A las autoridades judiciales del municipio de Santa Bárbara, Honduras.
A los magistrados de la Corte Suprema de Honduras.
A las empresas responsables del proyecto hidroeléctrico Agua Zarca (DESA-SINOHIDRO y banco FICOSAH).
A la opinión pública hondureña e internacional.
Ante la situación de las violaciones a los derechos humanos en Honduras, expresamos nuestra rechazo a los reiterados episodios de violencia contra líderes sociales provocados por fuerzas estatales y también por mercenarios contratados por empresas, terratenientes y consorcios varios, de lo cual dan cuenta testimonios nacionales como diferentes informes de observación internacionales.
Consideramos que el proceso judicial del estado hondureño contra la luchadora por los derechos indígenas en su país, Berta Cáceres, es ilegítimo, ilegal y de alto riesgo para su seguridad personal, la de su familia y la de su organización, el COPINH. Berta Cáceres ha sido objeto de persecución e infame criminalización, a quien injustificadamente y sin pruebas formales se le ha abierto un expediente judicial en su contra por supuesta portación ilegal de arma de fuego.
El próximo 13 de junio a las 09.00 AM en la ciudad de Santa Bárbara, en el departamento del mismo nombre, Honduras, Berta Cáceres deberá acudir a la sede judicial para presentar su defensa ante dichas acusaciones falsas. El expediente judicial fue iniciado el viernes 24 de mayo de 2013 siguiendo a la detención ilegal de Berta Cáceres y del comunicador indígena Tomás Gómez, ambos miembros del COPINH, en momentos en que se trasladaban hacia la región del pueblo originario Lenca, quienes se movilizaban contra la instalación de la represa hidroeléctrica Agua Zarca. De concretarse su instalación, la represa desplazaría a centenares de familias indígenas del Noroccidente hondureño.
En dicho operativo participaron más de 15 miembros del Ejército hondureño y posteriormente de la policía, deteniéndolos sin mediar orden de captura y a pesar de que la dirigente hondureña cuenta con medidas cautelares dictadas por la Comisión Interamericana de DDHH tras haber recibido múltiples amenazas contra su persona. Berta y Tomás han testimoniado que los agentes concurrieron a la detención del vehículo de COPINH en móviles identificados con el consorcio responsable de la construcción de la presa (DESA-SINOHIDRO y banco FICOSAH). Berta fue detenida por casi 24 horas, y actualmente está imposibilitada de abandonar el país y debe hacerse presente en el juzgado en forma semanal hasta no dilucidarse el caso.
La detención de los miembros del COPINH da cuenta de la grave tendencia a la militarización de la policía en Honduras. El proceder de las fuerzas armadas y de seguridad hondureñas es violatorio de los derechos humanos de los luchadores y las luchadoras sociales, ambientales e indígenas, a quienes no obstante se los acosa de manera sistemática como si fueran “enemigos” y no como ciudadanos y ciudadanas con derechos.
La libertad y la vida de Berta Cáceres corren serio riesgo al depender del resultado de la audiencia del 13 de junio próximo. Por ello exigimos el respeto a los derechos humanos consagrados en los instrumentos internacionales en la materia y signados por el gobierno de Honduras. Del mismo modo la anulación inmediata del expediente de Berta Cáceres, y las garantías de seguridad para ella, su familia, así como de los miembros del COPINH.
Atentamente,
MOVIMIENTO MESOAMERICANO CONTRA EL MODELO EXTRACTIVO MINERO (M4)