Reportaje publicado originalmente en Pie de Página – Se autoriza su reproducción siempre y cuando se cite claramente al autor y la siguiente frase: Este reportaje fue realizado con el apoyo de Fundación Ford y elaborado por el equipo de investigación de Pie de Página
En la sierra de Puebla, las mujeres han emprendido una resistencia contra los proyectos mineros. Desde la cocina, la militancia, el comercio o la manifestación pública, desde los espacios tradicionales o irrumpiendo los destinados para hombres, ellas buscan proteger un territorio y una forma de vida.
IXTACAMAXTITLÁN, PUEBLA.- Es sólo una llovizna tupida, pero las gotas que estallan en el techo de lámina causan un tronadero. Adentro, truena también la leña que calienta la estufa y truenan, además, los chiquereyes que doña Ángeles Cruz Montiel fríe en el sartén.
La luz se mete apenas en la cocina a través de dos ventanas. Una, la más grande, ilumina una mesa larga, la otra, más pequeña, permite espiar hacia el patio donde están las gallinas y los chivos.
Doña Ángeles se mueve rápido: en pocos minutos pone sobre la mesa una salsa verde que ha hecho en molcajete y tortillas calientes para los chiquereyes.
Un mes atrás preparó varios guisos durante casi una semana para darle de comer a las personas que fueron a apoyar a su hijo Nacho, quien se opuso a que las camionetas de la empresa minera canadiense Almaden Minerals cruzaran por sus terrenos en la comunidad de Loma Larga.
Entre los guisos de aquellos días, también hubo chiquereyes o escamoles, huevos de hormiga, un manjar que en cualquier restaurante gourmet cuesta cientos de pesos y en casa de Doña Ángeles se comen cada primavera.
Ella, de 74 años, ojos claros y acuosos, piel curtida y trenzas largas, defiende así su territorio, la “sagrada agua” y la vida: desde su cocina, donde cuida que nadie se quede sin comer lo que prepara con lo que da la tierra.
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La amenaza
Ixtacamaxtitlán está a 130 kilómetros de la capital del estado de Puebla, es el quinto municipio más extenso y tiene 126 comunidades separadas por una geografía a veces imposible.
Aquí viven 24 mil 512 personas, hay un tristísimo museo de sitio, una presidencia municipal pintada hace 3 o 4 años con los colores institucionales de la empresa minera -amarillo y naranja-, y muchas lagartijas que en tiempos de lluvia cruzan las calles y trepan las paredes. Y hay, además, oro y plata en el subsuelo, bajo la misma tierra de la que sacan los chiquereyes, esos bichos que le gusta cocinar a doña Ángeles.
En 2003, el gobierno federal dio la concesión minera a la compañía canadiense Almaden Minerals y su subsidiaria mexicana Minera Gavilán -ahora también participa su subsidiaria Minera Gorrión-, sin conocimiento de quienes habitan la zona.
El principal accionista de Almaden es el empresario agrícola sinaloense Ernesto Echavarría Salazar, quien junto con James Duane Poliquin, presidente y fundador de la empresa, controlan más del 5 por ciento de las acciones y tienen poder de veto. Entre los 37 principales accionistas está el Royal Bank of Canada. La minera cotiza en las bolsas de valores de Toronto y Nueva York.
El proyecto está aún en etapa de exploración y desarrollo, pero ya ha cometido varias ilegalidades que han sido documentadas por cuatro organizaciones -Unión de Ejidos y Comunidades en Defensa de la Tierra, el Agua y la Vida, Atcolhua; Centro de Estudios para el Desarrollo Rural (Cesder); Instituto Mexicano para el Desarrollo Comunitario (Imdec) y Proyecto sobre Organización, Desarrollo, Educación e Investigación (Poder)- a través de una Evaluación de Impacto en Derechos Humanos.
El “Proyecto Tuligtic o Ixtaca” se proyecta en distintas zonas del municipio de Ixtacamaxtitlán. El tajo a cielo abierto se haría en la comunidad de Santa María Zotoltepec, y la presa de jales (una estructura que retiene materiales de desecho) en la cabecera de la cuenca del río Apulco, en las tierras de cultivo de Loma Larga, donde vive doña Ángeles Cruz Montiel, y muy cerca de Almeya, Zacatepec, Tuligtic, Vista Hermosa y Xiuquenta.
El riesgo de degradamiento y contaminación abarca más municipios de Puebla y otros tantos de Veracruz
Almaden Minerals – que fue multada en 2009 por la Profepa por irregularidades durante la exploración y tiene antecedentes de violaciones a los derechos humanos en otros proyectos en México (Caballo Blanco, Veracruz) y Canadá – pretende iniciar la explotación en 2018, para la cual utilizaría 38 mil toneladas de explosivos emitiendo gases con efecto invernadero y violando la norma de uso de explosivos dada la cercanía del lugar de almacenamiento con las viviendas. En Santa María Zotoltepec ya resienten la presencia minera en el medio ambiente, el tejido social y la salud, como bien lo sabe Francisca Zamora Morales, quien nació aquí.
Francisca se dedica a la venta de productos cosméticos y alrededor de ella se reúne una fuerza laboral de 180 mujeres repartidas en los pueblos cercanos a Santa María y Tetela, municipio vecino a Ixtacamaxtitlán. En esta región hay más mujeres solteras que casadas, viudas o divorciadas, así que su movilidad y disponibilidad es amplia.
Francisca forma parte de la Unión de Ejidos y Comunidades en Defensa de la Tierra, el Agua y la Vida, y no entiende que haya quien no quiera ver los daños. El primero, dice, es social:
“-Un pueblo dividido no tiene fuerza y en Ixtacamaxtitlán la hay (división), porque unos quieren empleos sin ver las consecuencias y otros no queremos empleos porque sabemos a cambio de qué. Es algo grave, porque se pierde fuerza, los gobiernos o las empresas, quien tiene poder, lo que más le interesa es que haya divisiones sociales.”
El asunto de los empleos no es nada sencillo, en una región donde dos terceras partes de los habitantes no es económicamente activo y sólo 3 de cada 100 han ido a la universidad.
Pero Francisca no tuvo ni que leer toda la información que recibió sobre los riesgos de la minería durante un foro en Tetela para saber su significado: muerte.
En su modesto auto va y viene, aprovecha su red laboral para regar advertencias entre la gente. Es como esos trabajadores de empresas multinivel que andan convenciendo adeptos a la menor oportunidad, aunque en este caso no es para vender productos, sino para cuidar su tierra.
Francisca es terca: “no debes andar sola” le dice la gente, pero no hace caso. Tampoco le importa que digan que, como no tiene marido ni hijos o hijas, “se manda sola”. Y, ya se sabe, para algunas personas una mujer sola es una mujer peligrosa.
“También hay afectaciones por los químicos para barrenar, son peligrosos, allá donde tienen su bodega y hacen su lavado de metales hay una barranca donde pasa el agua y pasa el ganado, y ya se murieron muchas cabezas de ganado porque tomaron de esa agua. Otra cosa importantísima es el agua, únicamente con la barrenación ya la desviaron, los acuíferos no sabemos adentro cómo están, al perforar pasaron por donde salía un manantial y lo desviaron y ya no le salió el agua a mi hermano de un día para otro: mi hermano es discapacitado y tenía un riego de ajo y le iba bien, pero ya no hay agua.”
El agua, “la sagrada agua” —destinada para uso humano y agrícola— es la principal preocupación de las mujeres que resisten contra el proyecto minero. Almaden Minerals perforó el acuífero sin permiso de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), modificó el curso del agua y contaminó el manto freático, como documentaron las organizaciones en la Evaluación de Impacto en Derechos Humanos. Los habitantes de Santa María han solicitado a Conagua una visita para inspeccionar el daño que la minera ha causado. Un daño que la empresa ha ocultado a sus inversionistas, a quienes aseguró que usaría agua de lluvia (un método que no usa ninguna minera en el país).
La autorización que la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) otorgó a Almaden Minerals le permite hacer perforaciones de máximo 150 metros, sin embargo, la empresa reconoció que está haciendo excavaciones a 701 metros de profundidad, lo que viola las normas mexicanas, y los derechos al agua y al medio ambiente, ante la omisión de la autoridad.
En 2011, mientras el país se inundaba de muertos en el penúltimo y más violento año de gobierno de Felipe Calderón, unos extranjeros llegaron a la Sierra Norte de Puebla a “hacer agujeros” —barrenos para exploración minera—, en Tetela y Zacatlán. Al mismo tiempo, al noreste de Zacatlán, en Xochicuautla, una comunidad totonaca del municipio de Ahuacatlán, empresarios de Canadá y Grupo México le dijeron a la gente que harían una hidroeléctrica que les iba a beneficiar.
Movidas sobre todo por la intuición, varias organizaciones comenzaron a investigar y “mapear” los megraproyectos. En un primer conteo, encontraron que en la Sierra Norte de Puebla, que concentra a un millón 220 mil habitantes de 65 municipios, había 27 concesiones mineras y 5 proyectos hidroeléctricos que ya tenían estudios de factibilidad hechos por el gobierno federal, a partir de concesiones otorgadas en 2003 y tienen una vigencia de 50 años.
Ante la amenaza de los que denominaron “proyectos de muerte”, crearon el Consejo Tiyat Tlali “en defensa de nuestro territorio”, una red de organizaciones -entre otras el Instituto Mexicano para el Desarrollo Comunitario A.C. (IMDEC), la Unión de Ejidos y el Centro de Estudios para el Desarrollo Rural (CESDER)- conformada por hombres, mujeres, indígenas totonacas y nahuas, no indígenas, comunidades campesinas, rurales y urbanas, la pastoral social y cooperativas.
Desde entonces, el Consejo es un espacio donde se coordinan, comparten información y enfrentan el embate de los proyectos que ponen en riesgo la vida de los pueblos.
En la actualidad, en la Sierra Norte existen 105 concesiones mineras –72 por ciento son de Almaden Minerals– y 9 hidroeléctricas. Ixcatacamaxtitlán, San Felipe Tepatlán, Ahuacatlán y Tlapacoya son los municipios más afectados. Es decir, desde el 2011 que hicieron el primer conteo, se ha triplicado el número de concesiones mineras y se ha duplicado el de proyectos hidroeléctricos.
Un camino largo
El camino de Zautla a Ixtacamaxtitlán bordea en buena parte al río Apulco, que en primavera recorre su cauce con ritmo pero sin furia.
“Acá viven mis papás -señala a la izquierda Ignacia Serrano Arroyo-. Se llama Las Barrancas.”
Y allá debajo lo que se alcanza a ver son los techos de un caserío.
Ignacia es asesora en el CESDER, donde también estudió, y aunque vive en Zautla, su familia, su sangre y sus orígenes están en Ixtacamaxtitlán.
“Me dio mucha pena, sabiendo que soy de este municipio, cuando me enteré que la mina ya tenía 10 años.”
Para Ignacia, defender el territorio, la vida y el agua ha sido difícil. Ella supo del proyecto minero cuando, en 2012, la comunidad de Tlamanca, en Zautla, logró correr a la empresa china que pretendía establecer una mina de socavón. Aquella experiencia, que contó con el apoyo de varias comunidades y sus autoridades, concluyó con una asamblea en la que participaron entre 5 y 7 mil personas, que decidieron negar el permiso de uso de suelo, clausuraron simbólicamente la empresa y le dieron 24 horas para abandonar el municipio. Ignacia creyó que aquí podrían hacer lo mismo.
“De repente nos entraba la angustia y la desesperación, hasta que hubo momentos en que esto se convertía en fiesta, todo mundo llevaba sus antojitos, hubo un lugar en que hasta nos recibieron con música y entonces dijimos ‘esto es festejo’. Ahí caímos en la cuenta que estos procesos hay que disfrutarlos, no hay que sufrirlos. Entonces dijimos: en el caminar y transcurrir de esta lucha nosotros nos vamos divertir, lo vamos a disfrutar, vamos a honrar el agua, la tierra, los recursos que le están dando sentido a esta lucha, vamos a compartir, vamos a convivir, no la vamos a pasar mal.”
Cuando se cansa, Ignacia piensa en Máxima Acuña, la indígena que enfrentó y venció el proyecto minero en Cajamarca, Perú, que ponía en riesgo las lagunas que rodean su terreno.
Dilo como mujer
A Irma González Rodríguez le gusta ver cómo corre el río. Ella, como Ignacia, también es asesora en el CESDER, nació en Ixtacamaxtitlán y vive en Zautla. Es una mujer pequeña, de sonrisa fácil y mirada cálida. Está sentada en una mesa larga en casa de doña Ángeles Cruz Montiel, frente a Hermila Morelo Escamilla, vecina de Loma Larga. También están Ignacia, Francisca y Rosa Govela.
“Yo digo que, lo que he escuchado personalmente (la mina afecta) a uno, porque está uno viviendo aquí, los principales somos nosotros, porque nos quedamos sin agua, la contaminación, los animales, se acabaría todo -dice Hermila.”
Las mujeres hablan de cómo participan en la defensa contra la mina. Hermila reconoce que ella apoya, pero quien va a las juntas y se entera de todo es su marido, a ella le toca quedarse en casa salvo cuando, como ahora, él no está.
“—Poco sabemos de las mujeres y pocas somos las que estamos mostrándonos y así, pero yo creo que el que usted haya venido demuestra que sí hay mujeres que están defendiendo y alertas, y al pendiente, y que Loma Larga no es sólo doña Ángeles que ayuda desde la cocina y eso no se ve, no se visualiza ante los mismos hombres -reprocha Irma-. A veces que nos den voz nos intimida, que nos digan “a ver tú, dilo como mujer”, no nos salen las palabras porque no estamos acostumbradas a esta manera, lo hacemos más desde el silencio, desde el hacer, más que desde lo hablado.
—Siempre el hombre está al pendiente y nosotras siempre estamos atrás y en la cocina, continúa Hermila.
—En Tetela al contrario, interrumpe Francisca, las más entronas de la lucha son mujeres, como que las del frente (son) casi más mujeres, así hombres nada más (hay) como 3 o 4.
—En Tetela había más mujeres pero afuera al único que la gente veía era a Germán (Romero González), replica Rosa, todo el mundo, todos los periodistas, sólo a Germán. Él mismo decía: “ahí están las maestras, ahí está no sé quién”, pero no lo oían porque estamos acostumbradas a que los hombres estén al frente.
—Aunque la lucha fuerte era de mujeres sobresalía el hombre, concluye Francisca y las demás asienten.
Cómo resisten las mujeres
En este defender, las mujeres cumplen con un rol que, si bien no suele ser protagónico, siempre es relevante para el sostenimiento de la resistencia.
Mina Lorena Navarro, catedrática del Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades Alfonso Vélez Pliego, de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP), especialista en políticas de despojo, lo dice claro.
“El papel de las mujeres es muy importante para defender y para sostener las ideas colectivas de las resistencias, sobre todo en estos momentos de peligro, de amenaza, un papel que no necesariamente se ve.”
De modo que Francisca, Rosa, Irma, Ignacia, Hermila y doña Ángeles aportan a la resistencia desde su ser mujer y en los límites de los roles tradicionales que histórica y culturamente han sido establecidos para ellas, aunque empiezan a romperlos. Es decir, si bien resuelven el asunto de la comida, el cuidado de los hijos e hijas propios o ajenos, incluso de la economía del sustento haciéndose cargo del huerto o el traspatio, también participan en las movilizaciones, aportan en la denuncia y la defensa legal.
“Hay un tipo de sensibilidad más allá de la maternidad que genera una experiencia concreta de cómo se produce y reproduce la vida, también hay una sensibilidad que las mujeres han ido cultivando, una sensibilidad política en términos de cómo se necesita defender lo importante o estratégico para seguir reproduciendo la vida.”
Silvia Villaseñor, integrante del IMDEC y del Consejo Tiyat Tlali, recuerda que en un ejido llamado Tecoltemic las mujeres reclamaron porque no se enteraban de las asambleas, ni de las decisiones que tomaban los hombres sobre las tierras ejidales, pues son ellos quienes las poseen y heredan.
“La participación de las mujeres, dice Silvia, es fuerte y siempre con una mirada muy clara, profunda y comprometida. Estos proyectos de muerte ponen en riesgo la vida de la comunidad, el agua que es sagrada e indispensable y las afectaciones a la salud ¿Y quiénes son quienes cuidan al otro o la otra? Mujeres.“
La minera miente
La Evaluación de Impacto en Derechos Humanos fue un proceso participativo que las organizaciones dirigieron para saber cuál era la situación en el municipio, pero en voz de las comunidades afectadas.
“Se eligieron regiones, se reunió a la gente y se les dio a conocer los derechos y (les preguntaban) cuál es el derecho que creen que se verá afectado, fue un proceso colectivo. La mayoría de la gente coincidió, explica Irma González Rodríguez, que los derechos al agua, al medio ambiente y a la salud son los que no están garantizados con el proyecto minero.”
La Evaluación arroja que “el agua en toda la región es de buena calidad. No obstante, es escasa y no todos los habitantes pueden cubrir sus necesidades”, además, que, si bien “existen suficientes tierras tanto para cultivos como para áreas de conservación”, se trata de un ecosistema “vulnerable si se emprenden nuevas actividades económicas desconocidas en la región, especialmente las industriales. (…) En la región se encuentran especies amenazadas y en peligro de extinción. La Semarnat la ha determinado como de prioridad alta de conservación”.
Sobre la salud, revela que “las principales enfermedades de la región están asociadas a las vías respiratorias y, en caso de llevarse a cabo el proyecto minero, se incrementarán por el polvo”, y el 57 por ciento de la población “no cuenta con seguridad médica”.
La investigación documenta una sumatoria de irregularidades, omisiones e ilegalidades por parte de la empresa y las autoridades.
Por ejemplo, Almaden Minerals ha dicho a sus inversionistas que la zona del proyecto está deshabitada y ocultó que enfrenta el Amparo 445/2015, interpuesto en 2015 por ejidatarios de la comunidad nahua de Tecoltemic, por invadir sus tierras, y que hay una suspensión que la obliga a detener los trabajos, aunque en la práctica continúa con ellos. Ocultar esta información es ilegal, de acuerdo con las leyes de valores de Canadá y Estados Unidos, por lo que las organizaciones civiles solicitaron en mayo pasado una investigación al respecto en ambos países.
Las autoridades municipales, estatales y federales, por su parte, niegan su competencia ante violaciones normativas de la empresa, como la perforación del acuífero, la realización de más barrenos y más profundos de lo que tenía permitido. Incluso, el Consejo Tiyat Tlali acusa a la minera de cooptar a las autoridades de Santa María Zotoltepec, pues aduciendo responsabilidad social donó a la clínica un ultrasonido, cinco monitores de signos vitales, y pintó prácticamente todo el pueblo con los colores institucionales de la empresa (amarillo y naranja); también ha regalado mochilas y hasta sillas de ruedas, que fueron repartidas en un evento público por Marta Erika Alonso, esposa del entonces gobernador Rafael Moreno Valle.
La minería a cielo abierto tiene consecuencias fatales e irreversibles: su impacto en el medioambiente impide la regeneración de flora y fauna, y se pierden terrenos de cultivo. Organizaciones como la Red Mexicana de Afectados por la Minería (REMA) han advertido, por ejemplo, que la producción de cada gramo de oro deja una tonelada de tierra contaminada con cianuro, arsénico, ácido sulfúrico, plomo y otros metales pesados, que por siglos envenenarán los mantos de agua.
A los pobladores, la empresa les ha dicho que el cianuro no es dañino para la salud y que no tiene intención de explotar la mina, aunque compró un molino para ello. Rechaza reunirse con la población afectada, y no acepta una consulta a la que la obliga la ley.
El 20 por ciento de la población que participó en la Evaluación de Impacto en Derechos Humanos ya siente que el proyecto, aun en su fase de exploración, ha afectado su salud (incluida la emocional) y la de su familia.
Acciones de resistencia
Silvia Villaseñor, integrante del IMDEC, explica que la estrategia para detener a Almaden Minerals es aumentar el costo económico, pero ponérsela difícil no ha sido fácil.
“La lógica en general de los proyectos de muerte desde el Consejo es: (la minería) es negocio, entonces, si quieres evitarlo, tiene que haber una manera en la que no sea negocio, mientras lo sea, las empresas van a querer avanzar. Buscamos con las acciones de resistencia elevar el costo económico a la empresa. Por eso una de las razones es que se interpuso una demanda de amparo, el 44/2015, contra las autoridades federales que han dado autorizaciones para que este proyecto avance, alegando el derecho al territorio, a la tierra de la comunidad, el derecho al agua y su derecho al medio ambiente sano.”
Rosa Govela Gutiérrez, compañera en el CESDER de Irma e Ignacia, lleva más de una década viviendo en Zautla y vinculada a la resistencia contra la instalación de la mina en Ixtacamaxtitlán, pero su resistir va también más allá.
“Estamos resistiendo a un modelo de desarrollo, a un modelo de vida que lo que quiere es aniquilar a las mujeres, a las campesinas, a los niños y niñas y lo que quiere es basarse en la ganancia y la acumulación. El agua es lo primero que estamos cuidando, la tierra, estamos cuidando en sentido amplio la vida, esto que nos da el agua y la tierra, el viento, la posibilidad de existir, de decir aquí estamos, la posibilidad de ser felices, de vivir de acuerdo a lo que creemos, la posibilidad de compartir, de estar alegres, de encontrarnos con el otro, con la otra y de construir otro mundo.”
Para Rosa, en este momento la resistencia es más de calidad que de cantidad, aunque cuando es necesario muestra músculo, como sucedió cuando Nacho, el hijo de doña Ángeles, decidió negarle el paso a la minera a pesar de la intimidación verbal y judicial en contra de él y otras 4 personas.
Ese día al terreno de Nacho llegó mucha gente y volvieron a cavar una zanja para impedir el paso de las camionetas de la empresa canadiense, que buscaban llegar del otro lado de un cerro, donde planean construir la presa de jales. Lo que pasó ese día fue un pequeño triunfo. Y, justo como dice Ignacia, la resistencia se convirtió en festejo cuando doña Ángeles sacó los chiquereyes.
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El mapa “Mujeres latinoamericanas tejiendo territorios” fue elaborado en marzo 2017 por la Red Latinoamericana de Mujeres defensoras de los derechos sociales y ambientales, CENSAT Agua Viva / Amigos de la Tierra Colombia y ACKnowl-EJ (Academic-Activist Co-Production of Knowledge for Environmental Justice).
Quienes suscribimos la presente, mujeres y hombres Defensores de Derechos Humanos, expresamos al Pueblo de Guatemala nuestras condolencias por los graves acontecimientos ocurridos el pasado 8 de marzo en el Hogar Seguro “Virgen de la Asunción”, ubicado en el Municipio de San José Pinula, Departamento de Guatemala.
El 25 de noviembre Día Internacional de Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, entre música de tambores y organizadas en diferentes países, la Red Latinoamericana de Mujeres Defensoras de los Derechos Sociales y Ambientales, realizo la entrega de las 15 mil firmas recolectadas en todo el mundo denunciando que los proyectos extractivos y en particular las actividades mineras están generando violencia con el cuerpo y el territorio, pero la vez pidiendo a la ONU que interceda para otorgar garantías para las defensoras de la tierra y la vida.
En el mundo crece la violencia. El asesinato y las desapariciones se vuelven un signo ominoso de los días. La represión se hace abierta, a veces dirigida y a veces confusa, genérica, masiva, siempre a mansalva. Los acuerdos de libre comercio, el sistema agroalimentario industrial, los derechos de propiedad intelectual sobre las semillas y la vida misma, el acaparamiento de tierras, el sometimiento de las mujeres a designios patriarcales e injustos, las devastaciones que se suman, amenazan el futuro común que nos merecemos. Pero la gente sigue buscando cuidar, entender, compartir, procurar, abrazar, impulsar, procrear, alimentar, imaginar, entender junta, responsabilizarse e implicarse, reproducir y cuidar la vida en toda la extensión de la palabra. Para eso está la Biodiversidad, con su información y su razonamiento compartido.
La Toolkit está destinada para las defensoras de la tierra y el medioambiente en reconocimiento a los riesgos específicos que enfrentan. Las defensoras afrontan poderosos intereses económicos, frecuentemente en zonas rurales aisladas, con los desafíos adicionales de ser mujer, corriendo el riesgo de agresiones basadas en el género y / o la estigmatización por su trabajo. Muchas son indígenas o afrodescendientes y pueden verse sometidas a discriminación y marginación adicionales.
Hoy quiero compartir una parte de mi situación como mujer: yo me casé a los 18 años y me separé cuando tenía 21 años, por sufrir violencia psicológica, sexual y física. Gracias al apoyo de mis padres logré seguir adelante con mi vida. Eso fue en el año 1994, justo cuando se estaban organizando el retorno libre y voluntario de México a Guatemala, donde estuve exiliada durante 14 años a causa del conflicto armado que duró 36 años en nuestro país, Guatemala.