Antecedentes de la sublevación neozapatista
Por: JORGE FAVA. larevolucionseminal
“Dura y amarga ha sido la experiencia pero hemos
aprendido: lo que no hagamos por nosotros no lo
hará nadie, y estamos dispuestos a lucha por
recobrar nuestras tierras”.
Carta de la Comunidad de Monte Líbano al
presidente de México Miguel de la Madrid.
Municipio de Ocosingo, Chiapas, 1983.
1.- INTRODUCCIÓN
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El estado de Chiapas, situado en el sureste mexicano, ocupa una superficie de 75.634,4 kilómetros cuadrados en la que se distribuyen 111 municipios, 16.400 localidades y una población, según el censo de 1990, de 3.200.000 habitantes, de los cuales aproximadamente un millón son indígenas. El 60% del total de estos pobladores viven en el campo. Económicamente, Chiapas es un estado rico en petróleo, gas, energía eléctrica (el 55% de la energía nacional de origen hidroeléctrico proviene de este estado), ganadería, agricultura, silvicultura, café, miel, mango, caña de azúcar, algodón, etc. No obstante ello, un tercio de las viviendas chiapanecas no tienen luz, la mitad no tiene agua potable, el 54% de los habitantes están desnutridos (en la región de los Altos y la Selva el porcentaje es aún mayor), el 90% de la población rural tiene ingresos mínimos o no tiene ninguno y el analfabetismo alcanza al 30% del total de los residentes del estado y al 50% en las comunidades indias. Se calcula que en Chiapas mueren cada año aproximadamente 14.500 personas de enfermedades curables, constituyéndose en el índice de mortalidad más alto del país.[1] En la estructura económica chiapaneca “los pobres –dice el investigador Alejandro Guevara- están ligados generalmente a las actividades productivas de bajo valor agregados como es el caso del sector primario”.[2] A dicho sector pertenecen mayoritariamente los 300 mil tzeltales, 120 mil choles, 90 mil zoques, 300 mil tzotziles y 70 mil tojolabales, entre otras etnias nativas del estado.[3] En este contexto la cuestión de la tenencia de la tierra se torna crucial. De acuerdo a los autores Luis Duhalde y Enrique Dratman (según datos de 1994), “en Chiapas existen por lo menos 50.000 campesinos que demandan la entrega de tierras y en el estado se concentra casi el 30% del rezago agrario nacional, lo que significa, según estimaciones de la Confederación Campesina, 112.000 expedientes. En este estado, aproximadamente 6.000 familias detentan 2.856.000 hectáreas dedicas a la ganadería, que representa casi la mitad de la superficie rural del estado, lo que denota su poderío económico y político”.[4] Esta situación de desequilibrio en la posesión de la tierra impulsó a ejidatarios y comuneros a una lucha sin cuartel con el objeto de lograr una distribución más justa de las mismas.
Abordamos aquí brevemente la evolución del conflicto chiapaneco y el desarrollo de sus combativas organizaciones campesino-indígenas independientes. Esta sucinta historia sobre la lucha por la tierra en Chiapas está basada en el excelente libro del Profesor Thomas Benjamin: “Chiapas: Tierra Rica, Pueblo Pobre”,[5] cuya lectura recomendamos para una profunda comprensión del desarrollo histórico-social del mencionado conflicto agrario en el sureste mexicano. Del largo proceso chiapaneco (que Benjamin analiza de manera completa en su libro), nos ocupamos aquí solo de los veintidós años que van de 1972 a 1993, con el objeto de esclarecer los acontecimientos principales que llevaron a los indígenas a la lucha autogestionaria por sus tierras, la que finalmente desembocó, luego de reiteradas frustraciones, en la sublevación de enero de 1994.
2.- 1972-1981: LA LUCHA AUTOGESTIONARIA CAMPESINO-INDÍGENA
Convencidos de que la solución a sus reclamos de tierra no habrían de llegar a través de las organizaciones sindicales nacionales y regionales oficiales, la Confederación Nacional Campesina (CNC) y su brazo local, la Liga de Comunidades Agrarias de Chiapas (LCACH), los campesinos comenzaron a organizarse de forma independiente. La experiencia acumulada en las décadas anteriores puso en evidencia la inoperancia interesada de estas organizaciones sindicales agraristas y su connivencia con el poder y los terratenientes. Además, la gestión de la Secretaría de la Reforma Agraria se mostró “indiferente y apática” ante los pedidos de los ejidatarios y los campesinos indios, según lo han reconocido las propias organizaciones sindicales campesinas oficialistas. Por su parte, el estado, en esta etapa específica del conflicto, no supo (y en ocasiones no quiso) dimensionar la complejidad de la situación en Chiapas y lograr tener así un diagnóstico más acertado de lo que allí ocurría, para luego obrar en consecuencia. “La asignación de recursos a Chiapas en los setenta –dice al respecto Thomas Benjamin- fue escasa y tardía. En ese entonces se combinaban muchos factores para crear una situación explosiva: sobrepoblación, erosión y agotamiento del suelo, la perniciosa corrupción de las oficinas gubernamentales que trabajan con los campesinos, aumento de precios y estancamiento de salarios, una concentración creciente de tierras de cultivo, la expansión de pastizales para la ganadería en tierras agrícolas, demora y –lo peor de todo- fraude, demora y pasmo en el proceso de reforma agraria”.[6] Pero, como este mismo autor lo señala, la clave del activismo campesino en los comienzos de 1970 fueron las solicitudes de tierras y la casi inexistente respuesta a las mismas por parte de la Secretaría de la Reforma Agraria, así como también la manifiesta impotencia de la CNC para gestionarlas con éxito.[7]
El Primer Congreso Indígena de Chiapas realizado del 13 al 15 de octubre de 1974 y organizado por la diócesis de San Cristóbal de las Casas, marca el inicio de la politización y organización indígena. Allí se reunieron tzeltales, tzotziles, tojolabales y choles en representación de más de 300 comunidades, las que posteriormente darían lugar a las organizaciones independientes de base en lucha por la tierra.
De resultas de este Congreso, surgen tres movimientos populares e independientes en las regiones con mayor conflicto etno-social de Chiapas: la Selva, Simojovel (al norte) y Venustiano Carranza (en el centro). En la Selva, el gobierno del presidente Luis Echeverría Álvarez (1970-1976) otorgó en marzo de 1972 una gran extensión de tierra (más de 600 mil hectáreas) a un grupo de 66 familias lacandonas y a una compañía maderera. Disimulado tras un acto de reparación histórica a los indígenas lacandones se pretendía esconder al verdadero beneficiario de la amplia concesión de tierras y sus inmensas riquezas forestales: la compañía maderera. Los 71 mil tzeltalez, tzotziles, choles y tojolabales afectados por esta resolución presidencial, decididos a no abandonar las tierras que ocupaban desde hacia mucho tiempo atrás y de las cuales obtenían su sustento, fueron declarados “invasores” por el gobierno que en 1975 envió al ejército para desalojarlos. En respuesta, los migrantes tzeltales fundan en 1976 tres Uniones de Ejidos (UE) diferentes: Quiptic Ta Lecubtesel (unidos por nuestra fuerza) en el valle de San Quintín, Ocosingo, y las Uniones de Ejidos Tierra y Libertad y Lucha Campesina en Las Margaritas; todas controladas por delegados del Congreso Indígena. Las uniones de ejidos emprenden así una larga e infructuosa lucha en defensa de sus derechos, la que da nacimiento en 1980 en el ejido Bajucú a la organización Unión de Uniones Ejidales y Grupos Campesinos Solidarios de Chiapas (UU), que reunía a aproximadamente 150 comunidades indígenas repartidas en 11 municipios.
En el norte del estado, en los municipios productores de café de Simojovel, El Bosque, Huitiupán y Sabanilla, el activismo campesino-indígena concentró sus esfuerzos en la recuperación de la tierra. Anteriores reformas agrarias (1934-1959) habían dado tierras a los campesinos ejidatarios pero de muy baja productividad, cuestión a la que para la década del ’70 se debió agregar la superpoblación de dichas tierras y el consecuente problema del minifundismo, lo que obligó a los campesinos a trabajar en las grandes fincas cafetaleras de la región como peones “acasillados”. En 1975 y 1976, desmoralizados por los nulos resultados obtenidos a través de las gestiones de la CNC, comenzaron las tomas de tierras y la posterior represión por parte del ejército y las guardias “contrainsurgentes” organizadas por los caciques. Esta nueva estrategia de acción directa estaba dirigida por un comité central de siete ejidos, nacido al calor del Congreso Indígena de Huitiupán. Para 1977, este comité central aglutinaba a 37 ejidos de Huitiupán, El Bosque, Simojovel y Sabanilla, los que en los siguientes tres años invadieron 19 fincas. Sobre el final de la década, el comité central solicitó ayuda a la Central Independiente de Obreros Agrícolas y Campesinos (CIOAC) con el propósito de atender los reclamos de los trabajadores asalariados de las fincas. En 1978, se creó en la zona del ingenio Pujiltic, municipio de Venustiano Carranza, la Unión de Ejidos 28 de de Septiembre, la que requirió su afiliación a esta central, expandiéndose así su área de influencia en la región. La instalación de la CIOAC en Chiapas trajo roces con la CNC, que intentó contrarrestar las acciones de ésta organizando rompehuelgas e invadiendo tierras ya invadidas por la CIOAC. A esta confrontación se sumó la acción represiva del gobierno estatal, el que en apoyo del sindicato oficialista, persiguió, encarceló y asesinó a dirigentes de la CIOAC. Para esta organización independiente, la lucha en Chiapas reunía dos objetivos principales, los derechos laborales y los agrarios, y era llevada a cabo a través de una doble acción: una imperativa negociación con la Secretaría de la Reforma Agraria y, simultáneamente, la toma de tierras. Los primeros logros de esta estrategia habrían de esperar hasta 1987, cuando finalmente el gobierno autorizó la titularización de 16 ejidos reclamados por la CIOAC.
Venustiano Carranza es el tercer lugar donde surge en 1973 un movimiento independiente de lucha por la tierra en Chiapas. Llamado “Movimiento de la Casa del Pueblo”, por su lugar de reunión, canalizó las frustraciones de los campesinos de esta región que demandaban tierras al Departamento de Asuntos Agrarios y Colonización (DAAC). Su estrategia de lucha incluyó la acción directa, y en 1974 tomaron las oficinas del DAAC en Tuxtla Gutiérrez con el objeto de impulsar la puesta en práctica del decreto agrario de 1965.[8] En 1975, fue asesinado el dirigente Bartolomé Martínez Villatoro, y el ejército ocupó la Casa del Pueblo donde se produjo un tiroteo que resultó en la muerte de comuneros y soldados. El liderazgo del movimiento fue arrestado y la organización se dividió entre quienes intentaron un acercamiento al gobierno y sus planes de ayuda y quienes optaron por contrarrestar esta estrategia de “dividir para reinar” creando alianzas entre campesinos aislados. Dirigentes de esta última línea participaron en 1979 en el congreso donde se creó la Coordinadora Nacional Plan de Ayala (CNPA) en Milpa Alta, Distrito Federal, quienes, con la ayuda de los catequistas católicos, se expandieron dentro de Chiapas. En 1980, se unieron con ejidos y comunidades indígenas de los municipios de Simojovel y Las Margaritas para formar la Coordinadora Provisional de Chiapas (CPCH), la que en julio de 1982, pasó a denominarse Organización Campesina Emiliano Zapata (OCEZ). Esta habría de convertirse en la mayor de las organizaciones independientes populares de Chiapas, como así también en la más combativa.
Durante los ’80, la OCEZ, a diferencia de la CIOAC, se mantuvo independiente de influencia política partidista alguna, y, contrariamente a la ARIC (Asociación Rural de Interés Colectivo, fundada en Ocosingo en 1988), lejos de las agencias gubernamentales, lo que a posteriori habría de significarle una mayor afluencia de afiliados. Fiel a su política de tejer alianzas mayores, en 1980 la OCEZ se unió a la Coordinadora de Luchas de Chiapas (CLCH), una instancia organizativa amplia que fue prontamente desbaratada por la represión desatada contra ella. También tejió alianza con el Frente Nacional Democrático Popular (FNDP), una organización sospechada por algunos miembros de la OCEZ de estar infiltrada por el gobierno. En 1988, la agrupación se escinde en dos grupos como producto de discrepancias internas (el cuestionamiento a la unión con el FNDP, entre otras), con acusaciones cruzadas. Se supone que esta organización desarrolló en 1992 nuevos frentes en la Selva, los Altos y el norte de Chiapas bajo el nombre de Alianza Nacional Campesina Independiente Emiliano Zapata (ANCIEZ). Para algunos especialistas OCEZ y ANCIEZ son lo mismo con diferentes nombres.
Otras organizaciones campesinas surgieron en esta época. En 1975, por ejemplo, la Alianza Campesina 10 de Abril (fecha del asesinato de Emiliano Zapata) coordinó tomas de tierras en los municipios de Ángel Albino Corzo, Chiapa de Corzo, Villa Flores, Venustiano Carranza, Socoltenango, Comalapa y Tzimil. Para inicios de 1982, hizo su aparición la Alianza Campesino Revolucionaria (ACR) y propició tomas de tierras en la costa del Pacífico de Chiapas.
La intensa disputa por la tierra y las consecuentes invasiones que de ella se derivaron, no fueron protagonizadas exclusivamente por los campesinos. Un estudio realizado en los setenta en Chiapas, concluyó que de 115 casos de disputas agrarias graves 87 habían sido intrusiones de ganaderos en tierras comunales o ejidales.[9]
La lucha del movimiento campesino-indígena y sus organizaciones de base, independientes y democráticas, contra la situación imperante en el campo chiapaneco generó una dura respuesta desde el poder. El encarcelamiento y/o asesinato de activistas sociales fueron recursos comunes a los que echaron mano tanto el estado como los finqueros, con el objeto de desarticular la creciente organización popular. Esta macabra tarea se profundizará en la década siguiente a través de una creciente militarización del estado y el control social de las comunidades indígenas.
3.- 1982-1993: AHOGAR AL MOVIMIENTO EN SANGRE
Al conflicto por la tierra en Chiapas habrá de sumarse en esta década larga, como una marca de época, el drama de los refugiados guatemaltecos, la guerra revolucionaria en los países centroamericanos (Guatemala y El Salvador) y la erupción del volcán Chichonal (que obligó a reubicar a 14 mil indígenas zoques, muchos de ellos por la fuerza), lo que impulsó al gobierno a llevar adelante un creciente proceso de militarización del estado y nombrar como gobernador al general Absalón Castellanos Domínguez (1982-1988). “Hacia 1987 –señala Thomas Benjamin-, aproximadamente 4 mil soldados fueron destinados a Chiapas. Las dos fuerzas policiales del estado, la Policía de Seguridad Pública y la Policía Judicial, se pusieron bajo el mando de oficiales militares”.[10] La vía represiva con la que se pretendía ahogar en sangre al movimiento campesino-indígena independiente chiapaneco estaba en marcha.
A partir de mediados de 1982, comenzaron a llegar a Chiapas oleadas de refugiados guatemaltecos, indígenas en su mayoría, que huían de la campaña de “tierra arrasada” que llevaba adelante el gobierno militar del general Efraín Ríos Montt en el noroeste del país vecino. En los años siguientes estos refugiados se establecerán en noventa campos a lo largo de la frontera con Guatemala, sumando para mediados de la década aproximadamente 50 mil personas. El gobierno, así como entidades empresariales mexicanas, temían que con los refugiados se infiltrasen las guerrillas centroamericanas con el objeto de diseminar en la región la ideología revolucionaria. Por tal motivo se tomaron una serie de medidas de seguridad que incluyeron, entre otras, maniobras de contrainsurgencia por parte del ejército mexicano en los municipios choles de Tila y Sabanilla, en la Selva y en la frontera con Guatemala, y el traslado de aproximadamente 18 mil refugiados al estado de Campeche.
Con el objeto de bajar la tensión y desactivar posibles nuevos conflictos por la propiedad de la tierra, el gobierno nacional creó en 1984 el Programa de Rehabilitación Agraria (PRA), dándole prioridad a las zonas socialmente calientes de la Selva, Simojovel y Venustiano Carranza. No obstante su objetivo declarado de ayudar a los pequeños campesinos, los mayores beneficiarios del plan fueron los terratenientes y algunos burócratas de la Secretaría de la Reforma Agraria, quienes entre 1984 y 1987 se fagocitaron la mayor parte del presupuesto destinado a este propósito.
Al tiempo que la crisis agraria se agravaba y las movilizaciones campesino-indígenas aumentaban poniendo mayor presión a la disputa por la tenencia de la tierra, el gobierno del general Absalón Castellanos ponía todos los recursos del estado en pro de la protección de los propietarios privados contra las invasiones de tierras y las expropiaciones por la reforma agraria. No obstante, las tomas de tierras siguieron adelante. El panorama era el siguiente: en 1983 un grupo de campesinos invadieron 128 fincas; en junio de 1985, la CIOAC anunció que afiliados de su organización habían ocupado 109 grandes propiedades en diferentes municipios del estado. Y no fueron las únicas.
Insertos en una dinámica de acción-reacción, a las invasiones les siguieron las expulsiones, muchas realizadas con suma violencia por tropas del ejército o la policía estatal. Esta espiral de terror fue creciendo, mientras los muertos se apilaban mayoritariamente de un solo lado. El hostigamiento a las organizaciones campesinas e indígenas independientes se efectivizaba a través de la persecución y el encarcelamiento de sus integrantes, o lisa y llanamente el asesinato de los mismos. En 1987, la Academia Mexicana de Derechos Humanos definió al gobierno del general Absalón Castellanos como el más represivo del país.[11]
Durante el período 1988-94, el gobierno central instituyó un programa nacional para las poblaciones en situación de pobreza, denominado Programa Nacional de Solidaridad (PRONASOL). Este programa proporcionaba fondos a los denominados Comités Locales de Solidaridad para la puesta en ejecución de proyectos de desarrollo en los distintos estados de la Unión. El gobernador de Chiapas manejó esos fondos de manera arbitraria y corrupta, utilizándolos para recompensar a sus aliados políticos locales mientras ignoraba a las comunidades y organizaciones independientes. A comienzos de 1994, el propio Consejo Consultivo de Solidaridad dio a conocer un estudio en el que destacaba que, con respecto a Chiapas, en los “municipios más pobres de la entidad, que son justamente algunos de los involucrados en el conflicto armado, la presencia de Solidaridad en el combate a la pobreza extrema fue por demás exigua”.[12]
Entre 1991 y 1992, el presidente Carlos Salinas de Gortari (1988-1994) reformó el Artículo 27 de la Constitución Nacional, con el objeto de cambiar el sistema ejidal de tenencia de la tierra y abrirlo a la inversión privada. Esta innovación hería de muerte a la reforma agraria, ya que negaba el derecho de los campesinos a solicitar la redistribución de la tierra y permitía rentar o vender las parcelas ejidales, las que, con toda seguridad, terminarían siendo absorbidas por los terratenientes y/o por los bancos a través de la ejecución judicial de los créditos caídos en mora, agravando aún más el problema. La respuesta fue inmediata, miles de campesinos de distintas asociaciones se movilizaron en Ocosingo en protesta por la reforma del Artículo 27 y demandaron el reparto de tierras, la cancelación de las carteras vencidas y el respeto a su forma de vida.
Como vimos, en la década de 1980 Chiapas asistió a una escalada represiva sin precedentes, situación que no varió sustancialmente en los tres primeros años de la década siguiente, y que junto a las recurrentes crisis agrarias y económicas “crearon una grave crisis de justicia”.[13] Ante este panorama, las organizaciones de base del movimiento indígena chiapaneco se vieron enfrentadas a una disyuntiva de hierro: explorar nuevas formas de lucha o resignarse a una realidad de miseria y opresión. La respuesta a este dilema se la harán conocer al país y al mundo el 1° de enero de 1994.
* Este artículo fue escrito en febrero de 2015 y se publica aquí por primera vez.
[1] La mayor parte de estos datos fueron tomados del documento del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), titulado “Chiapas: el Sureste en Dos Vientos, Una Tormenta y Una Profecía”. Firmado por el subcomandante Marcos y fechado en agosto de 1992, fue publicado por el diario La Jornada, México, el 27 de enero de 1994.
[2] Guevara, Alejandro: Perfil Socio-económico de Chiapas. En: De Lella, Cayetano y Ezcurra, Ana (comp.): Chiapas, entre la Tormenta y la Profecía. Lugar Editorial. Buenos Aires, 1994. Pág. 47.
[3] EZLN: mismo documento.
[4] Duhalde Luis y Dratman, Enrique: Chiapas, la Nueva Insurgencia. Ediciones del Pensamiento Nacional. Buenos Aires, 1994. Pág. 107.
[5] Benjamin, Thomas: Chiapas, Tierra Rica, Pueblo Pobre. Historia Política y Social. Editorial Grijalbo. México, 1995.
[6] Ibídem, pág. 257.
[7] Ibídem, pág. 258.
[8] Resolución del presidente Gustavo Díaz Ordaz (1964-1970), que reconocía las demandas de tierras de los indígenas de este municipio por aproximadamente 50.000 hectáreas.
[9] Benjamin, Thomas: ob. cit., pág. 260.
[10] Benjamin, Thomas: ob. cit., págs. 270 y 271.
[10] Benjamin, Thomas: ob. cit., págs. 270 y 271.
[11] En 1989, la CIOAC “informó que desde diciembre de 1982 a 1988 (sexenio de Absalón Castellanos) se registraron 153 asesinatos políticos, 327 desapariciones de campesinos, 692 detenciones, 503 secuestrados y torturados” (Pólito, Elizabeth y González Esponda, Juan: Cronología. Veinte Años de Conflictos en el Campo: 1974-1993. Chiapas N° 2. Ediciones Era. México, 1996. Pág. 209).
[12] Díaz-Polanco, Héctor: La Rebelión Zapatista y la Autonomía. Siglo XXI Editores. México, 1997. Págs. 158 y 159.
[13] Benjamin, Thomas: ob. cit., págs. 275 y 276.