REDD+ en Chiapas: crónica de un fracaso anunciado
Claudia Ramos Guillén –Otros Mundos Chiapas– Amigos de la Tierra México
Del Nuevo número de la revista Biodiversidad, sustento y culturas.
La estrategia de REDD (Reducción de Emisiones por Deforestación y Degradación de los bosques) del Estado de Chiapas se alineó a las decisiones federales en materia de cambio climático con motivo de la Conferencia de las Partes, COP16 realizada en Cancún, México en 2010. Previo a esto, en el marco de la 3ra cumbre global de gobernadores ante el cambio climático, los gobernadores de California, EUA; Chiapas, México, y Acre, Brasil, firmaron el Memorándum de Entendimiento para la cooperación técnica, científica y legal con la finalidad de lograr un mercado homologado para la compra-venta de créditos de carbono forestal que pudiera compensar California, para el supuesto combate a la crisis climática, mediante la reducción de emisiones de GEI por la deforestación, la degradación de los suelos y el manejo de los bosques. La Air Resources Board (ARB) del gobierno de California determinó 427 millones de toneladas métricas de CO2 equivalente (MTmCO2e) como limite a alcanzar en 2020.1
En Chiapas se avanzó con un Sistema Multi-escala de Información y su aplicación al proyecto Piloto de Chiapas, la firma del Memorándum de Entendimiento para el Mecanismo REDD, la Presentación de Avances del Programa de Acción ante el Cambio Climático del Estado de Chiapas y la Presentación de la Ley para la Adaptación y Mitigación ante el Cambio Climático en el Estado de Chiapas. Durante la COP-16 también se dio a conocer la operación de 24 Ecobuses con un poco de biodiesel (que serían obtenidos de la siembra de monocultivos de piñón Jatropha curcas y palma aceitera o africana Elaeis guineensis) chiapaneco.
REDD+ en Chiapas fue promovido para el combate de la pobreza y la generación de recursos a los campesinos, se habló de que el plus de REDD+ significaba la participación de las localidades (en las cuales no hubo consulta previa ni información del proyecto2 ). Hubo casos en los que se sugirió que la palma africana aceitera podría ser incluida para la venta de carbono. Para enero de 2011, mientras California se encontraba con un déficit administrativo de 20 millones de dólares en Chiapas se destinan 50 millones de pesos (aproximadamente 3 millones 800 mil dólares) para iniciar el pago a los indígenas con el programa de REDD+ con el pago mensual de 2 mil pesos (aproximadamente 200 dólares) a cada uno de los mil 678 Comuneros de Lacanjá Chansayab, Nahá, Metzabok, Ojo de Agua Chankin, Nueva Palestina y Frontera Corozal. Poco después de esto se creó la policía ecológica, dotándoles a las comunidades de equipo de cómputo, radios portátiles de comunicación y cámaras digitales. Desde su implementación REDD+ fue promocionado en la comunidad lacandona como “una oportunidad de garantizar un mejor futuro para sus hijos y para la humanidad, programa que permitirá a las nuevas generaciones tener mayores oportunidades de desarrollo”, en palabras del anterior gobernador Juan Sabines (2006-2012).
Desde su implementación y a pesar de ser una zona en la que históricamente había habido conflictos agrarios por delimitaciones y dotaciones de tierra, el proyecto avanzó agudizando estos problemas; en algunas ocasiones se documentaron casos de desalojos, problemas entre las comunidades y organizaciones campesinas de la zona. Las comunidades de la región Amador Hernández, Frontera Corozal y organizaciones no gubernamentales, lo señalaron en la declaratoria Reddeldia de septiembre de 2012 cuando sesionó el grupo de trabajo de los gobernadores sobre el Clima y Bosques (GCF) en San Cristóbal de las Casas Chiapas; en esta ocasión se alertaba acerca de los enormes peligros de REDD+, de los problemas que había causado en el estado y de cómo estaba destinado al fracaso.3
En julio de 2013 el secretario de Medio Ambiente e Historia Natural (SEMAHN), Carlos Morales Vázquez anunció la suspensión del programa REDD+ en el estado de Chiapas;4 esta noticia llegó sin sorpresa para muchos de los grupos y organizaciones campesinas que denunciaron en muchas ocasiones como se había operado este programa. El Proyecto REDD+ a pesar de “no ser reconocido oficialmente” desde las iniciativas federales, estuvo plagado de toda clase de vicios desde su ejecución en 2010; incluso conociendo las experiencias que este tipo de proyectos tenía en otros países, se apresuró su aplicación como forma de mostrar a los mercados internacionales de comercio de carbono la buena “voluntad” de Chiapas.5
El programa REDD+ implementado en Chiapas ha dejado grandes lecciones de cómo los proyectos de mercantilización de la naturaleza no funcionan para mitigar el cambio climático. Al final ha tenido enormes costos para las comunidades indígenas y campesinas del estado.
No respetó los derechos de los pueblos indígenas al no informarlos ni incluirlos. Bajo este esquema se dividió a las comunidades, rompiéndose el tejido social, además de incrementar los problemas por la tenencia de la tierra, que de por sí existen entre las comunidades de Montes Azules ante el conflicto por “la brecha lacandona” (área de macizo selvático en la que se implementó el proyecto y en la que históricamente ha habido problemas de delimitaciones de tierra). Acompañado del “proyecto de reconversión productiva” de palma aceitera y piñón (Jatropha curcas) se intentó incluirlo en el rubro de bosques, promocionándolo como promotor de energía limpia, al igual que los grandes megaproyectos de minería, presas y parques eólicos alrededor de todo el estado (desde el 2006). Esta política la sigue también la actual administración.6 A raíz de los enormes casos de corrupción y de pago del proyecto REDD+ con impuestos de la población chiapaneca, el estado está sumido en una de los más grandes crisis económicas de los últimos tiempos (deuda pública de 22 millones de pesos, a saber).7 En resumen REDD+ en Chiapas es la crónica de un fracaso anunciado.
A la par del anuncio de su cancelación y a pesar de ser una experiencia desastrosa en el Programa de Acción ante el Cambio Climático en Chiapas
(PACCCH)8, REDD+ sigue siendo la apuesta en la estrategia contra el cambio climático. También se menciona el área natural protegida de El Triunfo, en donde a través del grupo REDD+ se ha logrado identificar sitios de Monitoreo, Reporte y Verificación (MRV) en la Sierra Madre, los cuales son sitios prioritarios por su alta biodiversidad y porque tienen viabilidad social para la implementación de este programa. A pesar de su suspensión, los planes del nuevo y corregido REDD+ siguen funcionando a través de la estrategia nacional REDD+, impulsada a través de ONUREDD+.
REDD+ se transformó en una forma más de asistencialismo en el que se asume una actitud de “algo es mejor que nada” con respecto a las remuneraciones para la conservación de bosques. Es decir, se acepta como una fuente de ingreso más, lo cual significa que al retirarse, también se puede asumir la actitud de “si no me pagan por conservar, corto la selva”. Es pues lo monetario lo que se sobrepone a la decisión de conservar o no, al igual que está pasando en algunas comunidades de la selva después de retirar los pagos.
Existe una gran ambigüedad en el Acuerdo California-Chiapas-Acre. Recordemos que en mayo de este año el grupo de trabajo de REDD+ Offset Working
Group (ROW) estaba buscando impulsar este acuerdo, a pesar de una gran cantidad de denuncias y observaciones por parte de académicos, organizaciones campesinas y grupos ambientalistas. Existe además una gran incertidumbre con respecto al acuerdo y su destino final en el estado, pues mientras se re-negocia en las esferas internacionales, para los comuneros que recibían la remuneración este programa ha desaparecido —como muchas otras iniciativas— de la estrategia verde del anterior gobernador.
Las experiencias de los pagos por servicios ambientales (PSA) a REDD+. Mucho se ha hablado de que Chiapas por su enorme experiencia en Pagos por Servicios Ambientales (PSA)9 es el terreno idóneo para la puesta en marcha de REDD+. Muchas de las primeras experiencias promovidas durante la COP-16, fueron las experiencias chiapanecas.
Sin embargo, estudios realizados sobre los proyectos PSA indicaron que estos programas no ayudaron en la reducción de la pobreza; los criterios de eficiencia de mercado entran en conflicto con los objetivos primarios de “lucha contra la pobreza”, y por el contrario evidencian la creación de nuevas élites de terratenientes que con buenas conexiones pueden influir en tribunales, la policía, militares, etcétera y eluden al final las restricciones ambientales impuestas para la conservación (McAfee 2013)10.
En muchos de los casos de PSA analizados en Chiapas, Belice, Guatemala y Nicaragua no se cubren ni siquiera las expectativas de ingresos de manera local en las comunidades en donde se desarrollan los proyectos11.
También se ha demostrado que cuando los valores no monetarios e incentivos colectivos apoyan la distribución equitativa de los derechos de uso de la tierra y suelo, sí se limitan las practicas destructivas del ambiente, pero también es cierto que el pago por desempeño desplaza estas prácticas colectivas de cuidado del bosque y las sustituye con estrategias individualistas y de corto plazo (McAfee, 2012).12
Los mecanismos PSA abren grandes interrogantes acerca de cómo se miden los beneficios obtenidos en ellos y cómo es que existe una gran ambigüedad en las metodologías para medir sus impactos. Cómo se asegura que las zonas aledañas que no estén bajo este esquema no sean sobreexplotadas. Un caso concreto lo tenemos en la región de Montes Azules en Chiapas en donde el polígono de la “reserva” se está rodeando de grandes zonas de explotación de monocultivos de palma africana, y de ganadería extensiva, mucha de ella realizada con incentivos económicos por parte del gobierno. Se crean así islas de conservación en las que tenemos un área conservada intocable rodeada de un área sobreexplotada y con proliferación de monocultivos.
Queda pues la duda de la toma de “experiencia” en cuanto a pagos por servicios ambientales y de cómo éstos se materializan en REDD+ en el estado de Chiapas.
Qué camino sigue REDD+ en México. La visión nacional REDD+ plantea en su documento13 que: “Para el 2020 en México la tasa nacional de degradación
forestal se habrá reducido significativamente respecto del nivel de referencia. Se habrá extendido el uso sustentable de los recursos y la regeneración natural e inducida; se habrá logrado desestimular las quemas no controladas, la mejora en las prácticas de prevención, combate y control de agentes de disturbio en los ecosistemas y la creación de estímulos y prácticas sustentables de uso del territorio”. Bajo este lineamiento es lanzada la estrategia nacional REDD+, liderada por la CONAFOR (Comisión Nacional Forestal, organismo federal para realizar actividades en materia forestal en México) con el programa de acciones tempranas en los estados de Jalisco, Campeche, Quintana Roo, Yucatán y Chiapas y una inversión de 33 millones 800 mil dólares provenientes de fondos multilaterales del Banco Mundial (Forest Carbon Partnership Facility y el Programa de Inversión Forestal). Se comprometen 138 millones de hectáreas al mecanismo REDD+, la mayoría en territorios indígenas. Adicionalmente, la idea principal es que este programa se lleve a cabo con el financiamiento de diversos actores (según lo expresado en visión de México sobre REDD+), a pesar de lo que México se ha endeudado con el Banco Mundial por 678 millones de dólares destinados a acciones para impulsar REDD+.14
Según la estrategia nacional, las acciones tempranas se ubican en aproximadamente 57 municipios de Chiapas, lo que también comprende 16 Áreas Naturales Protegidas en Corredores Biológicos y la Selva Lacandona. Estas experiencias incluyen las impulsadas por la Comisión Nacional Forestal que desde el 2007 tenía proyectos de pagos por servicios hidrológicos, agua y captura de carbono, con financiamiento del Fondo Mundial para el medio ambiente (GEF), Banco Mundial y la Agencia Española para la Cooperación y el Desarrollo (AECID) y principalmente el proyecto Scolel Té de la cooperativa AMBIO, que abarca un promedio de 5 mil hectáreas con financiamiento del Banco Mundial y de la Internationale De L’Automobile (FIA) y participación de organizaciones como Conservación Internacional (CI), El Colegio de la Frontera Sur (ECOSUR) y la Fundación Na Bolom.
Las declaraciones de funcionarios públicos de las instituciones forestales mexicanas hablan de los derechos de los pueblos con respecto a la implementación de proyectos REDD+ a nivel nacional, pues parte de esta “nueva” estrategia es hacer “consultas libres y con información”, pero cuando se habla de derecho de veto de las comunidades hacia este proyecto, la repuesta es siempre: “las comunidades lo pueden hacer en su localidad pero que nadie puede vetar una estrategia nacional”.15
Un caso emblemático sucedió en junio de 2013 en Panamá. Los guna yala, prohibieron todas las actividades relacionadas con REDD+ en su territorio. Su asamblea hizo un llamado a todos los pueblos indígenas a tomar con cautela este proyecto. La reacción no se hizo esperar por parte de los impulsores de REDD+ y ONUREDD+ en este país, diciendo que el pueblo guna “no había asimilado los conceptos de REDD+ y sus beneficios, y que más que precaución por el derecho de las comunidades a decidir sobre su tierra y territorio, lo que necesitan los pueblos es más información acerca de esos tan mencionados beneficios del programa”16. Aun cuando las comunidades decidan sobre su territorio, prevalece la idea de que si REDD+ no es tomada como la “alternativa”, se tendrían que publicitar los beneficios del programa para lograr un mejor entendimiento, lo cual implica dejar de lado la capacidad de los pueblos originarios para optar por alternativas propias frente a la crisis climática.
En México los procesos de consulta “libre e informada” en las comunidades no son vinculantes con respecto al proceso nacional. Esto en materia legal refleja un enorme vacío, pues limita el derecho de los pueblos a tomar decisiones sobre su tierra y territorio. 17
¿Se puede sin REDD+? Qué hacen las comunidades desde el propio territorio: el caso en Chiapas. Hablar de el bosque en Chiapas es hacerlo con la innegable e intrínseca relación que tienen los pueblos originarios con su territorio y el manejo de sus bosques. El 60 % del estado está en manos de ejidos y comunidades18, en su mayoría pueblos indígenas y campesinos. Este territorio es considerado megadiverso en cuanto lo biológico y cultural y conviven ecosistemas que van desde bosque mesofilo a la selva alta y mediana pasando por el bosque deciduo. Es considerado por los índices internacionales de desarrollo como uno de los lugares con mayores índices de pobreza y marginalidad económica de México.
Al interior de las comunidades que son en su mayoría agricultores de subsistencia, el bosque es el principal proveedor de una de las principales fuentes de combustible a nivel doméstico en las zonas rurales: la leña. Además, los sitios destinados a la agricultura conforman una compleja matriz donde bosque y tierras de cultivo se entremezclan; no se pueden explicar sin entender su enorme relación.
El manejo del bosque en el estado es una combinación entre saberes ancestrales y experiencias “nuevas”. Existen experiencias de manejo de bosque en la zona de la Selva del estado, agroforestería análoga en la Zona Fronteriza y Norte de Chiapas con uso de especies locales. Algunos ejemplos claros de manejo de árboles los tenemos en los sistemas de huerto familiar y la roza-tumba-quema rotacional con “manejo de acahuales”, que han permitido hacer uso de la biodiversidad existente.
Sobre el manejo comunitario del bosque en los Altos de Chiapas se encuentran casos en los que la mayoría de los bienes comunales de las localidades se encuentran cubiertos por una proporción significativa de bosques y que las propias comunidades en colectivo han tomado decisiones para su conservación. Algunas ponen reglas básicas para su cuidado, como evitar el corte de árboles para abrir áreas agrícolas o ganaderas, prohibir las ventas individuales de árboles, cuidar el número de árboles que se pueden obtener para una casa y leña, o estableces programas locales de reforestación, siempre en acuerdo de asamblea comunitaria.
En contraposición, en los ejidos y comunidades donde predomina la propiedad individual no existe el aprovechamiento comunal, ya que las decisiones de manejo son tomadas de forma individual por los propietarios, lo que lleva en muchos casos a ventas individuales de madera, sin un manejo adecuado, el bosque es explotado de manera excesiva. (Un estudio muy amplio para los Altos de Chiapas lo ofrece Cortina et. al 2006, 2007.19 Formas ancestrales y novedosas de ver al bosque se pueden conjugar, siempre y cuando se desarrollen colectivamente y respondan a las necesidades desde las propias comunidades (formas de organización, toma de decisiones. etcétera). Hay infinidad de ejemplos a partir del Lekil Kuxlejal (en la lengua originaria tsotsil se emplea para designar el buen vivir) sobre cómo podemos coexistir con el bosque.
La entrada de distintos proyectos de mejora de sistema productivos o de “reconversión productiva”, incluyendo el grado de erosión que tienen
algunos sistemas agrícolas sirve de pretexto para el desarrollo de estrategias, que como REDD+, son paliativos ante la crisis climática e implican una nueva forma de apropiarse de las tierras y tener control sobre el territorio. En la medida que las comunidades se posicionen para defenderse de la entrada de proyectos “verdes” y generen alternativas desde los propios saberes, darán los primeros pasos en la búsqueda de condiciones sociales de mayor justicia y equidad.
Para generar soluciones verdaderas al cambio climático se requieren medidas democráticas y técnicamente coherentes para transitar a sistemas
energéticos sustentables, y para poder eliminar con carácter de urgente el uso y abuso de los hidrocarburos.
El fracaso de REDD+ en todas sus versiones, REDD++ y las que se sumen, incluido REDD azul, sólo pone en tela de juicio la capacidad de análisis que instituciones, programas y gobiernos tienen frente a un problema tan complejo como la “crisis climática”; nos pone también de frente al hecho de que los recursos y medidas para conservar los bosques y las selvas deben ser adicionales y democráticamente definidos y no aprobarse en compensación ni imposición para seguir contaminando. Se deben tomar en cuenta experiencias de alternativas sustentables de los pueblos originarios y campesinos, que apoyen la gestión y conservación de bosques desde una visión comunitaria; que no sean parte de los mercados ni sean controlados por corporaciones, instituciones financieras internacionales o los “coyotes verdes20” de la conservación, y sí colectivamente por los pueblos.
NOTAS:
1. http://otrosmundoschiapas.org/docs/escaramujo/escaramujo624_enreddo_chiapas.pdf -consultado enero 2013.
2. http://reddeldia.blogspot.mx/p/declaratoria.html -consultado julio 2013.
3. http://reddeldia.blogspot.mx/p/declaratoria.html -consultado julio 2013.
4. http://www.oem.com.mx/helheraldodechiapas/notas/n3045308.htm -consultado el 10 de julio de 2013.
5. http://reddeldia.blogspot.mx/2013/07/redd-cronica-de-un-fracaso-anunciado.html#more -julio de 2013.
6. http://www.biodiesel.chiapas.gob.mx/biodiesel.html -consultado 17 de noviembre de 2013.
7. http://www.proceso.com.mx/?p=342243 -consultado julio de 2013
8. http://www.cambioclimaticochiapas.org/portal/index.php/redd consultado el 11 de julio de 2013.
9. Se hace referencia en general a pagos por servicios eco sistémicos, que incluyen, captura de carbono, servicios hidrológicos y ambientales.
10. Mcaffe, K. 2012. “The Contradictory Logic of Global Ecosystem-Services Markets”, en Development and Change 43:1.
11 Ruiz de Oña Plaza, C. 2013. “La estrategia de los servicios ecosistémicos y su potencial”. En: La biodiversidad en Chiapas: Estudio de estado. Volumen I. Comisión Nacional de Biodiversidad CONABIO. 2013.543pp. También ver: Ruiz de Oña Plaza, C. 2006.Sistemas agroforestales para la captura de carbono en Chiapas, México:¿De la Adopción a la apropiación? Tesis de maestría. El colegio de la frontera Sur (ECOSUR). San Cristóbal de Las Casas Chiapas. 80 p.
12. McAffe, K.2013. The ROW recommendations about the Project AB32. En : http: http://www.redd-monitor.org/2013/05/03/including-offsets-from-latin-america-in-californias-cap-and-trade-plan-is-a-bad-idea/
13. http://www.conafor.gob.mx:8080/documentos/docs/7/1393Visi%C3%B3n%20de%20M%C3%A9xico%20sobre%20REDD_.pdf consultado el 09 de septiembre de
2013.
14. http://contralinea.info/archivo-revista/index.php/2013/09/16/mexico-se-endeuda-con-678-millones-de-dolares-por-redd/ consultado el 19 de
noviembre de 2013.
15. http://contralinea.info/archivo-revista/index.php/2013/08/04/mexico-cede-sus-bosques-selvas-redd/ consultado 13 de septiembre de 2013.
16. http://www.scidev.net/america-latina/medio-ambiente/noticias/cient-ficos-temen-por-el-futuro-de-redd-en-am-rica-latina.html consultado 18 de
noviembre de 2013
17. Ibid: http://contralinea.info/archivo-revista/index.php/2013/08/04/mexico-cede-sus-bosques-selvas-redd/ consultado 13 de septiembre de 2013.
18. http://www.sedatu.gob.mx/sraweb/noticias/noticias-2012/junio-2012/12345/
19. Cortina, S; et al. S/f. Uso del suelo y deforestación en los Altos de Chiapas, México. Tesis de doctorado en Geografía, Universidad Nacional
Autónoma de México. Facultad de Filosofía y Letras. 135 pp. Cortina, S., J. Lopez-Blanco,H.R. Perales.B.R. Ramirez,A. Pizano,R. Gomez,U Vieyra, S.Stetter y H.Plascencia.2006. Deforestación en Los Altos de Chiapas. Magnitud y causas. Recomendaciones para la planeación estratégica forestal. El Colegio de la Frontera Sur, Tapachula Chiapas.27 p.
20. Grandes intermediarios (organizaciones no gubernamentales, académicas, etcétera), que se verían beneficiadas con la implementación del mecanismo.
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