Por Aldo Santiago, Heriberto Paredes y Susana Norman /Agencia SubVersiones/
El asesinato de Berta Cáceres ha desnudado una serie de intereses económicos que involucran distintos niveles de funcionarios, instituciones financieras, integrantes de gobiernos centroamericanos, europeos, estadounidenses y canadienses (por lo menos) que dejan ver la arquitectura del despojo. La llamada «energía limpia», representada supuestamente por las represas no es más que una estrategia de enriquecimiento que pasa por encima de poblaciones enteras, destruye ríos y afluentes vitales para la reproducción de la vida y es –contrario a lo expresado por el Banco Mundial (BM) y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID)– la energía más contaminante y sucia de las últimas décadas, según un informe elaborado por la Comisión Mundial de Represas en 2000 y referida en una entrevista a Gustavo Castro (de pronta aparición).
Las distintas conexiones entre empresarios multinacionales y hondureños se consolidan como una compleja red que manipula leyes, recurre a recovecos legales y lleva a cabo estrategias económicas para consolidar la imposición de proyectos como Agua Zarca. Gracias a recientes conversaciones con Tomás Gómez, coordinador interino del COPINH así como una serie de rastreos y análisis, presentamos aquí algunos avances de esta investigación. Acompañamos este texto con un mapa elaborado por Geo Comunes, quienes han logrado cartografiar el panorama general de proyectos ligados al «capitalismo verde» y por ende a las nuevas fases del despojo.
Comienza Tomás con un planteamiento inicial básico para luego indicarnos una ruta posible para llevar a cabo nuestra investigación:
«El proyecto ha tenido varias fuentes de financiamiento. Uno es el Banco Mundial, otro es el BID. Estos bancos por el momento han parado otro desembolso que iban hacer y han visto que hay violaciones de derechos humanos y a la consulta. Esto ha sido a través de los bancos nacionales como el Grupo Financiero FICOHSA, entre otros. A nivel de Europa está involucrado el banco FMO, de Holanda, que no ha parado el financiamiento a pesar de que ha habido fuertes denuncias del COPINH, y de la comunidad internacional; ellos han llegado al grado de suspender el proyecto».
DESA fue fundada por dos empresas: Inversiones Las Jacarandas S.A., a título de José Eduardo Atala Zablah quien proveyó dos tercios del capital inicial (más de 33 millones de lempiras) y Potencia y Energía de Mesoamérica (PEMSA), representada por Gerardo Carrasco Escobar, quien aportó el resto (más de 16 millones de lempiras). Aparte de esta información, no existen datos públicos sobre los dueños de Las Jacarandas y PEMSA, y es probable que DESA haya recibido una suma de inversión mayor. Lo claro es que José Eduardo Atala Zablah junto a sus hermanos Jacobo y Pedro forman parte de la mesa directiva. La familia Atala, junto a figuras como Miguel Facussé –empresario de la palma africana beneficiado por las dádivas de lavado verde mediante créditos de carbono del Banco Mundial– han sido denunciadas como participantes clave en el golpe de estado militar contra Manuel Zelaya, el 28 de junio de 2009. Destaca entre los apoyadores al golpe el primo de los hermanos Atala Zablah, Camilo Atala, vice presidente del Grupo Financiero FICOHSA, considerado el conglomerado financiero más grande de Honduras.
«FICOHSA es de una familia potentada de Honduras, se ve el interés del gobierno y de los bancos, porque es de la familia Atala, dueño del equipo Motagua y de ahí vemos el banco Finnfund, que también son parte financiera a esta represa hidroeléctrica. A estos bancos no les ha importado que haya asesinatos, no les importa violaciones de los derechos de la comunidad indígena, no les importa nada. Hasta ahora solamente han llegado a suspender (el financiamiento). Nosotros como COPINH exigimos al banco FMO y Finnfund que retiren definitivamente todo el financiamiento para cualquier otro tipo de proyecto, poque son 10 proyetos los que están financiado para que ya no sigan aportando al asesinato, genocidio, a la intimidación, a la pérdida de soberanía alimentaria, a la privatización, al concensionamiento. Pedimos que suspendan inmediatamente todos esos tipos de proyectos. Hay empresas como Siemens, que provee equipo como turbinas y otras que le facilitan a la empresa DESA para construir el proyecto hidroeléctrica. Siemens tiene inversión, un 30% del financiamiento a Voyth Hydro, osea que son la misma cosa. A todos les exigimos que paren todas sus acciones contra el financiamiento de Agua Zarca».
Aunque no está claro si los hermanos Atala Zablah tienen un interés en FICOHSA, Jacobo es presidente de las operaciones hondureñas del creciente Banco de America Central. En un principio se esparció la noticia de que Agua Zarca era financiada por FICOHSA, a través del Banco Mundial. Pese a ello el ente financiero internacional negó su participación en el proyecto; reportes del financiamiento de FICOHSA podrían haberse derivado de la inversión de la familia Atala en DESA. José Eduardo Atala fue electo en 2011, vicepresidente de la Asociacion de Cámaras Americanas de Comercio en América Latina (AACCLA por sus siglas en inglés), grupo que representa más de 200 mil compañías y el 80% de la inversión privada estadounidense en Centroamérica. También se desempeñó como representante hondureño ante el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), experiencia que probablemente ayudó a DESA coordinar el préstamo de 24 millones de dólares otorgado por aquel banco en 2012.
El hombre más rico de Centroamérica, Camilo Atala, compró desde 2014 todas las operaciones hondureñas de la corporación CITIGROUP –cuarto mayor banco de Estados Unidos envuelto en graves casos de corrupción, como la quiebra del gigante energético Enron– y representa junto al nicaragüense Ramiro Ortíz Mayorga, los dos mayores conglomerados financieros de Centroamérica. Ortíz, dueño del Grupo Promerica ha estado buscando proporcionar sus servicios bancarios a la inversión de 50 billones de dólares para la construcción del canal de Nicaragüa, propuesto por China; a su vez, Atala, quien se desempeñara como ministro asesor en inversiones en el gobierno de Ricardo Maduro, mantiene presencia empresarial desde Guatemala hasta Panamá valuada en más de 4 billones de dólares.
Sin embargo, su boyante empresariado es auspiciado por organismos multinacionales privados como la Corporación Financiera Internacional (IFC por siglas en inglés), perteneciente al Banco Mundial, quien le otorgó en 2011 una inversión de 70 millónes de dólares para «crear fuentes de empleo y expandir el acceso al crédito para pequeños negocios». La IFC auditó las prácticas de préstamos de FICOHSA en 2014; el reporte explica que la institución no comprendió totalmente el arriesgado ambiente de operación bancario y sus clientes. Entre estos se incluye la Corporación Dinant, compañía de aceite de palma aficana vinculada al tráfico de drogas, quien utiliza violencia para desalojar de su tierra a los agricultores hondureños, con especial saña en la región noreste, en el Bajo Aguán.
«El proyecto fue insistente y en el 2013, el 1 de abril, inician una toma directo en ese proyecto hidroeléctrico de Agua Zarca. Cuando los compañeros toman el acceso principal al proyecto, entonces comienza la militarización. El estado de Honduras comienza a poner ejército, policías y Tigres; a esa operación se la llamó Morazán o Morazanica y desde el 15 julio se inicia una movilización muy fuerte, pacífica, con el propósito de ir a decir a DESA, a darles un ultimatúm a los ejecutivos a que salieran. Pero cuando llegamos antes de 30 metros, empiezó la policía y el ejército a disparar. Cuando llegamos a poco metros le tiran al compañero Tomás García, luego le pegan otro disparo en la frente y lo asesinan de un solo. Eso fue el primer batallón de ingenieros de Siguatepeque quien lo asesinó y luego el intento de asesinato al hijo, Alan García, que el estado a eso no le da importancia si asesinan a un indígena, o si hacen el atentado contra el niño».
«A pesar de toda esta criminalización, hostigamiento, intentos de asesinato a familias enteras como en el caso de la compañera María (que la quisieron asesinar, a su hijo de 12 años, a su esposo Roque), nosotros vemos que desde ahí es esa fase donde también salen los constructores, que era Sinohydro, empresa de China que también salió ese día 15 de julio viendo que habían ilegalidades y era ilegítimo el proyecto».
Tras la separación del gigante chino Sinohydro en agosto de 2013, producto del firme bloqueo del COPINH a la construcción del proyecto, el actual contratista es COPRECA quien se promueve como «una compañía familiar con cultura y conducta local, oriunda de Guatemala» y que en la práctica está involucrada en un espiral de corrupción: lavado de dinero y activos, uso de documentos falsos, tráfico de influencias, entre otros delitos en un fraude al gobierno salvadoreño en 2005, cuando COPRECA ganó un contrato por 25 millónes de dólares para construir una carretera que nunca fue realizada.
A su vez el FMO y el BCIE son responsables de las muertes y represión contra el pueblo Ngabe Bugle, de Panamá, al financiar e intentar imponer el proyecto hidroeléctrico de Barro Blanco, en el río Tabasara. Pese a la inversión de bancos de desarrollo como el holandés FMO y el alemán KFW proveyeron a Generadora del Istmo (propiedad del hondureño Luis Kafie, involucrado también en el delito de estafa al seguro social de Honduras), el 9 de febrero de 2015 fueron suspendidos temporalmente los trabajos en Barro Blanco. Como consecuencia las agencias financieras europeas enviaron una carta al gobierno panameño donde advirtieron que «la suspensión pesará contra futuros préstamos». Pese a ello el 24 de mayo de 2016 se anunció el llenado de seis hectáreas del futuro embalse «como parte del inicio de pruebas de la central hidroeléctrica y su conexión al sistema nacional panameño». En su nivel máximo se espera que la represa anegue 250 hectáreas que incluyen cinco comunidades indígenas.
El FMO también concedió al Grupo Financiero FICOSHA un préstamo de 60 millones de dólares destinados a proyectos de «energía limpia», al tiempo que el banco es investigado en Panamá por lavado de activos, sospechoso de estar involucrado en el robo al IHSS pues existe la denuncia en la fiscalía contra el crimen organizado hacia FICOHSA y un total de 13 bancos panameños por asociación ilícita.
En declaraciones a prensa alemana, Tomás Gómez asegura haberse reunido, en marzo de 2015, con los encargados del suministro de turbinas para Agua Zarca. «En aquel entonces ya habían muerto Tomás García Domínguez y Paula Domínguez. Después de nuestra visita murieron otros tres habitantes de la comunidad de Río Blanco, a los que previamente trataron de comprarles sus tierras, necesarias para la aprobación del proyecto. Estos compañeros asesinados tuvieron previamente conocimiento de una lista de aproximadamente 20 personas, entre ellas miembros de la comunidad y tres coordinadores del COPINH: Aureliano Molina, Berta Cáceres y yo. Esta lista se la pasamos a los dirigentes de Voith Hydro con los que nos reunimos. Queríamos parar el proyecto para que SIEMENS y Voith no fueran cómplices de ningún asesinato».
«Esto tiene que ver con hacer las denuncias públicas, luego reunirse con los miembros de los bancos para presionarlos y decirles lo que esta pasando, luego iniciar en los mismos países de origen una demanda contra los bancos para que se cancele todo concesionamiento. A nosotros nos parece importante que los del banco no están queriendo que vayan personas de Holanda, por ejemplo en el caso del FMO, porque los hemos estado denunciando y ellos sirven de testigos para que le digan a los compañeros y compañeras y con eso se va a poder parar el financiamiento definitivo. A nivel local también tenemos definido las movilizaciones, acciones frente al MP. Y algo puntual, como los ejercicios de control territorial, que tienen que ver con ir a reconocer el lugar, a bañarse al río Gualcarque. Nosotros seguimos con el marco del COPINH».
Sin embargo, las peticiones del COPINH se mantienen ignoradas, en palabras de Lars Rosumek, portavoz de la empresa alemana especializada en maquinaria industrial que obtuvo el contrato por 8 millones de euros: «Como no podemos dar por terminada nuestra colaboración, hemos decidido suspender temporalmente el contrato de suministro hasta que se aclare la implicación de los trabajadores de DESA en el crimen. Después decidiremos si cancelamos o no el proyecto», declaró al tiempo que negó cualquier implicación con el asesinato de Berta Cáceres y otros miembros del COPINH, pese a que dos de los cinco sospechosos del asesinato, detenidos a principios de mayo, son trabajadores de DESA: Sergio Ramón Rodríguez Orellana, quien actuaba como gerente del departamento social y medioambiental, además de Douglas Geovanny Bustillo, quien trabajó para una empresa de seguridad privada bajo el mando de la empresa responsable por Agua Zarca. Otros dos detenidos tienen conexiones con el ejército hondureño, el mayor en activo, Mariano Díaz Chávez y el retirado Edilson Atilio Duarte Meza.
Douglas Bustillo habría acusado a Berta y el COPINH de ser guerrilleros, a la par que amenazaba y agredía a la población lenca durante los bloqueos y protestas que realizaban contra Agua Zarca. De acuerdo a algunas hipótesis, Sergio sería el encargado de planear y dar las órdenes a Bustillo para reclutar a los sicarios y al mayor Díaz, especialista en inteligencia militar y con experiencia en la guerra de Irak. Tras 10 días de silencio, fue hasta el 12 de mayo cuando Voyth Hydro anunció la suspensión del suministro de equipo a DESA cuando se hizo público un comunicado donde menciona la visita de «actores internacionales y financieros en una comisión independiente para verficar la honestidad de la empresa». En nota de Dick Emanuelsson, el reportero relata la odisea para obtener declaraciones de la empresa responsable por Agua Zarca. Después de un periplo para conseguir la dirección de la oficina en una de las zonas más caras de Tegucigalpa, consiguió asegurar una entrevista con el vocero de la empresa, Roque Galo. Sin embargo dicha conversación nunca se realizó y permanecen en la ambigüedad detalles como ¿quién es la persona que contrató a Douglas Bustillo, quien responde al nombre de Javier Bográn y qué cargo tiene en DESA? o ¿quienes son los involucrados en las élites financieras y políticas en el planeamiento y ejecución contra Berta?
Edita: Biblioteca de las Grandes Naciones – Libro 166
El día de hoy, 15 de junio personas de todo Honduras y el mundo, nos congregamos para hacer sentir nuestras voces y gritar de manera enérgica que exigimos justicia para Berta Cáceres, coordinadora General del COPINH.
Foto: Sergio Rodriguez, en polo blanco, empleado de Desarollos Energeticos S.A. firma contrato con la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) a través de Fintrac, un socio de USAID. Radio America.
Tomas Gómez Membreño es el coordinador interino del Consejo Cívico de Organizaicones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH). Asumió ese papel después del asesinato de su compañera Berta. En él, siempre cabe una sonrisa y un chiste, a pesar de la fuerte presión que ahora recae sobre él. Cómo su compañera, él también ha recibido amenazas. A las 11 de la noche nos recibe en la casa de sanación que tiene el COPINH en la pequeña ciudad de La Esperanza, capital departamental de Intibucá, uno de los 7 departamentos en donde los lencas tienen su extenso territorio. Su autonomía y libre determinación ahora estan amenazadas por alrededor de 50 proyectos «porque allí abarca no solo proyectos hidroeléctricos, sino concesiones mineras, eólicos, REDD+, AVA-FLEGT (comercio forestal para el mercado europeo) y las ciudades modelo. Eso sabemos es un paquete de privatización, concesionamiento y exterminio de nuestros pueblos porque significa más del 30% territorio hondureño que esta entregado no a nosotros, sino a mano de las empresas privadas» puntualiza Membreño.