Señalan a Amado Ríos Valdez como el principal promotor de las afectaciones
Hermann Bellinghausen. La Jornada
Foto: Moysés Zúñiga Santiago
San Cristóbal de las Casas, 2 de abril.
Negada oficialmente en Chiapas, la explotación minera persiste como una amenaza que para muchas comunidades y organizaciones ambientalistas y de derechos humanos, ya se materializa en la actualidad, particularmente en la Sierra Madre y la costa, poniendo en riesgo dos importantes reservas de la biósfera, El Triunfo y La Encrucijada, así como la vida de las comunidades y tierras agrícolas. No faltan señales de alarma.
Desde que en 2013 fue designado delegado federal de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) el biólogo Amado Ríos Valdez, diversas fuentes denuncian que se incrementaron los permisos para la explotación minera. Grupos ambientalista, como Alianza Sierra Madre y Red Mexicana de Afectados por la Minería han denunciado estas políticas.
Antes de asumir el cargo, Ríos Valdez fungía como coordinador general del Grupo Ocelote Gestión Ambiental Integral, empresa de consultoría que asesora en sus inversiones mineras al Grupo Salinas, el cual en Chiapas goza de amplias facilidades. La condición de consultor minero del delegado alarmó a los ambientalistas, y aunque el funcionario ha negado ante la prensa que existan proyectos mineros en Chiapas, se reiteran señalamientos de que existen decenas de concesiones en el norte y la sierra.
Al delegado se le ha identificado como promotor de la minera Cristina, muy cuestionada pues amenaza las reservas de la biósfera El Triunfo y La Encrucijada. Su antecesor en el cargo, Hernán Pedrero Sierra, sólo permaneció un mes como delegado. Se ha dicho que renunció al negarse a otorgar los permisos mineros. Como sea, siguieron ocho meses sin delegado de Semarnat, hasta que llegó Ríos Valdez.
En Chiapas existen 19 reservas federales y 26 estatales. De las federales, siete son reservas de la biósfera. Algunas de las más importantes están en riesgo ante la posibilidad de extracción minera a cielo abierto en ciertos municipios. Esto, ha señalado la Alianza Sierra Madre, en tierras ya afectadas por décadas de políticas oficiales a favor de prácticas agrícolas y ganaderas nocivas en el largo plazo, como la provisión de semillas híbridas que destruyen el rico genoma agrícola existente, el reparto de fertilizantes químicos que sólo disfrazan la irreparable pérdida del suelo y la expansión del ganado.
No obstante sus privilegios, para los inversionistas mineros el camino ha sido accidentado en Chiapas. Muy mal precedente sentó en 2009 el asesinato del líder antiminero Mariano Abarca, en Chicomuselo, por un pistolero de la minera canadiense Blackfire. Hoy asoma nuevamente la explotación de minerales en la codiciada Sierra Madre, con sus grandes fallas geológicas ricas en titanio, hierro, plomo y oro. Ante la inminencia de una explotación sin control, en la Alianza decidieron aglutinarse organismos sociedades civiles, ejidos, comunidades y activistas ambientales.
En tanto, en un contexto local, campesinos del ejido Benito Juárez (municipio de Motozintla, en los lindes con Siltepec en la Sierra Madre) se presentaron hace tres semanas como «autodefensas comunitarias» e iniciaron rondas de vigilancia en las 500 hectáreas de la zona llamada El Carrizalito. Los ejidatarios sostuvieron que «ya están concesionadas», y denunciaron a «los saqueadores», que en ocasiones exhiben permisos gubernamentales «para realizar estudios de campo y valorar la explotación de minerales en la sierra».
En una información que no fue desmentida (La Jornada, 29/09/2013) se asentaba que existen 111 concesiones mineras en la entidad, siete de ellas en una zona de 119 mil hectáreas limítrofe con El Triunfo. Cinco operan a sólo dos kilómetros de su polígono, que abarca territorio de los municipios Ángel Albino Corzo, Acacoyagua, La Concordia, Mapastepec, Pijijiapan, Siltepec y Villa Corzo. Están en fase de exploración Las Golondrinas, Los Cacaos, Titán, La Libertad y Cristina, que pretenden extraer titanio, oro, cobre y barita.