Defensores y defensoras bajo ataque

Acabar con la impunidad para Bety Cariño Jyri Jaakkola

Publicada el 29/01/2019 | por Otros Mundos AC | Dejar un comentario

Comunicado de la Red Mexicana de Afectados por la Minería (REMA) – A 29 de enero de 2019

El pasado 23 de enero del mes en curso fue detenido en Juxtlahuaca, poblado de la Mixteca de Oaxaca, el presunto paramilitar Daniel Martínez, quien habría estado implicado en el ataque a una caravana de paz internacional llevado a cabo en abril de 2010.

En ese ataque perdieron la vida Alberta Cariño Trujillo, directora del Centro de Apoyo Comunitario Trabajando Unidos (CACTUS) e integrante de la REMA y Jyri Jaakkola, observador de derechos humanos de origen finlandés. A nueve años de lo sucedido, el asesinato de ambos compañeros sigue impune y la investigación del mismo ha sido amañada e insuficiente. Siguiendo la tónica actual dominante de menosprecio y amenaza a la vida de las comunidades, la vida de los defensores de los territorios en amenaza se encuentra en riesgo permanente por la complicidad de empresas y gobiernos.

Además de ambos asesinatos, la emboscada contra la caravana de paz dejó a su vez más de una decena de heridos, y la desaparición por más de 72 horas de dos reporteros de la agencia informativa Contralínea y de dos defensores.

Con nuestra compañera Bety Cariño formamos el primer grupo de coordinación de la REMA en 2008. Aún tenemos presente su ejemplo de compromiso militante, como cuando con toda claridad advirtió en movilizaciones ante la embajada de Canadá la impunidad misma de sus empresas mineras, tolerada por el gobierno de ese país y por el gobierno mexicano.

EXIGIMOS JUSTICIA PLENA ANTE EL ASESINATO DE ALBERTA CARIÑO Y DE JYRI JAAKKOLA

EXIGIMOS EL CESE DE LA POLÍTICA DE IMPUNIDAD ANTE A LAS AGRESIONES CONTRA LOS DEFENSORES DE LOS TERRITORIOS

BETY CARIÑO ESTÁ VIVA EN NUESTROS CORAZONES Y EN LA CAUSA QUE NOS ANIMA

Foto: Rotativo de Queretaro

Más información:

Detienen a supuesto asesino de los activistas Bety Cariño y Jyri Jaakkola

8 años sin Bety Cariño y su fuerza sigue con nosotros

VIDEO: “Sembrando Sueños, Cosechando Esperanzas”, libro ilustrado sobre la historia de Bety Cariño

[AUDIO] Represa impuesta con sangre: asesinan a dos defensores del río Pojom en Guatemala

Publicada el 24/12/2018 | por Otros Mundos AC | Dejar un comentario

Nota y audio de Radio Mundo Real – A 20 de diciembre 2018

>> ESCUCHAR Y DESCARGAR EL AUDIO AQUÍ <<

El Consejo de Pueblos Wuxhtaj y el Consejo del Pueblo Maya (CPO), que integran el Movimiento de Afectados por las Represas en América Latina (MAR), denunciaron que el 16 de diciembre fueron asesinados los hermanos Nery Esteban Pedro y Domingo Esteban Pedro, oriundos de la comunidad Bella Linda, microrregión de Ixquisis (municipio de San Mateo Ixtatán, Huehuetenango, Guatemala).

Ambos eran defensores del río Pojom y se oponían a la construcción de las hidroeléctricas Pojom I, Pojom II y San Andrés. “Fueron asesinados a balazos, en el marco de una serie de ataques perpetrados por fuerzas oficiales y paramilitares encargadas de proteger estos tres proyectos, contra los cuales la población indígena Chuj lleva más de una década resistiendo de manera pacífica”, denunciaron desde el Movimiento de Afectados por Represas.

Joel, responsable de la organización comunitaria de Bella Linda, dijo a RMR que el Ministerio Público Fiscal y la Policía Nacional Civil (PNC) actuaron con negligencia luego que organizaciones de derechos humanos denunciaran ante las autoridades la aparición de los cuerpos de los hermanos en la casa de máquinas de la empresa hidroeléctrica.

Desde el Consejo del Pueblo Maya (CPO) señalaron que estos crímenes son parte del hostigamiento y otros tipos de violencia ejercida por integrantes de la empresa panameña Energía y Renovación Holding S.A., que ha impuesto sus proyectos en el territorio con la complicidad del gobierno guatemalteco, la represión de la PNC y el apoyo de inversiones de instituciones financieras como el Banco Centroamericano de Integración Económica.

Francisco Rocael, integrante del CPO, dijo a Radio Mundo Real que estos proyectos extractivistas han dividido a muchas comunidades, generando conflictos a través de “infiltrados” que enfrentan a pobladores entre sí. El defensor pidió justicia por los asesinatos de los Esteban Pedro y recordó que también sigue impune el crimen de Sebastián Alonso, cometido en enero de 2017, asesinado por fuerzas paramilitares durante una marcha pacífica organizada contra Pojom I.

“Esta situación se suma a una serie de violaciones a los derechos humanos de los pueblos indígenas por la implementación de una política energética en Guatemala para satisfacer una demanda de las grandes industrias y no las demandas de las comunidades. Una política energética que se está imponiendo con sangre, con división comunitaria, con represión estatal y militarización, que pretende convertir al país en uno de los exportadores de energía a nivel regional”, dijo Rocael.

“Se debe llegar no solo a los autores materiales sino también intelectuales de estos crímenes, perpetrados para proteger altos intereses económicos. Este tipo de proyectos que se presentan como vectores de desarrollo para los pueblos campesinos de nuestro continente no garantizan ningún derecho, ni el derecho básico a la electricidad”, agregaron desde el Movimiento de Afectados por Represas y Otros Mundos Chiapas-Amigos de la Tierra México, que adhiere a esta denuncia.

Desde MAR y CPO también denunciaron “la farsa” de “los Acuerdos de paz y desarrollo de San Mateo Ixtatán” firmados en octubre sin el consentimiento de la comunidad local, luego de una intimidación de 300 efectivos de la Policía Nacional Civil que custodiaban las instalaciones de la empresa Energía y Renovación para hostigar a la población en resistencia. Ante estos hechos, los movimientos sociales exigen, una vez más, la cancelación definitiva e inmediata de los proyectos Pojom I, Pojom II y San Andrés.

Más información:

Denunciamos el doble asesinato de miembros de la resistencia de Ixquisis (comunicado del Consejo de Pueblos Wuxhtak)

Guatemala: asesinan a dos defensores que resisten a proyectos hidroeléctricos en Ixquisis (comunicado de Otros Mundos A.C. y MAR)

Pronunciamiento ante doble asesinato, agresión física y situación de riesgo de las comunidades de la Microrregión de Ixquisis, Guatemala

Pronunciamiento ante doble asesinato, agresión física y situación de riesgo de las comunidades de la Microrregión de Ixquisis, Guatemala

Publicada el 20/12/2018 | por Otros Mundos AC | Dejar un comentario

Pronunciamiento de organizaciones sociales de Guatemala, México y el mundo – Huehuetenango, Guatemala, A 20 de diciembre 2018

Las organizaciones organizaciones, colectivos y personas firmantes, entre las cuales Otros Mundos A.C., manifestamos nuestra profunda preocupación por la situación de riesgo que enfrentan las comunidades y personas defensoras de derechos humanos de la Microrregión de Ixquisis, San Mateo Ixtatán.

Las personas defensoras del territorio y del medioambiente de la Microrregión de Ixquisis enfrentan desde el año 2009 violaciones de derechos humanos en el marco de su oposición a los proyectos hidroeléctricos San Andrés, Pojom I, Pojom II. Los tres proyectos son promovidos por la empresa Energía y Renovación S.A. (antes PDH S.A.) que es propiedad actualmente de las familias Mata Monteros y Mata Castillo, vinculadas al grupo empresarial corporativo The Central America Bottling Corporation (CABCORP), y cuentan con financiamiento del brazo privado del Banco Interamericano de Desarrollo, BID Invest, del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) y de Cordiant Cap, un intermediario financiero canadiense que dispone entre otros de fondos del banco alemán KfW.

Desde mayo del presente año, la Resistencia Pacífica de Ixquisis ha realizado una serie de acciones públicas, manifestaciones y plantones para expresar y reiterar su oposición a los proyectos hidroeléctricos en su territorio. Actualmente tres acciones de amparo en contra de las licencias de operación de la hidroeléctrica Pojom II, se encuentran a la espera de resolución en las cortes nacionales. En junio las comunidades de Ixquisis recibieron el premio Front Line Defenders en reconocimiento a su esfuerzo colectivo y su lucha pacífica. En agosto las comunidades afectadas presentaron una queja formal ante el Mecanismo Independiente de Consulta e Investigación del BID, solicitando la investigación y el retiro de su inversión debido al incumplimiento de las propias políticas operativas del banco.

En este contexto, organizaciones de derechos humanos que acompañan el caso han observado un aumento significativo de las difamaciones y agresiones en contra de la población que participa en la Resistencia Pacífica y de la población de la microrregión, que culminaron en el asesinato de dos pobladores de la comunidad de Ixquisis los hermanos Neri Esteban Pedro y Domingo Esteban Pedro, el pasado 16 de diciembre. Sus cuerpos fueron encontrados a la orilla del Río Yal Witz, cerca de la hidroeléctrica San Andrés en la carretera de la Franja Transversal del Norte con impactos de bala en la cabeza. Este hecho hace recordar el asesinato del defensor Sebastián Alonso Juan, quien falleció a causa de disparos en el marco de una manifestación pacífica en enero del 2017; asesinato que sigue sin esclarecerse.

Además de este doble asesinato se destacan los siguientes hechos acaecidos en 2018:

– Julio y octubre: Violación del derecho de manifestación y del derecho de libre locomoción por parte de la PNC; y uso desmedido de la fuerza en contra de manifestantes, resultando en seis (6) personas heridas, tres de ellas con necesidad de ser hospitalizadas.

– 12 de octubre: En el transcurso del día dos integrantes de la Resistencia Pacífica sufrieron ataques armados; Alfonso Miguel Francisco Pedro, de la aldea Pojom tuvo que ser hospitalizado durante siete (7) días.

– 20 de octubre y 7 de noviembre: hostigamiento y uso de gas lacrimógeno en contra de comunitarios, provocando intoxicación en niños y en una mujer embarazada.

– 9 de diciembre: agresión física en contra de Lucas Jorge García, presidente del Consejo de Desarrollo de Segundo Nivel de la Microrregión de Ixquisis y dos mujeres de su familia, una de ellas en estado de embarazo. Dos hombres atacaron al defensor en su casa, golpeándolo en la cabeza con piedras y palos. Al querer defenderlo su hija Maria Jorge Gómez y su nuera, Ana Gómez Domingo también fueron golpeadas.

La constante campaña de difamación y desprestigio emprendida en contra de la Resistencia Pacífica desde hace más un año nuevamente ha aumentado de intensidad impactando además a organizaciones aliadas como el Gobierno Ancestral Maya Plurinacional de las naciones Akateko Chuj, Popti’, Q’anjob’al y pueblo mestizo, y en particular de uno de sus coordinadores, Rigoberto Juárez.

A principios de noviembre de 2018 fue anunciado en los diferentes medios de comunicación la firma de un “Acuerdo para la Paz y el Desarrollo” en el municipio de San Mateo Ixtatán, acuerdo que concluye como el principal resultado de una mesa de diálogo en la que participaron únicamente actores que están a favor de las hidroeléctricas y con vínculos directos con la empresa Energía y Renovación, S.A. La legitimidad de este acuerdo y representatividad de las personas que en nombre de la Microrregión de Ixquisis firmaron dicho acuerdo, ha sido cuestionada en repetidas ocasiones por la Resistencia Pacífica de esta Microrregión, que desde el inicio de este proceso de diálogo, han registrado un aumento de ataques en su contra.

Ante esta grave situación de riesgo las organizaciones, colectivos y personas abajo firmantes expresamos nuestra solidaridad con las personas defensoras de la Microrregión de Ixquisis, y solicitamos:

– Al Ministerio Público que investigue y procese a los responsables materiales e intelectuales de todos los ataques cometidos en contra de la Resistencia Pacífica de Ixquisis, incluyendo las agresiones físicas en contra de Lucas Jorge García, Presidente del Consejo de Desarrollo de Segundo Nivel de la Microrregión de Ixquisis, así como los asesinatos de los hermanos Nery y Domingo Pedro Esteban y Sebastián Alonso Juan.

– Al Estado de Guatemala que adopte todas las medidas necesarias para garantizar la vida e integridad de los miembros de las comunidades de Ixquisis y el derecho de manifestación y de defender derechos.

– Al Estado de Guatemala que tome todas las medidas para garantizar que las mujeres tengan una vida libre de violencias y que tome medidas de protección especificas para las mujeres y lideresas de las comunidades de la Microrregión de Ixquisis.

– Al Ministerio de Defensa y al Ministerio de Gobernación que se cumpla con el retiro de las fuerzas de seguridad estatales, Policía Nacional Civil y Ejército de Guatemala, de las instalaciones privadas donde funciona la empresa Energía y Renovación, propietaria de los proyectos hidroeléctricos que se construyen en esta Microrregión, para garantizar la independencia de las fuerzas públicas en la Microrregión de Ixquisis.

– A la comunidad internacional presente en Guatemala, que observe de cerca la situación de las personas defensoras de derechos humanos, realizando visitas el territorio referido.

– A las instituciones financieras internacionales involucradas en el financiamiento de estos proyectos hidroeléctricos, que adopten medidas para que sus inversiones se den bajo condiciones de pleno respeto de los derechos humanos y las libertades fundamentales.

FIRMAMOS:

Accountability Counsel, Estados Unidos
ACODET, Guatemala
Alerte Honduras, Francia
Asamblea Departamental de Huehuetenango (ADH), Guatemala
Asociación Ambiente y Sociedad, Colombia
Asociación Civil El Observador, Guatemala
Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA), Regional
ALIANZAS Unitarian Universalist Church of Arlington, Estados Unidos
American Jewish World Service, Estados Unidos
Asociación Civil Verdad y Vida, Guatemala
Asociación para la Justicia y Reconciliación (AJR), Guatemala
Asociación para la Promoción y el Desarrollo de la Comunidad (CEIBA), Guatemala
Bank Information Center, Estados Unidos
Bank Information Center Europe, Regional
BC CASA-Cafe Justicia, Canadá
Both Ends, Holanda
Anne Bordatto, Guatemala
Lorena Bugueño, Chile
Cadena para un Retorno Acompañado (CAREA), Alemania
Carlos Alfaro Aldana, Guatemala
Carlos Salamanca, Investigador Adjunto Consejo Nacional de Investigaciones
Científicas y Técnicas, (CONICET), Argentina
Cataylst Project, Estados Unidos
Center for International Environmental Law (CIEL), Estados Unidos
Center for Participatory Change, Estados Unidos
Alejandro R. Chan S. Politólogo, Guatemala
Chicago Religious Leadership Network on Latin America, Estados Unidos
Sandra Elizabeth Chuc Norato, Guatemala
CISPES, the Committee in Solidarity with the People of El Salvador, Estados Unidos
Collectif Guatemala, Francia
Colectivo Madreselva, Guatemala
Columban Mission Center, Estados Unidos
Comite Campesino del Altiplano-CCDA, Guatemala
Comité por los derechos humanos en América Latina (CDHAL), Canadá
Community Alliance for Global Justice (CAGJ), Estados Unidos
Consejo Mam te Txe Chman San Marcos, Guatemala
Consejo De Mujeres Mayas Ixmucane, Guatemala
Consejo de Pueblos Wuxhtaj, Guatemala
Coordinación de Ong y Cooperativas (CONGCOOP), Guatemala
The Copper Country Guatemala Accompaniment Project (CCGAP), Estados Unidos
Crude Accountability, Estados Unidos
Derecho, Ambiente y Recursos Naturales (DAR), Peru
Development International, Estados Unidos
Earth Guardians, Estados Unidos
Nelson Escobar Ruiz, Guatemala
Festivales Solidarios, Guatemala
Fondo de Acción Urgente para América Latina y el Caribe, América Latina
FONGI – Foro de ONGs Internacionales en Guatemala, Guatemala
France Amérique Latine, Francia
Friends of the Earth United States, Estados Unidos
Friendship Office of the Americas, Estados Unidos
Front Line Defenders, Irlanda
Frontera Water Protectors, Estados Unidos
Fundación para el Debido Proceso/Due Process of Law Foundation (DPLF), Estados Unidos
GegenStroemung–ContraCorrientes, Alemania
Gender Action, Estados Unidos
Global Labor Justice, Estados Unidos
Global Witness, United Kingdom / Internacional
Guatemala Human Rights Commission, Estados Unidos
Guatemalanetz Bern, Suiza
Guatemala-Netz Zürich, Suiza
Guatemala Partnership Committee, Congregational Church of Needham, Estados Unidos
Heart of the Sky Fair Trade, Estados Unidos
Human Rights Defenders Project, Estados Unidos
Indigenous Climate Action, Estados Unidos
Indigenous Goddess Gang of the Diné (Navajo) Nation, Estados Unidos
International Rivers, Estados Unidos
International Accountability Project, Global
InterReligious Task Force on Central America and Colombia, Estados Unidos
Jennifer Casolo -geógrafa, Estados Unidos
JusticiaYA, Guatemala
KAIROS: Canadian Ecumenical Justice Initiatives, Canadá
Kickapoo Guatemala Accompainment Project (KGAP), Estados Unidos
Km207 Guatemala-Suisse, Suiza
Leocadio Juracán, Diputado, Guatemala
The Maritimes-Guatemala Breaking the Silence Network, Canadá
Mining Injustice Solidarity Network (MISN), Canadá
Movimiento de Reconciliación, Austria
Network in Solidarity with the People of Guatemala (NISGUA), Estados Unidos
OTROS MUNDOS A.C., México
Parlamento del Pueblo Xinka, Guatemala
El Projet Accompagnement Québec-Guatemala (PAQG), Canadá
Peace Watch Switzerland (PWS), Suiza
Perifèries del Món, España
Plataforma Internacional contra la Impunidad, Suiza
Prensa Comunitaria, Guatemala
Programa Interdisciplinario de Investigación en Espacios, Políticas y Sociedades del Centro de Estudios Interdisciplinarios de la Universidad Nacional de Rosario, Argentina
Protection International, Bélgica
Protection International Mesoamérica, Guatemala
Public Service Alliance of Canada, Canadá
Red por la Justicia Ambiental, Colombia
Resistencia Pacífica La Puya, Guatemala
Resistencia Pacífica Santa Rosa, Jalapa y Jutiapa, Guatemala
Sandra Sanchez, Guatemala
SEFCA, Guatemala
Solidaridad de Austria con Guatemala, Austria
Südwind Entwicklungspolitik, Austria
Terre et Liberté pour Arauco, Francia
The Santa Elena Project of Accompaniment (SEPA), Estados Unidos
TreeSisters, Estados Unidos
urgewald, Alemania
Welthaus Viena, Austria
WIDE – Red de Mujeres y Desarrollo, Austria
WoMin African Alliance, Sudafrica

Foto: Domingo Esteban Pedro

Guatemala: asesinan a dos defensores que resisten a proyectos hidroeléctricos en Ixquisis

Publicada el 18/12/2018 | por Otros Mundos AC | Dejar un comentario

Comunicado de Otros Mundos A.C. y el Movimiento de Afectados por las Represas en América Latina (MAR) en solidaridad con la resistencia pacífica de la Microrregión de Ixquisis en Guatemala – A 18 de diciembre 2018 (Descargar el comunicado en PDF)

¡ALTO A LOS ATAQUES Y ASESINATOS CONTRA LA RESISTENCIA A HIDROELÉCTRICAS

EN LA MICRORREGION DE IXQUISIS!

A 18 de diciembre 2018
San Cristóbal de las Casas, Chiapas, México

Dos defensores de la Microrregión de Ixquisis (municipio de San Mateo Ixtatán, Huehuetenango) acaban de sumarse a la lista de las víctimas de la guerra que el gobierno guatemalteco y empresas como Energía y Renovación Holding S.A. (antes Promoción y Desarrollo Hídrico, S.A.) llevan contra la población local para imponer una serie de represas hidroeléctricas sin su consentimiento.

El domingo 16 de diciembre fueron encontrados sin vida Nery Esteban Pedro y Domingo Esteban Pedro, dos líderes de la comunidad de Bella Linda, donde defendían el río Pojom ante la construcción de las hidroeléctricas Pojom I, Pojom II y San Andrés. Fueron asesinados a balazos, en el marco de una serie de ataques perpetrados por fuerzas oficiales y paramilitares encargadas de proteger estos tres proyectos, contra los cuales la población indígena Chuj lleva más de una década resistiendo de manera pacífica.

Nery y Domingo no fueron las primeras víctimas de la violencia letal con la cual la empresa panameña Energía y Renovación Holding S.A. impone sus proyectos, con la complicidad del gobierno guatemalteco y de instituciones financieras como el Banco Centroamericano de Integración Económica BCIE) y la Corporación Interamericana para el Financiamiento de Infraestructura (CIFI) del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), que invierten en ellos. El 17 de enero 2017, el compañero de 72 años Sebastián Alonso fue asesinado por fuerzas paramilitares durante una marcha pacífica organizada contra Pojom I en la cual participaba.

Exigimos se esclarezcan los asesinatos de Nery Esteban Pedro y Domingo Esteban Pedro, además del de Sebastián Alonso, el cual sigue impune. Se debe llegar no solo a los autores materiales sino también intelectuales de estos crímenes, perpetrados para proteger altos intereses económicos.

Además de asesinatos, estos proyectos se acompañan de una serie de actos de hostigamiento, como lo pudimos ver en octubre del presente año cuando un cerco de 300 efectivos de la Policía Nacional Civil protegió las instalaciones de la empresa Energía y Renovación para intimidar a la población en resistencia. Junto con nuestros compañeros del Consejo de Pueblos Wuxhtaj y el Consejo del Pueblo Maya (CPO), con quienes hacemos parte del Movimiento de Afectados por las Represas en América Latina (MAR), denunciamos la farsa que constituyen “los Acuerdos de paz y desarrollo de San Mateo Ixtatán” firmados después de este episodio, ya que no hay nada más alejado de la paz y el desarrollo que la invasión de los territorios y la violación de los derechos colectivos de las comunidades locales. Por ello, exigimos la cancelación definitiva e inmediata de los proyectos Pojom I, Pojom II y San Andrés.

De manera general, en todo México, Centroamérica y América del sur, rechazamos el modelo energético capitalista que consiste en acaparar bienes comunes naturales, inundar tierras y represar ríos para generar energía eléctrica sin que esta sea deseada por ni destinada a la población local, con el simple fin de lucrar con la naturaleza. Denunciamos que este tipo de proyectos que se presentan como vectores de desarrollo para los pueblos campesinos de nuestro continente no garantizan ningún derecho, ni el derecho básico a la electricidad. Al contrario, violan los derechos colectivos de los pueblos, entre los cuales el derecho a la autodeterminación, y violan el derecho a la vida y a la protesta, asesinando y criminalizando.

Como Otros Mundos A.C. y miembros del MAR, seguiremos luchando por un modelo energético pensado y construido por y para los pueblos. Nos solidarizamos con las familias de los compañeros asesinados y saludamos a la digna lucha de la Microrregión de Ixquisis, esperando encontrar justicia para los pueblos afectados por los proyectos de represas.

¡Justicia para Nery y Domingo!
¡Agua y energía no son mercancía!
¡Fuera las represas de nuestros ríos!

FIRMAMOS:
OTROS MUNDOS A.C
MOVIMIENTO DE AFECTADOS POR LAS REPRESAS EN AMÉRICA LATINA (MAR)

Más información:

Comunicado Urgente: Denunciamos el doble asesinato de miembros de la resistencia de Ixquisis

Denunciamos el Falso Dialogo y desarrollo por el caso Pojom I, San Mateo Ixtatan. La paz y desarrollo se construye, no se impone con violencia

Guatemala: ¡Cese al cerco policíaco en las comunidades Ixquisis en resistencia!

[AUDIO] Presentamos un amparo para reactivar la investigación en el caso del asesinato de Mariano Abarca

Publicada el 04/12/2018 | por Otros Mundos AC | Dejar un comentario

Audio de las intervenciones del abogado Miguel Ángel de los Santos* (foto) durante la conferencia de prensa del 26 de noviembre 2018 en Tuxtla Gutiérrez a nueve años del asesinato de Mariano Abarca. Ese día, la familia Abarca y organizaciones aliadas interpusimos un amparo ante el Juzgado Segundo de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas para reactivar la investigación en esta causa que aún permanece en la impunidad.

>> DESCARGAR EL AUDIO EN MP3 <<

El camino para alcanzar la justicia es lento y en este caso ya ha ocupado 9 años, en los que no se ha llevado a cabo una investigación seria, eficaz, objetiva, profunda, que determine las responsabilidades de quienes actuaron como autores materiales e intelectuales del asesinato de Mariano Abarca Robledo el 27 de noviembre 2009.

Nosotros esta mañana hemos interpuesto un amparo. Este amparo le toca conocerlo y estudiarlo al Juzgado Segundo de Distrito de Amparo y Juicios Federales, con sede en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, y será él quien le pida informes al Ministerio Público de la Mesa 2, dependiente de la Fiscalía de Homicidios de la Procuraduría de Justicia del Estado de Chiapas, para que aporte las evidencias de que efectivamente ha llevado a cabo una investigación.

La última diligencia de pruebas que se llevó a cabo dentro de la investigación fue a mediados del mes de enero del 2018, es decir que han pasado ya 10 meses, por lo menos, en los que no se ha realizado ninguna diligencia de investigación, a pesar de que lo hemos solicitado. Hemos pedido que se investigue el domicilio de los directivos de la empresa Blackfire Exploration para que comparezcan a declarar y aporten sus testimonios. Sin embargo, no lo han hecho.

El contexto histórico en el que se dio este crimen fue durante la administración del ex gobernador Juan Sabines Guerrero, en el marco de la lucha que Mariano Abarca y los habitantes de Chicomuselo llevaron a cabo en contra del impacto negativo de la actividad de la empresa minera Blackfire. Por lo tanto, la principal línea de investigación que se debe seguir tiene que ver con la responsabilidad de la empresa Blackfire en tanto que existieron antecedente previos al asesinato de Mariano Abarca, en los que trabajadores de la empresa estuvieron involucrados.

También se dieron otros elementos de carácter politico. Hay un testimonio que fue aportado por el abogado Horacio Culebro Borrayas en el que señala haber presenciado y participado en una reunión en la que escuchó directamente que un ex funcionario de la administración del ex gobernador Juan Sabines Guerrero, que en ese entonces era subsecretario general de gobierno, Nemesio Ponce Sanchez, expresó que el podía hacer a un lado a Mariano Abarca en caso de que continuara con su activismo contra Blackfire. También estamos señalando que el ex presidente municipal de Chicomuselo, Julio César Calderón, sea también investigado. Todos ellos son actores políticos que en ese momento intervinieron de una u otra manera para generar las condiciones que condujeron al crimen de Mariano Abarca.

Insistimos ante el Ministerio Público que se agoten todas las líneas de investigación y que se esclarezcan debidamente los hechos.

Nos preocupa que el crimen de un defensor de los derechos humanos y el medio ambiente quede en la impunidad porque esto envía un mensaje muy grave a quienes defienden los derechos y el medio ambiente y un mensaje a las empresas mineras porque indica que se puede asesinar a las y los defensores sin que la justicia les alcance.

Por lo tanto esperamos que derivado de esta petición de amparo que hemos presentado este 26 de noviembre 2018, la autoridad de investigación de los delitos en Chiapas se vea obligada a llevar a cabo esta investigación de manera eficaz.

Mientras tanto, como coadyuvantes en esta investigación, vamos a continuar aportando las pruebas que consideramos es necesario se desahoguen y también pidiendo al Ministerio Público que realice las diligencias de pruebas que sean necesarias.

* Miguel Ángel de los Santos es abogado y miembro del Centro de Derechos Humanos de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Chiapas (UNACH)

Más información:

Nemesio Ponce, el maquiavélico poder tras el trono en el sexenio sabinista

A nueve años de impunidad en el asesinato de Mariano Abarca Roblero

La minera canadiense Blackfire en Chiapas contra defensores de los territorios y de la vida

Comunicado de la Familia de Berta Cáceres, el COPINH, Gustavo Castro y los equipos legales de la causa ante el fallo

Publicada el 30/11/2018 | por Otros Mundos AC | Dejar un comentario

Comunicado publicado el 29 de noviembre después del fallo emitido en el primer juicio por el asesinato de Berta Cáceres

>> VER EL VIDEO DE LA CONFERENCIA DE LA FAMILIA DE BERTA Y EL COPINH HOY <<

El veredicto que acaba de emitirse NO satisface nuestras exigencias de justicia como víctimas en el asesinato de Berta Cáceres y el intento de asesinato a Gustavo Castro.

Este fallo que se ha pronunciado en la Sala I del Tribunal de Sentencia que condena al grupo sicarial y a la estructura intermedia relacionada directamente la empresa DESA no significa que se ha alcanzado justicia.

Las estructuras y las personas que dieron el dinero para que estos criminales asesinaran a Berta Cáceres siguen gozando de la libertad y de la posibilidad de seguir desarrollando crímenes como este de manera impune.

Desde el inicio de este proceso, hace casi tres años ya, ha sido claro que el asesinato de Berta Cáceres fue planificado por los directivos de la empresa DESA para luego ser ejecutado por sicarios vinculados a la Fuerzas Armadas de Honduras. Sin embargo, la verdad sobre el crimen y todos sus responsables ha sido limitada a quienes ahora se han juzgado debido a los obstáculos decididos que el Estado de Honduras ha interpuesto a través de su Ministerio Público y sus tribunales para negar la verdad como parte de una justicia real.

Lo que ha quedado todavía más claro de este proceso judicial del cual hemos sido expulsados, debido a que no nos hemos callado ante todas las arbitrariedades que a diario fueron sucediendo en los tribunales, es que la familia Atala Zablah, accionistas dueños de la empresa DESA, están detrás de toda la trama de persecución, hostigamiento, ataques y amenazas que llevaron al asesinato de Berta Cáceres.

Nuestra participación como víctimas es parte fundamental en el proceso de justicia y el Estado, al excluirnos de manera sistemática, perpetúa la impunidad que inunda este país y que tanto daño hace.

Durante el juicio fuimos testigos, así como los observadores internacionales, los miembros del cuerpo diplomático y la prensa, de las comunicaciones telefónicas que evidencian esta participación. Esto también dejó claro que los hechos criminales cometidos por la empresa DESA bajo la dirección de esta familia van más allá del asesinato y comprenden una serie de crímenes realizados en contra de Berta Cáceres, del COPINH, del pueblo Lenca e incluso de la administración pública y del Estado de Honduras.

Preguntamos al Estado y sus instituciones: ¿Qué intereses están en juego y motivan que con sus comportamientos protejan a los máximos responsables cuyos nombres no son un secreto? ¿Por qué existiendo evidencia de su participación no han sido procesados al día de hoy después de casi 3 años del vil crimen? ¿Qué esperan para cumplir con su responsabilidad?

Exigimos que sean traídos ante la justicia a todos los responsables por el asesinato de Berta Cáceres y no únicamente quienes pagados por DESA ejecutaron el crimen.

Con el capítulo que se cierra hoy, las condenas al eslabón más bajo de la estructura criminal con las que el Estado hondureño pretende silenciar la demanda de justicia, no termina la lucha por justicia para Berta Cáceres y el pueblo Lenca, por el contrario, se profundizan nuestros esfuerzos.

Estas condenas, son el primer escalón en la búsqueda de justicia y la familia, Gustavo Castro, el COPINH y los equipos legales hemos estado acompañados de quienes creen en Berta Cáceres, en su palabra y acción y sabemos que van a seguir estando coherentemente del lado de la verdad y la justicia en las batallas venideras que con total determinación haremos.

La impunidad que hasta hoy muestran y disfrutan los autores intelectuales de este crimen, hace parte del entramado de corrupción y violencia que sostiene al modelo extractivista que saquea nuestros pueblos, ante el cual las víctimas juntos a las demás personas, comunidades y organizaciones nos comprometemos a seguirles enfrentando, como lo hizo Berta Cáceres, hasta que la Dignidad, la Verdad y la Justicia, prevalezcan en esta causa y en todas las luchas que ahora mismo se están librando en distintos territorios de Honduras y el mundo.

¡La justicia hondureña está en deuda con nosotras y nosotros, con todo el pueblo hondureño!

Foto: Conferencia de prensa del COPINH en frente del Tribunal de Sentencias hoy 29 de noviembre 2018

Más información:

Las sentencias que se emitieron hoy en el juicio ilegal por el asesinato de Berta Cáceres no permiten lograr la justicia integral

Las sentencias que se emitieron en el primer juicio por el asesinato de Berta Cáceres no permiten lograr la justicia integral

Publicada el 29/11/2018 | por Otros Mundos AC | Dejar un comentario

Nota informativa de Otros Mundos A.C. – A 29 de noviembre 2018

Este jueves 29 de noviembre, la Primera Sala del Tribunal de Sentencias de la Corte Suprema de Honduras emitió su resolución en el juicio por el asesinato de la defensora hondureña Berta Cáceres y el intento de asesinato contra el activista mexicano Gustavo Castro. Resultó en la condena de siete de ocho hombres detenidos entre el 2016 y el 2017, pero habrá que esperar el 10 de enero 2019 para conocer su pena, después de que concluya su periodo de prisión preventiva. Mientras tanto, la familia Atala Zablah, dueña de la empresa DESA que está detrás de la autoría intelectual del asesinato, sigue en libertad.

El primer juicio en el caso del asesinato de Berta Cáceres, perpetrado el 2 de marzo 2016 por personas vinculadas a la empresa hondureña Desarrollos Energéticos S.A. (DESA) cuando coordinaba el Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH), hubiera podido ser histórico para defensores y defensoras de todo el mundo. Pero se tornó en un juicio ilegal cuando el Tribunal decidió iniciarlo el 20 de octubre 2018 a pesar de que la familia de Berta y el COPINH habían presentado un recurso de amparo en su contra después de una serie de irregularidades cometidas por el Ministerio Público de Honduras. Y como si fuera poco, el Tribunal expulsó del juicio a las representaciones legales de las acusaciones privadas, que son la familia de Berta, el COPINH y Gustavo Castro, miembro de Otros Mundos A.C. y amigo de Berta quien sobreviviera a los disparos que recibió la noche del asesinato. Tras su expulsión, las víctimas habían denunciado y desconocido “la farsa” que representa el juicio y exigido que éste sea “reiniciado y desarrollado con las garantías que corresponde”, pero no fueron escuchadas.

Fue en este contexto que se emitieron hoy las siguientes sentencias:

7 de ellos fueron condenados por el asesinato de Berta Cáceres, como lo había solicitado el Ministerio Público:

Douglas Geovany Bustillo, quien fue jefe de seguridad de DESA hasta junio de 2015, quien planeó, supervisó y dirigió en tiempo real el operativo del 2 de marzo del 2016.
Mariano Díaz Chávez, exoficial de inteligencia de las fuerzas especiales hondureñas, involucrado en la puesta en marcha del plan para asesinar a Berta Cáceres.
Sergio Ramón Rodríguez Orellana, gerente del área social, ambiental y de comunicaciones de DESA, quien brindaba la información y cooperación necesaria para la vigilancia de Berta Cáceres.
Henrry Javier Hernández, trabajaba en la empresa de seguridad privada PCI y también trabajaba bajo el mando de Douglas Bustillo, con quien realizó varios operativos para la planificación del ataque del 2 de marzo de 2016, incluyendo el reconocimiento de la casa de Berta Cáceres.
Elvin Heriberto Rápalo Orellana, quien laboraba en la construcción y es el supuesto coautor del asesinato además fue el que disparo contra el mexicano Gustavo Castro.
Edilson Atilio Duarte Meza: su teléfono celular se ubicó en la zona de la casa de Berta Cáceres en la hora del asesinato y luego regresó rumbo al norte del país. Es uno de los principales sicarios y autores materiales que dieron muerte a Berta el 2 de marzo del 2016.
Óscar Aroldo Torres Velásquez: La data telefónica sugiere que estuvo en La Esperanza/Intibucá junto a Henrry Hernández, Edilson Duarte, y Elvin Rápalo el día del asesinato.

El Ministerio Público había acusado aparte a estos 7 hombres del intento de asesinato contra Gustavo Castro, pero solo 4 de ellos fueron condenados por este delito:

Henrry Javier Hernández,
Elvin Heriberto Rápalo Orellana
Edilson Atilio Duarte Meza
Óscar Aroldo Torres Velásquez

1 de los encausados fue absuelto:

Emerson Duarte Meza: El Minisiterio Público había solicitado 3 a 5 años de cárcel contra él por encubrimiento, pero fue absuelto. Hermano gemelo de Edilson Duarte Meza, es acusado por que el arma supuestamente homicida, revólver calibre 38, fue encontrada en su casa de habitación según informaron agentes del Ministerio Público. Por tanto, se le acusa de autor material del asesinato de Berta. Sin embargo, no se encuentra ninguna otra evidencia de participación, por lo cual la representación legal de la familia y COPINH ha solicitado el sobreseimiento del mismo debido a la falta de evidencia.

Estos 8 hombres permanecerán en prisión preventiva hasta el 10 de enero 2018, fecha en la cual se determinará la pena de cada uno de los condenados.

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Falta capturar a los autores intelectuales

Una novena persona, David Castillo, detenida en marzo del 2018, será juzgada en otro juicio. Es presidente del Consejo de Administración y representante legal de DESA y hasta ahora el único acusado por la autoría intelectual por el asesinato de Berta.

El Ministerio Púbico de Honduras se enorgulleció en un comunicado de haber “logrado demostrar la culpabilidad de siete acusados por la muerte de la Líder Ambientalista Berta Isabel Cáceres Flores e intento de asesinato contra un testigo protegido”, presentando a los siete condenados como “los autores Intelectuales y Materiales de este lamentable asesinato que enlutó a toda Honduras”. Pero el COPINH, la familia de Berta y Gustavo Castro denuncian que, si bien es cierto que con estas sentencias se condena a varios autores materiales del crimen, el fallo no permite lograr una justicia integral para Berta, ya que no contempla la verdadera autoría intelectual del crimen.

“Con este fallo el Estado no silenciará nuestra búsqueda de justicia integral. Hoy solo se juzga al eslabón más bajo de una estructura criminal impune y que sigue operando”, comentó Berta Zúñiga Cáceres, hija de Berta y actual coordinadora del COPINH, a Otros Mundos A.C.

Una estructura criminal

Existen suficientes pruebas para demostrar que los autores intelectuales del asesinato de Berta se encuentran en la mesa directiva de DESA – propiedad de la familia Atala -, cuyo proyecto hidroeléctrico “Agua Zarca” estaba amenazado por la labor que realizaba la activista en defensa de los derechos colectivos del pueblo indígena Lenca, de la comunidad Río Blanco y del río Gualcarque. “La empresa DESA desarrolló una agresiva campaña contra el COPINH y Berta Cáceres que incluía el pago de informantes dentro de la comunidad de Río Blanco para dar seguimiento a toas las acciones y movimientos de Berta Cáceres”, resume el COPINH en la “Cronología de la planificación y ejecución del asesinato de Berta Cáceres”, disponible en su página web. “Esta labor era dirigida por los directivos de la empresa, David Castillo y Daniel Atala Midence, monitoreada por los demás directivos e implementada por Sergio Rodríguez y los jefes de seguridad Douglas Bustillo y Jorge Ávila”, precisa la organización.

Entre las pruebas están las discusiones que tuvieron por una parte Douglas Bustillo y David Castillo sobre un intento de asesinato contra Berta Cáceres abortado en febrero 2016 por falta de logística y medios; y por otra parte David Castillo, Sergio Rodriguez y Jorge Ávila (otros jefe de seguridad de DESA) en un chat WhatsApp titulado “Seguridad PHAZ” en el que estuvieron dando seguimiento a las acciones y movimientos del COPINH y de Berta hasta la víspera del asesinato.

“Jurídicamente, la estructura criminal que ejecutó el crimen contra Berta Cáceres y Gustavo Castro es responsable, al menos, de los delitos de asociación ilícita, asesinato y tentativa de asesinato conforme lo establece el artículo 332 y 117 del Código Penal vigente”, denunció el COPINH en su artículo titualdo “¿Qué ha pasado en el primer juicio de la causa Berta Cáceres?”.

El fallo incita a cometer más crímenes contra defensores y defensoras del territorio

Por la ausencia de la representación de las víctimas y el rechazo a remediar una serie de irrgeulridades denunciadas por el COPINH desde el inicio del proceso legal en 2016, este juicio no permite revelar y menos condenar esta estructura criminal que asesinó a Berta, ya que el Tribunal de Sentencias se rehusó a considerar como prueba la pericia sobre los antecedente del juicio, es decir las pruebas del largo proceso de hostigamiento y asesinatos llevado a cabo por DESA en contra de la comunidad de Río Blanco e integrantes del COPINH y que llevó a los hechos del 2 de marzo 2016.

Esta omisión refleja la clara intención del gobierno de Honduras de solapar a la poderosa familia Atala, aliada del Partido Nacional del actual presidente Juan Orlando Hernandez (JOH), quien se mantuvo al poder en noviembre 2017 mediante un fraude electoral. Envía un peligroso mensaje alentador a las empresas extractivas que en muchas comunidades campesinas, indígenas y afrodescendientes del mundo que sufren la invasión de sus territorios y la violación de sus derechos colectivos por parte de empresas extractivas. Afirma ante la comunidad internacional un firme rechazo del gobierno hondureño a romper con la impunidad, responsable de más de 200 asesinatos de defensores y defensoras del territorio en todo el mundo cada año.

Retomando las palabras del COPINH, este juicio “configura un ambiente favorable para que se sigan cometiendo más crímenes selectivos en contra de comunidades y liderazgos que resisten a la estructura económica criminal que impulsa el modelo de extracción y mercantilización de la riqueza de los pueblos”.

{YOUTUBE}99urLLBqC0A{/YOUTUBE}

Más información:

Comunicado de la Familia de Berta, el COPINH, Gustavo Castro y los equipos legales de la causa ante el fallo

[AUDIO] Palabra de la hija de Berta Cáceres en el juicio

VIDEO: Participación de Gustavo Castro en el Foro “La verdad de la causa Berta Cáceres”

A nueve años de impunidad en el asesinato de Mariano Abarca Roblero

Publicada el 26/11/2018 | por Otros Mundos AC | Dejar un comentario

Comunicado de prensa – Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, México, a 26 de noviembre 2018

>> DESCARGAR EL COMUNICADO EN PDF <<

>> ESCUCHAR EL AUDIO DE LA LECTURA DEL COMUNICADO POR JOSÉ LUÍS ABARCA <<

>> READ IT IN ENGLISH <<

Foto: Conferencia de prensa en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, el 26 de noviembre 2018, con la participación de: Uriel Abarca Roblero (hermano de Mariano); José Luís Abarca Montejo (hijo de Mariano); Libertad Díaz Vera (Otros Mundos A.C.); Miguel Ángel Mijangos (Red Mexicana de Afectados por la Minería – REMA); Miguel Ángel de los Santos (Centro de Derechos Humanos de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Chiapas)

Hoy venimos a denunciar que el asesinato de Mariano Abarca Roblero, crimen perpetrado el 27 de noviembre 2009 en el cual todos los sospechosos son personas vinculadas a la empresa minera canadiense Blackfire Exploration Ltd., sigue impune. Pero a 9 años de los hechos, sus familiares y las organizaciones que acompañamos su caso no dejamos de exigir justicia por este acto cometido en el municipio de Chicomuselo, Chiapas, México, donde él representaba a la Red Mexicana de Afectados por la Minería (REMA). Lo seguiremos haciendo ante las autoridades de Chiapas, México y Canadá, hasta llegar a los autores intelectuales.

Hoy presentamos un Amparo para exigir la investigación exhaustiva en torno a los hechos del 27 de noviembre de 2009, ya que no hemos visto voluntad por parte de la Fiscalía de Chiapas de realizar las acciones necesarias con el fin de llevar a cabo una investigación adecuada. Esperamos que este juicio de amparo obligue al Ministerio Público a investigar exhaustivamente los hechos y determinen las responsabilidades penales que correspondan.

Por otro lado, el 12 de Octubre de 2018 entregamos a la Corte Federal de Canadá un Informe donde exponemos nuestros argumentos por los cuales le solicitamos que exija al Comisionado para la Integridad de la Administración Pública de Canadá (CIAPC) realizar una adecuada investigación sobre las acciones y omisiones realizadas por el cuerpo diplomático canadiense en México durante todo el proceso de hostigamiento y criminalización que sufrió Mariano Abarca.

Entregamos este informe en el marco de un proceso que estamos llevando ante la Corte Federal de Canadá, a la cual acudimos el 16 de mayo 2018 para que revise la decisión del CIAPC de no realizar dicha investigación sobre el cuerpo diplomático canadiense en México. El CIAPC se negó a investigar, considerando que la estrategia canadiense en torno a sus industrias extractivas en el extranjero no representa “políticas oficiales” y que por lo tanto sus funcionarios públicos no son obligados a respetarlas.

En nuestro informe, manifestamos que el rechazo del CIAPC no es válido ya que este Comisionado no estudió todos los documentos, interpretó erróneamente algunos hechos; descartó evidencias y otras las tergiversó; aplicó un estándar demasiado restrictivo; no aseguró el debido proceso en torno a los documentos ni solicitó más evidencias ni entrevistas; y no realizó un análisis razonable en torno al peligro que generó para la vida de Mariano la incidencia a favor de Blackfire por parte de la embajada. Denunciamos que el CIAPC realizó un análisis no razonable por considerar que las políticas aplicables a las acciones y omisiones de la embajada no son vinculantes, ni siquiera las políticas. No tomó en consideración el interés público en realizar una investigación sobre este caso, considerando los temas muy serios que están en el fondo de la denuncia y que socava la confianza pública en la integridad del servicio público de Canadá al no estar dispuesta a investigarlos.

Foto: Uriel Abarca Roblero, hermano de Mariano, durante la conferencia de prensa en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, el 26 de noviembre 2018

Nosotros sabemos que la misión diplomática estaba al tanto de la detención de Abarca, que la misma empresa había interpuesto acusaciones falsas en su contra, y había recibido su testimonio semanas antes sobre los trabajadores de la Blackfire que estuvieron armados, amenazando a Mariano y otras personas. Pero en vez de actuar en correspondencia con la política del gobierno canadiense, reuniéndose con la familia del activista medioambiental y con la comunidad, y dando pasos para garantizar su seguridad, la Embajada de Canadá en México defendió activamente los intereses de la Blackfire y, después del asesinato de Mariano, procuró públicamente minimizar la importancia del grado de conocimiento que tenía sobre el caso. Por ello planteamos que la embajada estaba obligada a seguir el código de ética del gobierno canadiense, evitando adoptar una posición parcializada en favor de la compañía en las reuniones sostenidas con funcionarios públicos mexicanos, reuniones en las que abogó en favor de la empresa Blackfire y en contra de las protestas contra la mina. La conducta de los funcionarios de la embajada incrementó el peligro en que se encontraba Mariano Abarca y reveló un patente menosprecio por los valores éticos en el servicio público.

Estamos a la espera de una fecha para el primer semestre de 2019 cuando participaremos en una audiencia oral frente la Corte Federal de Canadá junto con nuestra representación legal canadiense. No dejaremos de denunciar y exigir que se reconozca el papel de la Embajada de Canadá en México en el asesinato de Mariano Abarca. Lo haremos con la esperanza de que este reconocimiento constituya un precedente que permita a las demás víctimas de los crímenes perpetrados por el extractivismo minero canadiense en México y América latina, buscar justicia.

José Luis Abarca Montejo
Familia Abarca

Gustavo Castro Soto
Otros Mundos, A.C.

Miguel Angel Mijangos
Red Mexicana de Afectados por la Minería (REMA)

Miguel Angel de los Santos
Centro de Derechos Humanos de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Chiapas

Kirsten Francescone
Mining Watch Canada

>> VER EL VIDEO DE LA CONFERENCIA DE PRENSA <<

Más información:

http://justiciaparamarianoabarca.wordpress.com/

Comunicado de la REMA a 9 años del asesinato de Mariano Abarca

Descargar el informe que entregamos a la Corte Federal de Canadá

Acudimos a la Corte Federal de Canadá para exigir justicia para Mariano Abarca

En los medios:

A 9 años del asesinato del activista Mariano Abarca no hay justicia (Noticias Voz e Imagen de Chiapas)

Asesinato de Mariano Abarca sigue impune (Diario de Chiapas)

No a las mineras – A nueve años DE IMPUNIDAD en el asesinato de Mariano Abarca Roblero (Agencia Crónicas)

Lunes 26 de septiembre: Conferencia de prensa a 9 años del asesinato de Mariano Abarca

Publicada el 22/11/2018 | por Otros Mundos AC | Dejar un comentario

CONFERENCIA DE PRENSA

LUNES 26 DE NOVIEMBRE 2018

HORA: 11 AM
LUGAR: Museo de la Ciudad
Av Central Pte 288, Santo Domingo, Tuxtla Gutiérrez

A 9 AÑOS DEL ASESINATO DE MARIANO ABARCA:
AVANCES EN NUESTRA BÚSQUEDA DE JUSTICIA EN MÉXICO Y CANADÁ

Estimados y estimadas periodistas de Chiapas,

Les invitamos este lunes 26 de noviembre 2018 a las 11 AM en el Museo de la Ciudad a nuestra conferencia de prensa, a 9 años del asesinato de nuestro compañero Mariano Abarca Roblero, perpetrado el 27 de noviembre 2009 en Chicomuselo, Chiapas, por personas vinculadas a la empresa minera canadiense Blackfire Exploration Ltd.

Queremos agradecerles haberle dado seguimiento a este caso y a nuestra búsqueda de justicia en estos 9 años de impunidad e informarles sobre nuestros últimos avances: un amparo interpuesto ante la Fiscalía de Chiapas y un informe entregado a la Corte Federal de Justicia de Canadá.

Para más detalles, les esperemos ese día con las intervenciones de:

José Luís Abarca Montejo, hijo de Mariano Abarca y fundador de la Fundación Ambientalista Mariano Abarca (FAMA)
Uriel Abarca Roblero, hermano de Mariano Abarca
Miguel Ángel Mijangos Leal, de la Red Mexicana de Afectados por la Minería (REMA)
Libertad Díaz Vera, de Otros Mundos A.C.
Miguel Ángel de los Santos, abogado de la familia Abarca y miembro del Centro de Derechos Humanos de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Chiapas (UNACH)

¡Gracias de antemano por su participación y cobertura!

Atentamente,

Familia Abarca; Fundación Ambientalista Mariano Abarca (FAMA); Red Mexicana de Afectados por la Minería (REMA); Otros Mundos A.C.; Centro de Derechos Humanos de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Chiapas (UNACH); Mining Watch Canadá

Más información:

Acudimos a la Corte Federal de Canadá para exigir justicia para Mariano Abarca

[AUDIO] Caso Mariano Abarca: “Confiamos en que al final la justicia se va a imponer”

VIDEO: Participación de Gustavo Castro en el Foro “La verdad de la causa Berta Cáceres”

Publicada el 19/11/2018 | por Otros Mundos AC | Dejar un comentario

Les compartimos el video de la intervención de Gustavo Castro Soto, miembro de Otros Mundos A.C., en el Foro “La Verdad de la causa Berta Cáceres”, organizado el 13 de noviembre 2018 por el Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH) en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH) en Tegucigalpa, Honduras.

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IM-Defensoras se solidariza con el COPINH y denuncia la farsa judicial y voluntad de impunidad por su femicidio político

Publicada el 29/10/2018 | por Otros Mundos AC | Dejar un comentario

Pronunciamiento de la Iniciativa Mesoamericana de Mujeres Defensoras (IM-Defensoras) – Mesoamérica, a 29 de octubre 2018

Las defensoras mesoamericanas articuladas en la IM-Defensoras nos declaramos en rebeldía y alzamos nuestras voces en solidaridad con el Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH) y la familia de nuestra compañera Berta Cáceres para denunciar las múltiples irregularidades y, en definitiva, la farsa en la que se está convirtiendo el juicio por su femicidio político y por el intento de asesinato de Gustavo Castro.

De acuerdo con lo expresado por el COPINH en sus recientes comunicados, el juicio inició el pasado 20 de octubre de manera ilegal, ya que no se había resuelto la recusación interpuesta en contra del Tribunal que conoce el caso y con la exclusión de las representaciones de las víctimas. Ello vino acompañado de la decisión de imponer al Ministerio Público como representante de las víctimas, lo que supone un flagrante atropello a la dignidad de las víctimas puesto que, en palabra de Bertha Zúñiga, coordiandora del COPINH e hija de Berta Cáceres: “El Ministerio Público nunca ha representado ni representará a las víctimas sino a los victimarios detrás del asesinato de Berta Cáceres, ocultando información y negando nuestros derechos a participar del proceso legal”.

Estas vulneraciones y perversiones del proceso judicial se suman a las múltiples irregularidades cometidas por las instituciones hondureñas de justicia desde el inicio del proceso, tales como la falta de acceso a la información, la falta de investigación del Ministerio Público, la destrucción y alteración de pruebas, la falta de voluntad de perseguir a los autores intelectuales o la falta de protección de los derechos de las víctimas, entre otras. Lo cual a todas luces parece orientado a asentar la base sobre la que dar apariencia de justicia a un nuevo ejercicio de impunidad para proteger a los actores intelectuales del femicidio político de Berta Cáceres y eludir reconocer la responsabilidad del Estado en el mismo.

Por ello, desde la IM-Defensoras:

Expresamos nuestro absoluto apoyo y solidaridad con el COPINH y las víctimas del caso Berta Cáceres.
Exigimos la suspensión del juicio hasta que no se resuelva en firme la recusación interpuesta en contra del Tribunal que conoce el caso y se garantice la representación de las víctimas.
Repudiamos y condenamos la evidente estrategia del Estado hondureño orientada a dejar en la impunidad a los actores materiales e intelectuales del femicidio político de nuestra compañera Berta Cáceres y a eludir su reponsabilidad en el mismo.
Hacemos un llamado a la comunidad internacional para que se solidarice con el COPINH, la familia de Berta Cáceres y Gustavo Castro y se mantenga alerta y al pendiente de la evolución de los acontecimientos.

Más información:

Juicio sobre el caso Berta Cáceres: Nos declaramos en rebeldía contra la farsa y la injusticia

Segundo informe de la Misión de observación del juicio de Berta Cáceres: Graves irregularidades obstaculizan la verdad y la justicia

Juicio sobre el caso Berta Cáceres: Nos declaramos en rebeldía contra la farsa y la injusticia

Publicada el 24/10/2018 | por Otros Mundos AC | Dejar un comentario

Comunicado de la familia de Berta Cáceres, Gustavo Castro, el COPINH, el MADJ y C-Libre – Tegucigalpa, Honduras, a 24 de octubre 2018

Familiares de Berta Cáceres, miembros del COPINH, del MADJ y de C-LIBRE en conferencia de prensa en Tegucigalpa el 24 de octubre 2018 (Foto: COPINH) [Ver el video de la conferencia aquí]

La familia de Berta Cáceres, Gustavo Castro, el Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH), junto a los equipos legales del Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia (MADJ) y el Comité por la Libertad de Expresión (C-Libre) ante las recientes actuaciones del sistema de justicia hondureño comunicamos lo siguiente:

Desconocemos de manera rotunda las actuaciones de la sala primera del Tribunal de Sentencias que pretende excluir a las víctimas y sus representantes legales del primer juicio por el asesinato de la compañera Berta Cáceres y la tentativa de asesinato de Gustavo Castro.

Denunciamos que el tribunal compuesto por Esther Carolina Flores, Anaim Orellana, Delia Villatoro y Jocelyn Donaire, está desarrollando una farsa. Todas sus actuaciones son ilegales mientras se encuentren recusados y deben ser anuladas. El juicio debe ser reiniciado y desarrollado con las garantías que corresponde.

Declaramos que no vamos a participar de la farsa en la que se ha convertido este proceso judicial y reivindicamos nuestra determinación de agotar todas las instancias y herramientas para que se garantice la participación efectiva y un juicio justo.

Las víctimas, junto a nuestros representantes legales hemos develado una férrea confabulación de todos los actores del sistema de justicia para evitar que se conozca la verdad en el crimen de Berta Cáceres y evitar que se lleve a la justicia a los autores intelectuales de su asesinato, quienes no están en este juicio.

Hemos develado la falta de acceso a la información, la falta de investigación del Ministerio Público, la destrucción y alteración de pruebas, la falta de voluntad de perseguir a los autores intelectuales, la falta de protección de los derechos de las víctimas e incluso de los acusados y por eso pretenden excluirnos.

Como represalia pretenden evitar la participación del juicio a la madre, hijas, hijo y hermanos de vida y lucha de Berta Cáceres y así mismo la participación de Gustavo Castro.

Las pruebas demuestran la participación en el crimen de los empleados de la empresa DESA; Sergio Rodríguez y Douglas Bustillo, así como de los militares Mariano Díaz y Henrry Hernández junto a un grupo de sicarios, pero el juicio contra ellos busca ocultar la verdad de quienes pagaron y ordenaron realmente el asesinato.

Se equivoca el Tribunal de Sentencias presidido por Esther Carolina Flores, así como las autoridades de la Corte Suprema de Justicia, si piensan que pueden callarnos o inmovilizarnos en nuestra búsqueda de justicia.

No descansaremos hasta que estén castigados todos los autores intelectuales del asesinato de Berta Cáceres y del intento de asesinato de Gustavo Castro.

La comunidad internacional no debe avalar este atropello a la justicia. El Estado de Honduras tendrá que responder internacionalmente por sus faltas.

La sed de justicia es muy grande, sus resoluciones ilegales no la pararán.