México, 13 may (EFE).- La familia de la activista hondureña asesinada Berta Cáceres y la ONG que lideraba denunciaron sentirse “marginados” en la investigación que lleva a cabo la Fiscalía hondureña, que criticaron por sus “carencias y vacíos”.
“Tenemos preocupaciones con respecto a la falta de cumplimiento con los derechos de las víctimas en cuanto a que estamos marginados de las investigaciones por la ilegal secretividad interpuesta por el Ministerio Público”, criticó José Gaspar, del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (Copinh).
En una rueda de prensa en la Ciudad de México, Gaspar explicó que se les ha negado el acceso a participar en las indagaciones, que se caracterizan por su falta de “exhaustividad”.
También destacó “las carencias y vacíos que se presentan en las diligencias” del asesinato de Cáceres y del intento de homicidio al ambientalista mexicano Gustavo Castro.
Berta Cáceres, coordinadora general del Copinh y líder de la etnia lenca, en el occidente hondureño, fue asesinada el pasado tres de marzo, pese a tener medidas cautelares y tras haber recibido amenazas de muerte.
En el lugar del crimen se encontraba Castro, que pudo volver a México el pasado 1 de abril tras ser retenido en Honduras por la autoridad, en una decisión que definieron de “arbitraria e ilegal” y en la que intervino el Gobierno mexicano para que se resolviera.
Castro anunció hoy en la conferencia de prensa que se incorpora, a través de sus abogados, como acusación privada en el proceso de investigación y judicial, porque las indagaciones resultan “insuficientes”.
“Me reafirmo como víctima de un intento de homicidio y por ello he decidido participar de una manera más activa en este proceso”, subrayó.
También exigió que se retiren fondos contra proyectos ambientales que vulneran los derechos humanos y atacan a los indígenas.
Y enfatizó en la necesidad de abundar en los intereses de firmas como DESA, de capital hondureño y chino, compañía que pretende desarrollar la hidroeléctrica Agua Zarca, a la que la ambientalista se oponía.
Berta Zúñiga, hija de la activista, cuestionó además las entidades financieras y fondos de desarrollo que permiten “la concreción de estos proyectos que han significado la muerte”.
Asimismo, insistió en su petición a las autoridades hondureñas para que un grupo de expertos interdisciplinario e independiente designado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) coadyuve en el caso.
Esto por la “desconfianza” hacia “las autoridades hondureñas porque estas mismas instituciones fueron las que persiguieron y criminalizaron” a su madre, señaló.
Resaltó la necesidad de identificar el autores o autores intelectuales del crimen, para evitar que este quede en la impunidad.
Hasta la fecha hay cinco detenidos por el crimen: Douglas Bustillo; Mariano Díaz Chávez, un mayor del Ejército hondureño; Edilson Duarte, capitán retirado, y Sergio Rodríguez, ejecutivo de la empresa Agua Zarca que impulsa un proyecto hidroeléctrico al que se oponía Cáceres.
Además de Emerson Duarte, gemelo de Edilson Duarte, a quien se le encontró el arma de fuego con la que Cáceres habría sido asesinada.
El abogado de la familia de Cáceres, Víctor Fernández, denunció que el Gobierno hondureño busca “apropiarse” del proceso.
En su turno, el letrado de Castro, Edy Tábora, aseveró que el ambientalista mexicano no ha sido citado por la Fiscalía hondureña ni informado del caso, y no descartó una posible demanda a la autoridad de la nación centroamericana por la “detención ilegal” que vivió su representado.
“La impunidad en el asesinato de Berta Cáceres y otros defensores asesinados sería un gran mensaje erróneo de que situaciones como esta se pueden volver a repetir”, dijo la directora para las Américas de Amnistía Internacional, Erika Guevara-Rosas.