Declaratoria Tribunal Popular de Justicia Climática
Fuente: bionero.org
Declaratoria del Tribunal Popular de Justicia Climática realizado en la Comunidad Teológica de México el día 10 de noviembre del 2011, en el que colectivos, grupos, trabajadores y trabajadoras del campo y la ciudad, organizaciones de la sociedad civil, mujeres y hombres, pueblos, tribus y naciones indígenas y no-indígena sentenciaron al Estado mexicano, al sistema capitalista y al neoliberalismo por la creciente depredación de la Madre Tierra y el consecuente cambio en el clima.
México
TRIBUNAL POPULAR DE JUSTICIA CLIMÁTICA
CONSIDERANDO:
Que la humanidad y la Madre Tierra enfrentan una crisis ambiental y una alteración del clima sin precedentes provocada por el saqueo y la explotación de los bienes comunes de todos los pueblos del mundo, que han sido vistos por el modelo de desarrollo capitalista como bienes de consumo al servicio del mercado. Esta situación en México es exacerbada por la actual crisis de inseguridad y violencia alentada por la guerra contra el narco, que además de cobrar miles de víctimas y criminalizar la protesta social, ha generado un ambiente de mayor ilegalidad y ha propiciado el despojo de los bienes naturales de la Nación mediante su explotación indiscriminada y la privatización del agua, la biodiversidad, la energía y los minerales.
Que las constantes manifestaciones extremas del cambiante clima en México, así como la sobreexplotación de los bienes naturales disponibles y necesarios para la alimentación de los mexicanos, han provocado miles de víctimas, desplazados y desplazadas ambientales, pérdida de valiosos ecosistemas, sobreexplotación de los bienes naturales disponibles y necesarios para la alimentación de los mexicanos. Mientras que el saqueo de los bienes naturales a manos de grandes corporativos y empresas transnacionales no para, las políticas y la legislación ambiental vigente hacen poco o nada por revertir el deterioro socio-ambiental del país.
Que, por las denuncias y demandas de las comunidades campesinas, indígenas y urbanas y así como la presión de la comunidad internacional, el Estado mexicano sólo simula la adaptación de su legislación y programas de gobierno; cuando por el contrario, debe atender cabalmente el aprovechamiento sustentable de los bienes naturales y la imperiosa necesidad de que las políticas públicas en relación a la mitigación y adaptación al cambio climático, sean diseñadas y operadas escuchando la voz de las comunidades campesinas, indígenas y urbanas y en específico, la voz de las mujeres de todos los grupos y sectores sociales que más padecen la problemática climática, quienes a la vez intentan desde su ámbito y posibilidades aportar soluciones a esta crisis.
Que es urgente mirar el impacto del cambio climático desde la perspectiva de género, para reconocer que las mujeres viven de forma diferente a los hombres los efectos de la devastación ambiental, dado que el sistema capitalista y sus políticas neoliberales han colocado a las mujeres en condición de mayor vulnerabilidad y en respuesta, las mujeres han desarrollado propuestas organizativas muy importantes para enfrentar la actual crisis civilizatoria. En este sentido, es de importancia trascendental, recuperar la voz de las mujeres, quienes desde diversas realidades han desarrollado experiencias para la adaptación y mitigación ambiental. Estas experiencias representan un sin número de posibilidades y esperanzas para todos los grupos afectados por el cambio climático, y las han ubicado de una posición de víctimas a otra muy distinta y de enorme importancia para el país, destacándose su liderazgo como actoras sociales en pleno ejercicio y exigibilidad de sus derechos.
NOSOTRAS Y NOSOTROS,
Los colectivos, grupos, trabajadores y trabajadoras del campo y la ciudad, organizaciones de la sociedad civil, mujeres y hombres, pueblos, tribus y naciones indígenas y no-indígenas, reunidos y reunidas el 10 de noviembre del 2011 en la Comunidad Teológica de México, en el Distrito Federal, capital del país y en el marco del Tribunal Popular de Justicia Climática,
DECLARAMOS A LA NACIÓN Y EL MUNDO:
Primero. A través de los pueblos de Tabasco que conforman el Consejo de Comunidades Unidas de Centla, vemos que las catástrofes ambientales y constantes inundaciones que sufren las comunidades en la mayoría del estado son problemas con múltiples factores, no sólo ocurren a causa de cambios en el clima y del constante incremento de lluvias y huracanes, sino también a causa de la corrupción y las irresponsables políticas hídricas de los gobiernos para convertir en negocio particular la generación de energía y para provocar el desalojo de territorios de la planicie costera. Además de esto, como también ocurre con los pueblos de Veracruz, se utiliza el discurso de la mitigación al cambio climático para justificar la construcción de represas hidroeléctricas bajo el pretexto de ser métodos de producción de energía “limpia”, que supuestamente no generan gases de efecto invernadero y que posteriormente, al inundar a los pueblos, se vuelve a utilizar el discurso de que las inundaciones son provocadas por el incremento de lluvias a causa del cambio climático, justificando una mala gestión y planeación del agua, que entre otras consecuencias, se traduce para las mujeres, niñas y niños de estas comunidades en afectaciones a la salud y en las múltiples jornadas de trabajo no remunerado, en desnutrición y reforzamiento de roles tradicionales que mantienen a las mujeres en el sometimiento.
Exigimos acciones inmediatas por el estado de emergencia que viven las comunidades de Tabasco afectadas por las inundaciones, en términos de alimentación, salud y trabajo para todas y todos los afectados.
Exigimos el paro de las afectaciones al patrimonio de los habitantes de las comunidades de Centla por causa de las descargas de agua provenientes de las presas del Alto Grijalva y por las obras de un plan hídrico aplicado en Tabasco que no es integral, sino que beneficia a unos y sacrifica a otros, los más desprotegidos y a quienes ahora se les está destruyendo, además de su patrimonio, su modo de vida y su economía básica.
Exigimos la elaboración y ejecución de un plan hídrico integral y sustentable para Tabasco, que respete el derecho de las comunidades indígenas y campesinas a la consulta previa, libre e informada.
Respaldamos la decisión del Consejo de Comunidades Unidas de Centla para constituir, junto con las comunidades de Chiapas y Guatemala, la Red en Defensa del Usumacinta y sus Comunidades, amenazadas por los proyectos de construcción de hidroeléctricas a lo largo de su cauce.
Segundo. Junto a nuestras hermanas y hermanos de las comunidades de Veracruz, agrupadas en el Colectivo Defensa Verde Naturaleza Para Siempre, elevamos nuestra más enérgica protesta y exigimos la cancelación inmediata de los 112 proyectos de hidroeléctricas que se pretenden construir en ese estado y cuya edificación significará la inundación de diversos pueblos y la privatización de nuestros ríos.
Tercero. Junto a las comunidades, grupos, asociaciones, mujeres y hombres agrupados en la Red en Defensa del Maíz sostenemos que la agricultura industrial y los monocultivos son causas principales del cambio climático, al utilizar agroquímicos que contaminan y degradan la tierra, lo que a su vez genera mayores emisiones de carbono a la atmosfera, los cuales han sido impulsados fuertemente en nuestro país mediante la apertura del mercado agrícola a través del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá.
Reivindicamos y proponemos la agricultura tradicional y familiar como una solución al cambio climático. En el caso específico de México, reconocemos a la Milpa como una forma de agricultura tradicional que debe de ser rescatada y promovida.
Rechazamos enérgicamente las falsas soluciones al cambio climático, como lo son los agro combustibles, que encarecen los alimentos al destinar las tierras de cultivo para generar energía con el fin de abastecer a la industria y los automóviles; rechazamos contundentemente el Mercado y los Bonos de Carbono, como el programa REDD+, que privatiza los bosques y selvas en perjuicio de los pueblos indígenas que dependen para su subsistencia de ellos y que otorga permisos a los países ricos para seguir contaminando.
Rechazamos los cultivos transgénicos como una falsa solución a la seguridad alimentaria y climática, en especial el maíz transgénico, ya que México como centro de origen de esta planta y siendo poseedor de una gran diversidad de maíces criollos, el cultivo de maíz transgénico representa un ecocidio que atenta contra la riqueza biológica de los pueblos de México y América Latina.
Cuarto. Con nuestras hermanas y hermanos del orgulloso y heroico Pueblo Wirrárika del estado de Jalisco, vemos cómo las alteraciones en el clima han afectado nuestros modos y prácticas de vida, siendo el problema más visible las recientes heladas en la Sierra Madre Occidental, al norte de Jalisco, donde habitamos, que han causado la pérdida casi total de las hectáreas de los cultivos de maíz, entre otros alimentos. Esta problemática, se agrega a la lucha que mantenemos por la defensa de nuestros sitios sagrados, actualmente amenazados por concesiones mineras y agroindustriales.
Reiteramos enérgicamente nuestra exigencia al gobierno federal de Felipe Calderón de cancelar las 22 concesiones mineras que otorgó a la empresa depredadora canadiense First Majestic Silver Corp en Wirikuta y de las concesiones a empresas agroindustriales ubicadas en la misma zona, así como de cualquier otra concesión que se otorgue en nuestros sitios sagrados, ya sea minera, agroindustrial, turística, o de cualquier otra índole, que pretenda explotar esas tierras, cuyo fin es la preservación de la vida en general y la cultura wirrárrica.
Quinto. Al lado de nuestros hermanos y hermanas de los pueblos originarios del sur del Distrito Federal, asentados en territorios de vocación predominantemente rural que ocupan casi la mitad del territorio de la Capital del país, que habitan, preservan y trabajan la tierra desde antes de la expansión urbana de la zona metropolitana del valle de México, están padeciendo hoy una ofensiva de artilugios legales de parte de gobiernos y empresarios que intentan despojarlos de sus territorios, los cuales hoy proveen servicios ecológicos vitales para las y los habitantes de la capital del país.
Al lado de las comuneras y los comuneros de San Andrés Totoltepec, Tlalpan, denunciamos que el Gobierno Federal no quiere reconocer la legal posesión de la tierra, lo que impide el impulso de proyectos económicos y sociales para beneficio de sus comunidades.
Sostenemos que ante la crisis climática actual, es prioritario preservar nuestros territorios que proveen servicios ambientales como son la captación e infiltración de agua de lluvia, mejora de la calidad del aire, hábitat para biodiversidad, oportunidades para el desarrollo de educación ambiental, investigación y recreación, producción de alimentos, retención de suelos y regulación del clima.
Exigimos frenar y controlar los asentamientos irregulares, proteger y restaurar los ecosistemas y compensar con auténtica justicia a los dueños de estas tierras por los servicios ambientales que aportan los ecosistemas que protegen y que benefician a millones de personas.
Sexto. Al lado de nuestras hermanas y hermanos de San Lucas Xochimanca y Pueblos de la Montaña de las inmediaciones del Estado de México y la Delegación Xochimilco en el Distrito Federal, denunciamos enérgicamente el deplorable estado de degradación en el que se encuentra la presa y el vaso regulador de San Lucas Xochimanca; espacio vital y estratégico que preserva no sólo la seguridad hídrica de toda la zona chinampera del Valle de México, sino que es depositaria de flora y fauna preciosas que se encuentran en grave peligro ante la irresponsable apatía, inmovilidad, incompetencia y sordera de las autoridades ambientales y de administración del agua, en el ámbito político y administrativo de los gobiernos federal, estatal y municipal del Estado de México, así como del ámbito del gobierno delegacional de Xochimilco y de la Jefatura de Gobierno del Distrito Federal.
Exigimos la integración de un plan de rescate, saneamiento y preservación integral del vaso regulador y la presa de San Lucas Xochimanca con la participación de la comunidad. El entubamiento de las aguas negras provenientes del reclusorio sur, fraccionamientos residenciales y asentamientos irregulares de la zona de La Montaña. Así como el rescate, ampliación y mejoramiento de la planta tratadora de aguas negras de San Lucas, hoy miserablemente abandonada por autoridades irresponsables.
Séptimo. Orgullosas y orgullosos de estar hombro con hombro junto al Pueblo Cucapá, que actualmente ocupa territorios en los estados de Baja California y Sonora, denunciamos que el deterioro gradual y progresivo de la cuenca baja del río Colorado y su delta, están amenazando la sobrevivencia y existencia del pueblo Cucapá y su cultura indígena, al impedir el ejercicio de sus formas tradicionales de subsistencia, principalmente su actividad milenaria: la pesca en el río Colorado y su delta.
Denunciamos también, que producto de la imposición desde 1994 por el Gobierno Federal mexicano de la Reserva de la Biósfera del Alto Golfo de California y Delta del Río Colorado, los pescadores cucapás que luchan por sacar adelante a sus familias y preservar su cultura, son objeto de hostigamiento y persecución por parte de militares e inspectores de la llamada Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, Profepa y de la Comisión Nacional de Pesca, Conapesca.
Exigimos la instalación inmediata de una mesa de diálogo y negociación que de cause efectivo a las legitimas exigencias del Pueblo Cucapá y permita la preservación y sustentabilidad de sus formas comunitarias de vida y cultura milenarias.
Octavo. Con nuestras hermanas y hermanos de los pueblos indígenas del noroeste mexicano, los Guarijios y Yaquis, estamos sufriendo la imposición del mega proyecto de infraestructura hidráulica y energía llamado Sonora SI. Tal mega proyecto del gran capital nacional y transnacional abarca varios municipios del estado y obras como: reactivación y construcción de presas hidroeléctricas, acueductos, desaladoras y plantas tratadoras de aguas residuales.
La administración estatal del gobernador Guillermo Padrés intenta impulsar la privatización del agua sin considerar el equilibrio de los ecosistemas riparios. Padrés ha hecho público que la prioridad es el crecimiento económico sin importar los aspectos socioculturales y ambientales de las comunidades afectadas. Una clara muestra de lo anterior ha sido la ausencia de estudios serios de impacto ambiental y una auténtica política de transparencia informativa.
Exigimos la suspensión del programa Sonora Sí, y la instalación inmediata de una mesa de diálogo y negociación cuyo eje rector sea el interés superior de las personas y sus comunidades, en especial de los pueblos Guarijios y Yaquis, así como el respeto y sustentabilidad de la madre tierra.
Noveno. Los colectivos, personas y organizaciones que participamos en este Tribunal Popular de Justicia Climática, exigimos justicia para nuestra hermana y compañera ambientalista Nancy Ellen De Rosa, a la que el Estado pretende encarcelar por defender los ecosistemas de la Riviera Maya en Akumal, Quintana Roo; nos declaramos en estado de alerta permanente para conocer la sentencia de un Juez que dictaminará sobre una acusación plagada de irregularidades con la que se intenta acallar a una de las voces más críticas y consecuentes de México, que ha denunciado valientemente a los funcionarios y las empresas que promueven el turismo depredador en las costas del Caribe mexicano.
Décimo. Exigimos la incorporación de la perspectiva de género en las políticas públicas y acciones afirmativas que en materia de cambio climático se plantean para las comunidades, reconociendo su diversidad y pluralidad. Así mismo, las y los participantes en este Tribunal Popular de Justicia Climática, exigimos el reconocimiento a las diversas propuestas y experiencias desarrolladas por las mujeres de todas las comunidades afectadas por el cambio climático en México.
SENTENCIA:
Hoy, en la Ciudad de México y desde las instalaciones de la Comunidad Teológica de México, las y los presentes, constituidos en Tribunal Popular de Justicia Climática, por el inalienable derecho a la justicia que tenemos los pueblos y asumiendo el dicho de la Constitución Mexicana que señala que la soberanía radica esencialmente en el pueblo; tras oír y conocer los casos de todas y todos los presentes, representantes de diversas comunidades y pueblos indígenas y no indígenas del país, sentenciamos lo siguiente:
Primera. Tras oír y conocer los casos de todas y todos los presentes, representantes de diversas comunidades y pueblos indígenas y no indígenas del país, declaramos culpable al Estado Mexicano, al sistema capitalista y al neoliberalismo por la creciente y dolorosa depredación de la Madre Tierra y el consecuente cambio en el clima, así como por la creciente criminalización de la protesta social y el activismo a favor del ambiente. Esta situación en perjuicio de la soberanía nacional y la sustentabilidad de la vida de las generaciones presentes y futuras de mexicanas y mexicanos.
Segunda. Declaramos culpable al gobierno de Felipe Calderón por estar provocando la exacerbación del estado de violencia que vive México, con la guerra absurda que sostiene contra los grupos de la delincuencia organizada y estarla utilizando para una criminalización alarmante contra los defensores del medio ambiente y de los derechos humanos.
Tercera. Que entre las principales víctimas se encuentran las mujeres y las niñas quienes por el simple hecho de serlo son invisibilizadas en sus historias e incluso en sus nombres, que sus cuerpos son territorios de expresión de las diversas violencias e impactadas negativamente en su salud, su trabajo, su economía y su vida. Que su cotidianidad es afectada no sólo por la falta de agua y la temperatura ambiental extrema del cambio climático, sino por la multiplicidad de labores y responsabilidades fundamentadas en un machismo depredador, en un patriarcado indigno que hoy oprime y afana lastimosamente la vida de millones de mujeres y niñas. Estas cargas injustas, esta moderna e indigna esclavitud debe cesar a través de la práctica de la justicia y la equidad en el amor y la verdad desde y en los hogares y las comunidades. Es preciso modificar pautas culturales y tradiciones que fortalecen los roles tradicionales que oprimen a las mujeres, que dificultan el impulso de su protagonismo y el desarrollo de sus liderazgos. Sin embargo, es preciso reconocer y aún proclamar, que hoy miles de las luchas que emprenden los pueblos del mundo en un hambre y una sed de justicia legitima, son encabezadas dignamente por las mujeres. La vanguardia de la lucha global por la justicia y la igualdad tiene rostro de mujer. Por ello, las Mujeres presentes, integrantes de este Tribunal, han decidido constituirse desde hoy en el Grupo de Trabajo Feminista por la Equidad de frente al Cambio Climático en México.
Cuarta. Ante la urgente e imprescindible necesidad de contar con espacios permanentes para la denuncia de todas las formas de ecocidio contra la madre tierra y los pueblos, además de la procuración de la organización, coordinación y confluencia de las iniciativas de la lucha democrática por la sustentabilidad social y climática en la justicia, este tribunal se declara como una instancia abierta y permanente que buscará la confluencia, apoyo y solidaridad de los ámbitos locales, nacional e internacional sin menoscabo de su independencia y soberanía.
LLAMADO A LA ACCIÓN:
Lidiar con la crisis climática implica realizar un cambio fundamental en el orden mundial actual y una transformación completa de las relaciones sociales, económicas, políticas y culturales a escala local, nacional y mundial.
Consientes de que la crisis climática debe correr por cuenta de quienes la generaron, y no por quienes han sido los menos responsables de que ocurra, reconocemos humildemente nuestra responsabilidad como personas, como agentes involuntarios, al ser pasivos hasta ahora ante el sistema depredador capitalista que reproducimos en cada acto de consumo irracional en nuestra vida cotidiana. Por tanto, asumimos el compromiso de adoptar y promover entre nuestros ámbitos fundamentales, el personal, el familiar y el comunitario un cambio en nuestro estilo de vida, por uno estilo de vida austero y justo que reduzca efectivamente los impactos nocivos a la naturaleza y promuevan una cultura de respeto y equilibrio a la madre tierra y el ambiente.
Hacemos un llamamiento a los colectivos, grupos y asociaciones, a las mujeres y hombres, a los pueblos, tribus y naciones indígenas que actualmente padecen los efectos del cambio climático y la injusticia ambiental a generar procesos de encuentro, intercambio de información y comunicación crecientes, en los valores de la solidaridad y la justicia, la horizontalidad y la organización democrática, partiendo del entendido evidente de que aislados y aisladas nuestras legitimas luchas de reivindicación y justicia climática no podrán enfrentar con eficacia al monstruo depredador de la sociedades y la madre tierra: el sistema capitalista y su expresión más devastadora, el neoliberalismo. Para ello, llamamos con humildad y respeto a impulsar dichos procesos de comunicación y coordinar acciones y proyectos en todas las regiones del país. Asumiendo consecuentemente esta resolución, las y los participantes en este Tribunal Popular de Justicia Climática, iniciaremos un proceso de consulta y acuerdo para la integración del Consejo Nacional de Comunidades del Tribunal Popular de Justicia Climática de México.
Para ello, y entre los compromisos asumidos en este evento, habilitaremos una plataforma de comunicación para hacer públicas las denuncias y los casos de injusticia climática que se padecen en México. Pedimos que se nos envíen fichas informativas, expedientes y denuncias populares a la siguiente dirección de correo electrónico: tribunaldejusticiaclimatica@gmail.com
Así mismo, anunciamos la apertura de la segunda audiencia de este Tribunal Popular de Justicia Climática, que tendrá lugar el próximo jueves 17 de mayo de 2012 en la Ciudad de México y cuya convocatoria anunciaremos oportunamente.
Finalmente, proponemos el impulso de encuentros para el intercambio de experiencias exitosas, que visibilizan los liderazgos de las mujeres y los procesos organizativos y participativos novedosos para la mitigación y adaptación frente al cambio climático y que coloquen a todos, pero en especial a las mujeres como sujetas de derecho y ciudadanas plenas. En este sentido, hacemos un llamado a recuperar las historias de las mujeres y las niñas que viven historias de afectación en cualquier ámbito de su vida por el cambio climático para hacerlas visibles y contribuir a erradicar este tipo de injusticia y violencia de género.
Invitamos a todos y a todas a sumarse y generar juntos un espacio de diálogo e intercambio entre las comunidades mexicanas afectadas por el cambio climático. Asumiendo la necesidad de lograr una mayor cohesión y fortalecer a las organizaciones y colectivos para construir una agenda común con demandas específicas hacia las autoridades en los ámbitos local, estatal y nacional; para ello les invitamos a generar juntos y juntas una plataforma de afectados y afectadas, sin menoscabo y en colaboración con otros esfuerzos de acción justa por el clima para que nuestras voces y demandas se escuchen en el ámbito nacional e internacional.
Fraternalmente.
¡Por la Vida, la Tierra, el Agua, el Cielo y la Mar en la Justicia!
TRIBUNAL POPULAR DE JUSTICIA CLIMÁTICA DE MÉXICO
San Ángel, México Distrito Federal a 17 de noviembre de 2011.
Firman esta declaración como miembros de este tribunal las siguientes organizaciones y personas:
Mexicanas y Mexicanos Contra la Desigualdad, GCAP MEXICO.
Comunidad en Movimiento, A.C.
Colectivo Mexicano de Comunidades Afectadas por el Cambio Climático, COMEXIC.
Consejo de Comunidades Unidas de Centla, Estado de Tabasco.
Comunidad El Coco
Comunidad Álvaro Obregón
Comunidad Francisco. I. Madero
Comunidad Ejido Fronterita
Comunidad San José de Simón Sarlat
Comunidad Ejido Constancia y Venecia
Comunidad Colonia San Juan
Comunidad Población Simón Sarlat
Comunidad Colonia Caparrazo
Comunidad Chilpa Margen Derecho
Comunidad Boca de Chilpa
Comunidad Chilpa Margen Izquierdo
Comunidad Mixteca 2da. Sección.
Comunidad Mixteca 3ra. Sección.
Comunidad Ejido José María Morelos y Pavón Tiatalillo
Comunidad Chichicastle 1ra. Sección
Comunidad Poblado Quintín Arauz
Comunidad Cañaveral Corcovado
Comunidad Villa Vicente Guerrero
Comunidad Tabasquillo 2da. Sección.
Frente Sindical Campesino Indígena Social y Popular de Tabasco
Bionero.org
Movimiento Cristiano por la Paz.
Pueblo Wirrárika, México Estados de Jalisco, Nayarit, Zacatecas y Durango.
Pueblo Cucapá, México Estados de Baja California y Sonora.
Pueblo Tarahumara, México Estados de Sonora, Chihuahua y Coahuila.
Pueblo Guarijío, México Estados de Sonora y Chihuahua.
Escuela Autónoma Emiliano Zapata, Puebla.
COPINH
Red Mexicana en Defensa del Maíz.
Centro de Estudios para el Cambio en el Campo Mexicano, CECCAM.
Fundación Promueve, A.C.
México Profundo, A.C.
Red de Mujeres, A.C.
Mujeres por el Diálogo
Red Nacional Genero y Economía
Colectivo Regional Defensa Verde Naturaleza para Siempre. Estado de Veracruz.
Comunidad Amatlán de los Reyes.
Comunidad Fortín de las Flores.
Comunidad Naranjal.
Comunidad Cuichapa.
Comunidad San José de García.
Comunidad Xúchilez.
Comunidad Ixtaczoquitlán.
Comunidad Chilpanapa.
Comunidad La Toma.
Comunidad San Martín.
Cooperativa por un Ambiente Biodiverso y Sustentable, S.C de R.L.
Escuelita Emiliano Zapata
Comunidad Indígena de San Sebastián Tepetitlán, Jalisco.
Comité de San Lucas Xochimanca, Xochimilco D.F.
Crecimiento Centrado en Procesos, A.C.
La Voz de Abya Yala, Medio Libre.
Comunidad de Amatlán de los Reyes, Veracruz.
Integrantes del Consejo Ciudadano de las Mujeres del Distrito Federal:
Jessica Fernández Romero, CCMDF, Cuauhtémoc.
Luz Elvia Juárez Téllez, CCMDF, Miguel Hidalgo.
Rosa María Méndez, CCMDF, Coyoacán.
Leticia García Castro, CCMDF; Álvaro Obregón.
Susana García García, CCMDF; Miguel Hidalgo.
Itzel G. Guzmán Reséndiz, CCMDF, Coyoacán.
Yazmín Cruz X., CCMDF, Álvaro Obregón.
Laura H. Lucero G, CCMDF, Benito Juárez.
Elvia Jerezanor, CCMDF, Benito Juárez.
Patricia Becerril Romero, CCMDF, Xochimilco.
María Concepción Martínez Chávez, CCMDF, Benito Juárez.
Elizabeth Veyra S, CCMDF, Benito Juárez.
Carolina Romero, CCMDF, Coyoacán.
Bibiana Pacheco, CCMDF, Cuauhtémoc.
Teresa Linares S, CCMDF, Cuauhtémoc.
Laura Lechner, Guatemala Solidaritat Austria.
Rodrigo Olvera, CCUC.
Joalin Pardo, FLACSO.
Eduardo Ochoa, UNAM.
Lorna Zamora Robles, UNAM, FFyL.
DURBAN, SUDÁFRICA, 5 de diciembre de 2011 – Las negociaciones de clima de la ONU en Durban han recordado al mundo que la agricultura es responsable de casi el 25% de las emisiones de gases de efecto invernadero del mundo.
DURBAN, SUDÁFRICA, 1° de diciembre de 2011 – En el día de hoy 163 organizaciones de la sociedad civil de 39 países publicaron una carta para denunciar un intento encabezado por Estados Unidos, el Reino Unido y Japón de convertir el Fondo Verde para el Clima en un “Fondo Empresarial Codicioso” en las negociaciones de clima de la ONU en Sudáfrica.
as a nivel nacional para definir la aprobación de proyectos de créditos de carbono, miembros de la Alianza Global por Alternativas a la Incineración (GAIA) de Argentina, Brasil, Chile, El Salvador, México y Uruguay llamaron a sus respectivos gobiernos “a no aprobar proyectos MDL basados en soluciones tecnológicas que generan riesgos e impactos negativos e incentivos perversos para una mayor generación de residuos”.
Históricamente, en la economía y en la política se ha dado mucha más importancia a los asuntos financieros que a la perdida de la ecología. La deuda externa ha marcado el rumbo de las políticas económicas aplicadas en los países de América Latina en las últimas décadas, aunque si bien el importe inicial de la deuda externa contraída ya ha sido pagado, los intereses de la deuda aumentan constantemente y esto hace que se vuelva una deuda eterna.
La Red Jubileo Sur, desde su constitución en el año 1999, asumió la tarea de aportar a la profundización de la relación existente entre la deuda financiera ilegítima reclamada a nuestros países, y la generación de Deudas Históricas, Sociales y Ecológicas. Desde el inicio de la era colonial, el Norte global –a través de sus gobiernos, corporaciones e instituciones financieras- han explotado y saqueado la riqueza, bienes naturales, saberes, trabajo y vida de los pueblos del Sur.
A esta realidad, se suma un monumental proceso de sobre-endeudamiento público de nuestros gobiernos para hacerle frente al hecho que los países del Norte no cumplen con sus obligaciones frente al Cambio Climático. Los costos de detener el calentamiento global son transferidos a los pueblos del Sur, al igual que los costos de la crisis económica del Norte. Crisis que los pueblos del Sur padecen históricamente y que ya pagaron varias veces, con su trabajo, riqueza y vidas.
La creación de una Corte Penal Internacional del Medio Ambiente sería un paso hacia la justicia ecológica. Castigaría a los responsables de los daños a la naturaleza, que hasta hoy gozan de impunidad.
Con ocasión de la reunión del Comité que diseñará el Fondo Verde para el Clima en Ginebra, más de 140 redes y organizaciones de todo el mundo, entre ellas Ecologistas en Acción y el Observatorio de la Deuda en la Globalización, exigen de los gobiernos compromisos urgentes que se aparten del “Business as usual”.
Las organizaciones sociales explican en su misiva que las actividades financieras, como la creación de derivados e inversiones en el mercado del carbono, son extremadamente arriesgadas y albergan el riesgo de crear una nueva burbuja financiera, así como impactan muy negativamente en las poblaciones y el medio ambiente. “La volatilidad experimentada actualmente por las bolsas de valores constituye una clara advertencia de que tales instrumentos no sean precisamente una base apropiada para conseguir un financiamiento estable que el Fondo Verde para el Clima requiere si desea cumplir sus metas.” Por todo ello exigen a los gobiernos “explícitamente excluir el uso de instrumentos especulativos u de otra naturaleza para incrementar su capital a través de los mercados financieros”.
El típico entendimiento de que el desarrollo tiene como fundamento el crecimiento económico dibuja un esquema que apunta a la debacle socio-ambiental puesto que el crecimiento económico obligadamente requiere de la transformación de la naturaleza hacia un estado mayor de baja, es decir, en desechos, y dado que esa transformación es irrevocable, el medio ambiente establece límites al subsistema económico. Todo uso de los recursos naturales para satisfacer necesidades no vitales lleva consigo una menor cantidad de vida en el futuro.
Es un contexto en el que resulta imperante notar que de 1973 a 2008, si bien la cantidad de energía generada se ha duplicado -se pasó de 6,115 a 12,267 millones de toneladas de petróleo equivalente-, la proporción de los combustibles fósiles no ha variado aunque sí se le da un mayor peso al carbón y al gas. A ello se suma un incremento en el rol de la energía nuclear que creció seis veces al tiempo que, llamativamente, se estancan las energías renovables al representar en esos 35 años tan sólo el 10 % del total de energía primaria mundial (AIE, 2010). Así, los datos nos muestran que, pese a las adversidades, la política energética de las últimas décadas ha sido marcada y claramente fósil y nuclear.
El incremento se estima en un 5% con respecto al record de 2008, y representa 30,6 gigatoneladas (Gt). En 2009, tras la crisis financiera, las emisiones de dióxido de carbono (CO2) habían tenido un descenso. Alerta de los especialistas.
¿Cuáles son las fronteras del daño ecológico, cuál es el límite de una huella: un papel de propiedad, una cerca, un color diferente en la tierra? La nostalgia de un mundo de colores y sabores diversos, de olores que guardan la memoria de las lluvias que cayeron, el sabor de la fruta real con arrugas y manchas, es más fuerte que los discursos vacíos, las falsas soluciones y todas las trampas. Ya no se cierra más la puerta al debate sobre la recuperación de los bienes comunes como derechos de todos y todas.