Nuevo estudio, con información oficial, muestra que al menos 924 pozos han utilizado la técnica de fractura hidráulica.
Se ha llevado a cabo sin información, consulta o consentimiento de comunidades afectadas.
No existe información sobre los estudios de impacto ambiental de estos proyectos, ni reglamentación específica que vigile esta práctica altamente contaminante y dañina para la salud.
Un nuevo estudio de Cartocrítica elaborado a través de datos contenidos en una solicitud de información a Pemex revela que al menos 924 pozos han sido perforados desde 2003 mediante la técnica de fractura hidráulica, también conocida como fracking. Los estados donde esto viene ocurriendo son Coahuila (47 pozos), Nuevo León (182 pozos), Puebla (233 pozos), Tabasco (13 pozos), Tamaulipas (100 pozos) y Veracruz (349 pozos).
El fracking es un proceso altamente nocivo para el ser humano y el medio ambiente. Implica la inyección 9 a 29 millones de litros de agua al subsuelo, por pozo para extraer hidrocarburos de rocas de muy baja permeabilidad. El agua es mezclada con entre 650 y 990 sustancias químicas que pueden provocar múltiples daños a la salud de las personas (como cáncer y mutaciones, afectar al sistema endocrino, provocar alergias y dañar el sistema nervioso). A lo largo de todo el proceso existe una alta probabilidad (una en veinte, de acuerdo a un estudio de la universidad de Cornell del estado de Nueva York) de fugas de agua contaminada con estos químicos, petróleo, gas u otras sustancias tóxicas presentes en el subsuelo que llega a contaminar fuentes de agua, el suelo e, incluso, el aire. El agua residual de este proceso es desechada en pozos “letrina” donde, por los altos volúmenes desechados, puede provocar sismos. Adicionalmente, el fracking presenta significativas fugas de metano a la atmósfera que contribuyen en forma alarmante al proceso de calentamiento global.
A pesar de todos los impactos que esta práctica genera, la población aledaña a estos proyectos no ha sido informada por autoridades de ningún tipo acerca de lo que se está realizando ni de sus implicaciones, mucho menos ha sido consultada ni han otorgado su consentimiento previo, libre e informado. En este sentido, las poblaciones desconocen qué productos químicos se están inyectando en el subsuelo ni cuál es el destino del agua residual que se produce por la fracturación de cada pozo. Igualmente, no existe información sobre los cuerpos de agua presentes en las zonas en que se aplica el fracking, cuál es el riesgo de contaminación y cuál es su estado actual. De esta manera y dada la experiencia de Estados Unidos donde hay documentación de que esta actividad ha contaminado más de 1,000 acuíferos, es muy probable que la población de estas zonas esté consumiendo agua altamente tóxica que afecta su salud.
Resulta particularmente preocupante que, cuando se trata de o una práctica prohibida en varios países y regiones del mundo por sus irreversibles impactos, en México no se esté generando información sobre sus potenciales impactos ambientales y sociales, ni se esté vigilando su desarrollo. Actualmente, se desconoce si estos proyectos han sido sujetos a un procedimiento de evaluación de impacto ambiental por parte de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), obligación establecida en la legislación. Esta situación se da cuando incluso funcionarios como Juan Carlos Zepeda, presidente de la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH) admiten que “sin duda esta industria, y particularmente el fracking, requieren una regulación estricta en materia de seguridad industrial y medio ambiente” y prometió en 2014 “antes de que termine el año, tendremos lista la regulación conforme a los mejores y más exigentes estándares internacionales para asegurar que el fracking y toda la explotación del shale se lleven conforme a mejores prácticas y cuidando el medio ambiente”[1]. Sin embargo, desde 2003 casi un millar de pozos ya han utilizado esta práctica sin regulación específica y sin que haya información sobre los estudios de impacto ambiental realizados.
Ante esta situación desde la Alianza Mexicana contra el Fracking reiteramos nuestra demanda de prohibición del uso de la fractura hidráulica en nuestro país por sus daños ambientales y sociales irreversibles y ampliamente documentados.