REDD+ en Chiapas: crónica de un fracaso anunciado

Claudia Ramos Guillén –Otros Mundos Chiapas– Amigos de la Tierra México

Del Nuevo número de la revista Biodiversidad, sustento y culturas.

La estrategia de REDD (Reducción de Emisiones por Deforestación y Degradación de los bosques) del Estado de Chiapas se alineó a las decisiones federales en materia de cambio climático con motivo de la Conferencia de las Partes, COP16 realizada en Cancún, México en 2010. Previo a esto, en el marco de la 3ra cumbre global de gobernadores ante el cambio climático, los gobernadores de California, EUA; Chiapas, México, y Acre, Brasil, firmaron el Memorándum de Entendimiento para la cooperación técnica, científica y legal con la finalidad de lograr un mercado homologado para la compra-venta de créditos de carbono forestal que pudiera compensar California, para el supuesto combate a la crisis climática, mediante la reducción de emisiones de GEI por la deforestación, la degradación de los suelos y el manejo de los bosques. La Air Resources Board (ARB) del gobierno de California determinó 427 millones de toneladas métricas de CO2 equivalente (MTmCO2e) como limite a alcanzar en 2020.1

En Chiapas se avanzó con un Sistema Multi-escala de Información y su aplicación al proyecto Piloto de Chiapas, la firma del Memorándum de Entendimiento para el Mecanismo REDD, la Presentación de Avances del Programa de Acción ante el Cambio Climático del Estado de Chiapas y la Presentación de la Ley para la Adaptación y Mitigación ante el Cambio Climático en el Estado de Chiapas. Durante la COP-16 también se dio a conocer la operación de 24 Ecobuses con un poco de biodiesel (que serían obtenidos de la siembra de monocultivos de piñón Jatropha curcas y palma aceitera o africana Elaeis guineensis) chiapaneco.

REDD+ en Chiapas fue promovido para el combate de la pobreza y la generación de recursos a los campesinos, se habló de que el plus de REDD+ significaba la participación de las localidades (en las cuales no hubo consulta previa ni información del proyecto2 ). Hubo casos en los que se sugirió que la palma africana aceitera podría ser incluida para la venta de carbono. Para enero de 2011, mientras California se encontraba con un déficit administrativo de 20 millones de dólares en Chiapas se destinan 50 millones de pesos (aproximadamente 3 millones 800 mil dólares) para iniciar el pago a los indígenas con el programa de REDD+ con el pago mensual de 2 mil pesos (aproximadamente 200 dólares) a cada uno de los mil 678 Comuneros de Lacanjá Chansayab, Nahá, Metzabok, Ojo de Agua Chankin, Nueva Palestina y Frontera Corozal. Poco después de esto se creó la policía ecológica, dotándoles a las comunidades de equipo de cómputo, radios portátiles de comunicación y cámaras digitales. Desde su  implementación REDD+ fue promocionado en la comunidad lacandona como “una oportunidad de  garantizar un mejor futuro para sus hijos y para la humanidad, programa que permitirá a las nuevas generaciones tener mayores oportunidades de desarrollo”, en palabras del anterior gobernador Juan Sabines (2006-2012).

Desde su implementación y a pesar de ser una zona en la que históricamente había habido conflictos agrarios por delimitaciones y dotaciones de tierra, el proyecto avanzó agudizando estos problemas; en algunas ocasiones se documentaron casos de desalojos, problemas entre las comunidades y organizaciones campesinas de la zona. Las comunidades de la región Amador Hernández, Frontera Corozal y organizaciones no gubernamentales, lo señalaron en la declaratoria Reddeldia de septiembre de 2012  cuando sesionó el grupo de trabajo de los gobernadores sobre el Clima y Bosques (GCF) en San Cristóbal de las Casas Chiapas; en esta ocasión se alertaba acerca de los enormes peligros de REDD+, de los  problemas que había causado en el estado y de cómo estaba destinado al fracaso.3

En julio de 2013 el secretario de Medio Ambiente e Historia Natural (SEMAHN), Carlos Morales Vázquez anunció la suspensión del programa REDD+ en el estado de Chiapas;4 esta noticia llegó sin sorpresa para muchos de los grupos y organizaciones campesinas que denunciaron en muchas ocasiones  como se había operado este  programa. El Proyecto REDD+ a pesar de “no ser reconocido oficialmente” desde las iniciativas federales, estuvo plagado de toda clase de vicios desde su ejecución en 2010; incluso conociendo las experiencias que este tipo de proyectos tenía en otros países, se apresuró su aplicación como forma de mostrar a los mercados internacionales de comercio de carbono la buena “voluntad” de Chiapas.5

El programa REDD+ implementado en Chiapas ha dejado grandes  lecciones de cómo los proyectos de mercantilización de la naturaleza no funcionan para mitigar el cambio climático. Al final ha tenido enormes costos para las  comunidades indígenas y campesinas del estado.

No respetó los derechos de los pueblos indígenas al no informarlos ni incluirlos. Bajo este esquema se dividió a las comunidades, rompiéndose el tejido social, además de incrementar los problemas por la tenencia de la tierra, que de por sí existen entre las comunidades de Montes Azules ante el conflicto por “la brecha lacandona” (área de macizo selvático en la que se implementó el proyecto y en la que históricamente ha habido problemas de delimitaciones de tierra). Acompañado del “proyecto de reconversión productiva” de palma aceitera y piñón (Jatropha curcas) se  intentó incluirlo en el rubro de bosques, promocionándolo como promotor de energía limpia, al igual que los grandes megaproyectos de minería, presas y parques eólicos alrededor de todo el estado (desde el 2006). Esta política la sigue también la actual administración.6 A raíz de los enormes casos de corrupción y de pago del proyecto REDD+ con impuestos de la población chiapaneca, el estado está sumido en una de los más grandes crisis económicas de los últimos tiempos (deuda pública de 22 millones de pesos, a saber).7 En resumen REDD+ en Chiapas es la crónica de un fracaso anunciado.

A la par del anuncio de su cancelación y a pesar de ser una experiencia desastrosa en el Programa de Acción ante el Cambio Climático en Chiapas
(PACCCH)8, REDD+ sigue siendo la apuesta en la estrategia contra el cambio climático. También se menciona el área natural protegida de El Triunfo, en donde a través del grupo REDD+ se ha logrado identificar sitios de Monitoreo, Reporte y Verificación (MRV) en la Sierra Madre, los cuales son sitios prioritarios por su alta biodiversidad y porque tienen viabilidad social para la implementación de este programa. A pesar de su suspensión, los planes del nuevo y corregido REDD+ siguen funcionando a través de la estrategia nacional REDD+, impulsada a través de ONUREDD+.

REDD+ se transformó en una forma más de asistencialismo en el que se asume una actitud de “algo es mejor que nada” con respecto a las remuneraciones para la conservación de bosques. Es decir, se acepta como una fuente de ingreso más, lo cual significa que al retirarse, también se puede asumir la actitud de “si no me pagan por conservar, corto la selva”. Es pues lo monetario lo que se sobrepone a la decisión de conservar o no, al igual que está pasando en algunas comunidades de la selva después de retirar los pagos.

Existe una gran ambigüedad en el Acuerdo California-Chiapas-Acre. Recordemos que en mayo de este año el grupo de trabajo de  REDD+ Offset Working
Group (ROW) estaba buscando impulsar este acuerdo, a pesar de una gran cantidad de denuncias y observaciones por parte de académicos, organizaciones campesinas y grupos ambientalistas. Existe además una gran incertidumbre con respecto al acuerdo y su destino final en el estado, pues mientras se re-negocia en las esferas internacionales, para los comuneros que recibían la remuneración este programa ha desaparecido —como muchas otras iniciativas— de la estrategia verde del anterior gobernador.

Las experiencias de los pagos por servicios ambientales (PSA) a REDD+. Mucho se ha hablado de que Chiapas por su enorme experiencia en Pagos por Servicios Ambientales (PSA)9 es el terreno idóneo para la puesta en marcha de REDD+. Muchas de las primeras experiencias promovidas durante la COP-16, fueron las experiencias chiapanecas.

Sin embargo, estudios realizados sobre los proyectos PSA indicaron que estos programas no ayudaron en la reducción de la pobreza; los criterios de eficiencia de mercado entran en conflicto con los objetivos primarios de “lucha contra la pobreza”, y por el contrario evidencian la creación de nuevas élites de terratenientes que con buenas conexiones pueden influir en tribunales, la policía, militares, etcétera y eluden al final las restricciones ambientales impuestas para la conservación (McAfee 2013)10.

En muchos de los casos de PSA analizados en Chiapas, Belice, Guatemala y Nicaragua no se cubren ni siquiera las expectativas de ingresos de manera local en las comunidades en donde se desarrollan los proyectos11.

También se ha demostrado que cuando los valores no monetarios e incentivos colectivos apoyan la distribución equitativa de los derechos de uso de la tierra y suelo, sí se limitan las practicas destructivas del ambiente, pero también es cierto que el pago por desempeño desplaza estas prácticas colectivas de cuidado del bosque y las sustituye con estrategias individualistas y de corto plazo (McAfee, 2012).12

Los mecanismos PSA abren grandes interrogantes acerca de cómo se miden los beneficios obtenidos en ellos y cómo es que existe una gran ambigüedad en las metodologías para medir sus impactos. Cómo se asegura que las zonas aledañas que no estén bajo este esquema no sean sobreexplotadas. Un caso concreto lo tenemos en la región de Montes Azules en Chiapas en donde el polígono de la “reserva” se está rodeando de grandes zonas de explotación de monocultivos de palma africana, y de ganadería extensiva, mucha de ella realizada con incentivos económicos por parte del gobierno. Se crean así islas de conservación en las que tenemos un área conservada intocable rodeada de un área sobreexplotada y con proliferación de monocultivos.

Queda pues la duda de la toma de “experiencia” en cuanto a pagos por servicios ambientales y de cómo éstos se materializan en REDD+ en el estado de Chiapas.

Qué camino sigue REDD+ en México. La visión nacional REDD+ plantea en su documento13 que: “Para el 2020 en México la tasa nacional de degradación
forestal se habrá reducido significativamente respecto del nivel de referencia. Se habrá extendido el uso sustentable de los recursos y la regeneración natural e inducida; se habrá logrado desestimular las quemas no controladas, la mejora en las prácticas de prevención, combate y control de agentes de disturbio en los ecosistemas y la creación de estímulos y prácticas sustentables de uso del territorio”. Bajo este lineamiento es lanzada la estrategia nacional REDD+, liderada por la CONAFOR (Comisión Nacional Forestal, organismo federal para realizar actividades en materia forestal en México) con el programa de acciones tempranas en los estados de Jalisco, Campeche, Quintana Roo, Yucatán y Chiapas y una inversión de 33 millones 800 mil dólares provenientes de fondos multilaterales del Banco Mundial (Forest Carbon Partnership Facility y el Programa de Inversión Forestal). Se comprometen 138 millones de hectáreas al mecanismo REDD+, la mayoría en territorios indígenas. Adicionalmente, la idea principal es que este programa se lleve a cabo con el financiamiento de diversos actores (según lo expresado en visión de México sobre REDD+), a pesar de lo que México se ha endeudado con el Banco Mundial por 678 millones de dólares destinados a acciones para impulsar REDD+.14

Según la estrategia nacional, las acciones tempranas se ubican en aproximadamente 57 municipios de Chiapas, lo que también comprende 16 Áreas Naturales Protegidas en Corredores Biológicos y la Selva Lacandona. Estas experiencias incluyen las impulsadas por la Comisión Nacional Forestal que desde el 2007 tenía proyectos de pagos por servicios hidrológicos, agua y captura de carbono, con financiamiento del Fondo Mundial para el medio ambiente (GEF), Banco Mundial y la Agencia Española para la Cooperación y el Desarrollo (AECID) y principalmente el proyecto Scolel Té de la cooperativa AMBIO, que abarca un promedio de 5 mil hectáreas con financiamiento del Banco Mundial y de la Internationale De L’Automobile (FIA) y participación de organizaciones como Conservación Internacional (CI), El Colegio de la Frontera Sur (ECOSUR) y la Fundación Na Bolom.

Las declaraciones de funcionarios públicos de las instituciones forestales mexicanas hablan de los derechos de los pueblos con respecto a la implementación de proyectos REDD+ a nivel nacional, pues parte de esta “nueva” estrategia es hacer “consultas libres y con información”, pero cuando se habla de derecho de veto de las comunidades hacia este proyecto, la repuesta es siempre: “las comunidades lo pueden hacer en su localidad pero que nadie puede vetar una estrategia nacional”.15

Un caso emblemático sucedió en junio de 2013 en Panamá. Los guna yala, prohibieron todas las actividades relacionadas con REDD+ en su territorio. Su asamblea hizo un llamado a todos los pueblos indígenas a tomar con cautela este proyecto. La reacción no se hizo esperar por parte de los impulsores de REDD+ y ONUREDD+ en este país, diciendo que el pueblo guna “no había asimilado los conceptos de REDD+ y sus beneficios, y que más que precaución por el derecho de las comunidades a decidir sobre su tierra y territorio, lo que necesitan los pueblos es más información acerca de esos tan mencionados beneficios del programa”16. Aun cuando las comunidades decidan sobre su territorio, prevalece la idea de que si REDD+ no es tomada como la “alternativa”, se tendrían que publicitar los beneficios del programa para lograr un mejor entendimiento, lo cual implica dejar de lado la capacidad de los pueblos originarios para optar por alternativas propias frente a la crisis climática.

En México los procesos de consulta “libre e informada” en las comunidades no son vinculantes con respecto al proceso nacional. Esto en materia legal refleja un enorme vacío, pues limita el derecho de los pueblos a tomar decisiones sobre su tierra y territorio. 17

¿Se puede sin REDD+? Qué hacen las comunidades desde el propio territorio: el caso en Chiapas. Hablar de el bosque en Chiapas es hacerlo con la innegable e intrínseca relación que tienen los pueblos originarios con su territorio y el manejo de sus bosques. El 60 % del estado está en manos de ejidos y comunidades18, en su mayoría pueblos indígenas y campesinos. Este territorio es considerado megadiverso en cuanto lo biológico y cultural y conviven ecosistemas que van desde bosque mesofilo a la selva alta y mediana pasando por el bosque deciduo. Es considerado por los índices internacionales de desarrollo como uno de los lugares con mayores índices de pobreza y marginalidad económica de México.

Al interior de las comunidades que son en su mayoría agricultores de subsistencia, el bosque es el principal proveedor de una de las principales fuentes de combustible a nivel doméstico en las zonas rurales: la leña. Además, los sitios destinados a la agricultura conforman una compleja matriz donde bosque y tierras de cultivo se entremezclan; no se pueden explicar sin entender su enorme relación.

El manejo del bosque en el estado es una combinación entre saberes ancestrales y experiencias “nuevas”. Existen experiencias de manejo de bosque en la zona de la Selva del estado, agroforestería análoga en la Zona Fronteriza y Norte de Chiapas con uso de especies locales. Algunos ejemplos claros de manejo de árboles los tenemos en los sistemas de huerto familiar y la roza-tumba-quema rotacional con “manejo de acahuales”, que han permitido hacer uso de la biodiversidad existente.

Sobre el manejo comunitario del bosque en los Altos de Chiapas se encuentran casos en los que la mayoría de los bienes comunales de las localidades se encuentran cubiertos por una proporción significativa de bosques y que las propias comunidades en colectivo han tomado decisiones para su conservación. Algunas ponen reglas básicas para su cuidado, como evitar el corte de árboles para abrir áreas agrícolas o ganaderas, prohibir las ventas individuales de árboles, cuidar el número de árboles que se pueden obtener para una casa y leña, o estableces programas locales de reforestación, siempre en acuerdo de asamblea comunitaria.

En contraposición, en los ejidos y comunidades donde predomina la propiedad individual no existe el aprovechamiento comunal, ya que las decisiones de manejo son tomadas de forma individual por los propietarios, lo que lleva en muchos casos a ventas individuales de madera, sin un manejo adecuado, el bosque es explotado de manera excesiva. (Un estudio muy amplio para los Altos de Chiapas lo ofrece Cortina et. al 2006, 2007.19 Formas ancestrales y novedosas de ver al bosque se pueden conjugar, siempre y cuando se desarrollen colectivamente y respondan a las necesidades desde las propias comunidades (formas de organización, toma de decisiones. etcétera). Hay infinidad de ejemplos a partir del Lekil Kuxlejal (en la lengua originaria tsotsil se emplea para designar el buen vivir) sobre cómo podemos coexistir con el bosque.

La entrada de distintos proyectos de mejora de sistema productivos o de “reconversión productiva”, incluyendo el grado de erosión que tienen
algunos sistemas agrícolas sirve de pretexto para el desarrollo de estrategias, que como REDD+, son paliativos ante la crisis climática e implican una nueva forma de apropiarse de las tierras y tener control sobre el territorio. En la medida que las comunidades se posicionen para defenderse de la entrada de proyectos “verdes” y generen alternativas desde los propios saberes, darán los primeros pasos en la búsqueda de condiciones sociales de mayor justicia y equidad.

Para generar soluciones verdaderas al cambio climático se requieren medidas democráticas y técnicamente coherentes para transitar a sistemas
energéticos sustentables, y para poder eliminar con carácter de urgente el uso y abuso de los hidrocarburos.

El fracaso de REDD+ en todas sus versiones, REDD++ y las que se sumen, incluido REDD azul, sólo pone en tela de juicio la capacidad de análisis que instituciones, programas y gobiernos tienen frente a un problema tan complejo como la “crisis climática”; nos pone también de frente al hecho de que los recursos y medidas para conservar los bosques y las selvas deben ser adicionales y democráticamente definidos y no aprobarse en compensación ni imposición para seguir contaminando. Se deben tomar en cuenta experiencias de alternativas sustentables de los pueblos originarios y campesinos, que apoyen la gestión y conservación de bosques desde una visión comunitaria; que no sean parte de los mercados ni sean controlados por corporaciones, instituciones financieras internacionales o los “coyotes verdes20” de la conservación, y sí colectivamente por los pueblos.

NOTAS:

1. http://otrosmundoschiapas.org/docs/escaramujo/escaramujo624_enreddo_chiapas.pdf -consultado enero 2013.
2. http://reddeldia.blogspot.mx/p/declaratoria.html -consultado julio 2013.
3. http://reddeldia.blogspot.mx/p/declaratoria.html -consultado julio 2013.
4. http://www.oem.com.mx/helheraldodechiapas/notas/n3045308.htm -consultado el 10 de julio de 2013.
5. http://reddeldia.blogspot.mx/2013/07/redd-cronica-de-un-fracaso-anunciado.html#more -julio de 2013.
6. http://www.biodiesel.chiapas.gob.mx/biodiesel.html -consultado 17 de noviembre de 2013.
7. http://www.proceso.com.mx/?p=342243 -consultado julio de 2013
8. http://www.cambioclimaticochiapas.org/portal/index.php/redd consultado el 11 de julio de 2013.
9. Se hace referencia en general a pagos por servicios eco sistémicos, que incluyen, captura de carbono, servicios hidrológicos y ambientales.
10. Mcaffe, K. 2012. “The Contradictory Logic of Global Ecosystem-Services Markets”, en Development and Change 43:1.
11 Ruiz de Oña Plaza, C. 2013. “La estrategia de los servicios ecosistémicos y su potencial”. En: La biodiversidad en Chiapas: Estudio de estado. Volumen I. Comisión Nacional de Biodiversidad CONABIO. 2013.543pp. También ver: Ruiz de Oña Plaza, C. 2006.Sistemas agroforestales para la captura de carbono en Chiapas, México:¿De la Adopción a la apropiación? Tesis de maestría. El colegio de la frontera Sur (ECOSUR). San Cristóbal de Las Casas Chiapas. 80 p.
12. McAffe, K.2013. The ROW recommendations about the Project AB32. En : http: http://www.redd-monitor.org/2013/05/03/including-offsets-from-latin-america-in-californias-cap-and-trade-plan-is-a-bad-idea/
13. http://www.conafor.gob.mx:8080/documentos/docs/7/1393Visi%C3%B3n%20de%20M%C3%A9xico%20sobre%20REDD_.pdf consultado el 09 de septiembre de
2013.
14. http://contralinea.info/archivo-revista/index.php/2013/09/16/mexico-se-endeuda-con-678-millones-de-dolares-por-redd/ consultado el 19 de
noviembre de 2013.
15. http://contralinea.info/archivo-revista/index.php/2013/08/04/mexico-cede-sus-bosques-selvas-redd/ consultado 13 de septiembre de 2013.
16. http://www.scidev.net/america-latina/medio-ambiente/noticias/cient-ficos-temen-por-el-futuro-de-redd-en-am-rica-latina.html consultado 18 de
noviembre de 2013
17. Ibid: http://contralinea.info/archivo-revista/index.php/2013/08/04/mexico-cede-sus-bosques-selvas-redd/ consultado 13 de septiembre de 2013.
18. http://www.sedatu.gob.mx/sraweb/noticias/noticias-2012/junio-2012/12345/
19. Cortina, S; et al. S/f. Uso del suelo y deforestación en los Altos de Chiapas, México. Tesis de doctorado en Geografía, Universidad Nacional
Autónoma de México. Facultad de Filosofía y Letras. 135 pp. Cortina, S., J. Lopez-Blanco,H.R. Perales.B.R. Ramirez,A. Pizano,R. Gomez,U Vieyra, S.Stetter y H.Plascencia.2006. Deforestación en Los Altos de Chiapas. Magnitud y causas. Recomendaciones para la planeación estratégica forestal. El Colegio de la Frontera Sur, Tapachula Chiapas.27 p.
20. Grandes intermediarios (organizaciones no gubernamentales, académicas, etcétera), que se verían beneficiadas con la implementación del mecanismo.

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México se endeuda con 678 millones de dólares por Redd+

Elva Mendoza, Revista Contralínea

El gobierno de México contrata deuda por más de 678 millones de dólares con el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo para incorporar los bosques y selvas del país al Redd+. Para “conservar” y “reforestar”, las autoridades mexicanas disponen de otros 57 millones 250 mil dólares, producto de donativos internacionales. No obstante, ni la Semarnat ni la Conafor son capaces de aclarar el destino de ese dinero, que en pesos supera los 9 mil 600 millones, y del cual no están obligados a rendir cuentas. Al posibilitar el pago por servicios ambientales, el mecanismo internacional Redd+ mercantiliza las áreas verdes y privatiza el oxígeno, considera investigador

Los países desarrollados, organismos multilaterales y organizaciones internacionales han puesto a disposición de las autoridades mexicanas, al menos, 735 millones 750 mil dólares desde 2008 –unos 9 mil 691 millones de pesos– para operar proyectos forestales relacionados con el mecanismo internacional de Reducción de Emisiones por Deforestación y Degradación Evitada (Redd+) y discutir la Estrategia Nacional Redd+, revelan documentos, bases de datos y fuentes a las que ha tenido acceso Contralínea.

De los más de 735 millones de dólares, únicamente el 8.4 por ciento –57 millones 250 mil dólares, es decir, alrededor de 753 millones 180 mil pesos– corresponde a donativos; el restante 91.6 por ciento –678 millones 500 mil dólares, aproximadamente 8 mil 926 millones 340 mil pesos– es recurso solicitado como préstamos al Banco Mundial (BM) y al Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

A iniciativa de Noruega, Redd+ es una propuesta de los países integrantes de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC) y tiene como objetivo “reducir” la emisión de gases de efecto invernadero por medio de la conservación de bosques o la restauración de las áreas forestales degradadas. Su funcionamiento se centra en que los países industrializados que tienen compromisos de reducción de emisiones en el Protocolo de Kioto –y que generalmente se encuentran en el hemisferio Norte– otorgan compensaciones económicas a los países pobres que cuentan con recursos forestales –y que por lo general se ubican en el hemisferio Sur– para mantener en pie sus bosques, considerados “sumideros de carbono”.

Aunque Contralínea ha podido documentar la existencia de al menos 10 fondos multilaterales para financiar el mecanismo Redd+ en los países del Sur, los donativos para México son mínimos, en comparación con la deuda contratada.

Contratar deuda para integrarse a REDD+

Según información proporcionada a Contralínea por el Banco Mundial , a petición del gobierno mexicano, el organismo financiero internacional autorizó préstamos al país por 667 millones de dólares para proyectos relacionados con Redd+ y donó 28.8 millones de dólares más.

La suma –695.8 millones de dólares– se gestionó a través de fondos e instrumentos del Banco Mundial . De acuerdo con el organismo financiero internacional, los recursos son depositados en el Fondo Forestal Mexicano (FFM), manejado por Nacional Financiera, Sociedad Nacional de Crédito (Nafin). Para el control operacional de los programas, la Comisión Nacional Forestal (Conafor) usa el Sistema de Gestión de Apoyos (Siga).

El primer proyecto con financiamiento del BM involucra 350 millones de dólares, que corresponden a un préstamo de inversión específica (SIL, por su sigla en inglés) para bosques y cambio climático.

Informa el Banco Mundial a este semanario que el préstamo es una operación de inversión a nivel nacional para apoyar al gobierno de México en dos áreas principales: el fortalecimiento institucional y colaboración interinstitucional, y el apoyo para el fortalecimiento de las comunidades, el manejo sostenible de los bosques y la remuneración de servicios ambientales.

A pregunta expresa de Contralínea, refiere que el agente financiero del proyecto de bosques y cambio climático es Nacional Financiera, quien además está a cargo de los procesos de desembolso del préstamo, de administrar la cuenta bancaria y de proveer apoyo y veeduría a la ejecución de la Conafor.

El segundo préstamo es por 17 millones de dólares y los recursos provienen del programa de inversión forestal (FIP, por su sigla en inglés). Éste comprometió 42 millones de dólares en México, 25 de éstos fueron entregados como donativo y 17 como crédito.

El Banco Mundial considera que las inversiones del FIP en México son de carácter “innovador”, pues se enfocan en las “áreas de acción temprana” de Redd+ y se aplican en “discernir lecciones” y verificar su potencial de “replicabilidad” a través del SIL.

A decir del BM, el proyecto SIL-FIP tiene tres componentes. El primero tiene por objeto el diseño de la política de aplicación de Redd+ y el fortalecimiento institucional. Dentro de los acuerdos institucionales para el manejo financiero se estableció que, para este componente, todos los pagos serán operados directamente por la Conafor.

El segundo busca otorgar el apoyo a programas comunitarios prioritarios a nivel nacional. Para este componente, se establece que los pagos se realizarán directamente a los beneficiarios de los programas puestos en marcha por la Conafor bajo reglas de operación definidas.

El tercero se enfoca en la innovación en áreas de acción temprana Redd+. Dicho componente requiere de pagos a diversos beneficiarios, incluyendo organizaciones como las agencias de desarrollo local (ADL), los agentes técnicos locales (ATL), y la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad (Conabio), las cuales llevan a cabo subproyectos, con base en acuerdos interinstitucionales que son acordados y firmados por la Conafor.

El proyecto SIL-FIP fue aprobado el 31 de enero de 2012 por la Junta de Directores del Banco Mundial. Está previsto que sea ejercido en un lapso de 5 años.

El tercer préstamo es de 300 millones de dólares. Los recursos provienen del fondo Préstamo para Políticas de Desarrollo (DPL, por su sigla en inglés) y tiene por objeto planear la adaptación al cambio climático a nivel estatal; reducir los riesgos de desastre y desarrollo territorial a nivel municipal, y el manejo forestal comunitario sustentable.

Por último, el Fondo Cooperativo para el Carbono de los Bosques (FCPF, por sus siglas en inglés) –del Banco Mundial– entregó a México un donativo de 3.8 millones de dólares para “estudios y actividades de diseminación y consultas para informar el diseño de la Estrategia Nacional sobre Reducción de Emisiones por Deforestación y Degradación Forestal (Enaredd+)”.

Los préstamos del BID

Además de los préstamos solicitados al BM, el Plan de inversión forestal (elaborado por la Conafor) revela que a través del Programa de Inversión Forestal, las autoridades mexicanas también solicitaron recursos al Banco Interamericano de Desarrollo. Al menos, 18 millones de dólares para destinarse a dos proyectos.

El primero, de 15 millones de dólares, 5 millones a manera de donativo y 10 millones como préstamo para “la creación de una línea de financiamiento destinada a las estrategias de emisiones bajas de carbono en los paisajes forestales”. El segundo, de 3 millones de dólares: 1.5 millones en calidad de préstamo y 1.5 millones en calidad de donativo. Se enfoca en el “fortalecimiento de la inclusión de ejidos y comunidades a través de asistencia técnica y la construcción de capacidades para llevar a cabo actividades de baja emisión de carbono en paisajes forestales”.

Los donativos

Con el objeto de asistir a los países para participar en el mecanismo Redd+, el Sistema de Naciones Unidas creó el programa ONU-Redd, conformado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, y el Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente.

El Programa ONU-Redd integra 29 países miembros, de los cuales se desprenden “nueve experiencias piloto” que son directamente apoyadas financiera y técnicamente para preparar y ejecutar estrategias nacionales Redd+.

El PNUD, a través de Verania Chao, aclara a Contralínea que México es uno de los países miembros de ONU-Redd, pero no es apoyado financieramente con esta iniciativa.

 “El Programa ONU-Redd ha promovido indirectamente intercambios de experiencias, orientaciones de política, capacitaciones, etcétera, que han contribuido al proceso de desarrollo de la Estrategia [Redd] en México”.

No obstante, reconoce que el PNUD ha gestionado tres contribuciones financieras para apoyar el fortalecimiento de las políticas forestales y la preparación de Redd+ en México.

La primera de ellas, en 2010, con la aportación de 50 mil dólares de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el proyecto regional denominado Policy 2012; la iniciativa Biodiversidad en bosques de producción y mercados certificados, ejecutada por el PNUD y financiada con 6.9 millones de dólares por el Fondo para el Medio Ambiente Mundial o GEF (Global Environment Facility); y, con el financiamiento de aproximadamente 15 millones de dólares del gobierno de Noruega, el PNUD apoya el desarrollo del proyecto Fortalecer el Proceso de Preparación de Redd+ en México y Fomento a la Cooperación Sur-Sur.

Refiere el PNUD que, a través de la figura “asociado en la implementación” [sic], la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) y la Conafor administran y rinden cuentas por la gestión de los recursos, además de que “monitorean”, evalúan las actividades y verifican el logro de los objetivos.

Fondos y falta de transparencia

Hasta ahora no se conocen con certeza el nombre y el número de fondos destinados al financiamiento de Redd+, sean éstos públicos o privados, multilaterales o internacionales; tampoco se sabe el monto que han destinado cada uno de ellos a los países del Sur y si los recursos son entregados a las comunidades. Las páginas de internet que reportan estas cifras no coinciden.

Pese a que, de acuerdo con información del PNUD, más de 40 países están en proceso de diseño de sus estrategias y políticas nacionales para Redd+, los organismos internacionales, así como las naciones no están obligados a informar de los avances, uso de los recursos, donaciones o préstamos en portales confiables de consulta pública.

Para Daniel Sandoval, investigador en el Centro de Estudios para el Cambio en el Campo Mexicano (Ceccam), uno de los principales señalamientos a Redd+ es la falta de transparencia. “Hay poca claridad en el manejo de los fondos; no se sabe el destino de los recursos”.

Con base en la información del Ceccam, de la Organización de las Naciones Unidas y del propio Banco Mundial, Contralínea puede documentar la existencia de 10 fondos multilaterales relacionados con esta temática.

Se trata de la Iniciativa Internacional para el Clima y los Bosques de Noruega; el Programa de Inversión Forestal; el Fondo Cooperativo para el Carbono de los Bosques; el Programa ONU-Redd; el Fondo para la Amazonia; la Iniciativa Internacional para Reducir las Emisiones de Carbono mediante la Protección de los Bosques (IFCI) de Australia; el Fondo Forestal para la Cuenca del Congo (CBFF); la Agencia Española de Cooperación Internacional; el Fondo para el Medio Ambiente Mundial, y Redd+ Partnership. Este último reporta la entrega de cifras millonarias a México.

Los 1 mil 500 MDD del Redd+ Partnership para México

México es uno de los países que más recursos económicos internacionales se ha allegado para incorporar sus áreas forestales al mecanismo de Reducción de Emisiones por Deforestación y Degradación Evitada, conocida como Redd Plus o Redd+.

El portal en internet Voluntary Redd+ Database da cuenta de que se han destinado a México 1 mil 537 millones de dólares para proyectos y acciones relacionados con Redd+.

Según el portal, que recopila información proporcionada de manera voluntaria por los financiadores y los beneficiarios, tres proyectos en México reciben recursos internacionales: Forest Mitigation Activities in the Special Program for Climate Change, para la segunda fase en el país de Redd+ II, al que se destinaron 1 mil 104 millones de dólares para utilizarse en 5 años, de 2008 a 2012; Goverment Forest indicative co-financing for Climate Change Project, para las fases I y II de Redd+, que recibió 333 millones de dólares en 2012, pero está programada la continuación del financiamiento hasta 2017; y National Redd+ Strategy, que según reporta el portal dispuso de 30 millones de dólares diferidos de 2008 a 2012.

La base de datos también revela que con más de 1 mil 500 millones de dólares, México es el país al que más recursos se le han asignado. Le sigue India, al que se le han otorgado 693.01 millones de dólares; Brasil, con 561.13 millones de dólares para Redd+; China, que dispone de 469.76 millones de dólares; e Indonesia, cuya bolsa asciende a 392.82 millones de dólares.

Voluntary Redd+ Database pertenece a Redd+ Partnership, una plataforma provisional que espera sea reemplazada o incorporada a un mecanismo de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático.

Redd+ Partnership se inauguró durante la Conferencia de Oslo sobre el Clima y los Bosques, celebrada en Noruega en mayo de 2010. Ahí, jefes de Estado, ministros y otros representantes de 50 países acordaron un marco para la rápida aplicación de medidas de reducción de la deforestación.

Se presupuestaron cerca de 4 mil millones de dólares para medidas de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero derivados de la deforestación y la degradación de los bosques en los países en desarrollo en el periodo 2010-2012.

La Asociación “se dirige a la adopción de acciones inmediatas, incluida la mejora de los instrumentos financieros de Redd+, la transferencia de conocimientos, el aumento de capacidades, las acciones de mitigación y el desarrollo y la transferencia de tecnología”, informa su portal de internet.

En la actualidad, Redd+ Partnership está compuesta por 75 países socios y sus fondos ascienden a los 5 mil 983 millones de dólares.

La posición de la Conafor

En entrevista, Sergio Graf, coordinador general de Producción y Productividad de la Conafor y secretario del Comité Técnico Consultivo Redd+, únicamente refiere que México ha obtenido 33.8 millones de dólares provenientes de dos fondos del Banco Mundial: el Forest Carbon Partnership Facility y el Programa de Inversión Forestal.

Contralínea solicitó a la Conafor su posición frente a la diferencia en los montos, sin que al cierre de edición aclarara el destino de los otros 702 millones de dólares que sí reportan las instituciones internacionales.

José Díaz, director de Información y Análisis de la dependencia, señaló que “el maestro Graf contestó con lo que concierne a su coordinación. Hay recursos que se operan desde otras esferas de la Conafor. Hay más proyectos y más recursos internacionales, unos apenas están en proyecto y todavía no se operan; no se puede hacer una suma tan simple. Es complejo el asunto financiero: algunos son donaciones, otros no, tienen diversas categorías”.

Al cuestionar el destino de los 702 millones de dólares faltantes, la Conafor responde a Contralínea con un boletín de prensa fechado el 14 de febrero de 2013 en el que señala que, “a través de diversos préstamos y donativos englobados en el Proyecto sobre Bosques y Cambio Climático, el organismo internacional [Banco Mundial] destina a México casi 700 millones de dólares”.

Agrega en el documento que el Proyecto forma parte de las acciones de preparación que México realiza para atender los compromisos que adquirió México al adherirse al mecanismo de Reducción de Emisiones por Deforestación y Degradación Forestal.

 “Se tiene contemplado que los beneficiarios clave serán alrededor de 4 mil ejidos y comunidades que participarían en los programas de incentivos y asesoría orientados por la demanda, respaldados por el proyecto a nivel nacional y en las áreas de acción temprana de Redd+”.

    Redd+ y el mercado de carbono

    Redd+ fue planteado por los países integrantes de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático y tiene como objetivo reducir la emisión de gases de efecto invernadero por medio de la conservación de bosques o bien de la restauración de las áreas forestales que han sido degradadas. Otorga compensaciones económicas, por parte de los países del Norte, que tienen compromisos de reducción de emisiones en el Protocolo de Kioto, a los países del Sur para mantener en pie sus bosques.

    Éste parte de la idea de que los bosques son sumideros de carbono al capturar uno de los principales gases de efecto invernadero, el dióxido de carbono, identificado por la Convención como la principal causa del calentamiento global.

    De acuerdo con el documento Redd+ y los territorios indígenas y campesinos, del Centro de Estudios para el Cambio en el Campo Mexicano, Redd+ es un instrumento de la economía verde y pretende financiar la captura de carbono que realizan los bosques, a partir de la emisión de certificados o bonos por captura de carbono.

    A partir de que se determinó en el Protocolo de Kioto el límite sobre la cantidad de gases contaminantes que pueden ser emitidos a la atmósfera, a los países industrializados se les permite financiar proyectos de captura o reducción de estos gases en países en vías de desarrollo.

    De este modo, las empresas que “necesiten” aumentar las emisiones por encima de su límite compran bonos (certificados) que les representan el “derecho” a emitir una cantidad determinada de residuos. Con esto, el comprador paga por contaminar mientras que el vendedor se ve compensado al evitar la deforestación, la degradación y la tala.

    Octavio Rosas Landa, catedrático en la Facultad de Economía de la Universidad Nacional Autónoma de México, asegura que el programa Redd+ y el pago por servicios ambientales “apuntan hacia la mercantilización de los bosques”.

    El también miembro de la Asamblea Nacional de Afectados Ambientales explica que Redd+ crea un mercado donde antes no existía. Mercado que implica la privatización de las condiciones ambientales para la producción de oxígeno y la captura de dióxido de carbono. “Con Redd+, los recursos naturales son vistos como explotables, mercantilizables y, por lo tanto, susceptibles de generar un lucro económico”.

    A decir del profesor de economía política, la Organización de las Naciones Unidas ha trabajado en una propuesta que le asigna un valor económico a los recursos naturales. Con lo que se promueve la mercantilización de los bienes comunes como los bosques, el oxígeno que respiramos, “que ya se está convirtiendo en mercancía, y por la cual en algún momento nos van a empezar a cobrar”, y no está impidiendo que las empresas o los procesos industriales, de transporte o consumo reduzcan sus emisiones.

    “Mientras sigue aumentando la temperatura de la Tierra, las empresas trasnacionales y los gobiernos que apoyan estas iniciativas están generando un negocio con la crisis climática. Un negocio especulativo y ficticio.”

    Subraya que se trata de un “problema” que la teoría económica no ha podido resolver: establecer cuál es el valor de los recursos naturales. Por ello pregunta si este tipo de recursos deben ser tasados en dinero o si, más bien, se debiera reformular el modo en que se produce y consume la riqueza.

    Advierte que en medio de las crisis climática, hídrica y tecnológica globales resulta lucrativo conservar los bosques porque representan un buen negocio especulativo. Pero eso no significa que en un momento determinado la tala de bosques o la deforestación se conviertan también en un negocio con el fin de mantener altos los precios de los bonos de carbono.

México cede sus bosques y selvas a Redd+

Fuente: contralinea.com.mx

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VER INFOGRAFÍA:
http://contralinea.info/archivo-revista/wp-content/uploads/2013/08/redd_estatica.jpg

El gobierno mexicano prepara la incorporación de 138 millones de hectáreas (el 70 por ciento del territorio nacional) al mecanismo internacional Redd+. Aunque la estrategia se encuentra aún en la etapa de discusión y formalmente se someterá a consulta hasta 2014, el país ya recibió 33.8 millones de dólares de dos fondos del Banco Mundial: el Forest Carbon Partnership Facility y el Programa de Inversión Forestal. Con ello, se comprometió a concluir la estrategia y a avanzar por 5 años en las “acciones tempranas” de la Redd+. La Conafor, encargada de la ejecución del proyecto, celebra la “vocación” de todas las áreas naturales protegidas y reservas naturales mexicanas para incorporarse al mecanismo. Asegura que nada se impondrá a las comunidades, pues se realizarán consultas y los campesinos recibirán recursos económicos. Se prepara la usurpación de territorios más grande de todos los tiempos, considera Red Indígena

México cuenta con, al menos, 33.8 millones de dólares para discutir la Estrategia Nacional Redd+ y hacer funcionar pruebas piloto en cinco estados de la República. Los recursos, provenientes de dos fondos multilaterales de los que el Banco Mundial es fideicomisario, comprometen al país en la ejecución del mecanismo de Reducción de Emisiones por Deforestación y Degradación Evitada (conocida como Redd+) sobre las áreas forestales de todo el país. Con ello, consolida el acceso al financiamiento internacional y su participación activa en el mercado de bonos de carbono.
 
El gobierno federal –a través de la Comisión Nacional Forestal (Conafor), organismo público descentralizado de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales– trabaja desde 2010 en el documento rector de la Estrategia Nacional de Redd+.
 
El último borrador que aún se discute, fechado en noviembre de 2012,  pretende ser llevado a consulta pública en 2014, no obstante que se espera que Redd+ esté en operación hasta 2020 sobre la totalidad de las áreas forestales mexicanas, incluidas aquellas que se encuentran bajo alguna categoría de protección.
 
Los recursos son utilizados para el diseño de la Estrategia y pruebas piloto o acciones tempranas Redd+ en cinco estados de la República: Jalisco, Campeche, Quintana Roo, Yucatán y Chiapas.
 
Redd+ es un planteamiento de los países integrantes de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC) y tiene como objetivo reducir la emisión de gases de efecto invernadero por medio de la conservación de bosques o bien la restauración de las áreas forestales que han sido degradadas.
 
Se diseña frente a la crisis climática para otorgar compensaciones económicas, por parte de los países del Norte que tienen compromisos de reducción de emisiones en el Protocolo de Kioto, a los países del Sur para mantener en pie sus bosques.
 
Redd+ parte de la idea de que los bosques son sumideros de carbono al capturar uno de los principales gases de efecto invernadero, el dióxido de carbono (CO2), identificado por la Convención como la principal causa del calentamiento global.
 
La deforestación, degradación o quema del bosque, permite que se libere el carbono como CO2 o como metano (CH4), lo que contribuye al cambio climático. Es por esto que el mecanismo financia proyectos que evitarían que eso suceda.
 
La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura calcula que los ecosistemas forestales del mundo almacenan alrededor de 289 gigatoneladas (Gt) de carbono. Si se considera el conjunto del carbono almacenado en la madera muerta, la hojarasca y el suelo, la cantidad es mayor que todo el carbono presente en la atmósfera: 652 Gt.
 
México con potencial en Redd+
 
En el documento que se prepara, la Conafor califica a México como un país con potencial dentro del programa Redd+. De la superficie total del territorio nacional (196.4 millones de hectáreas), el 70 por ciento está cubierta por ecosistemas forestales (138 millones de hectáreas) y el resto corresponde principalmente a zonas con agricultura, ganadería y áreas urbanas (29.7 por ciento).
 
Aunque Sergio Graff, coordinador general de Producción y Productividad de la Conafor y secretario del Comité Técnico Consultivo Redd+ (CTC-Redd+), reconoce en entrevista que no existe una evaluación nacional detallada de los diversos procesos de degradación forestal del país y que las causas son múltiples, como la tala ilegal, los incendios forestales o los subsidios gubernamentales para el desarrollo de actividades pecuarias, frutícolas o agroenergéticas, afirma que “la mayor parte del problema ligado a la deforestación y a la degradación está relacionado con las actividades agropecuarias en el medio rural”.
 
Los bosques y selvas mexicanas se encuentran entre los primeros 24 del mundo con mayor volumen de existencias de carbono en la biomasa forestal viva. “Para 2010 se calcularon en 2 mil 43 millones de toneladas de dióxido de carbono equivalentes [tCO2e] con un promedio de 32 toneladas por hectárea”. Se aspira a que en 2022 México sea un sumidero neto.
 
Además, con este mecanismo, las autoridades mexicanas ven en las 174 áreas naturales protegidas existentes nuevas oportunidades.
 
Para Paloma Neumann, de la Campaña de Bosques y Selvas de Greenpeace México, Redd+ debiera aplicarse prioritariamente en las zonas donde se detecte que haya emisiones de gases de efecto invernadero por deforestación o degradación. “Se supone que si tienes un Área Natural Protegida ya estás conservando y se está dando financiamiento para conservar ese bosque; ¿por qué se necesita financiamiento para reducir emisiones en un área que se supone ya está conservada?”.
 
—¿No basta con que ya estén bajo alguna categoría de protección? –se le pregunta a Sergio Graff.
 
—Aunque tengan un decreto están sujetas a presiones de actividades porque la mayor parte de la superficie es propiedad de ejidos y comunidades y hay actividades económicas. Esta Estrategia también coadyuva a que las actividades económicas sean compatibles con la conservación.
 
Según el Convenio de Diversidad Biológica, alrededor del 15 por ciento del carbono se encuentra almacenado en las áreas protegidas del mundo, por lo que el manejo efectivo y la expansión de estas zonas de conservación pueden contribuir a la mitigación del cambio climático, reduciendo las emisiones presentes y futuras y protegiendo los sumideros actuales.
 
Territorios indígenas
En México, el 58 por ciento de los bosques son propiedad de los pueblos indígenas y campesinos que los habitan bajo tenencia ejidal o comunal, indican cifras del Centro de Estudios para el Cambio en el Campo de México (Ceccam).
 
Como una conquista de la Revolución Mexicana de 1910, la mayor proporción de los bosques y selvas del país son propiedad de las comunidades forestales y de los pueblos indígenas.
 
Dentro de la Estrategia se subraya que el 26.2 por ciento de la superficie de las áreas naturales protegidas federales y estatales del país se encuentran en territorio de pueblos indígenas: más de 2 millones de hectáreas.
 
Sin embargo, tal como lo indica el Ceccam, los pueblos indígenas y las comunidades rurales no cuentan con títulos formales de propiedad de tenencia sobre estos territorios ni están reconocidos sus derechos sobre los bosques.
 
La Organización de las Naciones Unidas ha expresado que para el correcto funcionamiento de Redd+ es necesario establecer una posesión clara de la tierra.
 
Ante este hecho, según la Red Indígena Ambiental Internacional, Redd+ prepara la mayor usurpación de tierras de todos los tiempos. “El riesgo para las comunidades de los bosques es el desalojo de la tierra, su privatización a favor de las corporaciones y las restricciones de uso de su propio territorio, aunque dependen de este hábitat para garantizar su existencia como sociedades y culturas distintas”.
 
Ejemplo de ello es el programa piloto Redd+ que el exgobernador Juan Sabines Guerrero puso en marcha en 2011 sobre 614 mil hectáreas de selva chiapaneca, y que a decir de la Conafor no forma parte de sus acciones tempranas.
 
Tal como lo señaló públicamente Juan Sabines, desde que Redd+ llegó a la selva, 100 comunidades han sido desplazadas de su territorio. En enero de 2011, durante la entrega de recursos de Redd+, el exgobernador dijo ante los comuneros “beneficiados” que de los 170 pueblos que permanecían invadiendo alguna reserva, sólo quedaban siete.
 
Los pueblos en resistencia están dentro de la Reserva de la Biósfera Montes Azules, área declarada en 1978, que se extiende 321 mil hectáreas sobre el territorio chiapaneco. Ahí se refugian del hostigamiento y de la represión militar y paramilitar de la que son objeto.
 
Aunque la prueba piloto en Chiapas fue presentada como un caso de “éxito”, el 8 de julio pasado Isaí López dio cuenta en una nota de prensa en El Heraldo de Chiapas de la suspensión del proyecto del exgobernador Sabines. “Fue un fracaso. Esa estrategia ya está cancelada, no se tuvieron los resultados que se anunciaron”, dijo Carlos Morales Vázquez, secretario del Medio Ambiente e Historia Natural de la recién llegada administración.

Consulta Pública
 
Las salvaguardas ambientales y sociales son parte de los principios adoptados por México. Provienen de los Acuerdos de Cancún de la CMNUCC. Entre otros, establecen el cumplimiento al consentimiento libre, previo e informado de las comunidades rurales e indígenas en todos aquellos aspectos de Redd+ que incidan o puedan afectar sus territorios, bienes, derechos individuales o colectivos.
 
Aunque la Estrategia incluye esta salvaguarda, Edmundo del Pozo, investigador de Fundar, Centro de Análisis e Investigación, AC, apunta que éste es uno de los temas críticos de la Estrategia.
 
“Nuestro principal señalamiento es el vacío que hay con relación con el enfoque de derechos humanos y derechos de pueblos indígenas. No estamos en contra de que se recojan las salvaguardas, pero el instrumento normativo de protección a los derechos de las personas afectadas por Redd+, sobre todo a los pueblos indígenas, deben ser los derechos humanos, y las salvaguardas deben ser una normativa complementaria”.

Explica el investigador que el derecho al consentimiento que recupera la Estrategia es limitado y por tanto no es verdadero, porque no reconoce el derecho al veto. “Un derecho al consentimiento que no tienen derecho al veto es un falso derecho al consentimiento”.
 
Frente a ello, el Grupo de Trabajo del Protocolo de Consulta –conformado por Fundar, Centro de Análisis e Investigación, AC; Organización de Ejidos Productores Forestales de la Zona Maya, SC; Red Indígena de Turismo de México, AC; Red Mexicana de Organizaciones Campesinas Forestales, AC; y Sakbe, Comunicación y Defensa para el Cambio, AC– elaboró, dentro del Consejo Técnico Consultivo, un Protocolo de Consulta y Participación para la Estrategia Nacional de Reducción de Emisiones por Deforestación y Degradación Plus.
 
Remarca el investigador que la necesidad de hacer el Protocolo surgió de la falta de una ley de consulta de pueblos indígenas.
 
No obstante, el documento no tiene carácter vinculante. “Aún cuando se construyó participativamente y en el marco de la institucionalidad, no se puede decir que tenga una fuerza obligatoria para las autoridades. No es una ley de consulta ni un reglamento”.
 
Expresa Edmundo del Pozo que una de las preocupaciones es que dentro del documento rector no se retomen los insumos que se colocaron dentro del Protocolo, “no aparece la obligación de consulta del Estado a los pueblos y comunidades indígenas”.
 
Cuestionado al respecto, Sergio Graff asegura que no hay necesidad de incorporar el tema a la Estrategia Nacional, porque lo único que marcará ésta son los lineamientos generales. “No sé por qué tiene que ser vinculante. La consulta es una obligación”. Agrega que “las organizaciones hicieron una propuesta de protocolo que la autoridad está considerando”.
 
—¿Ustedes tienen contemplado el derecho de los pueblos al consentimiento?
 
—Claro. Sí. La Estrategia va a contemplar que cualquier acción ligada a un mecanismo Redd+ deberá tener consentimiento previo, libre e informado. No va a haber ninguna acción en la que no esté de acuerdo el dueño. Si en una comunidad indígena se quiere implementar [sic] una acción Redd+ tendrá que buscarse el consentimiento de la comunidad antes de hacerlo.
 
—¿Con el derecho de veto?
 
—En su comunidad sí, por supuesto. Lo que no pueden hacer es vetar una Estrategia Nacional, nadie.
 
—Localmente sí…
 
—Claro. Si la comunidad no quiere que haya un incentivo adecuado para que maneje sus bosques o no quiere un apoyo para fortalecer su organización, un apoyo para desarrollar proyectos integrales; si la comunidad no quiere, puede vetar la acción. Pero lo que busca la Estrategia es que todos los programas públicos tengan un mejor impacto a favor de la comunidad y de sus recursos. Yo no creo que nadie quiera oponerse a eso.
 
—Pero habría que preguntarles…
 
—Claro. Al momento que uno quiera entrar a su comunidad se les tiene que preguntar. Por supuesto.
 
Octavio Rosas Landa, catedrático en la Facultad de Economía de la Universidad Nacional Autónoma de México e integrante de la Asamblea Nacional de Afectados Ambientales, recalca que los bienes, propiedad de comunidades, han sido conservados y protegidos a pesar de las políticas de gobierno, pero que ahora, frente a la crisis financiera y ambiental de escala global, ésta última pretende ser paliada por medio de mecanismos de mercado que no van a solucionar el problema.
 
“¿Por qué presionar a los campesinos y ejidatarios a que acepten este tipo de convenios si son ellos quienes más contribuyen a que el calentamiento global no se agrave? Y si no aceptan, ¿son ellos quienes no quieren detener el calentamiento global?”, pregunta.

Acciones tempranas
 
Como parte del proceso de preparación para la próxima aplicación de la Estrategia, se han puesto a prueba acciones tempranas en el país que servirán de ejemplo para la construcción y posterior aplicación de la Estrategia Nacional.
 
Una de ellas es en la región de las Cuencas Costeras de Jalisco, donde se contabilizan 10 áreas naturales protegidas, además de ser zona prioritaria para la conservación del jaguar y una de las de mayor importancia para la conservación de aves migratorias de América del Norte.
 
Otra de las acciones se realiza en el Corredor Biológico Mesoamericano, que incluye a Campeche: zona de influencia de Calakmul; Yucatán: Sierrita de Ticul; y Quintana Roo: municipios de Bacalar, José María Morelos, Othón P Blanco y Felipe Carrillo Puerto.
 
Y por último, acciones tempranas en 5 millones de hectáreas que abarcan 57 municipios del estado de Chiapas, así como 16 Áreas Naturales Protegidas en Corredores Biológicos y la Selva Lacandona.
 
Además, de acuerdo con Sergio Graff, se espera próximamente iniciar proyectos piloto Redd+ en el Estado de México y en Oaxaca, aunque aún no se define la zona.
 
Sobre los resultados, Graff no tiene noción. “Es un proceso que apenas acaba de empezar, pero por ejemplo en el caso de la [Selva] Lacandona se ha tenido un impacto positivo reduciendo la deforestación. En algunos lugares se registran tasas de 7 por ciento anual y ha bajado a menos de 1 [por ciento]”.
 
—¿Cuántas de estas acciones han implicado la venta de bonos de carbono? –se le pregunta.
 
—No. Ninguna. Como está en un proceso de preparación, los mecanismos todavía no están definidos en los acuerdos internacionales. Nada más se trabaja a través de recursos que se asignan a estos programas.
 
El mercado de carbono
 
De acuerdo con el documento Redd+ y los territorios indígenas y campesinos, del Centro de Estudios para el Cambio en el Campo Mexicano (Ceccam), Redd+ es un instrumento de la economía verde y pretende financiar la captura de carbono que realizan los bosques, a partir de la emisión de certificados o bonos por captura de carbono.
 
A partir de que se determinó en el Protocolo de Kioto el límite sobre la cantidad de gases contaminantes que pueden ser emitidos a la atmósfera, a los países industrializados se les permite financiar proyectos de captura o reducción de estos gases en países en vías de desarrollo.
 
De este modo, las empresas que necesiten aumentar las emisiones por encima de su límite compran bonos (certificados) que les representan el derecho a emitir una cantidad determinada de residuos. Con esto, el comprador paga por contaminar, mientras que el vendedor se ve compensado al evitar la deforestación, la degradación y la tala.
 
Al no obligar a las empresas contaminantes a reducir sus emisiones a la atmósfera, el esquema es objeto de la oposición de organizaciones como Vía Campesina, Red Indígena Ambiental, el Ceccam y la Asamblea Nacional de Afectados Ambientales.
 
La Estrategia Nacional no impide ni acota la venta de bonos de carbono, expone abiertamente que el mercado voluntario puede representar una fuente complementaria de financiamiento.
 
Aunque Sergio Graff aclara que en la Estrategia la venta de bonos de carbono es una posibilidad, dependerá de cómo se establezca el mecanismo a nivel internacional. “Todavía no se sabe si va a haber un mercado de carbono por reducción de emisiones, pero lo que sí es que va a haber transferencias económicas teniendo resultados de disminución de emisiones de carbono”.

Financiamiento
 
La Estrategia Redd+ posibilita el financiamiento de fuentes públicas, privadas, nacionales e internacionales. Así como el uso de fideicomisos para hacer factible la movilización de recursos basados en resultados climáticos y la distribución de beneficios y estímulos a los dueños de terrenos forestales, comunidades indígenas y rurales.

En la Visión de México en REDD+, el documento que antecedió al borrador de la Estrategia, se lee: “Los fideicomisos nacionales, regionales o locales jugarán un papel como operadores protagónicos que tendrían la capacidad de administrar y desembolsar de manera eficiente y oportuna los fondos para promover Redd+ y dar seguimiento y evaluar el ejercicio de presupuestos con transparencia, a partir de esquemas confiables de monitoreo y verificación”.
 
Y agrega: “los fideicomisos podrían ser públicos, privados o mixtos y mantenerse desde fondos multilaterales, mercados de carbono –en su momento– u otros recursos fiscales etiquetados que acogerían la participación de gobiernos, empresas, propietarios de tierras (ejidos, comunidades, individuos, empresas), organizaciones de la sociedad civil e intermediarios financieros, entre otros”.
 
En los Acuerdos de Cancún los países desarrollados adoptaron formalmente el compromiso de proveer “financiamiento de inicio rápido” a los países en desarrollo durante el periodo 2010-2012 para acciones de mitigación (incluyendo Redd+), adaptación, desarrollo y transferencia de tecnología y creación de capacidades, previamente mencionado en el Acuerdo de Copenhague, donde se comprometieron a movilizar recursos para 2020 y cubrir las necesidades de los países en desarrollo en el contexto de acciones de mitigación significativas y de transparencia en su ejecución. Estos fondos pueden provenir de fuentes públicas, privadas, bilaterales, multilaterales y alternativas.
 
En el caso de México, la Ley General de Cambio Climático instruye la creación del Fondo para el Cambio Climático con el objeto de captar y canalizar recursos financieros públicos, privados, nacionales e internacionales para apoyar acciones que enfrenten el cambio climático.
La Estrategia plantea que parte del presupuesto del fondo se habrá de constituir con los recursos derivados de su actividad en el mercado de bonos de carbono.
 
Refiere Sergio Graff que, hasta ahora, México cuenta con 33.8 millones de dólares para las etapas preparativas de Redd+; de éstos, 3.8 millones se derivan del Forest Carbon Partnership Facility: “Apenas se va a firmar el apoyo para preparación; son 3.8 millones de dólares que se utilizan para la elaboración de la Estrategia, pero sobre todo para la consulta”; y un “donativo” de 30 millones de dólares para ejercerse en 5 años del Programa de Inversión Forestal, destinados a programas especiales en las acciones tempranas de Redd+.
 
“No es mucho dinero pero sirve para hacer los trabajos de innovación. Ese dinero está en un fondo internacional y conforme se van aplicando los recursos, México tiene reembolsos; no se los entregan todos al país”, aclara el funcionario.
 
Según se lee en la Estrategia, el financiamiento para las acciones tempranas en Jalisco conjuntará recursos de la Agencia Francesa de Desarrollo (AFD), de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID), de la Unión Europea a través del proyecto de Facilidad para la Inversión en Latinoamérica (LAIF, por su sigla en inglés), del gobierno de Jalisco y de la Conafor.
 
Además, se cuenta con tres fideicomisos donde es posible recibir recursos públicos del gobierno federal, estatal, de organismos de la sociedad civil y organismos privados.
 
En la Península de Yucatán, señala la Estrategia Nacional Redd+, habrá financiamiento de la Unión Europea proveniente del LAIF a través de una acción conjunta con la AFD, la AECID y la Conafor, para la construcción de mecanismos de gobernanza a nivel local; financiamiento de los gobiernos de los estados de Yucatán, Campeche y Quintana Roo, así como de Conabio, The Nature Conservancy, la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas y la Conafor a través del ProÁrbol y los lineamientos del Programa Especial para la Conservación, Restauración y el Manejo Sustentable de los Recursos Forestales de la Península de Yucatán.
 
En Chiapas, a partir de 2010, la Conafor promueve el Programa Especial para la Conservación, Restauración y Aprovechamiento Sustentable de la Selva Lacandona, que integra las modalidades de apoyo económico en agroecología, regeneración de selvas, restauración de riveras y arroyos, reforestación diversificada, pago por servicios ambientales, estudios forestales y silvicultura comunitaria.
 
Mediciones y verificación
 
Para monitorear, medir y evaluar el desempeño de Redd+, México habrá de desarrollar un sistema verificable de medición y reporte en el que deberá establecer la cantidad de emisiones y remociones de gases de efecto invernadero para una región dada y para un periodo determinado (niveles de referencia). Su definición será apoyada por el Fondo Cooperativo para el Carbono de los Bosques del Banco Mundial y por Noruega.
 
El sistema de monitoreo mexicano deberá ser de bajo costo. “Mientras más costoso sea, más oneroso será para el país desarrollar un mecanismo de Redd+ y menores los beneficios que se obtendrán”, apuntan las autoridades en Visión de México sobre Redd+. Hacia una estrategia nacional.
 
De acuerdo con el mismo documento, México ha participado activamente en las principales iniciativas multilaterales relacionadas con mediciones y verificación para Redd+, incluidos el Fondo Cooperativo para el Carbono de los Bosques y la iniciativa de rastreo de carbono forestal del Grupo de Observación de la Tierra. Asimismo, el país ha desarrollado trabajos bilaterales con Canadá sobre el modelo de contabilidad del carbono; con Alemania, para el uso de tecnologías de radar, y con Estados Unidos y Finlandia, para fortalecer el inventario forestal.

Suspendido el programa REDD Plus, dice Semahn

«Fue un fracaso, esa estrategia ya está cancelada, no se tuvieron los resultados que se anunciaron»: Carlos Morales

ISAÍ LÓPEZ. El Heraldo de Chiapas

El programa de Reducción de Emisiones por Degradación y Deforestación (REDD Plus) implementado por la administración anterior, ha sido suspendido, debido a que no se plantearon soluciones de fondo, dijo el secretario del Medio Ambiente e Historia Natural (Semahn), Carlos Morales Vázquez.

«Fue un fracaso, esa estrategia ya está cancelada, no se tuvieron los resultados que se anunciaron, creo que los problemas ambientales hay que abordarlos de fondo con estrategias, no por ocurrencia», acotó.

Durante el 2010 se diseñó el programa REDD Plus para comunidades de la Selva Lacandona, instrumentados por la responsable de la política ambiental ahora diputada federal por el Partido Verde Ecologista de México, Lourdes Adriana López Moreno.

En la Selva Lacandona comuneros resultaron beneficiados con la entrega de recursos del proceso de Reducción de Emisiones por Deforestación y Degradación plus (REDD+) para la conservación de las reservas de los ecosistemas de la zona.

De acuerdo con el esquema de la pasada administración, este beneficio incluyó a todos los para garantizar un mejor futuro para sus hijos y para la humanidad, programa que permitirá a las nuevas generaciones tener mayores oportunidades de desarrollo, sin embargo, para la nueva administración estatal no responde a las necesidades.

«Se requiere un tratamiento integral a los ecosistemas, con una campaña de prevención de delitos ambientales, de educación ambiental desde las escuelas y con resultados a corto, mediano y largo plazo para proteger y desarrollar la flora y fauna», agregó.

Aquél programa fue firmado el 22 de diciembre del 2010 en la comunidad San Javier municipio de Ocosingo, para garantizar la conservación de una de las reservas naturales más importantes de América Latina, la Selva Lacandona, en el marco del proyecto de Reducción de Emisiones por Deforestación y Degradación Evitada Plus, en una superficie de 614 mil hectáreas.

¡Alto a REDD de California! ¡Alto a REDD en todo el mundo!

URGENTE: FIRMAS para Detener REDD!

Hermanos y Hermanas,
Por favor firmen esta petición para ponerle un Alto a REDD en California en Chiapas y la Amazonia que es el modelo para implementar REDD en todo el mundo.
Participen en esta lucha histórica y rechacen REDD (Reducción de Emisiones por Deforestación y Degradación forestal), esta falsa solución al cambio climático que despoja nuestras tierras y territorios. REDD es malo para la Pachamama y malo para los Pueblos y que en realidad no protege los bosques.
¡Alto a REDD de California! ¡Alto a REDD en todo el mundo!

¡FIRMA AHORA!

FECHA LIMITE 7 de mayo a mediodía

http://no-redd.com/stop-california-redd-now/

CARTA:

Estimado Señor Jerry Brown, Gobernador del Estado de California
Estimada Señora Mary Nichols, Presidenta, California Air Resources Board

Les exhorto a rechazar la inclusión de REDD (Reducción de Emisiones por Deforestación y Degradación forestal) en la Ley sobre soluciones al calentamiento global – AB32.

Las cuatro razones principales para rechazar REDD en California son:
1. REDD es una falsa solución al cambio climático, que empeora el calentamiento global.
2. REDD permite que los criminales climáticos como las petroleras Shell y Chevron-Texaco esquivan su responsabilidad porque permite que utilizan los bosques como supuestas esponjas para los gases del efecto invernadero y la contaminación toxica al lugar de reducir la contaminación en el lugar donde se origen.
3. REDD permite que los contaminadores sigan contaminado y enfermando de asma y cáncer a la gente de California.
4. REDD no incluye garantías para prevenir las violaciones de los derechos humanos. REDD ya está causando conflictos y despojos de tierra en Chiapas, México, y violando los derechos de los Pueblos Indígenas incluyendo el derecho al consentimiento libre, previo e informado.

California no debe permitir que los criminales climáticos como las petroleras Shell y Chevron sigan contaminando, ni enfermar a sus ciudadanos, ni contribuir a las violaciones de derechos humanos. California debe rechazar REDD ya. Le urge a la Pachamama.

FIRMA: http://no-redd.com/stop-california-redd-now/

¡BASTA DE REDD+ Y DE ECONOMÍA VERDE!

Fin al Acuerdo entre los Gobiernos de California, Acre y Chiapas en México.

La Madre Tierra no se vende, se ama y se defiende

El programa REDD+ (Reducción de Emisiones por Deforestación y Degradación de Bosques+), se inscribe como parte de las negociaciones relacionadas al cambio climático, baja de emisiones y su posible solución mediante la compra de bonos de carbono en países del Sur tropical. Este proyecto se ha venido negociando desde hace por lo menos tres años entre los Estados de Chiapas, México, Acre, Brasil y California, EEUU. En estas semanas, el Gobierno del Estado de California continuará con las intenciones de incluir en este proceso de negociación y afianciamiento de los mercados de carbono al acuerdo trisubancional (955680042), que busca ser refrendado bajo la ley AB32 ( busca reducir en 25% los gases del calentamiento global a los niveles de 1990 para 2020; y en un 80% para 2050). Según las propias palabras del gobierno de California “Se promueve como una oportunidad histórica para reforzar los programas de REDD + de manera jurídica».

A la par el grupo de trabajo de compensaciones por REDD+ (REDD+ Offset Working Group –ROW-) está buscando validar estas negociaciones mediante su línea técnica de expertos. Por Chiapas participa Rosa María Vidal, Directora de Pronatura Sur, Chiapas. Esta validación sólo busca refrendar el esquema REDD+ y así se pueda afianzar este negocio que significa la puesta en venta de la biodiversidad, bosques y territorios de comunidades indígenas y campesinas.

El Estado de California, en lugar de atacar las causas que provocan sus emisiones de GEI, opta por la lógica de la acumulación del capital, su compensación, comprando créditos de carbono -que jurídicamente- le permitan continuar reproduciendo su modelo depredador y consumista, alegando además que con ello contribuye a la protección de las selvas en Chiapas y Acre, pero sin mencionar los bionegocios que hay detrás de este supuesto altruismo; aunque omitiendo la destrucción de la biodiversidad y del medio ambiente en general que conlleva; y al desarrollo sustentable de los pueblos que las habitan, ocultando sus consecuencias como la fractura cultural y organizativa de las comunidades.

El Estado de Chiapas en México, con el apoyo y dirección estratégica del gobierno de la República, pretende asegurar su devastador negocio local de biocombustibles, al que denomina ‘energía limpia’, por un lado; y garantizar a los inversionistas trasnacionales y al coyotaje ambiental nacional (ex funcionarios ambientales y ONGs conservacionistas), los negocios verdes como la biogenética, mediante la conservación de la biodiversidad de ecosistemas más protegidos, ubicada en su inmensa mayoría en territorios indígenas. Por el otro, además de acompañar esta versión de “Energía Limpia” con la instalación de megaproyectos de plantas eólicas y presas en el estado de Chiapas.

El programa REDD+ es la nueva versión, bajo el pretexto de la crisis climática, de una vieja forma de colonialismo en la que se promueve la apropiación de las tierras y territorios mediante el despojo, los desalojos violentos directos, o su arriendo perpetuo a las comunidades indígenas poseedoras. Esto evidencia la incongruente lógica del capitalismo verde, que promueve, por un lado, con su opción “climática” de biocombustibles, la destrucción de los corredores biológicos en zonas bajas de las selvas y por otro lado la conservación de la biodiversidad en las áreas protegidas vecinas. Otra incongruencia se manifiesta entre los programas de conservación y la instalación de proyectos mineros en las Áreas Naturales Protegidas (ANP).

El mecanismo REDD+, en Chiapas, ya está siendo implementado en sus etapas piloto, voluntario o como quiera llamársele, y nos ha dejado grandes y esclarecedoras lecciones:

No respeta los derechos de los pueblos indígenas al no informarlas ni incluirlas. Este programa no prevé la pertinencia cultural de sus objetivos y medios.

Incluye en el término bosques a las plantaciones de piñón y palma africana, además de “venderlas” como energía limpia acompañándolo con grandes megaproyectos de minería y presas y parques eólicos.

Responsabiliza a las comunidades indígenas del éxito de REDD+; y al mismo tiempo criminaliza sus sistemas de producción campesinos de ser causantes y responsables del cambio climático.

Promueve la descampesinización, el abandono del soporte cultural de los pueblos indígenas: la producción tradicional de alimentos de auto-sustento y la pérdida de agro biodiversidad. Bajo este esquema se dividen a las comunidades, se rompe el tejido social, además de los numerosos casos de desalojo de pueblos indígenas y campesinos de sus tierras -para poder arrasar las selvas y dar lugar a plantaciones.

Claro es el caso de su implementación en la región de “la Biosfera Montes Azules”, área prioritaria y preferida para la conservación,- donde en abril del 2011, en ceremonia oficial, el gobernador de Chiapas  entregó armas y uniformes-al grupo de comuneros lacandones para hacer rondas en el perímetro colindante con las comunidades tzeltales en resistencia que se oponen al paso de su brecha agraria –la llamada brecha Lacandona- . Consolidando así los contratos de despojo de tierras. Claramente este programa  no representa la palabra de la mayoría de las comunidades indígenas de la Selva Lacandona.

REDD+ basado en mercados especulativos y compensatorios de bonos de carbono forestal presentados como ‘comercio del aire’ y que conllevan un impacto real en la propiedad y control de la tierra, crea nuevos regímenes de privatización, como la titularización de las reservas de carbono en los territorios. Amplía las fronteras de la mercantilización y el acceso de los mercados a bienes como la tierra, el agua y la biodiversidad en dirección totalmente opuesta de la protección y defensa de estos, bajo políticas públicas y/o manejo colectivo por parte de comunidades indígenas y tradicionales.

Con respecto de las soluciones:

Para generar soluciones verdaderas al cambio climático se requieren medidas democráticas y técnicamente coherentes para transitar a un sistema energético sustentable, y para poder eliminar con carácter de urgente el uso y abuso de los hidrocarburos. Además de esto, los grandes emisores de GEI, principalmente los países del Norte industrial y consumista, deben implementar mecanismos urgentes de reducción de GEI sin sustituciones ni compensaciones, enfocándose en la metas de reducciones en sus propios países.

Los recursos y medidas para conservar los bosques y las selvas deben ser adicionales y democráticamente definidos y no aprobarse en compensación ni imposición para seguir contaminando. Deben tomar en cuenta las alternativas sustentables de los pueblos originarios y campesinos en armonía con la Madre Tierra, que apoyen la gestión y conservación de bosques desde una visión comunitaria; que no sean parte de los mercados ni sean controlados por corporaciones, instituciones financieras internacionales o coyotes verdes, y sí colectivamente por los pueblos.

REDD+ significa:

REDD+ solo representa, bajo el signo + (plus), la búsqueda del comercio del resto de los productos y servicios que proporcionan los ecosistemas tales como la biodiversidad y el agua, foco de las ganancias sobre las nuevas fuentes de riqueza y control, y también el despojo o alienación de las comunidades indígenas y campesinas que habitan las regiones más biodiversas y con mayor captación de agua del planeta.

Se basa en el supuesto de que para efectos de captura de GEI a las grandes extensiones de monocultivos tóxicos, sobre todo de biocombustibles, sin importar que devasten zonas inmensas fundamentales a los corredores biológicos, como ocurre en las llanuras aluviales que circundan a la Selva Lacandona en el estado de Chiapas. La conservación no depende de este tipo de incentivos económicos, sino de formas democráticas, colectivas de manejo del bosque y que respeten la coexistencia de las comunidades originarias con su medio.

Rechazamos REDD+ en todas sus versiones, REDD++ y las que se sumen, incluido REDD azul ya que atentaría gravemente contra los ecosistemas de manglar y las comunidades que coexisten en ellos.

Exigimos un alto a los procesos de comercialización de la naturaleza, de los territorios y de las comunidades indígenas y campesinas.

Nos solidarizamos con las comunidades afectadas por REDD+ en Acre, Brasil.

Exigimos Al Estado  de California a establecer medidas reales y de fondo para contrarrestar los efectos del cambio climático, en su territorio.

Los bosques no están en venta

La Madre Tierra no se vende, se ama y se defiende

Firmantes:
COCYP Central de Organizaciones Campesinas y Populares -Chiapas
Comité de derechos Humanos Oralia Morales
Comité de derechos humanos de base de Chiapas Digna Ochoa
Otros Mundos Chiapas /Amigos de La tierra México
Reddeldia
Movimiento Mexicano de Alternativas a las  Afectaciones y Cambio Climática MOVIAC-Chiapas
Organización Campesina Emiliano Zapata- Región Carranza
Organización Proletaria Emiliano Zapata –MLN
Laklumal-ixim. Norte- Selva, Chiapas.
Red Mexicana de Afectados por la Minería – Chiapas
Movimiento de Afectados por las Presas y en defensa de los ríos MAPDER-Chiapas
Colectivo Tsunel Bej

Chiapas, Mexico, April,  2013.

A los Señores:

– Gobernador del estado de California, Sr. Jerry Brown

– Grupo de Trabajo sobre Compensaciones REDD (REDD ‘offsets’) de California

Cc: Sra. Mary Nichols (presidente del Consejo de Recursos del Aire de California), Sra. Ashley Conrad-Saydah (Secretaria Asistente en Política del Clima de la Agencia de Protección Ambiental de California), Sr. Arsenio Mataka (Subsecretario para asuntos de justicia ambiental y cuestiones indígenas de la Agencia de Protección Ambiental de California), Sra. La Ronda Bowen (Ombudsman de la Agencia de Protección Ambiental de California)

REDD+: Estado de Honduras y ONU-REDD violan el Derecho a la Consulta

    Una vez más el estado de Honduras viola el derecho a la consulta consignado en el Convenio 169 de la OIT y en la Declaración de Naciones Unidas  sobre los Derechos  de los Pueblos Indígenas, al incorporarse al programa de Reducción de las Emanaciones Causados por la Deforestación y Degradación del Bosque (REDD+) al haber excluido al pueblo Garífuna del proceso de consulta en la elaboración del denominado R-PP (Readiness Preparation Proposal) financiado por el Fondo Cooperativo para el Carbono de los Bosques (FCPF por sus siglas en inglés) y el Programa ONU-REDD.

    El estado de Honduras participó en Washington entre  los días 19 al 22 de marzo, en una reunión del FCPF (PC14), además de Chile, Papua Nueva Guinea, Suriname, Tailandia y Vanatu. Los seis países compartirán 23 millones de dólares, con el propósito supuestamente de prepararse para la implementación de los programas REDD +.

    En el borrador del denominado R-PP de septiembre del 2012, la OFRANEH es mencionada como «La organización que dicta las políticas indígenas en los territorios Garífunas, hace incidencia política y vela por el derecho del pueblo», ademas  en el mismo borrador se incluye a la organización en los talleres de socialización y preconsulta que nunca fueron realizados. Como por arte de magia y sin haber contactado los funcionarios estatales o de Naciones Unidas a nuestra organización, en el R-PP de marzo del 2013, la OFRANEH desaparece del documento como la organización representante del pueblo Garífuna.

    La actitud asumida por la Secretaria de Recursos Naturales (SERNA), el FCPF y ONU-REDD de excluir a la OFRANEH en la elaboración del R-PP, deniega el derecho a la consulta que poseemos los pueblos indígenas, situación que previamente había sido señalada por la Confederación de Pueblos Autóctonos de Honduras (CONPAH) en su carta de febrero del 2012. Ciertamente es un misterio como la CONPAH aparece ahora firmando una una carta de aceptación, cuando es de conocimiento público que la actual administración gubernamental, regida por el Sr. Porfirio Lobo viola sistemáticamente los derechos humanos y desconoce totalmente el derecho a la consulta.

    Honduras ratificó el Convenio 169 de al OIT en el año de 1995, y la Declaración de Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas en el año 2007, no obstante el Derecho a la Consulta previa libre e Informada (CPLI) continua siendo ignorado, existiendo una larga lista de violaciones a dicho derecho. Hasta la fecha ninguna administración gubernamental ha realizado algún esfuerzo por legislar una Ley  para  la Consulta.

    Una de las mayores aberraciones neocolonialistas que se ha dado, es la emisión de la Ley de Propiedad, la cual en su artículo 100 del Capítulo III, apertura la destrucción de la propiedad comunitaria. Esta se encuentra íntimamente ligada con la cosmovisión de los pueblos indígenas y es fundamental para la preservación de los territorios ancestrales.

    La OFRANEH realizó una consulta comunitaria  en el año 2003, en relación a la Ley de Propiedad, donde rechazamos los dos borradores presentados por el estado de Honduras. En el año 2004 se aprobó la Ley, sin que se tomara en cuenta las observaciones presentadas por la asamblea comunitaria garifuna. Posteriormente la OFRANEH recurrió al Panel de Inspección del Banco Mundial. organismo financiero que impulsó la Ley de Propiedad. El Panel señaló que el Estado de Honduras no se ciño al Convenio 169 de la OIT. En el año 2009 recurrimos a la Corte Suprema de Justicia, la cual en el 2010 declaró sin lugar el recurso interpuesto. Actualmente se ventila como una petición ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. (CIDH). La Ley de propiedad vigente, en su Capitulo III artículo 100, se presta para finiquitar los títulos comunitarios que defienden los exiguos reconocimientos territoriales otorgados por el estado de Honduras

    La actual administración Lobo viene promoviendo una serie de proyectos altamente destructivos, al mismo tiempo violentando el  CPLI de forma sistemática: desde la inconsulta represa del Patuca III y la destrucción de los humedales de la Moskitia, la explotación petrolera en la plataforma continental y las graves consecuencias que acarreará para la plataforma continental en el golfo de Honduras, pasando por las innumerables microrrepresas en el territorio del pueblo Lenca, hasta las Regiones Especiales para el Desarrollo (RED) y la abusiva subasta del territorio Garífuna.

    No desconocemos la gravedad de la deforestación que existe en el país, donde se pierde 3,4% de su cobertura forestal por año. La mayorías de las comunidades indígenas del país vivimos en áreas protegidas o sus zonas de amortiguamiento, indicador de la preservación de nuestras hábitats. La corrupción y la ingobernabilidad imperante son los pilares del ecocidio existente y los mayores depredares del bosque se encuentran dentro del Congreso Nacional o  forman parte de los partidos políticos tradicionales, basta ver el informe de la Agencia de Investigación Ambiental (EIA), documento del año 2005, el cual señala las conexiones entre políticos  y deforestares. Desafortunadamente el documento de la de la EIA continúan siendo vigentes.

    No nos extraña la posición  asumida por el Estado de Honduras a través de SERNA,   especialistas en ignorar o comprar voluntades como parte de su estrategia oficial. Preocupante es la actitud de las Naciones Unidas en Honduras, conociendo la deplorable condición del país, la ausencia de respeto a los derechos humanos y de los pueblos indígenas, faculte al programa REDD+ lo que se puede convertir en un saqueo de los territorios de los  pueblos indígenas, ademas de violar su propia Declaración de los Derechos de los Pueblos Indígenas.

    El retiro de la Confederación de Pueblos Indígenas de Panama (COONAPIP) del programa, UN-REDD y los señalamientos del Consejo Indígena Centroamericano (CICA) sobre «intolerancia y discriminación  racial hacia los Pueblos y organizaciones indígenas», son señalamientos sumados al repudio que la OFRANEH ha venido indicando sobre el Programa REDD+, el cual cada día demuestra nos es mas que una falsa solución al cambio climático, y una forma mas de desterritorialización y acaparamiento de tierras y territorios.

Sambo Creek, La Ceiba Atlántida, 3 de Abril del 2013

Organización Fraternal Negra Hondureña, OFRANEH

10 alertas sobre REDD para comunidades

El objetivo principal de esta cartilla es informar a las comunidades sobre los graves problemas que un proyecto REDD suele causar para las personas involucradas

Casi 300 millones de personas en todo el mundo dependen de los bosques tropicales para vivir. Pero las grandes empresas con sus negocios de explotación de madera, petróleo, gas y carbón, de minería, de monocultivos agroindustriales – de árboles o alimentos -, de ganadería industrial, de grandes represas hidroeléctricas, están saqueando y destruyendo los bosques.

Esta nueva publicación pretende dar información sobre el tema, resumiendo las experiencias concretas de diversas comunidades con proyectos REDD en todo el mundo, registradas por el WRM.

Para acceder a la cartilla (formato PDF), haya clic en el enlace a continuación y descargue el archivo:
10 ALERTAS SOBRE REDD PARA COMUNIDADES

REDD, deforestación y las causas de la deforestación

09/12/12 – WRM

Resulta cada vez más evidente que los esfuerzos de los gobiernos, ONGs, instituciones y empresas para que REDD sea la principal estrategia de reducción de la deforestación no está dando buenos resultados en los países con bosques tropicales. La tala continúa a todo vapor impulsada por diferentes «proyectos de desarrollo” como la minería, las plantaciones industriales de palma aceitera, de soja y de otros cultivos, las hidroeléctricas y las infraestructuras para facilitar el desplazamiento de materias primas. Hasta el llamado “manejo forestal sustentable” termina provocando más destrucción.

También aumentan las evidencias de que los proyectos REDD, que se están promoviendo en diversos países con bosques tropicales, están causando muchos problemas a las comunidades locales, como lo muestran varios artículos de este boletín. Esta situación llevó al WRM a escribir, tomando como base esas experiencias, una cartilla para las comunidades, llamada “10 alertas sobre REDD para las comunidades”, que también se cita en esta edición. Uno de los principales problemas señalados por las comunidades son las restricciones que sufren en cuanto al uso que hacían tradicionalmente de los bosques y al control de sus territorios.

Cabe recordar que mucho antes que REDD apareciera, hasta los que conocen mínimamente la problemática de los bosques tropicales ya sabían que la mejor forma de combatir la destrucción de los bosques era garantizar, a los pueblos y las poblaciones que viven en los bosques y que dependen de ellos, los derechos sobre su territorio y sobre el uso de los bosques. Hay suficientes ejemplos en el mundo que comprueban que donde se garantizan estos derechos hay una mejor conservación de los bosques.

Quizás, uno de los pocos aspectos positivos de las recientes negociaciones sobre REDD a nivel de la Convención sobre el Cambio Climático de la ONU – que organiza una nueva ronda este mes en Doha, Qatar – sea el hecho de que se instala nuevamente una discusión sobre las causas de la deforestación. Desde que se empezó a hablar de REDD, una de las cuestiones que más ha perjudicado a los pueblos del bosque es que los países, en sus esfuerzos para estar “prontos para REDD”, han insistido en señalar a dichos pueblos como los principales responsables de la deforestación debido a «prácticas» como la agricultura itinerante. Del mismo modo, indigna que los “grandes proyectos de desarrollo” antes citados no reciban el mismo tratamiento, sino que, por el contrario, continúen promoviéndose como acciones importantes para el “desarrollo”, pese a la destrucción que causan.

Además, con REDD y los crecientes intentos de comercializar también otros servicios ambientales, las grandes empresas involucradas en la destrucción de bosques tropicales están analizando la oportunidad de «compensar» sus acciones destructivas con proyectos REDD o con otros proyectos destinados a la comercialización de «servicios ambientales».

Aunque REDD llegue a tener sus días contados, a nivel internacional, debido a la falta de financiación, el afán de las grandes empresas por «compensar» sus acciones destructivas con acciones «verdes» – o sea, de justificar lo injustificable – no parece llegar a su fin. Para esas empresas, cada vez más grandes, es de suma importancia dicho tipo de mecanismo en este momento en el que las contradicciones del modelo destructivo de explotación de los recursos naturales comienzan a ser cada vez más explícitas, por ejemplo, en los efectos de los cambios climáticos, de la degradación ambiental y de la deforestación.

Creemos que solo con una gran resistencia y movilización de las comunidades afectadas por los megaproyectos de «desarrollo» junto con el apoyo de la solidaridad nacional e internacional se hace posible garantizar la fuerza suficiente para que los gobiernos adopten medidas efectivas con el fin de disminuir la deforestación, dirigiendo su mirada a quienes están causando realmente la destrucción.

Y aún más, es necesario tomar medidas urgentes contra las causas subyacentes de la deforestación, que incluyan, en especial, el cambio estructural del modelo de producción y consumo completamente insostenible en los países más industrializados. Esto no se logrará con actitudes individuales, sino que se requieren acciones enérgicas de los gobiernos para reducir el poder corporativo y el poder del gran capital, en general, y principalmente, del capital financiero. Además del reconocimiento de los derechos de los pueblos del bosque, éste es un camino indispensable si queremos disminuir realmente la deforestación.

Vía Ecoportal.net

Negociaciones sobre cambio climático ignoran manejo tradicional de bosques

Servindi, 3 de diciembre, 2012.– Las discusiones sobre la reducción de la deforestación en el marco de las negociaciones sobre el cambio climático ignoran el manejo tradicional de los bosques por los pueblos indígenas e insisten en los mecanismos de mercado, denunció hoy el Caucus Accra sobre Bosques y Cambio Climático.

Las negociaciones en torno al programa REDD+ (Reducción de Emisiones por Deforestación y Degradación de los Bosques) insisten en utilizar los mecanismos de mercado lo que estanca el debate en la Conferencia de Partes Nº 18 (COP18) de la Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático que se reúne en Doha, Qatar.

El programa REDD+ puede quedar paralizado debido a la insistencia de los países ricos de medir y verificar la reducción de emisiones a través de procesos técnicos costosos, señaló el Caucus Accra.

“Parece que los países ricos estuvieran secuestrando a los países forestales y diciéndoles que les permitan usar sus bosques para compensar la contaminación que esos países ricos provocan o cortarán el financiamiento” afirmó Raha Jarrah, de CARE International.

“Los pueblos indígenas y las comunidades locales, que vivimos en los bosques desde hace miles de años, tenemos nuestros mecanismos tradicionales de proteger los bosques, pero estos sistemas ni siquiera son mencionados en estas negociaciones” sostuvo Mónica Baltodano López del Centro Humboldt (Nicaragua).

Ella agregó que una vez más los conocimientos tradicionales de los pueblos indígenas son totalmente ignorados en estas negociaciones.

El Accra Caucus sobre Bosques y Cambio Climático es una red del Sur y del Norte que representa a alrededor de 100 organizaciones de la sociedad civil y de pueblos indígenas de 38 países, formado en la reunión la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC) celebrada en 2008 en Accra, Ghana.

En una declaración a la COP14 el grupo afirmó que un esquema REDD debe “reconocer y respectar los derechos de los pueblos indígenas y de las comunidades locales a sus tierras, territorios y recursos, y a los usos tradicionales de sus bosques. La ejecución de REDD no debería causar el desalojo de los pueblos indígenas y de las comunidades locales de sus territorios y tierras.”