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RECOLECCIÓN DE FIRMAS - ¡Libertad para Rubén Herrera! ¡Basta de persecución y represión política!

 

RECOLECCIÓN DE FIRMAS - ¡Libertad para Rubén Herrera! ¡Basta de persecución y represión política!

Por favor firmar: Si quieres que tu nombre aparezca como firmante del siguiente comunicado, por favor envía tu nombre (y ubicación institucional si quieres) a contrareglamento@gmail.com antes del 25 de abril. Muchas gracias

Rubén en Facebook: VISITA

¡Libertad para Rubén Herrera!

¡Basta de persecución y represión política!

Las organizaciones y personas abajo firmantes, originarias de Guatemala y otros países, dedicadas a la investigación social, la academia, el arte, las luchas feministas, la defensa de los derechos humanos, del territorio y de la naturaleza, comprometidas con las luchas de los pueblos indígenas y con el futuro de nuestros pueblos, condenamos enérgicamente la captura de Rubén Herrera ocurrida el pasado 15 de marzo en la cabecera departamental de Huehuetenango. La detención de Rubén Herrera es parte de una estrategia de persecución y terror comunitario que despliega la trasnacional española Hidro Santa Cruz, en alianza con el gobierno de Guatemala, empresarios y autoridades españolas, para que nadie se oponga en Santa Cruz Barillas a la construcción de su hidroeléctrica Cambalam.
A instancias de Hidro Santa Cruz se están cometiendo vicios judiciales que deben ser investigados por la Corte Suprema de Justicia y el Colegio de Abogados. En Santa Cruz Barillas aumentan las acusaciones infundadas, las detenciones ilegales, el miedo a caminar libremente, las intimidaciones y el control militar de la población. Más de 20 líderes y lideresas comunitarias, incluyendo a Rubén Herrera, están siendo perseguidos, acusados o tienen procesos judiciales abiertos cargados de irregularidades, que confirman la existencia de fuertes presiones por parte de la trasnacional española para quebrar la imparcialidad de jueces y fiscales.
Tales vicios son notorios en las dos acusaciones contra Rubén Herrera. En la primera, extendida en el 2009, fue sindicado por “detenciones ilegales, amenazas e instigación a delinquir”. En febrero de 2009 los y las vecinos pararon a unos ingenieros de Hidro Santa Cruz, por ser extraños a la comunidad, para preguntarles qué estaban haciendo en sus tierras, creándose un estado de tensión que fue resuelto allí mismo. Existen evidencias y testigos de que la presencia de Rubén Herrera en esa ocasión fue precisamente para evitar conflictos mayores entre pobladores e ingenieros de esta empresa. Aunque Rubén se presentó dos veces voluntariamente a la citación de los tribunales, nunca fue atendido por excusas del juez. La perversidad mayor ocurrió cuando en la reciente audiencia del 19 de marzo después de su captura, a petición del abogado de Hidro Santa Cruz, el juez Luis Fernando Pérez Zamora aceptó incluir los cargos de plagio y secuestro.
La otra acusación fue hecha en marzo de 2012 cuando Hidro Santa Cruz le imputó los delitos de “amenazas, allanamiento, secuestro, terrorismo, detenciones ilegales, coacción, incendio, actividad contra la seguridad interior de la nación, atentado contra la seguridad de servicios de utilidad pública”, involucrándolo en la detención y quema de un convoy de su propiedad, ocurrida el 9 de marzo. Existen evidencias y testigos de que era imposible que Rubén Herrera se encontrara en Santa Cruz Barillas en tal ocasión.
La Unidad Coordinadora Departamental de Huehuetenango, integrada por jefes del Organismo Judicial, del Ministerio Público, de la Policía Nacional Civil y del Instituto de Defensa Pública Penal, debe investigar la actuación de los operadores de justicia en ese departamento y, en particular, del Juez Luis Fernando Pérez Zamora, para evitar que la defensa y el ejercicio de los derechos ciudadanos sean interpretados como actos criminales.
Criminal es la estrategia de Hidro Santa Cruz que quiere imponerse como la máxima autoridad de Barillas. Esta empresa española ha utilizado métodos sucios como el auto sabotaje, ha protegido a sus agentes de seguridad responsables de provocar el 1 de mayo de 2012 la muerte de Andrés
Francisco Miguel y los atentados contra Pablo Antonio Pablo y Esteban Bernabé, simplemente por oponerse a vender sus tierras; y ha sido la peticionaria directa del Estado de Sitio que el gobierno implantó en este municipio del 3 al 18 de mayo de 2012. Hidro Santa Cruz no reconoce que el 23 de junio de 2007 46,490 habitantes de Santa Cruz Barillas dijeron que no quieren a ninguna empresa que se apropie de sus bienes naturales. No reconoce las más de 100 actas municipales de reuniones comunitarias que han adversado la presencia de minería, hidroeléctricas y empresas extranjeras en Santa Cruz Barillas. Se burla hasta de la autonomía municipal porque en el convenio de regalías que quiere imponer se reserva el derecho a decidir qué proyectos aprobar.
Los abusos de Hidro Santa Cruz son los mismos que están cometiendo otras empresas extractivas en toda Guatemala. Son empresas que reciben el total apoyo de las fuerzas de seguridad del Estado y las autoridades políticas, empezando por el Presidente de la República. Un control militar empresarial nos regresa al pasado de muerte e impunidad. Las capturas ilegales, como las ocurridas contra Rubén Herrera, las intimidaciones, los asesinatos y la represión constituyen una grave amenaza contra la democracia y el derecho a la ciudadanía. Los desalojos, la usurpación de lugares sagrados, el robo y contaminación de agua y el desprecio a las consultas comunitarias son políticas que desprecian la vida y destruyen lo poco que hemos avanzado para vivir en paz.
Hacemos un llamado para denunciar estos actos que criminalizan la defensa de los derechos humanos. Exijamos respeto a las consultas comunitarias y paz para todos los municipios donde éstas se han realizado. Ninguna empresa extractiva tiene más derechos que la ciudadanía. Hacemos nuestras y reivindicamos como justas las demandas de la población de Barillas, contenidas en el Memorial del 7 de enero de 2013:
1. Exigimos respeto a nuestras autoridades municipal y comunitaria, porque son nuestras autoridades e instancias representativas, legales y legítimas de conformidad con lo establecido en el marco del Convenio 169 de la OIT.
2. Que se respeten los resultados de nuestra Consulta Comunitaria de Buena Fe.
3. Que se tome en cuenta lo anunciado por el Relator de las Naciones Unidas en cuanto al cumplimiento y respeto de las consultas comunitarias como medios de consenso para salvaguardar los derechos fundamentales. Ese es el espíritu.
4. No a la militarización de nuestro territorio como uso de intimidación a nuestra sociedad.
5. Que se retire lo más pronto sin mediación alguna la empresa Hidro Santa Cruz de nuestro territorio.
6. Que los presos políticos detenidos ilegalmente sean puestos en libertad.
7. Que las órdenes de captura giradas en contra de líderes y lideresas de las comunidades sean anuladas.
8. Que termine la presión, el chantaje y las amenazas contra las familias de los detenidos y de las personas perseguidas políticas para que firmen documentos a favor de Hidro Santa Cruz a cambio de su liberación y la renuncia de sus derechos ciudadanos.
9. Pedimos un resarcimiento inmediato a las personas dañadas de manera directa e indirecta por la empresa, para no repetir los mismos acontecimientos.

¡Libertad para Rubén Herrera!
¡Basta de persecución y represión política!
¡Unidad y fortaleza para todas las comunidades barillenses!
¡Fuera Hidro Santa Cruz de Guatemala!


Rubén en Facebook: VISITA

Declaración del encuentro de M4 en Aguacatán, Guatemala

Declaración del encuentro de M4 en Aguacatán, Guatemala

11-14 DE ABRIL DE 2013

M4El movimiento Mesoamericano contra el Modelo Extractivo Minero, ha celebrado entre el 10 y 14 de abril de 2013, su segundo encuentro contra la minería en el Municipio de Aguacatán, Departamento de Huehuetenango, República de Guatemala, donde trabajamos los ejes y acciones de los próximos 3 años.

A orillas del preciado y alimentador de vida río San Juan, durante tres días, compañeras y compañeros de Panamá, Nicaragua, El Salvador, Honduras, Guatemala, México,  Estados Unidos y Canadá, nos reunimos y analizamos el modelo extractivo minero global y regional, así como a la diversidad de impactos que sufren nuestras comunidades, culturas y la naturaleza, en el área Mesoamericana.

Coincidimos en el diagnóstico sobre:
1. La agudización de los conflictos originados por la imposición del modelo extractivo minero en toda la región,
2. El aumento en los niveles de conciencia y movilización de las comunidades afectadas,
3. El mayor alcance de la difusión del problema  en otros sectores sociales,
4. La pérdida de territorios y recursos relacionados como bosques y aguas, entre otros,
5. La complicidad del Estado con el interés privado local y transnacional,
6. La imposición, represión y criminalización como conducta del Estado contra las comunidades y sus miembros en defensa de la vida,
7. El uso de mitos como minería verde, sostenible, y responsable, entre otros, en el discurso de promoción a la actividad minera,
8. La relativa homogenización de los marcos jurídicos regionales en favor de la seguridad jurídica de los inversionistas, en detrimento de la seguridad humana y los derechos humanos, como el derecho a la vida, salud, el acceso a la información, a la consulta y participación en los asuntos que afectan a la comunidad, al buen gobierno, a la manifestación en defensa de los derechos humanos.

Afirmamos que algunos de los impactos generados por el modelo extractivo minero son:
1.- Los gobiernos, por medio de legislaciones, programas, políticas que impulsan con la intención de atraer las inversiones extranjeras, facilitan  las condiciones de conglomerados transnacionales en la extracción minera garantizándoles sus operaciones y grandes ganancias de sus inversiones. La impunidad que prevalece y es práctica continua y cotidiana.
2.- Bajo el amparo de legislaciones, las empresas explotan contaminan, degradan, destruyen el paisaje amenazando la existencia de la vida.
3.- En lo social, provocan la descomposición del tejido social, aprovechándose de la situación económica de la población y con las dadivas causan rompimiento de familias, comunidades.
4.- En materia de salud, con la ejecución de estos proyectos amenazan  y afectan la salud comunitaria, apareciendo nuevas enfermedades y se incrementan los índices de enfermedades comunes, sin contar con personal técnico y especializado para los controles de estas enfermedades además de la medicina.
5.-Los proyectos mineros ponen en riesgo la soberanía alimentaria, la cultura de los pueblos, la perdida de las formas propias de las comunidades para la producción de alimentos, las evasiones fiscales, la pérdida de calidad de producción de los suelos, sobreexplotan los recursos hídricos, y hacen demagogia con pocos empleos, mal remunerados y de corto tiempo.
6.- Promueven amenazas, presos políticos y asesinatos selectivos de líderes que están en contra de la explotación minera metálica.
7.-Los tratados internacionales sobre cuestiones comerciales y financieras, sobrepasan las leyes internas de los países.
8.- Tergiversan la información de sus operaciones, de las respuestas sociales, de los supuestos beneficios y acciones sobre las comunidades y ocultan la inmensidad del daño.

Son impostergables políticas y acciones públicas contra los impactos y contra el mismo modelo extractivista minero

Deuda ambiental minera

Las crecientes evidencias que nuestro pueblos,  la investigación científica y las instituciones recogen sobre los daños derivados del modelo extractivo minero depredador son alarmantes y requieren acciones inmediatas y de mayor plazo. La contaminación del agua, suelo, aire y ecosistemas enteros por emisiones de las actividades minerasse  profundizan.

En contraste con los tamaños de los llamados “beneficios” económicos del modelo extractivo minero depredador, hoy podemos afirmar que los costos de los daños ambientales provocados por la minería trasnacional y trasnacionalizada superan con mucho los llamados beneficios y amenazan con crecer y volverse irreversibles. Esa pesada carga de daños y deuda ambiental pretenden “heredarla” a nuestros pueblos poniendo en riesgo la salud comunitaria, la salud pública y el futuro de nuestros países.

Las Contra Reformas Legislativas

Los gobiernos de la zona mesoamericana, no son excepción alguna del compromiso internacional de armonizar las Constituciones y las Leyes temáticas, entre ellas las leyes mineras, con la primacía de los derechos humanos y los tratados y Protocolos internacionales de respeto a los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales.

Las llamadas “reformas” en curso a las leyes mineras, promovidas por los gobiernos y las empresas mineras y financieras contienen una abierta violación al derecho internacional, entre ellas, el respeto y fortalecimiento del consentimiento libre, previo e informado de nuestros pueblos, lo mismo que la consulta popular, sin tocar los injustos privilegios al capital financiero, ni fortalecer la capacidad institucional para cumplir con la obligación estatal de proteger y regular los bienes comunes de nuestros pueblos.

Maquillajes de Injusticia Fiscal

El régimen de injustos privilegios fiscales promovidos hace años para atraer inversión extranjera en la actividad minera y seguir alimentado la falsa idea de “desarrollo” minero en nuestro países, está siendo maquillado mediante reformas fiscales donde sin remediar y fortalecer el pago real y oportuno de impuestos y derechos a cualquier actividad que produce ganancias, se propagandiza la introducción o ligero aumento del pago de limosnas denominadas “regalías”.

El creciente impacto ambiental, social, a la salud y a la economía local y nacional por el modelo extractivo minero depredador, nunca se subsanará, ni siquiera mitigará con limosnas fiscales, sean regalías, o falso apoyo de las empresas a las comunidades. Es urgente y necesario que evaluemos el monto de daños provocado por la actividad minera, lo contrastemos con los muy propagandizados “beneficios” y ante todo se adopten políticas preventivas y que pongan alto al creciente pasivo de la minería.

Denunciar los Tribunales Privados Internacionales.

Las empresas mineras legalmente sancionadas en nuestros países por violación a las leyes o por el ejercicio del derecho de nuestros pueblos, han iniciado una campaña de multimillonarias demandas “legales” ante tribunales internacionales privados, promovidos por los Tratados de Libre Comercio. Denunciamos y rechazamos las amenazas y las instancias de las trasnacionales mineras que violan la soberanía de nuestros países.

Llamamos a los parlamentos y gobiernos del área mesoamericana a sumarse a la digna acción de denunciar a los tribunales internacionales cuasi-privados, como el CIADI, donde las empresas trasnacionales pretenden juzgar a los gobiernos y demandar cifras multimillonarias por falsos daños derivados del ejercicio del derecho de nuestros países.

Impulsar y Proteger otras formas de vivir de nuestros pueblos

Reiteramos que nuestros pueblos tenemos y reconstruimos modos de vida diferentes a la lógica y efectos del modelo extractivo minero depredador. Exigimos y luchamos por el respeto a esos modos de vida de nuestros pueblos, y exigimos y luchamos por políticas públicas que respondan, promuevan y faciliten la construcción, ampliación y fortalecimiento de esos modos de vida vinculados con los genuinos intereses de nuestros pueblos y de la naturaleza.

Como movimiento mesoamericano contra el modelo extractivo minero, exigimos:
1. la derogación de las leyes de minería que afectan nuestros territorios.
2. Exigimos el respeto a la autodeterminación de nuestros pueblos.
3. Respeto y cumplimiento al convenio internacional 169 de la OIT, relacionado a los derechos de los pueblos indígenas, el derecho a la consulta ciudadana, y el respeto y ejercicio pleno de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales.
4. Exigimos el respeto de la Soberanía de nuestros pueblos, ante las empresas mineras transnacionales.
5. Exigimos que los Gobiernos respeten el mecanismo de consulta previo al otorgamiento de una licencia ambiental para la exploración y explotación minera  implementado desde las comunidades, basado en el mecanismo que las comunidades decidan.
6. Que los Gobiernos divulguen la información real de las concesiones otorgadas, ya que las mismas se manejan como secreto de Estado.
7. Exigimos que la lucha por la defensa de la Madre Naturaleza no sea criminalizada.
Finalmente, pero con prioridad política, el movimiento mesoamericano contra el modelo extractivo minero exige la libertad incondicional de nuestro compañero Rubén Herrera, luchador ejemplar por los derechos comunitarios y constructor de futuro y esperanza.

¡De Panamá a Canadá, la minería No Va!

Movimiento Mesoamericano contra el Modelo extractivo Minero -M4

Si la ONU quiere acabar con el hambre, debe cambiar las políticas que lo causan

Si la ONU quiere acabar con el hambre, debe cambiar las políticas que lo causan

Con ocasión de la reunión de alto nivel sobre hambre, seguridad alimentaria y nutrición que Naciones Unidas celebra en Madrid, la Plataforma Rural reivindica la lucha contra la agricultura industrial, el robo de tierras y la especulación financiera.

faoLa Plataforma Rural recuerda que esta reunión se realiza en un momento de crisis financiera y económica global, con precios energéticos y alimentarios crecientes y cada días más volátiles, y una crisis ambiental y social sin precedentes.

La plataforma, compuesta por una veintena de organizaciones campesinas, ecologistas, sociales y de cooperación, desconfía de los anuncios del Gobierno español y de la ONU que dicen querer acabar con el hambre en el mundo, porque la cifra de personas desnutridos en el mundo sigue aumentando y porque no han mostrado voluntad política para garantizar el derecho a la alimentación.

Según UNICEF, actualmente hay 1.300 millones de personas en el mundo que no tienen suficientes alimentos. “Esta emergencia alimentaria tiene causas políticas y económicas, como las políticas de libre comercio de la Organización Mundial de Comercio y de la Unión Europea, los conflictos bélicos por el control de recursos naturales, y los programas de ajuste estructural impuestos por el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial para pagar la deuda externa en detrimento de la protección y de las ayudas a los pequeños agricultores”, señala la Plataforma Rural.

Ni el gobierno español, ni la Unión Europea han cambiado las políticas que han causado la fuerte crisis alimentaria de 2006-2008, cuando los precios de los alimentos alcanzaron niveles récord, con un aumento del 80% en 18 meses, sino han fomentado la expansión de la agricultura industrial y la especulación financiera lo que ha agravado el hambre en el mundo. Como confirma el reciente estudio de la UNCTAD, el organismo de Naciones Unidas competente en materia de comercio y desarrollo, “Quantification of the High Level Endogeneity and of Structural Regime Shifts in Commodity Markets”: entre el 60 y 70% de las variaciones de los precios de las materias primas se debe a la actividad especulativa.

“Las políticas agrícolas y comerciales neoliberales han convertido los alimentos en una mercancía, han favorecido la especulación financiera con las materias primas alimentarias y el robo de suelo fértil por parte de inversores extranjeros (agroindustria, gobiernos, fondos especulativos, bancos). Todo esto, a su vez, ha disminuido la capacidad de muchos países para autoabastecerse y los ha hecho depender de la importación alimentaria, provocando la expulsión de miles de campesinos de sus tierras y la subida del precio de cereales básicos”, denuncia la Plataforma Rural.

Estos procesos se ven agravado por el calentamiento global, que afectará a las producciones agrarias, suponiendo un impacto directo sobre las poblaciones campesinas. Aun así, el Gobierno español sigue subvencionando la agroindustria y los combustibles fósiles y no tiene voluntad política para frenar el cambio climático mientras ha aniquilado la Ayuda Oficial al Desarrollo, reduciendo su partida un 50%, situándola a niveles de 1990 e infringiendo sus obligaciones internacionales.

"Ahora me quedé sin tierra. El hambre está matando gente. Tenemos que comprar arroz para sobrevivir porque ya no podemos cultivarlo nosotros mismos”, cuenta Zainab Kamara, una de miles de agricultores de Sierra Leona de cuyas tierras se apoderó la empresa suiza Addax Bioenergy con el fin de establecer una plantación de 10.000 hectáreas de caña de azúcar para producir etanol y exportarlo a Europa.

Se estima que la demanda mundial de agrocombustibles ascenderá a 172.000 millones de litros en 2020. En otras palabras: 1.096 acopios de tierras del tamaño del proyecto de Addax Bioenergy en Sierra Leona. La UE es el causante principal de los acaparamientos de tierras para la producción de agrocombustibles porque importa gran parte de las materias prima que utiliza.

Desde 2008 el aumento de las inversiones financieras en la tierra ha contribuido al acaparamiento de cerca de 200 millones de hectáreas de tierra, arrebatados a pequeños agricultores, pescadores y otras comunidades rurales, robándoles sus medios de supervivencia. “Debido a su magnitud, agrava la situación de pobreza, hambre y malnutrición, vulnera el derecho a la alimentación, e implica con frecuencia a desalojos violentos, desplazamientos forzados de personas y violaciones a los derechos humanos”, manifiesta la Plataforma Rural. Además, los bancos y la industria financiera europeos tienen especial responsabilidad por la especulación alimentaria y el robo de tierras.

La Plataforma Rural exige a los gobiernos asistentes a la reunión de la FAO en Madrid que cumplan con sus obligaciones de derechos humanos, que cesen inmediatamente la transferencia de tierras y recursos naturales a bancos, fondos de pensiones y otros inversionistas, que cancelen los contratos hechos, restituyan las tierras saqueadas y protejan a las comunidades rurales y urbanas del acaparamiento actual y cualquier acaparamiento futuro.

“Exigimos a los gobiernos, a la FAO y a otros organismos internacionales que pongan inmediatamente en práctica los compromisos asumidos en la Conferencia Internacional sobre Reforma Agraria y Desarrollo Rural (CIRADR) de 2006, especialmente, garantizar los derechos de los/as usuarios/as de la tierra, la re-activación de procesos de reforma agraria sobre la base de un acceso equitativo a los bienes naturales y el desarrollo rural para el bienestar de todos/as”, añaden.

“Instamos también a rechazar definitivamente los Principios para Inversiones Agrícolas Responsables del Banco Mundial, que son ilegítimos. El BM y los bancos regionales de desarrollo están facilitando el acaparamiento de la tierra y del agua al promover políticas y leyes que sólo protegen los inversionistas”, expone la Plataforma Rural.

“Exigimos a los gobiernos y la FAO que apoyen las agriculturas familiares y la producción agro-ecológica, y responder específicamente a las necesidades de las mujeres y de los jóvenes”.

La Plataforma Rural reitera su compromiso a resistir al acaparamiento de tierras y se suma por ello al Día Internacional de las Luchas Campesinas (17 de abril) y convoca a la semana de lucha del 15 al 21 de abril, con movilizaciones en todo el Estado español alrededor de estas fechas. Ecoporta.net

· Javier Sánchez, representante de La Vía Campesina Internacional y de la Plataforma Rural, participará en la reunión de la FAO reivindicando el modelo social de agricultura como garante de la soberanía alimentaria, fuente de empleo y vida en las zonas rurales.

Ecologistas en Accion

PRONUNCIAMIENTO REMA. ALTO A LA REPRESION EN SOYOPA, SONORA

ALTO A LA REPRESIÓN EN SOYOPA, SONORA

SOLIDARIDAD CON HABITANTES DEL EJIDO

NI LA REPRESIÓN GUBERNAMENTAL, NI LAS LIMOSNAS EMPRESARIALES SON RESPUESTAS NI REMEDIO A LOS DAÑOS SOCIO-AMBIENTALES EN SOYOPA, SONORA.

El pasado 5 de abril el gobierno del estado de Sonora uso a la policía, entró al ejido de San Antonio de la Huerta, Soyopa, y detuvo y trasladó a Hermosillo a 51 hombres, mujeres y niños que exigían a la empresa minera Luz del Cobre reducir la contaminación y aumentar la cantidad por el pago de arrendamiento de sus tierras.

La minera Luz del Cobre, o Libertad, actual fachada local de la trasnacional canadiense Red Tiger Mining Inc (antes Zaruma Resources Inc) es un proyecto de minería de cobre a tajo abierto, con vida calculada entre 5 y 7 años, en tierras de vieja historia indígena Yaqui, Ópata y Pima.

Aunque los trabajos de la mina todavía no alcanza su actividad extractiva integral, y aunque los ejidatarios sólo les arrendaron 420 hectáreas, el proyecto minero ha mostrado su verdadera cara envenenada, los habitantes finalmente se han dado cuenta que las promesas o “perlas de la virgen” que la empresa minera y los funcionarios locales les prometieron, se vuelven verdaderas lagrimas por la destrucción ambiental y por el engaño económico y social.

Esta calculado que este año el proyecto empiece a escarbar y destruir las tierras ejidales para obtener diariamente 2,800 toneladas de mineral y alcanzar  entre 850 mil y un millón de toneladas de mineral al año.

Así, se ahondará un cráter, o tajo abierto, mientras 35 toneladas diarias o entre 10 mil o 12 mil toneladas de ácido sulfúrico al año se usarán para extraer las entre 6 mil u 8 mil toneladas anuales del codiciado cobre, mientras las nubes de acido venenoso se emiten a la atmósfera y los residuos tóxicos y los líquidos de la lixiviación (o disolución del mineral) tienen un destino desconocido como sucede frecuentemente por la complicidad de instituciones y funcionarios gubernamentales, estatales y federales.

En ese panorama, los ejidatarios que hace 5 años fueron engañados y convencidos para aceptar 40 mil pesotes anuales (3,333 dólares) por arrendar 420 hectáreas, aunque la empresa engañe y presuma ante inversionistas extranjeros que “posee” 11 mil hectáreas del ejido.

Los ejidatarios ahora están exigiendo un aumento de 20 mil pesotes más, sin saber que la empresa en sus informes financieros afirma que anualmente paga 190,444 dólares (2 millones 285 mil pesos) “por cambio de uso de suelo”  (facultad exclusiva del Ejido). Si esos 190 mil dólares son una miseria, pues representa el 0.56% de los 36 millones de gastos declarados por la empresa en 2012, 60 mil pesotes o 20 mil más de los actuales dan risa a cualquier accionista.

Se habían sentado a negociar  con la empresa y funcionarios estatales, pero un gobierno obediente a las trasnacionales aunque no a las leyes o tratados internacionales, decidió repetir la política porfiriana represiva y detener a los ejidatarios para “convencerlos” que la trasnacional es un proyecto “de desarrollo”.

detenidosLos ejidatarios han declarado que “En el nuevo acuerdo que buscábamos firmar con ellos, porque el anterior ya venció, les pedíamos acciones de limpieza del medio ambiente, que detuvieran la contaminación que llega hasta el Río Yaqui, y que aumentaran de 40 mil a 60 mil las aportaciones anuales por ejidatario”, precisó Sergio Acedo Miranda, presidente del comisariado ejidal de San Antonio de la Huerta.

Mucha gente sabe que Sonora, y aún más su capital Hermosillo, vive una situación crítica de escases de agua, de estrés hídrico, y los funcionarios públicos deberían apoyar las demandas ciudadanas de proteger los bienes escasos. Su conducta represiva no abona a una calificación inteligente, sino a una actitud servil a las mineras, aunque se atente contra el futuro de la región.

Los ejidatarios de Soyopa (que dicen que significa “Tierra Caliente” en lengua Yaqui) están solicitando solidaridad, y a la vez están aprendiendo como muchos otros pueblos a lo largo y ancho del país, que ni represión, ni limosnas empresariales son respuestas legales, ni mucho menos solución a los graves daños socio-ambientales del extractivismo minero depredador.

REMA  extiende la mano solidaria a nuestras compañeras y compañeros de San Antonio de la Huerta en su justa lucha contra la abusiva trasnacional minera Red Tiger Inc,

REMA exige al gobierno del Estado, a la Secretaria de Economía, la SEMARNAT, lo mismo que a la PROFEPA, cumplir con su obligación de verificar el cumplimiento de las leyes minera, ambientales y de Derechos Humanos en Soyopa, Sonora.

México, Abril de 2013.
Red Mexicana de afectados por la Minería (REMA)

Contacto: inforema@gmail.com

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