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Tuxtla Gutiérrez, Chiapas a 09 de Diciembre del 2015.
-Pobladores del municipio de Escuintla, Chiapas denunciamos la falta de resolución de las autoridades municipales y estatales a las afectaciones que viven nuestras familias por la actividad minera en el ejido Nueva Francia.
-Expresamos preocupación por la criminalización y hostigamiento que viven miembros del Frente Popular en Defensa del Soconusco “20 de Junio” por defender su tierra.
A partir del 20 de junio del presente año habitantes de los municipios de Acacoyagua y Escuintla conformamos un frente para analizar y denunciar los impactos de la explotación de titanio e ilmenita en nuestros ejidos y comunidades. A casi 10 años de que diversos proyectos mineros se instauraron en nuestra región, la población detecta afectaciones, como la contaminación del río, enfermedades en la piel y cáncer en mujeres, adolescentes y niños/as, división comunitaria, compra de conciencias, falsas promesas de desarrollo, construcción de infraestructura para los ejidos y empleo, así como diversas problemáticas entre los habitantes por conflictos de intereses.
Es por está razón que las y los habitantes de los ejidos de Independencia, Nueva Francia, Cintalapa y del municipio de Escuintla decidimos, en nuestro derecho a la participación sobre la vida y desarrollo de nuestro territorio, hacer un llamado a las autoridades municipales, estatales y federales para solicitarles información del estado actual de los proyectos de explotación minera “El Bambú”, “Nueva Francia” y de la trituradora “Pataste”, vigilancia del cumplimiento de las normas ambientales; pero sobre todo a actuar frente a la evidente violación de nuestros derechos: al medio ambiente sano, la salud, la alimentación, la información y la consulta.
Ante al decisión determinante de la población y de las peticiones a las autoridades evitamos el paso de las maquinas el 29 de septiembre, y aceptamos invitación de parte del presidente municipal de Escuintla, él Ing. Mauro Cruz Javaloi para presentar la problemática al subsecretario de gobierno Juan Francisco Plaza Quevedo, quienes se comprometieron a interceder ante la Secretaría del Medio Ambiente (SEMARNAT), la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) y la Procuraduría Federal de Protección Ambiental (PROFEPA). Este proceso de interlocución nos llevó dos reuniones de trabajo, donde nos informaron que el proyecto minero “Nueva Francia”, a cargo de Héctor Silva no cuenta con la aprobación de la Manifestación de Impacto Ambiental para la explotación, por lo tanto no tiene derecho a continuar trabajando, y que la trituradora “Pataste” cuenta con un informe preventivo emitido por la CONAGUA por no cumplir con las normas para la calidad de agua. Ante las evidentes irregularidades con las que operan los proyectos mineros solicitamos que la PROFEPA inspeccionara, pero además que las autoridades coadyuvaran para vigilar que se ejerzan las sanciones correspondientes y la suspensión definitiva de las actividades, sin embargo las autoridades: no accedieron a brindarnos las evidencias de la no aprobación de la MIA de “Nueva Francia” ni del informe preventivo de la CONAGUA, argumentando que es información confidencial que nosotros debíamos buscar mediante Instituto Federal de Acceso a la Información (IFAI); no nos permitieron ser parte de la inspección que la PROFEPA realizó el 12 de noviembre, ni entregaron informe ni resolución el 25 de noviembre. La falta de solución en tiempo y forma causó reacción en los y las habitantes, por lo que se realizó un bloqueo de carretera el 26 de noviembre que culminó en un nuevo dialogo sin solución, falta de respuesta de las autoridades, evidenciando la poca voluntad política para hacer justicia a los pobladores que vivimos las consecuencias de los proyectos mineros.
Además, a pesar de que las autoridades estatales se comprometieron durante mesas de trabajo a no ejercer acciones penales contra nosotros o hacer uso de la represión, durante nuestra manifestación fuimos rodeados y amenazados por la policía federal. Lo más preocupante, es el ambiente de criminalización de nuestro trabajo, generado por las autoridades estatales y municipales, así como de los medios de comunicación locales. Durante dos semanas hemos sido victimas de acusaciones graves hacia nuestras personas, donde se señalan nombres y frases como “con pistola en mano amedrentan a los pobladores”, que hemos “privado de libertad” a funcionarios del municipio de Escuintla durante el bloqueo de carretera, entre otras. Denunciamos también llamadas amenazantes a nuestras familias, vigilancia fuera de los domicilios, entrega de mensajes con amenazas.
El Frente Popular en Defensa del Soconusco “20 de Junio” exigimos:
Entrega de informe y dictamen de inspección de la PROFEPA al proyecto “Nueva Francia”.
Cancelación definitiva los proyectos mineros “Nueva Francia”, “El Bambú” y las ocho concesiones mineras del municipio. Nuestras comunidades no permitirán más la contaminación de las tierras y las enfermedades en las familias.
Cese a la criminalización y hostigamiento que viven los miembros del Frente.
Llamamos a las organizaciones nacionales de defensa de los derechos humanos y ambientales a que estén atentos y colaboren a denunciar el riesgo en el que nos encontramos los defensores de la tierra.
Frente Popular en Defensa del Soconusco “20 de Junio”
Otros Mundos Chiapas A.C.
Centro de Derechos Humanos “Digna Ochoa”
Red Mexicana de Afectados por la Minería (REMA)