Categoría: Defensores y defensoras bajo ataque

Nota informativa de Otros Mundos A.C. – A 29 de noviembre 2018

Este jueves 29 de noviembre, la Primera Sala del Tribunal de Sentencias de la Corte Suprema de Honduras emitió su resolución en el juicio por el asesinato de la defensora hondureña Berta Cáceres y el intento de asesinato contra el activista mexicano Gustavo Castro. Resultó en la condena de siete de ocho hombres detenidos entre el 2016 y el 2017, pero habrá que esperar el 10 de enero 2019 para conocer su pena, después de que concluya su periodo de prisión preventiva. Mientras tanto, la familia Atala Zablah, dueña de la empresa DESA que está detrás de la autoría intelectual del asesinato, sigue en libertad.

El primer juicio en el caso del asesinato de Berta Cáceres, perpetrado el 2 de marzo 2016 por personas vinculadas a la empresa hondureña Desarrollos Energéticos S.A. (DESA) cuando coordinaba el Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH), hubiera podido ser histórico para defensores y defensoras de todo el mundo. Pero se tornó en un juicio ilegal cuando el Tribunal decidió iniciarlo el 20 de octubre 2018 a pesar de que la familia de Berta y el COPINH habían presentado un recurso de amparo en su contra después de una serie de irregularidades cometidas por el Ministerio Público de Honduras. Y como si fuera poco, el Tribunal expulsó del juicio a las representaciones legales de las acusaciones privadas, que son la familia de Berta, el COPINH y Gustavo Castro, miembro de Otros Mundos A.C. y amigo de Berta quien sobreviviera a los disparos que recibió la noche del asesinato. Tras su expulsión, las víctimas habían denunciado y desconocido «la farsa» que representa el juicio y exigido que éste sea «reiniciado y desarrollado con las garantías que corresponde», pero no fueron escuchadas.

Fue en este contexto que se emitieron hoy las siguientes sentencias:

7 de ellos fueron condenados por el asesinato de Berta Cáceres, como lo había solicitado el Ministerio Público:

• Douglas Geovany Bustillo, quien fue jefe de seguridad de DESA hasta junio de 2015, quien planeó, supervisó y dirigió en tiempo real el operativo del 2 de marzo del 2016.
• Mariano Díaz Chávez, exoficial de inteligencia de las fuerzas especiales hondureñas, involucrado en la puesta en marcha del plan para asesinar a Berta Cáceres.
• Sergio Ramón Rodríguez Orellana, gerente del área social, ambiental y de comunicaciones de DESA, quien brindaba la información y cooperación necesaria para la vigilancia de Berta Cáceres.
• Henrry Javier Hernández, trabajaba en la empresa de seguridad privada PCI y también trabajaba bajo el mando de Douglas Bustillo, con quien realizó varios operativos para la planificación del ataque del 2 de marzo de 2016, incluyendo el reconocimiento de la casa de Berta Cáceres.
• Elvin Heriberto Rápalo Orellana, quien laboraba en la construcción y es el supuesto coautor del asesinato además fue el que disparo contra el mexicano Gustavo Castro.
• Edilson Atilio Duarte Meza: su teléfono celular se ubicó en la zona de la casa de Berta Cáceres en la hora del asesinato y luego regresó rumbo al norte del país. Es uno de los principales sicarios y autores materiales que dieron muerte a Berta el 2 de marzo del 2016.
• Óscar Aroldo Torres Velásquez: La data telefónica sugiere que estuvo en La Esperanza/Intibucá junto a Henrry Hernández, Edilson Duarte, y Elvin Rápalo el día del asesinato.

El Ministerio Público había acusado aparte a estos 7 hombres del intento de asesinato contra Gustavo Castro, pero solo 4 de ellos fueron condenados por este delito:

• Henrry Javier Hernández,
• Elvin Heriberto Rápalo Orellana
• Edilson Atilio Duarte Meza
• Óscar Aroldo Torres Velásquez

1 de los encausados fue absuelto:

• Emerson Duarte Meza: El Minisiterio Público había solicitado 3 a 5 años de cárcel contra él por encubrimiento, pero fue absuelto. Hermano gemelo de Edilson Duarte Meza, es acusado por que el arma supuestamente homicida, revólver calibre 38, fue encontrada en su casa de habitación según informaron agentes del Ministerio Público. Por tanto, se le acusa de autor material del asesinato de Berta. Sin embargo, no se encuentra ninguna otra evidencia de participación, por lo cual la representación legal de la familia y COPINH ha solicitado el sobreseimiento del mismo debido a la falta de evidencia.

Estos 8 hombres permanecerán en prisión preventiva hasta el 10 de enero 2018, fecha en la cual se determinará la pena de cada uno de los condenados.

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Falta capturar a los autores intelectuales

Una novena persona, David Castillo, detenida en marzo del 2018, será juzgada en otro juicio. Es presidente del Consejo de Administración y representante legal de DESA y hasta ahora el único acusado por la autoría intelectual por el asesinato de Berta.

El Ministerio Púbico de Honduras se enorgulleció en un comunicado de haber «logrado demostrar la culpabilidad de siete acusados por la muerte de la Líder Ambientalista Berta Isabel Cáceres Flores e intento de asesinato contra un testigo protegido», presentando a los siete condenados como «los autores Intelectuales y Materiales de este lamentable asesinato que enlutó a toda Honduras». Pero el COPINH, la familia de Berta y Gustavo Castro denuncian que, si bien es cierto que con estas sentencias se condena a varios autores materiales del crimen, el fallo no permite lograr una justicia integral para Berta, ya que no contempla la verdadera autoría intelectual del crimen.

«Con este fallo el Estado no silenciará nuestra búsqueda de justicia integral. Hoy solo se juzga al eslabón más bajo de una estructura criminal impune y que sigue operando», comentó Berta Zúñiga Cáceres, hija de Berta y actual coordinadora del COPINH, a Otros Mundos A.C.

Una estructura criminal

Existen suficientes pruebas para demostrar que los autores intelectuales del asesinato de Berta se encuentran en la mesa directiva de DESA – propiedad de la familia Atala -, cuyo proyecto hidroeléctrico «Agua Zarca» estaba amenazado por la labor que realizaba la activista en defensa de los derechos colectivos del pueblo indígena Lenca, de la comunidad Río Blanco y del río Gualcarque. «La empresa DESA desarrolló una agresiva campaña contra el COPINH y Berta Cáceres que incluía el pago de informantes dentro de la comunidad de Río Blanco para dar seguimiento a toas las acciones y movimientos de Berta Cáceres», resume el COPINH en la «Cronología de la planificación y ejecución del asesinato de Berta Cáceres», disponible en su página web. «Esta labor era dirigida por los directivos de la empresa, David Castillo y Daniel Atala Midence, monitoreada por los demás directivos e implementada por Sergio Rodríguez y los jefes de seguridad Douglas Bustillo y Jorge Ávila», precisa la organización.

Entre las pruebas están las discusiones que tuvieron por una parte Douglas Bustillo y David Castillo sobre un intento de asesinato contra Berta Cáceres abortado en febrero 2016 por falta de logística y medios; y por otra parte David Castillo, Sergio Rodriguez y Jorge Ávila (otros jefe de seguridad de DESA) en un chat WhatsApp titulado «Seguridad PHAZ» en el que estuvieron dando seguimiento a las acciones y movimientos del COPINH y de Berta hasta la víspera del asesinato.

«Jurídicamente, la estructura criminal que ejecutó el crimen contra Berta Cáceres y Gustavo Castro es responsable, al menos, de los delitos de asociación ilícita, asesinato y tentativa de asesinato conforme lo establece el artículo 332 y 117 del Código Penal vigente», denunció el COPINH en su artículo titualdo «¿Qué ha pasado en el primer juicio de la causa Berta Cáceres?».

El fallo incita a cometer más crímenes contra defensores y defensoras del territorio

Por la ausencia de la representación de las víctimas y el rechazo a remediar una serie de irrgeulridades denunciadas por el COPINH desde el inicio del proceso legal en 2016, este juicio no permite revelar y menos condenar esta estructura criminal que asesinó a Berta, ya que el Tribunal de Sentencias se rehusó a considerar como prueba la pericia sobre los antecedente del juicio, es decir las pruebas del largo proceso de hostigamiento y asesinatos llevado a cabo por DESA en contra de la comunidad de Río Blanco e integrantes del COPINH y que llevó a los hechos del 2 de marzo 2016.

Esta omisión refleja  la clara intención del gobierno de Honduras de solapar a la poderosa familia Atala, aliada del Partido Nacional del actual presidente Juan Orlando Hernandez (JOH), quien se mantuvo al poder en noviembre 2017 mediante un fraude electoral. Envía un peligroso mensaje alentador a las empresas extractivas que en muchas comunidades campesinas, indígenas y afrodescendientes del mundo que sufren la invasión de sus territorios y la violación de sus derechos colectivos por parte de empresas extractivas. Afirma ante la comunidad internacional un firme rechazo del gobierno hondureño a romper con la impunidad, responsable de más de 200 asesinatos de defensores y defensoras del territorio en todo el mundo cada año.

Retomando las palabras del COPINH, este juicio «configura un ambiente favorable para que se sigan cometiendo más crímenes selectivos en contra de comunidades y liderazgos que resisten a la estructura económica criminal que impulsa el modelo de extracción y mercantilización de la riqueza de los pueblos».

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Más información:

Comunicado de la Familia de Berta, el COPINH, Gustavo Castro y los equipos legales de la causa ante el fallo

[AUDIO] Palabra de la hija de Berta Cáceres en el juicio

VIDEO: Participación de Gustavo Castro en el Foro «La verdad de la causa Berta Cáceres»

Pronunciamiento de la Iniciativa Mesoamericana de Mujeres Defensoras (IM-Defensoras) – Mesoamérica, a 29 de octubre 2018

Las defensoras mesoamericanas articuladas en la IM-Defensoras nos declaramos en rebeldía y alzamos nuestras voces en solidaridad con el Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH) y la familia de nuestra compañera Berta Cáceres para denunciar las múltiples irregularidades y, en definitiva, la farsa en la que se está convirtiendo el juicio por su femicidio político y por el intento de asesinato de Gustavo Castro.

De acuerdo con lo expresado por el COPINH en sus recientes comunicados, el juicio inició el pasado 20 de octubre de manera ilegal, ya que no se había resuelto la recusación interpuesta en contra del Tribunal que conoce el caso y con la exclusión de las representaciones de las víctimas. Ello vino acompañado de la decisión de imponer al Ministerio Público como representante de las víctimas, lo que supone un flagrante atropello a la dignidad de las víctimas puesto que, en palabra de Bertha Zúñiga, coordiandora del COPINH e hija de Berta Cáceres: «El Ministerio Público nunca ha representado ni representará a las víctimas sino a los victimarios detrás del asesinato de Berta Cáceres, ocultando información y negando nuestros derechos a participar del proceso legal».

Estas vulneraciones y perversiones del proceso judicial se suman a las múltiples irregularidades cometidas por las instituciones hondureñas de justicia desde el inicio del proceso, tales como la falta de acceso a la información, la falta de investigación del Ministerio Público, la destrucción y alteración de pruebas, la falta de voluntad de perseguir a los autores intelectuales o la falta de protección de los derechos de las víctimas, entre otras. Lo cual a todas luces parece orientado a asentar la base sobre la que dar apariencia de justicia a un nuevo ejercicio de impunidad para proteger a los actores intelectuales del femicidio político de Berta Cáceres y eludir reconocer la responsabilidad del Estado en el mismo.

Por ello, desde la IM-Defensoras:

• Expresamos nuestro absoluto apoyo y solidaridad con el COPINH y las víctimas del caso Berta Cáceres.
• Exigimos la suspensión del juicio hasta que no se resuelva en firme la recusación interpuesta en contra del Tribunal que conoce el caso y se garantice la representación de las víctimas.
• Repudiamos y condenamos la evidente estrategia del Estado hondureño orientada a dejar en la impunidad a los actores materiales e intelectuales del femicidio político de nuestra compañera Berta Cáceres y a eludir su reponsabilidad en el mismo.
• Hacemos un llamado a la comunidad internacional para que se solidarice con el COPINH, la familia de Berta Cáceres y Gustavo Castro y se mantenga alerta y al pendiente de la evolución de los acontecimientos.

Más información:

Juicio sobre el caso Berta Cáceres: Nos declaramos en rebeldía contra la farsa y la injusticia

Segundo informe de la Misión de observación del juicio de Berta Cáceres: Graves irregularidades obstaculizan la verdad y la justicia

Comunicado de la familia de Berta Cáceres, Gustavo Castro, el COPINH, el MADJ y C-Libre – Tegucigalpa, Honduras, a 24 de octubre 2018

 Familiares de Berta Cáceres, miembros del COPINH, del MADJ y de C-LIBRE en conferencia de prensa en Tegucigalpa el 24 de octubre 2018 (Foto: COPINH) [Ver el video de la conferencia aquí]

La familia de Berta Cáceres, Gustavo Castro, el Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH), junto a los equipos legales del Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia (MADJ) y el Comité por la Libertad de Expresión (C-Libre) ante las recientes actuaciones del sistema de justicia hondureño comunicamos lo siguiente:

• Desconocemos de manera rotunda las actuaciones de la sala primera del Tribunal de Sentencias que pretende excluir a las víctimas y sus representantes legales del primer juicio por el asesinato de la compañera Berta Cáceres y la tentativa de asesinato de Gustavo Castro.

• Denunciamos que el tribunal compuesto por Esther Carolina Flores, Anaim Orellana, Delia Villatoro y Jocelyn Donaire, está desarrollando una farsa. Todas sus actuaciones son ilegales mientras se encuentren recusados y deben ser anuladas. El juicio debe ser reiniciado y desarrollado con las garantías que corresponde.

• Declaramos que no vamos a participar de la farsa en la que se ha convertido este proceso judicial y reivindicamos nuestra determinación de agotar todas las instancias y herramientas para que se garantice la participación efectiva y un juicio justo.

Las víctimas, junto a nuestros representantes legales hemos develado una férrea confabulación de todos los actores del sistema de justicia para evitar que se conozca la verdad en el crimen de Berta Cáceres y evitar que se lleve a la justicia a los autores intelectuales de su asesinato, quienes no están en este juicio.

Hemos develado la falta de acceso a la información, la falta de investigación del Ministerio Público, la destrucción y alteración de pruebas, la falta de voluntad de perseguir a los autores intelectuales, la falta de protección de los derechos de las víctimas e incluso de los acusados y por eso pretenden excluirnos.

Como represalia pretenden evitar la participación del juicio a la madre, hijas, hijo y hermanos de vida y lucha de Berta Cáceres y así mismo la participación de Gustavo Castro.

Las pruebas demuestran la participación en el crimen de los empleados de la empresa DESA; Sergio Rodríguez y Douglas Bustillo, así como de los militares Mariano Díaz y Henrry Hernández junto a un grupo de sicarios, pero el juicio contra ellos busca ocultar la verdad de quienes pagaron y ordenaron realmente el asesinato.

Se equivoca el Tribunal de Sentencias presidido por Esther Carolina Flores, así como las autoridades de la Corte Suprema de Justicia, si piensan que pueden callarnos o inmovilizarnos en nuestra búsqueda de justicia.

No descansaremos hasta que estén castigados todos los autores intelectuales del asesinato de Berta Cáceres y del intento de asesinato de Gustavo Castro.

La comunidad internacional no debe avalar este atropello a la justicia. El Estado de Honduras tendrá que responder internacionalmente por sus faltas.

La sed de justicia es muy grande, sus resoluciones ilegales no la pararán.

Foto: Las hijas de Berta Cáceres, Berta y Laura, dice: «El Ministerio Público no me representa.» (Crédito: COPINH)

MÁS INFORMACIÓN:

Dejan al COPINH y a la familia de Berta Cáceres sin defensa legal por luchar por un juicio justo

La página web del caso

ENGLISH:

We declare our rebellion against this farce and injustice

Nota informativa de Otros Mundos A.C. – A 19 de octubre 2018

El Tribunal de Sentencias de la Corte Suprema de Honduras ha decidido este viernes 19 de octubre dejar sin representación legal a las víctimas en la causa del asesinato de la defensora hondureña Berta Cáceres. Retiró del caso a los abogados de la familia y del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH), organización que coordinaba Berta cuando fue matada a balazos en su casa en La Esperanza, Intibucá, Honduras, el 2 de marzo 2016.

El Tribunal había llamado a iniciar hoy el primer juicio oral en el caso de este asesinato, a pesar de que no existieran las condiciones para que este proceso garantice verdad y justicia para las víctimas. Para que esto no sucediera, el equipo legal de la familia de Berta y del COPINH presentó un recurso de amparo en relación a la competencia que tiene el tribunal para llamar a juicio. «¡Si no hay debido proceso no puede haber juicio!», comunicó la organización.

Este juicio injusto ya ha sido suspendido dos veces, el 17 de septiembre y el 15 de octubre, gracias a una serie de recursos legales interpuestos por el COPINH y la familia de Berta, que buscan acabar con las múltiples irregularides cometidas por el Ministerio Público (MP) [Ver infografía 1]. Esperan que no inicie el juicio hasta que estén las condiciones adecuadas para que el éste permita no solo esclarecer los hechos ocurridos el 2 de marzo 2016, sino demostrar que Berta fue asesinada por su trabajo político en defensa del pueblo Lenca y el río Gualcarque contra el proyecto hidroeléctrico «Agua Zarca». Un proyecto de la empresa Desarrollos Energéticos S.A. (DESA), vinculada al poder y que hizo sufrir al COPINH un largo proceso de represión, persecución y asesinatos antes del 2 de marzo.

A pesar de que el COPINH haya denunciado las irregularidades del MP desde la apertura de la investigación en el 2016, como la falta de acceso de las víctimas a la información del caso, su actitud fue empeorando con el tiempo. En las audiencias de presentación de pruebas que se llevaron a cabo a fines de agosto, por ejemplo, anunció que le faltaba aún analizar varios peritajes de gran importancia [ver Infografía 2], por lo que las víctimas no disponen de todas las pruebas disponibles que permitan sustentar sus acusaciones. Y a pesar de ello, el Tribunal de Sentencias pretende iniciar el juicio.

INFOGRAFÍA 1

 INFOGRAFÍA 2:

La batalla legal del COPINH y la familia de Berta incluye una recusación contra el Tribunal de Sentencias; un amparo para exigir que el COPINH sea representado como víctima en el juicio; dos amparos para exigir que sean incorporadas a las pruebas la pericia sobre los antecedentes del asesinato; un amparo para exigir que toda la audiencia sea transmitida en vivo. Varios de éstos recursos se encuentran aún en curso, por lo que el Tribunal de Sentencias no debería ni poder llamar a juicio, como bien lo demostró el COPINH el lunes 15 de octubre al lograr por segunda vez la suspensión del juicio. «La convocatoria a juicio es ilegal ya que el tribunal continúa imposibilitado para llevar el proceso», había alerta el COPINH ese día.

El plazo de la detención preventiva de cinco de las ocho personas acusadas del crimen y que deben ser juzgadas en este proceso vence el 2 de noviembre, pero para la familia de Berta y su organización esto no justifica que se lleve a cabo un juicio a bajo costo. Sobre este punto, el COPINH declaró que «frente a este posible escenario los abogados de las víctimas han presentado el pasado 12 de octubre una carta pública al Fiscal General, solicitándole que inste a su equipo fiscal, que tiene información sobre los ataques previos en contra del COPINH y de Berta, que presenten la acusación en contra de los detenidos por el delito de asociación ilícita lo cual renovaría el periodo de la prisión preventiva».

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Nota informativa de Otros Mundos A.C. – A 11 de octubre 2018

El pasado 17 de septiembre, el mundo estaba esperando con ansias el inicio de un juicio histórico: el primer juicio en el caso del asesinato de la defensora hondureña Berta Cáceres, donde iban a ser juzgadas ocho personas acusadas de ser los autores materiales del crimen. Pero el juicio fue postergado debido a múltiples irregularidades perpetradas por el Tribunal de Sentencias de la Corte Suprema de Justicia de Honduras donde se iba a desarrollar. Dado que la detención preventiva de cuatro de los imputados vence el 2 de noviembre, el Ministerio Público de Honduras tiene poco tiempo para resolver la situación y asegurar que el proceso se pueda llevar a cabo en las condiciones más justas posibles para las víctimas. A partir de esa fecha, los imputados tendrían que salir de la cárcel y continuar el proceso bajo otra medida cautelar como la prisión domiciliaria, por ejemplo.

«A pesar de todo el dinero que EEUU y Europa envían para financiar el sistema de justicia hondureño, tanto el Ministerio Público como los tribunales que han conocido el caso han fallado en investigar y llevar un proceso que cumpla con los estándares internacionales», denunció el Consejo de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH) en un comunicado el 10 de octubre. «El vencimiento del tiempo de la prisión preventiva por la negligencia de las autoridades, es una muestra más de la impunidad cabalgante y de la utilización del poder judicial como un instrumento político por parte del régimen en el poder.»

Recordemos que Berta fue ejecutada el 2 de marzo 2016 cuando coordinaba el COPINH. La mataron personas vinculadas a la empresa Desarrollos Energéticos S.A. (DESA), constructora de la represa hidroeléctrica Agua Zarca a la cual ella y el pueblo Lenca resistían, por lo que su caso se convirtió en el símbolo de la impunidad y la violencia que caracterizan el avance del modelo extractivo en territorios indígenas, campesinos y afrodescendientes de todo el mundo. De allí la exigencia del COPINH y la familia de Berta de exigir justicia, pero «no a toda costa», y un juicio que permita develar el patron de actuación de DESA y del gobierno hondureño.

Desde el año pasado, han estado denunciando las múltiples violaciones a los derechos de las víctimas perpetradas por el Ministerio Público (MP), como por ejemplo: violación del derecho de las víctimas al acceso a la información desde el inicio de las investigaciones, la falta de análisis de pruebas, la no entrega de la información digital recolectada en las oficinas de DESA, el rehuso a llamar a testificar a los dueños de DESA. Pero ante la falta de respuesta del MP a las exigencias de las víctimas y la complicidad del Tribunal de Sentencias el cual quiere realizar el juicio a pesar de dichas irrgularidades, el COPINH y la familia de Berta tuvieron que emprender varios recursos legales al momento de iniciarse el juicio.

Recusaron al Tribunal de Sentencias, es decir que exigieron un cambio de tribunal para evitar que el juicio se desarrolle en condiciones injustas, por lo que se suspendió el juicio el 17 de septiembre. Desgraciadamente, esta recusación fue declarada sin lugar y ahora está en proceso de Apelación. «Esta recusación es la última oportunidad de que en el juicio existan condiciones adecuadas», insiste Berta Zúñiga Cáceres, hija de Berta y actual coordinadora del COPINH. «Buscamos tener el acceso completo a la información digital que hasta ahora sigue incompleta ya que el Ministerio Público no termina de entregar todo la información».

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Aparte, interpusieron cuatro amparos ante la Corte de Apelaciones para garantizar un debido proceso, ninguno de los cuales ha sido resuelto aún:

• Uno para exigir que el COPINH sea representado como víctima en el juicio. Este amparo fue admitido pero aún no resuelto. Sigue su curso, pero podría durar meses.

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• Dos para exigir que sean incorporadas a las pruebas la pericia sobre los antecedentes del asesinato. Estos elementos son indispensables para evidenciar que el asesinato de Berta no fue fortuito sino motivado por intereses políticos y económicos amenazados por el trabajo de la defensora. Estos amparos no fueron admitidos, pero van a ser repuestos para que se reconsidere la decisión.
• Uno para exigir que toda la audiencia sea transmitida en vivo. Debido el carácter sintético del asesinato de Berta, es fundamental que las comunidades hondureñas así como las organizaciones nacionales e internacionales puedan dar seguimiento a las audiencias. Este amparo no fue admitido, ha sido repuesto y se está esperando la nueva decisión.

El COPINH insiste para que el juicio no se realice hasta que se resuelvan estos cinco recursos legales y existan las condiciones básicas necesarias para desarrollar un juicio justo que permita llegar a la verdad. Por ello aún no se tiene la nueva fecha de inicio del juicio. El riesgo es que para acelerar el proceso antes del plazo del 2 de noviembre, el Ministerio resuelve todos los recursos en contra del COPINH y la familia de Berta.

Por ello, es importante firmar esta petición para exigir un juicio justo y seguirnos informando sobre el desarrollo y los retos de este proceso, a través de la radio novela «Justicia Para Berta, Justicia Para los Pueblos» y el nuevo sitio http://berta.copinh.org/. Además, ante la fuerte campaña de represión y difamación que está sufriendo actualmente el COPINH por parte del gobierno y DESA, debemos seguir difundiendo información sobre la responsabilidad de la empresa DESA en el asesinato de Berta a través de la campaña #DESACulpable.

El 12 de octubre, día de la resistencia indígena, se llevarán tres eventos informativos:

• Una conferencia de prensa del COPINH en el Ministerio Público, en Tegucigalpa, Honduras: el COPINH presentará una nueva denuncia ante el Ministerio Público relacionada a la causa de Berta

• El Festival «Voces para Berta» en la Universidad Nacional de Honduras, en Tegucigalpa, Honduras, convocado por el COPINH
• El conservatorio «Justicia Para Berta, Justicia para el Pueblo Lenca» en el Foro Cultural Independiente Kinoki, en San Cristóbal de las Casas, Chiapas, México: convocado por Otros Mundos A.C., la red de Comunicadores y comunicadoras Populares Por la Autonomía (COMPPA) y el Guancasco de Medios

¡Les esperamos!

Berta Cáceres fue asesinada el 2 de marzo 2016 por defender el pueblo Lenca y el río Gualcarque ante la construcción de la presa Agua Zarca por la empresa DESA, cuando coordinaba el Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígnas de Honduras (COPINH).

El juicio de los autores materiales del crimen debía iniciar el pasado 17 de septiembre. Pero debido a múltiples irregularidades por parte del Ministerio Público de Honduras y violaciones al derecho de los familiares de Berta y del COPINH a un proceso justo, el juicio fue postergado.

Les invitamos a este conversatorio para informarse sobre este caso judicial emblemático de la violencia perpetrada por gobiernos y empresas extractivas contra defensores y defensoras de los derechos colectivos y la naturaleza. Nos enlazaremos con personas directamente implicadas en el caso desde Honduras para profundizar el tema.

>> Lee más sobre el caso: https://berta.copinh.org/

>> Escucha la radio novela «Justicia para Berta, Justicia para los Pueblos» en línea y en la Frecuencia Libre

>> Firma esta petición para exigir un juicio justo para Berta Cáceres y el COPINH

>> #DESACulpable: Campaña para juzgar a los autores intelectuales del asesinato de Berta Cáceres

Les compartimos la radio novela «Justicia para Berta, Justicia para los pueblos», producida por el Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH) y disponible en línea en la página de la Red Mesoamericana de Radios Comunitarias Indígenas, Garífunas y Feministas de Honduras y Guatemala, aquí.

Capítulo 1:  Empecemos por el principio > Escuchar y descargar el capítulo

Capítulo 2: Las agresiones contra Rio Blanco > Escuchar y descargar el capítulo

Capítulo 3: Asesinaron a la compañera Berta > Escuchar y descargar el capítulo

Capítulo 4: Los asesinos > Escuchar y descargar el capítulo

Capítulo 5: Quienes faltan por detener > Escuchar y descargar el capítulo

Capítulo 6: Estructura criminal > Escuchar y descargar el capítulo

Capítulo 7: El Extractivismo > Escuchar y descargar el capítulo

Capítulo 8: Caso Modelo > Escuchar y descargar el capítulo

Capítulo 9: El Ministerio Público > Escuchar y descargar el capítulo

Esta serie radial busca contribuir al proceso de justicia para la compañera Berta Cáceres, coordinadora del COPINH asesinada el 2 de marzo 2016 por defender al río Gualcarque y al pueblo indígena lenca en Honduras. Su caso es emblemático de la terrible represión que sufren los defensores y las defensoras de los territorios en Honduras y el mundo.

El juicio oral y público debía iniciar el 17 de septiembre en el Tribunal de Sentencias de la Corte Suprema de Justicia de Honduras en la capital, Tegucigalpa. Pero tras las numerosas irregularidades cometidas por este Tribunal, el COPINH tuvo que recusar a sus integrantes y exigir un cambio de tribunal, así como el derecho de participar como víctima en el proceso. Por ahora, esta última demanda no ha sido resuelta a favor del COPINH, por lo que el juicio sigue suspendido.

Berta fue asesinada por representar la resistencia del pueblo lenca a la construcción de la presa hidroeléctrica «Agua Zarca». Gracias a una investigación independiente, el COPINH y la familia de Berta lograron demostrar que la empresa Desarrollos Energéticos S.A. (DESA), encargada del proyecto, está involucrada en este crimen. Por ello, lograr justicia para Berta es lograr justicia para los pueblos criminalizados, atacados y asesinados por oponerse a empresas extractivas.

Si usted vive en Honduras, puede escuchar esta producción cada jueves en la 97.1FM a las 2 PM en la zona suroccidental y en Radio Progreso 103.3 a las 8 PM en la zona norte y centro.

>> Comparta la info: #NoMásImpunidad #JusticiaParaBerta #BertaViveCOPINHSigue <<

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«Represa de la violencia»: Informe de los investigadores del GAIPE sobre el caso Berta Cáceres

ITALIANO – DEUTSCH – FRANÇAIS

El Estado hondureño tiene el deber y la oportunidad de mostrar al mundo a través de este proceso judicial que es posible luchar contra la impunidad. Llamamos a que en este juicio se permita esclarecer, no solamente los hechos del 2 de marzo, sino todos los antecedentes y el contexto en el que se produce este crimen contra Berta Cáceres, la coordinadora general del COPINH y lideresa del pueblo indígena Lenca.

>> FIRMA AQUÍ <<

Los abajo firmantes hemos dado seguimiento del caso del asesinato de Berta Cáceres y de Gustavo Castro en tentativa de homicidio desde el día 2 de marzo de 2016. Nunca habían estado los reflectores de todo el mundo atentos a un acontecimiento como éste. Honduras ha estado en la lupa de la comunidad internacional y ha observado la cantidad impresionante de violaciones a los derechos de las víctimas durante el proceso así como violaciones a sus mismas regulaciones procesales.

Ha sido evidente cómo la conducción de la fiscalía integrada por los fiscales Ingrid Figueroa, Melissa Aguilar, Javier Núñez, David Salgado, Roger Matus, Roberto Blen, bajo la dirección del Fiscal General, Oscar Chinchilla, ha significado, de mala fe e incluso dolo, la obstaculización del proceso judicial, al evitar la realización de peritajes, entorpecer el debido proceso, ocultar información, operar con negligencia en las investigaciones, imposibilitar el análisis de pruebas y peritajes, así como evitar a toda costa el análisis de pruebas de los allanamientos que implican a la empresa DESA y la familia Atala.

Una y otra vez el Ministerio Público se ha negado a presentar la información y los peritajes fundamentales para el proceso de búsqueda de la verdad, ha sido la regla de su actuación y esto merece una corrección ejemplar.

El gobierno hondureño se negó a la creación de una Comisión Independiente que garantizara una adecuada investigación para la procuración de justicia, y ahora se ven las consecuencias de ello.

Por otro lado, los jueces del Tribunal de Sentencia responsables de la resolución de este primer proceso judicial, Esther Carolina Flores, José Anaím Orellana y Delia Lizeth Villatoro, han negado que el COPINH sea reconocido como víctima cuando es obvio que el actor fundamental como defensor de los Derechos Humanos es el colectivo indígena; además no han admitido la propuesta de testigos claves que den fe de la actuación de empleados de DESA frente al crimen y se niega a la transmisión en vivo de las audiencias y del juicio. Nos preguntamos, ¿quiénes son los beneficiados de que no se conozca y evidencie en el juicio el contexto del crimen de Berta?

Nos preocupa además, el trato discriminatorio y racista por parte de las autoridades de la Corte Suprema de Justicia contra los miembros del COPINH que claman justicia y que ejercen su derecho a la verdad al presentarse a observar las audiencias y ser maltratados por su proveniencia. La observancia de las garantías para que el pueblo Lenca representado por el COPINH participe del juicio debe ser una prioridad entendiendo la trascendencia de este proceso.

El gobierno hondureño se negó a la creación de una Comisión Independiente que garantizara una adecuada investigación para la procuración de justicia, y ahora se ven las consecuencias de ello.

El Estado hondureño tiene el deber y la oportunidad de mostrar al mundo a través de este proceso judicial que es posible luchar contra la impunidad. Que en Honduras existe el Estado de Derecho y un Poder Judicial autónomo sin intereses más que la procuración de justicia, verdad y la garantía por los Derechos Humanos, por eso llamamos a que en este juicio se permita esclarecer, no solamente los hechos del 2 de marzo, sino todos los antecedentes y el contexto en el que se produce este crimen contra Berta Cáceres, la coordinadora general del COPINH y lideresa del pueblo indígena Lenca. Esperamos que cumplan con ese deber y abonen a saldar la deuda con las víctimas de este condenable crimen.

Atentamente,

>> FIRMA AQUÍ <<

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