Artículo de Fredy Martín Pérez publicado en El Universal el 7 de septiembre 2017
Contexto: Familiares de Mariano Abarca Roblero, el abogado Miguel Ángel de los Santos, representantes de Otros Mundos A.C., la Red Mexicana de Afectados por la Minería (REMA) y Mining Watch Canada se reunieron con periodistas de Chiapas el 7 de septiembre para informarles sobre el proceso de búsqueda de justicia a casi 8 años del asesinato del defensor antiminero
Familiares y abogados de la familia Mariano Abarca Roblero, asesinado el 27 de noviembre del 2009, pidieron la intervención de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en lo que calificaron como una violación al derecho a la vida del activista contra la minería.
El abogado Miguel Ángel de los Santos Cruz, dio a conocer que se pedirá a la Fiscalía de Chiapas, se reabra la carpeta de investigación por el homicidio Abarca Roblero, ya que ocho años después no hay ningún detenido.
Previo al homicidio, Abarca Roblero sufrió hostigamiento, amenazas y una detención por elementos de la Policía Estatal, que lo trasladaron hacia Tuxtla Gutiérrez, donde fue presentado ante un Ministerio Público, que ordenó su arraigo por varios días.
«Mariano denunció ataques en su contra. Lo llegó a denunciar ante la embajada canadiense en la Ciudad de México y está documentado en un video y, a pesar de eso, las autoridades no hicieron nada. En principio, ahí hay una responsabilidad: pero luego de su asesinato, hay nuevamente otra responsabilidad, porque a pesar de los años, no se esclarece el crimen», dijo el abogado en conferencia de prensa en Tuxtla Gutiérrez.
Por el contrario, ocho años después del homicidio, afirman que las autoridades buscan evitar que los hechos se esclarezcan. «El Estado tiene la obligación de asegurar nuestra seguridad, máximo cuando se está diciendo: Estoy en riesgo, me están atacando», agregó. Explicó que tienen conocimiento de personas que intervinieron en el crimen y nunca fueron llamados a declarar, como fueron los directivos de la empresa minera canadiense Blackfire Exploration, los funcionarios del gobierno del estado, a quienes señaló de estar relacionados con el crimen, y el exalcalde perredista de Chicomuselo, Julio César Velásquez Calderón.
Esto demostró una falta de voluntad de las autoridades de justicia y también «voluntad de encubrir debidamente los hechos, para no afectar a las personas que ostentan poder, impunidad en este caso», explicó. Por esto, dijo el abogado, la averiguación previa, hoy carpeta de investigación, que se inició por el homicidio de Mariano Abarca Roblero debe reabrirse y «de llamarse a declarar a las personas que están siendo mencionadas».
Dijo que esta petición se ha hecho formalmente desde hace varios años. «Por tanto, no hay posibilidad de que la carpeta de investigación puede prescribir ahora, porque está bajo investigación del Ministerio Público», explicó Miguel Ángel de los Santos.
El homicidio del Abarca Roblero es paradigmático, porque revela un patrón de conducta del Estado, «que se repite en todos los casos de defensores de derechos humanos frente a los proyectos extractivos y los grandes proyectos económicos«. Este patrón es similar al que ocurrió con el hostigamiento y homicidio contra la defensora hondureña Berta Cáceres, asesinada en La Esperanza, Honduras, el 3 de marzo del 2016.
VIDEO: LA HISTORIA DE UN ASESINATO ANUNCIADO
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