Neoextractivismo vs. la defensa integral de los territorios

SurSiendo, Comunicación e Intervención Social

En este fragmento de menos de dos minutos que forma parte del documental brasileño El veneno está en la mesa, Eduardo Galeano expresa un sentir de muchæs latinoamericanæs: los gobiernos progresistas también han traicionado a los pueblos. Apenas un ejemplo alcanza para justificar esta afirmación y el elegido es el caso de los agrotóxicos. Valga un ejemplo dentro del ejemplo: con miras a cumplir su Plan Estratégico Agroalimentario 2020 el gobierno argentino pretende instalar en Mendoza “el megaemprendimiento más grande del mundo en materia de potasio”. Sus presentaciones en cloruro potásico y nitrato de potasio se emplean como base para los fertilizantes. Y es que para alcanzar las metas económicas propuestas se necesita profundizar aún más el modelo de monocultivo de soja, a la postre esto le posicionaría como uno de los principales productores de fertilizantes del mundo. El proyecto minero será emplazado en las márgenes del Río Colorado el cual nace en la Cordillera recorre cinco provincias argentinas y desemboca en el Océano Atlántico, es decir atraviesa toda la Patagonia de Oeste a Este. Desde SURsuelo, Fabián Chiaramello comenta que “el proyecto de Potasio Río Colorado va a generar el fertilizante destinado a los agronegocios brasileros que aportará aún más en la deforestación del Amazonas. La ecuación es perversa: se construye una megaplanta que consume cantidades de agua y energía abismales, que puede tener consecuencias ambientales muy graves, para producir un fertilizante que será utilizado para seguir profundizando el monocultivo sojero que desaloja campesinos y pueblos originarios, contamina con sus agrotóxicos, provoca desmontes, deteriora el suelo y concentra cada vez más la producción”.

Así, mientras asistimos a estas complicidades políticas legalizadas, en otras partes del mundo se sanciona una vez más a Monsanto por su responsabilidad en la intoxicación química de un agricultor francés. Con esto no queremos reforzar esas viejas ideas de un “norte” civilizado y democrático y un “sur” bárbaro y corrupto. Estas sentencias solo nos demuestran que las corporaciones se maquillan para cada ocasión: mientras en Estados Unidos y Europa ya se tiñeron el cabello y hablan de economías verdes y servicios ambientales, en América Latina, África y gran parte de Asia los discursos del progreso aún no parecen estar del todo deslegitimados y los pueden seguir usando.

Ninguna de estas visiones pone en entredicho las bases netamente económicas sobre las que camina el sistema y en cambio se enmarcan dentro del neoextractivismo. ¿Otro neo más? La mayoría de las veces los prefijos nos sientan bien: re, co, alter, anti, meta, trans… Pero también están los otros, los que nos caen mal y parece que el neo encabeza la lista mientras mega le sigue de cerca. Es una cuestión de escalas.

Una de las figuras principales de este modelo neoextractivista es el Estado, que según el uruguayo Eduardo Gudynas “juega un papel más activo, y logra una mayor legitimación por medio de la redistribución de algunos de los excedentes por medio de políticas sociales”. El neoextractivismo refiere más que a una actividad concreta a una forma de extracción: todas aquellas actividades que remueven grandes volúmenes de bienes naturales y (casi) sin mediar proceso son trasladados lejos de la zona de origen. Minería, petróleo, gas, represas, monocultivos (de cereales o forestales), agroindustria, ganadería o pesca intensiva, etc. entran dentro de esta categoría y logran seguir aumentando la concentración. De entre ellas la minería es la que puede acabar con la mayor cantidad de recursos no renovables en menor tiempo. Es la más insustentable. Sin embargo esta actividad extractiva está en la cabeza de todas las agendas políticas latinoamericanas: desde México hasta Argentina pasando por Nicaragua, Ecuador, Venezuela, Bolivia, Brasil y Uruguay (por mencionar solo a los progresistas). Apenas El Salvador está planteándose por estas fechas prohibir de forma permanente las actividades mineras. En un país pequeño, tan densamente poblado y con una fuerte escasez hídrica esa prohibición sería lo más acertado.

Todo depende, como dijimos, de las escalas. Aire, agua, tierra y energía son los cuatro elementos fundamentales de la naturaleza y también los cuatro elementos sobre los que el capitalismo avanza en estos tiempos a toda velocidad. Y es que incluso si esa redistribución fuera real tampoco se justificarían los daños sociales y ambientales que estos megaproyectos dejan en los territorios: Ocupaciones (para)policial y (para)militar, despojos, contaminación, abusos de todo tipo contra las poblaciones locales.

Por estos tiempos el concepto de territorialidad se está utilizando de nuevo como base y sostén para defender física y teóricamente esos espacios que habitamos. Jean Robert dice que “a lo mejor, muchos no saben que, con ello, están inventando un potente concepto analítico nuevo para hablar de una vieja realidad que tiene que ver con el cultivo, la cultura, las costumbres y también la hospitalidad y, por supuesto, la subsistencia, palabra deshonrada por el mal uso que le dieron los lingüistas y economistas ‘de arriba’”. Un concepto parecido podría ser el de biocultura, mismo sobre el que los pueblos huicholes de México están reafirmando legalmente la defensa de su centro sagrado en Wirikuta ante la minería y las agroindustrias. Y es que está visto que para lograr una defensa integral de los territorios primero necesitamos reconocer cuáles son los territorios en los que se establecen esas luchas. El ideológico es quizás el más profundo de ellos. Volviendo a citar a Robert, “lo que vivimos ahora es el efecto de sueños de poder desproporcionados y de omnisciencia desencadenados de sus ataduras tradicionales. Al caer sobre la tierra como desechos, amenazan el sentido común de la gente, que es percepción de la proporción, de la escala, de la justa importancia de las cosas y de los límites de las fuerzas propias. (…) Hoy en día, este contrario de la territorialidad se llama desarrollo urbano y se enseña en las universidades como diseño arquitectónico”.

Las resistencias no cesan, no descansan y no paran de crear alternativas a estos modelos. ¿Cómo no hacerlo cuando incluso los tribunales internacionales favorecen los derechos de las trasnacionales en lugar de hacer prevalecer los derechos colectivos de los pueblos? Un rápido vistazo sobre el más importante de ellos puede aproximarnos a una conclusión: el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI) fue creado en 1966 como una rama del Banco Mundial para fomentar el flujo internacional de inversiones. No será muy difícil acertar a quiénes beneficiará en las disputas.

De las falacias del neoextractivismo hay una que se sigue usando todavía hoy y no deja de llamar nuestra atención: “solo se oponen pero no proponen”. En este corto tiempo que llevamos escribiendo sobre bienes comunes hemos presentado varias propuestas (de esas que para algunæs no existen). Sin irnos muy lejos mientras en pleno siglo XXI los pequeños agricultores siguen siendo quienes alimentan al mundo, las agroindustrias -con un distorsionado discurso de fin de las hambrunas-, solo han logrado sembrar desertificación, enfermedades y especulación financiera.

Desde Grain nos recuerdan que “reencontrarnos con la agricultura como arte, como camino para la fructificación y como base de la cultura de nuestros pueblos es un desafío clave para la humanidad”. Lo que nos dignifica es nuestra capacidad de decidir sobre nuestras propias vidas cotidianas y eso es un poco lo que se proponen desde los proyectos que buscan reencontrar la armonía que alguna vez hubo entre humanidad y naturaleza. Y no hace falta evocar imágenes de taparrabos para lograr esos fines. Los huertos urbanos y la permacultura son propuestas que se están trabajando en las ciudades y que valoran ambos fines: sustentabilidad y autonomía. Un caso concreto se da en las afueras de Buenos Aires, Argentina donde se atestigua un auge de aldeas ecológicas. Ya el año pasado Boaventura de Sousa hacía un buen resumen sobre las conclusiones a las que se llegaron desde la Cumbre de los Pueblos (aquella que se dio en paralelo a la oficial Río+20). “Primero, la centralidad y la defensa de los bienes comunes de la humanidad como respuesta a la mercantilización, privatización y financierización de la vida, implícita en el concepto de ‘economía verde’. Entre los bienes comunes están el aire y la atmósfera, el agua, los acuíferos, ríos, océanos, lagos, las tierras comunales o ancestrales, las semillas, la biodiversidad, los parques y las plazas, el lenguaje, el paisaje, la memoria, el conocimiento, el calendario, Internet, HTML, los productos distribuidos con licencia libre, Wikipedia, la información genética, las zonas digitales libres, etc. (…) Segundo, el pasaje gradual de una civilización antropocéntrica a una civilización biocéntrica (…) Tercero, defender la soberanía alimentaria (…) Cuarto, un vasto programa de consumo responsable que incluya una nueva ética del cuidado y una nueva educación para el cuidado y el compartir (…) Quinto, incluir en todas las luchas y en todas las propuestas de alternativas las exigencias transversales de profundización de la democracia y de lucha contra la discriminación sexual, racial, étnica, religiosa, y contra la guerra”. Un panorama parecido se presentó este año en la Declaración de la Cumbre de los Pueblos de Santiago de Chile en la que se propuso recuperar derechos y bienes naturales, promover el paradigma del buen vivir, trabajar por la autogestión, la autoorganización y la soberanía alimentaria.

Las luchas y resistencias en las calles han sido y son necesarias para afirmarnos en los territorios. Gracias a este tipo de acciones el pueblo oaxaqueño, en México, logró detener el megaparque eólico Mareña Renovables que quería instalarse en el Istmo de Tehuantepec. Gracias a las alianzas que se tejen con medios digitales muchas de estas luchas se multiplican. En los últimos tiempos asistimos día con día a manifestaciones virtuales en apoyo a legítimos reclamos en territorios más o menos remotos (casos Dragon Mart Cancún, ciudades modelo en Honduras o Shell, culpable de contaminación en Nigeria, etc.) Pequeñas acciones, algunas que incluso vienen desde las administraciones públicas y todas ellas nos parecen bienvenidas, una vez más por la escala en la que se dan y por su replicabilidad.

Cada quien desde sus espacios de conocimiento están aportando a la construcción de alternativas posibles, deseables y palpables de sus formas de entender el Buen Vivir: ese concepto amplio y generoso del que nos gusta sentirnos parte y que incorpora pluralidad, plenitud, convivencia, armonía… Para empezar a definir(nos) siempre ayuda recordar lo que no es. Estas propuestas no son un remiendo del “desarrollo lineal e infinito”. Para Rebecca Hollender precisamente “la viabilidad del Buen Vivir viene de su capacidad de ir más allá del crecimiento económico como sinónimo, mecanismo e indicador del desarrollo y de aceptar la realidad y limitaciones físicas de los ecosistemas y el carácter finito de los recursos naturales de nuestro planeta. Su viabilidad, igualmente, viene de su capacidad de reconocer que la diversidad no solo es importante en la Naturaleza, sino en nuestras sociedades y culturas también”.

Todas las alianzas posibles son bienvenidas. Todas las complicidades también. El hecho de lograr flexibilidad y respeto como partes necesarias de la ecuación nos ayuda a construir alternativas desde lo local, vincularlo con lo regional y llegar hasta lo global. Retomando los ejemplos arriba citados, si los medios digitales llegaron para quedarse bueno será entonces que sigamos promoviendo la unión y solidaridad de esos espacios que permiten que pequeñas acciones se reproduzcan geométricamente con los altavoces de la Red. Eso y que “con un solo click” salvaremos el mundo no son sinónimos, pero tampoco creemos justo denostar estas acciones que aportan a una (tantas veces) aclamada amplificación de legítimas demandas. Hoy más que nunca están al alcance de nuestras manos. Elegir dónde y qué consumimos o qué compartimos en redes sociales son todas ellas acciones políticas que por pequeñas que sean aportan a “ese cambio que queremos ver en el mundo”.

Si volvemos a esto de los prefijos nos quedamos con las micropolíticas capaces de incidir en las macroestrcuturas para recrear alternativas vivibles.