La agricultura ha dejado de ser desde hace años una actividad económica central. Ante un modelo agrario diseñado por y para el agronegocio, cada vez más campesinos se han visto obligados a cerrar sus explotaciones y abandonar el sector. Sin embargo nuestras necesidades alimentarias siguen allí. Sin campesinado, ¿quién nos dará de comer?
La agricultura, en el Estado español, ha pasado de ser una de las principales actividades económicas a una práctica casi residual. En 1900, el 70% de la población activa trabajaba en el sector agrícola; en 1950, ésta había disminuido hasta el 50% del total; en 1980, ya únicamente representaba el 19%; y en 2013, sumaba un escuálido 4,3%. Las explotaciones agrarias, del mismo modo, desaparecen a gran velocidad. En el período de 1999 al 2009, en solamente diez años, éstas disminuyeron un 23%, según el Censo Agrario del Instituto Nacional de Estadística 2009. Pronto no quedarán campesinos en el campo.
Menos explotaciones y más grandes. La concentración empresarial es otra realidad en el mundo agrario. Entre 1999 y 2009, a pesar del cierre de fincas, las que se mantuvieron, en todas las comunidades autónomas, aumentaron su extensión. Aunque los mayores incrementos se dieron en Galicia, La Rioja y Cantabria. En la ganadería, se repitió la dinámica: el número de explotaciones de cada especie de ganado disminuyó, pero aumentó el número medio de cabezas. Castilla y León se situó al frente de la producción de bovino y ovino y Catalunya fue la primera en la producción avícola y porcina, ambas comunidades con el mayor número de ejemplares de cada una de dichas especies. Por cierto, en Catalunya existen prácticamente tantas cabezas de cerdo, como de personas.
La renta agraria en términos generales, en los últimos años, también ha retrocedido, a pesar de que en 2013, ésta aumentó un 7,7% después de varios años de mantenerse estable o en caída libre. Según datos de la Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (COAG), el sector agrario en la última década ha perdido un 23% de su renta. Asimismo, los costes de producción siguen incrementándose, y actualmente significan un 93% de la renta agraria en su conjunto. La subida de precios de la energía, los fertilizantes y los piensos ha contribuido de forma decisiva al aumento. Los ingresos disminuyen, los gastos no hace sino aumentar. Precios en origen y en destino
El diferencial entre el precio que se paga en origen al productor y el que nosotros pagamos en la tienda o el supermercado continúa subiendo. Si en junio del 2013, el precio del producto alimentario de origen a destino se multiplicaba de media por 3,79, un año más tarde, en junio del 2014, el importe se multiplicaba por 4,52, según el Indice de Precios en Origen y Destino de los Alimentos. Aquellos productos con un mayor incremento de su coste eran el calabacín, el repollo y la berenjena, con un diferencial porcentual entre el precio en origen y en destino de un 950%, un 808% y un 717% respectivamente. En definitiva, quién produce lo que comemos es quién menos dinero recibe.
De aquí que la COAG, la Unión de Consumidores de España (UCE) y la Confederación Española de Organizaciones de Amas de Casa, Consumidores y Usuarios (CEACCU) impulsaran una proposición no de ley sobre los márgenes comerciales de los productos agroalimentarios, que fue aprobada por el Congreso de los Diputados en 2008. La proposición instaba a una mayor transparencia en el proceso de configuración de los precios a lo largo de la cadena alimentaria, a la creación de un Observatorio de Precios para controlar y sancionar las malas prácticas en la fijación de los importes, a actuar para eliminar la especulación en los mercados agroalimentarios e implantar un sistema de doble etiquetado (precios origen/precios destino) que permita conocer el valor real de los alimentos y detectar distorsiones interesadas en los precios, entre otras medidas. Aunque del dicho al hecho…
El supermercado siempre gana
La venta a pérdidas por parte de los supermercados, vender por debajo del precio al que se paga al productor, es otra práctica habitual, aunque está prohibido por la administración mediante la Ley de Ordenación del Comercio Minorista y la Ley de la Competencia Desleal. La gran distribución, sin embargo, utiliza esta medida con el objetivo de fidelizar a sus clientes, vendiendo algunos productos, los llamados «productos relamo», a un precio muy bajo. A pesar de ingresar menos dinero con su venta, lo compensa con el incremento de la comercialización de otras mercancías.
El aceite de oliva ha sido, en los últimos años, uno de los productos agrarios más golpeados por esta práctica, ahora parece le llega el turno al arroz. Pero, no es oro todo lo que reluce. El consumidor piensa que ahorra con estos métodos, aunque una vez en el ‘súper’ lo que deja de pagar en un producto lo acaba pagando en otro. La gran distribución siempre gana.
Mientras, estas prácticas tienen un efecto nefasto en el campo, ya que presionan a la baja el precio que se paga en origen por dichos alimentos conduciendo a la ruina del agricultor. Sin entrar a analizar, por otro lado, el fraude que, a menudo, se da con estas prácticas, cuando nos venden, por ejemplo, aceite de oliva virgen extra a un precio extremadamente barato, y al analizar el producto resulta no tratarse del aceite de primera calidad que nos decían.
Muchos campesinos, ante estas operaciones, tiene que acabar cerrando sus fincas. Entonces, si estos desaparecen, ¿quién nos dará de comer? ¿Quiénes producirán y distribuirán la comida? Creo que la respuesta es clara: unas pocas empresas que controlan cada uno de los tramos de la cadena alimentaria. Se trata de multinacionales como Dupont, Syngenta, Monsanto, Kraft, Nestlé, Procter&Gamble, Danone, Carrefour, Alcampo, El Corte Inglés, Mercadona, por solo citar a algunas. ¿Tenemos, pues, la comida garantizada?
Esther Vivas