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El Escaramujo 83: LA LEY GENERAL DE AGUAS (LGA) Y LOS DECRETOS DE LEVANTAMIENTO DE VEDA EN MÉXICO

Los "Escaramujos" son documentos de análisis producidos por Otros Mundos A.C. Les presentamos el último número de la colección, esperando les sirva para sus trabajos en defensa de los territorios. (Ver todos los números del Escaramujo)

>> DESCARGAR EL ESCARAMUJO No. 83 EN PDF <<

Este artículo fue publicado originalmente en el informe "Política pública y derecho fundamental al agua en América Latina y el Caribe" por Amigos de la Tierra América Latina y el Caribe (ATALC) del 10 de diciembre 2018 en que se expone la situación de 14 países de la región, gracias al apoyo de Fastenopfer.

Resumen Ejecutivo:

En México, 9 millones de habitantes no tienen acceso al servicio de agua entubada y en muy pocos lugares de la República el agua de la llave es potable (Comisión Nacional del Agua, CONAGUA, 2016). El acceso a un agua de calidad es casi imposible tanto para las personas conectadas a los servicios de abastecimiento municipales que carecen de infraestructura de saneamiento, como para las personas y comunidades que disponen de sus propias redes o de pozos comunitarios, cuyas fuentes de agua están contaminadas en su gran mayoría con patógenos por la falta de drenaje o en muchos casos con sustancias tóxicas vertidas por la industria extractiva. Es tan alta la presencia de agentes infecciosos en el agua que se consume en el país, que las enfermedades gastrointestinales representan la quinta causa de muerte infantil en menores de 5 años.

La razón es simple: la prioridad del Estado mexicano es garantizar el acceso al agua para las actividades industriales, más no para el consumo humano y el uso doméstico. La industria minera tiene el derecho de extraer casi 437 millones de metros cúbicos de agua en un año, una cantidad suficiente para cubrir las necesidades humanas de toda la población de los estados de Baja California Sur, Colima, Campeche y Nayarit en el mismo periodo (Cartocrítica, 2016). Una sola planta de Coca-Cola puede usar 500 millones de litros de agua al año para producir refrescos y agua embotellada, lo que le permite vender su producto hasta un 30% más barato en comparación con la media nacional, como es el caso en San Cristóbal de las Casas, Chiapas. Lejos de querer combatir este desequilibrio, el Estado busca otorgar aún más agua a la industria extractiva a través de iniciativas legislativas y decretos que pretenden facilitar la adquisición de concesiones de agua a perpetuidad para las empresas.

Desde la sociedad civil, actualmente se promueve una Propuesta de Ley Ciudadana que ha sido elaborada en el 2012. Esta ley busca garantizar "el derecho de todos los seres humanos y el derecho colectivo de los pueblos indígenas y comunidades" a contar con agua, instalaciones sanitarias y servicios de saneamiento, de forma "suficiente, segura, aceptable culturalmente, accesible físicamente y asequible económicamente" (en su título primero), priorizando el uso del agua para el consumo personal y doméstico en lugar de un uso industrial. Además, esta propuesta prevé prohibir el uso de aguas nacionales tanto para la facturación hidráulica (o fracking en inglés) como la minería tóxica a cielo abierto (en su título tercero-capítulo IV-sección VII) (Iniciativa Ciudadana de Ley General de Aguas, 2014).

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[INFORME] Política pública y derecho fundamental al agua en América Latina y el Caribe

Informe de Amigos de la Tierra América Latina y el Caribe (ATALC) - Publicado el 10 de diciembre 2018

>> DESCARGAR EL INFORME EN PDF <<

INTRODUCCIÓN: Política pública y derecho fundamental al agua en América Latina y el Caribe

Durante los últimos años, Amigos de la Tierra América Latina y el Caribe (ATALC) ha construido reflexiones nacionales y en la región sobre el tema del agua, los riesgos de privatización, mercantilización y financiarización a la que se le expone, y también las luchas y estrategias de nuestros pueblos para enfrentar estas amenazas. En este sentido, y entre otros esfuerzos, en el 2016 se presentó el Informe: Estado del agua en América Latina y el Caribe, donde se caracterizó los crecientes conflictos en la región, que afectan la posibilidad de agua para los pueblos, producto de la destrucción de las fuentes hídricas y el despojo de los territorios. Adicionalmente, se compartieron diferentes propuestas sustentables desde las organizaciones y procesos sociales latinoamericanos para la defensa y protección del agua.

En esta línea de reflexión, y en aras de una mirada holística sobre la región, el presente documento -Política pública y derecho fundamental del agua en América Latina y el Caribe- entrega una serie de resúmenes de política -policy briefs- que exponen las razones fundamentales para adoptar alternativas de política pública en cada uno de los países participantes. Estas propuestas son el producto de un ejercicio realizado durante el último año (2017-2018) en 10 países: Argentina, Brasil, Chile,  Colombia, El Salvador, Guatemala, Haití, Honduras, México y Uruguay. En cada uno de ellos se caracterizó de forma sucinta las formas en que se adelantan las políticas del agua en cada gobierno, y presentan las propuestas alternativas de política pública, la mayor parte de ellas lideradas por amplios escenarios de articulación popular, consideradas como condiciones necesarias para la defensa del agua y el reconocimiento del derecho fundamental.

Sería imposible comprender estos textos de política sin tener en cuenta la restauración conservadora del modelo neoliberal que se ha producido en aquellos países donde se habían logrado avances con relación al derecho humano al agua, al instalarse gobiernos de derecha y neoliberales; en dichos países la ofensiva privatizadora y mercantilizadora es brutal concretando retrocesos o generando amenazas de retrocesos en la materia. En particular, porque los gobiernos de derecha siguen profundizando una política orientada por agentes corporativos trasnacionales e instituciones financieras, perspectiva iniciada en los años 90ª, y promoviendo modelos de privatización, mercantilización y financiarización del agua.

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EJ Atlas: El mapa que sistematiza 2,638 conflictos ambientales en el mundo

El Atlas de Justicia Ambiental (Environmental Justice Atlas o EJAtlas en inglés) documenta y sistematiza los conflictos sociales que tienen que ver con problemáticas ambientales. En su versión más actualizada, el mapa sistematiza 2,638 conflictos en todo el mundo.

Presentación del proyecto:

"Alrededor del mundo, comunidades están luchando por defender su tierra, su aire, su agua, sus bosques y sus formas de vida frente a proyectos dañinos y actividades extractivas con altos costos sociales y ambientales: minas, represas, plantaciones de árboles, fracking, combustión de gas, incineradores, etc. A medida que los bienes naturales necesitados para alimentar nuestra economía se mueven a través de la cadena de producción desde la extracción, el procesamiento y la distribución, en cada etapa los impactos ambientales son sufridos por las poblaciones más marginalizadas. Muchas veces, eso ocurre lejos de los ojos de los ciudadanos o de los consumidores de los productos finales."

>> Consultar el Atlas <<

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[AUDIO] Presentamos un amparo para reactivar la investigación en el caso del asesinato de Mariano Abarca

Audio de las intervenciones del abogado Miguel Ángel de los Santos* (foto) durante la conferencia de prensa del 26 de noviembre 2018 en Tuxtla Gutiérrez a nueve años del asesinato de Mariano Abarca. Ese día, la familia Abarca y organizaciones aliadas interpusimos un amparo ante el Juzgado Segundo de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas para reactivar la investigación en esta causa que aún permanece en la impunidad.

>> DESCARGAR EL AUDIO EN MP3 <<

El camino para alcanzar la justicia es lento y en este caso ya ha ocupado 9 años, en los que no se  ha llevado a cabo una investigación seria, eficaz, objetiva, profunda, que determine las responsabilidades de quienes actuaron como autores materiales e intelectuales del asesinato de Mariano Abarca Robledo el 27 de noviembre 2009.

Nosotros esta mañana hemos interpuesto un amparo. Este amparo le toca conocerlo y estudiarlo al Juzgado Segundo de Distrito de Amparo y Juicios Federales, con sede en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, y será él quien le pida informes al Ministerio Público de la Mesa 2, dependiente de la Fiscalía de Homicidios de la Procuraduría de Justicia del Estado de Chiapas, para que aporte las evidencias de que efectivamente ha llevado a cabo una investigación.

La última diligencia de pruebas que se llevó a cabo dentro de la investigación fue a mediados del mes de enero del 2018, es decir que han pasado ya 10 meses, por lo menos, en los que no se ha realizado ninguna diligencia de investigación, a pesar de que lo hemos solicitado. Hemos pedido que se investigue el domicilio de los directivos de la empresa Blackfire Exploration para que comparezcan a declarar y aporten sus testimonios. Sin embargo, no lo han hecho.

El contexto histórico en el que se dio este crimen fue durante la administración del ex gobernador Juan Sabines Guerrero, en el marco de la lucha que Mariano Abarca y los habitantes de Chicomuselo llevaron a cabo en contra del impacto negativo de la actividad de la empresa minera Blackfire. Por lo tanto, la principal línea de investigación que se debe seguir tiene que ver con la responsabilidad de la empresa Blackfire en tanto que existieron antecedente previos al asesinato de Mariano Abarca, en los que trabajadores de la empresa estuvieron involucrados.

También se dieron otros elementos de carácter politico. Hay un testimonio que fue aportado por el abogado Horacio Culebro Borrayas en el que señala haber presenciado y participado en una reunión en la que escuchó directamente que un ex funcionario de la administración del ex gobernador Juan Sabines Guerrero, que en ese entonces era subsecretario general de gobierno, Nemesio Ponce Sanchez, expresó que el podía hacer a un lado a Mariano Abarca en caso de que continuara con su activismo contra Blackfire. También estamos señalando que el ex presidente municipal de Chicomuselo, Julio César Calderón, sea también investigado. Todos ellos son actores políticos que en ese momento intervinieron de una u otra manera para generar las condiciones que condujeron al crimen de Mariano Abarca.

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