Pronunciamiento en defensa de la vida de Berta Cáceres, líder comunitaria hondureña, y en rechazo a la persecución del pueblo lenca en resistencia en la zona de Río Blanco

Pronunciamiento en defensa de la vida de Berta Cáceres, líder comunitaria hondureña, y en rechazo a la persecución del pueblo lenca en resistencia en la zona de Río Blanco

¡Exigimos libertad para Berta!

“dicen que no existimos pero es una mentira, ahí vivimos y vamos a seguir viviendo. Estamos cuidando el bosque que nos dejaron nuestros abuelos y nuestros hijos y nuestros nietos de eso van a vivir. Este río es sagrado y la tierra también, porque de ella vivimos y tenemos que defenderla porque ¿quién la va a defender si no somos nosotros? “
Marìa Memreño, Dirigente Indìgena Río Blanco

copinhLas organizaciones abajo firmantes, unidas por nuestras convicciones éticas y políticas, nuestro compromiso solidario en defensa de la vida de los pueblos centroamericanos, en defensa de las tierras, el agua, los cultivos y los saberes, manifestamos lo siguiente:  

CONSIDERANDO QUE:

1. El Gobierno de Honduras es un gobierno espurio, surgido al calor de prácticas políticas irregulares y con un bajo nivel de legitimidad en el pueblo hondureño.  Los crímenes y la persecución política desatados a partir del Golpe de Estado contra el presidente Zelaya, han quedado impunes. Los niveles de criminalización y avasallamiento de la protesta social han llegado a sus límites institucionales tanto en Honduras como en el resto de los países de la región centroamericana.
2. Los grupos económicos ligados al Golpe de Estado son cómplices en una estrategia capitalista-extractivista que destruye a Honduras, a sus ecosistemas y a sus pueblos campesinos e indígenas. Lo que priva hoy en Centroamérica son las nuevas formas de acumulación económica que suponen la eliminación de las formas tradicionales y originarias, en perjuicio de pueblos enteros, de sus expresiones sociales, culturales y autóctonas. La violencia contra las mujeres, contra las personas no heterosexuales y contra periodistas y personas involucradas con el sector artístico local, se exacerbó desde el Golpe de Estado y esto ha sido denunciado por diversas organizaciones internacionales de derechos humanos en la región latinoamericana, como el caso de las defensoras y los defensores de los derechos humanos en las Américas, que han indicado que entre 2009 y el 2010 se registraron cerca de 675 casos de agresiones y aproximadamente 65 en los meses de enero a marzo de 2011. (p. 13)
4. Desde hace varios años las comunidades Lencas que conforman el sector de Río Blanco, organizadas en el COPINH, han venido denunciando al Proyecto Hidroeléctrico Agua Zarca por la amenaza que representa para la vida de las comunidades. La concesión del río para dicho proyecto, fue otorgada por el Congreso Nacional con el aval de la Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente, SERNA, en septiembre del 2010 a la Empresa Desarrollo Energético Sociedad Anónima. DESA, con la participación de la trasnacional estatal SINOHYDRO (de capital Chino), inicialmente otorgada por un periodo de 30 años. Estas y otras concesiones se han hecho durante y en el marco del Golpe de Estado, donde se han favorecido de manera ilegal y corrupta, muchas empresas nacionales y trasnacionales.
5. La concesión fue otorgada irrespetuosamente y sin consulta, violentando, en el caso de los Pueblos Originarios, el Derecho a la Consulta Previa, Libre e Informada, el Convenio 169 de la OIT Sobre Pueblos Indígenas y Tribales del Mundo, la Declaración de la ONU Sobre Pueblos Indígena, títulos antiguos y al derecho ancestral al territorio como fuente de vida, sus culturas y espiritualidad, patrimonios económicos y comunitarios
6. La comunidad decidió en un proceso asambleario indígena defender su territorio, por lo que desde el 01 de abril del 2013 hasta el día de hoy 23 de setiembre, han realizado diversas acciones en su defensa.
7. La empresa DESA con un equipo grande de abogados, junto con el Ministerio Publico presentaron una denuncia contra Berta Cáceres, Aureliano Molina y Tomás Membreño acusándolos de coacción, usurpación y daños continuados contra la empresa DESA, encubriendo el verdadero conflicto que es la agresión al territorio Lenca y la legitima acción de defensa que hace el COPINH. El pasado 20 de setiembre del 2013 la Jueza Lissien Lisseth Knight le dictó prisión preventiva a la compañera Berta Cáceres. A Aureliano Molina y Tomás Membreño le dictó otras medidas cautelares tales como no acercarse a Río Blanco y firmar cada 15 días en el juzgado.

EXIGIMOS AL GOBIERNO DE HONDURAS:

1. Se deje sin efecto la sentencia contra la compañera Bertha Cáceres hasta tanto no se cumplan las condiciones políticas y de derechos humanos, mínimas para que se desarrolle un juicio justo, transparente y legal.
2. Se suspenda la orden de desalojo del pueblo en resistencia en Río Blanco.
3. No se continúe con el proyecto de explotación de energía hidroeléctrica en la región del Río Blanco.

Invitamos a la comunidad regional e internacional para que:

1. Organicen protestas contra la persecución política hacia líderes sociales y defensores y defensoras de derechos humanos en Honduras y convoquen acciones de solidaridad hacia la compañera Bertha Cáceres, COPINH y el pueblo Lenca organizado por la defensa de sus tierras

2. Se mantengan en alerta, dado el alto grado de riesgo de violencia de Estado que el pueblo Lenca está viviendo en estos momentos.

3. Fortalezcamos alianzas regionales para la protección de la vida de nuestros pueblos, nuestras tierras y nuestras libertades.  Tomando estas palabras de la compañera Bertha: “ordenaron el desalojo y queremos preguntarle a la Jueza Knight, ¿cómo puede ser desalojado el pueblo de su propio territorio cuando el Estado está obligado a garantizar, a respetar su territorio y vida. Hacemos un llamado a la comunidad nacional e internacional, a las comunidades indígenas en especial a la gran jornada de lucha de defensa de la cultura y la espiritualidad, porque no vamos a echarnos para atrás, donde estemos vamos a seguir adelante apegados a lo que nos ha enseñado Lempira. Yo me declaro como “perseguida política” como “prisionera de conciencia”, no es algo desligado del contexto, a esto nos están orillando, la lucha jurídica es una de las luchas, elevar nuestra capacidad de movilización, es otra. Se va a extender la lucha territorial en las zonas, en defensa de la autonomía indígena, en Intibucá, Lempira, La Paz, Santa Bárbara, redoblaremos esfuerzos porque no nos van a humillar, no nos sentimos humilladas!”

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