Comunicado de la Red Mexicana de Afectados por la Minería (REMA) – A 21 de enero 2019
«Un área de gobierno estratégica infiltrada y confiscada hoy por la megaminería tóxica»
Desde hace meses en REMA hemos venido denunciando y advirtiendo manifestaciones preocupantes actuales de subordinación gubernamental a los intereses de la megaminería tóxica en el país. En ese mismo sentido, y en plena concordancia con lo señalado recientemente por Juan Carlos Ruiz Guadalajara el pasado 7 de enero en La Jornada, en torno a las perspectivas que se perfilan respecto a la política federal en el campo de la minería ahora mismo y para los próximos años, denunciamos hechos concretos que indican la continuidad de la política permisiva e irresponsable que ha sido llevada a cabo en los últimos treinta años en México, de entrega de bienes naturales y de soberanía a favor del saqueo y la generación de daño irreversible a diverso nivel, en términos ambientales, de salud, económicos y culturales, entre otros. Nos referimos en particular al sistema de minería a tajo abierto por metales, una de las modalidades más tóxicas de extracción de minerales en todo el mundo.
En este rubro, la nueva gestión de gobierno federal no implica novedad alguna. Ha colocado como funcionarios en áreas estratégicas de la Secretaría de Economía a operadores directos o indirectos de las propias empresas, propiciando así la continuidad del modelo extractivo que a cambio de expoliar bienes naturales del país y de romper la trama social de las comunidades, deja una estela de desolación y muerte. Con este tipo de medidas muy lejos nos encontramos de una transformación como la anunciada por el gobierno del presidente López Obrador, y muy lejos también del respeto a la voluntad y el verdadero bienestar de las comunidades y de sus territorios, pues sigue avanzando la degradación de nuestros territorios, gestionada por los personeros de las empresas ya colocados en el gobierno actual.
Coincidimos con Ruiz Guadalajara al señalar de manera específica a la actual secretaria de economía, Graciela Márquez, quien en su corta gestión ya ha demostrado un desprecio absoluto por las luchas en defensa de la integridad de los territorios y una clara alineación con los intereses depredadores de las empresas, al designar como subsecretario de minería a Francisco Quiroga, ex funcionario de Zedillo y de Fox y ex empleado de empresas mineras con claros antecedentes de abusos a diverso nivel. Quiroga funciona ya como franco agente de empresas como la Almaden Minerals anunciando en la Sierra Norte de Puebla el apoyo de AMLO a esas iniciativas.
Como también señala Ruiz Guadalajara, otra prueba del servilismo de esta nueva camada de políticos empresariales para con el capital privado, el empresario minero Armando Guadiola, por cierto senador por Morena y anterior militante priísta, es otro de los operadores de las mineras que ya actuó para bloquear la iniciativa de la senadora Angélica García -por cierto de la cual REMA también fijo su posición-, que pugnaba por declarar zonas inviables de explotación por impacto social negativo. El mismo Guadiola ha anunciado que la próxima titular de la Dirección General de Minas será a su vez Laura Díaz Nieves, experta en la defensa legal de las empresas mineras canadienses y quien ha sido incluso integrante de una de ellas, la Goldplay Exploration.
¿Es que el presidente López Obrador no sabe quiénes son estos cuatro personajes y sus compromisos? ¿O lo sabe?
La presencia de estos cuatro operadores de la megaminería tóxica denota el grado de infiltración del actual gobierno federal por intereses ajenos a las comunidades. Estas posiciones estratégicas otorgadas a la megaminería tóxica al interior de la gestión gubernamental encabezada por López Obrador nada bueno auguran, ni para el bien común del país ni para la legitimidad del gobierno federal.
¿Dónde están y cuáles son y puéden ser los proyectos de las propias comunidades? Eesa debe ser hoy por hoy la materia prioritaria de la Secretaría de Economía.
¡Exigimos una política federal de apoyo categórica a la integridad de los pueblos y sus territorios!
¡Exigimos un ejercicio de gobierno que no se humille ni subordine ante los intereses de las empresas de megaminería tóxica!
¡NINGUNA PROSPECCIÓN, CONCESIÓN, EXPLORACIÓN NI EXPLOTACIÓN MINERA DEBE AUTORIZARSE AL MARGEN DE LA VOLUNTAD DE LOS PUEBLOS Y COMUNIDADES!
¡CANCELACIÓN DEFINITIVA DE TODAS LAS CONCESIONES MINERAS EN MÉXICO!
¡FUERA DE LA SECRETARÍA DE ECONOMÍA Y DE TODO EL GOBIERNO FEDERAL A LOS OPERADORES DE LAS EMPRESAS DE MEGAMINERÍA TÓXICA Y DE TODOS LOS MEGAPROYECTOS!
RED MEXICANA DE AFECTADOS POR LA MINERIA (REMA)
Foto: Francisco Quiroga, subsecretario de minería
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