Categoría: Defensores y defensoras bajo ataque

Nota informativa de Otros Mundos A.C. – A 19 de octubre 2018

El Tribunal de Sentencias de la Corte Suprema de Honduras ha decidido este viernes 19 de octubre dejar sin representación legal a las víctimas en la causa del asesinato de la defensora hondureña Berta Cáceres. Retiró del caso a los abogados de la familia y del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH), organización que coordinaba Berta cuando fue matada a balazos en su casa en La Esperanza, Intibucá, Honduras, el 2 de marzo 2016.

El Tribunal había llamado a iniciar hoy el primer juicio oral en el caso de este asesinato, a pesar de que no existieran las condiciones para que este proceso garantice verdad y justicia para las víctimas. Para que esto no sucediera, el equipo legal de la familia de Berta y del COPINH presentó un recurso de amparo en relación a la competencia que tiene el tribunal para llamar a juicio. “¡Si no hay debido proceso no puede haber juicio!”, comunicó la organización.

Este juicio injusto ya ha sido suspendido dos veces, el 17 de septiembre y el 15 de octubre, gracias a una serie de recursos legales interpuestos por el COPINH y la familia de Berta, que buscan acabar con las múltiples irregularides cometidas por el Ministerio Público (MP) [Ver infografía 1]. Esperan que no inicie el juicio hasta que estén las condiciones adecuadas para que el éste permita no solo esclarecer los hechos ocurridos el 2 de marzo 2016, sino demostrar que Berta fue asesinada por su trabajo político en defensa del pueblo Lenca y el río Gualcarque contra el proyecto hidroeléctrico “Agua Zarca”. Un proyecto de la empresa Desarrollos Energéticos S.A. (DESA), vinculada al poder y que hizo sufrir al COPINH un largo proceso de represión, persecución y asesinatos antes del 2 de marzo.

A pesar de que el COPINH haya denunciado las irregularidades del MP desde la apertura de la investigación en el 2016, como la falta de acceso de las víctimas a la información del caso, su actitud fue empeorando con el tiempo. En las audiencias de presentación de pruebas que se llevaron a cabo a fines de agosto, por ejemplo, anunció que le faltaba aún analizar varios peritajes de gran importancia [ver Infografía 2], por lo que las víctimas no disponen de todas las pruebas disponibles que permitan sustentar sus acusaciones. Y a pesar de ello, el Tribunal de Sentencias pretende iniciar el juicio.

INFOGRAFÍA 1

 INFOGRAFÍA 2:

La batalla legal del COPINH y la familia de Berta incluye una recusación contra el Tribunal de Sentencias; un amparo para exigir que el COPINH sea representado como víctima en el juicio; dos amparos para exigir que sean incorporadas a las pruebas la pericia sobre los antecedentes del asesinato; un amparo para exigir que toda la audiencia sea transmitida en vivo. Varios de éstos recursos se encuentran aún en curso, por lo que el Tribunal de Sentencias no debería ni poder llamar a juicio, como bien lo demostró el COPINH el lunes 15 de octubre al lograr por segunda vez la suspensión del juicio. “La convocatoria a juicio es ilegal ya que el tribunal continúa imposibilitado para llevar el proceso”, había alerta el COPINH ese día.

El plazo de la detención preventiva de cinco de las ocho personas acusadas del crimen y que deben ser juzgadas en este proceso vence el 2 de noviembre, pero para la familia de Berta y su organización esto no justifica que se lleve a cabo un juicio a bajo costo. Sobre este punto, el COPINH declaró que “frente a este posible escenario los abogados de las víctimas han presentado el pasado 12 de octubre una carta pública al Fiscal General, solicitándole que inste a su equipo fiscal, que tiene información sobre los ataques previos en contra del COPINH y de Berta, que presenten la acusación en contra de los detenidos por el delito de asociación ilícita lo cual renovaría el periodo de la prisión preventiva”.

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>> Infórmate sobre el caso <<

Nota informativa de Otros Mundos A.C. – A 11 de octubre 2018

El pasado 17 de septiembre, el mundo estaba esperando con ansias el inicio de un juicio histórico: el primer juicio en el caso del asesinato de la defensora hondureña Berta Cáceres, donde iban a ser juzgadas ocho personas acusadas de ser los autores materiales del crimen. Pero el juicio fue postergado debido a múltiples irregularidades perpetradas por el Tribunal de Sentencias de la Corte Suprema de Justicia de Honduras donde se iba a desarrollar. Dado que la detención preventiva de cuatro de los imputados vence el 2 de noviembre, el Ministerio Público de Honduras tiene poco tiempo para resolver la situación y asegurar que el proceso se pueda llevar a cabo en las condiciones más justas posibles para las víctimas. A partir de esa fecha, los imputados tendrían que salir de la cárcel y continuar el proceso bajo otra medida cautelar como la prisión domiciliaria, por ejemplo.

“A pesar de todo el dinero que EEUU y Europa envían para financiar el sistema de justicia hondureño, tanto el Ministerio Público como los tribunales que han conocido el caso han fallado en investigar y llevar un proceso que cumpla con los estándares internacionales”, denunció el Consejo de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH) en un comunicado el 10 de octubre. “El vencimiento del tiempo de la prisión preventiva por la negligencia de las autoridades, es una muestra más de la impunidad cabalgante y de la utilización del poder judicial como un instrumento político por parte del régimen en el poder.”

Recordemos que Berta fue ejecutada el 2 de marzo 2016 cuando coordinaba el COPINH. La mataron personas vinculadas a la empresa Desarrollos Energéticos S.A. (DESA), constructora de la represa hidroeléctrica Agua Zarca a la cual ella y el pueblo Lenca resistían, por lo que su caso se convirtió en el símbolo de la impunidad y la violencia que caracterizan el avance del modelo extractivo en territorios indígenas, campesinos y afrodescendientes de todo el mundo. De allí la exigencia del COPINH y la familia de Berta de exigir justicia, pero “no a toda costa”, y un juicio que permita develar el patron de actuación de DESA y del gobierno hondureño.

Desde el año pasado, han estado denunciando las múltiples violaciones a los derechos de las víctimas perpetradas por el Ministerio Público (MP), como por ejemplo: violación del derecho de las víctimas al acceso a la información desde el inicio de las investigaciones, la falta de análisis de pruebas, la no entrega de la información digital recolectada en las oficinas de DESA, el rehuso a llamar a testificar a los dueños de DESA. Pero ante la falta de respuesta del MP a las exigencias de las víctimas y la complicidad del Tribunal de Sentencias el cual quiere realizar el juicio a pesar de dichas irrgularidades, el COPINH y la familia de Berta tuvieron que emprender varios recursos legales al momento de iniciarse el juicio.

Recusaron al Tribunal de Sentencias, es decir que exigieron un cambio de tribunal para evitar que el juicio se desarrolle en condiciones injustas, por lo que se suspendió el juicio el 17 de septiembre. Desgraciadamente, esta recusación fue declarada sin lugar y ahora está en proceso de Apelación. “Esta recusación es la última oportunidad de que en el juicio existan condiciones adecuadas”, insiste Berta Zúñiga Cáceres, hija de Berta y actual coordinadora del COPINH. “Buscamos tener el acceso completo a la información digital que hasta ahora sigue incompleta ya que el Ministerio Público no termina de entregar todo la información”.

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Aparte, interpusieron cuatro amparos ante la Corte de Apelaciones para garantizar un debido proceso, ninguno de los cuales ha sido resuelto aún:

• Uno para exigir que el COPINH sea representado como víctima en el juicio. Este amparo fue admitido pero aún no resuelto. Sigue su curso, pero podría durar meses.

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• Dos para exigir que sean incorporadas a las pruebas la pericia sobre los antecedentes del asesinato. Estos elementos son indispensables para evidenciar que el asesinato de Berta no fue fortuito sino motivado por intereses políticos y económicos amenazados por el trabajo de la defensora. Estos amparos no fueron admitidos, pero van a ser repuestos para que se reconsidere la decisión.
• Uno para exigir que toda la audiencia sea transmitida en vivo. Debido el carácter sintético del asesinato de Berta, es fundamental que las comunidades hondureñas así como las organizaciones nacionales e internacionales puedan dar seguimiento a las audiencias. Este amparo no fue admitido, ha sido repuesto y se está esperando la nueva decisión.

El COPINH insiste para que el juicio no se realice hasta que se resuelvan estos cinco recursos legales y existan las condiciones básicas necesarias para desarrollar un juicio justo que permita llegar a la verdad. Por ello aún no se tiene la nueva fecha de inicio del juicio. El riesgo es que para acelerar el proceso antes del plazo del 2 de noviembre, el Ministerio resuelve todos los recursos en contra del COPINH y la familia de Berta.

Por ello, es importante firmar esta petición para exigir un juicio justo y seguirnos informando sobre el desarrollo y los retos de este proceso, a través de la radio novela “Justicia Para Berta, Justicia Para los Pueblos” y el nuevo sitio http://berta.copinh.org/. Además, ante la fuerte campaña de represión y difamación que está sufriendo actualmente el COPINH por parte del gobierno y DESA, debemos seguir difundiendo información sobre la responsabilidad de la empresa DESA en el asesinato de Berta a través de la campaña #DESACulpable.

El 12 de octubre, día de la resistencia indígena, se llevarán tres eventos informativos:

• Una conferencia de prensa del COPINH en el Ministerio Público, en Tegucigalpa, Honduras: el COPINH presentará una nueva denuncia ante el Ministerio Público relacionada a la causa de Berta

• El Festival “Voces para Berta” en la Universidad Nacional de Honduras, en Tegucigalpa, Honduras, convocado por el COPINH
• El conservatorio “Justicia Para Berta, Justicia para el Pueblo Lenca” en el Foro Cultural Independiente Kinoki, en San Cristóbal de las Casas, Chiapas, México: convocado por Otros Mundos A.C., la red de Comunicadores y comunicadoras Populares Por la Autonomía (COMPPA) y el Guancasco de Medios

¡Les esperamos!

Berta Cáceres fue asesinada el 2 de marzo 2016 por defender el pueblo Lenca y el río Gualcarque ante la construcción de la presa Agua Zarca por la empresa DESA, cuando coordinaba el Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígnas de Honduras (COPINH).

El juicio de los autores materiales del crimen debía iniciar el pasado 17 de septiembre. Pero debido a múltiples irregularidades por parte del Ministerio Público de Honduras y violaciones al derecho de los familiares de Berta y del COPINH a un proceso justo, el juicio fue postergado.

Les invitamos a este conversatorio para informarse sobre este caso judicial emblemático de la violencia perpetrada por gobiernos y empresas extractivas contra defensores y defensoras de los derechos colectivos y la naturaleza. Nos enlazaremos con personas directamente implicadas en el caso desde Honduras para profundizar el tema.

>> Lee más sobre el caso: https://berta.copinh.org/

>> Escucha la radio novela “Justicia para Berta, Justicia para los Pueblos” en línea y en la Frecuencia Libre

>> Firma esta petición para exigir un juicio justo para Berta Cáceres y el COPINH

>> #DESACulpable: Campaña para juzgar a los autores intelectuales del asesinato de Berta Cáceres

Les compartimos la radio novela “Justicia para Berta, Justicia para los pueblos”, producida por el Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH) y disponible en línea en la página de la Red Mesoamericana de Radios Comunitarias Indígenas, Garífunas y Feministas de Honduras y Guatemala, aquí.

Capítulo 1:  Empecemos por el principio > Escuchar y descargar el capítulo

Capítulo 2: Las agresiones contra Rio Blanco > Escuchar y descargar el capítulo

Capítulo 3: Asesinaron a la compañera Berta > Escuchar y descargar el capítulo

Capítulo 4: Los asesinos > Escuchar y descargar el capítulo

Capítulo 5: Quienes faltan por detener > Escuchar y descargar el capítulo

Capítulo 6: Estructura criminal > Escuchar y descargar el capítulo

Capítulo 7: El Extractivismo > Escuchar y descargar el capítulo

Capítulo 8: Caso Modelo > Escuchar y descargar el capítulo

Capítulo 9: El Ministerio Público > Escuchar y descargar el capítulo

Esta serie radial busca contribuir al proceso de justicia para la compañera Berta Cáceres, coordinadora del COPINH asesinada el 2 de marzo 2016 por defender al río Gualcarque y al pueblo indígena lenca en Honduras. Su caso es emblemático de la terrible represión que sufren los defensores y las defensoras de los territorios en Honduras y el mundo.

El juicio oral y público debía iniciar el 17 de septiembre en el Tribunal de Sentencias de la Corte Suprema de Justicia de Honduras en la capital, Tegucigalpa. Pero tras las numerosas irregularidades cometidas por este Tribunal, el COPINH tuvo que recusar a sus integrantes y exigir un cambio de tribunal, así como el derecho de participar como víctima en el proceso. Por ahora, esta última demanda no ha sido resuelta a favor del COPINH, por lo que el juicio sigue suspendido.

Berta fue asesinada por representar la resistencia del pueblo lenca a la construcción de la presa hidroeléctrica “Agua Zarca”. Gracias a una investigación independiente, el COPINH y la familia de Berta lograron demostrar que la empresa Desarrollos Energéticos S.A. (DESA), encargada del proyecto, está involucrada en este crimen. Por ello, lograr justicia para Berta es lograr justicia para los pueblos criminalizados, atacados y asesinados por oponerse a empresas extractivas.

Si usted vive en Honduras, puede escuchar esta producción cada jueves en la 97.1FM a las 2 PM en la zona suroccidental y en Radio Progreso 103.3 a las 8 PM en la zona norte y centro.

>> Comparta la info: #NoMásImpunidad #JusticiaParaBerta #BertaViveCOPINHSigue <<

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“Represa de la violencia”: Informe de los investigadores del GAIPE sobre el caso Berta Cáceres

ITALIANO – DEUTSCH – FRANÇAIS

El Estado hondureño tiene el deber y la oportunidad de mostrar al mundo a través de este proceso judicial que es posible luchar contra la impunidad. Llamamos a que en este juicio se permita esclarecer, no solamente los hechos del 2 de marzo, sino todos los antecedentes y el contexto en el que se produce este crimen contra Berta Cáceres, la coordinadora general del COPINH y lideresa del pueblo indígena Lenca.

>> FIRMA AQUÍ <<

Los abajo firmantes hemos dado seguimiento del caso del asesinato de Berta Cáceres y de Gustavo Castro en tentativa de homicidio desde el día 2 de marzo de 2016. Nunca habían estado los reflectores de todo el mundo atentos a un acontecimiento como éste. Honduras ha estado en la lupa de la comunidad internacional y ha observado la cantidad impresionante de violaciones a los derechos de las víctimas durante el proceso así como violaciones a sus mismas regulaciones procesales.

Ha sido evidente cómo la conducción de la fiscalía integrada por los fiscales Ingrid Figueroa, Melissa Aguilar, Javier Núñez, David Salgado, Roger Matus, Roberto Blen, bajo la dirección del Fiscal General, Oscar Chinchilla, ha significado, de mala fe e incluso dolo, la obstaculización del proceso judicial, al evitar la realización de peritajes, entorpecer el debido proceso, ocultar información, operar con negligencia en las investigaciones, imposibilitar el análisis de pruebas y peritajes, así como evitar a toda costa el análisis de pruebas de los allanamientos que implican a la empresa DESA y la familia Atala.

Una y otra vez el Ministerio Público se ha negado a presentar la información y los peritajes fundamentales para el proceso de búsqueda de la verdad, ha sido la regla de su actuación y esto merece una corrección ejemplar.

El gobierno hondureño se negó a la creación de una Comisión Independiente que garantizara una adecuada investigación para la procuración de justicia, y ahora se ven las consecuencias de ello.

Por otro lado, los jueces del Tribunal de Sentencia responsables de la resolución de este primer proceso judicial, Esther Carolina Flores, José Anaím Orellana y Delia Lizeth Villatoro, han negado que el COPINH sea reconocido como víctima cuando es obvio que el actor fundamental como defensor de los Derechos Humanos es el colectivo indígena; además no han admitido la propuesta de testigos claves que den fe de la actuación de empleados de DESA frente al crimen y se niega a la transmisión en vivo de las audiencias y del juicio. Nos preguntamos, ¿quiénes son los beneficiados de que no se conozca y evidencie en el juicio el contexto del crimen de Berta?

Nos preocupa además, el trato discriminatorio y racista por parte de las autoridades de la Corte Suprema de Justicia contra los miembros del COPINH que claman justicia y que ejercen su derecho a la verdad al presentarse a observar las audiencias y ser maltratados por su proveniencia. La observancia de las garantías para que el pueblo Lenca representado por el COPINH participe del juicio debe ser una prioridad entendiendo la trascendencia de este proceso.

El gobierno hondureño se negó a la creación de una Comisión Independiente que garantizara una adecuada investigación para la procuración de justicia, y ahora se ven las consecuencias de ello.

El Estado hondureño tiene el deber y la oportunidad de mostrar al mundo a través de este proceso judicial que es posible luchar contra la impunidad. Que en Honduras existe el Estado de Derecho y un Poder Judicial autónomo sin intereses más que la procuración de justicia, verdad y la garantía por los Derechos Humanos, por eso llamamos a que en este juicio se permita esclarecer, no solamente los hechos del 2 de marzo, sino todos los antecedentes y el contexto en el que se produce este crimen contra Berta Cáceres, la coordinadora general del COPINH y lideresa del pueblo indígena Lenca. Esperamos que cumplan con ese deber y abonen a saldar la deuda con las víctimas de este condenable crimen.

Atentamente,

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Más información:

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#DESACulpable: Campaña para juzgar a los autores intelectuales del asesinato de Berta Cáceres

 

 

Hoy, 5 de septiembre, el Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH) dió a conocer en conferencia de prensa el lanzamiento de su campaña “DESA Culpable”. Eso para recordar que los autores intelectuales del asesinato de la excoordinadora del COPINH Berta Cáceres en marzo 2016 se encuentran en la junta directiva de la empresa Desarrollos Energéticos S.A. (DESA), encargada del proyecto hidroeléctrico “Agua Zarca”, contra el cual resistitía la defensora.

Ayer, segundo día de la audiencia de proposición de pruebas, el Tribunal rechazó la solicitud del COPINH de llamar a testificar a los directivos de DESA, conocidos como la familia Atala.

En conferencia de prensa hoy en Tegucigalpa, Honduras, la coordinadora del COPINH e hija de Berta Cáceres, Berta Zúñiga, invitó a apoyar la campaña difundiendo los siguientes tres mensajes en las redes sociales en texto o en video:

     1. DESA constituyó una estructura criminal apoyada por el estado de Honduras, responsable del asesinato de Berta Caceres y los ataques sistemáticos al COPINH.

     2. Este es solo el primer juicio. Exigimos que se juzguen y castiguen a quienes ejecutaron el asesinato de Berta, pero la justicia solo llegara hasta que se alcanza a quienes planificaron y ordenaron el crimen. no pararemos hasta alcanzarlos

     3. Berta Cáceres reivindicó la dignidad del pueblo lenca y su derecho a la autodeterminación. Su asesinato es producto de la política extractivista del estado de Honduras y de la imposición de proyectos de muerte.

El COPINH lanzó una nueva página web en la que se concentra toda la información sobre el caso, el juicio, y la empresa DESA: https://berta.copinh.org/.

Estamos invitad@s a enviar por Twitter los dos mensajes siguientes:

1) @JuanOrlandoH ¿Por qué DESA, una empresa criminal, aún tiene la concesión del Río Gualcarque? #JusticiaParaBerta #DESACulpable

2) @MP_Honduras ¿Por qué no han capturado a TODOS los asesinos intelectuales de Berta Cáceres? #JusticiaParaBerta #DESACulpable

Podemos también descargar estos materiales gráficos para apoyar la campaña en nuestras redes sociales o actos públicos.

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A continuación, compartimos el último comunicado del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH), que resume las conclusiones de la Audiencia de Proposición de Pruebas:

El Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH), junto con la familia de la compañera Berta Cáceres y el Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia (MADJ) informa a la comunidad nacional e internacional las conclusiones de la audiencia de proposición de pruebas en el primer proceso judicial contra 8 personas acusadas por arrebatarle la vida, o propiciar las condiciones para ello, a nuestra hermana Berta Cáceres y atentar contra el compañero Gustavo.

Esta audiencia que se desarrolla a pocos días de la apertura del juicio que dará condena o absolverá a las personas hasta hoy detenidas, ha ocupado varias sesiones, demoradas por la falta de resolución ante la información faltante.

Concluye, entonces, con la negación del tribunal de gran parte de la prueba de nuestra acusación que pretendía contextualizar el clima de ataque sistemático que sufrió Berta por cumplir su papel como coordinadora de COPINH, que era parte del plan para neutralizar y atacar la lucha en defensa de los territorios contra el saqueo de la empresa privada.

Esto en lo concreto significa el rechazo del testimonio de quienes son parte de la Junta directiva de la empresa Desarrollo Sustentable S.A (DESA) y tenían voz de mando frente a todo el trabajo operativo desplegado por DESA para atacar la labor de Berta Cáceres: Pedro, José Eduardo y Jacobo todos de apellido Atala Zablah y del señor Daniel Atala Midence. La “justicia” hondureña sigue sin tener las agallas de sentar en tribunal a la poderosa voz de mando de la empresa.

Además, el tribunal ha rechazado la pericia de contexto social y político, que sería realizada por expertos para desarrollar un análisis especializado sobre la situación en la que Berta, como lideresa frente a un proceso popular del pueblo Lenca, realizaba su trabajo y por ende determinar los intereses que ella adversaba.

Esta es una laceración a la perspectiva de búsqueda integral de la verdad ya que no debe desconocerse que Berta fue asesinada por su trabajo organizativo y labor como defensoras de derecho humanos y he aquí la necesidad de reinvidicar al COPINH como víctima formal del ataque.

La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha considerado que “la ejecución de un líder sindical […] no restringe sólo la libertad de asociación de un individuo, sino también el derecho y la libertad de determinado grupo a asociarse libremente, sin miedo o temor“.

Eso es lo que el Estado sigue desconociendo, el peso político de la figura de Berta en integralidad y por eso reduce el juzgar los hechos del 2 de marzo únicamente y no ver la cadena de hechos que querían parar su trabajo y al no poder es que se decide darle muerte.

Más información:

Desafiar al sistema de justicia (reporte en Radio Mundo Real)

A 30 Meses de la siembra de Berta

Caso Berta Cáceres: el Ministerio Público de Honduras obstaculiza el camino hacia el juicio

[AUDIOS] Radio Novela del COPINH: “Justicia para Berta, Justicia para los pueblos”

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Nota informativa de Otros Mundos A.C. – A 24 de agosto 2018

Faltan pocos días para que inicie el juicio oral y público de las 8 personas acusadas en el caso del asesinato de la defensora hondureña Berta Cáceres y el intento de asesinato del activista mexicano Gustavo Castro, perpetrados el 2 de marzo 2016. Se debe llevar a cabo en Tegucigalpa, capital de Honduras, del 10 al 28 de septiembre 2018. La presión es alta y la agenda muy apretada, ya que el 2 de noviembre se vence la detención preventiva de 4 de los acusados.

El problema es que aún falta que el Ministerio Público analice y entregue informaciones claves antes de que pueda desarrollarse el juicio de manera justa para las víctimas, las cuales son los familiares de Berta y la organización que coordinaba hasta su muerte, el Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH).

El Ministerio Público omitió analizar elementos recolectados en los allanamientos realizados a los imputados y en las oficinas de la empresa Desarrollos Energéticos S.A.(DESA). Esta empresa es la encargada del proyecto hidroeléctrico “Agua Zarca” contra el cual luchaba Berta para defender al pueblo lenca y al río Gualcarque con el COPINH, y sabemos que tiene una alta responsabilidad en el crimen. En una investigación independiente publicada en noviembre 2017, el Grupo Asesor Internacional de Personas Expertas (GAIPE) documentó la estrategia de DESA para eliminar cualquier oposición a “Agua Zarca”. Por ello, urge analizar estas informaciones, almacenadas principalmente en teléfonos celulares, memorias USB, cámaras fotográficas, tabletas electrónicas, chips de celular, discos duros y computadoras. Además, falta peritar el arma de fuego encontrada en la vivienda de Mariano Díaz Chávez, que podría ser el arma del crimen. Esto es lo que no ha hecho el gobierno de Honduras en dos años.

Un obstáculo a la Audiencia de Proposición de Pruebas

La omisión del Ministerio Público está obstaculizando el desarrollo de la Audiencia de Proposición de Pruebas, ya que las víctimas requieren que toda esta información esté disponible poder construir una acusación sólida y ejercer plenamente su derecho a la verdad. La audiencia estaba prevista ayer 23 y hoy 24 de agosto, pero el tribunal decidió posponerla al viernes 31 de agosto y el sábado 1 de septiembre, debido a la abundancia de la información que aún falta por analizar.

Es la segunda vez que la Audiencia de Proposición de Pruebas se cancela a causa de las omisiones del Ministerio Público. Debía llevarse a cabo inicialmente el pasado 27 de julio, pero se pospuso debido a que el Ministerio Público no había entregado la información necesaria. En total, el Ministerio Público hondureño ha negado 35 requerimientos de información solicitados por la organización y la familia de Berta desde el inicio del proceso. Estas irregularidades “evidencian la falta de voluntad política para resolver el asesinato de la compañera Berta Cáceres, crimen de alto impacto a nivel nacional e internacional y que desde el COPINH consideramos un crimen de Estado”, denunció la organización en un comunicado publicado el 23 de agosto.

Ocultamiento de la verdad y revictimización de las víctimas

Según el abogado del COPINH, Victor Fernández, entrevistado por Radio Progreso el 22 de agosto, esto contribuye a la “revictimización de las víctimas”. “El no haber realizado esta serie de diligencias a este momento del proceso implica un ocultamiento por parte del Ministerio Público, como parte de la necesidad de ocultar lo que pasó realmente en el crimen y de negar verdad y justicia integral”, agregó el abogado.

En esta búsqueda de justicia integral, el COPINH contempla llegar a los autores intelectuales del crimen, y no solo a los autores materiales, para que se reconozca que Berta fue asesinada por su trabajo político en defensa de los derechos y el territorio y que se trató de un crimen de estado. No solo quiere hacer la luz sobre los hechos ocurridos la noche del 2 al 3 de marzo 2016 en la casa de Berta en La Esperanza, Honduras, donde ella fue asesinada y su amigo Gustavo Castro, integrante de Otros Mundos A.C., sobrevivió a un intento de asesinato. Exige que se acepten pruebas que permitan develar también lo sucedido antes del 2 de marzo 2016, durante la persecución y criminalización que sufrió Berta por parte de DESA y el estado.

Justicia para Berta, Justicia para los Pueblos

“Estamos en un momento crítico donde o se va a tener la verdad en su integralidad, o se tendrá que pensar si seguimos participando, y cómo, en un proceso legal que está violando el derecho a la verdad de las víctimas”, advirtió Berta Zúñiga, hija de Berta Cáceres y actual coordinadora del COPINH.

En un contexto en el que más de 200 personas son asesinadas cada año en el mundo por defender el territorio, hacer justicia para Berta significa hacer justicia para los pueblos y las mujeres en defensa de sus territorios. La actuación del Ministerio Público cobra una dimensión nacional e internacional ante la impunidad que se acerca.

*Los 8 acusados son: Sergio Ramón Rodríguez (exgenrente ambiental de DESA); Mariano Díaz Chávez (oficial del Ejército); Douglas Geovanny Bustillo (exmilitar); Elvin Heriberto Rápalo; Henry Javier Hernández; los hermanos Edilson y Emerson Duarte Meza; y Óscar Arnaldo Tareas.

Más información:

[AUDIOS] Radio Novela del COPINH: “Justicia para Berta, Justicia para los pueblos”

Caso Berta Cáceres: no quieren que se siente un precedente de justicia

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Artículo del periodista Giorgio Trucchi, publicado en la Agencia latinoamericana de Información (ALAI) el 6 de agosto 2018

Del 10 al 28 de septiembre se llevará a cabo en Honduras el debate oral y público contra ocho personas acusadas de participar en la preparación y ejecución del asesinato de la dirigente indígena lenca Berta Cáceres. Entre ellas figuran ex militares y militares activos, así como directivos de la empresa Desarrollos Energéticos S.A. (DESA), titular de la concesión para construir el proyecto hidroeléctrico Agua Zarca.

Durante años, el Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH) -organización de la cual Cáceres fue coordinadora- ha luchado con ahínco para frenar el intento de DESA y de la empresa estatal china de construcción Sinohydro de realizar el proyecto. Una obra que nunca fue socializada con las comunidades de la zona y que generaría graves impactos ambientales, en especial al río Gualcarque, sagrado para el pueblo Lenca.

El largo conflicto generó enfrentamientos y divisiones. La zona de Río Blanco, Intibucá, fue repetidamente militarizada y miembros de las comunidades lencas locales fueron perseguidos y reprimidos, sufrieron atentados, su lucha fue criminalizada y judicializada. Los ataques contra el Copinh dejaron un saldo de varios activistas heridos y asesinados.

Fue en este contexto de defensa del territorio y los bienes comunes, de persecución y represión, que Berta Cáceres fue asesinada en la noche entre el 2 y 3 de marzo del 2016 por un comando armado.

Faltan los autores intelectuales

Tanto el COPINH como los familiares de la dirigente indígena asesinada aseguran que aún no se ha querido investigar a los autores intelectuales del crimen.

Durante una entrevista con Radio Mundo Real, Bertha Zúñiga, actual coordinadora del COPINH e hija de Berta Cáceres, habló de la importancia del juicio. “No es el juicio que nosotros queremos porque no juzga la autoría intelectual del crimen. Más bien es un gesto que el gobierno quiere hacer hacia la comunidad internacional que está exigiendo justicia. Pese a eso, va a ser algo histórico que va a dar una señal importante contra la injusticia. Queremos -continuó Zúñiga- que este juicio no sea solo ‘justicia para Berta’, sino que contribuya a producir cambios estructurales en el país. Que sirva a denunciar y transformar situaciones de fondo que ocurren en Honduras, como asesinatos, persecución y represión que quedan en la impunidad”, manifestó durante la entrevista.

Lamentablemente, no parecen ser estos los planes de las autoridades hondureñas. Antes bien, en los últimos meses se ha desatado una ofensiva mediática tendiente a denigrar tanto la figura de Berta Cáceres, como el trabajo investigativo independiente. Tampoco puede ser considerado casual que dicha ofensiva se esté dando a un mes del inicio del juicio en contra de los acusados del asesinato de la lideresa indígena.

Como distorsionar la realidad

Amsterdam & Partners LLP, bufete de abogados defensores de la empresa DESA, contrató recientemente al reconocido penalista canadiense Brian Greenspan para que elaborara un informe donde se desacredita el trabajo investigativo sobre el asesinato de Cáceres realizado por el Grupo Asesor Internacional de Personas Expertas (GAIPE). El objetivo sería sembrar dudas sobre la posible vinculación de la empresa con el brutal asesinato.

La investigación del Grupo de expertos internacionales concluyó que existían pruebas irrefutables de que altos ejecutivos y empleados de DESA, junto con agentes estatales, estaban involucrados en la planificación, ejecución y encubrimiento del asesinato.

Pese las fuertes acusaciones y a la decisión de los bancos europeos FMO de Holanda y FinnFund de Finlandia, de retirarse del proyecto Agua Zarca, la empresa prefirió no cerrarlo definitivamente, optando por suspenderlo temporáneamente. Lamentablemente, el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) mantiene su financiamiento de 24 millones de dólares a DESA.

“DESA mantiene la ilegal concesión de 50 años sobre el río Gualcarque, lo que significa que el proyecto no se cierra, sino que está en suspensión esperando que pase el tiempo para reanudar sus operaciones. Ratificamos nuestra lucha permanente por la expulsión definitiva del proyecto Agua Zarca, y denunciamos a la empresa criminal DESA que carga en sus hombros la sangre de nuestras compañeras y compañeros asesinados“, explicó el COPINH en un comunicado.

La decisión de no cerrar el proyecto hidroeléctrico y de contratar a un experto penalista internacional para deslegitimar el trabajo del GAIPE sería parte de una ofensiva mucho más amplia, “que incluye pseudo biografías de Berta Cáceres y textos que tienen el propósito de distorsionar hechos y crear nuevas y espurias líneas de investigación“.

Tampoco ha parado “el trabajo de manipulación y ataque contra las comunidades de Río Blanco“, así como “el fortalecimiento de estructuras comunitarias paralelas” para dividir a la población y mantener vivo el conflicto, señala el COPINH en la nota.

La organización indígena lenca alertó también sobre el reiterado incumplimiento de parte del Ministerio Público (MP) de entregar la información del caso a los representantes legales de la familia de Cáceres. En 35 ocasiones los funcionarios del MP se negaron a entregar dicha información. “La falta de acceso a la información se utiliza para ocultar verdades, para beneficiar a los culpables de la muerte de nuestra compañera Berta. Se utiliza para manipular la verdad y evitar que los máximos responsables de su muerte enfrenten a la justicia”, denunció el COPINH el 3 de agosto.

La información que el MP sigue ocultando es la que fue recabada en los allanamientos a la empresa DESA, donde se evidencia las actuaciones de la empresa contra Cáceres y el COPINH. También oculta la información de los allanamientos realizados a las personas involucradas en el asesinato, algo que podría revelar posibles vínculos con los mandantes intelectuales del crimen.

El mismo año en que asesinaron a Berta Cáceres, Honduras fue señalado por la organización británica Global Witness como el país más peligroso del mundo para las personas defensoras de la tierra y los bienes comunes.

Negocios que matan

Dos años después, el nuevo informe de la organización británica “¿A qué precio?” señala que en 2017 fueron 207 las personas asesinadas por defender la tierra y los bienes comunes en el mundo. Se trata de la cantidad más alta jamás registrada. Cifras escalofriantes que, incluso, ocultan un considerable subregistro de casos debido a la dificultad de detectar, identificar y denunciar asesinatos.

La agroindustria resulta ser el sector de negocios más vinculado a los ataques, seguido por la minería y la industria extractiva. También hubo un aumento considerable de los asesinatos múltiples (masacres). Casi una cuarta parte de las personas asesinadas en 2017 se oponían a proyectos agrícolas. Esto representa un aumento del 50 por ciento respecto del año anterior.

América Latina es la región más peligrosa. El 60 por ciento de las muertes ocurrieron en esta región. Brasil (57), Filipinas (48), Colombia (24), México (15) y Congo (13) encabezan la trágica lista de asesinatos. México fue el país que registró el mayor aumento del número de víctimas mortales en comparación con el 2016.

Asimismo, cientos de personas en el mundo fueron atacadas, perseguidas, amenazadas, estigmatizadas, criminalizadas y judicializadas por tener la valentía de hablar abiertamente y denunciar los ataques contra sus comunidades, su forma de vida y su ambiente.

En el caso de Honduras, el informe de Global Witness evidencia una disminución de los asesinatos. “Cinco personas defensoras de la tierra y del medio ambiente fueron asesinadas en 2017, en comparación con las 14 asesinadas en 2016. Sin embargo, en general, la represión de personas defensoras de derechos humanos ha empeorado, y las y los activistas enfrentan criminalización, amenazas de muerte, brutalidad policial y homicidios durante las protestas. La corrupción sigue siendo un problema, en medio de indicios de que la evidencia en el emblemático caso de Berta Cáceres fue ignorada por los fiscales”, se lee en el informe.

La Misión de Apoyo contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (Maccih), instancia adscrita a la Organización de Estados Americanos (Oea), está investigando vínculos sospechosos entre los miembros del oficialista Partido Nacional y empresas que ganaron licitaciones para desarrollar proyectos hidroeléctricos, incluido Agua Zarca. El informe señaló también que la Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos de Honduras documentó 1.232 ataques contra personas defensoras de derechos humanos en ese país en 2016 y 2017, un aumento significativo en comparación con años anteriores, advirtió Global Witness.

Negocios irresponsables

Para la organización británica, los gobiernos y las empresas han fracasado en actuar con responsabilidad, éticamente o, al menos, de acuerdo a la ley, lo que les convierte en un factor generador de la letanía de crímenes contra activistas el año pasado. “Cuando bosques tropicales son arrasados para sembrar monocultivos, cuando se explota la tierra para la minería, cuando se acapara la tierra, se pone en riesgo el futuro de las comunidades cercanas. Se trata de negocios e inversores irresponsables, empeñados en satisfacer la demanda de los consumidores y maximizar los beneficios que, junto con los gobiernos corruptos o negligentes, hacen que todo esto sea posible”, increpó.

Gobiernos cómplices

La colusión o la inacción de los gobiernos ha permitido la impunidad sistémica en los delitos cometidos contra defensores y defensoras. Impunidad que alienta más violaciones de derechos humanos. “Los gobiernos suelen ser cómplices de los ataques. Uno de los hechos más impactantes delineados en este informe es la cantidad de homicidios cometidos por las fuerzas de seguridad del gobierno, a instancias de sus jefes políticos y en alianza con la industria”, señala el informe.

Global Witness pudo vincular a las fuerzas de seguridad del gobierno con 53 de los asesinatos, y a fuerzas no estatales con al menos 90 casos más. “A medida que la cantidad de asesinatos aumenta, algunos gobiernos, empresas y organizaciones intergubernamentales han empezado a reconocer la gravedad de la situación. Pero su discurso y sus promesas aún no se ha traducido en políticas convincentes y cambios concretos”.

Ante esta situación, Global Witness pidió a los diferentes actores abordar las causas fundamentales de la violencia contra personas defensoras, entre otras, la falta de consentimiento libre, previo e informado por parte de las comunidades.

También exigió apoyo y protección para defensores y defensoras en riesgo, así como garantizar la investigación, captura y castigo para los responsables de los ataques. “Instamos a las poderosas instituciones y organizaciones que amenazan los intereses de las personas defensoras, sus comunidades y el planeta, a que reconozcan su responsabilidad, a que usen su poder para ser una fuerza de bien. Los gobiernos y las empresas tienen el poder (financiero, legislativo y ejecutivo, así como el deber legal) de marcar una gran diferencia”, concluye el informe “¿A qué precio?”.

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Comunicado del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH) – Tegucigalpa, Honduras, a 7 de agosto 2018

>> Video de la conferencia de prensa el 7 de agosto 2018 en Tegucigalpa <<

El COPINH, la familia de Berta Cáceres y el equipo de abogados del Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia (MADJ), nos presentamos ante la opinión pública para alertar sobre el futuro del proceso judicial por el asesinato de nuestra compañera y coordinadora general, Berta Cáceres, y el intento de asesinato de nuestro compañero Gustavo Castro.

En pocos días nos vamos a presentar a una audiencia de proposición de pruebas sin tener la posibilidad de acceder a toda la evidencia recolectada desde hace más de 2 años en allanamientos y diligencias judiciales e investigativas realizadas por el Ministerio Público y la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC). En por lo menos 35 ocasiones la fiscalía del caso se ha negado a entregar información o lo ha hecho de forma parcial, segmentada o de manera irregular.

Hemos presentado solicitudes específicas de la información necesaria para asistir a un juicio con las garantías debidas y el Ministerio Público las ha ignorado, así como ha ignorado reiteradas órdenes judiciales por parte del Tribunal de Sentencia para entregar la información, como la que venció el viernes pasado, después del vencimiento del término de 5 días.

Desde el día del asesinato, el Ministerio Público y el Estado de Honduras nos han negado sistemáticamente el acceso a la verdad, el acceso a la información básica sobre lo sucedido. Le han negado al pueblo Lenca y al pueblo hondureño en general la verdad sobre lo ocurrido con la compañera Berta Cáceres, esto a pesar de las intermediaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), las misivas de organismos de Naciones Unidas o del Parlamento Europeo.

Debemos denunciar que esta actitud de las autoridades hondureñas únicamente beneficia a los responsables del asesinato de Berta Cáceres, a los autores intelectuales que aún no han sido procesados.

El juicio al que nos enfrentamos es contra las personas que fueron pagadas para asesinar a Berta Cáceres; sicarios y mediadores, quienes son vínculos básicos con quienes dieron la orden de asesinar a la lideresa del COPINH. Sin embargo, desde la perspectiva de las autoridades se busca limitar el acceso a conocer estas vinculaciones y procesar a los autores materiales.

La ausencia de persecución de quienes, desde cargos directivos, mandaron a asesinar a Berta Cáceres es responsabilidad del fiscal general Óscar Chinchilla, quien desde su posición ha sido complaciente a las irregularidades y la falta de investigación de los autores intelectuales obvios del crimen.

Debe saberse que David Castillo Mejía, gerente general de Desarrollos Energéticos S.A. DESA, perseguidor y acosador de Berta Cáceres fue capturado no por voluntad o investigación del Ministerio Público sino por una denuncia hecha por nuestro equipo. La cual no fue presentada únicamente para él sino para una serie de personas de la empresa DESA y no hay ninguna respuesta.

En este juicio se emula la realidad de los territorios indígenas y campesinos de Honduras en los que las comunidades organizadas se enfrentan a las empresas. En este juicio no nos enfrentamos a la defensa de Sergio Rodríguez, el exgerente ambiental de DESA, sino a la defensa de la empresa DESA, de sus directivos y dueños. Nos enfrentamos también a unas autoridades complacientes con la impunidad, tal como en las violaciones de los derechos de las comunidades.

Con el beneplácito del Estado se busca acabar con la oposición a una cierta forma de desarrollo que trae hambre, destrucción, lágrimas y sangre a las comunidades más abandonadas por el mismo Estado. Con su beneplácito se niega incluso la condición de víctima del COPINH.

Reiteramos y alertamos que nos enfrentaremos en la mayor desventaja a un proceso judicial con enormes irregularidades y violaciones a los derechos de las víctimas.

Fotos: Conferencia de prensa del COPINH, la familia de Berta Cáceres y el equipo de abogados del Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia (MADJ) el 7 de agosto 2018 (Crédito: COPINH)

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