La justicia en deuda : Preocupante demora en caso de Berta Cáceres

Publicada el 05/06/2019 | por Otros Mundos AC | Dejar un comentario

Compartimos el siguiente artículo sobre actualizaciones del caso de Berta Cáceres mediante el análisis de la «Misión de Observación calificada en el caso Berta Cáceres» publicado en Sputnik – A 3 de junio de 2019

MONTEVIDEO (Sputnik) — A medio año de emitido el dictamen sobre el asesinato de la activista hondureña Berta Cáceres el tribunal aún no presentó la sentencia condenatoria por escrito y esto debilita el fallo, contó a Sputnik el vicepresidente de la Federación Internacional de DDHH (FIDH), Francisco Soto.

«A seis meses de emitido el fallo lamentablemente no hay una sentencia escrita por parte del tribunal; eso significa que el fallo en primera instancia no está firme hasta que esa sentencia escrita se pueda dar a las partes del proceso», señaló el abogado guatemalteco.

El defensor es uno de los integrantes de la Misión de Observación Calificada del juicio oral y público por el asesinato de la activista hondureña, que está acompañando el caso desde hace más de un año y medio.

Cáceres, fundadora del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (Copinh), fue asesinada a balazos en su casa el 2 de marzo de 2016, pese a que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos había pedido al Estado hondureño medidas cautelares de protección para su vida.

Soto, quien también es Director del Centro para la Acción Legal de Derechos Humanos, manifestó que la falta de una sentencia escrita les preocupa además porque la misión no puede brindar el informe completo sobre el acompañamiento del caso debido a que «el proceso no termina hasta que ese fallo no esté escrito».

Seis meses atrás, la Sala Primera del Tribunal de Sentencia hondureño emitió un fallo oral en el primer juicio por el asesinato de la activista y determinó que el crimen fue cometido «con conocimiento y consentimiento de los ejecutivos de la empresa Desarrollos Energéticos S.A. (DESA)» con el objetivo de poner fin a la resistencia al proyecto de la represa hidroeléctrica Agua Zarca y declaró culpables a siete de los ocho acusados.

Cáceres había realizado denuncias relacionadas a este proyecto hidroeléctrico por considerarlo una amenaza para el territorio de las comunidades indígenas de la etnia lenca.

La familia de la activista y el Copinh denunciaron durante el proceso reiteradas irregularidades en el desarrollo del caso, tanto contra la Fiscalía como con el Tribunal.

Fuentes del Copinh dijeron a Sputnik que la demora en la emisión de la sentencia demuestra que «las irregularidades continúan estando presentes en el proceso y se demuestra la inoperancia del sistema de justicia hondureño, que tiene un uso político», expresó la organización.

«No hay ningún documento oficial escrito en el que se corrobore el fallo, la sentencia de culpabilidad contra estas personas; lo que se dio el 29 de noviembre fue un fallo oral, si bien lo dijeron públicamente no hay ningún documento que respalde eso, las partes no pueden recurrir a ese fallo. Esto no significa que esto sea irregular en Honduras debido a que el sistema de justicia es muy lento, pero en este caso que tiene tanta trascendencia demuestra la inoperancia del sistema de justicia», dijo el Copinh a esta agencia.

Por su parte, el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) recordó el miércoles en un comunicado que «es un deber de los jueces y juezas el dirigir y encauzar el procedimiento judicial con el fin de garantizar el acceso de las víctimas a la justicia en plazos razonables».

Además, opinaron que «en este caso el retraso de seis meses en la emisión de la sentencia no tiene justificación alguna ni responde a un plazo razonable. Esta dilación vulnera el debido proceso acrecentando el riesgo de impunidad e impacta negativamente en otros procesos en curso».

Cuestionamiento del proceso

Los abogados de los imputados por el asesinato de Cáceres denunciaron a mediados de mayo una supuesta manipulación de pruebas presentadas durante el juicio por parte de una perita del Ministerio Público.

Esto es cuestionado por Soto, debido a que considera que el momento en el que se debían presentar estos reclamos era durante el desarrollo del juicio, donde tendrían que haber demostrado que la prueba no cumple con los requisitos necesarios.

«El tribunal es el que valora los medios de prueba, si no lo hacen en ese momento obviamente después es una forma de tratar de defender algo que ya se valoró», explicó el abogado.

Según el Copinh, lo que la defensa está haciendo con estas alegaciones «es un show mediático, porque se dan cuenta de que jurídicamente su defendido, David Castillo, está muy involucrado, entonces lo que quieren es mediáticamente y con una narrativa política tratar de buscar exculparlo».

«Están diciendo que el Ministerio Público falsificó unas pruebas, lo cual es mentira; ellos pueden criticar todo lo que quieran el manejo de la prueba realizado por el Ministerio Público, critican a una perito que hace una interpretación de las comunicaciones, sin embargo la prueba habla por sí misma, no hace falta una interpretación de ningún perito para leer las comunicaciones», señaló el Copinh a esta agencia.

«Las comunicaciones de David Castillo y los demás imputados son las pruebas y en eso se fundamenta el caso y no en el análisis de ella, que fue quien sistematizó la información», agregaron desde la organización.

En paralelo a esta situación se está desarrollando en Honduras el juicio contra el único presunto autor intelectual del asesinato de Cáceres que está siendo investigado, David Castillo Mejía (actualmente en prisión preventiva).

Ex gerente general de DESA, Mejía es acusado de actuar como nexo entre los autores materiales y la empresa, y se está esperando que finalice la audiencia preliminar para ver si se el caso se lleva o no a juicio.

«Que se esté cuestionando el proceso tiene un impacto en el otro proceso; aquí el tema es que el tribunal brinde certeza jurídica en el sentido de que emita su resolución por escrito y que las partes, conforme el procedimiento legal, presenten sus apelaciones si así lo consideran pertinente», opinó Soto.

El vicepresidente de la FIDH añadió que según su experiencia «la defensa siempre argumenta el mal manejo de los medios de prueba; es una forma de desacreditar las investigaciones y más que un planteamiento jurídico es un planteamiento político».

«Obviamente este es un caso de alto impacto en Centroamérica porque demuestra cómo los diferentes megaproyectos que se están implementando en esta región se están realizando sin el consentimiento y sin la aprobación de la población en los territorios en donde se están llevando a cabo», comentó el abogado guatemalteco.

Soto considera que el caso de Berta Cáceres es emblemático debido a que «demuestra cómo la empresa con tal de imponer estos proyectos llega al extremo de eliminar físicamente a las personas que se oponen».

El activista considera que si bien es algo que sucede mucho en esta región, en el caso de Cáceres esto logró ser probado en un tribunal.

Ver nota del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH)

Foto: Misión de Observación calificada en el caso Berta Cáceres, Crédito COPINH

Imagen: Comando creativo

Más información:

Gerente sería autor intelectual del asesinato de Berta Cáceres

¡ORGANICÉMONOS HUMANIDAD! Entrevista a Gustavo Castro

A 3 años de su siembra: La Justicia para Berta Cáceres es la justicia para las mujeres, movimientos y pueblos

Campaña nacional: Ni Presa, Ni Presos

Publicada el 22/05/2019 | por Otros Mundos AC | Dejar un comentario

Comunicado del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan – A 21 de mayo de 2019

Con este lema iniciamos la campaña nacional para exigir la libertad de los 16 presos del Consejo de Ejidos y Comunidades Opositoras a la presa La Parota (CECOP), quienes desde el 7 de enero del 2018 se encuentran presos en el Centro de Reinserción Social de las Cruces en Acapulco, Guerrero. Este 22 de mayo en el Tribunal de enjuiciamiento penal, con jurisdicción y competencia en el Distrito Judicial de Tabares, se realizará el juicio oral que determinará la situación legal de 16 defensores comunitarios del CECOP.

Desde hace 16 meses: Ernesto Valeriano Morales, Manuel Estrada Pineda, Santos Pino Elacio, Catalino Valeriano Estrada, Fernando Chona Chávez, Olegario Montes de Oca Mejía, Antonio Cabrera Morales, Francisco Cabrera Morales, Felipe Romero Galeana, José Francisco Flores, José Elacio Martínez, Manuel Everardo Suástegui, Pablo Carmen García, Marco Antonio Suástegui Muñoz, Vicente Iván Suástegui Muñoz y Javier Melchor Santiago permanecen en prisión acusados de homicidio calificado.

El 7 de enero de 2018, durante un baile que se realizaba en la comunidad de la Concepción municipio de Acapulco, en el marco de una fiesta patronal, se suscitó un enfrentamiento entre el grupo de la comisaria municipal y miembros de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias – Policía Comunitaria (CRAC-PC), en el que murieron 8 personas. Esta división comunitaria ha sido alentada por políticos y empresarios de la región, que tienen negocios dentro del núcleo comunal de Cacahuantepec, explotando irracionalmente los recursos pétreos del rio Papagayo. Estos personajes se han erigido en caciques que han conformado grupos de choque para confrontar a los miembros del CECOP y a la misma Policía Comunitaria asentada en la Concepción. Lamentablemente la situación interna de las comunidades rurales de Acapulco, además de vivir en situaciones deplorables, ahora se encuentran divididas, al grado que han existido asesinatos, y se vive un ambiente de tensión y polarización social. Las autoridades estatales y municipales han dejado escalar esta violencia y han permitido que internamente los grupos confrontados, diriman sus diferencias con el uso de la fuerza letal.

La violencia no paró con la lamentable pérdida de los campesinos y policías pobres, continuo con la presencia de más 200 policías del estado, acompañado por policías ministeriales, gendarmería y elementos del ejército. Su arribo a las 11 de la mañana, no fue para preservar el orden sino para alentar la confrontación. Su presencia aparatosa con vehículos y helicópteros que sobrevolaban la comunidad fue una demostración de fuerza, para amedrentar a la población. En cuanto llegaron los elementos empezaron a disparar, desarmaron a los policías comunitarios e irrumpieron en la Casa de Enlace de la CRAC-PC. Varias personas presentes en el lugar de los hechos, narraron cómo elementos de las fuerzas de seguridad desarmaron a dos Policías Comunitarios, los obligaron a hincarse y les dispararon, configurando claras ejecuciones arbitrarias. Otro Policía Comunitario, fue detenido por las fuerzas de seguridad frente a varias personas, y sacado del lugar; su cuerpo apareció unas horas después al lado de los otros dos, consumándose una tercera ejecución arbitrarias.

A la par, tanto la policía ministerial como la policía estatal comenzaron a detener a los miembros del CECOP sin que existiera una orden de aprehensión que fundamentara su actuar, sumando un total de 38 personas detenidas de manera arbitraria e ilegal. Los elementos policíacos hicieron uso excesivo de la fuerza desde un inicio, arrastrando y golpeando sin discreción a todas las personas que detenían, a tal punto que 8 personas señalaron haber sido torturadas al momento de su detención. Diferentes certificados médicos elaborados por la policía ministerial y del Cereso de las Cruces, así como de la defensa, dan cuenta de graves lesiones que se asemejan a la tortura.

A pesar de las irregularidades durante la investigación inicial y las violaciones de derechos humanos relacionadas con allanamientos ilegales, detenciones arbitrarias y torturas, se sometió a juicio a 25 integrantes del CECOP por el delito de homicidio. A los detenidos se les imputó la muerte de las 6 personas que salieron de la comisaria municipal durante la fiesta patronal, sin que iniciara una investigación respecto a las muertes de los policías comunitarios que murieron esa misma noche, y mucho menos de las graves violaciones sucedidas durante la detención.

Desde la detención inicial de las 38 personas el proceso contra los miembros del CECOP se vio plagado de inconsistencias y violaciones al debido proceso. Además de la serie de violaciones a derechos humanos durante la detención, el personal ministerial arribó 8 horas después de los hechos suscitados en la fiesta patronal, por lo cual no hubo un resguardo de la zona y varias de las pruebas fueron alteradas, como fue la posición de los cuerpos.

Por otra parte, tal como se señaló previamente la policía ministerial llegó al lugar de los hechos con la principal obligación de recabar las pruebas suficientes para investigar lo ocurrido durante la madrugada; sin embargo, no sólo no realizó debidamente esa diligencia, sino que además esta labor se vio demeritada por el operativo que se armó, y en el cual también se perdieron más pruebas. La autoridad ministerial como la policía estatal actuaron desde un principio de manera de ilegal pues no existía ninguna fundamentación jurídica para el operativo que se montó en la comunidad de la Concepción, no había órdenes de aprehensión y mucho menos se ameritaba la cantidad de elementos que arribaron ni el uso de la fuerza que se utilizó.

Para justificar las detenciones ilegales y arbitrarias, así como el operativo y su magnitud, la Fiscalía General del Estado inició una carpeta de investigación contra los 25 miembros del CECOP, en la que en un inicio les imputó el delito de narcomenudeo, al supuestamente encontrar marihuana en la Casa de Enlace, de la cual no se logró demostrar la existencia en ningún momento. Por tal motivo, esta carpeta de investigación fue cerrada. Sin embargo, en ese momento se les imputó el delito de homicidio. Esta acción fue una estrategia de la Fiscalía para legitimar las detenciones realizadas y así tener tiempo para generar las órdenes de aprehensión contra los compañeros del CECOP por homicidio, además de cubrir las graves violaciones a derechos humanos que se habían suscitado.

Mientras se integraba la carpeta de narcomenudeo, se mantuvo en incomunicación a los detenidos tanto de sus familiares como de sus defensores, sin hacerles saber de qué se les acusaba, aplicándoles pruebas sin la presencia de ningún abogado defensor. Estuvieron incomunicados por alrededor de 48 horas, lo que en el contexto de su detención y criminalización puede constituir en sí, en una forma de tortura, ya que además del daño emocional que puede generar, también tiene efectos negativos contundentes en el proceso penal, pues las primeras horas son de especial importancia para la formulación de imputación.

Respecto a la prueba de radizonato de sodio, además de no ser practicada en presencia del abogado defensor, esta fue ilegal debido a que se practicó durante la integración de la carpeta de narcomenudeo, por lo que no tenía ningún tipo de relación para comprobar ese tipo penal. Si bien esta acción fue reconocida en la audiencia intermedia y esta prueba no formará parte del juicio oral, este hecho sí da un indicio de la fabricación de las pruebas contra los detenidos y el interés de mantenerlos privados de libertad.

Respecto a lo anterior, queremos enfatizar que las investigaciones penales se han iniciado únicamente por los hechos sucedidos en la fiesta patronal, sin que hasta el momento se hayan investigado las ejecuciones extrajudiciales ni la tortura de los 8 integrantes del CECOP. El gobierno del Estado ha sido muy enfático en declarar que no se aplicará el protocolo de Minnesota, que sirve para la atención de casos de ejecuciones extrajudiciales, argumentando que no considera que se trate de ejecuciones; no obstante, ni siquiera se han investigado como homicidios, lo que se traduce como una falta de imparcialidad en la investigación de los hechos.

De igual forma, las escenas de los hechos fueron alteradas e incluso se permitió la destrucción de varias pruebas. Después del operativo, se sacaron los cuerpos de los policías comunitarios ejecutados en la Casa de Enlace y el 11 de enero la policía Estatal resguardó el desalojo que hizo el comisario municipal, de la Casa de Enlace de la CRAC-PC en donde incluso se prendió fuego a varios elementos materiales que se encontraban en el lugar, destruyendo elementos probatorios sobre las ejecuciones extrajudiciales.

Por otra parte, a pesar de que desde la audiencia inicial la juzgadora a cargo haya ordenado abrir una carpeta de investigación por el delito de tortura, esta investigación no ha avanzado. Existen varios certificados médicos que dan cuenta de las lesiones de los compañeros y una opinión técnica del experto internacional James Payson que señala la existencia de tortura, así como varios organismos de derechos humanos nacionales e internacionales que se han pronunciado respecto de las graves violaciones ocurridas en el caso.

Por todas estas irregularidades plasmadas en la carpeta de investigación, emplazamos al Juez del Tribunal de enjuiciamiento penal, con jurisdicción y competencia en el Distrito Judicial de Tabares de Acapulco a que resuelva conforme a los principios de imparcialidad e independencia, con la debida perspectiva intercultural y conforme a los estándares nacionales e internacionales más altos en materia de derechos humanos. La lucha del CECOP a lo largo de 16 años ha sido a pulso, siempre defendiendo la tierra y el agua como un derecho sagrado, desenmascarando los intereses económicos de los grupos de poder. Han sido perseguidos y torturados sin que se castigue a los responsables. Han luchado contra la presa y por eso están presos. La solidaridad de muchas organizaciones sociales y civiles con la gente del CECOP se hace eco de esta demanda de justicia y de este lema de la campaña: Ni Presa, Ni Presos.

Más información:

Declaración del 13º Encuentro nacional del Movimiento mexicano de Afectados por las Presas y en Defensa de los Ríos (MAPDER)

El Escaramujo 73: LA LEY DE SEGURIDAD INTERIOR EN MÉXICO

[Artículo] En esta lucha voy a dar la vida: Samir Flores

Publicada el 21/05/2019 | por Otros Mundos AC | Dejar un comentario

Compartimos el artículo publicado en Pie de Página – A Febrero 2019

Texto: Daliri Oropeza y Al-Dabi Olvera

Imágenes: Archivo / Ana Cristina Ramos

A cuatro días de la consulta sobre la termoeléctrica de Huexca, parte del Proyecto Integral Morelos, fue asesinado Samir Flores Soberanes, persona nodal en la articulación de las resistencias y la defensa del territorio contra los megaproyectos en la región.

El campesino, locutor, líder comunitario y defensor de derechos humanos Samir Flores Soberanes fue asesinado con dos balazos en la cabeza a las cinco de la mañana de este miércoles 20 de febrero, en la puerta de su vivienda, ubicada en el pueblo de Amilcingo, Morelos.

Flores murió tres días antes de que el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador realice una consulta pública para decidir si opera o no la termoeléctrica de Huexca, parte del Proyecto Integral Morelos (PIM), y un día después de que se manifestara en un foro conducido en Jonacatepec por Hugo Eric Flores Cervantes, delegado federal en en la entidad.

De acuerdo con diversos compañeros suyos, Flores era uno de los precursores y puntos nodales de resistencia en contra del PIM, una red construida durante el sexenio de Enrique Peña Nieto, compuesto por un gasoducto que cruza los campos de diversos pueblos (incluido Amilcingo), un acueducto en Cuautla y Villa de Ayala y una termoeléctrica en la comunidad de Huexca.

“Todo el tiempo se distinguió por ser una persona honesta, ética, que ama a su tierra y a la gente. Siempre buscó compartir, enseñar; siempre fue muy solidario: trabajaba con todos, la comunidad, los niños, los campesinos. Cuando había un problema la gente lo buscaba y apoyaba. Se distinguió por tener un gran corazón, una gran mente. Estamos enojados e indignados”, cuenta Samanta César, compañera de Flores en Radio Comunitaria Amiltzinko 100.7 FM.

“Las últimas semanas Samir fue muy activo por esto de la consulta, y esta consulta, si se hace, se va a hacer con sangre”, agrega.

Samantha César cuenta que su compañero de 36 años tenía varias amenazas, incluso en la radio. Samir tenía 4 hijos.

“Lo buscaron en la madrugada. Salió porque de por sí lo iba a buscar la gente. Y fueron cuatro balazos, dos lo mataron”.

Durante su última intervención pública, en un foro organizado por el gobierno federal en Jonacatepec, Samir Flores encaró al delegado en Morelos, Hugo Éric Flores Cervantes, también presidente nacional del partido Encuentro Social, quien fue una voz clave en la defensa de los paramilitares inculpados en la masacre de Acteal.

Frente al podio donde se encontraba sentado Hugo Eric, Samir responsabilizó a las empresas europeas Abengoa, Enagas y Bonati por ser beneficiarias del gasoducto que pasa por su comunidad. También dijo que el PIM es inconstitucional y advirtió que podría tener efectos en la salud y traer varios peligros, ya que las obras se encuentran al pie del volcán Popocatépetl.

Con el micrófono, denunció las irregularidades de la termoeléctrica y cómo afecta al pueblo. Al final del evento, se acercaron dos asistentes de Hugo Eric Flores que también estaban en el podio y tomaron los datos de Samir, de ningún otro de sus compañeros.

Samantha César opina que la intención de este asesinato es “desvanecer y meter miedo”, pero también “un llamado o aviso a quienes estamos luchando contra este proyecto”.

El presidente Andrés Manuel López Obrador lamentó el asesinato en su conferencia de prensa, “es un crimen vil, cobarde, ésa es la información que tengo hasta ahora. Vamos, desde luego, a tener más información y a investigar y a proceder para que se esclarezca este crimen, reprobable, lamentable (…) La consulta la tenemos que continuar, porque es un proceso que ya se acordó en una asamblea. Ya se informó, ya la gente tiene todos los elementos y no podríamos detenerla”.

El fiscal de Morelos, Uriel Carmona, en una entrevista radiofónica, explicó que la línea de investigación que siguen es que se trata de “la delincuencia organizada”. Sin embargo, la asamblea de Amilcingo responsabiliza a los gobiernos municipal, estatal y federal.

El 10 de febrero, durante la presentación de la consulta para la termoeléctrica, el presidente López Obrador descalificó a varios defensores llamándolos “radicales de izquierda: para mí no son más que conservadores”.

Samir fue quien logró improvisar una tarima para que el mandatario pudiera verlos y escucharlos. En diferentes fotos se le ve con un sombrero café, gritando y sosteniendo una manta.

Como respuesta a los calificativos del presidente, el Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y Agua Morelos, Puebla, Tlaxcala señaló en un comunicado que la actitud del presidente contra los defensores de la región podrían generar un ambiente de violencia. A cambio, lanzaron la campaña #YoPrefieroLaVida. También agregaron que muchas personas en Morelos votaron por Obrador debido a su promesas de cancelar la termoeléctrica en 2014 y 2018, y ahora se sienten traicionados.

Samir y un grupo de personas en Amilcingo fueron los primeros en viajar a Huexca en 2012 para avisar y advertir sobre el megaproyecto que se les venía. Teresa Castellanos, habitante del lugar donde fue impuesta la termoeléctrica, lo recuerda: “era un hombre muy sabio, traía sus ideales bien puestos, no era ningún cobarde. Siempre fue un guerrero muy valiente. Y hasta las últimas consecuencias. Él nos dijo que iba a dar su vida pero nunca iba a traicionar a su pueblo, y ahí está, ya dio su vida”.

“Entonces hay que prepararnos los que estamos aquí enfrente, porque los próximos vamos a ser nosotros, pero no vamos a rajarnos, vamos a seguir en la lucha así tengamos que caer”, sostiene con voz agitada Teresa Castellanos, otra de las caras más visibles de la lucha en la región.

López Obrador ha explicado que su cambio de postura sobre la continuidad del PIM obedece a que administraciones anteriores firmaron contratos con vigencia de hasta 25 años, con empresas extranjeras, que obligan al gobierno mexicano a pagar por Indemnización y mantenimiento por estas obras inacabadas, entre las que se encuentran.

Samir Flores era indígena náhuatl y delegado del Congreso Nacional Indígena (CNI). El abogado del CNI, Carlos González, lo recuerda como dirigente de su pueblo: era quien organizaba todas las luchas de la comunidad, no sólo contra el gasoducto sino contra la imposición del ayudante municipal por parte de la Central Campesina Cardenista, en defensa de la escuela comunitaria que hicieron, era de la sociedad de padres de familia.

“Él era quien articulaba”, dijo.

El caso de Samir Flores no es aislado, la violencia contra activistas ambientales y defensores del territorio en México es permanente. De acuerdo con una investigación de la periodista Laura Castellanos, en la última década han sido asesinados 125 luchadores ecologistas, de los cuales 82 eran indígenas.

Amilcingo se ha distinguido por llevar una lucha autonómica indígena para gobernarse sin partidos políticos desde hace seis años, recuerda Samantha César. Esta autonomía se desarrolló a partir de la defensa del territorio generada cuando se enteraron que un gasoducto pasaría por su campo. Esto le ha valido incursiones policiacas, además la creación de grupos de choque internos. Sin embargo, la asamblea de pobladores, la radio y una escuela autónoma llamada Emiliano Zapata continúan activos.

“Somos una comunidad súper organizada que ha defendido sus derechos y ésta es una forma de amedrentar a nuestra comunidad. No lo vamos a permitir. Si algo dejó Samir es la enseñanza y la lucha, por eso vamos a continuar”, agrega Samantha César.

“Fue hijo de zapatistas, nacido en tierra zapatista, a cien años de su muerte, acaban de matar a otro luchador social”, concluye.

El asesinato del activista se da también en el contexto del centenario del asesinato de Emiliano Zapata, jefe de la resistencia campesina en la región durante la Revolución mexicana. En entrevista con Pie de Página el pasado 10 de enero, Flores hizo una serie de reflexiones al respecto:

“Es lamentable lo que hoy menciona Andrés Manuel, me recuerda en aquellos años cuando Madero toma el poder y le da la espalda al general Zapata. Me recuerda a esas páginas de la historia. Hoy está haciendo a un lado de manera denostativa a quienes nos sentimos agraviados desde el 2012”.

El defensor habló también del megaproyecto impuesto en Morelos y de la consulta:

“El proyecto no fue consultado. Quizás hoy la consulta está de más porque ya el proyecto ya está hecho, pero (Andrés Manuel López Obrador) debería enfocarse más en las cuestiones técnicas de la Cupreder, la UNAM, otros científicos que han emitido un punto de vista técnicamente y que pareciera que no lo está tomando tan en cuenta. Es lamentable para una Cuarta Transformación apuntarle hacia el mismo objetivo neoliberal. Esperemos que las cosas no se compliquen, de lo contrario lo que va a pasar es que se va a topar con la resistencia de los pueblos”.

Se autoriza su reproducción siempre y cuando se cite claramente al autor y la fuente. “Este trabajo forma parte del proyecto Pie de Página, realizado por la Red de Periodistas de a Pie. Conoce más del proyecto aquí: https://piedepagina.mx“.

Más información:

¡Justicia para Samir Flores Soberanes!

[Artículo] ¿Quién mato a Samir Flores?

Las consultas «buenas» no existen ¡Basta de engañar a los pueblos!

A 9 años de su partida BETY CARIÑO, PRESENTE

Publicada el 29/04/2019 | por Otros Mundos AC | Dejar un comentario

Comunicado de la Red Mexicana de Afectadas y Afectados por la Minería (REMA) – A 27 de abril de 2019

QUERIDÍSIMA BETY CARIÑO

27 DE ABRIL DIA REBELDE

Mujer guerrera de largas batallas, hace 9 años te asesinaron porque te atreviste a defender la tierra, junto a tus hermanas y hermanos triquis. Nos arrebataron tu fuerza y presencia siempre alegre, tu cariño a las compañeras y compañeros, tu cálida sonrisa, tu mirada dulce, tu abrazo tierno, tu palabra firme y segura; pero no lograron arrebatarnos el ejemplo que nos heredaste como tu incansable forma de mirar la vida, para la cual es necesario luchar, tener coraje e indignación por las injusticias, tal cual tu las tenías todas como cualidades. Por si fuera poco, siempre tu solidaridad fue incondicional, tu convicción para levantarte una y otra vez, tu compromiso para con todas y todos estuvo siempre firme… Y qué decir de tu amor por la vida….Infinito.

Hiciste nacer a la Red Mexicana de Afectadas/os por la Minería, razón suficiente para que siempre te tengamos presente entre nosotras/os, porque aun sin estar físicamente, eres parte imprescindible de esta familia que tú misma ayudaste a construir hace 11 años.

En este 9° Aniversario te recordamos con tu enorme sonrisa. Tiempos también para alzar la voz y gritar nuevamente la impunidad sigue siendo parte de la vida en México, que no hay cambios, que la lucha por la justicia para ti y para Jyri Jaakkola, siguen siendo un cotidiano para sus familias y nosotros, así como para tantas compañeras y compañeros asesinados, bajo un sistema que se vuelve cada vez más omiso y solapador de quienes acallan voces valientes y colectivas, defensoras y defensores del territorio; Nuevamente a una voz exigimos ¡JUSTICIA!

Enviamos un abrazo bien fuerte para tu familia, amigas y amigos que están ahora reunides para recordar tus andanzas solidarias, Nos sumamos para abrazarnos juntas y juntos a tu recuerdo, para hacerte presente y gritar que la impunidad sigue galopante, sin dar paz a tu partida.

Te queremos decir que en cada uno de los procesos comunitarios realizados como REMA contra los proyectos mineros en el país, mismos que enfrentaste, siempre nos acompañas, sea en un video, en un diaporama, en una exposición, con la palabra…. no hay día que una lágrima no salga para saludarte y recordarte.

QUERIDA BETY, EN REMA ESTAMOS PROFUNDAMENTE AGRADECIDOS, PORQUE TU LUCHA SE HIZO NUESTRA LUCHA.

¡JUSTICIA YA PARA BETY CARIÑO Y JYRI JAAKKOLA!

¡CASTIGO A LOS RESPONSABLES!

¡ALTO A LOS ASESINATOS DE DEFENSORAS Y DEFENSORES DE LA VIDA!

Firma

RED MEXICANA DE AFECTADAS Y AFECTADOS POR LA MINERÍA

Más información:

Acabar con la impunidad para Bety Cariño Jyri Jaakkola

8 años sin Bety Cariño y su fuerza sigue con nosotros

VIDEO: «Sembrando Sueños, Cosechando Esperanzas», libro ilustrado sobre la historia de Bety Cariño

Gerente sería autor intelectual del asesinato de Berta Cáceres

Publicada el 11/04/2019 | por Otros Mundos AC | Dejar un comentario

Artículo de SERVINDI Comunidad Intercultural para un mundo más humano y diverso- A abirl 2019

Servindi, 7 de abril, 2019

En Honduras, este 4 de abril inició una nueva audiencia preliminar donde se formalizó la acusación contra David Castillo Mejía por el asesinato de la ambientalista Berta Cáceres.

Castillo Mejía, gerente general de la empresa Desarrollos Energéticos S.A. (DESA), es señalado como uno de los autores intelectuales del crimen cometido el 2 de marzo de 2016.

Según el Movimiento Amplio por la Dignidad y Justicia, organización que lleva la representación legal del caso, David Castillo es el enlace entre sicarios y dueños de DESA, empresa beneficiaria del proyecto hidroeléctrico Agua Zarca.

Berta Cáceres, lideresa del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH), dirigió a las comunidades lencas en las protestas contra Agua Zarca.

¿El motivo?

La concesión del proyecto que desplazaba a las comunidades campesinas, al parecer, se obtuvo de forma ilegal. Además, la comunidad lenca Río Blanco viene afirmando que el proyecto de la empresa hondureña DESA pone peligro su forma de vida.

El tribunal de Juzgado de Letras Penal de Tegucigalpa decidió reprogramar la audiencia para el próximo miércoles 24 de abril.

Apoyo internacional

Diversas organizaciones internacionales como el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) expresaron su preocupación ante la lentitud de las investigaciones.

“Resulta preocupante que los avances del Estado de Honduras hacia la justicia por el asesinato de Berta Cáceres sigan siendo escasos y frágiles», comentó Claudia Paz y Paz, directora para Centroamérica y México del CEJIL.

«Honduras aún tiene la deuda de avanzar en la investigación y juzgamiento de todos los autores intelectuales del crimen”

CEJIL también alertó que tras tres años exista solo una persona imputada por la autoría intelectual del crimen. La organización recordó que el primer fallo por el asesinato de Berta Cáceres reconoció que el asesinato fue planificado y ejecutado con “pleno conocimiento y consentimiento” de los ejecutivos de la empresa DESA.

Por su parte, el relator especial sobre la situación de los defensores de los derechos humanos, Michel Forst, mostró su interés por la obtención de justicia para la activista indígena. «El tribunal decidirá si el proceso sigue a juicio oral y público. Seguimos el caso con interés», tuiteó el relator de las Naciones Unidas.

El dato:

El martes 9 de abril presentarán el informe de la misión de observación del caso Berta Cáceres en el Consejo General de la Abogacía Española en Madrid.

El documento expone principalmente las diversas irregularidades cometidas tanto por el Ministerio Público como por el Tribunal de Sentencia en el proceso penal seguido al asesinato de Berta Cáceres.

La misión de observación estuvo conformada por 19 organizaciones, entre las que destaca el Observatorio Internacional de la Abogacía en Riesgo (OIAD) y la Fundación Abogacía Española.

>>Consulta informe de la misión de observación del juicio de Berta Cáceres aquí<<

Más información:

Arranca nueva audiencia por causa Berta Cáceres sin sentencia firme contra autores materiales

¡ORGANICÉMONOS HUMANIDAD! Entrevista a Gustavo Castro

A 3 años de su siembra: La Justicia para Berta Cáceres es la justicia para las mujeres, movimientos y pueblos

Las sentencias que se emitieron en el primer juicio por el asesinato de Berta Cáceres no permiten lograr la justicia integral

¡PRIMER CASO! Embajada canadiense a los tribunales por su intervención indebida en conflicto minero en México

Publicada el 28/03/2019 | por Otros Mundos AC | Dejar un comentario

Comunicado de Prensa, Ciudad de México – A 28 de Marzo de 2019 >>Descargar comunicado en pdf<<

¡EL PRIMER CASO DE EN LA CORTE FEDERAL DE CANADÁ!

EMBAJADA CANADIENSE A LOS TRIBUNALES POR SU INTERVENCIÓN INDEBIDA EN CONFLICTO MINERO EN MÉXICO.

Este lunes 25 de marzo acudimos a la Corte Federal de Canadá para exigir justicia a mi padre Mariano Abarca, asesinado en el 2009 por denunciar los impactos negativos de la explotación de barita de la empresa minera Blackfire Exploration en Chicomuselo, Chiapas y los abusos que cometía la empresa en nuestro territorio.

El 5 de febrero mi familia, Otros Mundos A.C., la Red Mexicana de Afectados por la Minería (REMA), el Centro de Derechos Humanos de la Universidad de Chiapas y Alerta Minera Canadá solicitamos al Comisionado de la Integridad del Sector Publico de Canadá abra una investigación a la Embajada de Canadá porque sus actos y omisiones contribuyeron a crear un ambiente de peligro para la vida de mi padre y por no haber actuado acorde a las políticas de respeto y protección de derechos de las personas en otros países.

La solicitud presentada demuestra el apoyo que la embajada dio a la empresa, aun conociendo la amenaza que representaba para mi padre y para mi familia. Todos los hallazgos presentados están fundamentados en documentación extensiva obtenida a través de la ley de transparencia, en donde se revela el papel esencial que la embajada canadiense jugó para facilitar las operaciones de la empresa Blackfire, desde su inicio hasta su suspensión por violaciones ambientales.

Ante la negativa que el Comisionado presentó de abrir una investigación solicitamos un recurso de apelación ante la Corte Federal y acudimos a la audiencia este lunes, el 25 de marzo. Además, realizamos una serie de actividades con diversos actores de la sociedad civil de Canadá para argumentar la importancia de abrir una investigación seria e imparcial a la embajada por la necesidad de hacer justicia a mi padre Mariano Abarca. Así también por las implicaciones de este caso en los derechos de las personas afectadas por la minería con capital canadiense en México y en muchas partes del mundo.

Hoy informamos que en la querella, el abogado Patrick Bendin, del Consejo Legal del Departamento de Justicia defendió la decisión del Comisionado de no abrir una investigación, argumentado principalmente que las políticas citadas en las páginas del gobierno y referenciadas en testimonios de funcionarios públicos en el parlamento canadiense sobre la responsabilidad social empresarial y su papel en el contexto de conflictos socio-ambientales en torno a la minería no son ‘oficiales’ y por tal razón los funcionarios públicos no las pudieron haber violado. También calificó las políticas presentadas como recomendaciones a seguir de manera voluntaria. Reafirmó que el Comisionado no tiene el deber de abrir una investigación y que es discrecional ese derecho. Fue muy lamentable escuchar una representación del gobierno de Canadá, sin haber demostrado rigor en la revisión de los documentos presentados, calificar nuestra denuncia que demuestra la actuación de la embajada como “especulaciones”.

No hay duda para nosotros que mi padre fue asesinado por su rol en denunciar los impactos ambientales y sociales de la mina de Blackfire Exploration. Creemos que la embajada canadiense en México tiene responsabilidad por haber presionado nuestros gobernantes para favorecer a la empresa y controlar las protestas de la comunidad, aún cuando supo que la vida de Mariano estaba en grave riesgo. Contrario a los intentos débiles del abogado del gobierno canadiense de decir que nuestra demanda se base en pura especulación, hay amplia evidencia y esperamos que la corte exija una investigación seria en el caso.

Hoy mismo la minería canadiense sigue siendo una amenaza para nuestro territorio, la diplomacia económica entre México y Canadá es de gran interés para el estado canadiense, para el de México y por su puesto para las empresas mineras. Lamentablemente, la minería ha sido anunciada por el gobierno como estrategia para el desarrollo del país y se promueve la inversión canadiense, así como está retomándose el modelo extractivo minero de Canadá como ejemplo para implementar en nuestro país, lo que pone en riesgo los bienes naturales del agua, la tierra y el aire, los derechos colectivos de las y los campesinos y los pueblos indígenas de México, así como aumentara el riesgo de las personas, pues existen varios informes que han demostrado el patrón de actuación de las empresas frente a la seguridad física y psicológica de las y los defensores de la tierra y el territorio.

Ilustrando los graves riesgos que las comunidades afectadas por la minería enfrentan, un estudio por la organización Proyecto Responsabilidad Corporativa y Justicia (JCAP) documentó 44 muertos, más de 400 heridos y arriba de 700 casos de criminalización en torno a conflictos mineros relacionados con 28 empresas mineras canadienses en 13 países de América Latina entre 2000 a 2015.

La familia Abarca y las organizaciones que hacemos parte de la Red Mexicana de Afectados por la Minaría (REMA) esperamos la decisión del juez de la Corte Federal de Canadá en un par de meses pero lo más importante es que el Estado Canadiense hoy acepte que la minería de Canadá ha puesto en peligro la vida e integridad física y psicológica de mi padre Mariano Abarca, así como la de otros cientos de defensores del medio ambiente afectados por la extracción minera en México, América Latina y el mundos, que las empresas mineras actúan con corrupción, criminalización y amenazan a las personas y que ante estos hechos la embajada canadiense debe negarse a apoyar los intereses económicos, no debe omitir las violaciones a derechos. Hoy esperamos que el cuerpo diplomático clarifique su papel en la promoción de las empresas en otros países y que su compromiso frente a los derechos humanos de los afectados por la minería deje de ser una opción personal o voluntaria y se vuelva una obligación congruente con sus propios estándares de responsabilidad social.

Requerimos que el estado Canadiense y el estado Mexicano se responsabilicen por la vida de mi padre Mariano Abarca y por promocionar las empresas canadienses en nuestros territorios y se comprometan a respetar, vigilar y proteger los derechos humanos y colectivos de las y los afectados por la minería.

#JusiticiaParaMariano

¡Fuera la minería del país!

FIRMAN:

Familia Abarca Montejo

Fundación Mariano Abarca A.C.

Otros Mundos A.C.

Red Mexicana de Afectados por la Minería (REMA)

Centro de Derechos Humanos de la Universidad Autónoma de Chiapas

Mining Watch Canadá

>>Descargar comunicado en pdf<<

Foto: Conferencia de Prensa en Centro de Comunicación Social (CENCOS) en CDMX, 28 de marzo de 2019, José Luis Abarca Montejo (Hijo de Mariano Abarca), Uriel Abarca Roblero (Hermano de Mariano Abarca) y Libertad Díaz (IOtros Mundos A.C. y Red Mexicana de Afectadas y Afectados por la minería-REMA)

>>Ver conferencia de prensa<<

Blog Justicia para Mariano Abarca

Más información:

EL ESCARAMUJO 85 EL GOBIERNO DE CANADÁ A LA CORTE FEDERAL

¡Firma la petición para exigir justicia para Mariano Abarca a la corte federal de Canadá!

Antecedentes e Información general del Caso Mariano Abarca Corte Federal 2019

Resumen del Caso Mariano en la Corte Federal de Canadá 2019

En los medios:

Corte canadiense analiza denuncia a embajada de ese país en México, por muerte de activista en Chiapas

Corte de Canadá analiza asesinato de Abarca, opositor a la minería en Chiapas

Demanda legal contra Embajada Canadiense por caso Mariano Abarca

Diplomáticos canadienses serían investigados por proteger a la minera Blackfire, implicada en crimen de activista

Investigan a diplomáticos canadienses por proteger a la minera Blackfire

Piden investigar a embajada canadiense en México por crimen de ambientalista

Abogados de activista mexicano asesinado, optimistas sobre caso en Canadá

Murder of Mexican mining protester throws spotlight on role of Canada’s embassies

Jueves 28 de marzo Conferencia de Prensa Embajada Canadiense a los tribunales por su intervención indebida en conflicto minero

Publicada el 27/03/2019 | por Otros Mundos AC | Dejar un comentario

Conferencia de Prensa Jueves 28 de marzo de 2019 ¡PRIMER CASO! Embajada canadiense a los tribunales por su intervención indebida en conflicto minero en México

Te invitamos a la Conferencia de Prensa

El jueves 28 de marzo en las oficinas de Centro Nacional de Comunicación Social, Medellín 33, Col. Roma en Ciudad de México a las 11 a.m.

Informaremos sobre la audiencia y nuestra exigencia al estado canadiense de responsabilizarse con la protección de los derechos de los y las afectadas por la minería.

¡El primer caso!

Embajada canadiense a los tribunales por su intervención indebida en conflicto minero en México

Este lunes 25 de marzo José Luis Abarca Montejo y Uriel Abarca Roblero, la organización Otros Mundos A.C., la Red Mexicana de Afectados por la Minería (REMA) y el Centro de Derechos Humanos de la Universidad Autónoma de Chiapas asistimos a la Corte Federal de Canadá para defender la necesidad de una investigación a la Embajada Canadiense por su actuación y omisión en el asesinato de Mariano Abarca por su lucha contra la empresa BlackFire.

Visita el Blog Justicia para Mariano Abarca

Más información del caso:

EL ESCARAMUJO 85 EL GOBIERNO DE CANADÁ A LA CORTE FEDERAL

¡Firma la petición para exigir justicia para Mariano Abarca a la corte federal de Canadá!

Antecedentes e Información general del Caso Mariano Abarca Corte Federal 2019

Resumen del Caso Mariano en la Corte Federal de Canadá 2019

Denuncia y repudio por el asesinato de Sergio Rojas en Costa Rica

Publicada el 20/03/2019 | por Otros Mundos AC | Dejar un comentario

Comunicado de Amigos de la Tierra América Latina y el Caribe (ATLALC) – 19 de marzo de 2019

Amigos de la Tierra América Latina y el Caribe -ATALC- denuncia y repudia el asesinato de Sergio Rojas – indígena costarricense defensor de los derechos de los pueblos originarios y defensor del territorio Bribri del Salitre al Sur de Costa Rica- quien durante su vida fue un inclaudicable luchador por la autonomía indígena, enfrentando a los usurpadores de tierras de sus comunidades.

Los hechos se presentaron en la noche del lunes 18 de marzo en el lugar de residencia de Sergio, ubicado en la comunidad de Yeri, donde el defensor de los derechos territoriales fue abaleado en 15 oportunidades. Horas antes de su asesinato, junto a otros miembros de la comunidad indígena, presentó ante la fiscalía denuncias por usurpación de tierras por parte de personas no indígenas en sus territorios, y las amenazas constantes de las que son objeto desde hace varios años sin que haya respuesta efectiva por parte de las autoridades costarricenses. Aún cuando existen medidas cautelares entregadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos -CIDH- para Salitre, se dio este nefasto hecho que ha conmocionado a los pueblos indígenas y a los movimientos sociales del país mesoamericano y de toda la región latinoamericana.

Como organización ambientalista comprometida con la búsqueda de la justicia ambiental, social, económica y de género, y que trabaja por los derechos de los pueblos y de las/os defensoras/es de los territorios, extendemos nuestra solidaridad al pueblo costarricense, a las comunidades indígenas y a la familia en extenso de Sergio Rojas.

También hacemos un llamado al gobierno de Costa Rica y a las autoridades e instituciones competentes para que se agilicen las investigaciones que den con los responsables intelectuales y materiales de este infame asesinato. Creemos fundamental que se entreguen explicaciones claras del por qué pueblos indígenas y sus representantes, como en el caso de Sergio, quienes se encuentran expuestos a la violencia permanente por su justa lucha y la defensa de sus derechos, no cuentan con protección especial, que además se encuentra amparada en las medidas cautelares entregadas por la CIDH.

Consideramos que únicamente mediante la lucha contra la impunidad y el cumplimiento estricto del derecho a la autonomía de los pueblos indígenas en Costa Rica, a partir de la acción efectiva del Estado, es posible evitar que casos como el de Sergio se repitan, y se continúen las acciones de exterminio contra los pueblos, contra su derecho a la autonomía y a sus territorios.

A la comunidad internacional, a las organizaciones y movimientos sociales de América Latina y el Caribe y de diferentes partes del mundo les llamamos a denunciar el asesinato de Sergio Rojas, y a mantenernos en alerta permanente frente a la injusticia que sigue acompañándose de la impunidad hacia nuestros pueblos.

Firma:

Amigos de la Tierra América Latina y el Caribe –ATALC- Marzo 19 de 2019

Foto: Amigos de la Tierra América Latina y el Caribe

Más información:

Comunicado M4 en memoria de Sergio Rojas Ortiz, recuperador de dignidad para los pueblos indígenas de Costa Rica

[INFORME] Manejo Comunitario del Territorio y Soberanía Alimentaria en América latina y el Caribe

Sign the petition to demand justice for Mariano Abarca to the federal court of Canada!

Publicada el 19/03/2019 | por Otros Mundos AC | Dejar un comentario

JOIN IN SOLIDARITY! THE FIRST CASE OF ITS KIND!

FEDERAL COURT TO HEAR CASE ON THE ROLE OF THE CANADIAN EMBASSY IN ITS UNWARRANTED INTERVENTION IN MINING CONFLICT IN MEXICO

>>Sign here<<

James Gordon Carr

Minister of International Trade Diversification

Government of Canada

Crystia Freeland

Minister of Foreign Affairs

Government of Canada

Cheryl Hardcastle

Member of Parliament

NDP Party

David Sweet

Member of Parliament of Canada

Conservative Party

Anita Vandenbeld

Member of Parliament of Canada

Liberal Party

To the Canadian Embassies in Latin America

For the first time, representatives of the Canadian Embassy in Mexico are the subject of a judicial review before the Federal Court of Canada for their conduct in a mining conflict, related to the criminalization and murder of Mariano Abarca in Chiapas in 2009. The hearing will take place on March 25, 2019 in Ottawa

On November 27, 2009, the local leader of the Mexican Network of Peoples Affected by Mining (REMA), Mariano Abarca Roblero, was murdered in the municipality of Chicomuselo, Chiapas, after an active and peaceful resistance that villagers carried out against this company that extracted the mineral barite from its mine in the community All the suspects in the case had links to the mining company Blackfire Exploration, but no one was convicted of the murder. The investigation is still open.

Until the day he was murdered Mariano suffered threats, intimidation, beatings, arbitrary detention under false accusations made by the mining company, among other abuses. Copies of checks deposited for more than a year to the personal bank account of the municipal president by the company Blackfire were presented to Canada’s Royal Canadian Mounted Police, which resulted in no consequences. In Mexico, a request for clarification was filed with the State of Chiapas’ Comptroller’s office, but their response has been silence.

The Canadian embassy in Mexico heard Mariano expressing the threats he had received from a group of company thugs and alerted the embassy to the other damages that the mining company’s operations were causing.

Documentation obtained through the Access to Information and Privacy Act from the Ministry of Foreign Affairs of Canada, shows that, despite the fact that the Canadian embassy had significant knowledge about the conflicts between the company Blackfire and the community -including the death threats faced by Mr. Abarca-, the embassy approached the state government of Chiapas to ask them to control the protests against the Canadian company in the community.

Mariano was imprisoned for eight days on false accusations made by the owners of the mining company, and was released following national and international pressure with no charges. Mariano decided to file a lawsuit against the mining company and a few weeks later was killed in front of his home in Chicomuselo, Chiapas. The suspected employees of the mine were, eventually freed; the owners of the company, in total impunity.

The Canadian government claims that the embassy was not obligated to act consistently with public policies about embassy responsibilities towards environmental defenders, and that the embassy’s acts and omissions increased the dangers faced by Mr. Abarca.

We know that this case is not unique. We know that the Canadian embassies in various countries of the region have promoted mining companies even when the life and well-being of the communities were under threat. We know that they have intervened in the elaboration of policies related to companies in countries such as Honduras and Colombia. And we know that they have helped to legitimize mining projects facing resistance because of the serious impacts on health, water, land and territories that we defend.

All of this demonstrates that there needs be political will to enforce binding protocols for Canadian embassy personnel in order to ensure human rights. That is why we demand a full and impartial investigation into the case of Mariano Abarca Roblero. We also demand that legal measures be implemented to prevent embassies from continuing to intervene to promote the abuse and violation of human rights that Canadian mining companies commit in other countries.

spanish version / versión en español

{YOUTUBE}ftp-WnVeAsg{/YOUTUBE}

>>Sign here<<

More information about the Mariano Abarca case:

Check our blog Justice for Mariano Abarca

¡Firma la petición para exigir justicia para Mariano Abarca a la corte federal de Canadá!

Publicada el 19/03/2019 | por Otros Mundos AC | Dejar un comentario

SOLIDARIZATE ¡EL PRIMER CASO!

EMBAJADA CANADIENSE A LOS TRIBUNALES POR SU INTERVENCIÓN INDEBIDA EN CONFLICTO MINERO EN MÉXICO

>> FIRMA AQUÍ <<

A James Gordon Carr
Ministro, Diversificacion del Comercio Internacional
Gobierno de Canada;

A Crystia Freeland
Ministra Relaciones Exteriores
Gobierno de Canada;

A Cheryl Hardcastle
Miembro de Parlamento de Canada, Partido NDP
Co- presidente del sub-comité parlamentario
Derechos Humanos Internacionales;

A David Sweet
Miembro de Parlamento de Canadá, Partido Conservadores
Co-presidente del sub-comité parlamentario
Derechos Humanos Internacionales;

A Anita Vandenbeld
Miembro de Parlamento de Canada, Partido Liberal
Presidente del sub-comité parlamentario
Derechos Humanos Internacionales

A las Embajadas canadiense
en América Latina

Por primera vez, representantes de la Embajada canadiense en México son demandados en una denuncia administrativa ante la Corte Federal de Canadá por sus gestiones peligrosas en un conflicto minero, relacionado con la criminalización y el asesinato de Mariano Abarca en Chiapas en 2009. Se llevará acabo una Audiencia el 25 de marzo de 2019 en Ottawa.

El 27 de noviembre de 2009, el líder local de la Red Mexicana de Afectados por la Minería (REMA), Mariano Abarca Roblero, fue asesinado en el municipio de Chicomuselo, Chiapas, luego de una resistencia activa y pacífica que protagonizaban los pobladores contra esta empresa que extraía el mineral de barita. Todos los sospechosos en el caso tenían vínculos con la empresa minera Blackfire Exploration, pero nadie fue condenado por el asesinato. Aún sigue abierta la investigación.

Hasta el día de su asesinato, Mariano sufrió amenazas, intimidaciones, golpes, detención
arbitraria bajo acusaciones falsas hechas por la empresa minera, entre otros abusos. Copias de cheques depositadas durante más que un año a la cuenta bancaria personal del presidente municipal por la empresa Blackfire fue presentada ante la policía federal de Canadá, sin que ello tuviera consecuencias. Se presentó un requerimiento de aclaración ante la Contraloría del Estado de Chiapas y la respuesta fue el silencio.

La embajada de Canadá en México escuchó a Mariano de viva voz relatar las amenazas que había recibido de un grupo de choque de la empresa y alertarles sobre los demás daños que estaba generando las operaciones de la minera.

Documentación lograda a través de la ley de transparencia del Ministerio de Relaciones Exteriores de Canadá, demuestra que, a pesar del conocimiento significativo que tuvo la embajada canadiense sobre los hechos entre la empresa Blackfire y el Sr. Abarca -inclusive las amenazas de muerte que este enfrentaba-, acudió al gobierno estatal de Chiapas para solicitarle controlar las protestas contra la empresa canadiense en la comunidad.

Fue encarcelado por ocho días bajo arraigo con acusaciones falsas hechas por los dueños de la empresa minera, y fue liberado por la presión nacional e internacional ante la falsedad de las acusaciones. Mariano decidió interponer una demanda contra la minera y unas semanas después fue asesinado frente a su domicilio en Chicomuselo, Chiapas. Los presos, trabajadores de la mina, libres; los dueños de la empresa, en total impunidad.

Aunque por acción y omisión son responsables, el gobierno Canadiense sigue negando los hechos. Niega, además, la existencia de políticas para poder responsabilizarlos de aumentar el peligro que corría Mariano.

Sabemos que este caso no es único. Sabemos que las embajadas canadienses en diversos países de la región han actuado a favor de las empresas mineras aún cuando la vida y el bienestar de los pueblos estaba bajo amenaza. Sabemos que han intervenido en la elaboración de políticas afines a las empresas en países como Honduras y Colombia. Y sabemos que han ayudado legitimar proyectos mineros frente procesos de resistencia en contra de este modelo y los graves daños que conlleva para la salud, el agua, las tierras y los territorios que defendemos.

Todo ello muestra que no hay voluntad ni marcos jurídicos, normativos ni protocolos de actuación vinculantes para el personal de las embajadas canadienses con el fin de velar por los derechos humanos. Es por ello que exigimos una investigación plena e imparcial sobre el caso de Mariano Abarca Roblero, y que se aseguren medidas legales para evitar que las embajadas puedan seguir interviniendo para solapar el abuso y la violación a los derechos humanos que las empresas mineras canadienses cometen en otros países.

VERSIÓN EN INGLÉS AQUÍ / ENGLISH VERSION HERE

{YOUTUBE}ftp-WnVeAsg{/YOUTUBE}

>> FIRMA AQUÍ <<

Más información sobre el caso de Mariano Abarca:

Vísita nuestro blog Justicia para Mariano Abarca

¡ORGANICÉMONOS HUMANIDAD! Entrevista a Gustavo Castro

Publicada el 06/03/2019 | por Otros Mundos AC | Dejar un comentario

Entrevista de Radio Mundo Real a Gustavo Castro – Marzo 2019 >>Descargar el audio<<

¡ORGANICÉMONOS HUMANIDAD! Entrevista a Gustavo Castro (Otros Mundos Chiapas/Amigos de la Tierra México) testigo clave del asesinato de Berta Cáceres.

Aquella noche del 2 de marzo de 2016, cuando un grupo de sicarios entró al hogar de Berta en La Esperanza (Intibucá), Gustavo Castro se encontraba allí porque había ido a dar unos talleres a los integrantes del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH). Los sicarios dispararon, matando a Berta e hiriendo a Gustavo, a quien creyeron muerto.

“Creo que el gobierno esperaba un asesinato limpio, no se esperaba que hubiera testigos, pero yo quedé vivo y empezaron con las anomalías legales y jurídicas”, dijo Castro a RMR, en referencia a falsos testigos y acusaciones que presentó el Ministerio Público Fiscal, la pérdida de pruebas y de documentación, mantenerlo detenido ilegalmente en Honduras, además de no permitirle participar como querellante en el juicio por el femicidio de Berta realizado en 2018.

“Querían un juicio en silencio, por eso sacaron a las víctimas del proceso judicial, sin dejarnos participar ni haciendo públicas las audiencias”, agregó.

A tres años del femicidio, y tras las irregularidades del primer juicio por el crimen, Castro remarcó la necesidad de juzgar a los autores intelectuales, en referencia a David Castillo (presidente de DESA) y a integrantes de la familia Atala Zablah que son parte del Directorio de la empresa a cargo del proyecto hidroeléctrico Agua Zarca; en línea con la exigencia del COPINH y la familia Cáceres que dicen “Faltan los Atala”.

Gustavo recuerda a Berta Cáceres, invita a sumarse a las acciones globales para conmemorar a la defensora asesinada y remarca la importancia que tendrá la sentencia contra los imputados Sergio Rodríguez (gerente de comunicaciones de DESA), Mariano Díaz (mayor en activo del Ejército de Honduras), Douglas Bustillo (teniente retirado y exjefe de seguridad de DESA), Henry Hernández (ex militar), Elvin Heriberto Rápalo, Edilson Duarte y Oscar Haroldo Torres.

“Pedir justicia para Berta es pedir justicia para todas las mujeres y defensoras criminalizadas por luchar. La sentencia que tenga la causa Berta Cáceres va a marcar un techo para la justicia que puedan obtener otras defensoras criminalizadas o asesinadas por su labor”, dijo.

¡Despertemos Humanidad!

Al recibir el Premio Goldman en 2015, Berta exclamó en su discurso: “¡Despertemos humanidad!”. Así llamó a tomar conciencia de las afectaciones al medio ambiente por el avance de los proyectos extractivistas, a defender los derechos de las mujeres y a luchar contra el capitalismo, el racismo y el patriarcado.

Le preguntamos a Gustavo Castro cómo continuaría esa frase: “¡Despertemos humanidad y organicémonos!”, respondió.

“La frase de Berta refleja que la responsabilidad de combatir este capitalismo depredador no es sólo ni exclusivo de los pueblos campesinos e indígenas, es una responsabilidad de todos. Detrás de ese discurso hay conciencia universal, sistémica, amplia, global. Y ahora no basta con despertar, hay que organizarse”, concluyó.

>>Descargar el audio<<

Proyectos de energía “renovable” en Honduras: corrupción, asesinatos y muerte

Publicada el 05/03/2019 | por Otros Mundos AC | Dejar un comentario

Comunicado de Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH) – A 4 de Marzo de 2019

Ante el anuncio público de la MACCIH-UFECIC de la presentación de requerimiento en contra de 16 funcionarios públicos, autoridades locales y empleados de la empresa asesina DESA, por la comisión de delitos de fraude y corrupción para obtener licencias y permisos para el desarrollo de la represa hidroeléctrica Agua Zarca, el Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras COPINH comunica lo siguiente:

Saludamos el avance que significa el requerimiento fiscal contra estas 16 personas, de las cuales muchas fueron denunciadas por el COPINH y Berta Cáceres, sin embargo, lamentamos su tardanza
Cuestionamos la decisión de no presentar acciones contra los dueños de la empresa DESA; la familia Atala Zablah y contra los encargados de gobierno de estas políticas, como el ex ministro Rigoberto Cuéllar, principales responsables de estas violaciones.
Berta Cáceres fue asesinada debido a la existencia de estas estructuras mafiosas dentro del Estado en colusión con la empresa privada. Mientras estas no sean desmanteladas, no pararán las muertes y ataques contra las comunidades indígenas.
Berta Cáceres y el COPINH hemos denunciado en innumerables ocasiones los proyectos de Minería, Hidroeléctricas y similares, como proyectos de muerte y de saqueo por sus comportamientos permanentes violatorios de derechos de las comunidades y en general. La corrupción y los asesinatos forman parte de esas prácticas y el Estado debe detenerlas.
Instamos a investigar a las estructuras de la empresa privada como la AHER, dirigida Elsia Paz, quien es altamente racista y ha expresado reiteradamente su desprecio por los pueblos indígenas, por su involucramiento en estos casos de corrupción y fraude.
El caso de DESA/Agua Zarca/Familia Atala Zablah no es un caso aislado, representa la forma de funcionamiento del saqueo de los bienes del pueblo hondureño por parte de la inescrupulosa empresa privada. Es la misma situación que sufren las comunidades en el río Petacón de Reitoca, Jilamito y Pajuiles en Atlántida, Azacualpa en Copán, Guapinol en Colón y en los proyectos extractivistas de las ZEDES en la costa norte y en Choluteca. Así como la extracción de madereras en Locomapa y en los bosques de Intibucá.
Denunciamos las responsabilidades de los bancos financiadores de estos proyectos, en especial el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), FMO (Holandés), FinnFund (Finlandés) y FICOHSA por su colusión ante estos actos de corrupción y ausencia de control de sus inversiones.
Exigimos su investigación. Exigimos que el gobierno de Honduras cancele la concesión sobre el sagrado río Gualcarque de la comunidad de Río Blanco por su naturaleza de en corrupción, ilegalidad, e ilegitimidad, haber causado muerte en Río Blanco y la muerte de Berta Cáceres.

Los funcionarios públicos cometen fraude y corrupción porque empresarios les dan dinero y prebendas. ¿Dónde están los requerimientos contra Daniel Atala, Jacobo Atala, José Eduardo Atala, Pedro Atala; contra aquellos grandes empresarios que compran a funcionarios públicos para aprovecharse de las comunidades y del Estado de Honduras?

Aunque estos avances representan victorias conseguidas a base de sangre y dolor para el pueblo Lenca y para las organizaciones sociales y populares que luchamos en contra del saqueo y el modelo extractivista de muerte, reafirmamos nuestro compromiso y convicción de seguir luchando por la libertad de nuestros territorios y en contra de las políticas estatales que flagelan la vida del pueblo hondureño.