Lic. Fernando Francisco Gómez Mont/Secretario de Gobernación
Lic. Ulises Ernesto Ruiz Ortiz/Gobernador Constitucional del Estado de Oaxaca
Dirección General de Derechos Humanos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena)
José Luís Soberanes Fernández/Presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos
Ing. Genaro García Luna/Secretario de Seguridad Pública Federal
Lic. Javier Rueda Velázquez/Secretario de Seguridad Pública de Oaxaca
Sra. Margaret Sekaggya/Relator Especial del Secretario General sobre la situación de los defensores de los derechos humanos de la ONU
Sr. John Ruggie/Representante Especial sobre la Cuestión de los Derechos Humanos y las Empresas Trasnacionales y Otras Empresas Comerciales de la Organización de las Naciones Unidas
Ante el desalojo violento que han sufrido los habitantes del Municipio de San José el Progreso, Ocotlán, Oaxaca, México, quienes vienen denunciando los daños y la contaminación que provoca en sus familias y sus tierras la explotación de la Minera Cuzcatlán, nos sumamos a sus exigencias:
1) Que el Estado Mexicano se abstenga de hacer uso de operativos policíaco-militares como vía de resolución del conflicto y que garantice se resuelva mediante dialogo, ya que este tipo de acciones violentan los derechos humanos y no atienden las causas estructurales que los generan.
2) Que las instituciones del Estado respeten los derechos de las comunidades al consentimiento libre, previo e informado sobre el futuro de sus tierras, territorios y recursos naturales, de acuerdo a la legislación nacional y a los instrumentos internacionales firmados por México.
3) Que la Secretaría de Economía Federal revise y en su caso suspenda la concesión otorgada para este proyecto de exploración minera, ya que éste pone en riesgo la vida y la integridad física de las comunidades.
4) Que cese la criminalización del movimiento de resistencia contra la minera, particularmente que cese el hostigamiento hacia el Pbro. Martín Octavio García, titular de la Parroquia de San Pedro Apóstol y se tomen medidas para resguardar su condición de defensor de derechos humanos, de acuerdo a la “Declaración sobre el Derecho y el Deber de los Individuos, los Grupos y las Instituciones de Promover y Proteger los Derechos Humanos y las Libertades Fundamentales Universalmente Reconocidas” de la ONU, firmada por nuestro país.
DESCARGAR CARTA: mina_san_jose.pdf