TEGUCIGALPA (Reuters) – La Fiscalía de Honduras intervino a la empresa que desarrollaba un proyecto hidroeléctrico al que se oponía la premiada activista ambiental Berta Cáceres, asesinada este mes en el país centroamericano tras denunciar amenazas de muerte, informaron el jueves las autoridades locales.
En el registro de la empresa local Desarrollos Energéticos (DESA) se decomisaron armas y documentos, aunque la policía todavía no maneja ninguna hipótesis oficial sobre la muerte de Cáceres, acribillada el 3 de marzo por desconocidos en su vivienda.
“El pasado 13 de marzo se intervino por orden judicial la empresa (DESA). De haber indicios suficientes se complementarán con la prueba científica para posteriormente presentar las acciones correspondientes”, dijo la Fiscalía en un comunicado.
DESA impulsaba el complejo hidroeléctrico Agua Zarca, en el noroeste del país, al que Cáceres plantó cara con protestas y manifestaciones hasta que logró paralizar una obra que desplazaría a cientos de familias indígenas del río Gualcarque, que consideran sagrado.
No fue posible contactar con responsables de DESA para obtener comentarios.
El Ministerio Público, cuya investigación es objeto de duras críticas de organizaciones locales e internacionales, como Amnistía Internacional, también anunció que dejará salir del país al activista mexicano Gustavo Castro, quien fue testigo del homicidio y temía por su vida.
Un abogado de Castro dijo a Reuters que “saldrá en breve” rumbo a México, donde dirige una organización no gubernamental en Chiapas.
La muerte de Cáceres, maestra y madre de cuatro hijos, desató una condena internacional y llevó a que al Banco de Desarrollo de Holanda (FMO) retirara su apoyo de 15 millones de dólares al proyecto.
Los defensores de la planta de 21 megavatios dicen que fortalecería el suministro eléctrico regional y reduciría el uso de combustibles contaminantes como el petróleo, que todavía suponen más de la mitad de la matriz energética de Honduras.