El Ecofeminismo se presenta como una categoría de análisis que integra las sinergias del ecologismo y del feminismo. De esta confluencia surge con fuerza una filosofía y una práctica que defiende un cambio de modelo social que respete las bases materiales que sostienen la vida.

Yayo Herrero, Boletín Hegoa

El Ecofeminismo es una corriente de pensamiento y un movimiento social que explora los encuentros y posibles sinergias entre ecologismo y feminismo. A partir de este diálogo, pretende compartir y potenciar la riqueza conceptual y política de ambos movimientos, de modo que el análisis de los problemas que cada uno de los movimientos afronta por separado gana en profundidad, complejidad y claridad (Puleo, 2011). Es una filosofía y una práctica que defiende que el modelo económico y cultural occidental se ha desarrollado de espaldas a las bases materiales y relacionales que sostienen la vida y que “se constituyó, se ha constituido y se mantiene por medio de la colonización de las mujeres, de los pueblos “extranjeros” y de sus tierras, y de la naturaleza” (Shiva y Mies, 1997:128).

La primera vez que aparece el término ecofeminismo es en 1974 con la publicación del libro Feminismo o la muerte de Francoise D´Eaubounne. Ella apuntaba que existía una profunda relación entre la sobrepoblación, la devastación de la naturaleza y la dominación masculina y que para salir de la espiral suicida de producción y consumo de objetos superfluos y efímeros, de la destrucción ambiental y la alienación del tiempo propio, era preciso cuestionar la relación entre los sexos. (Cavana, Puleo y Segura, 2004). Para D´Eaubounne, el control del propio cuerpo es el comienzo del camino no consumista, ecologista y feminista.

Este primer ecofeminismo no despertó gran interés en Francia, pero sí encontró cierto eco en Norteamérica y en Australia, por ejemplo en el trabajo de Ynestra King que realiza un interesante análisis de las diferentes relaciones de dominación interconectadas y la posición histórica de las mujeres respecto a esa dominación.

Igualmente, durante la década de los setenta tenían lugar en varios países de la periferia manifestaciones públicas de mujeres en defensa de la vida. La más emblemática fue la del movimiento Chipko, en la India. También en el mundo anglosajón se desarrollaban numerosas actividades feministas pacifistas impulsadas por el vínculo entre las mujeres y la defensa de la vida. Así por ejemplo, las manifestantes de Greenham Common ejercieron una gran presión alrededor de las bases de misiles y centros de investigación militar, organizado actos no violentos, como el tejido de redes con las que cerrar las entradas de abastecimiento.

Estos movimientos fueron abordando la problemática de las relaciones entre las personas y con la naturaleza desde visiones muy diferentes, originando varias corrientes que nos obligan a hablar de ecofeminismos. Simplificando mucho la variedad de propuestas ecofeministas, se podría hablar de dos corrientes: ecofeminismos esencialistas y ecofeminismos constructivistas (Cavana, Puleo y Segura, 2004).

Los ecofeminismos de corte esencialista, denominados también clásicos, entienden que las mujeres, por su capacidad de parir, están más cerca de la naturaleza y tienden a preservarla. Esta corriente tiene un enfoque ginecocéntrico y esencialista que encontró un fuerte rechazo en el feminismo de la igualdad, que renegaba la vinculación natural que había servido para legitimar la subordinación de las mujeres a los hombres. Las ecofeministas clásicas otorgan un valor superior a las mujeres y a lo femenino y reivindican una “feminidad salvaje”. Consideran a los hombres como cultura, en el sentido roussoniano al hablar de la cultura como de degradación del buen salvaje. Este ecofeminismo presenta una fuerte preocupación por la espiritualidad y el misticismo y defiende la idea de recuperar el matriarcado primitivo.

Este primer ecofeminismo pone en duda las jerarquías que establece el pensamiento dicotómico occidental, revalorizando los sujetos antes despreciados: mujer y naturaleza. Las primeras ecofeministas denunciaron los efectos de la tecnociencia en la salud de las mujeres y se enfrentaron al militarismo, a la nuclearización y a la degradación ambiental, interpretando éstos como manifestaciones de una cultura sexista. Petra Kelly es una de las figuras que lo representan.

A este primer ecofeminismo, crítico de la masculinidad hegemónica, siguieron otros propuestos principalmente desde el Sur. Algunos de ellos consideran a las mujeres portadoras del respeto a la vida. Acusan al “mal desarrollo” occidental de provocar la pobreza de las mujeres y de las poblaciones indígenas, víctimas primeras de la destrucción de la naturaleza. En esta amplia corriente encontramos a Vandana Shiva, María Mies o a Ivonne Guevara.

Críticos con el esencialismo del ecofeminismo clásico, surge el ecofeminismo constructivista. Desde este enfoque, se defiende que la estrecha relación entre mujeres y naturaleza se sustenta en una construcción social. Es la asignación de roles y funciones que originan la división sexual del trabajo, la distribución del poder y la propiedad en las sociedades patriarcales, las que despiertan esa especial conciencia ecológica de las mujeres. Este ecofeminismo denuncia la subordinación de la ecología y las relaciones entre las personas a la economía y su obsesión por el crecimiento.

En esta línea, Bina Agarwal (Agarwal, 1996) señala que el papel de las mujeres en la defensa de la naturaleza es importante porque son las que se preocupan por el aprovisionamiento material y energético, no porque les guste particularmente esa tarea ni por predisposición genética, sino porque son ellas las que están obligadas a garantizar las condiciones materiales de subsistencia.

Sin restar valor a muchas de las aportaciones, análisis y luchas sociales que se han derivado de los ecofeminismos de corte esencialista, esta introducción se sitúa en un ecofeminismo constructivista. Este ecofeminismo es deudor de todos los campos de pensamiento en los que el feminismo ha deconstruido muchos de los dogmas dominantes, mostrando que existen formas de entender la historia, la economía, la ordenación del territorio, la politología, o la vida cotidiana que pueden permitir construir otras formas de relación y organización emancipadoras para todas las personas.

A pesar de las diferencias de enfoques, todos los ecofeminismos comparten la visión de que la subordinación de las mujeres a los hombres y la explotación de la Naturaleza son dos caras de una misma moneda y responden a una lógica común: la lógica de la dominación y del sometimiento de la vida a la lógica de la acumulación.

Un ecofeminismo crítico y constructivista

El ecofeminismo somete a revisión conceptos clave de nuestra cultura: economía, progreso, ciencia… Considera que estas nociones hegemónicas han mostrado su incapacidad para conducir a los pueblos a una vida digna. Por eso es necesario dirigir la vista a un paradigma nuevo que debe inspirarse en las formas de relación practicadas por las mujeres.

Desde los puntos de vista filosófico y antropológico, el ecofeminismo permite reconocernos, situarnos y comprendernos mejor como especie, ayuda a comprender las causas y repercusiones de la estricta división que la sociedad occidental ha establecido entre Naturaleza y Cultura, o entre la razón y el cuerpo; permite intuir los riesgos que asumen los seres humanos al interpretar la realidad desde una perspectiva reduccionista que no comprende las totalidades, simplifica la complejidad e invisibiliza la importancia material y simbólica de los vínculos y las relaciones para los seres humanos.

Desarrolla una mirada crítica sobre el actual modelo social, económico y cultural y proponen una mirada diferente sobre la realidad cotidiana y la política, dando valor a elementos, prácticas y sujetos que han sido designados por el pensamiento hegemónico como inferiores y que han sido invisibilizados.

Posiblemente todos los ecofeminismos estén de acuerdo con King, cuando afirma que: “desafiar al patriarcado actual es un acto de lealtad hacia las generaciones futuras y la vida, y hacia el propio planeta.” (Agra, 1997)

Desde parte del movimiento feminista, el ecofeminismo se ha percibido como un posible riesgo, dado el uso histórico que el patriarcado ha hecho de los vínculos entre mujer y naturaleza (Cavana, Puleo y Segura, 2004). Esta relación impuesta se ha usado como argumento para mantener la división sexual del trabajo. En la misma línea advierte Celia Amorós contra lo que ella denomina la práctica de una “moral de agravios” (Amorós, 1985) con respecto a las mujeres.

Esta moral de agravios, para Amorós, se produce cuando lo que se pide y se exige no es el cambio de estatus de las mujeres, sino simplemente el respeto y consideración a las tareas que ellas realizan. Para un ecofeminismo constructivista, no se trataría de exaltar

lo estereotipado como femenino, de encerrar a las mujeres en un espacio reproductivo, aun cuando fuese visible, negándoles el acceso al espacio público. Tampoco se trata de responsabilizarles en exclusiva de la ingente tarea del cuidado del planeta y la vida. Se trata de hacer visible el sometimiento, señalar las responsabilidades y corresponsabilizar a hombres y mujeres en el trabajo de la supervivencia.

Si el feminismo ha denunciado cómo la naturalización de la mujer ha servido para legitimar el patriarcado, el ecofeminismo plantea que la alternativa no consiste en desnaturalizar a la mujer, sino en “renaturalizar” al hombre, ajustando la organización política, relacional, doméstica y económica a las condiciones materiales que posibilitan la existencia. Una “renaturalización” que exige un cambio cultural que convierta en visible la ecodependencia para mujeres y hombres (Herrero y otros, 2006).

Algunas bases conceptuales

No pretende este epígrafe agotar la amplitud de temas que forman parte de la preocupación del ecofeminismo, como son la deconstrucción y reconstrucción de las miradas emancipadoras, la conciencia crítica de la tecnología y la ciencia, la crítica al mito del progreso indefinido, la bioética, el culto al trabajo, la producción, o la concepción de riqueza hegemónica.

En este avance, solamente van a ser abordados aquellos que forman parte del diálogo que establece la economía ecológica con la economía feminista.

El ecofeminismo denuncia cómo los ciclos vitales humanos y los límites ecológicos quedan fuera de las preocupaciones de la economía convencional. Esta denuncia trastoca las bases fundamentales del paradigma económico capitalista.

Contribuye a desmantelar el artificio teórico que separa humanidad de naturaleza; establece la importancia material de los vínculos y las relaciones; se centra en la imanencia y vulnerabilidad de los cuerpos y la vida humana; y otorga papel esencial a la producción y a la reproducción como elementos indisociables del proceso económico.

Una economía que crece de espaldas a la ecodependencia y a la interdependencia

La vida de las personas tiene dos insoslayables dependencias: la que cada persona tienen de la naturaleza y la de otras personas.

Los seres humanos obtenemos lo que precisamos para estar vivos de la naturaleza: alimento, agua, cobijo, energía, minerales… Por ello, decimos que somos seres ecodependientes: somos naturaleza. Sin embargo, a pesar de la evidente dependencia que las personas tenemos de la Naturaleza, el ser humano en las sociedades occidentales ha elevado una pared simbólica entre él y el resto del mundo vivo, creando un verdadero abismo ontológico entre la vida humana y el planeta en el que ésta se desenvuelve.

La idea de progreso se relaciona, en muchas ocasiones, con la superación de aquello que se percibe como un límite. La dominación sobre la naturaleza toma cuerpo en la obsesión por eliminar los obstáculos que impidan la realización de cualquier deseo. Cualquier límite que impida avanzar en este dominio se presenta como un reto a superar. La modificación de los límites de la naturaleza ha sido vivida como una muestra de progreso. En la cara oculta de la superación de los límites se sitúa la destrucción, agotamiento o deterioro de aquello que necesitamos para vivir.

Pero además, cada ser humano presenta una profunda dependencia de otros seres humanos. Durante toda la vida, pero sobre todo en algunos momentos del ciclo vital, las personas no podríamos sobrevivir si no fuese porque otras dedican tiempo y energía a cuidar de nuestros cuerpos. Esta segunda dependencia, la interdependencia, con frecuencia está más oculta que la anterior.

En las sociedades patriarcales, quienes se han ocupado mayoritariamente del trabajo de atención y cuidado a necesidades de los cuerpos vulnerables, son mayoritariamente las mujeres, porque ese es el rol que impone la división sexual del trabajo en ellas. Este trabajo se realiza en el espacio privado e invisible de los hogares, organizado por las reglas de institución familiar.

Si no se politiza el cuerpo y su vulnerabilidad, no podemos ver la centralidad del trabajo de quienes se ocupan del mantenimiento y cuidado de los cuerpos vulnerables ni la necesidad de que el conjunto de la sociedad, y por supuesto los hombres, se responsabilicen de estas tareas. En las sociedades occidentales cada vez es más difícil reproducir y mantener la vida humana, porque el bienestar de las personas encarnadas en sus cuerpos no es una prioridad (Carrasco 2009).

Asumir la finitud del cuerpo, su vulnerabilidad y sus necesidades, es vital para comprender la esencia interdependiente de nuestra especie, para situar la reciprocidad, la cooperación, los vínculos y las relaciones como condiciones sine qua non para ser humanidad.

La ignorancia de estas dependencias materiales (eco e interdependencia) se traduce en la noción de producción y de trabajo que maneja la economía convencional y que ha contribuido a alimentar el mito del crecimiento y la fantasía de la individualidad. El ecofeminismo, al analizarlas conjuntamente, ayuda a comprender que la crisis ecológica es también una crisis de relaciones sociales.

Una producción que no tiene en cuenta el sostenimiento de la vida

La reducción del valor a lo exclusivamente monetario configura aquello que forma parte del campo de estudio económico. Esta reducción expulsa del campo de estudio de la economía a la complejidad de la regeneración natural y todos los trabajos humanos que no forma parte de la esfera mercantil. Sin ser contabilizados por la vara de medir del dinero, pasan a ser invisibles. La producción pasa a ser exclusivamente aquella actividad en la que se produce un aumento del excedente social medido exclusivamente en términos monetarios.

Razonar exclusivamente en el universo abstracto de los valores monetarios ha cortado el cordón umbilical que une la naturaleza y la reproducción cotidiana de la vida con la economía. Hemos llegado al absurdo de utilizar un conjunto de indicadores que, no solamente no cuentan como riqueza bienes y servicios imprescindibles para la vida, sino que llegan a contabilizar la propia destrucción como si fuera riqueza.

Desde el punto de vista ecofeminista, la producción tiene que ser una categoría ligada al mantenimiento de la vida y al bienestar de las personas (Pérez Orozco 2007), es decir, lo producido, debe ser algo que permita satisfacer necesidades humanas con criterios de equidad. Hoy, se consideran como producciones la obtención de artefactos o servicios que son socialmente indeseables desde el punto de vista de las necesidades y del deterioro ecológico. Igualmente, se considera como producción lo que es simplemente extracción y transformación de materiales finitos preexistentes. Distinguir entre las producciones socialmente necesarias y las socialmente indeseables es imprescindible y los indicadores monetarios al uso (como el Producto Interior Bruto) no permiten discriminar entre ambas.

Al visibilizar la dependencia de la economía de la naturaleza y de los trabajos ligados al cuidado de la vida humana, se derrumban las fronteras entre la producción y la reproducción, socavando de esta manera el patriarcado capitalista.

Una mirada ecofeminista sobre el concepto de trabajo

La noción de trabajo acuñada en las sociedades industriales se reduce a la tarea que se realiza en la esfera mercantil a cambio de un salario. Todas las funciones que se realizan en el espacio de producción doméstica de forma no remunerada, aunque garantizan la reproducción social y el cuidado de los cuerpos pasan a no ser nombradas, aunque obviamente siguen siendo imprescindibles y explotables, tanto para garantizar la supervivencia como para fabricar una “mercancía” muy especial: la mano de obra (Carrasco 2009).

La nueva economía transformó el trabajo y la tierra en mercancías y comenzaron a ser tratados como si hubiesen sido producidos para ser vendidos. Pero ni la tierra ni el trabajo son mercancías porque, o no han sido producidas – como es el caso de la tierra – o no han sido producidas para ser vendidas – como es el caso de las personas. Polanyi advierte que esa ficción resultaba tan eficaz para la acumulación y la obtención de beneficios como peligrosa para sostener la vida humana. Se puede entender el alcance de esta Gran Transformación si se recuerda que “trabajo no es más que un sinónimo de persona y tierra no es más que un sinónimo de naturaleza” (Polanyi 1992)

La nueva noción del trabajo exigió hacer el cuerpo apropiado para la regularidad y automatismo exigido por la disciplina del trabajo capitalista (Federeci 2010). El cuerpo se convierte en una maquinaria de trabajo, fortaleciendo las nociones previas que la Modernidad había asentado. La regeneración y reproducción de esos cuerpos no son responsabilidades de la economía que se desentiende de ellas, relegándolas al espacio doméstico. Allí, fuera de la mirada pública, las mujeres se ven obligadas a asumir esas funciones desvalorizadas a pesar de que sean tan imprescindibles tanto para la supervivencia digna como para la propia reproducción de la producción capitalista(Carrasco 2009). Desde este punto de vista, podemos defender que las mujeres efectúan una mediación con la naturaleza en beneficio de los hombres.

Mies propone reformular el concepto de trabajo definiéndolo como aquellas tareas dedicadas a la producción de vida. Cristina Carrasco (Carrasco, 2001) profundiza estas propuesta cuando señala que es preciso reorganizar todos los trabajos y corresponsabilizar a los hombres y al conjunto de la sociedad de esos trabajos que han realizado a lo largo de la historia las mujeres. Se trata de un trabajo repetitivo y cíclico intensivo en tiempo, que libera a los hombres – y a algunas mujeres – para hacer trabajos menos esenciales y en muchas ocasiones dañinos para las propias personas y para la naturaleza. De esta forma, se plantea también la ruptura de la dicotomía que separa el trabajo reducido al empleo, del resto de los trabajos que sostienen cotidianamente la vida.

Desde este punto de vista, el trabajo sólo puede ser productivo en el sentido de producir excedente económico mientras pueda obtener, extraer, explotar y apropiarse trabajo empleado en producir vida o subsistencia. La producción de vida es una precondición para la producción mercantil. El trabajo de las mujeres es esencial para producir las propias condiciones de producción. Por ello, el capitalismo no puede mantenerse sin el patriarcado.

La valorización del cuidado lleva a la economía feminista a acuñar la idea de sostenibilidad de la vida humana (Carrasco, 2001) bajo un concepto que representa un proceso histórico complejo, dinámico y multidimensional de satisfacción de necesidades que debe ser continuamente reconstruido, que requiere de recursos materiales pero también de contextos y relaciones de cuidado, proporcionados éstos en gran medida por el trabajo no remunerado realizado en los hogares.

En nuestra opinión, este concepto se relaciona dentro de la idea más amplia de sostenibilidad ecológica y social. De acuerdo con Bosch, Carrasco y Grau (2005:322) entendemos la sostenibilidad:

“Como proceso que no sólo hace referencia a la posibilidad real de que la vida continúe –en términos humanos, sociales y ecológicos–, sino a que dicho proceso signifique desarrollar condiciones de vida, estándares de vida o calidad de vida aceptables para toda la población. Sostenibilidad que supone, pues, una relación armónica entre humanidad y naturaleza, y entre humanas y humanos. En consecuencia, será imposible hablar de sostenibilidad si no va acompañada de equidad”

Recomponiendo un espacio seguro de vida para la humanidad desde el ecofeminismo

Las dimensiones ecológica y feminista son imprescindibles para transformar la concepción y la gestión del territorio y para reorganizar los tiempos de la gente… Sin ellas, es imposible alumbrar un modelo compatible con la biosfera y que trate de dar respuesta a todas las diferentes formas de desigualdad. Se esbozan a continuación, de una forma somera, algunas pautas imprescindibles para orientar desde una perspectiva ecofeminista las transiciones hacia un modelo económico, cultural y político que permita la sostenibilidad de la vida humana.

El punto de partida es la inevitable reducción de la extracción y presión sobre los ciclos naturales. En un planeta con límites, ya sobrepasados, el decrecimiento de la esfera material de la economía global no es tanto una opción como un dato. Esta adaptación puede producirse mediante la lucha por el uso de los recursos decrecientes o mediante un proceso de reajuste decidido y anticipado con criterios de equidad.

Una reducción de la presión sobre la biosfera que se quiera abordar desde una perspectiva que sitúe el bienestar de las personas como prioridad, obliga a plantear un radical cambio de dirección. Obliga a promover una cultura de la suficiencia y de la autocontención en lo material, a apostar por la relocalización de la economía y el establecimiento de circuitos cortos de comercialización, a restaurar una buena parte de la vida rural, a disminuir el transporte y la velocidad, a acometer un reparto radical de la riqueza y a situar la reproducción cotidiana de la vida y el bienestar en el centro del interés.

La economía convencional valora exclusivamente la economía del dinero y formaliza la abstracción del Homo economicus como sujeto económico (My economy). Frente a esta concepción, el ecofeminismo se centra en la “We economy”, una economía centrada en la satisfacción de las necesidades colectivas. Se trata de buscar nuevas formas de socialización, de organización social y económica que permitan librarse de un modelo de desarrollo que prioriza los beneficios monetarios sobre el mantenimiento de la vida.

Abandonar la lógica androcéntrica y biocida obliga a responder a las preguntas ineludibles: ¿Qué necesidades hay que satisfacer para todas las personas? ¿Cuáles son las producciones necesarias y posibles para que se puedan satisfacer? ¿Cuáles son los trabajos socialmente necesarios para ello?

Responder a estas preguntas implica el cambio radical de la economía, de la política y de la cultura. Se trata por tanto de abordar un proceso de reorganización del modelo productivo y de todos los tiempos y trabajos de las personas.

Abordar esta transición con criterios de equidad, supone abordar la redistribución y reparto de la riqueza, así como una reconceptualización de la misma. En un planeta físicamente limitado, en el que un crecimiento económico ilimitado no es posible, la justicia se relaciona directamente con la distribución y reparto de la misma. El acceso a niveles de vida dignos de una buena parte de la población pasa, tanto por una reducción drástica de los consumos de aquellos que más presión material ejercen sobre los territorios con sus estilos de vida.

El ecofeminismo, poco a poco, va calando en los análisis de otros movimientos sociales y políticos. Creemos que esta mirada resulta imprescindible para realizar un análisis material completo del metabolismo social y establecer diagnósticos más ajustados sobre la crisis civilizatoria. Esta mirada es central para ayudar a diseñar las transiciones necesarias hacia una sociedad más justa y compatible con los límites de la naturaleza.

Vía Movimiento M4

Mujer, violencia e industria minera[1]
Por Lina Solano Ortiz [2]

En el sistema capitalista-imperialista la industria minera se basa en la violencia para su imposición y desarrollo. Múltiples son las formas en que esta industria extractiva ejerce violencia contra las mujeres, incluso antes de que comience la explotación de los minerales y luego de que termina la vida útil de las minas, desde el momento mismo en que las corporaciones invaden un territorio, utilizando la violencia física y sexual para el despojo y el control, violando y violentando derechos, y poniendo en riesgo a las comunidades y ecosistemas donde las mujeres y sus familias desarrollan su vida; luego generando división y rompimiento del tejido social, despojando a las mujeres de sus medios de vida, sobreexplotando su fuerza de trabajo, masculinizando los espacios y reforzando el patriarcado, aumentando los niveles de violencia intrafamiliar, la prostitución, así como la criminalización de las mujeres defensoras de derechos; y después de que han extraído todo el mineral, dejando las dolorosas secuelas sociales y ambientales, como daños irreversibles en la salud de las mujeres y sus familias, sin que nadie responda por estos crímenes.

Violencia contra las mujeres antes, durante y después de la explotación minera

En del sistema capitalista-imperialista y patriarcal las mujeres son explotadas, oprimidas y excluidas. Son la población con mayor índice de pobreza, desempleo, analfabetismo y están sometidas a distintos tipos y niveles de violencia y discriminación en el ámbito público y privado. En las comunidades rurales sus espacios de participación son limitados, no tienen el mismo peso en la toma de decisiones que los hombres, quienes acaparan la representación comunitaria muchas veces utilizando figuras femeninas dóciles a su manipulación, por ello las necesidades de las mujeres son las menos tenidas en cuenta. En esas condiciones cuando una empresa minera se adueña de territorios vía concesiones por parte de los Estados, y violando derechos como el de la Autodeterminación, las opiniones, aspiraciones, posiciones y exigencias de las mujeres campesinas e indígenas de las comunidades despojadas simplemente no cuentan. Las corporaciones, gobiernos, estados, y en algunos casos los propios miembros de las comunidades, buscan pretextos para excluirlas, por ejemplo con el discurso de que la minería es un tema estrictamente “técnico” y que ellas no están en capacidad de discutir estos temas.

En el caso de Ecuador, cuando los gobiernos y el Estado entregaron los territorios a las grandes corporaciones para la prospección y posterior exploración de los minerales, las comunidades no fueron informadas ni consultadas, a pesar de que estos derechos ya estaban reconocido en la Constitución. Miles de mujeres de los territorios concesionados se enteraron luego de muchos años de que sus propiedades estaban dentro de las áreas acaparadas por las transnacionales, y comenzaron a reclamar, en especial al conocer sobre los graves impactos sociales y ambientales que genera la minería.

Cuando ellas decidieron levantar su voz recibieron como respuesta violencia por parte de las empresas, del gobierno, del Estado, de quienes estaban a favor de las mineras dentro de sus propias comunidades e incluso dentro de sus familias. Un ejemplo de ello es el caso de las socias del Frente de Mujeres Defensoras de la Pachamama, quienes han vivido los impactos negativos de la minería a través de la persecución, judicialización, criminalización y otras violaciones de sus derechos, llegando incluso a ser privadas injustamente de su libertad, enjuiciadas penalmente con falsas acusaciones hasta de “terrorismo organizado”; siendo además insultadas y discriminadas por las autoridades del actual gobierno, comenzando por el propio Rafael Correa. Y cuando no han sido ellas el blanco directo de los ataques, han tenido que afrontar la persecución y criminalización de sus hijas/os, madres, padres, esposos, hermanas/os, otros familiares, y/o miembros de sus comunidades o de sus organizaciones. Comenzaron también a vivir los efectos del rompimiento del tejido social, llegando a ser agredidas físicamente por hombres pro-mineros a favor de las empresas Iamgold e International Mineral Corporation (IMC), con sus proyectos Quimsacocha (hoy Loma Larga) y Río Blanco, ubicados en las parroquias Victoria del Portete y Molleturo respectivamente[3].

Este es un patrón en todos los territorios afectados por la industria minera. Las mujeres no son escuchadas, ni cuentan con mecanismos para presionar por sus legítimas demandas, todo lo contrario pasan a ser blanco de rabiosos y permanentes ataques por parte de las corporaciones, gobiernos y estados que las consideran un “obstáculo” para la imposición de los mega proyectos. Un caso ilustrativo es el de la campesina cajamarquina Máxima Acuña en Perú, dentro del conflicto por el megaproyecto de oro denominando Conga. Máxima y su familia viven desde hace años un hostigamiento constante de parte de la empresa minera Yanachocha junto con el gobierno y Estado de ese país, que ha incluido violencia física por parte de la policía y fuerzas de seguridad de la minera intentando desalojar a los Chaupe de su terreno en el sector Tragadero Grande. La empresa además les ha enjuiciado por invasión de propiedad privada, y, tanto Máxima como su familia, son blando de amenazas, intimidación, campañas de desprestigio, daños a su propiedad, entre otras violaciones a sus derechos. Así esta corporación minera, una de las más grandes del mundo, le ha quita a esta humilde campesina cajamarquina la paz y tranquilidad, y la ha colocado en una situación de mayor vulnerabilidad, ejerciendo distintas formas de violencia contra ella y su familia.

Las mujeres se enfrentan así al poderío corporativo en defensa de sus legítimos derechos. Frente a ello los usurpadores recurren a otras formas y mayores niveles de violencia contra las mujeres, como la violación sexual para el despojo forzado de los territorios. Uno de los casos emblemáticos de cómo se utiliza a la violencia sexual para los desalojos en favor de las empresas mineras es el de las indígenas Maya-Q´eqchis de Lote Ocho en Guatemala: “El 17 de enero de 2007 un número indeterminado de mujeres de la comunidad Lote Ocho fe víctima de violación sexual, durante el desalojo violento de tierras perpetrado por agentes de la seguridad privada de la Compañía Guatemala de Níquel (CGN), conjuntamente con agentes de la Policía Nacional Civil y el ejército. LA CGN era en esa época subsidiaria de la empresa minera trasnacional HudBay Minerals, cuya sede se encuentra en Canadá. Cuando los agentes de la seguridad privada y estatal llegaron a la comunidad Lote Ocho, los hombres se hallaban realizando labores agrícolas en el campo. Los agentes atraparon a las mujeres en sus casas o en los alrededor cuando éstas trataban de huir, y las violaron delante de sus hijos. Muchas de ellas fueron violadas en forma múltiple, incluso por diez hombres.”[4]

El ambiente de hostilidad permanente que viven las mujeres, incluso antes del inicio de la explotación minera, incrementa sus preocupaciones cotidianas, pone en grave riesgo su vida, su integridad, y su salud física y emocional ya que las somete a mayores niveles de presión y sentimientos de frustración al no poder hacer frente al poder corporativo y de los gobiernos y estados cómplices del saqueo minero.

Una vez que las corporaciones se instalan en los territorios usurpados, el predominio de los hombres será mayor, ya que la minería es una actividad que demanda principalmente su mano de obra, provocando una verdadera “masculinización” de los territorios donde se implanta. A la par con ello, las mujeres despojadas de sus medios de subsistencia como es la producción de alimentos a pequeña escala, caerán en una una mayor dependencia económica con respecto a los hombres, esto como es lógico se traducirá en mayores niveles de violencia intrafamiliar.

A más de la violencia doméstica, las mujeres deberán seguir haciendo frente a la violencia institucionalizada por parte de los gobiernos y estados, cuando no a la de otros actores que se involucran en los conflictos mineros como mafias de la droga o de la trata de personas y/u otros grupos armados. Así la violencia se instituye en forma permanente en los territorios ocupados y se vuelven cotidianos los casos de mujeres violadas, heridas, asesinadas, desaparecidas, secuestradas, torturadas. Laura Carlsen, analizando el caso de México señala: “Las mujeres organizadas contra la minería, los megaproyectos y otras invasiones de sus derechos y tierras entran en conflicto con adversarios inmensamente poderosos y brutales. Las compañías de seguridad privada contratadas por los invasores, las fuerzas gubernamentales de seguridad y las fuerzas paramilitares con frecuencia atacan a la gente que defiende sus tierras donde las mujeres a menudo lideran estas luchas… La Iniciativa Mesoamericana de Defensoras de Derechos Humanos presentó un diagnóstico de los ataques contra las defensoras en 2012. En la región, 38 fueron asesinadas, la mayor parte mujeres defendiendo tierras, territorios y recursos.”[5]

Y no se puede dejar de mencionar una de las formas de violencia directa contra el cuerpo de las mujeres que genera la industria minera y que afecta cada vez con mayor fuerza a miles de mujeres, incluso niñas y adolescentes, esto es la prostitución y el negocio de la trata de blancas. Para mencionar sólo un ejemplo, es conocido el caso del municipio de Bosconia en Colombia donde la minería de carbón ha provocado altos índices de prostitución infantil y juvenil. Niñas de 13 y 14 años son obligadas a vender sus cuerpos en una zona donde las grandes corporaciones del carbón como la estadounidense Drummond, embolsan millonarias ganancias cada año. En su artículo “Impactos de la minería en los derechos de las mujeres rurales”, Dana Barón, citando una investigación periodística de agosto de 2013 referida a la prostitución infantil en Bosconia, da a conocer que: “desde Cartagena, Pereira, Medellín, Armenia y Cali se mueven ‘oficinas de enganche’ de menores y prostitutas de hasta 26 años (…) estas redes criminales han montado campamentos, cerca de las minas, para prestar servicios de entretenimiento a los trabajadores”[6].

Cuando el mineral se agota, las empresas abandonan los territorios devastados, dejando dolorosas secuelas para las comunidades y en especial para las mujeres. Si por efecto de la contaminación minera las mujeres se ven afectadas en su salud y/o en la de sus hijas/os u otros miembros de su familia, esto hará que la carga de su trabajo reproductivo aumente, ya que el cuidado de las/los enfermos recae directamente sobre ella. En el Valle de Siria Honduras se han documentado casos de graves impactos a la Salud de las/los niños por las operaciones de la mina San Martín de Entre Mares, subsidiaria de la canadiense GoldCorp. En el 2008 comenzó el cierre de la mina y se acrecentó las denuncias de las comunidades de los terribles daños ambientales y sociales que dejaban 8 años de explotación de oro a cielo abierto. “La investigación ‘Contaminación de agua en el área de explotación minera del proyecto San Martin y repercusiones sobre la salud humana’, realizada por Flaviano Bianchini en 2006, revela que en una de las comunidades afectadas por la explotación minera la mortalidad infantil alcanza el valor de 300‰ (por mil), es decir 12 veces mayor que la media nacional. Estos valores aumentan notablemente para los hijos de los trabajadores de la mina. En este caso la tasa de mortalidad alcanza el 833‰ o bien 33 veces la media nacional.[7]” Y a pesar de que las demandas han llegado incluso a tribunales internacionales no se ha logrado justicia para los afectados por GoldCorp, no sólo para quienes actualmente ya han sido privados de su salud, sino para las generaciones venideras, ya que los daños causados a los ecosistemas son irreversibles y sus efectos nocivos durarán por cientos de años.

Las mujeres hacen frente a la violencia minera con dignidad y valor

A pesar de toda la violencia que se ejerce contra las mujeres en los territorios bajo el dominio de la industria minera, eso no ha impedido que sigan siendo protagonistas de la resistencia que levantan los pueblos en defensa de la Pachamama (Madre Tierra), la Vida y la Soberanía, jugando un rol fundamental en la denuncia y exigencia por los derechos violados.

El aumento de las formas y niveles de violencia es una dura realidad que la viven miles de mujeres de comunidades afectadas por los intereses y necesidades del capital transnacional minero, sin embargo esta realidad ha llevado a gran número de ellas a no resignarse al papel de víctimas, a abandonar el ámbito doméstico o comunitario y ponerse en primera fila para organizarse, luchar, denunciar, reclamar, protestar, y, en algunos casos, convertirse en activas defensoras de derechos, siendo la viva muestra de que “donde hay opresión hay resistencia”.

Notas

[1] Una versión del presente artículo traducida al francés fue publicada en la revista Droits et libertés, de la Liga por los Derechos y Libertades de Quebec. Volumen 34, número 1. Junio, 2015.
[2] Lina Solano Ortiz es Ecuatoriana. Luchadora social, defensora de la Pachamama (Madre Tierra) y activista de los Derechos Humanos y de las Mujeres. Cofundadora de la Coordinadora Campesina Popular CCP (2005), de la Coordinadora Nacional por la Defensa de la Vida y la Soberanía CNDVS (2007), del Frente de Mujeres Defensoras de la Pachamama (2008), entre otras importantes organizaciones de Ecuador. Cofundadora y actual Presidenta de la Unión Latinoamericana de Mujeres ULAM, red que agrupa mujeres en resistencia a la minería en varios países de la Región. Es Socióloga, Magíster en Sociología y Desarrollo por la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Cuenca, y candidata a Magíster en Salud con Enfoque de Ecosistemas por la Facultad de Medicina de la Universidad de Cuenca.
[3] Estas dos parroquias pertenecen al cantón Cuenca de la provincia de Azuay (sur de la Región Andina de Ecuador).
[4] “Abriendo brecha en la búsqueda de justicia: Violencia Sexual contra Mujeres Q´eqchis”. http://site.adital.com.br/site/noticia.php?lang=ES&cod=78687
[5] “¿Por qué “la seguridad” induce más violencia contra las mujeres”. Laura Carlsen. Abril 2014. http://www.cipamericas.org/es/archives/11957
[6] “Impactos de la minería en los derechos de las mujeres rurales?”, Dana Barón http://cinep.info/cinep/images/stories/Documentos/ciendias80/2_mineria.pdf
[7] “Actividad minera en Región de Honduras deja rastros de enfermedades, destrucción ambiental y desempleo”. Giorgio Trucchi. Septiembre de 2014. http://nicaraguaymasespanol.blogspot.com/2014/09/actividad-minera-en-region-de-honduras.html

Fuente: Frente de Mujeres Defensoras de la Pachamama

 

Por: Anaiz Zamora Márquez
Cimacnoticias

La Ley General de Aguas, cuya discusión fue “congelada” en la Cámara de Diputados ante las críticas de la sociedad civil de que su contenido es violatorio del Derecho Humano (DH) al vital líquido, no está diseñada desde una perspectiva de género para eliminar los problemas que enfrentan las mexicanas para acceder a este recurso natural.
 
Brenda Rodríguez Herrera, investigadora de la organización civil Mujer y Medio Ambiente, realizó esta lectura sobre el contenido de la iniciativa y concluyó que la propuesta elaborada por la Comisión Nacional del Agua (Conagua) no resuelve los problemas de disponibilidad, calidad y distribución del líquido que afectan en mayor medida a las mujeres.

En entrevista con Cimacnoticias, la especialista señaló que si bien la iniciativa establece que las mujeres deben participar en la toma de decisiones relacionadas con el agua –tema en el que las feministas han sido insistentes–, no estipula los mecanismos necesarios para esta participación y tampoco para que ellas puedan gozar del DH al agua.
 
El artículo cuarto de la iniciativa señala que “la participación de las mujeres y poblaciones indígenas y marginadas deberá asegurarse en la toma de decisiones sobre el sistema de gestión del agua, así como la priorización de estrategias que incorporen en dichos sistemas de gestión a las mujeres urbanas y rurales, así como las cosmovisiones, usos y costumbres de los pueblos y comunidades indígenas”.
 
“Aunque esté enunciado (en la ley) el DH al agua, no se encuentran los mecanismos para su ejercicio pleno, sino todo lo contrario, siguiendo esa lógica, el tema de mujeres –que no es lo mismo que perspectiva de género– también está tergiversado, pues una cosa es que estén mencionadas y otra que con todo lo que se planea hacer las mujeres dejen de enfrentar los problemas que ahora resisten en relación a disponibilidad, calidad, mala distribución y tarifas de agua”, precisó la experta.
 
La también integrante de la Red Género y Medio Ambiente de México recordó que son las mujeres, especialmente las de menores recursos, las que deben compensar los déficits de los servicios de agua y quienes acaban pagando más por acceder al recurso.
 
Brenda Rodríguez detalló que son ellas las que, cuando el agua no está disponible, dedican mucho de su tiempo para conseguir el recurso; recorren grandes distancias para su recolección, lo que además de desgastarlas las pone en riesgo de sufrir agresiones sexuales, pues los caminos no son seguros; son ellas las encargadas de comprar pipas, y si alguien de la familia se enferma por la mala calidad del agua, destinan parte de su tiempo en buscar servicios médicos.
 
En ese sentido, la especialista señaló que la ley no busca transformar el modelo de gestión del agua, “mucho menos incluye una mirada de DH, ni de género”, por lo que las problemáticas que se enfrentan seguirán agudizándose.
 
Para la feminista, al igual que para las organizaciones civiles que se han pronunciado en contra de esta iniciativa, uno de los principales punto de preocupación es que se considere que el derecho al agua corresponde a los asentamientos humanos y no a las personas.
 
“Si nos remitimos a lo que es considerado un asentamiento humano, las comunidades en donde apenas viven tres familias no tendrían derecho al servicio, y debido a los roles de género persistentes, serían las mujeres las encargadas de buscar el recurso”, explicó Rodríguez Herrera.
 
A lo que se suma que de aprobarse la propuesta, debido a que se permite la entrada de empresas privadas, los costos por el servicio de agua podrían incrementarse. “Esto implicará un esfuerzo doble o triple para aquellas mujeres que encabezan los hogares mexicanos, y para algunas implicaría prescindir de otros servicios”, alertó.
 
Según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), el 24.6 por ciento de los hogares mexicanos tienen jefatura femenina.
 
Agregó que en el tema de los trasvases (obras hidráulicas que buscan incrementar la disponibilidad de agua en una población desviando la cuenca de un río vecino) también se plantea movilidad de personas y “estos desplazamientos tienen cara de mujer”, pues son ellas las que se han quedado solas en las comunidades indígenas y rurales, y no se prevé de qué manera se realizarán estos desplazamientos.
 
En este punto –resaltó la investigadora–, las autoridades deben considerar que las mujeres actualmente “no son dueñas de la tierra”, lo que se traduce en que tampoco pueden decidir sobre todos los recursos naturales que están dentro de un predio, por lo que en caso de expropiaciones ellas no tendrían herramientas jurídicas para defender sus propiedades.
 
Es prácticamente seguro –dijo– que el uso empresarial permitido en la ley derive en contaminación de los cuerpos de agua, por lo que “las primeras afectadas en su salud serían las mujeres, porque ellas son las primeras en estar en contacto con el líquido”.
 
Rodríguez Herrera indicó que existen muchos otros puntos de preocupación en la ley, por lo que –desde la sociedad civil– “no se va a bajar la guardia”, pues no basta con la suspensión de la discusión de la norma, ya que ésta debe ser desechada y en colaboración con especialistas y organizaciones se debe redactar una nueva iniciativa.
 
Finalmente anunció que este sábado 14 de marzo, con motivo del Día Internacional de Acción Contra las Presas y por los Ríos, el Agua y la Vida –iniciativa ciudadana convocada por ecologistas a nivel global–, se realizará una manifestación en el Monumento al Ángel de la Independencia, en esta ciudad, para demandar al Poder Legislativo una ley que verdaderamente garantice el derecho al agua a mujeres y hombres.

Por votación del público, Máxima Acuña de Chaupe es la “Defensora del Año 2014”.

Con votantes de diecisiete países y de cinco continentes, quienes leyeron los perfiles de valientes mujeres Defensoras de distintos países de America Latina, Máxima Acuña de Chaupe fue seleccionada como la ‘Defensora del Año 2014’.

Pueden escuchar sus agradecimientos aquí.

En Perú, Máxima es sinónimo de la fortaleza y resiliencia de ‘La lucha por los Derechos Humanos’ y 2014 fue un año con muchos obstáculos para ella, siendo objeto de amenazas de muerte, intimidación y monitoreo por DINOES (División Especial de la Policía Nacional), y cargos legales lanzados por la empresa minera Yanacocha acusándola de ‘usurpación agraviada’. Frente a esto, muchas personas se hubiesen dado por vencidos, pero Máxima mostró gran coraje al seguir adelante para proteger la tierra y el agua que son vitales para la existencia de su familia y de muchos otros en la región.

“Seré pobre, seré analfabeta, pero yo sé que nuestras lagunas realmente son nuestros tesoros” (Máxima Acuña de Chaupe)

Máxima vive en Tragadero Grande, una pequeña comunidad en las altas montañas del distrito de Sorochuco, departamento de Cajamarca, norte de Perú. Su hogar es uno de los pocos que permanecen en la cercanía de la Laguna Azul. Máxima ha vivido ahí por los últimos veinte-cuatro años y ha sido propietaria del terreno desde 1994.

Desafortunadamente para Máxima, su terreno es deseado para el proyecto minero de oro y cobre, ‘Minas Conga’[1] de la empresa minera Yanacocha, propiedad de Newmont Mining Corporation de los EE.UU., Compañía Minas Buenaventura del Perú y Banco Mundial[2].

2014 comenzó para Máxima con mucha presencia de policías y trabajadores de la mina quienes regularmente se posesionaban afuera de su hogar, grabándola en sus actividades cotidianas. En numerosas veces, policías armados entraron a su propiedad para decirle que debería salir de ahí o para prevenir que cultive la tierra, alegando que era terreno de Yanacocha. Adicionalmente, Maxima recibió una amenaza de muerte a su celular personal “sal de tu propiedad o te matarán’. El 26 de enero ella fue acorralada por tres miembros de la comunidad quienes la amenazaron ‘no hables a la gente sobre la minería’.

Pero Máxima hizo lo contrario, y en marzo 2014 ella viajo acompañada de su hija mayor Ysidora a Francia, Suiza y Bélgica donde juntas denunciaron frente a la Comisión Europea, las Naciones Unidas y organizaciones de apoyo como Amnistía Internacional, sus experiencias de atentados desalojos forzosos, violencia física, y acoso por representantes del estado y de la empresa. Además, como miembros de la Red ULAM, Maxima e Ysidora también hablaron sobre la situación de mujeres defensoras de la región quienes están siendo perseguidas por solo defender la tierra, el agua y los derechos humanos de los impactos de la industria extractiva.

Al regresar a Perú, Máxima tuvo que enfrentar el rechazo de su comunidad, con el único bus entre la comunidad y la cuidad negándole sus servicios ya que al viajar con Máxima significaba estar expuesto a demoras en las tranqueras establecidas por Policías y ‘falsos’ ronderos. Máxima alega que estas tranqueras monitorean sus movimientos y en ocasiones han detenido a personas quienes la acompañaban para prevenir que su situación se difunda. Al no poder movilizarse en bus, Máxima estuvo expuesta a más riesgos teniendo que caminar seis horas para llegar a la ciudad más cercana donde podía tomar otro carro a Celendin o Cajamarca, para asistir audiencias, vender su productos o visitar a familiares.

En agosto 2014, el caso legal lanzado por Yanacocha en contra de la familia inició por una segunda vez[3]. Lleno de lagunas y de postergaciones de audiencias, las vidas de los miembros de la familia fueron perjudicadas dado a que el proceso legal no los dejaba planificar su futuro o comprometerse a un trabajo. Máxima no podía tejer ya que sus días se desperdiciaban viajando a las audiencias. Esta situación continuó hasta noviembre cuando la Corte Unipersonal de Celendin falló en contra de la familia, declarándolos culpables del uso de violencia para ocupar el terreno de la empresa minera. Máxima y su familia fueron sentenciados a dos años y ocho meses de prisión suspendida, pagar los gastos del proceso legal, pagar reparación de 5,500 soles a la empresa minera y a salir del terreno – en efecto dejándolos en la calle.

Máxima y su familia inmediatamente apelaron la sentencia en la Corte de Justicia de Cajamarca. Durante este periodo de alta incertidumbre, la salud de Máxima y de su familia empeoró como resultado de la continua presión psicológica. Aparte de dolores crónicos en el cuerpo y en la cabeza, Máxima ya no podía dormir y hasta en una ocasión se desmayó.

Finalmente, el 17 de diciembre la corte declaró a Máxima y a su familia inocentes y los hechos estipulados por Yanacocha falsos. Aunque la familia esperaba que esto sea el final de la larga lucha y que el estado Peruano y la empresa minera transnacional respeten la decisión de la corte, la empresa mantiene que el terreno es propiedad de ellos[4] y sus abogados presentaron un recurso de casación. Aún peor, Máxima reporta que martes 20 de enero 2015, quince policías armados y personal de la empresa privada de seguridad ‘Securitas’ de Yanacocha entraron a su terreno sin permiso, alegando que era propiedad de Yanacocha.

Máxima afirma que ella seguirá adelante hasta que sus derechos sean respetados.

Por ser votada la ‘Defensora del Año 2014’, ULAM entregará a Máxima una pequeña contribución económica y facilitará la producción de un cortometraje sobre su lucha.

ULAM es una red de grupos de mujeres de base de distintos países de America Latina. Nosotros aplaudimos a Máxima y seguiremos apoyándola a ella en su defensa de los derechos humanos y justicia. La empresa Yanacocha continua con sus planes para el proyecto Minas Conga, sin re-evaluar su impacto en las comunidades que serán afectadas, y en particular en las mujeres. Aún más, la empresa todavía no ha ofrecido a Máxima y a su familia reparación apropiada por los impactos negativos que les han ocasionado en los últimos años.

La ‘Defensora del Año’ es una iniciativa de ULAM para difundir las luchas de mujeres Defensoras de la tierra, agua y derechos humanos de los impactos de la industria extractiva. Cada mes publicamos un perfil de una Mujer Defensora de Derechos Humanos quien esta en peligro por solo defender sus derechos. Para más información, por favor visitar www.redulam.org

[1] Expansión del proyecto de oro Yanacocha, mina de oro mas grande en Sur América.

[2] 51.35% propiedad de la Estaudinense Newmont, 43.65 por ciento de la Peruana Minas Buenaventura, y 5 por ciento del Banco Mundial.

[3] Following the dismissal of the first trial as the previous judgement containing contained errors of law and fact and that it had ignored the consideration of fundamental evidence that was favourable to the family. First victory for the Chaupe Family! , Congaconflict.wordpress, 2013

[4] Wilby Cáceres, gerente de asuntos legales de la empresa “Consideramos que en el proceso obran pruebas contundentes que demuestran que Yanacocha es legítima propietaria y posesionaria de los terrenos en litigio” grufidesinfo.blogspot.com

Fuente: Red Ulam

Feminismos desde Abya Yala

IDEAS Y PROPOSICIONES DE LAS MUJERES DE 607 PUEBLOS EN NUESTRA AMÉRICA

Autora:
Francesca Gargallo Celentani

Editorial Corte y Confección, Ciudad de México,
Primera edición digital, enero de 2014

Obra bajo licencia Creative Commons.

Extracto del Prólogo:
“¿Puede surgir un texto filosófico, bien organizado, con pertinencia argumentativa, rigor y sistematicidad de una intensa ‘expedición’ por Nuestra América, tipo trabajo de campo antropológico, para examinar las tomas de posición ‘feministas’ de las mujeres de los pueblos originarios? Sí. Y aquí está disponible, ante quienes han comenzado la lectura de estas páginas, la prueba empírica.
(…)
Aquí lo importante es la decisión de Francesca Gargallo, asumida en plenitud, de ir a buscar a las mujeres de los pueblos originarios, de Abya Yala, para enterarse en vivo y en directo de qué piensan, por qué lo piensan, cómo lo piensan, cómo lo defienden y, sobre todo, cómo lo llevan adelante en la cotidianidad contra viento y marea.”

Descarga en PDF:
http://francescagargallo.files.wordpress.com/2014/01/francesca-gargallo-feminismos-desde-abya-yala-ene20141.pdf

IV Conferencia Especial de la Alianza por la Soberanía Alimentaria de los Pueblos de América Latina y el Caribe

En Santiago de Chile, el día 2 de mayo, reunidas las mujeres campesinas, rurales, pescadoras, pastoras, asalariadas agrícolas e indígenas en la Conferencia Especial de Soberanía Alimentaria de América Latina y el Caribe declaramos que:

Ratificamos los aportes políticos de la soberanía alimentaria como un principio. Valoramos y reconocemos los esfuerzos anteriores realizados a esta Conferencia, en cuyo proceso y desde la realización de la Conferencia Mundial sobre la alimentación realizada en Mali bajo el nombre de mujer Nyeleni, donde nuestras propuestas inciden en el reconocimiento de derechos para construir y socializar con un enfoque de género.

Como asimismo, consideramos un avance en este procesos de más de 20 años de construcción ,de agendas para la defensa de la soberanía alimentaria de los pueblos, la constitución de esta Alianza y su documento fundacional, debe seguir avanzando para que este y otros documentos se transformen en políticas públicas.

Destacamos el trabajo de las mujeres del campo y la pesca artesanal de la acuicultura, maricultura en todos los ámbitos: productivo, reproductivo, del cuidado de las personas, los bienes comunes y la naturaleza, Las mujeres somos históricamente trasmisoras de la cultura, a través de los valores, las resistencias culturales, la defensa del idioma, lenguas, vestuario, costumbres ancestrales y comunitarias.

Ratificamos la importancia de la movilización social como herramienta de acción y posicionamiento político de incidencias y resistencias porque los pueblos tenemos el derecho a decidir libremente sobre los modos de vida producción comercialización e intercambio que queremos en oposición al modelo agroindustrial, extractivista y de concentración que afecta principalmente a las mujeres en sus condiciones de trabajo, de vida y su impacto en las labores productivas, reproductivas y en las condiciones para el cuidado de la vida y la naturaleza. El trabajo flexible y precario impacta con mayor intensidad a las mujeres.

Denunciamos que existiendo convenios internacionales que prohíben el trabajo de los niños, se sigue vulnerando este derecho de los niños y niñas en la agroindustria, privándolos de vivir una infancia plena y feliz con educación y salud garantizada por los Estados.

Exigimos a los gobiernos de América Latina y el Caribe y la FAO: que adopten el enfoque de bienes colectivos para referirse a nuestros territorios: tierra, agua ecosistemas y biodiversidad.

Los gobiernos deben asegurar a todos los pueblos el acceso a los bienes colectivos y garantizar su protección. Respetar las normas definidas por los instrumentos internacionales y convenios internacionales, como la CEDAW (Convención internacional contra todo tipo de discriminación contra las mujeres). En este sentido nos declaramos en campaña permanente en contra de la violencia hacia las mujeres en todas sus formas (sexual, psicológica, económica, intrafamiliar e institucional)

Exigimos a los Estados y a los organismos internacionales que garanticen el cumplimiento de los derechos legítimos de las mujeres.

Exigimos cumplimiento efectivo del Convenio de 169 de la OIT y La Declaración de las Naciones Unidas, sobre los derechos de los pueblos indígenas y el respeto a los derechos consuetudinarios. Hacer efectivo el mecanismo de la consulta previa libre e informada sobre todo lo que afecta a nuestros territorios. Fomentar la certeza jurídica para la tenencia de la tierra para las mujeres defender el derecho inalienable e inembargable.

Reconocer la cosmovisión de los pueblos indígenas, la solidaridad, reciprocidad y complementariedad.

Valorar, reconocer y respetar los saberes de las mujeres y hombres productores garantes de la soberanía alimentaria de los pueblos, a través de la Reforma Agraria integral.

Incorporar en las políticas públicas la economía solidaria que fomenta la asociatividad, fortaleciendo el abastecimiento, acopio y comercialización, bajo otras formas de intercambio propias de los territorios.

No permitir la privatización de los bienes comunes, ni el patentamiento de toda forma de vida. Nos oponemos a la ley de obtentores vegetales, la propiedad intelectual sobre las semillas, las hierbas medicinales y la intervención genética que rompe con el ciclo ecológico de la naturaleza.

Incluir mecanismos de reparación integral para las mujeres víctimas de violación de los derechos humanos y en América Latina y el Caribe.

Fortalecer el papel fiscalizador de los parlamentos para hacer avanzar las políticas de soberanía alimentaria.

Reconocer a la Alianza por la Soberanía Alimentaria como contraparte en la discusión y las decisiones ante los países y la FAO.

Las mujeres representantes instamos a nuestras organizaciones a comprometernos a:

-Valorizar el papel de las mujeres en la preservación, conservación y desarrollo de nuestras culturas.

-Fortalecer la formación política de las mujeres para la soberanía alimentaria y avanzar en la creación de un programa regional de la formación.

-Socializar la información acerca del año de la Agricultura Familiar Campesina e Indígena, y su importancia para alimentar el mundo y cuidar el planeta.

-Fortalecer y ampliar nuestras organizaciones articulándonos en acciones comunes.

-Realizar el seguimiento y evaluación de los gobiernos de América Latina y el Caribe y de la FAO, para la implementación de los acuerdos y compromisos alcanzados. Estaremos atentas a los diversos procesos políticos y trabajaremos juntas para que los movimientos sociales en su conjunto realicemos ese seguimiento.

-No permitiremos la manipulación e instrumentalización de la soberanía alimentaria.

-Seguiremos construyendo alianzas con las mujeres urbanas, sus organizaciones y otros sectores para mantener relaciones equilibradas entre la producción y la comercialización de los alimentos.

“Resistencia y rebeldía, las semillas por la vida”

Vía http://movimientos.org/

AMPLIAR INFORMACIÓN EN:

http://www.radiomundoreal.fm/iv-conferencia-especial-para-la?lang=es

http://www.biodiversidadla.org/Principal/Coberturas_especiales/IV_Conferencia_Especial_para_la_Soberania_Alimentaria

FORO NACIONAL: MUJERES INDÍGENAS Y CAMPESINAS REFLEXIONAN SOBRE LA VIOLENCIA

25 Y 26 DE ENERO DE 2014

SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, CHIAPAS

Convocan:
Red de Monitoras Indígenas de Derechos de las Mujeres, K’inal Antsetik, A.C., Batz’i Antzetik, Colectivo Rosa Luxemburgo y Cooperativa Jolom Mayaetik.

Desde hace varios años, distintas organizaciones de mujeres indígenas y campesinas hemos venido trabajando el tema de los derechos de las mujeres, particularmente el derecho a una vida libre de violencia. Todas las mujeres estamos expuestas a vivir la violencia en sus diferentes tipos y modalidades , y también a padecer directamente la violencia política proveniente del Estado.

Por ello, en el contexto nacional donde se han incrementado: los feminicidios, las detenciones y desapariciones forzadas de mujeres y hombres, el impacto de las políticas neoliberales hacia las poblaciones indígenas y campesinos, la militarización y paramilitarización, la Trata de Personas, el fortalecimiento de las redes nacionales e internacionales de prostitución tanto infantil como de mujeres. La persecución y hostigamiento hacia defensoras y defensores de derechos humanos, así como la criminalización a todo acto de resistencia civil.

Nosotras, nos hemos formado como Monitoras Indígenas de Derechos de Las Mujeres, llevamos tres años de experiencia y es nuestro interés compartir experiencias con otras compañeras de diferentes estados de México, y, con preocupación por los altos índices de violencia en nuestro país convocamos los días 24, 25 y 26 de enero a encontrarnos y reflexionar sobre la violencia que vivimos como mujeres indígenas y campesinas.

Metodología

Es importante, que cada organización o grupo de mujeres traiga consigo una ponencia sobre los tipos y modalidades de violencia que viven en sus lugares de origen. Esto con el fin de compartir nuestras experiencias. El Foro será conducido y coordinado exclusivamente por y para mujeres indígenas y campesinas.

La metodología será participativa, habrá mesas de trabajo en donde se pondrán compartir las experiencias de cada estado, organización o bien a título individual.

Lugar: K’inal Antsetik, A.C.
Calzada de la Escuela Número 25, Barrio Quinta San Martín,
C.P. 29247
Teléfono: 967 112 5072
Email: kinalantsetik@gmail.com

Análisis final del Observatorio de las Violaciones de los Derechos Humanos y resistencias de las mujeres

Marcha Mundial de las Mujeres

Con la ruptura violenta del orden constitucional en Honduras el 28 de junio de 2009 con el golpe de Estado, el pueblo hondureño ha sido obligado luchar por la restauración de la democracia y los derechos en el país. En esta resistencia, que ha costado cientos de vidas, las mujeres organizadas han jugado un papel fundamental.

Desde la resistencia en la primera etapa pos-golpe: al régimen de Pepe Lobo que se caracterizó por el retroceso y pérdida de avances históricos en el ejercicio de sus derechos; hasta la etapa actual en que las mujeres lideran luchas por la tierra, sus derechos sexuales y reproductivos, laborales, políticos y por la justicia, en un ambiente de criminalización y ataques permanentes de agentes del estado y debido a la falta de legitimidad del estado y la permanencia en el poder de las fuerzas autoritarias y poderes fácticos, se ha visto un grave deterioro en las instituciones democráticas -de por si débiles- del país.

Las elecciones 2013 se vieron como una oportunidad de empezar un proceso de restauración de la democracia. Reconociendo la importancia de este proceso electoral para el futuro del país y para la lucha por los derechos humanos de las mujeres, organizamos el Observatorio de los Derechos Humanos y las Resistencias de las Mujeres en el Contexto Electoral, Honduras 2013 con más de 90 observadoras nacionales e internacionales para monitorear violaciones de los derechos humanos de las mujeres, incluyendo pero no limitado a sus derechos políticos-electorales, y dejar constancia de sus resistencias y papel indispensable en el avance democrático del país.

1. En el proceso electoral existen evidencias de irregularidades, antes, durante y después de las elecciones, suficientes para poner en seria duda los resultados preliminares anunciados por las autoridades. Entre éstas, podemos mencionar las siguientes:

* Un manejo inadecuado y politizado de la lista de votantes, entre ellos la inclusión de personas muertas, la exclusión de personas y el cambio de domicilio en el registro de las personas.
* Falta de representación de todos los partidos en las mesas, falta de material, retrasos en la apertura
* Coacción del voto
* Compra/venta de credenciales

2. Se detectaron múltiples casos de compra de voto que atentan contra la democracia y afectan principalmente a las mujeres empobrecidas. Nuestro observatorio atestiguó casos de compra del voto, práctica que se aprovecha de la precariedad económica de la gente para violar sus derechos políticos: 1) mujeres que recibieron la tarjeta de beneficios “Cachureca” días previos a las elecciones cuando ya estaba decretado el el periodo de silencio electoral. Esta tarjeta llega en nombre del candidato Juan Orlando Hernández y en la parte de atrás se identifica a la portador/a como “simpatizante del Partido Nacional”; 2) ofertas de empleo en cambio del voto al Partido Nacional, registrado en la Escuela 4 de junio cuando una mujer fue sorprendida sacando fotos de su voto para comprobar el apoyo al candidato del PN. 3) La utilización de programas sociales como el Bono 10 Mil, para obligar a las personas votar por el candidato oficial para recibir el apoyo.

3. De manera general debemos reconocer que la jornada electoral transcurrió sin mayores incidencia de hechos violentos, con algunas excepciones importantes. Este hecho refleja el compromiso a la no-violencia de la gran mayoría de la población. Pensamos que la presencia de más de mil observadores nacionales e internacionales, representando una verdadera diversidad ideológica e incluyendo a observatorios de derechos humanos como la nuestra, efectivamente cerró la opción de represión y/o provocación por parte de las fuerzas del estado y los poderes fácticos que apostaban a conservar el poder a todo costo.

4. Denunciamos el asesinato de la defensora María Amparo Pineda Duarte en el Departamento de Francisco Morazán.María Amparo Pineda Duarte, dirigente campesina y presidente de la Cooperativa El Carbón, de 52 años de edad fue asesinada en emboscada a las 7:45 de la noche de sábado 23 de noviembre, junto a otro miembro de la cooperativa Julio Araujo. Este crimen en el marco electoral no solo significa la pérdida de una defensora, sino también una señal intimidatoria hacia el trabajo y la integridad física de todas las defensoras. Exigimos que se haga justicia en este caso y en los casos de todos los asesinatos de defensoras y defensores.

5. La militarización fue un factor de coacción del voto. En este contexto de, se destaca el hecho de que el nivel de militarización que caracterizó la jornada no tenía justificación alguna , y sirvió como factor de intimidación, debido a la presencia de armas en las urnas y los conocidos vínculos entre las fuerzas armadas y el partido gobernante. La militarización de centro de telecomunicaciones CONATEL y del Ministerio Público se suman a otros incidentes en un panorama oscuropara el ejercicio de los derechos en un contexto altamente polarizado.

6. Nos preocupa que el despliegue masivo de las Fuerzas Armadas, la nueva Policía Militar y las policías locales sirviera para reprimir protestas en el periodo pos-electoral. Tenemos el reporte de queen departamento de Santa Bárbara está militarizada, debido a que ganó LIBRE la alcaldía según datos oficiales, pero la candidata del PN no acepta la derrota. También hemos recibido informes en torno a la militarización de infraestructura estratégica, i.e., la central hidroeléctrica el Níspero. Son actos que nos ponen en alerta como observatorio de derechos humanos. En este escenario las defensoras de derechos humanos se encuentran en una situación de alto riesgo, que sean defensoras del voto, de la tierra, de derechos sexuales o de cualquier otro tipo. El candidato que lidera el conteo del TSE, Juan Orlando Hernández, ha promovido medidas represivas como respuesta a la violencia y prometió “un soldado en cada esquina” lo cual aumenta el temor de una militarización generalizada que presenta una amenaza a las defensoras de derechos humanos y a las mujeres en general.

7. Consideramos que el proceso electoral no ha terminado y que la etapa de investigación de denuncias e irregularidades requiere de absoluta transparencia y apego a la ley. En el momento de redactar esta nota (2:00 PM), los datos del TSE reportan el 34.19% para Juan Orlando Hernández del Partido Nacional a 28.83% para la candidata del LIBRE, Xiomara Castro. El anuncio del LIBRE de “transmisión irregular de resultados” y que un 20% de las actas presentan inconsistencias. El candidato del Partido Anti-Corrupción también ha declarado que un 25% de las actas registradas por el TSE no coinciden con las actas transmitidas de las mesas. No ha habido manifestaciones públicas de victoria electoral.

8. La crisis política y democrática que enfrenta el país en estos días no se inscribe únicamente en el marco del proceso electoral. A la vez que las mujeres y hombres exigen que se esclarezcan las dudas e irregularidades en el proceso electoral, la lucha por la democracia se vuelve a los barrios y los pueblos dónde nació. La lucha por las garantías a los derechos de las mujeres es no partidista, y constante.

Ver más en: OBSERVATORIO MUJERES