Cambio climático: lo que está en juego en Cancún

Silvia Ribeiro. La Jornada. 20 de noviembre de 2010
Del 29 de noviembre al 10 de diciembre sesionará en Cancún la decimosexta Conferencia de las Partes de la Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático (COP 16). La crisis climática es grave y lo que hay en juego en el mundo real es mucho.

Pese a esto, los gobiernos más poderosos –que son los más contaminantes y cargan con la mayor deuda climática–, con la colaboración de los anfitriones, decidieron de antemano que Cancún será sólo una parada, donde «no habrá fracasos», porque no intentan un nuevo acuerdo global. Esta declaración de unos pocos, funciona como profecía auto-cumplida, ya que las decisiones se toman por consenso. Otra vez, como hicieron en Copenhague, se proponen secuestrar todo esta Convención de Naciones Unidas, para lograr lo que quieren sus trasnacionales, aunque la crisis climática empeore.

Que no haya acuerdo global, vinculante, de reducciones reales de emisiones –no a través de soluciones falsas como mercados de carbono o nuevas tecnologías– facilita que sigan cabalgando en el espurio «Entendimiento de Copenhague», que no es parte de Naciones Unidas y cuyos «compromisos» voluntarios llevarían a un aumento de la temperatura de 3-4 grados en promedio, un escenario de catástrofe premeditada para muchos países del Sur.

Pero sí hay algunos temas –de enorme relevancia por sus nefastas consecuencias– sobre los que la mafia climática quiere lograr acuerdos en Cancún. Los principales son: la privatización del aire, a través de la privatización de facto de los bosques en todo el planeta con los programas REDD+; la creación de un mecanismo financiero que podría significar instaurar una nueva era de Programas de Ajuste Climático (parafraseando los Programas de Ajuste Estructural del FMI y Banco Mundial); y la creación de un Comité de Tecnologías para el cambio climático, tema opaco que puede cobijar la promoción de tecnologías muy dañinas, como cultivos transgénicos, geoingeniería y otras aventuras tecnológicas con fuertes impactos ambientales y sociales, además de funcionar como agencia de protección de patentes de las trasnacionales.

Tambien hay propuestas para incluir suelos y agricultura en «mercados de carbono», un nuevo ataque contra la agricultura campesina, esencial para alimentar el mundo y para enfriar el planeta.

Lo más grave en la COP 16 es el intento de mundializar los programas REDD+ (Reducción de emisiones por deforestación y degradación de bosques), que es uno de los mayores asaltos globales a los bienes comunes de comunidades y pueblos indígenas y campesinos. REDD+, como explico en artículos anteriores, es una moneda que con una cara premia a los grandes deforestadores (si dejan en pie un rídiculo 10 por ciento de lo que talan) y con la otra, compra comunidades forestales, como pago por «servicios ambientales» de absorción de carbono en sus bosques. Aunque conserven su título de propiedad, REDD significa una expropiación de los territorios, porque los pueblos ya no pueden decidir sobre ellos. (Ver Ana de Ita, REDD y pueblos indígenas, La Jornada)

Programas de servicios ambientales forestales ya existían en varios países. Hay historia de comunidades despojadas de sus territorios a partir de éstos. Pero los bosques no son aceptados dentro de la Convención de Cambio Climático como válidos para generar certificados de reducción o bonos de carbono, porque es imposible medir con exactitud cuánto CO2 realmente disminuyen.

Lo que se pretende en la COP 16 es que a través de los programas REDD+, se validen globalmente los bosques como generadores de bonos de carbono. Si esto se aprueba, se colocan todos los bosques del mundo como cotos de caza para los especuladores.

Es un banquete para un mercado deprimido por la crisis financiera: lo que se paga a las comunidades es una mínima fracción del valor de reventa de esos «derechos de absorción de carbono» a otras empresas y especuladores. Las empresas más sucias, las que generan más gases de efecto invernadero, con REDD+ pueden seguir contaminando, justificarse alegando que hay bosques que están «absorbiendo» sus emisiones, y aumentar sus ganancias con la reventa de bonos.

El «problema» para este negocio es que los bosques están habitados, en todo el mundo, por comunidades indígenas. Por eso, las empresas, junto a ONG conservacionistas y gobiernos, se han ensañado en vender REDD como beneficio y reconocimiento a las comunidades forestales, cuando en realidad es un despojo a gran escala.

Sin duda, las comunidades indígenas y campesinas tienen un rol fundamental para equilibrar el clima. Justamente por eso no pueden quedar a merced del mercado especulativo de las trasnacionales o de la «beneficencia» de ONG. Deben ser apoyadas y reconocidas en la integralidad de sus derechos, no en transacciones comerciales ni como cartas en el juego de políticos y ONG. Hablar de REDD «sin intervención del mercado» o con «derechos indígenas», como tratan de maniobrar algunos para justificar su involucramiento, es también una trampa. Si se trata de derechos, no pueden ser programas, ni condicionados a certificación externa ni en mecanismos diseñados para el mercado, como es REDD.

Finalmente, la cereza envenenada del pastel: En REDD+ la medición de carbono se hará con una combinación de tecnología satelital y de infrarrojos, y levantamientos minuciosos en terreno (geopiratería de avanzada). Además de alienarles el territorio, permite vigilar como nunca antes a los indígenas. No sorprende que el gobierno de Chiapas firmara con Schwarzenegger, gobernador de California, para avanzar programas REDD+ en la Selva Lacandona, donde siguen resistiendo las comunidades zapatistas.

*Investigadora del grupo ETC