Organizaciones civiles, sociales y redes, promotoras y defensoras de los derechos humanos, inician

“la Campaña mexicana por la ratificación del Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales”

-Reiteran el llamado al gobierno federal, a través de la canciller Espinosa Cantellano, para que adopte sin mayor demora este instrumento internacional
-Demandan congruencia con la reciente reforma constitucional en materia de derechos humanos, para que México avance en la garantía del acceso a la justicia para las víctimas de violaciones a derechos económicos, sociales y culturales.

El Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PF-PIDESC), aprobado por la Asamblea General de Naciones Unidas el 10 de diciembre de 2008, establece un mecanismo para que las personas, grupos o comunidades puedan presentar casos de violación a sus derechos económicos, sociales y culturales (DESC) ante el Comité de DESC de la Organización de las Naciones Unidas, toda vez que el Estado incumpla con sus obligaciones de respeto, protección y realización respecto al derecho a la salud, al trabajo, a la alimentación, a la vivienda, a la seguridad social, a la educación, a la libre determinación, al agua y otros derechos consagrados en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales.

El PF-PIDESC quedó abierto a firmas, ratificaciones y adhesiones desde el 24 de septiembre de 2009, año en que el gobierno mexicano copatrocinó la resolución A/HRC/10/L.14 del Consejo de Derechos Humanos de la ONU invitando a todos los Estados Partes del Pacto Internacional de DESC a considerar la firma, ratificación o adhesión a dicho instrumento. Sin embargo, a dos años de la apertura a firmas, México no se encuentra entre los 37 Estados que han firmado el PF-PIDESC -entre ellos ya hay 9 latinoamericanos: Argentina, Bolivia, Costa Rica, Chile, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Paraguay y Uruguay. Para que el Protocolo Facultativo entre en vigor, se requieren 10 ratificaciones, y a la fecha, solamente cuatro Estados de los 37 firmantes, lo han ratificado (España, Ecuador, El Salvador y Mongolia).

En este contexto, diversas organizaciones civiles, sociales y redes promotoras y defensoras de los derechos humanos inician hoy la “Campaña mexicana por la ratificación del PF-PIDESC” y demandan al gobierno mexicano que avance en la garantía del acceso a la justicia para las víctimas de violaciones a derechos económicos, sociales y culturales, y muestre congruencia con la reciente reforma constitucional en materia de derechos humanos.

En una carta dirigida el día de hoy a la Secretaria de Relaciones Exteriores, Emb. Patricia Espinosa Cantellano, 67 organizaciones civiles, sociales y redes con presencia en diferentes entidades federativas y dos redes internacionales, reiteran encarecidamente los llamados anteriores al gobierno mexicano para que adopte sin mayor demora el Protocolo Facultativo del PIDESC. Solicitan informe de los resultados del análisis exhaustivo que la cancillería ha llevado a cabo en los últimos dos años con miras a la firma y ratificación de este instrumento, e insisten en la necesidad de que México lo adopte sin reservas, reconociendo también la competencia del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la ONU para iniciar procedimientos de investigación sobre situaciones de violaciones a los DESC y para conocer de quejas interestatales. Las organizaciones firmantes señalan que está abierta una importante oportunidad para que el gobierno mexicano muestre su compromiso real con la integralidad de los derechos humanos en el marco de la Ceremonia de los Tratados, 2011: hacia la participación y aplicación universales que inició este 20 de septiembre en la sede de las Naciones Unidas en Nueva York, misma que se extenderá hasta el día 27 del presente.

La Campaña mexicana por la ratificación del PF PIDESC estará vigilante del proceso e impulsará diversas actividades en diferentes estados de la República, informando al público a través del blog: http://ratificapfpidescmex.org/

Organizaciones civiles, sociales y redes nacionales: Alianza Cívica – Baja California; Alianza Internacional de Habitantes; Alianza Mexicana por la Autodeterminación de los Pueblos (AMAP); Amnistía Internacional sección México – Distrito Federal; Asociación de Usuarios del Agua de Saltillo, A. C. (AUAS) – Coahuila; Asociación Jalisciense de Apoyo a Grupos Indígenas, A. C. (AJAGI) –Jalisco; Asociación Nacional de Abogados Democráticos (ANAD); Campaña Nacional sin Maíz no hay País; Casa y Ciudad, A.C. – Distrito Federal; Cátedra UNESCO de Derechos Humanos de la Universidad Nacional Autónoma de México – Distrito Federal; Centro de Derechos Humanos «Fray Francisco de Vitoria O.P», A.C. – Distrito Federal; Centro de Derechos Humanos “Victoria Diez”, A.C. – Guanajuato; Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan – Guerrero; Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh) – Distrito Federal; Centro de Estudios Sociales y Culturales Antonio de Montesinos A.C. – Distrito Federal; Centro de Investigación y Promoción Social (CIPROSOC)- Distrito Federal; Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo, A.C. (CEPAD) – Jalisco; Centro de Reflexión y Acción Laboral de Fomento Cultural y Educativo, A.C. – Distrito Federal; Centro Diocesano para los Derechos Humanos Fray Juan de Larios, A.C. – Coahuila; Centro Mexicano de Derecho Ambiental, A.C. (CEMDA) – Distrito Federal; Centro Nacional de Comunicación Social, A.C. (Cencos) – Distrito Federal; Coalición de Organizaciones Mexicanas por el Derecho al Agua (COMDA); Espacio DESC- Capítulo mexicano de la Plataforma Interamericana de Derechos Humanos, Democracia y Desarrollo (PIDHDD); Colectivo COA – Jalisco; Comisión Ciudadana de Derechos Humanos del Noroeste– Baja California; Comisión de Solidaridad y Defensa de los Derechos Humanos, A.C.-Chihuahua; Comité Nacional de Estudios de la Energía, A.C. – Tabasco; Comunidades Campesinas y Urbanas Solidarias con Alternativas, A.C. (COMCAUSA); Consejo de Comunidades Unidas de Centla – Tabasco; DECA Equipo Pueblo, A.C. – Distrito Federal; Defensoría del Derecho a la Salud – Chiapas; Defensoría del Derecho a la Salud/Centro de Capacitación en Ecología y Salud para Campesinos (CCESC/DDS) – Chiapas; Documenta, A.C. – Distrito Federal; El Caracol A.C. – Distrito Federal; Federación Mexicana de Mujeres Universitarias- Baja California; FIAN sección México – Distrito Federal; Frontera con Justicia, A.C. – Coahuila ; Fronteras Comunes México – Distrito Federal; Greenpeace México – Distrito Federal; Grupo de Información en Reproducción Elegida, A.C. (GIRE) – Distrito Federal; Grupo Mujeres: Dignidad y Resistencia – Baja California; Guardianes de los Volcanes, A.C.- Estado de México; Humanidad sin Fronteras, A.C. – Coahuila; Indignación, Promoción y Defensa de los Derechos Humanos, A.C. – Yucatán; Iniciativa Ciudadana y Desarrollo Social, INCIDE Social, A.C. – Distrito Federal; Instituto Mexicano para el Desarrollo Comunitario, A.C. (IMDEC) – Jalisco; Liga Mexicana por la Defensa de los Derechos Humanos, A.C. (LIMEDDH) – Distrito Federal; Litiga Organización de Litigio Estratégico de Derechos Humanos, A.C. (LITIGA OLE) – Distrito Federal; Mujer y Medio Ambiente, A.C. – Distrito Federal; Observatorio Ciudadano por el Ejercicio del Derecho a la Salud (OBSCIUDES) – Chiapas; Observatorio de Política Social y Derechos Humanos – Distrito Federal; Oficina Regional para América Latina y el Caribe de la Coalición Internacional del Hábitat (HIC-AL); Pobladores, A.C. – Veracruz; Promoción y Defensa de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, A. C. (PRODDESCAC) – Estado de México; Proyecto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, A. C. (PRODESC) – Distrito Federal; RADAR, Colectivo de Estudios Alternativos en Derecho – Distrito Federal; Red Iberoamericana Pro Derechos Humanos – Baja California; Red Mexicana de Acción Frente al Libre Comercio (RMALC); Red Mexicana de Afectados por la Minería (REMA); Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos “Todos los Derechos para Todas y Todos”; Red Nacional Género y Economía; Red por los Derechos de la Infancia en México (REDIM); Semillas de Vida, A.C.; Servicios y Asesoría para la Paz A.C. (Distrito Federal y Chiapas); Sindicato de Trabajadores del Instituto Nacional para el Desarrollo de Capacidades del Sector Rural, A.C. (STINCA); Sociedad Organizada en Lucha (SOL) – Distrito Federal; Unión Popular Valle Gómez, A.C. (UPVG)- Distrito Federal. Se adhieren a la carta redes internacionales: Plataforma Interamericana de Derechos Humanos, Democracia y Desarrollo (PIDHDD); Coalición Internacional de ONG para un Protocolo Facultativo del PIDESC (OP-Coalition).

Para mayor información: Areli Sandoval Terán, contacto de la coordinación de la campaña, ratificapfpidescmex@gmail.com, teléfonos: 55 39 00 15 y 55 39 00 55 (en D.F.)