Este es un artículo de opinión para IPS de Sam Cossar-Gilbert, coordinador de justicia económica-resistencia al neoliberalismo de Amigos de la Tierra Internacional
El 10 y 11 de junio los jefes de Estado de 61 países de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac) y de la Unión Europea (UE), que representan a más de mil millones de personas, se reunirán para discutir cómo “modelar nuestro futuro común”. Desafortunadamente, la Cumbre Celac-UE en Bruselas incluye en su agenda promover malos acuerdos comerciales y más privilegios para las grandes empresas.
Muchos países europeos y latinoamericanos están actualmente participando en negociaciones de acuerdos comerciales mundiales de gran envergadura llevadas a cabo a espaldas del escrutinio público. Estos acuerdos son: la Asociación Transatlántica de Comercio e Inversiones (TTIP), el Acuerdo de Asociación Transpacífico (TPP), el Acuerdo sobre el Comercio de Servicios (TISA), el Tratado de Libre Comercio entre México y la Unión Europea y una amplia gama de Tratados Bilaterales de Inversión (TBI).
Los tratados de comercio e inversiones ya no aluden solamente a los aranceles de importación, también tratan gran variedad de asuntos que determinan cuáles son los alimentos que comemos, cómo es la energía que utilizamos y con qué capacidad cuentan los gobiernos para legislar a favor del interés general.
Tratados que son “caballos de Troya”
Estos tratados son verdaderos “caballos de Troya” aunque difieren entre sí de muchas y complejas maneras; pero lo que todos tienen en común el atraso en décadas de avances hacia una mejor protección de nuestro medioambiente y nuestros pueblos, dotando a las grandes empresas de un poder extraordinario y sin precedentes sobre nuestras sociedades. Las normas que rigen asuntos tales como la seguridad alimentaria, las sustancias químicas tóxicas y la energía sucia se debilitarían significativamente en ambos continentes.
Uno de los componentes más injustos de estos tratados comerciales es la inclusión del proceso de “solución de diferencias entre inversores y Estados” (ISDS). Este sistema permite a las empresas demandar a los gobiernos ante tribunales privados por políticas que interfieren en sus posibles ganancias. A nivel mundial, a finales de 2014 se conocían 608 diferencias entre inversores y Estados.
Algunos de los casos de diferencias entre inversores y Estados más conocidos incluyen la multa de 16 millones de dólares impuesta a México por prohibir un vertedero de desechos tóxicos, la demanda de la gigantesca empresa tabacalera Philip Morris contra el gobierno uruguayo y su legislación en materia de protección de la salud frente al tabaquismo; y la demanda multimillonaria que enfrenta al gobierno alemán por su decisión no continuar con el uso de energía nuclear.
La razón que se emplea normalmente para justificar estos derechos empresariales tan exagerados es que “el proceso de solución de diferencias entre inversores y Estados es necesario para promover y proteger las inversiones”. Sin embargo, Brasil es el mayor receptor de inversión extranjera directa en América Latina, aunque su Congreso legislativo se ha negado a firmar tratados comerciales que incluyan el sistema inversores y Estado.
Los tribunales empresariales privados carecen de transparencia, independencia, imparcialidad y no ofrecen ningún derecho de apelación. Un exclusivo club de tan solo 15 árbitros, casi todos provenientes de Europa, Estados Unidos y Canadá, han tomado decisiones sobre 55 por ciento de todas las diferencias entre inversores y Estados conocidas relacionadas con tratados de inversión, según estadísticas del año 2012.
Sin embargo, estos tribunales privados que no rinden cuentas ante nadie continúan impartiendo multas por cientos de millones de dólares. El 9 de abril se le ordenó a Argentina pagar 405 millones de dólares a la empresa francesa Suez por cancelar su contrato y devolver a manos de empresas públicas el abastecimiento de agua.
Desafortunadamente, los nuevos acuerdos comerciales que muchos países de Europa y América Latina están negociando solo están fortaleciendo y expandiendo estos tribunales empresariales. Lo que estamos viendo es un profundo ataque contra la democracia y la soberanía de los Estados para legislar en favor del interés general.
Cambio de rumbo
Sin embargo, hay un movimiento mundial creciente de grupos de la sociedad civil, sindicatos, agricultores y ciudadanos preocupados que trabajan juntos para frenar estos caballos de Troya. Por ejemplo, organizaciones que representan a millones de personas de toda Europa y América Latina también se reunirán esta semana en Bruselas para fortalecer sus estrategias mundiales en contra de los acuerdos de comercio e inversiones agenciados por las grandes empresas.
También están movilizados en una alianza mundial por un Tratado vinculante sobre empresas y derechos humanos, para que los derechos de los pueblos estén por encima de los privilegios a las trasnacionales que brindan los regímenes de libre comercio.
Algunos gobiernos, especialmente de América Latina, han comenzado a desvincularse de los tratados que incluyen derechos empresariales exagerados, y cuestionan el modelo neoliberal. En 2013, Ecuador creó una Comisión para la Auditoría Ciudadana encargada de evaluar los tratados bilaterales de inversión del Ecuador y anuló acuerdos injustos con Finlandia, Suecia, Francia, Alemania y el Reino Unido.
El comercio dejó de ser un asunto periférico en Europa: más de 1.950.000 personas firmaron una petición en contra de la Asociación Transatlántica de Comercio e Inversiones y decenas de miles de personas marcharon para protestar contra el TTIP. La localidad de Erkrath, en Alemania, y cientos de otros municipios de todo el continente también votaron y se declararon como ‘zonas libres de TTIP’. El nuevo gobierno de Grecia ya ha dicho que no ratificará el TTIP y muchos otros países de la UE han expresado gran preocupación por la cláusula inversionista-Estado.
Hace 10 años en Mar del Plata, en Argentina, otro “caballo de Troya” conocido como el Área de Libre Comercio de las Américas (ALCA) fue derrotado por la presión de fuertes movimientos sociales y el impulso de gobiernos progresistas.
Frente a la creciente desigualdad en nuestras sociedades, necesitamos un sistema comercial más justo que nos ayude a desarrollar sociedades sustentables. Este sistema tiene que apoyar las economías locales y las fuentes de empleo sustentables, un medioambiente limpio, mejor protección social y una producción de energía más responsable y alimentos para todos.
Mientras los líderes de Europa y América Latina se reúnen en Bruselas, los pueblos y movimientos sociales de ambas orillas del océano Atlántico sabemos que podemos frenar los regímenes actuales de comercio e inversión injustos y continuaremos denunciándolos hasta derrotarlos.