CIEL: mineras no dudan en asesinar a activistas para imponer sus intereses

Presentarán ante la CIDH abusos graves ocurridos en el país

Fernando Camacho Servín. Periódico La Jornada
Sábado 23 de octubre de 2010
http://www.jornada.unam.mx/2010/10/23/index.php?section=politica&article=014n2pol

Las empresas mineras no dudan en recurrir a actos graves de violencia contra ambientalistas y defensores de derechos humanos, incluidos el asesinato, el secuestro y la desaparición, con tal de imponer sus intereses económicos en México y Centroamérica, y para lograrlo suelen contar con la complicidad de los gobiernos locales.

Esta es la denuncia que el Centro para el Derecho Ambiental Internacional (CIEL, por sus siglas en inglés) presentará el lunes 25 de octubre durante la audiencia que sostendrá ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que se realizará en la ciudad de Washington, sede principal del organismo.

Marcos Orellana, director del Programa de Derechos Humanos y Medio Ambiente del CIEL, explicó que activistas de México, Guatemala, El Salvador, Panamá y Honduras acudirán a denunciar los abusos que han sufrido a causa de su labor contra las actividades de la industria minera en la región.

“Se han registrado asesinatos, secuestros, desapariciones y otras formas de violencia contra ellos. No hay un marco regulatorio efectivo para el trabajo de las minas, y eso genera impactos ambientales y sociales. Pero cuando las comunidades se organizan, empiezan a ser blanco de grupos paramilitares, con el apoyo o la anuencia del Estado”, denunció.

La finalidad de la audiencia es “crear conciencia de este problema, porque los asesinatos y la violencia suelen presentarse como un acto aislado, pero vemos que en realidad son un patrón, una tendencia recurrente”.

Por tal motivo, la organización solicitará que la CIDH le ordene a los países miembros de la Organización de Estados Americanos (OEA) que se fortalezcan los mecanismos institucionales de defensa a los promotores de derechos humanos y ambientales.

“Muchas veces –señaló Orellana– se hace hincapié en la participación ciudadana pero, ¿cómo va a haber participación si los que lo hacen son asesinados? No puede haber democracia en ese contexto”.

Entre las cuestiones más importantes que se plantearán el lunes, dijo, se encuentra el tema de la responsabilidad que podrían tener los países de origen de las compañías mineras, como Estados Unidos y Canadá, quienes estarían obligados a intervenir mediante una regulación laboral efectiva.

En el informe que el CIEL presentará ante la CIDH, se incluyen varios casos de abusos ocurridos en México, entre ellos el de Mariano Abarca Roblero, activista chiapaneco que fue asesinado en noviembre de 2009 luego de haber recibido amenazas de muerte por su oposición a la empresa minera canadiense Blackfire.

Sin embargo, afirmó Orellana, hay otras denuncias graves, como las relativas a Minera San Xavier (San Luis Potosí); las minas La Guitarra (estado de México), y Cuzcatlán (Oaxaca), en donde “se han verificado actos de violencia con la participación de autoridades municipales, grupos armados de delincuentes o fuerzas de seguridad irregulares”.

Sobre la falta de cumplimiento por parte del gobierno mexicano de varias recomendaciones internacionales de derechos humanos, Orellana consideró que si esta actitud se repite “se menoscaba la legitimidad del Estado y eso genera más violencia, impunidad y desprotección contra las comunidades”.

La delegación del CIEL estará acompañada por Javier Balderas Castillo, abogado de la Red Mexicana de Afectados por la Minería (Rema), quien dará su testimonio por el caso de Mariano Abarca, y por miembros del Centro Mexicano de Derecho Ambiental.

Detener los abusos de las empresas mineras canadienses: dice Hijo de Mariano Abarca

Difusión Cencos México D.F., 30 de septiembre de 2010

Palabras de :

El pueblo de Chicomuselo, Chiapas, México vive de la tierra. La tierra y la población se ven amenazadas por el comportamiento irresponsable de las empresas mineras canadienses, algo que Canadá puede ayudar a controlar a través de nuevas leyes bill c-300 y bill c-354, ahora ante la Cámara de los diputados. El proyecto de ley C-300 ofrece una oportunidad de Canadá para reducir la colusión de las empresas canadienses en la vulneración de los derechos humanos cometidas por las fuerzas de seguridad corruptas, como en el caso de mi padre.

• En julio de 2009, recibió amenazas de muerte de la empresa.

• En agosto 2009 fue detenido por varios hombres armados y lo detuvieron durante nueve días. Lo detuvieron por falsas acusaciones que la empresa minera blackfire había inventado en su contra para intimidarlo. Luego fue liberado, pero no dejó de hablar.

• El 27 de noviembre de 2009, Mariano Abarca fue asesinado a balazos frente a su casa por trabajadores de la empresa minera.

El proyecto de ley ha recibido un fuerte apoyo de la sociedad civil canadiense e internacional, incluidas las organizaciones ecuménicas, sindicatos, ambientalistas y organizaciones de derechos humanos, académicos, y por un número cada vez mayor de ciudadanos y pueblos afectados. Los funcionarios gubernamentales de varios países donde las empresas mineras canadienses dominan, también han aprobado la legislación.

El mensaje de mi padre necesita ser escuchado. Su objetivo de detener los abusos de empresas mineras canadienses se puede avanzar por el paso del proyecto de ley C-300, que se enfrentará a una votación en la Cámara de los diputados de Canadá en octubre. El proyecto de Ley C300 es un paso modesto pero decisivo hacia la rendición de cuentas de las empresas. La ley negaría o exigiría la retirada del apoyo del gobierno canadiense para las empresas de explotación minera canadiense, el petróleo y el gas cuyas acciones han demostrado ser incompatibles con las mejores prácticas internacionales y con los compromisos de Canadá a las normas internacionales de derechos humanos.

Es mi sincera esperanza de que los parlamentarios de Canadá respecten a la memoria de mi padre, y a otros como él que han sufrido y muerto, con su voto para garantizar que las compañías extractivas canadienses que operan en México y otros países están sujetas a las mismas normas que en Canadá.

*José Luis Abarca Montejo.
Coordinador de la Red Mexicana de Afectados por la Minería (Chicomuselo- Chiapas, México), Abogado Mexicano, de visita en Canadá del 24 hasta el 30 de septiembre 2010.

Información difundida por el Área de Comunicación y Visibilidad de Cencos

Slain activist’s son brings anti-mining campaign to Canada

The Canadian Press. Saturday Sep. 25, 2010
TORONTO — His father’s voice was silenced when he was killed in a bloody shooting last year, but Mexican anti-mining activist Jose Luis Abarca Montejo refuses to back down over the activities of Canadian mining companies in his state.

The son of Mariano Abarca Roblero, the community leader who spoke out against Calgary-based mining company Blackfire Exploration Ltd. and was gunned down in front of his home in Chicomuselo, Chiapas, is in Canada with a message.

“Canadian trans-national companies are corrupting Mexican authorities and contaminating the environment,” Abarca Montejo said in an interview in Toronto on Saturday.

Since his father’s murder, the younger Abarca has taken on a leadership role in his community’s fight against a Canadian mine he said is destroying the environment and creating divisions between neighbours.

Now embarking on a six-day Canadian tour, the 28-year-old law graduate is to make an appearance at a human rights conference organized by NDP MP Peter Julian, as well as meet with Canadian lawyers and anti-mining activists.

The trip was organized by Julian and some Canadian non-governmental organizations.

It’s Abarca Montejo’s first trip this far from home but one he felt compelled to do in his father’s memory.

“He continues to be a very special person for me,” Abarca Montejo said. “Very honest, loyal and more than anything a fighter… he taught me respect and to keep fighting.”

Part of Abarca Montejo’s visit is to show support for two Private Member Bills — Bill C-300 introduced by Liberal MP John McKay, and Bill C-354 introduced by NDP MP Peter Julian. Both have to do with enforcing accountability for Canadian companies overseas.

read on:

http://www.ctv.ca/CTVNews/Canada/20100925/montejo-c-300-100925/

Chiapas, México, 13 de Septiembre de 2010:

LA SIMULACION COMO POLITICA DE ESTADO

PROFEPA Y SEMAVHN EN CHIAPAS: EL CASO DE BLACKFIRE

Nuevas evidencias vienen demostrando la verdadera política de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA)/Delegación Chiapas y de la Secretaría del Medio Ambiente, Vivienda e Historia Natural (SEMAVINH) del Gobierno del estado de Chiapas, con sus medidas de cierre temporal total de la mina en Chicomuselo, Chiapas, concesionada a la trasnacional minera canadiense Blackfire.
En el estado de Chiapas hemos escuchado durante cuatro años al Ejecutivo Estatal hacer referencia que sus políticas, y sobre todos sus hechos, van en sintonía a las metas de Desarrollo del Milenio, establecidas por la Organización de las Naciones Unidas (ONU). Sin embargo, para la población del municipio de Chicomuselo, la cual se asienta bajo grandes yacimientos de minerales, entre ellos la barita, impulsar su “desarrollo” bajo las metas propuestas por la ONU y promovidas por el Ejecutivo estatal, ha significado múltiples violaciones a sus garantías consagradas en la Constitución, tanto federal como estatal.
Desde la llegada del Blackfire al municipio de Chicomuselo, se han presentado distintos problemas como producto de sus acciones depredadoras y de menosprecio tanto a las leyes de protección del medio ambiente, como a la población en su conjunto. Esto, con la mirada complaciente de las autoridades de los tres niveles de gobierno: federal, estatal y municipal. Algunas de estas acciones que muestran el tipo de relación entre empresas y autoridades, están debidamente documentadas, como el caso del engrosamiento y/o crecimiento de sus cuentas bancarias, por sus servicios a la Blackfire. Durante 3 años la Blackfire operó en el municipio de Chicomuselo y sus ejidos, sin empacho alguno y no es sino hasta principios del año 2008 que inicia la resistencia de los ejidos aledaños a la explotación minera y de ciudadanos y ciudadanas de la cabecera municipal de Chicomuselo, siendo una representación de esta resistencia contra los impactos de la Mina nuestro compañero Mariano Abarca Robledo, quien también había presentado la denuncia ante la Profepa en febrero del 2009.(1).
Todos estos años, y no obstante las múltiples denuncias formales, públicas, nacionales e internacionales, por las graves afectaciones provocadas por la trasnacional canadiense Blackfire, el gobierno de Juan Sabines Guerrero, no solo no actúa contra la Blackfire, sino al contrario, orquesta una política de enfrentamiento contra la resistencia en general y particularmente contra el difunto Mariano Abarca Robledo.(2) Antes de este desenlace, solo la solidaridad nacional e internacional lograron sacarlo de la mazmorra del “Pitiquito” (3). Y no es, sino hasta que es asesinado y dada la indignación local, estatal, nacional e internacional, que decide el Gobierno del Estado, a través de la Secretaría del Medio Ambiente Historia Natural y Vivienda (SEMAVI), “actuar” contra la Blackfire. Es así que el 7 de diciembre de 2009, resuelve la Clausura Temporal Total de las operaciones de la minera canadiense. Con dicha acción, el gobierno del estado se ostenta como el gran defensor del medio ambiente, de los derechos de la población de Chicomuselo y no se cansa de cacarear que habrá justicia por el asesinato de Mariano Abarca. Sin embargo, en contra de sus facultades, por complicidad y/o abuso de autoridad, la SEMAVHN le dio a la Blackfire todos los argumentos para no ser sancionada.
¿Cuál fue el argumento que esgrimió la SEMAVHN, para determinar la Clausura Total Temporal de la minera canadiense?4 1.- La verificación del cumplimiento de la Ley Ambiental para el estado de Chiapas. Es decir, verificar si la minera Blackfire estaba causando impactos ambientales adversos por la construcción, ampliación y modernización de 7 kilómetros de camino. 2.- Si esta empresa contaba con la Licencia de Funcionamiento de Fuentes Fijas de Emisiones Atmosféricas (LFFFEA). Ante estos actos de autoridad, la minera Blackfire, hace uso de sus derechos y pide el 15 de diciembre de 2009, el amparo de la Justicia de la Nación, a través del Amparo 1493/2009, radicado en el Juzgado Quinto de Distrito con sede en la Ciudad de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. El 30 de abril del presenta año, el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Chiapas, pronuncia resolución en los siguientes términos:
“RESUELVE (…) TERCERO. LA JUSTICIA DE LA NACIÓN AMPARA Y PROTEGE a BALCKFIRE EXPLORATION, MÉXICO, contra los actos del Secretario de Medio Ambiente y Vivienda y los Verificadores Ambientales Acreditados, adscritos a la antedicha Secretaria, residentes en esta ciudad, en términos del considerando último.”
¿Y cuáles son los términos del considerando último que forma parte de esta sentencia de amparo? Únicamente verificar posibles impactos ambientales por el camino construido por la minera canadiense y si contaba o no con la Licencia de Funcionamiento de Fuentes Fijas de Emisiones Atmosféricas (LFFFEA). El Juzgado afirma que las actuaciones que hizo la SEMAVHN son atribuciones que de acuerdo con el Artículo 27 Constitucional, Ley Minera y la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Medio Ambiente, le corresponde exclusivamente a las autoridades federales y por lo tanto no le corresponde a los gobiernos estatales. Es decir, el gobierno de Juan Sabines Guerrero se excedió y violentó el estado de derecho. Es más, se atribuyó funciones que no le correspondían.
¿En realidad actúo Juan Sabines Guerrero y la Lic. Lourdes A. López Moreno, Secretaria de la SEMAVHN, por ignorancia al clausurar la minera Blackfire? ¿Acaso era su primer caso en materia ambiental y desconocían las competencias estatales y federales?. Y al mirar atrás, todas y cada una de las actuaciones del gobierno del estado de Chiapas, en este caso, decimos: EL EJECUTIVO ESTATAL, TAN SOLO HA SIMULADO, LO QUE A DERECHO CORRESPONDE. Es decir, la gran indignación que originó en la sociedad civil en distintas latitudes el asesinato de nuestros compañero Mariano Abarca Robledo, hizo que Juan Sabines Guerrero, Gobernador Constitucional y Lourdes A. López Moreno, Secretaria de Medio Ambiente, aplicaran una políticas de ficción y distracción, clausuran sin ningún fundamento, y calcularon fríamente el resultado del amparo. Con tal Amparo otorgado a la Blackfire contra el gobierno estatal, aunada a la Resolución de la PROFEPA(5) contra la BlackFire, se demuestra la complicidad, omisión y simulación de los tres niveles de gobierno, a favor de la Minera Canadiense Blackfire y, ahora sí, facilitan estos gobierno el camino a la minera canadiense Blackfire para que regrese “limpia” de cualquier violación al medio ambiente, y seguir violentando y contaminando a la población de Chicomuselo y de toda la región fronteriza del estado de Chiapas.
La REMA Chiapas demanda el deslinde de responsabilidades de funcionarios de Profepa como de la Semavinh que han actuado en complicidad para violar las  leyes y normatividades en materia ambiental. Y además…

¡FUERA BLACKFIRE DE CHIAPAS!

Notas:
1. Ver Expediente PFPA/14.7/2C.28.1/0005-09 pág. 1 y PFPA/14.7/2C.28.1/0005-09 pág. 2

2. Ver Acta Administrativa por arraigo contra Mariano Abarca Roblero
3. Nombre de la “casa” en Chiapa de Corzo, en dónde la Procuraduría del Justicia arraiga a personas de manera ilegal, para ser “investigadas”.
4. Ver documento de clausura de la SEMAVI (Orden de visita 7 de diciembre 2009) en .rar
5. Ver Resolución de Profepa. Exp. PFPA/14.7/2C.28.2/0017-09 en .pdf

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NOTAS PERIODISTICAS DEL DIARIO FRONTERIZO DEL SUR

Expediente Mariano Abarca Roblero

DESCARGAR: diario_frontera_sur_mariano_abarca.pdf

Versión oficial del Gobierno del Estado de Chiapas

Investiga PGJE a Walter León como probable responsable intelectual de homicidio de Abarca Roblero
DESCARGAR: version_gob_chiapas_detencio_waltar_leon_asesinato_abarca.pdf

Mariano Abarca vive, la lucha sigue
Casi dos meses después del asesinato del líder antiminero en Chiapas, la empresa Blackfire abajo de la lupa

Por Gianni Proiettis
Especial para The Narco News Bulletin

SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, CHIAPAS, MEXICO, 20 DE ENERO DE 2010: Es viernes 27 de noviembre, cerca de las ocho. En Chicomuselo, un pueblo de cinco mil almas 200 km al sureste de San Cristóbal de Las Casas, frontera con Guatemala, acaba de anochecer. Don Mariano Abarca Roblero, 50 años, cuatro hijos, líder en la lucha contra la industria minera en el estado, está dentro de su carro, hablando con un conocido, Orlando Velásquez, quien está de pie, recargado contra la ventanilla. Un hombre acaba de bajar de una motocicleta, se dirige hacia el carro y dispara contra Mariano. Lo alcanza al cuello, al pecho, al corazón. Lo mata con estudiada frialdad. Uno de los disparos, saliendo de su cuerpo, hiere a Orlando Velásquez en una pierna.

Hoy, casi dos meses después de este crimen execrable contra un defensor de su tierra y su gente, hay quien sospecha la complicidad del señor Orlando con los asesinos y cita como prueba que su herida fue leve y meramente accidental, que nunca se apersonó con la familia en las exequias de don Mariano y hasta que pagó una deuda que tenía de más de un millón de pesos a los pocos días del homicidio. Y es cierto, como dice el hermano de Mariano, don Uriel, que en la ejecución de aquel viernes participaron otras personas, además de los dos sicarios que estàn presos actualmente.

SEGUIR LEYENDO: Mariano Abarca vive, la lucha sigue (NARCO NEWS)

(traducción al inglés)

ADMINISTRATIVE RECORD NUMBER: 212/2009

Accused: CIRO ROBLERO PEREZ and LUIS ANTONIO FLORES VILLATORO.

Mr. Investigator of the District Attorney:

MARIANO ABARCA ROBLERO, legal adult, residing on the third street north-east without a number, neighborhood of La Junta, Chicomuselo, Chiapas, with all due and deserved respect, appears in legal capacity to make known the following.

By way of this written declaration I come before you to request that you open an administrative record regarding the possible commission of criminal offenses and the crime of THREATS AND THOSE [CRIMES] THAT MAY RESULT which are anticipated and penalized by Article 227 and 228 of the active penal code in the State of Chiapas, by Mr. CIRO ROBLERO PEREZ and LUIS ANTONIO FLORES VILLATORO and those eventually responsible, the first [accused] has his known residence in the region [translator’s note: in Mexican Spanish the word is “ejido”, or commonly held land] of Nueva Morelia and the second in this town, for offenses which were committed against the undersigned, in this same town.

I base this ADMINISTRATIVE RECORD on the following events and legal considerations:

EVENTS

1.- I declare to you that I, the undersigned, am a resident of the Municipality of Chicomuselo, Chiapas, and on the 17 seventeenth day of August of the year 2009 two thousand nine I was arrested based on an accusation made by the mining company BLACK FIRE CORPORATION MEXICO and I was released on the 25 twenty-fifth of the same month and year, without the charges for which I was detained having been proven.

2.- When I returned to this town, I learned that the municipal officers of the Nueva Morelia region [“ejido”] of the Municipality of Chicomuselo, Chiapas, had opened a record, motivated by a complaint that had been made to them, the date of the 20 twentieth of August of 2009 two thousand nine, that Mr. CIRO ROBLERO had arrived to the municipal office saying that they had already gone to look for the undersigned MARIANO to do him harm [translator’s note: literally translated, the phrase is “break his mother to pieces”, a rude colloquialism], so that he would not continue to dissent against the mine in chicomuselo [sic], and that the undersigned and other people were already on the list of the business owners and of the manager of the mine, this last person being Mr. LUIS ANTONIO FLORES VILLATORO, WHO LIVES IN THIS TOWN and acts as the MANAGER OF PUBLIC RELATIONS OF THE MINING COMPANY BLACK FIRE, the company that is found operating the mine located in the San Ramón neighborhood in the Grecia region [“ejido”] in the Municipality of Chicomuselo, Chiapas.

3.- Regarding the arrest of the undersigned by the administrative authorities, I was released without having been found guilty of any crime. The arrest was because of the accusation made by the mining company, the same [company] which I am now aware wants to cause me harm, according to the comments of Mr. CIRO ROBLERO PEREZ which were conveyed in front of Mr. NESTOR VELASQUEZ ORTIZ, municipal agent of Nueva Morelia in this municipality, that I am on the list of the [Translators’ note: at this point the bottom lines of the first page of the original are not visible on the copy. The translation continues from the top of the second page of the original]

4.- I declare to you that I met with the president of the Commission of Communal Lands [“ejido”] of Nueva Morelia, Municipality of Chicomuselo, Chiapas, and he told me that there was a report that indicated that the mining company had threatened several people, that they had tried to run them over with their cars and there was talk of wanting to kill them. I requested a copy of the report, and I present an uncertified copy here in this report, requesting that the implicated authorities send official correspondence to the president of the Commission of Communal Lands of said region [“ejido”] HIPOLITO PEREZ PEREZ; and Mr. DIONICIO PEREZ GONZALEZ, who acts as president of the Supervisory Council of said region, so that they may present the original report, and after its comparison to the copy that I am presenting, have the document returned.

5.- In light of these events, I come to you so that you may hear the legal declarations of Mr. CIRO ROBLERO PEREZ and Mr. NESTOR VELAZQUEZ ORTIZ, so they may make their declarations regarding these threats, making clear to you that I have well-founded fear that they may cause me some harm because of the threats made against me.

IN LIGHT OF THE AFOREMENTIONED.

MR. DISTRICT ATTORNEY, I sincerely request of you:

FIRST: That my presentation within the provisions of this written [declaration] be duly noted, hereby appearing voluntarily to request that an administrative report be opened, and asking that your ratification of it be granted. [Translator’s note: this is a formal clause that appears in similar form at the close of many legal documents in Mexico.]

SECOND: That a timely appointment is made to hear the declarations of the people I mention, CIRO ROBLERO PEREZ and Mr. NESTOR VELASQUEZ ORTIZ, so that they can comment on the circumstances of the crime such as the time, place, manner of implementation, etc, so that it may be determined if the record here presented should be raised to a criminal investigation.

THIRD: That certified copy OF ALL ACTION TAKEN be forwarded at my expense.

PROTESTO MIS RESPETOS. [Translator’s note: A Mexican legal formalism declaring that what is presented here is the truth.]

[signature]

CHICOMUSELO, CHIAPAS; NOVEMBER 23, 2009.

Declaration of translation:

I, Emily Carpenter, attest to my competence to translate from the Spanish language to the English language, and I declare that this is an accurate and complete translation made from a copy in Spanish.

______________________________________________________________________
Emily Carpenter Montréal, Québec December 13, 2009

Contact:

Emily Carpenter

205 Av. Mont Royal O. #4

Montréal, Québec H2T 2T2

Daytime phone : (514) 664-1074 x103

Email: emily.carpenter@gmail.com