Compartimos este informe de la Coalición contra la pandemia minera – Mayo 2022
Acerca de la coalición
La Coalición contra la Pandemia Minera trabaja en solidaridad global con comunidades, pueblos
indígenas y trabajadores para responder a los abusos mineros relacionados con la pandemia de
COVID-19. Trabajamos en coalición, basándonos en el consenso y llevando a cabo una investigación
colectiva y activismo en la intersección entre el extractivismo minero y la pandemia de COVID-19.
Acerca de este informe
Este informe se basa en estudios de caso realizados en nueve países de América Latina: México,
Honduras, Panamá, Colombia, Ecuador, Perú, Brasil, Chile y Argentina. Para la realización de este
informe se contó con la participación de un grupo de trabajo compuesto por representantes de
algunos miembros de la coalición y contribuciones de diversas organizaciones en cada uno de los 9
países. Se realizaron entrevistas con organizaciones locales y nacionales, personas de comunidades
afectadas, sesiones internas e investigación de escritorio.
Contribuciones
Argentina: Comunidad Mapuche Tehuelche Laguna Fría-Chacay Oeste, Asamblea de Vecinos Autoconvocados
No a la Mina de Esquel y Asamblea en defensa del territorio de Puerto Madryn
Brasil: Movimiento de Afectados/das por Represas (MAB)
Chile: Coordinadora Putaendo Resiste
Colombia: Fuerza de Mujeres Wayuú (Jakeline Romero Epiayu)
Ecuador: Pueblo Shuar Arutam (PSHA), Amazon Watch, Lluviacomunicación y Witness
Honduras: Comité Municipal de Defensa de los Bienes Comunes y Públicos de Tocoa (Juan Antonio López)
México: Red Mexicana de Afectadas/os por la Minería (REMA); Frente Popular en Defensa del Soconusco ‘20 de junio’, Chiapas; Acción Colectiva Socioambiental, A.C., Guanajuato; Comunidades Unidas de Zimapán y la Asociación por la Protección de la Tierra y el Bienestar de Epazoyucan A.C. (APTYBE) de Epazoyucan, Hidalgo; Articulación por la vida, contra la minería del valle de Ocotlán, Oaxaca; Ejido El Bajío, Sonora
Panamá: Colectivo Voces Ecológicas-Radio Temblor (COVEC)
Perú: Derechos Humanos y Medio Ambiente (DHUMA) (Vito Yuganson Calderón Villanueva), Asociación de Mujeres defensoras del Territorio y la Cultura K ́ana (Elsa Merma Ccahua)
Compilación del Informe
Leny Olivera Rojas, TerraJusta
Jen Moore, Institute for Policy Studies – Global Economy Program
Comité Regional de la Coalición contra la Pandemia Minera
Aldo Orellana López & Leny Olivera Rojas, TerraJusta
Ennedith López & Jen Moore, Institute for Policy Studies – Global Economy Program
Jamie Kneen & Viviana Herrera Vargas, MiningWatch Canadá
Guadalupe Rodríguez, Salva la Selva
Revisión del informe
Aldo Orellana López, TerraJusta
Ennedith López, Institute for Policy Studies – Global Economy Program
Guadalupe Rodríguez, Salva la Selva
Viviana Herrera Vargas, MiningWatch Canadá
Traducción del español al inglés
Thomas Mc Donagh
Corrección de Estilo
Adriana Montes Sánchez (Español)
Maddy Ryle (Inglés
Resumen ejecutivo
Dos años después de la pandemia mundial a causa del COVID-19, las comunidades afectadas por proyectos mineros, en gran parte de América Latina, han estado viviendo múltiples crisis cada vez más profundas y una aceleración de la violencia, vinculada con la extracción de recursos.
La industria minera ha recibido el apoyo directo e indirecto de los gobiernos, para mantener e incluso ampliar sus operaciones, mientras que las comunidades deben asumir, de manera simultánea, las limitaciones sociales, y los impactos sanitarios y económicos, como consecuencia del virus; así como la militarización, violencia y los daños ambientales directos, que genera la minería en sus territorios. Sin embargo, incluso frente a amenazas graves, las y los defensores del ambiente y del territorio persisten. De hecho, la defensa de la tierra de las comunidades y la ayuda mutua, han sido fundamentales para mantener a las personas lo más seguras posible durante este tiempo de crisis y para reforzar la importancia de proteger el agua, la soberanía alimentaria y el autogobierno.
Las relaciones asimétricas de poder económico y político, entre las empresas mineras y las comunidades locales, que son a la vez racistas, patriarcales, coloniales e imperialistas, se han profundizado durante la pandemia. La pandemia ha ejercido nuevas presiones sobre las comunidades afectadas por los proyectos mineros y, al mismo tiempo, ha creado oportunidades para que las empresas mineras y los gobiernos, continúen violando sus derechos. Esto ha puesto a las comunidades, muchas de ellas comunidades indígenas, en mayor riesgo de sufrir daños graves a largo plazo, para que un pequeño puñado de inver –
sores adinerados pueda enriquecerse aún más.
El resultado de la pandemia, desde la perspectiva de las personas afectadas por la minería, parece estar hecho a la medida de los intereses de las empresas mineras. En general, las empresas mineras han podido aprovechar la pandemia como una ventana de oportunidad para impulsar proyectos a los que se oponen las comunidades locales. Las actividades mineras solo tuvieron breves pausas en sus operaciones y en cambio, fueron rápidamente declaradas esenciales para la reactivación económica, y se les permitió continuar operando; lo que generó un incremento progresivo en sus ganancias, a medida que se disparaba el precio de los metales.
En una serie de casos, también encontramos que las empresas utilizaron su influencia política e incluso la amenaza de demandas de arbitraje, para argumentar que la extracción de recursos es necesaria o inevitable para la reactivación económica posterior al COVID-19, lo que implica dividir a las comunidades y marginar a los defensores de la tierra que se oponen a estas narrativas. La llamada transición energética solo sirvió como una justificación más para sostener o expandir las actividades mineras. Varios estados cómplices, sin necesidad de mucha presión de parte de las empresas, desregularon aún más éstas actividades y/o crearon planes para estimular su crecimiento, mientras que los daños existentes en territorios y población, siguen en la impunidad.