carta a la CIDH con el apoyo de 233 organizaciones de 29 paises manifestando la preocupación sobre la tendencia hacia un retroceso en la ejecución de medidas cautelares en casos involucrando los proyectos a gran escala
Santiago A. Cantón
Secretario Ejecutivo
Comisión Interamericana de Derechos Humanos CIDH
Asunto: Posibles retrocesos de medidas cautelares en casos de proyectos a gran escala
Los grupos de la sociedad civil que suscriben la presente, trabajamos en la protección de los derechos humanos y el medio ambiente en los países americanos y deseamos expresar nuestra preocupación por algunas decisiones que recientemente ha tomado la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que merman la eficacia de los mecanismos de protección de los derechos humanos. Hemos observado un giro inquietante de la CIDH al haber modificado o rechazado medidas cautelares que hubiesen evitado daños irreparables e inminentes a las comunidades amenazadas por proyectos a gran escala. Esta tendencia, contraria a los principios del derecho internacional de los derechos humanos y al mandato de la CIDH según lo establece la carta de la OEA, podría privar a un incalculable número de indígenas, afrodescendientes y comunidades locales de un recurso inmediato y eficaz para la protección efectiva de sus derechos.
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La modificación de la decisión de la CIDH en el caso de la Mina Marlin es el ejemplo más reciente de lo que vemos como una tendencia hacia un retroceso en la ejecución de medidas cautelares, posiblemente como resultado de presiones gubernamentales en casos donde los derechos de las comunidades se encuentran amenazados por proyectos a gran escala.
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A lo largo de más de 50 años, la CIDH ha sido una institución clave para garantizar el respeto de los derechos humanos de millones de personas en el continente americano. En beneficio de las comunidades afectadas y de muchas otras, es esencial que la CIDH se mantenga firme en su compromiso de proteger los derechos humanos contra amenazas, en especial las provocadas por los grandes proyectos. De esta manera, los Estados y la OEA podrían demostrar su verdadera voluntad política para respetar los derechos humanos, aún en este tipo de proyectos y motivar un desarrollo que no sacrifique los derechos humanos. Por ello, solicitamos respetuosamente a la CIDH que, para la efectividad de los derechos humanos, mantenga y fortalezca el mecanismo de medidas cautelares y haga un llamado para que se suspenda cualquier proyecto que provoque situaciones urgentes y graves, que amenacen con causar daños irreparables a las comunidades afectadas.
Firman 233 organizaciones y redes de Alemania, Argentina, Austria, Bélgica, Bolivia, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Ecuador, EEUU, El Salvador, España, Francia, Guatemala, Honduras, Inglaterra, Los Paises Bajos, México, Nicaragua, Noruega, Panamá, Paraguay, Perú, Suecia, Suiza, Uruguay, Venezuela,
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