Categoría: Justicia para Gustavo Castro

El defensor mexicano Gustavo Castro, integrante de Otros Mundos A.C./Amigos de la Tierra México, dio esta semana una entrevista a “Mar de Fueguitos”, un programa que se emite en la radio comunitaria de Bilbao, País Vasco, en la que reflexionó sobre la organización de los movimientos en defensa de la vida y el territorio. El año pasado, el amigo de la coordinadora del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH) Berta Cáceres se encontraba con ella en La Esperanza, Intibucá, Honduras, preparando un foro sobre energías alternativas, cuando sicarios la asesinaron en su casa. A él también le dispararon pero sobrevivió. Luego recibió una alerta migratoria impidiéndole salir de Honduras por 30 días, por lo que interpuso denuncias contra el Estado hondureño ante la justicia de ese país y ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). En enero del presente año, recibió el premio “Justicia Visionaria” de la organización estadounidense Other Worlds por su trabajo a favor de un cambio de sistema en Chiapas y el mundo.

Escuchar y Descargar la entrevista a Gustavo Castro (25’12)

Escuchar y Descargar todo el programa de esta semana: “Defensoras de la vida y la tierra contra el despojo” (58’20)

Fragmentos:

Mar de Fueguitos: Hace un par de meses, denunciaste al gobierno de Honduras por haber sido retenido después del asesinato de Berta. Al día de hoy, siguen personas detenidas por el asesinato de Berta (algun ex militar, algún empleado de la empresa contra la que luchaba Berta y sus compañeras). ¿Se sabe al día de hoy quienes la asesinaron y dónde están sus asesinos?

Gustavo Castro: Sí, en enero fue cuando anuncié mi demanda contra el gobierno de Honduras ante la Comision Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y también otra demanda contra la juez de Intibucá por violaciones a derechos humanos. En ese contexto fue cuando el gobierno mexicano logró capturar al séptimo implicado, quien aceptó haber participado en el asesinato. Pero siguió la investigación y en febrero capturaron al octavo implicado. Entre ellos, el primero es el ex gerente de la empresa DESA que impulsaba el proyecto hidroeléctrico Agua Zarca en Honduras. Supuestamente, él contrató a un militar, este militar a un ex militar y este ex militar a un grupo de sicarios. En esta trama, ya van 8 imputados encarcelados. Estamos en ese proceso todavía de presionar para que la investigación sea transparente y abierta, lo que el gobierno hondureño no quiere. Permanece la secretividad sobre el mismo expediente. Obviamente hay tantas irregularidades, inconstitucionalidad e ilegalidades en todo el proceso, que no quieren abrir el expediente. Incluso, yo digo que se lo auto-robaron cuando asaltaron a la magistrada en octubre pasado y le robaron el expediente. Obviamente, la familia de Berta, el COPINH y yo estamos pidiendo que se rompa esa secretividad, que la investigación sea transparente y abierta para poder apoyar el proceso de investigación.

Mar de Fueguitos: Muchas compañeras de Berta siguen luchando en defensa de los derechos humanos. Berta tenía un premio internacional y la protección de la CIDH. ¿Qué más se puede hacer para que los que trabajan en defensa de los derechos humanos contra multinacionales no pierdan la vida?

Gustavo Castro: Es una excelente pregunta que nos hacemos todos y todas. Me parece que hay que cambiar la estrategia de resistencia, sobre todo ahora que ya lo que antes era un derecho humano, como la manifestación pacifica, ahora es un crimen. Los gobiernos modificaron la legislación para evitar o inhibir la protesta social y pacífica, el reclamo a los derechos humanos, al agua, a la vivienda, a la vida, a la salud, etc. No podemos seguir haciendo las mismas acciones cuando ya se nos ha criminalizado de esta manera. Yo creo que tenemos que cambiar la forma de resistir. Tenemos que generar otras maneras de construir procesos colectivos comunitarios. Tenemos que cuidarnos más, protegernos más. También la solidaridad y la presión pública y mediática tienen que jugar un papel importante para que los gobiernos no mantengan en la impunidad tanta violencia, sobre todo cuando, en el marco de tratados de libre comercio, están abiertas las puertas para entregar todos los bienes comunes naturales y culturales al capital, al negocio, a las empresas. Eso se convierte en una disputa por el territorio, por los bienes comunes, por ponerles precio, por ponerles negocio, por ponerles dueño. Y en ese territorio pues hay gente. De allí la criminalización que estamos viendo cada vez mayor. Creo que una conciencia de este proceso también nos ayudaría a modificar esas estrategias. Y también a construir procesos sociales y colectivos de otra manera.

Mar de Fueguitos: Hablando de estas otras maneras, tu llevas décadas trabajando con organizaciones sociales intentado crear redes, conectar, movilizar a gente. ¿Cuál es el secreto para conseguir tejer esas redes y que esas redes al final tengan la suficiente fuerza para poder cambiar las cosas?

Gustavo Castro: Cuando lo hacemos juntos y juntas y no nos dejamos solos. En ese sentido, cuando convocamos a la creación de la Red latinoamericana contra las represas (REDLAR) en donde generamos alianzas y redes de solidaridad y también de cercanía, nos identificamos con la misma problemática y sobre todo, no nos dejamos solos, y nos apoyamos mutuamente. Después, en la medida que nos fuimos encontrando con otras problemáticas, conformamos de la Red latinoamericana contra monocultivos de arboles (RECOMA), contra la afectación socio ambiental de las plantaciones de palma de aceite y de monocultivos que nos están afectando a todos. También la red regional contra la minería: el Movimiento mesoamericano contra el modelo extractivo minero (M4). Al final las problemáticas son las mismas porque son los mismos proyectos, las mismas políticas y las mismas empresas. En esa identificación común de problemáticas y la búsqueda de alternativas, nos vamos encontrando. Por eso nos dicen tanto en la región: “Ustedes se reúnen a cada rato”. Pues tienen razón. Nos encontramos para luchar, compartir experiencias, apoyarnos. Un reto importante es que la resistencia sea acompañarnos en la alegría de buscar alternativas en medio de la situación tan difícil.

Mar de Fueguitos: Me imagino que las amenazas y el miedo a perder la vida es uno de los problemas que dificulta el hecho de que estas redes sigan trabajando. ¿Cuales son las mayores dificultades que tienen esas redes?

Gustavo Castro: La criminalización y el miedo que tenemos que vencer. Como bien decía Bertita: “Nos tienen miedo porque no les tenemos miedo.” Nos estamos enfrentando a muchas inversiones, a grandes corporaciones, con muchos intereses. De por medio están millones de euros, intereses de todo tipo, de sectores económicos, petroleros, electricos, agroindustriales. Creo que es una de las principales dificultades que tenemos: ¿Cómo vencemos ese miedo y como hacemos para cuidarnos y protegernos de manera colectiva y conjunta? A final de cuentas, la vinculación entre las comunidades, entre las organizaciones y los pueblos se va fortaleciendo en la medida que vamos viendo éxitos, avances. Se han logrado muchos porque el movimiento ha detenido plantaciones, pese a la gran violencia, se han detenido proyectos petroleros, de gas, mineros, represas. A veces con costos muy altos lamentablemente. Tenemos que buscar la manera en qué esos costos sean los menos posible. El año pasado, en México, festejamos en un encuentro muy bonito los territorios libres de megaproyectos, de represas, de minería, de transgénicos, todos aquellos que a la gente le afecta de manera inmediata (Encuentro mexicano de resistencias contra el modelo extractivo en Miacatlán, Morelos, julio 2016). Nosotros calculamos que, en México, logramos que más de 2000 comunidades se han decretadas libres de minería. No con saldos muy fáciles, por cierto, sino con saldos muy dificiles, de represión y demás. Pero eso genera esperanza y alegría al ver que sí se puede. Podemos seguir resistiendo pero sobre todo la pregunta es: ¿Qué alternativas buscamos en la región? Y eso es precisamente lo que íbamos a hacer con Bertita y el COPINH allá en Honduras hace justo un año.

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Entrevista

El sociólogo ambientalista mexicano Gustavo Castro Soto es testigo directo del asesinato de la activista de la tierra y el medioambiente de Honduras. Se encuentra en La Palma invitado por el grupo local de Amnistía Internacional. “Merece la pena morir por defender el planeta”, asegura.

Esther R. Medina – eldiario.es

Está convencido de que merece la pena morir por defender los derechos humanos y el patrimonio natural del planeta. El sociólogo ambientalista mexicano Gustavo Castro Soto se encuentra en La Palma invitado por el grupo local de Amnistía Internacional. Durante su estancia en la Isla mantendrá encuentros con los estudiantes de diferentes institutos y el próximo viernes, 7 de octubre, a las 20:00 horas, ofrecerá una conferencia en la Casa Salazar de Santa Cruz de La Palma. Es defensor de los derechos humanos y de la tierra y el medioambiente y fundador de la organización Otros Mundos con sede en Chiapas. Este destacado activista es asimismo miembro de la coordinación nacional de la Red Mexicana de Afectados por la Minería (REMA), del Movimiento Mexicano de los afectados por las Represas (Mapder), de la Red Latinoamericana contra las Represas (Redlar) y del Movimiento Mesoamericano contra el Modelo Extractivo Minero (M4). Gustavo Castro era compañero y amigo de Berta Cáceres, la líder y defensora de la tierra y el medioambiente de Honduras que fue asesinada en marzo de 2016. Fue testigo directo de su muerte. “Este hecho ha supuesto un antes y un después y me ha marcado la necesidad de revisar la vida”, ha manifestado en una entrevista con La Palma Ahora. Está amenazado de muerte y lleva dos meses en España acogido en el Programa de Protección para Defensores de Derechos Humanos de Amnistía Internacional.

-¿Merece la pena morir por defender los derechos humanos y el patrimonio natural?

-Pues creo que a fin de cuentas sí, porque se trata de la vida de todos y todas. La defensa del medioambiente es también la defensa de la propia vida, de la vida de nuestros hijos, y es la vida del planeta en el que vivimos todos y todas. No tenemos otra opción, hay que hacerlo.

-Ha sido testigo directo de la muerte de Berta Cáceres. ¿Cómo le ha marcado esa experiencia?

-Ha sido como un antes y un después. Fui testigo del momento en el que asesinan a Berta, la vi fallecer, y también sufrí yo un intento de homicidio, me dieron por muerto aunque quedé herido. Este hecho me ha marcado la necesidad de revisar la vida, las estrategias de lucha y de resistencia que se tienen que hacer en América Latina para defender el medioambiente, porque no solo estoy yo, hay mucha gente más: comunidades, pueblos, hombres y mujeres que están en la misma situación defendiendo el patrimonio de la humanidad, los ríos, los bosques, en bien de todo. 

-¿Piensa regresar a América Latina?

-Por lo pronto, no. Estoy en el programa de protección de Amnistía Internacional, y el proceso legal y jurídico contra el Gobierno de Honduras por el asesinato de Berta y de la tentativa de asesinato en mi caso, sigue todavía, se han detenido a cinco presuntos delincuentes -que son los que estuvieron en el atentado-, el gerente de una empresa hidroeléctrica, un militar, un ex militar, sicarios… y la inseguridad para mí continúa porque yo vivo muy cerca de Honduras, por eso veo la necesidad de estar un tiempo fuera, y desde España seguir colaborando en la investigación para que se haga justicia por el caso de Berta.

-¿Qué mensaje desea transmitir a la sociedad palmera?

-Me gustaría platicar mucho con los chicos sobre el amor a la tierra, el amor a este planeta que es de todos y todas, y que no solo es responsabilidad nuestra cuidarlo sino responsabilidad de todos estemos donde estemos. En este sentido, vale la pena protegerlo porque estamos hablando de nuestro futuro. Alguien en una comunidad dijo que los adultos debemos preocuparnos por el mundo que le vamos a dejar a nuestros hijos y otro comentó que habría que preocuparse qué hijos vamos a dejar a este planeta, hijos críticos, hijos sanos, hijos con ganas de cambiar la realidad, de defender la humanidad, el medioambiente, y yo quiero transmitir eso, enseñar a no ser pasivos, a enamorarnos de nuestro planeta, de nuestra vida y de nuestro futuro.

Gustavo Castro Soto

Nada me cuesta más trabajo que contar el último minuto con Bertha. De aquella noche en que irrumpieron los sicarios. Despedí su ultimo suspiro pese a mi insistencia de que no nos dejara, pero la cita con los ángeles estaba marcada. Muchos intentos se dieron para quitarle la vida por el delito de defender la tierra y los territorios ancestrales del pueblo lenca, en la lucha por los derechos humanos.

Sin embargo, ese último suspiro se transformó en más fuerza. Su espíritu sobrevoló por todos los corazones y resistencias, despertando las concciencias entumecidas y haciendo eco de esas sus palabras al recibir el premio Goldman: “Despertemos, Humanidad”. Y es que, es cierto, ya no hay tiempo. El sistema sigue avanzando depredando el planeta al tiempo que se violan todos los derechos humanos, de los pueblos indígenas y, de paso, asesinando a defensoras y defensores que luchan por un mundo donde quepan todos los mundos. Y así he visto pasar los asesinatos de otros queridos amigos y amigas, como Mariano Abarca, Bety Cariño, Jyri Jaakkola, Noé Vásquez, entre otros.

Para el gran capital, no solo la lucha por detener los megaproyectos que violan los derechos humanos les son amenazantes, sino la misma búsqueda de alternativas. Y para eso me invitó Bertha, para reflexionar junto con el COPINH otras formas de energía sustentable que no sean las grandes represas que desplazan pueblos enteros, inundan territorios indígenas, bosques y selvas, que agudizan el cambio climático y empobrecen a los pueblos bajo el discurso del “desarrollo sustentable”. Con Bertha platiqué mucho sobre la búsqueda de otras formas de vida digna. A ella le gustaba mucho el concepto de “Alter Natos” que acuñamos en nuestra organización Otros Mundos AC en Chiapas, México. Vimos la necesidad de convertir la resistencia activa en una propositiva que construyera nuevas formas de vida.

En este dos de septiembre se cumplen seis meses de su asesinato. Los sicarios que golpearon la puerta de su vivienda antes de la media noche esperaban otro final. Mientras Bertha acudía a la cita con los ángeles, nunca pensaron que la bala que me tocaba a mí no me segaría la vida y quedaría como único testigo de cómo los sicarios, el ejército y el Gobierno intentaron sepultarla para siempre. Pero la sembraron, porque Bertha floreció y no murió, se multiplicó en la lucha de todos los pueblos.

Desde 1999 Bertha y yo participamos en el nacer de muchos procesos de resistencia. Impulsamos junto con otras organizaciones la Convergencia de los Pueblos de las Américas, la Semana por la Diversidad Biológica y Cultural, la Red Latinoamericana contra las Represas, el Movimiento Mesoamericano contra el Plan Puebla Panamá, los Encuentros Hemisféricos contra la Militarización, el Movimiento Mesoamericano contra el Modelo Extractivo Minero, entre otros.

Desde la noche del dos en que me dejaron herido, el Gobierno de Honduras, el Ministerio Público y la Fiscalía buscaron por todos los medios imputarme del asesinato del que fueron cómplices. Por medio de un secuestro de Estado impidieron mi salida de Honduras, suspendieron del ejercicio profesional a mi abogada, entre otras tantas ilegalidades. Por ello, ante tanta violencia e impunidad decidí refugiarme en mi Embajada de México. Pese al mes de tortura psicológica y muchas otras ilegalidades, sin ley que proteja a las víctimas, sin garantías a los defensores de los derechos humanos, al fin fui liberado gracias a tanta solidaridad como la de Amnistía Internacional.

Al final, sicarios, militares, y funcionarios de la empresa DESA han sido imputados. Pero muchos funcionarios públicos son sospechosos y otros están siendo imputados. Pese a todo, seguiremos luchando por la defensa de los derechos humanos.

El único testigo del asesinato de Berta Cáceres revela más detalles sobre el suceso

Actualidad RT

El activista mexicano Gustavo Castro es el único testigo del asesinato de la ambientalista indígena hondureña Berta Cáceres. ¿Cómo recuerda aquella noche del 2 de marzo en que mataron a Berta? ¿Cómo logró sobrevivir? ¿Por qué Honduras no hace nada para proteger a los activistas medioambientales e impide que se investiguen sus asesinatos? ¿Por qué para los gobiernos resulta más barato criminalizar la protesta social que ir contra las transnacionales? Véanlo en Entrevista, de RT:

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Danielle Marie Mackey, the intercept

GUSTAVO CASTRO fue el testigo único del asesinato de la activista hondureña Berta Cáceres, el día 3 de marzo de este año. Castro, director de Otros Mundos, una organización ambiental en Chiapas, México, también recibió disparos en el ataque. Después de prohibírsele irse de Honduras, a Castro lo liberaron el día 30 de marzo, a partir de lo cual se acomodó en una ubicación no revelada. La semana pasada habló por teléfono con The Intercept sobre la noche del asesinato y las razones por las cuales el ambientalismo en Latinoamérica resulta ser tan peligroso.

La experiencia de Castro durante el último mes que estuvo en Honduras nos ofrece una mirada extraordinaria del funcionamiento del sistema de justicia hondureño, el cual se caracteriza por tener una cultura de impunidad. En repetidas ocasiones, durante los meses previos al asesinato, Cáceres dijo que estuvo siendo hostigada por Desarrollos Energéticos, SA (DESA), la compañía privada de energía detrás del proyecto hidroeléctrico Agua Zarca, al cual ella se opusó vehementemente. Después del asesinato, la familia de Cáceres señaló de inmediato a DESA. El 31 de marzo, el Ministerio Público de Honduras anunció en un comunicado de prensa que había incautado armas y documentos de la oficina de DESA y cuestionado a varios empleados.

Al ser consultado al respecto, DESA hizo la siguiente declaración: “La Junta Directiva de la empresa que desarrolla el proyecto hidroeléctrico Agua Zarca no han dado ninguna declaración ni se tiene previsto hacerlo hasta que las autoridades de investigación determinen las causas y hechores del lamentable hecho que acabo con la vida de la dirigente indígena Berta Cáceres.”

¿Qué pasó en las últimas horas con Berta Cáceres?

Yo llegué el primero de marzo a San Pedro Sula, y ese día me habían alojado en otra casa, en una casa de COPINH en La Esperanza. A Berta tenía años de no verla físicamente, pero estuvimos en contacto por correo electrónico. Yo iba a dar un taller de capacitación ambiental. Ese mismo día, Berta me dice, “hermano, véngase acá a mi casa, que acá hay internet y puede comunicarse con su familia.” Y entonces es así como ella me aloja en su casa, y estuvimos platicando un rato incluso también de las amenazas que ella recibió durante las semanas previas, intimidaciones y fuertes amenazas por parte del personal y también, al parecer, sicarios contratados por la empresa DESA, del proyecto hidroeléctrico Agua Zarca.

Entonces le decía a Berta, esta es una casa muy sola, muy alejada, ¿cómo podés quedarte acá tan sola? Entonces ese mismo día me quedé en su casa, y me puse a trabajar, para preparar el segundo día del taller, y ella estaba también en su habitación. A medianoche se oyó el portazo muy fuerte en la puerta de su casa e inmediatamente en mi cuarto entra uno de los sicarios, y paralelamente también a su habitación entra otra persona. Todo fue muy rápido, 30 segundos quizás, en donde simultáneamente la asesinan a ella y a mi me disparan. A ella la tenían bien localizada y estaban esperando a que estuviera sola, entonces yo creo que les sorprendió ver a otra persona ahí, y no sabían qué hacer, así que simplemente me dispararon y salieron corriendo.

¿Andaban tapados de la cara?

Bueno, no sé del otro, pero él que me disparó no. No tanto (logré ver la cara de la persona), pero de alguna forma ahí me convierto en el principal testigo, en el testigo protegido.

Cuando ella te mencionó que había recibido las amenazas por parte de DESA y Agua Zarca, ¿te especificó en algún momento si esa gente que le andaba persiguiendo era de las fuerzas estatales de seguridad de Honduras? ¿O que eran pandilleros o personas particulares?

No recuerdo ningún comentario así, pero más bien eran trabajadores o gente contratada a favor de la propia empresa. De hecho cuando yo me vino acá a México, el día 30 de marzo, hubo un comunicado público que sacó el Ministerio Público de Honduras en la prensa y en el que se señalaba como parte de la línea de investigación a la empresa. Incluso en el comunicado anuncian que ya habían incautado armas y cuestionado a unas personas de la empresa. Pero no querían llegar a ese punto. Antes de llegar a esa línea de la investigación, me daba la impresión que querían ver si otra línea de investigación les resultaba útil o creíble para la opinión pública nacional e internacional, pero eso era imposible, o sea, toda la gente de COPINH sabía los antecedentes de inmediato. Entonces no hallaron otra versión creíble y no tuvieron otra opción que ir sobre la empresa. Desconozco qué avances han habido en torno a esta línea de investigación.

Durante la última década han habido más de 100 asesinatos de líderes ambientalistas en Honduras. Y todos estos conflictos también vinculan mucho al ejército, a la policía. Es parte de la realidad de Honduras. En este caso muy específico, ella decía que la culpable era la empresa. La empresa era la que tenía un enfrentamiento muy fuerte, muy directo con ella.

Al principio se dijo en los medios que te cuestionaron, te llevaron al aeropuerto y que de repente te dijeron que no ibas a poder salir del país. ¿Así pasó?

Sí. Hubo mucha confusión y mal manejo también del asunto. Los primeros tres, cuatro días estuve en diligencias ahí en La Esperanza todo el tiempo. Yo podría haberme negado participar varias veces, porque uno como víctima y como testigo protegido tiene el derecho de declarar una orden preventiva por seis horas. Sin embargo nunca usé ese instrumento sino que cada vez que me pidieron más diligencias, las hice a cualquier hora, en la madrugada, cuando sea. Entonces estuve casi cuatro días sin dormir. Di la declaración ministerial, la declaración ante el fiscal, pruebas médicas, careos, reconocimiento de fotografías, etc.

Y sí, primero dijeron que me podía ir. Siempre me decían que sólo esta cosa, que solo otra cosa, que solo necesitamos una cosa más, y al final al parecer todo estaba listo. Me alistaron incluso un helicóptero para regresar a Tegucigalpa el día 5 de marzo. Por cuestiones climáticas no podían aterrizar el helicóptero, y entonces se despliega un operativo para acompañarme a Tegucigalpa por tierra. Después la fiscalía dice que iba huyéndome, lo cual es una re-mentira.

Entonces llegué a la embajada Mexicana, donde el embajador y el consulado consiguen mi boleto de avión para el 6 de marzo a las 6:20 de la mañana. Al entrar al aeropuerto, unas oficiales me esperaban, todos estaban escondidos como si fuera necesario eso, como si fuera de orientación criminal el asunto en lugar de ser yo testigo protegido y víctima. Era un operativo tan sinvergüenza, como si yo llevara un ejército a mis espaldas. Y el embajador y el consulado acompañándome. Y de repente aparecen ocho, 10 de la Fiscalía y el Ministerio Público a cerrarme la puerta y decirme que no podía salir. Además ni siquiera querían entregar ningún documento oficial. Yo sé que es un gobierno golpista pero fue tan ridículo que después estaban pidiendo disculpas al embajador y a mí, por ese papel que jugaron lo cual no era necesario. Y obviamente tenían que justificarse ante la prensa nacional e internacional con que yo me iba a huir. En ese momento yo pudiera haber dicho, yo voy. En el marco de un convenio entre México y Honduras de cooperación en materia penal, como víctima y testigo protegido, tuve el derecho de participar en las diligencias desde México. Yo no soy delincuente, soy víctima. Se les olvidaba eso.

Me dijeron, bueno, sólo una diligencia más y estás bien. Yo pedí más seguridad para el viaje de regreso, un chaleco antibalas y más acompañamiento de seguridad. Lo que me pidieron fue una declaración más pero luego resultó ser que eran careos. Al final de la noche salieron con un documento diciéndome que te quedás 30 días más. Era de una manera también ilegal, pues la jueza argumentó tratados internacionales de DDHH para imputados. Cuando mi abogada reclamaba eso, la jueza lo que hizo fue no solamente sacarla del caso sino además suspenderla de su ejercicio profesional por 15 días.

El gobierno quiso tenerme físicamente bajo su control. No tiene ley de víctimas. Tampoco hay reglamentos ni protocolos, ni presupuesto para los defensores de derechos humanos. No hay tampoco un reglamento para los testigos protegidos. Entonces ellos querían que estuviera bajo su supuesta seguridad cuando no hay ningún reglamento que les obliga a nada. Razón por la cual me quedé en la embajada de México. Pero fue un mes de una hipertensión horrible, cuando el gobierno ante tanta falta de reglamentos podía imputarme tranquilamente y llegar a la embajada en cualquier momento con una orden judicial y ante eso la embajada no hubiera podido hacer nada. Una semana antes de que yo llegara, se había disuelto el Consejo de la Judicatura, entonces no había instrumento legal para mi defensa. No había con quien demandar a un juez que cometiera un acto ilegal porque la comisión estaba disuelta. Entonces me encontré en una total indefensión jurídica. Sin abogada, porque la había suspendido su ejercicio profesional. Y parecía que ni la presión internacional ni el gobierno mexicano podían hacer nada. Entonces hubo una total inseguridad — y pues una violación permanente de mis derechos humanos.

¿En algún momento intentaron culpabilizarte oficialmente de algo?

No fue nada explícito. La prensa manejaba rumores de que desde el Ministerio Público hubo intentos de ver si podían justificar que yo estaba involucrado de alguna manera en eso. Pero con las pruebas y mis declaraciones, simplemente no podían inventar tanta farsa. Por más que le dieron vueltas, llegaron a la empresa, no tenían otra opción. Yo tuve la sensación de que por eso me detuvieron, porque si encontraban algo me querían ahí. Era una incertidumbre horrible, sobre todo porque sientes que no tienes abogado. Que tienen la capacidad de dejarte en la total indefensión jurídica.

¿Cómo explicas que oponerte a las represas hidroeléctricas resulte ser una amenaza tan grande?

No es así solamente en Honduras — también sucede en Guatemala, México, Chile, etc. Una de las razones es que las represas significan la inundación de grandes territorios de selva, de bosques, y de territorios indígenas y campesinos. Y eso genera una reacción muy fuerte de los pueblos, porque son miles y miles los desplazados violentamente.

Por otro lado, uno de los mayores negocios en este momento es la venta de energía eléctrica, especialmente en América Latina, porque los tratados de libre comercio están abriendo a las empresas transnacionales las grandes inversiones. Y eso qué significa? Por ejemplo: los tratados de libre comercio permiten a las grandes inversionistas la instalación de maquiladoras, de parques industriales, de infraestructura, de minas, todas son cosas que consumen muchísima energía y muchísima agua. Tomá en cuenta que una mina de oro utiliza de 1 a 3 millones de litros de agua cada hora, y eso implica ceder el agua de las comunidades, sus ríos, los pozos. Y utilizarlo para generar energía eléctrica para los grandes corredores industriales. Entonces la venta de la energía, y por lo tanto las inversiones en energía, son de los negocios más rentables para la gran capital. Pero implica enfrentarse en una disputa por el territorio con las comunidades campesinas e indígenas.

Si a eso le sumamos que bajo el Protocolo de Kyoto han inventado la estúpida idea que las represas generan energía limpia, entonces vemos que para ganar bonos de carbón y reducir los gases invernaderos, los países del norte invierten en represas. Por esto tenemos un mundo de construcción de represas.

Hoy casi todos los países de América Latina tienen tratados de libre comercio con los EEUU, Canadá, Europa, y algunos también con Asia. Significa que tienen que modificar su constitución, sus reglamentos ambientales que rigen el agua, la energía y la inversión extranjera, para adoptar a los nuevos marcos de libre comercio. Si no las empresas te demandan. Y para los gobiernos les es más fácil reprimir que pagar las indemnizaciones que los tratados de libre comercio les obligan a otorgar a las empresas. Sirve de ejemplo el caso de El Salvador y la mina de oro. El Salvador ha tenido que gastar millones de dólares para defenderse de la demanda de una empresa ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones, del Banco Mundial. Estamos hablando de una mina, pero imagínate 10,000, 15,000 — estamos hablando de miles de concesiones mineras en la región. Y si a eso le sumás las represas, y las carreteras, los puertos, los aeropuertos, el fracking, el petróleo, los grandes centros comerciales, las zonas económicas especiales, las ciudades modelo, los grandes conjuntos turísticos de élite — hay tantas concesiones.

Si los gobiernos hacen eco de los reclamos de derechos humanos de los pueblos — por contaminación del agua, por afectaciones de tierras, por no tomar en cuenta la información previa y consentida de las comunidades — o si expulsan a una empresa porque derramó al río su desecho tóxico, porque asesinó pueblos, porque la gente que vive cerca del sitio de la mina está enferma de cáncer como es el caso en Honduras, México y Guatemala — si los gobiernos deciden hacer algo con esos reclamos de derechos humanos, y expulsan a las industrias extractivistas, ellos tendrán que pagar millones y millones de dólares que no tienen. Cada país tendría que vender su propio país 20 veces para acabar con la deuda. Entonces no es fácil de resolver.

Eso lleva al enfrentamiento con los pueblos. Y significa un enfrentamiento cada vez más terrible por cosas como el Acuerdo Trans-Pacífico de Cooperación Económica, así que los gobiernos van a preferir criminalizar la protesta ciudadana, que antes era un derecho humano: el derecho a la movilización pacífica. Ahora todo eso lo llaman “terrorismo,” “violencia.” Es una criminalización de los derechos humanos.

En una entrevista reciente, Hillary Clinton dijo que el golpe de estado de Honduras no era ilegal. ¿Tienes una opinión al respecto?

Me parece que el gobierno al final de cuentas tuvo que justificar que otro grupo llegara al poder, y la antigüedad jurídica en Honduras permite posicionar cualquier tipo de argumento. Por ejemplo, a Zelaya una de las razones por las cuales le dijeron, “estás mal y te vamos a destituir,” es que propuso modificar la constitución para que hubiese reelección. Eso mismo es lo que ahora está haciendo el actual presidente, Juan Orlando Hernández — modificando la constitución para que haya reelección el siguiente año. Entonces por eso digo que depende de cómo lo ves. Si lo propone Zelaya, es inconstitucional y hay que destituirlo. Si lo proponen las fuerzas oligárquicas y hegemónicas, pues es legal, es democrático.

¿Cómo ves tu futuro? ¿Tienes pensamientos al respecto, o estás viviendo más día a día?

Más día a día. Me preguntan muchos si tiraré la toalla, si soy como el boxeador que ya no aguanta más y se da por vencido. Y les digo, no, esa toalla la estoy recogiendo. Esta lucha se tiene que mantener. Y yo no soy el único. Hay por toda América Latina miles de personas criminalizadas, que están siendo perseguidas y amenazadas, porque están luchando por los derechos humanos y por el bien de todo el planeta. Nos tenemos que dar cuenta de que nadie estamos exentos de esta criminalización. Como muchos amigos que han sido asesinados por resistirse. Pero somos muchos, y persistirémos en esto.

El capitalismo atroz no puede seguir así, de forma tan acelerada, extractivista. Está acabando con este planeta. Yo creo que el gran reto que tenemos es darnos cuenta que otros mundos son posibles, que podemos construir otras cosas distintas, con dignidad y con justicia. Hay agua para todos. Hay tierra para todos, hay comida para todos. No podemos seguir alimentando este sistema depredador de acumulación de capital incesante en tan pocas manos. Este sistema es insustentable en sí mismo. Entonces desde dónde estemos — en América, en Europa, en Asia — a todos nos va a afectar. Parece a veces que la crisis no llega a otros lados, y a veces los problemas que hay en EEUU, en Canadá, en Francia, en España no se vinculan de manera estructural al mismo capitalismo. Pero ojalá nos demos cuenta pronto, porque nos afectará a todos, tarde o temprano. Y yo quiero decir que estamos a tiempo todavía para hacer algo, y urge.

22 de Marzo de 2016

Opinión IMDHD, por Edgar Cortez

Gustavo Castro estaba hospedado en casa de Berta Cácerez, defensora hondureña de las comunidades indígenas y de sus territorios, cuando fue asesinada el 3 de marzo pasado. Gustavo fue testigo de los hechos y desde entonces está impedido de salir de Honduras y regresar a México.

Gustavo es un defensor de derechos humanos que durante años se ha dedicado a defender  a comunidades campesinas e indígenas afectadas por construcción de grandes presas o por la imposición de proyectos mineros. Su trabajo, junto con el equipo de la organización Otros Mundos, A. C. (http://bit.ly/1UzTfCO) lo desarrolla en México y en distintos países de América Latina ya que buscan generar coordinación entre las comunidades afectadas en todo el continente.

Luego del asesinato de Cácerez, Gustavo declaró ante el Fiscal que inició la investigación, pocas horas después la investigación fue cambiada a un fiscal especializado en asuntos indígenas y Gustavo tuvo que declarar de nueva cuenta (3 de marzo); al día siguiente participó en la reconstrucción de los hechos. Lo anterior sucedió en la comunidad de la Esperanza donde vivía y fue asesinada la líder hondureña.

El sábado 5 de marzo Gustavo viaja, protegido por consulado mexicano, a Tegucigalpa con la expectativa de regresar a México. El  domingo 6 de marzo en el aeropuerto de Tegucigalpa la policía intenta detenerlo argumentando la existencia de una prohibición de abandonar el país. Gustavo nunca fue notificado de tal decisión ni tampoco la embajada Mexicana.

Posteriormente se conoció que la Fiscalía había solicitado a una juez que impidiera la salida de Gustavo pues se requería su participación en unos careos con otras personas. La prohibición de salida del país era de sólo 30 horas.

El lunes 7 marzo Gustavo viaja de Tegucigalpa a la comunidad de la Esperanza para participar en un par de careos. Al mismo tiempo la Fiscalía solicita a la juez que extienda el plazo de 30 horas pues posiblemente no sería suficiente para realizar los careos, a lo cual la juez sin precisar razones decide ampliar el plazo hasta 30 días. Gustavo y sus abogados tienen conocimiento de la decisión hasta el 8 de marzo y sólo muchos días después obtienen el documento con la decisión de la juez.

Desde ese 7 de marzo hasta el día 15 Gustavo no es requerido para ningún otro asunto relacionado con la investigación. Será hasta el día 16 que la Fiscalía lo solicita entregue sus zapatos.

En total Gustavo ha participado en más de una decena de diligencias de investigación ante la Fiscalía y algunas más ante la juez que conocerá del juicio. Esta es la evidencia que Gustavo ha colaborado plenamente con la justicia hondureña y toda la información que tiene como testigo ya obra en poder de las autoridades.

Sin embargo a la fecha Gustavo sigue obligado a permanecer en Honduras y por tanto no puede retornar a México, no puede estar con su familia y tampoco seguir con su labor de defensor.

Gustavo permanece en Honduras a causa de las deficiencias y del  autoritarismo existente en el sistema de justicia de aquel país.  Una Fiscalía que poco avanza en esclarecer el asesinato de Berta y mantiene al mexicano por si se requiere alguna otra diligencia sin precisar cuál podría ser y cuánto tiempo puede llevar realizarla.

Una juez que reconoce que no existe legislación para determinar cómo tratar a un testigo y entonces decide tratarlo como si fuera una persona acusada y  bajo esa idea errónea ordena, sin justificación  alguna, una alerta migratoria de 30 días; impide el acceso a sus decisiones y además obstaculiza la defensa legal de Gustavo al suspender a su abogada por 15 días para que no actúe en este caso, ni en ningún otro –sólo por el hecho de solicitar copia del expediente.

Frente a este cumulo de arbitrariedades la defensa interpone tres recursos legales. Un recurso de reconsideración para que la Fiscalía retire su solicitud para que Gustavo no abandone el país. Un amparo contra la decisión de la jueza y un Habeas Corpus. Todos estos recursos deberán resolverse en los próximos días.

Amén de lo anterior, desde 2004 los gobiernos hondureño y mexicano firmaron un Tratado sobre asistencia jurídica mutua en materia penal  y, que permite que Gustavo regrese a México al existir todas las garantías de su colaboración con la investigación del asesinato de Berta Cácerez.

El gobierno hondureño reconoce la existencia del tratado pero no se ajusta al mismo, mientras que el gobierno mexicano pide apenas tibiamente que se cumpla dicho tratado, en tanto Gustavo sigue retenido en Honduras.

¿Qué más debe pasarle a Gustavo para que México exija enérgicamente a Honduras su regreso a nuestro país? ¿Sólo si se tiene un apellido ilustre –Moreira, por ejemplo– el gobierno garantizaría sus derechos? Estas preguntas requieren de inmediata respuesta.

@edgarcortezm