Sábado 30 de septiembre en San José Buenavista: Festival del Maíz de las Mujeres

MAÑANA sábado 30 de septiembre, les invitamos a celebrar con nostotr@s la diversidad de nuestras semillas y la soberanía alimentaria en el marco del día nacional del maíz (29 de septiembre) en SAN JOSÉ BUENAVISTA (municipio de San Cristóbal de las Casas)

CÓMO LLEGAR:

1. Llegar a Merposur
2. Tomar una combi Nissan sobre la Prolongación Insurgentes, frente a “Materias Primas La Alianza” que sale rumbo a San José Buenavista
3. Bajar a la iglesia de San José Buenavista
4. Llegar a la plaza de la Iglesia de San José, sede del evento

 

 

Experiencia de Agroecología en la Sierra Norte de Puebla

Artículo de María Luisa Albores (Unión de Cooperativas Tosepan – mary@tosepan.org) en La Jornada del Campo No. 111

Leer el numéro completo de La Jornada del Campo sobre Agroecología

Sobre la experiencia agroecológica de la Unión de Cooperativas Tosepan en la Sierra Norte de Puebla, México

Con el relato de esta experiencia, mostraremos quién es la Tosepan. Somos una organización indígena-campesina de los grupos originarios náhuat y tutunaku, con 39 años de trabajo ininterrumpidos. Vivimos en la Sierra Nororiental de Puebla y en la Sierra Totonaca de Veracruz. Algunos cientos de compañeros que vivían en cinco comunidades del municipio de Cuetzalan, Puebla, iniciaron nuestra organización. Actualmente somos más de 35 mil cooperativistas que habitamos 430 pueblos en 29 municipios.

La historia de la Tosepan está ligada completamente a su misión y razón de ser, vigente hasta la fecha: “Mejorar la calidad de vida de las familias de los socios, a través del trabajo organizado para avanzar hacia la construcción de un proyecto de Vida Buena/Yeknemilis, en náhuat“.

Nuestra Unión de Cooperativas Tosepan es altamente diversificada, al igual que el modo de producción campesino. Agrupa a ocho cooperativas y a tres asociaciones civiles. Una de las cooperativas se encarga de impulsar la producción orgánica en nuestras parcelas y de producir las plantas que necesitamos para conservar la vegetación que tenemos; otra nos ofrece los servicios financieros que requerimos; una más nos acopia, transforma y comercializa los productos que cosechamos; otra busca incubar proyectos productivos que generen empleos e ingresos a grupos de mujeres y de jóvenes; otra más ofrece servicios de ecoturismo a los visitantes de nuestra región; los servicios de salud son atendidos por otra cooperativa; una más tiene la responsabilidad de facilitarnos la construcción y el mejoramiento de nuestras viviendas. La capacitación, la formación de los actuales y de los futuros cooperativistas, así como la asistencia técnica que requerimos, también son atendidos por nuestra Unión de Cooperativas Tosepan.

La Unión de Cooperativas Tosepan es inquieta y responde a nuestro propio proceso de vida en el día a día. Quienes la formamos en su mayoría somos indígenas (78 por ciento) y mujeres (64 por ciento). Por eso se ha tenido mucha sensibilidad de respuesta para resolver los problemas que nos aquejan en la vida cotidiana. Nuestro modelo cooperativo se basa en los valores de la cosmovisión o forma de ver la vida que tenemos y que coinciden en mucho con el de la economía social y solidaria que tiene como eje central a la vida, a la persona, a la tierra, a las plantas, a los animales. Desde esta mirada hemos construido el modelo de vida de la Tosepan.

Este modelo embona con el modo de producción campesina, con la agroecología, donde el territorio es el espacio que nos sirve para reproducir la vida y lo que somos, donde prevalece una mirada de respeto. El territorio es el lugar que nos ve nacer, en él crecemos y en él moriremos. Por eso al momento de sembrar y de cuidar de nuestros animales pedimos a la madre tierra y al padre sol que provean para que tengamos buenas cosechas. No sembramos con la idea de obtener ganancias económicas, sembramos para reproducir con dignidad nuestra vida y la de los demás.

En 2001 la Tosepan inició su incursión en la producción de café orgánico. Fue un paso importante para la organización, y para los socios fue voltear el rostro al pasado para reconocer el trabajo de l@s abuel@s, valorando cómo ellos cuidaban la tierra, el agua, las plantas y los animales del cafetal. Fue como un regresar al ser y hacer campesino, que se guía por la luna para realizar sus prácticas agrícolas; que produce abonos o alimentos para la tierra de manera natural; que pide permiso cuando chapea, porque le va a quitar parte de su cobija a la madre tierra; que traza curvas de nivel para cuidar el suelo; que le hace la media luna al cafeto para colocarle su alimento; que respeta los árboles nativos que dan sombra al cafetal, porque dan cobijo y alimento a aves y abejas, mismas que contribuyen a dispersar la semilla o a polinizar las flores.

Así hemos construido los Kuojtakiloyan/Jardines de café, que son los cafetales más diversificados del país, pues en una hectárea pueden encontrarse más de 120 especies de plantas con un valor de uso ritual (para curar el susto, el mal aire, el ojo, para la ofrenda, etcétera), medicinal, para combustible, de consumo familiar, para intercambio, para venta regional o para la exportación (café y pimienta gorda).

El manejo integrado en el control de plagas y enfermedades ha disminuido la incidencia de la broca y de la roya del café. El daño sufrido ha sido mucho menor que en otras regiones cafetaleras del país.

El 2014 fue declarado “el Año de la Soberanía Alimentaria” en la Tosepan. Desde entonces los cooperativistas intensificamos la producción de maíz orgánico; establecimos huertos y gallineros en la mayoría de nuestros hogares; diseñamos el producto financiero denominado “creditraspatio”; impartimos talleres de capacitación sobre la manera de preparar comidas y jugos nutritivos; realizamos el video Corazones de Maíz, la Lotería de los Alimentos y un recetario de quelites; llevamos a cabo degustaciones para compartir comidas tradicionales; efectuamos eventos para hacer trueque de alimentos producidos en el traspatio y de semillas de maíz, frijol, quelites, chiles y calabazas.

Desde 2003 en la Tosepan hemos trabajado para recuperar la abeja nativa conocida en la región como pisilnekmej, de la que se obtiene miel virgen, polen, propóleo y cera. Esta abeja fue domesticada desde antes de que llegaran los españoles a México y la forma de cultivarla se conserva desde entonces: en mancuernas de ollitas de barro. La miel tiene un sabor agridulce y contiene muchas propiedades medicinales; el polen es rico en proteínas; la cera se utiliza como pegamento, pero también tiene propiedades cicatrizantes; el propóleo o takauil se utiliza para curar enfermedades de las vías respiratorias. En la Tosepan hemos aprovechado las características cosméticas que tienen la miel y la cera para producir champú, crema y gel.

La identidad de un maseual Tosepan se refleja claramente en lo que siente y piensa. Cito textualmente dos párrafo que un cooperativista compartió en un taller en 2016:

“Nosotros creemos que la tierra está viva y es como nosotros. La tierra tiene sus huesos y son las piedras, es lo que la sostiene. Imagínense que fuéramos pura carne, no podríamos sostenernos. Por eso decimos que las piedras, las rocas, son muy importantes.

“Esto es lo que nos hace ser maseual y nos hace diferentes. Porque creemos que el territorio y todo lo que existe en él tiene sus propios guardianes y los respetamos y lo que nos diferencia es que queremos lo que hacemos, le tenemos amor a nuestro trabajo“.

El sentido de pertenencia y permanencia en nuestro territorio nos da identidad, y lo decimos en pleno siglo XXI, ante el embate y despojo que quiere hacernos el sistema capitalista. Aquí estamos y seguiremos dignamente de pie, caminando en nuestro territorio, que es sagrado.”

Información relacionada:

La página de Tosepan

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La soberanía alimentaria: estrategia agroecológica para promover la justicia ambiental y fortalecer al campesinado

Disputar las inversiones y la promoción del comercio como forma de consolidar la Agroecología

Bosques comunitarios, ferias agroecológicas y recuperación de saberes ancestrales son ejes de la lucha por la agroecología en Costa Rica

 

Disputar las inversiones y la promoción del comercio como forma de consolidar la Agroecología

Este artículo fue escrito por Natalia Carrau, integrante de REDES / Amigos de la Tierra Uruguay, y publicado en la página de Amigos de la Tierra Internacional

La Agroecología en América Latina necesita un cambio en las políticas de comercio e inversiones

En América Latina se vienen impulsando diferentes experiencias, iniciativas y políticas que, en mayor o menor medida, apuestan a la consolidación de la Agroecología como modo de vida. Estas experiencias presentan fuertes restricciones y resistencias de parte de una diversidad de factores. Uno de los factores que más restringe la posibilidad de consolidar la Agroecología y la Soberanía Alimentaria es el actual marco de comercio e inversiones. Poner el acento en las negociaciones comerciales y de inversiones es clave para garantizar la Agroecología.

No hay duda de que la Agroecología en el marco de la Soberanía Alimentaria requiere del comercio y las inversiones. Sin embargo, no todos los enfoques y formas de atender el comercio y las inversiones aportan a consolidarla y garantizarla. Para ello, son claves las políticas que implementan los Estados y los marcos institucionales que generan para los flujos de comercio e inversiones. Los países que son soberanos en su sistema agroalimentario, también construyeron soberanía en su régimen de comercio e inversiones.

En la actualidad, el marco de comercio e inversiones dominante plantea una relación causal entre la llegada de las inversiones y el crecimiento y desarrollo de los países. Esta premisa repetida de forma fundamentalista impide ver que esta forma de negociar las inversiones y el comercio reproduce las lógicas y racionalidades más perversas del sistema capitalista, y, operan como instrumentos de acumulación a favor de las empresas transnacionales (ETN).

La racionalidad sobre la que se sostiene el flujo de comercio de inversiones necesita sustituirse para que sea un aporte que encaje en las trayectorias de construcción y recuperación de soberanía de los países del sur global.

En América Latina estas reflexiones son urgentes porque las bases sobre las que se sostiene la enorme mayoría de trayectorias al desarrollo, están orientadas al libre mercado, libre comercio y libre inversión.

Libre mercado, libre comercio y libre inversión: la triada que encorseta a los Estados

Las vías por las que la Soberanía Alimentaria se ve restringida con la liberalización comercial tal cual está planteada desde la teoría económica dominante, es una simple ecuación: la rebaja de aranceles a la entrada de productos extranjeros, inunda el mercado doméstico con productos de menor precio (muchas veces altamente subsidiados en su país de origen y con fuerte concentración a manos del capital transnacional).

Esto desestimula y daña la producción nacional que puede estar desarrollándose con eslabones de valor agregado y manufactura versus la simple extracción de materia prima. Los productos industriales producidos en los países en desarrollo por lo general son poco competitivos, consecuencia de la división internacional del trabajo y de que los países desarrollados tienen economías altamente industrializadas y concentran los eslabones con mayor valor agregado de las cadenas de producción, con alto valor tecnológico y muy competitivas en el mercado mundial.

Al mismo tiempo, muchas de las ventajas que el mundo desarrollado presenta frente al comercio y las inversiones están basadas en la histórica desigualdad en el derecho al desarrollo. La trayectoria hacia el desarrollo seguida por los países del norte global se realizó en momentos históricos donde las actuales reglas para el comercio e inversión no existían. Estas reglas demuestran ser altamente restrictivas para desarrollar industria nacional, valor agregado y competitividad en el comercio internacional.

La forma de quebrar esta ecuación viciosa es rompiendo con el esquema y las normas que plantean los axiomas del libre comercio y sentando las bases para nuevas reglas y políticas domésticas que se dirijan al desarrollo industrial nacional en condiciones de soberanía (en todos los sentidos) y dirigidas a los intereses de la población. Algunas pistas sobre por dónde pueden darse estos cambios ponen el acento en las metodologías y contenidos de los acuerdos comerciales y de inversiones.

Una vista rápida al panorama de la liberalización comercial y de inversiones de América Latina muestra trayectorias fuertemente basadas en los preceptos del libre mercado, libre comercio y libre inversión. El denominador común es que las cláusulas, reglas y metodologías que incluyen la liberalización no permite al Estado fijar nuevas bases para la construcción de una estrategia de desarrollo soberana porque debe respetar el principio de no discriminación con el extranjero basado en las reglas de Trato Nacional, Nación Más Favorecida y la prohibición de implementar requisitos de desempeño. Además, la liberalización impone mecanismos específicos de solución de controversias de tipo Inversor-Estado que instalan una “para-justicia” por fuera de la jurisdicción nacional.

América Latina avanzó hacia el libre comercio

América Latina tiene un panorama variado en cuanto a la firma de Tratados de Libre Comercio (TLC) y Tratados Bilaterales de Inversión (TBI). Las subregiones, América del Sur, Centroamérica y México presentan diferencias y al mismo tiempo, en América del Sur también hay tendencias diferenciales que permiten dividir la subregión entre cono sur y cono norte.

La cercanía y conexión con los países del norte, especialmente Estados Unidos, constituye una “variable de ajuste”. Centroamérica y México tienen una trayectoria histórica de cercanía e influencia de Estados Unidos y este hecho también se ve reflejado en los procesos seguidos en la liberalización comercial. Por ejemplo, para México un mojón indiscutible en su historia de liberalización comercial lo constituye la entrada en vigencia del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) [1] en 1994. La apertura de México a la liberalización comercial fue significativa después de la firma del TLCAN. Esta trayectoria también se puede identificar en otros países que al firmar TLC clásicos con algún país desarrollado (preferentemente Unión Europea, Canadá o Estados Unidos), inician un camino ascendente hacia la negociación y firma de múltiples TLC y TBI [2].

Lo mismo se puede observar con algunos países de América del Sur que habiendo sido parte de un proceso de integración regional como la Comunidad Andina de Naciones, la firma de TLC con la Unión Europea y Estados Unidos, rompió la posibilidad de consolidación de una inserción internacional diferente para volcarse a una liberalización comercial y de inversiones clásica y agresiva. Este es el caso de Colombia y Perú específicamente [3].

Es diferente el camino transitado por los países que fundaron el Mercado Común del Sur (MERCOSUR): tanto Brasil y Argentina como Uruguay y Paraguay sufrieron, al igual que el resto de los países de América Latina, procesos de profunda liberalización económica, comercial y de inversiones a través de la aplicación de las políticas del Consenso de Washington. La década del noventa dio lugar a países liberalizados, flexibilizados, abiertos a las ETN y con una reducción drástica del papel del Estado, además de los efectos en la cohesión social y en la democracia que tuvieron los procesos de dictadura militar y cívico-militar sufridos.

Pero estos países se volcaron a una inserción internacional vía el proceso de integración regional MERCOSUR. Este proceso nace desde una racionalidad neoliberal, pero se vio transformado en su estructura y caracterización a partir de la asunción de los gobiernos progresistas y de izquierda a inicios del S. XXI. Esta transformación, impidió por mucho tiempo la tentación de insertarse en el mundo vía la firma de TLC. Aún así, los países del MERCOSUR sí avanzaron en la liberalización del régimen de inversiones [4].

El caso de Centroamérica no refleja una multiplicidad de TBI firmados, el promedio es bastante bajo por país. Sin embargo, el proceso de integración regional de la región, el Mercado Común Centroamericano (MCCA), no llegó a ser una integración que superara los aspectos comercialistas y la cercanía con América del Norte, en particular Estados Unidos (vía el CAFTA primero y luego vía el Acuerdo de Asociación firmado con la UE), impactó en la liberalización comercial y de inversiones y en el desembarco de ETN provenientes de esa región.

La Agroecología necesita de soberanía y de políticas públicas

El marco de comercio e inversiones tiene impactos mayúsculos en uno de los sectores más importantes de la soberanía de los países: los alimentos y el derecho a la alimentación. Los efectos que la liberalización comercial y de inversiones han tenido en los sistemas de producción locales de los países de América Latina son devastadores. La entrada de productos alimenticios a los países en desarrollo vía la liberalización comercial, propició no solo la invasión de los mercados de pautas de consumo de alimentos muy diferentes a las locales, sino que implicó, entre otras cosas, pérdida de biodiversidad y de saberes locales y regionales, erosión de suelos y deforestación, el empobrecimiento y desplazamiento de comunidades campesinas, de pequeños productores familiares y el acaparamiento de millones de hectáreas de tierra rica y cultivable por parte de ETN.

Los impactos que tiene la liberalización comercial y de inversiones en términos de Soberanía Alimentaria no son registrados por la teoría económica dominante.

El Estado [5] sigue siendo al mismo tiempo una pieza que no encaja, y una pieza que falta en el rompecabezas. Como poder público soberano, el Estado debe ser una pieza central como regulador, articulador y, sobre todo, como diseñador de políticas que promuevan un desarrollo sustentable y soberano. Las políticas liberalizadoras coartan la posibilidad de implementar políticas activas de promoción de sistemas locales de producción de alimentos, de experiencias vivas de Agroecología sostenidas local o regionalmente por comunidades, de ofrecer apoyos técnicos y económicos a la construcción de sistemas de comercialización locales o implementar políticas de control de precios y etiquetado de alimentos, entre otros. No permiten este tipo de políticas porque son vistas como amenazas y discriminación hacia inversores reales o potenciales o hacia los productos de estas inversiones extranjeras.

La resistencia al régimen neoliberal de comercio e inversiones: pistas para un cambio de sistema

La Agroecología necesita de políticas públicas y apoyos concretos. Las políticas públicas solo se pueden concretar si los Estados son soberanos para poder definir las políticas y estrategias de desarrollo que crean más convenientes. Sin políticas no podemos consolidar Agroecología. El régimen de comercio e inversiones restringe la posibilidad de implementar políticas y está basado en premisas injustas y en racionalidades contrapuestas a la justicia económica, ambiental y social. La disputa a las lógicas impuestas por el libre mercado, el libre comercio y la libre inversión son imprescindibles. Algunas pistas:

  • Planes nacionales para la Agroecología: Si consideramos que la Agroecología constituye una base material, cultural, simbólica, política, económica y ambiental imprescindible para la soberanía alimentaria, entonces se necesitan planes nacionales que aborden las necesidades de los productores de alimentos a pequeña escala y sus territorios.
  • Reglas para las ETN, derechos para los pueblos: La supremacía de los derechos humanos y la soberanía de los pueblos es indiscutible. Las ETN deben respetar las leyes y políticas nacionales y los derechos humanos y deben estar sujetas a tratados internacionales vinculantes que las controlen y juzguen cuando incurren en violaciones. La aprobación de un tratado vinculante de Derechos Humanos y Empresas Transnacionales en el marco de Naciones Unidas es urgente.
  • Evaluación de las políticas de promoción de inversión: el régimen de comercio e inversiones generan impactos. Es hora de comenzar a evaluar estos impactos con indicadores que reflejen la realidad que tiene lugar en los territorios y consideren la enorme asimetría de poder que existe entre las ETN y los Estados en los territorios al momento de seguir adelante con la firma de estos instrumentos.
  • Servicios y empresas públicos protegidos: los servicios y las empresas públicas constituyen bases fundamentales para garantizar el acceso a una infinidad de derechos humanos. Tanto los servicios como las empresas públicas no pueden ser negociados ni directa ni indirectamente en ningún contenido de los actuales tratados comerciales o de inversiones en negociación. Todos los acuerdos megarregionales en curso incluyen la incorporación de los servicios y empresas públicas en la negociación desconociendo su importante contribución al desarrollo.

Referencias

1. El TLCAN fue celebrado por Estados Unidos, Canadá y México. Son amplísimos los textos de análisis que discuten los beneficios de este TLC y que sostienen la relación causal entre la firma de este tratado y la multiplicación de unidades económicas conocidas como “maquilas” que se dedican a la elaboración de productos de exportación en condiciones laborales de seudo esclavitud.

2. México posee aproximadamente 13 TLC con diferentes países y regiones y 29 TBI firmados.

3. En 2010 la Unión Europea cerró negociaciones para la firma de un TLC (promovido por la región europea como Acuerdo de Asociación) con Perú y Colombia. Al inicio, el acuerdo con estos países estaba comprendido en un acuerdo birregional que incluía al proceso de integración regional Comunidad Andina de Naciones (CAN) junto a Bolivia y Ecuador. Sin embargo, las presiones de la Unión Europea para incluir todos los capítulos de liberalización de los TLC –los comerciales y los que no son estrictamente comerciales como la Propiedad Intelectual- provocaron la salida de Bolivia y Ecuador y, posteriormente el rompimiento de la CAN como bloque de integración regional.

4. Brasil es el único país miembro del MERCOSUR que no tiene vigentes ninguno de los TBI negociados. El resto de los países: Argentina tiene casi 60 TBI firmados, Paraguay tiene aproximadamente 22 tratados firmados y Uruguay casi una treintena. Si bien no todos están vigentes en estos países, la suma refleja la política de apertura a las inversiones siguiendo las recetas económicas implementadas en toda la región. A diferencia de otras regiones de América Latina como Centroamérica o la región andina, en el MERCOSUR la ausencia de TLC, dio vía rápida al camino bilateral con la firma de sendos TBI.

5. En algunos países como los de la región del cono sur de América del Sur, el Estado como entidad de poder público ha sido parte conformador de la sociedad moderna. En el caso de Uruguay, el rol del Estado y las empresas públicas es central en términos de estrategia de desarrollo. Algo similar ocurre en Argentina y Brasil aunque en estos países también se deben considerar otras formas de construcción colectivas relacionadas con comunidades campesinas e indígenas. El rol del Estado debe entonces relativizarse teniendo en cuenta la trayectoria de cada país en torno a la construcción de su sociedad moderna y las circunstancias de las coyunturas actuales.

Mas información:

– La sociedad civil le dice NO a la “Agricultura Climáticamente Inteligente”

– Publicaciones del Programa de Soberanía Alimentaria de Amigos de la Tierra Internacional

Foto: Otros Mundos A.C. / Amigos de la Tierra México

Bosques comunitarios, ferias agroecológicas y recuperación de saberes ancestrales son ejes de la lucha por la agroecología en Costa Rica

Agroecología tica

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En los últimos años en este país centroamericano, se ha expandido la agricultura de exportación, desarrollándose principalmente los monocultivos de piña, palma africana, banano y café. En el mismo período, el área de siembra de alimentos que son base de la alimentación en el país, como arroz, frijoles y maíz ha “disminuido radicalmente”, según cuenta Mariana Porras, integrante de Coecoceiba- Amigos de la Tierra Costa Rica en entrevista con Radio Mundo Real.

Como consecuencia directa de este proceso, Costa Rica comienza a tener que importar los cultivos de su alimentación básica y tradicional. Las cifras indican que el área de los cultivos mencionados ha disminuido en hasta un 70%.

 

Esto implica que “una gran base campesina que vivía de estos cultivos esté desapareciendo”. Según Mariana Porras, la población campesina se ha reducido en más de un 50%. “Cada vez son menos los y las agricultoras en el país, y se están convirtiendo en mano de obra de la agricultura industrial, como de la piña por ejemplo, que viene causando grandes impactos por el uso de agrotóxicos, por el acaparamiento de tierras, la contaminación del agua, y las propias condiciones laborales que impone”.

Los espacios de resistencia

En este contexto, la resistencia y la puja por un modelo de agricultura diversa y sin agrotóxicos se da desde distintos ámbitos. Desde hace varios años el Instituto Nacional de Aprendizaje, trabaja junto a campesinos y campesinas en la recuperación de la agricultura orgánica. “Lamentablemente, mucho del conocimiento campesino se ha perdido, por el hecho de que han vivido una gran etapa de la revolución verde, según la cual no es posible producir sin herbicidas y fertilizantes químicos”.

Otro espacio de resistencia señalado por Porras, son las articulaciones para la recuperación e intercambio de semillas: “Tenemos las Ferias Verdes aquí, en donde sólo se comercializan productos orgánicos”. También en Costa Rica se están implementando los sistemas de certificación participativa, “que se opone a esa certificación de productos orgánicos que es muy costosa para los y las productoras, y al final también para los y las consumidoras”.

Junto al Frente Ecologista Costarricense y la Red de Coordinación en Biodiversidad, Coecoceiba ha participado en talleres de agroecología y recuperación de suelos, con indígenas bribri del territorio de Salitre, que están pasando por un proceso de recuperación de sus tierras ancestrales. “Son talleres bastante amplios, y que han logrado que esas comunidades, además de defender el territorio, defiendan ese conocimiento y la Soberanía Alimentaria, fundamental también en estos procesos de recuperación de tierra”.

Video: Taller agroecológico comunidad indígena Salitre

La organización trabaja también en lo que denominan restauración ecologista de los bosques. En la zona norte del país, se ha restaurado junto en una finca modelo un área de pastizal y monocultivo de piña, con suelos bastante degradados. Se ha logrado reforestarla con una gran diversidad de especies nativas forestales, medicinales, palmas, bejucos, entre otras.

Ver publicación Restauración Ecologista de Bosques

A través del manejo comunitario de bosques, también en la zona norte, se han realizado inventarios de flora, protocolos de uso y manejo del bosque, de vigilancia, entre otros. Esto ha favorecido el fortalecimiento de la defensa y apropiación de estas áreas por parte de las comunidades, y por lo tanto la Soberanía Alimentaria según explica Porras.

Ver Programa de Vigilancia y Control de Bosques y Protocolo de Uso y Conservación

Como un eje de trabajo fuerte por la agroecología, en el país centroamericano organizaciones y movimientos llevan a cabo desde hace varios años una lucha sostenida en contra de las semillas y alimentos trangénicos. Como resultado de esto se ha logrado que “85 de los 81 cantones (un 92%) cuentan con declaratorias libres de transgénicos”. Actualmente se está desarrollando además una campaña para el etiquetado de los productos que contengan ingredientes de organismos genéticamente modificados.

Escuche la entrevista completa con Mariana Porras en el archivo adjunto.

Mas información en www.coecoceiba.org

VIDEO: Defendamos el maíz mexicano ante los tratados de libre comercio

Pronunciamiento de la Feria Popular Alternativa en el marco del día nacional del maíz – San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, México

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El 29 de septiembre del 2016, día nacional del maíz, las organizaciones reunidas en la Feria Popular Alternativa celebramos la diversidad de las semillas que tenemos la suerte de poder sembrar en nuestro país. México es la cuna del maíz, con alrededor de 60 razas y miles de variedades de este cereal, fundamental en nuestra alimentación y nuestra cultura.

Agradecemos el trabajo de l@s miles de pequeñ@s agricultore/as que cuidan las semillas criollas heredadas de sus abuel@s gracias a sus saberes ancestrales. Hoy, más que nunca, necesitamos sus conocimientos y sus semillas diversas para que los cultivos resistan a los cambios climáticos en medio de la crisis ambiental que estamos enfrentando. Por ello, rechazamos todas las leyes que pretendan restringir la libertad de l@s campesin@s de usar, preservar y multiplicar sus semillas. Esta libertad se ve amenazada hoy por el Acuerdo Transpacífico (TPP), firmado en febrero de este año por México y otros once países de la región pacífica.

Nos oponemos a este acuerdo impulsado por Estados Unidos y empresas trasnacionales, negociado a espaldas de la ciudadanía. Exigimos al Senado mexicano que está actualmente examinando el acuerdo, no ratificarlo. Al ratificarse el TPP, México debería adherirse al convenio de la Unión internacional para la protección de las obtenciones vegetales (UPOV 91), que permitiría a las empresas biotecnológicas, como Monsanto, Bayer, Dupont Pioneer o Syngenta Crop, controlar la circulación de las semillas campesinas.

No queremos que l@s campesin@s sean multad@s o encarcelad@s por sembrar o intercambiar una semilla porque una empresa ha decidido hacerse dueña de ella. Nosotr@s Mexican@s no necesitamos que ninguna empresa trasnacional pretenda encargarse de nuestra alimentacion, ya que nuestr@s campesin@s saben hacerlo mejor. En realidad, no creemos que dichas empresas se preocupen por nuestro bienestar. Sólo quieren generar poder y dinero despojando a l@s campesin@s de México y del mundo de sus semillas y de sus conocimientos para volverlos dependientes de sus productos. Creemos que las semillas son un bien común y nunca aceptaremos que se privaticen.

En esta celebración, tuvimos la suerte de ser acompañad@s por los representantes de las Naciones Indígenas de América que corren a través del continente en el marco de las Jornadas de Paz y Dignidad y hicieron ese día una parada en San Cristóbal de Las Casas, para celebrar con nosotr@s la diversidad de las semillas.

Somos orgullos@s de ser de un país en el que la siembra de maíz transgénico fue prohibida, gracias a la lucha jurídica del colectivo “ Demanda colectiva Maíz”. Sin embargo, la lucha no está terminada, pues la prohibición es temporal. Exigimos que nunca se vuelva a permitir la siembra de maíz OGM en México, ya que las empresas que los comercializan pretenden también instaurar una dependencia de los campesinos hacia sus productos.

Preferimos mil veces comer tortillas hechas con maíz criollo que con maíz que contiene genes de bacterias. Queremos estar en buena salud, y por ello seguir comiendo el maíz de nuestr@s campesin@s.

¡No a la privatización de las semillas campesinas de México!
¡No al TPP en México!
¡No al maíz transgenico!
¡Si al maíz criollo y a las semillas campesinas!

¡Vivan l@s campesin@s mexican@s que defienden sus semillas y sus saberes ancestrales!

Urgente defender la libre circulación de las semillas campesinas en México, ante la amenaza del TPP

Por Pia Rioblanco / Otros Mundos A.C.

Mañana, jueves 29 de septiembre, Otros Mundos A.C. y otras organizaciones celebraremos el día nacional del maíz en San Cristóbal de las Casas, Chiapas, México. Los talleres y las charlas estarán enfocados este año a cómo este cultivo y las semillas nativas de nuestro país en general son víctimas de los tratados de libre comercio. Sobre todo del nuevo Acuerdo Transpacífico (TPP), firmado por el presidente mexicano en febrero del 2016.

México está a punto de firmar un convenio que dejaría en manos de las empresas biotecnológicas el control de sus semillas nativas. Se vería restringida la libre circulación de éstas entre los pequeños agricultores, eje fundamental del tejido social en los pueblos rurales del país y guardianas de la biodiversidad.

Se trata del convenio de la UPOV 91. UPOV, por “Unión Internacional para la Protección de las Obtenciones Vegetales”, una organización intergubernamental con sede en Ginebra (Suiza), que se dio como misión “proporcionar y fomentar un sistema eficaz para la protección de las variedades vegetales, con miras al desarrollo de nuevas variedades vegetales para beneficio de la sociedad”. 91, en referencia al año de la última versión del convenio.

Adherirse al convenio de la UPOV 91 es una obligación para cada uno de los doce países que en febrero del presente año firmaron el Acuerdo Transpacífico de Cooperación Económica, o TPP (Trans-Pacific Partnership, en inglés), impulsado por Estados Unidos con el fin de frenar la expansión del mercado chino en la región pacífica. Los otros once integrantes son Estados Unidos, Canadá, Chile, Perú, Australia, Nueva Zelanda, Japón, Vietnam, Malasia, Singapur y Brunéi.

Del UPOV 78 al UPOV 91

El congreso mexicano aún no ha ratificado el TPP que se encuentra actualmente en manos de los senadores. Así que vale la pena conocer los términos del acuerdo para exigir el rechazo del texto, como lo está haciendo la plataforma nacional “México mejor sin TPP”. Los ciudadanos no pudieron movilizarse antes del fin de las negociaciones ya que éstas se llevaron en el más absoluto secreto. Hubo que esperar octubre del 2015 para que Wikileaks sacara a la luz las reglas del juego. (Más información aquí o aquí.) Fue así como nos enteramos de que el TPP obliga a sus integrantes firmar el convenio de la UPOV 91, como parte de su arsenal para proteger el derecho a la “propiedad intelectual” de las empresas.

Por ahora, México es adherente del convenio de la UPOV 78. En esa versión “light”, una empresa o una persona ya puede volverse el “obtentor” de una “obtención vegetal” durante 15 a 18 años años, al comprar la concesión “de protección” o “de patente” de un objeto vegetal. Puede tratarse de una semilla, una planta, el gene de una planta, o cualquier parte de ésta, un árbol, o una vid, que el “obtentor” haya creado y que sea “nueva”, es decir que tenga características que la diferencien de otras variedades de su especie. Con dicha concesión, el “obtentor” puede controlar la producción, la puesta a la venta y la comercialización de su objeto vegetal.

Lo que cambia con el convenio 91, es que el “obtentor” tiene el control de su objeto vegetal durante mínimo 20 años y se requiere su autorización no sólo para la producción, venta y comercialización sino también para “la preparación a los fines de la reproducción o de la multiplicación” del objeto. Significa por ejemplo que un campesino que usa semillas concesionadas por un “obtentor” ya no podría recuperarlas de su cosecha para volver a sembrarlas. Ni podría dárselas a un vecino o intercambiarlas con otras, como se suele hacer en los pueblos rurales de México.

Hacia un control policial de las semillas campesinas

“Podríamos pensar que las semillas campesinas no corren peligro porque son semillas que han estado circulando durante mucho tiempo, entonces que no son nuevas y no pueden ser concesionadas”, comenta la antropóloga mexicana Elizabeth Sotelo. Efectivamente, la mayoría de las semillas poseídas por los campesinos son semillas nativas, que provienen de sus propias cosechas y han sido heredadas por sus ancestros. Pero también les toca comprar semillas a otros productores, semillas mejoradas promovidas por el gobierno, o semillas híbridas vendidas por grandes empresas biotecnológicas presentes en México, como Monsanto, Dupont Pioneer o Syngenta Crop. Con el convenio 91, ya no podrán guardarlas ni intercambiarlas, ya que tienen dueños.

Además, el convenio 91 prevé que el control del “obtentor” se extienda a “las variedades que no se distingan claramente de la variedad protegida”: una disposición terrible para los campesinos detentores de semillas nativas a partir de las cuales las empresas crean sus propios modelos. “Una empresa puede agarrar una semilla campesina, hacerle algún pequeño cambio para que sea nueva, luego registrarla y entonces apropiársela, advierte Elizabeth. Dado que los campesinos no suelen registrar sus propias semillas [el UPOV no se los impide, pero el proceso es muy complejo y costoso, además de no ser un hábito ancestral], no podrán comprobar que la suya les pertenece y es realmente distinta a la de la empresa. Podrán enfrentar sanciones por el simple hecho de regalar su semilla a un vecino.”

“Habría muchos campesinos criminalizados, pagando multas, y en situación de carcel”, alerta la antropóloga. “Se implementaría un sistema de control policial, porque los campesinos tendrán que aceptar que cualquier inspector pueda checar sus cultivos para asegurarse de que no están pirateando una semilla registrada”.

La diversidad de las semillas, fundamental para resistir al cambio climático

Este sistema impuesto en nombre de la seguridad alimentaria, con el argumento de que las semillas concesionadas son mejores, más resistentes y más rentables, genera dependencia de los campesinos hacia las empresas. “El riesgo es que con el tiempo, los campesinos empiecen a descuidar sus semillas nativas y pierdan el conocimiento que tenían al conservar sus semillas y transmitirlas a las nuevas generaciones.”

Además, se pueden perder “los lazos comunitarios, la reciprocidad, que existen entre los campesinos, quienes hoy tienen asegurado que si carecen de una semilla, la pueden pedir a un vecino”, dice Elizabeth Sotelo. Tal vez no valga la pena tomar tal riesgo ya que en muchas comunidades de México, empezando por aquí, en los Altos de Chiapas, la semillas nativas han demostrado más resistencia a los cambios climáticos que cualquier otra semilla híbrida comercializada.

En medio de la actual crisis climática, preservar la diversidad biológica de los cultivos es fundamental. “En caso de sequía o de mucha lluvia, el poder tener muchas variedades de maíz es importante porque si una no aguanta, siempre habrá otra que sí” , dice la antropóloga. Será necesario también conservar los conocimientos ancestrales de los campesinos. “Saber seleccionar las semillas para que se vayan transformando y adaptando a las nuevas condiciones ambientales es lo que siempre se ha hecho, durante miles de años. Ahora los cambios climáticos son tan rápidos que hay que generar esa adaptación en un tiempo más breve. Y yo creo que hay conocimiento para hacerlo.”

>> La Feria Popular Alternativa convoca a celebrar el día nacional del maíz este jueves 29 de septiembre

 

Programa de la Feria por el Día Nacional del Maíz

Día Nacional del Maíz

Feria Popular Alternativa
en San Cristóbal de Las Casas, Chiapas

29 de septiembre de 2016

Con la Jornada:
EL MAÍZ, UNA VÍCTIMA DE LOS TRATADOS DE LIBRE COMERCIO

de 9am a 6pm
En Casa Pastoral, ubicada en calle 5 de febrero, esquina con General Utrilla,
atrás de la Curia.

Agroecología frente al oligopolio alimentario

Las alternativas de consumo como un compromiso para crear un modelo económico alternativo, viable y necesario.
Mariola Olcina Alvarado, El Salmón Contracorriente
Periódico Diagonal

En muchas ocasiones se dice que estamos hartas de que las alternativas de consumo de alimentos ecológicos sean eso, alternativas, cuando el deseo es convertirse en dignas competidoras del oligopolio alimentario. Estudiar los límites y oportunidades de crecimiento de estas iniciativas es un reto; lo que está claro es que por el estómago se puede conquistar a más gente y hay proyectos que ya se plantean la escalabilidad.

Desde hace un tiempo, el número de grupos de consumo sigue creciendo. Pero ¿es suficiente? Mariano González, de La Ecomarca, se pregunta “cómo lograr dar el salto desde los pequeños consumos dispersos y un tanto marginales hasta constituirse en un modelo que compita y arrebate la hegemonía al modelo de consumo actual”. Una de las respuestas fue crear La Ecomarca, un proyecto que busca la creación de nuevos grupos de consumo, facilitando la logística, asumiendo algunas tareas y creando una red de productoras y consumidoras. “Así ampliamos la alimentación ecológica a otras personas, independientemente de las razones por las que se meten en un grupo de consumo”, dice González en un artículo en El Salmón Contracorriente.

Crecer en red

La cooperativa que está detrás de la iniciativa, Cyclos, junto con otras cinco personas (Lucía, Rubén, Serigne, Vane y Edu) con experiencia en el sector de la restauración, se han embarcado en la apertura de uno de los primeros restaurantes agroecológicos de Madrid. El Fogón Verde es “un restaurante cooperativo y vegetariano, donde la novedad es la práctica de la agroecología bajo el marco de la economía social y solidaria”, dicen.

La Ecomarca ya intentó en su día distribuir alimentos ecológicos a restaurantes, pero a éstos les suponía cambiar su planificación y ajustarse a la temporalidad de los productos frescos y, por tanto, cambiar sus recetas. Como explica Mariano González, “las redes de distribución y transporte, los centros de reparto, los menús y los productos ofertados están diseñados y adaptados a la agricultura industrializada”. Sin embargo, siguieron creyendo que montar un restaurante era un buen paso para aumentar la escala de la alimentación agroecológica. “A veces tienes que arriesgar tu dinero y tu trabajo para crecer”, concluye Luis Rico, de Cyclos.

Las personas que forman el proyecto tienen claro que esta expansión tiene que ser en red porque es la única manera de conseguir un “crecimiento democrático y escalado”. De hecho, reconocen la influencia de otras iniciativas más veteranas, como Madrid Agroecológico o el bar Achuri. Además, también están muy pendientes de otros procesos, como el de Garúa y la Fundación FUHEM, que juntos están consolidando los comedores escolares ecológicos a la vez que crean grupos de consumo para las familias de los colegios y educan a los niños y niñas para alimentar otros modelos.

Llegar a más gente

Otro de los tantos proyectos exitosos por su largo recorrido en esto de extender la agroecología es Landare, una asociación de consumo que surgió en 1991 y que actualmente abastece a unas 2.600 familias en Pamplona y alrededores. Hace tiempo que esta iniciativa atravesó la barrera del crecimiento al alcanzar un tamaño más que considerable: tienen dos locales en los que comercializan más de 2.500 productos ecológicos y facturan unos tres millones de euros.

Aunque en sus locales no hay publicidad porque no quieren llegar a un público más allá del boca a boca, sí apuestan por un “desarrollo tranquilo”, comenta uno de sus socios en una charla en la sexta edición de la Feria del Mercado Social de Aragón.

Después de 25 años de recorrido, siguen cuestionándose dinámicas y planteándose mejoras para integrar a un público menos endogámico. “Nuestras estructuras de toma de decisiones no son atractivas para la gente que no proviene del mundo militante, así que pienso que tenemos que generar cauces más allá de la asamblea o hacerlas diferentes”, dice Valero Casanovas en el último número de la revista Soberanía Alimentaria, dedicado a la distribución alimentaria. “Hay gente que se vincula a la práctica de Landare, pero el discurso no nos lo compraría porque no están en ese momento. ‘Ni una palabra de más, ni una persona de menos’, es lo que yo digo. Hay que pensar más en atraer que en contar historias”, dice Casanovas. Y añade que “la gente más militante critica la profesionalización y la dimensión y sobre esto hay críticas que entendemos, y que están muy fundamentadas, porque es verdad que renunciamos a algunas cosas a costa de atraer a ese cauce central de la sociedad que busca comodidad”.

Al ser un proyecto de gran envergadura, el volumen de demanda que generan les permite tener una buena capacidad de negociación con los 94 productores y elaboradoras que les sirven. “Al ser más personas se abaratan los costes y se pueden conseguir mejores precios en productos de gran calidad”, eso sí, “respetando siempre los márgenes de ganancia de los productores y sin desvalorizar el producto”, decían en Zaragoza. En Landare, además, tienen una huerta comunitaria, un comedor social y organizan muchísimas actividades. Y es que para crecer y convencer sin renunciar a los principios esenciales de la agroecología hay que ser muy creativa.

En definitiva, este debate sobre el crecimiento de las alternativas no es nuevo, y el miedo a perderse en el camino de la escalabilidad sigue ahí. El proceso es largo y se suele decir que “vamos lentas porque vamos lejos”, pero quedándose siempre cerca de los valores que impulsaron en primer lugar la creación de una alternativa digna de librar una buena lucha contra el oligopolio alimentario.

Semillas nativas derrotan adversidad climática en El Salvador

Por Edgardo Ayala, IPS Noticias

Puñal en mano, Domitila Reyes abre de un tajo las capas de las hojas que cubren la mazorca de maíz, que arranca de la planta con cuidado en un proceso que repite toda la mañana, en medio de un mar de plantas de este cereal esencial en la dieta de los salvadoreños.

Reyes realiza lo que en El Salvador se denomina “tapisca”, un vocablo derivado del nahuat “pixca”, que significa cortar la mazorca cuando la planta ya está seca y los granos duros.

Ese proceso culminará, semanas después, con la selección de las semillas de calidad que asegurarán la soberanía y seguridad alimentaria de buena parte de los campesinos pobres de este país centroamericano de 6,3 millones de habitantes.

Unos 614.000 salvadoreños son agricultores y 244.000 de ellos cultivan maíz o frijol en terrenos de 2,5 hectáreas promedio, según el Ministerio de Agricultura y Ganadería.

En el área rural, 43 por ciento de los hogares viven en pobreza, frente a 29,9 por ciento de los urbanos, de acuerdo a la última encuesta anual del Ministerio de Economía.

“Veo que la cosecha está buena, a pesar de que la lluvia estuvo molestando”, dijo Reyes a IPS, una mujer de 25 años, que gana unos 10 dólares diarios “tapiscando”.

En efecto, las alteraciones climáticas han trastocado los ciclos productivos en el país, que soporta periodos largos de sequía en invierno, la estación húmeda que va de mayo a octubre, y de lluvia en verano, la estación seca, lo que ha arruinado muchos sembradíos de maíz y frijol.

Pero Reyes, ataviada con gorro, pantalón vaquero y  blusa de manga larga, para defenderse del sol, se muestra aliviada de que las semillas de calidad, o mejoradas, como también se les llama aquí, lograron resistir los embates de la cambiante naturaleza.

“Este maíz ha resistido mejor, la lluvia afectó, pero poquito… otras semillas no hubieran soportado el golpe”, aseguró a IPS en medio del maizal, antes de proseguir su faena de clavar el puñal en las hojas de las mazorcas, que los campesinos salvadoreños llaman “tuzas”.

Reyes forma parte de la veintena de trabajadores que, bajo el cadente sol del verano, laboran temporalmente en un sembradío de maíz de siete hectáreas, uno de los varios perteneciente a la Asociación Mangle, en el asentamiento Ciudad Romero, en el municipio de Jiquilisco, en el oriental departamento de Usulután.

La región es conocida como el Bajo Lempa, por el río que atraviesa El Salvador desde el norte hasta desembocar en el océano Pacífico. Allí se asientan 86 comunidades con una población total de 23.000 habitantes.

Buena parte son excombatientes de la otrora guerrilla del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), que de 1980 a 1992 libró una guerra contra los gobiernos de derecha en la que murieron unas 70.000 personas.

La Asociación Mangle es una de las dos productoras de semillas criollas (propias de cada zona) en El Salvador o de polinización libre, que no son producto de cruce de variedades, como las híbridas. La otra es la cooperativa Nancuchiname, también en el Bajo Lempa.

Su producción de 500.000 kilógramos de estas semillas la venden  al gobierno para que este las distribuya a 400.000 campesinos, como parte del Plan de Agricultura Familiar (PAF). Cada agricultor recibe 10 kilógramos de semillas de maíz y frijol, así como fertilizantes.

“Un logro de nuestra organización es que el gobierno haya aceptado la producción y abastecimiento al PAF de semillas criollas”, explicó Juan Luna, Coordinador del Programa Agrícola de la Asociación Mangle.

Luna aseguró a IPS que con esas semillas los agricultores salvadoreños están mejor preparados para afronta el cambio climático y garantizar la seguridad y soberanía alimentaria de la población.

Una población de la que 12,4 por ciento está subalimentada, unas 700.000 personas, según datos de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO).

La Asociación Mangle y otras tres cooperativas de la zona producen 40 por ciento de las semillas mejoradas del PAF, ya sea criollas o la variedad híbrida llamada H59, desarrollada por el gubernamental Centro Nacional de Tecnología Agropecuaria y Forestal Enrique Álvarez Córdova (Centa).

El resto lo generan otras cooperativas localizadas en otras regiones del país.

“Las semillas trabajadas por el Centa son un material genético de alta calidad que se adapta desde el nivel del mar hasta los 700 metros”, señaló a IPS el representante y coordinador residente de FAO en El Salvador, Alan González.

Añadió que ese esfuerzo de promover ese tipo de semillas como una herramienta para enfrentar el cambio climático y fortalecer la seguridad y soberanía alimentaria está enmarcado dentro del programa Mesoamérica sin Hambre, impulsado por la FAO desde 2014 en América Central, Colombia y República Dominicana.

“Las semillas de alta calidad son estratégicas para el país, porque permite que las familias productoras puedan reproducir sus cultivos en una época de crisis, nacional y mundial, dada la variabilidad de cambio climático”, dijo González.

Hasta 2009, la producción de las simientes para el PAF la acaparaban unas cinco empresas. Pero ese año llegó al poder el FMLN, convertido en partido político con los Acuerdos de Paz de 1992, y modificó las reglas del juego para que los pequeños productores organizados en cooperativas pudieran participar en el negocio.

Otra de las ventajas de estas simientes mejoradas, además de su resistencia a la sequía o a la humedad, es su alto rendimiento. La FAO calcula que la productividad aumenta en 40 por ciento en el caso del frijol y en 30 por ciento en el del maíz, lo que incide en la seguridad alimentaria y nutricional de las familias más vulnerables.

“Abunda más, y nos queda un poquito más de ingresos”, contó Ivania Siliézar, de 55 años, productora de una variedad de frijol mejorada en la comunidad de El Amate, en el municipio de San Miguel, en el departamento del mismo nombre, a 135 kilómetros al este de San Salvador.

Siliézar contó a IPS que se tomó el tiempo para contar cuántas vainas de la legumbre tiene una sola planta de este frijol. “Tenía más de 35 vainas, por eso abunda”, detalló orgullosa.

La variedad de frijol que producen ella y otros 40 miembros de la cooperativa Fuentes y Palmeras se llama chaparrastique, desarrollada también por los técnicos del Centa y que recibe el nombre del volcán en cuyas faldas esa y otras seis cooperativas producen la legumbre, que venden en los mercados locales y al PAF.

Siliézar cultiva su finca de poco más de tres hectáreas, y en la llamada cosecha de postrera, la última del año, obtuvo 1.250 kilogramos, un excelente rendimiento.

Tan buenos resultados han obtenido los 255 agricultores de esas siete cooperativas, que fundaron una empresa: Productores y Comercializadores Agrícolas de Oriente SA (Procomao), y han logrado mecanizar sus procesos con la instalación de una planta que cuenta con máquinas como secadoras, entre otras.

La planta, con una inversión de 203.000 dólares, financiados por la cooperación española, fue montada con el apoyo de la FAO, el Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola, la alcaldía de San Miguel y el Ministerio de Agricultura y Ganadería. Tiene capacidad para procesar tres toneladas de frijol por hora.

Otras tres empresas de pequeños productores han seguido ese camino, en las que participan otras 700 familias del departamento de San Miguel, Usulután y otro vecino.

“Tuvimos plagas, pero gracias a Dios, y a la calidad de estas semillas, allí tenemos la cosechita”, comentó alegre Siliézar.