Por: Anaiz Zamora Márquez
Cimacnoticias
La Ley General de Aguas, cuya discusión fue “congelada” en la Cámara de Diputados ante las críticas de la sociedad civil de que su contenido es violatorio del Derecho Humano (DH) al vital líquido, no está diseñada desde una perspectiva de género para eliminar los problemas que enfrentan las mexicanas para acceder a este recurso natural.
Brenda Rodríguez Herrera, investigadora de la organización civil Mujer y Medio Ambiente, realizó esta lectura sobre el contenido de la iniciativa y concluyó que la propuesta elaborada por la Comisión Nacional del Agua (Conagua) no resuelve los problemas de disponibilidad, calidad y distribución del líquido que afectan en mayor medida a las mujeres.
En entrevista con Cimacnoticias, la especialista señaló que si bien la iniciativa establece que las mujeres deben participar en la toma de decisiones relacionadas con el agua –tema en el que las feministas han sido insistentes–, no estipula los mecanismos necesarios para esta participación y tampoco para que ellas puedan gozar del DH al agua.
El artículo cuarto de la iniciativa señala que “la participación de las mujeres y poblaciones indígenas y marginadas deberá asegurarse en la toma de decisiones sobre el sistema de gestión del agua, así como la priorización de estrategias que incorporen en dichos sistemas de gestión a las mujeres urbanas y rurales, así como las cosmovisiones, usos y costumbres de los pueblos y comunidades indígenas”.
“Aunque esté enunciado (en la ley) el DH al agua, no se encuentran los mecanismos para su ejercicio pleno, sino todo lo contrario, siguiendo esa lógica, el tema de mujeres –que no es lo mismo que perspectiva de género– también está tergiversado, pues una cosa es que estén mencionadas y otra que con todo lo que se planea hacer las mujeres dejen de enfrentar los problemas que ahora resisten en relación a disponibilidad, calidad, mala distribución y tarifas de agua”, precisó la experta.
La también integrante de la Red Género y Medio Ambiente de México recordó que son las mujeres, especialmente las de menores recursos, las que deben compensar los déficits de los servicios de agua y quienes acaban pagando más por acceder al recurso.
Brenda Rodríguez detalló que son ellas las que, cuando el agua no está disponible, dedican mucho de su tiempo para conseguir el recurso; recorren grandes distancias para su recolección, lo que además de desgastarlas las pone en riesgo de sufrir agresiones sexuales, pues los caminos no son seguros; son ellas las encargadas de comprar pipas, y si alguien de la familia se enferma por la mala calidad del agua, destinan parte de su tiempo en buscar servicios médicos.
En ese sentido, la especialista señaló que la ley no busca transformar el modelo de gestión del agua, “mucho menos incluye una mirada de DH, ni de género”, por lo que las problemáticas que se enfrentan seguirán agudizándose.
Para la feminista, al igual que para las organizaciones civiles que se han pronunciado en contra de esta iniciativa, uno de los principales punto de preocupación es que se considere que el derecho al agua corresponde a los asentamientos humanos y no a las personas.
“Si nos remitimos a lo que es considerado un asentamiento humano, las comunidades en donde apenas viven tres familias no tendrían derecho al servicio, y debido a los roles de género persistentes, serían las mujeres las encargadas de buscar el recurso”, explicó Rodríguez Herrera.
A lo que se suma que de aprobarse la propuesta, debido a que se permite la entrada de empresas privadas, los costos por el servicio de agua podrían incrementarse. “Esto implicará un esfuerzo doble o triple para aquellas mujeres que encabezan los hogares mexicanos, y para algunas implicaría prescindir de otros servicios”, alertó.
Según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), el 24.6 por ciento de los hogares mexicanos tienen jefatura femenina.
Agregó que en el tema de los trasvases (obras hidráulicas que buscan incrementar la disponibilidad de agua en una población desviando la cuenca de un río vecino) también se plantea movilidad de personas y “estos desplazamientos tienen cara de mujer”, pues son ellas las que se han quedado solas en las comunidades indígenas y rurales, y no se prevé de qué manera se realizarán estos desplazamientos.
En este punto –resaltó la investigadora–, las autoridades deben considerar que las mujeres actualmente “no son dueñas de la tierra”, lo que se traduce en que tampoco pueden decidir sobre todos los recursos naturales que están dentro de un predio, por lo que en caso de expropiaciones ellas no tendrían herramientas jurídicas para defender sus propiedades.
Es prácticamente seguro –dijo– que el uso empresarial permitido en la ley derive en contaminación de los cuerpos de agua, por lo que “las primeras afectadas en su salud serían las mujeres, porque ellas son las primeras en estar en contacto con el líquido”.
Rodríguez Herrera indicó que existen muchos otros puntos de preocupación en la ley, por lo que –desde la sociedad civil– “no se va a bajar la guardia”, pues no basta con la suspensión de la discusión de la norma, ya que ésta debe ser desechada y en colaboración con especialistas y organizaciones se debe redactar una nueva iniciativa.
Finalmente anunció que este sábado 14 de marzo, con motivo del Día Internacional de Acción Contra las Presas y por los Ríos, el Agua y la Vida –iniciativa ciudadana convocada por ecologistas a nivel global–, se realizará una manifestación en el Monumento al Ángel de la Independencia, en esta ciudad, para demandar al Poder Legislativo una ley que verdaderamente garantice el derecho al agua a mujeres y hombres.