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Nicaragua: alto a la criminalización y represión de las defensoras de derechos humanos

Pronunciamiento lanzado por la Iniciativa Mesoamerica de Mujeres Defensoras de Derechos Humanos (IM-Defensoras) - Agosto 2018

>> Organizaciones y articulaciones locales, nacionales e internacionales pueden firmar el pronunciamiento en línea aquí <<

Las organizaciones firmantes expresamos nuestra preocupación ante la sistemática campaña de represión, hostigamiento, amenazas, ataques y criminalización por parte del Estado, actores parapoliciales y otros vinculados al gobierno, que están enfrentando en Nicaragua las mujeres defensoras y sus organizaciones en el marco de la crisis política y de derechos humanos desencadenada en el país desde el pasado 19 de abril.

Desde el inicio de la crisis, las mujeres defensoras y sus organizaciones han desarrollado un papel fundamental en los movimientos de resistencia pacífica en todo el país, jugando roles importantes de liderazgo en distintos niveles, contribuyendo también al monitoreo, verificación, denuncia y acompañamiento de las numerosas violaciones a derechos humanos en todo el país. Por este motivo se han convertido en blanco sistemático y reiterado de ataques de toda índole y gravedad, tal y como reflejan las veinte #AlertaDefensoras, individuales y colectivas, emitidas en los últimos tres meses y que afectan a más de cien defensoras.

Pese a la presión internacional, las recomendaciones y auditoría de instancias oficiales de Derechos Humanos como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y el Alto Comisionado de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, lejos de detenerse, estos ataques se intensifican y se complejizan a través de iniciativas gubernamentales como las recientemente aprobadas "Ley de la Unidad de Análisis Financiero (UAF)" y "Ley Contra el lavado de activos, financiamiento al terrorismo y a la proliferación de armas de destrucción masiva", claramente orientadas a fiscalizar y criminalizar la actividad de las organizaciones de derechos humanos y la protesta social.

Evidencia de ello es el reciente señalamiento vertido en redes sociales contra el Grupo Venancia, el Colectivo de Mujeres de Matagalpa y La Finca - Campamento de Vida Joven, organizaciones de Matagalpa de larga y reconocida trayectoria en la defensa de los derechos de las mujeres, donde se las acusa de apoyar a "terroristas" y se pide que "les hagan auditorías y las cierren por ser parte de los vándalos y los delincuentes".

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[AUDIO] Colombia: la lucha de las mujeres afro-colombianas contra el sistema de despojo capitalista, patriarcal, colonialista y racista

Astrid Cuero, feminista afro-colombiana, fue invitada en el seminario de Otros Mundos A.C. titulado "Defensa del territorio y Lucha antipatriarcal: Cuerpo, Territorio y Trabajo", organizado el 1 de mayo 2018 en San Cristóbal de las Casas, Chiapas, México.

>> DESCARGAR EL AUDIO <<

"Lo que más conozco es la experiencia del Pacífico colombiano, en la costa occidental de Colombia. Es un territorio selvático con salida al mar, con mucha diversidad y muchos recursos naturales, donde la minería ha tenido una función esencial dentro del capitalismo y la economía extractivista.

Este territorio está habitado por una población afro-colombiana e indígena. Desde los años 1990 ha sido objeto de la presencia de multinacionales, en especial mineras como la AngloGold Ashanti (de capital sudafricano). Este territorio está siendo disputado por muchos actores, incluso armados, porque allí también se siembran cultivos ilícitos como la cocaína, la amapola, la mariguana, en complicidad con el estado.

Es un territorio disputado por las guerrillas y por paramilitares que han sido pagados por narcotraficantes como por las empresas multinacionales. Esto ha generado una situación de destierro en las poblaciones afro-colombianas. Los hombres negros han sido los que han sido más asesinados en todo el conflicto en el pacífico colombiano. En particular las mujeres negras son las que quedan sobreviviendo y resistiendo, intentando reconstruir su vida. Han sufrido violencias de todo tipo porque aparte de que destruyen a sus familias, matan a sus esposos y sus compañeros, también han sido violadas y violentadas por los actores armados, sobre todo militares y paramilitares.

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No, Carlos Slim no es un "ejemplo a seguir", como lo pretende AMLO: REMA

Comunicado de la Red Mexicana de Afectados por la Minería (REMA), a 12 de agosto de 2018

El pasado lunes 6 de agosto, el Presidente electo de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO) se reunió en el Palacio de Minería de la Ciudad de México con la Unión Mexicana de Asociaciones de Ingenieros, la Academia de Ingeniería de México y el Colegio de Ingenieros de México, bajo el lema del encuentro "Ingeniería es soberanía", presentando ahí 25 "proyectos estratégicos" que impulsará durante su gobierno.

En ese mismo evento con los ingenieros y desarrolladores de proyectos de infraestructura, estuvo presente el millonario Carlos Slim, a quien AMLO se refirió como una persona "honesta", como "modelo a seguir" y "un ejemplo para México y el mundo".

Desde la Red Mexicana de Afectados por la Minería (REMA), tenemos, con fundamento, otra perspectiva, pues individuos como éste, que se enriqueció con el patrimonio de los mexicanos al hacerse de una empresa pública con apoyo de Carlos Salinas (Telmex), que financia a ONGs como WWF mientras atenta con proyectos mineros contra Áreas Naturales Protegidas, como la del Alto Golfo Delta en Baja California; quien goza con grandes privilegios fiscales además de haber sido señalado por la Auditoría Superior de la Federación como "presunto evasor" en 2017, y que se ha dedicado con método a saquear mediante el despojo y del desplazamiento forzado con sus proyectos de "desarrollo" extractivistas en territorios de las comunidades indígenas y campesinas de México, lo único que merecen es la cárcel.

Más que un ejemplo a seguir, Slim es un claro ejemplo de la capacidad de despojo y desalojo forzado, como sucede específicamente en el caso de la comunidad de Salaverna, en el municipio de Mazapil, Zacatecas, deshabitada y destruida literalmente con engaños a sus pobladores para nutrir la voracidad de la empresa minera Frisco, del señor Slim. Ese ejemplo de la capacidad de despojo no lo van a seguir los habitantes de Salaverna, quienes se encuentran hoy ya desplazados de su comunidad y luchando por sus derechos por la vía jurídica; y así, podríamos continuar mencionando un gran número de comunidades, pueblos y ciudadanos afectados en todo el país, ahí donde el ejemplar Slim mantiene "inversiones", como el caso de la presa El Zapotillo en Los Altos de Jalisco, donde se pretende a su vez desplazar a tres comunidades: Temacapulín, Acasico y Palmarejo, y donde este supuesto adalid de la honestidad figura como socio mayoritario de la empresa española FCC, justamente una de las constructoras de dicho proyecto.

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Zacatecas: ejidatarios logran anular asamblea que pretendía imponer la presa Milpillas

Comunicado del Observatorio de Conflictos Mineros De Zacatecas (OCMZac), la Red Mexicana de Afectados por la Minería (REMA) y el Movimiento mexicano de Afectados por las Presas y en Defensa de los Ríos (MAPDER) - A 10 de julio 2018

¡EXIGIMOS RECONOCIMIENTO Y RESPETO!
NO QUEREMOS PRESA: QUEREMOS AGUA Y BIENESTAR

Bajo un ambiente pleno de intimidación, tal como lo expresaron algunos ejidatarios y pobladores del Potrero, Jiménez del Teúl, Zacatecas, el 03 de agosto de 2018, a las 12:00 del día, se llevó a cabo la asamblea en segunda convocatoria para someter a consideración la autorización para celebrar el convenio de ocupación previa con el gobierno del estado de Zacatecas, de 126 hectáreas de terrenos de uso común para la construcción de camino de acceso, acueducto y área de inundación, por la edificación de la presa Milpillas, así como el permiso para que una empresa contratista realice el trámite de cambio de uso de suelo por el motivo del convenio ante la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT), el cual se encuentra anulado por violaciones a los derechos agrarios y falta de información de fondo sobre el proyecto.

Cuando arribamos al recinto donde se celebraba dicha asamblea, nos percatamos de la presencia de autoridades de diferentes dependencias estatales y federales, entre ellas, la Procuraduría Agraria, la Comisión Nacional de Agua (CONAGUA), la Secretaría de Desarrollo Agrario Territorial y Urbano (SEDATU), la Secretaría del Agua y Medio Ambiente (SAMA), además de un individuo llamado Héctor Berúmen, quien se presentó como ciudadano de Guadalupe, Zacatecas. El arribo de estos representantes de gobierno era para intimidar y presionar a los ejidatarios para que firmaran dicho convenio de ocupación previa sin ningún contratiempo.

Francisco Godoy Cortés, delegado federal B de la Procuraduría Agraria, manifestaba en tono grosero y altanero que él estaba ahí para "defender los derechos de los ejidatarios"; sin embargo, su actitud evidenció lo que siempre pasa en este tipo de encuentros, pues los funcionarios creen que las personas de las comunidades son ignorantes, que no piensan y que ese tipo de reuniones sólo son un trámite para obtener los objetivos desarrollistas y de despojo que se fijan los gobiernos. También, el referido Berúmen, quien dijo ser una persona "preocupada por la falta de agua" en la zona metropolitana del centro del estado en primera instancia, habló sin embargo de forma prepotente cuando pretendía exponer a los asistentes en qué consistía el posible convenio y sus supuestos beneficios.

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