Lucha contra la minería en México, una historia de 500 años

Por: Mariana Saravia, masde131.com

Hablar sobre la minería en los siglos XVI-XVII, nos ayuda de algún modo a comprender los constantes conflictos durante los procesos históricos del país y deducir que las situaciones de injusticia y explotación parecen no haber cambiado mucho.

El escenario actual puede compararse con el Virreinato o el Porfirismo, en donde se gestaron reformas con el fin de explotar los recursos nacionales para beneficio de extranjeros o de familias y grupos poderosos. Estas reformas llevaron a movilizaciones indígenas y campesinas que muchas veces pueden compararse con lo que pasa actualmente. Sin embargo, hoy la información viaja más rápido y la ciudadanía se ha solidarizado con las víctimas del despojo y la miseria que ha causado la minería.

El caso que se expondrá a continuación fue parte de una investigación sobre los procesos de conquista y la fundación de empresas que poco a poco se apropiaron de las tierras de las comunidades indígenas, y una vez despojados, los utilizaron como mano de obra para poder expandir aquellas empresas con dinámicas similares a las del capitalismo actual:

    “Más que ninguna otra tarea, la minería gozó del favor y beneplácito de la Corona ya que producía, en forma inmediata, cuantiosos bienes a las arcas reales. Requirió la fuerza de trabajo de los naturales y los conocimientos y recursos técnicos de los conquistadores. La labor en las minas y el beneficio de los metales fueron siempre trabajos peligrosos y duros, considerados como una tarea servil debido a las condiciones en que se realizaban y el lugar en que se encontraban los centros de trabajo. Los indígenas se negaban a acudir a las minas por voluntad propia, por lo que hubo necesidad de forzarlos. Se otorgaron repartimientos en el siglo XVI que perduraron hasta finales del siglo XVIII. A pesar de su validez legal, surgió una fuerte oposición por parte de los indígenas de los pueblos afectados.” [1]

En 1574, un comunicado de la metrópoli solicitaba a todas las entidades en dónde hubiese minas que utilizaran a los indígenas como mano de obra sin importar la situación de esclavitud a las que fueran obligados, para justificar la explotación decían.

    “Que los indios naturalmente son inclinados a vicios, ociosidades y borracheras, cuyo remedio consiste en ocuparlos y que sin ser compelidos a ningún trabajo se aplican; y que presupuesto que los españoles le son a ellos útiles para el sustento de la doctrina,  y que la una república no se puede sustentar sin la otra, es justo se le repartan indios para las minas”.2

Del mismo modo, sigue en el manejo dentro del discurso oficial la imagen de las comunidades que sufren despojo como personas flojas y borrachas en la actualidad, todo con el fin de justificar la explotación como forma de erradicar el “ocio”.

La voz oficial les exige que “ya tienen que superar su desgracia por que el país sigue caminando” y que a pesar de las condiciones miserables en las que viven, deben trabajar sin quejarse .

Ante la desenfrenada demanda de mano de obra y traslado de personas de una región a otra, hubieron varias protestas, entre ellas la de los indígenas de San Mateo Atenco que se opusieron a trabajar las minas en 1645 y lograron obtener un permiso para no asistir al servicio de minas el cuál fue renovado en 1651,1673, 1678 y 1706.

Sin embargo este permiso hizo enfadar al dueño de las minas, don Francisco Antonio de Vivanco, quien obligo al regidor de Metepec a multar a las comunidades que se resistieran a trabajar. La multa de 200 pesos fue impuesta para el pueblo de San Mateo Atenco, pero no sirvió de nada, hubo entonces la necesidad de que las autoridades tomaran prisioneros a los representantes y oficiales indios para escarmiento del pueblo, tales medidas no surtieron efecto así que don Francisco decidió subir las multas a 500 pesos y hubo un traslado masivo de gente para trabajar en otras minas, poco a poco las comunidades se vieron obligadas a laborar debido a la precariedad de vida como consecuencia al despojo de sus tierras.

La explotación minera ha arruinado la vida de varias personas y enriquecido a otras como en el caso de Grupo México y el accidente de Pasta de Conchos, del cual la empresa no se ha querido responsabilizar por la muerte de 65 mineros. También se suma el caso de la comunidad de San José del Progreso. Desde el 2006 la población se dividió ocasionando la pérdida de cuatro personas. Así en el municipio de Libres, Sierra Norte de Puebla, en donde se ha reportado actividad minera y concesiones en gran parte del territorio.

En Libres, así como otros municipios como Ixtacalaxtitlán, Zautla, Tetela y Cuetzalan, la comunidad se ha organizado y exige que se detengan estos proyectos que llevan a la muerte no sólo de un grupo de personas si no también la del medio ambiente, la cultura e historia de una comunidad.

La explotación de tierras y mano de obra se debe a una dinámica global que comenzó hace 500 años. Las empresas extranjeras vinieron a explotar a los recursos y a las personas. Mientras no exista un proyecto nacional que busque la democratización en cuestiones de educación y empleo justo, mientras se siga explotando los recursos naturales y humanos sin ningún interés y respeto por la vida, esta dinámica seguirá funcionando.

Aún así, existen casos como el de Magdalena Teitipac, Oaxaca, en dónde se logró detener la construcción de una mina en el 2012. Es por esta razón que como sociedad civil debemos corresponder con los conflictos que están emergiendo en todo el país; solidarizarnos, alzar la voz y exigir justicia, estudiar y parar despojos de este tipo que vienen desde antiguo.

Notas:
[1] Joaquín Ortega Maria Teresa. Formación y desarrollo de un pueblo novohispano, pág. 252.
[2] Idem. Pág 254.
[3] Idem. pág. 256.

 

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