Justicia para Berta Cáceres y el pueblo de Río Blanco
¿No le parece que el gobierno debería al menos consultarle antes de echarle de su propia casa? Eso es lo que piensan Berta Cáceres y sus compañeros en Honduras. Creen firmemente que todo el mundo tiene derecho a tener su propio hogar. Precisamente por defender este derecho tan básico se enfrentan a serios cargos judiciales – entre ellos la pena de prisión para Berta.
¡Ayúdenos a alzarnos en su favor exigiendo a su gobierno que juegue limpio!
Berta Cáceres recibió orden de prisión y sus compañeros han sido sentenciados con medidas sustitutivas, limitando así su libertad de movimiento. ¿Y por qué? Porque se levantaron en defensa de su comunidad local, el pueblo Lenca, quienes no fueron consultados sobre la construcción de una represa hidroeléctrica en sus tierras.
Berta y sus compañeros han estado trabajando con el Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH), para manifestar su negativa al proyecto impuesto por la hidroeléctrica, que es una operación conjunta del gobierno de Honduras y una empresa nacional llamada Desarrollos Energéticos S.A. (DESA), en el territorio de Río Blanco. La población de Río Blanco ha expresado su rotunda negativa al proyecto desde sus inicios. Los instrumentos internacionales de derechos humanos, como el Convenio 169 de la OIT, obligan al Estado hondureño a realizar una consulta significativa con la población local y proteger las tierras indígenas.
El pueblo Lenca, que trabaja con el COPINH, se ha manifestado de forma continua a pesar de los esfuerzos por parte del gobierno y de DESA de poner en marcha el proyecto. El gobierno ha tomado estas protestas como un pretexto para justificar la militarización de la zona.
La empresa hondureña DESA, con un equipo grande de abogados, presentaron una denuncia contra los líderes del COPINH, acusándolos de coacción, usurpación y daños continuados contra la empresa, encubriendo el verdadero conflicto que es la agresión al territorio Lenca. El pasado 20 de septiembre del 2013 la Jueza Lissien Lisseth Knight le dictó prisión preventiva a la compañera Berta Cáceres. A Aureliano Molina y Tomás Membreño les dictó otras medidas cautelares tales como no acercarse a Río Blanco y firmar cada 15 días en el juzgado.
Exigimos el final de la persecución judicial a los líderes del COPINH, la suspensión inmediata de la orden de aprehensión contra Berta Cáceres, el cese de la criminalización de los movimientos sociales en Honduras y el respeto al Derecho de los Pueblos a ser consultados y decidir sobre los proyectos que inciden en sus territorios.
En solidaridad,
Amigos de la Tierra Internacional