A 15 DÍAS DEL DESPLAZAMIENTO DE LAS ABEJAS

Comunicado de Otros Mundos Chiapas en solidaridad con las compañeras y compañeros de la Sociedad Civil Las Abejas – A 03 de septiembre de 2019 >>Descargar comunicado en pdf<<

 

03 de Septiembre 2019, San Cristóbal de las Casas, Chiapas, México.

 

A la Comisión Interamericana de Derechos Humanos

A la Comisión Nacional de Derechos Humanos

A la Fiscalía General de la República

A la Fiscalía de Chiapas

Al Alto Comisionado de las Naciones Unidas de Derechos Humanos en México

Al Secretario General de Gobierno

A la Comisión Estatal de los Derechos Humanos

 

En el marco del Plan de campaña Chiapas 94 se dio la masacre de Acteal. El entonces Presidente Zedillo lo clasificó como resultado de un conflicto intercomunitario. Así es como fueron masacrados 45 indígenas de la organización Las Abejas, cuatro de ellas embarazadas, el 22 de diciembre de 1997. La masacre se dio en un contexto previo de mucha tensión debido a la quema y destrucción de casas así como el robo de pertenencias.

Una de las comunidades que participó activamente y que es identificada como cuna de los paramilitares es el ejido Miguel Utrilla, Los Chorros, en donde actualmente está concentrada una de las problemáticas que dio comienzo el 3 de noviembre de 2015, cuando nombraron a uno de los integrantes de Las Abejas como miembro del Comité de Drenaje, obra con la que no están de acuerdo por la contaminación que se generaría con aguas negras a los cuerpos de agua de las comunidades. Las condiciones actuales no son muy diferentes a 1997,  el pasado 10 de agosto de 2019 por la tarde la asamblea de la Colonia Río Jordán, decidieron destruir las casas de 5 familias por no aceptar el cargo de la Clínica de Salud.

Actualmente las autoridades Estatales y Municipales no han tomado con seriedad el caso ya que han hecho declaraciones frente al Consejo Parroquial de Yabteclum de que los integrantes de la Sociedad Civil Abejas no se han mostrado con la disposición de dialogo, aun sabiendo que el pasado 20 de julio las Abejas anticiparon que intervinieran como autoridades en este caso que ya lleva casi 4 años.

El pasado 15 de agosto, en asamblea del ejido Miguel Utrilla, donde asistieron habitantes de los 6 barrios de la comunidad Los Chorros, en uno de sus puntos del orden del día comentaron la problemática en Rio Jordán. En el punto mencionaron muy claramente los miembros del comisariado que el cargo dentro de la clínica de salud no es obligatorio y mucho menos si los miembros de la Sociedad Civil no reciben ningún beneficio. Aunque esto no está como un acuerdo sobre un acta, ha sido un punto dentro de la asamblea ejidal. En la vida cotidiana del ejido, los miembros de la Sociedad Las Abejas cumplen con todos sus trabajos comunitarios (limpia de fuentes de agua potable, limpia de postes de la luz eléctrica, limpia de calles y mojones que dividen

con otros territorios) y cargos, como parte de su responsabilidad para mantener la armonía comunitaria. Estos nuevos cargos nuevamente que pretenden el “desarrollo” han traído más división y la falta de respeto a las distintas formas de organización, ya que la sociedad civil cuenta con su área de salud.

Es importante recordar que a las 10:00 horas el 24 de enero 2002 en la comunidad de Yabteclum en presencia del gobernador entonces Pablo Salazar Mendiguchia, la CNDH, el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas, representantes de la diócesis de San Cristóbal, la iglesia nacional presbiteriana, observadores internacionales, entre otros actores, firmaron una serie de acuerdos. Entre ellos las mismas autoridades municipales y 70 comunidades de Chenalho propusieron respetar a los simpatizantes de la Sociedad Civil las Abejas, que hasta ahora no ha sido cumplido después de 17 años.

Pedimos que se realice el dialogo con las autoridades correspondientes para que compañeras y compañeros de la Sociedad Civil de las Abejas de Acteal regresen pronto y se integren a su vida comunitaria.

Repudiamos la violencia ejercida contra la Organización Sociedad Civil Las Abejas de Acteal y exigimos al gobierno que resguarde la seguridad de sus familias y se respete la autonomía de la organización.

 

¡Exigimos respeto a la autonomía de los pueblos indígenas y organizados!

¡Exigimos el retorno pacifico de las familias de la Sociedad Civil las Abejas de Acteal!

 

Firma

 

OTROS MUNDOS A.C.

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Repudio a la violencia contra familias de la Sociedad CivilL Las Abejas en Chenalho

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NORA PATRICIA LÓPEZ LEÓN OTRA DEFENSORA ASESINADA ¡YA BASTA!

Comunicado de la Red Mexicana de Afectadas y Afectados por la Minería (REMA) – A 31 de agosto de 2019


Desde la Red Mexicana de Afectadas/os por la Minería (REMA), condenamos enérgicamente el asesinato de la bióloga ambientalista Nora Patricia López León, ocurrido el pasado martes 21 del presente mes en el Estado de Chiapas. 

Este asesinato se suma a la lamentable ola de violencia, desapariciones forzadas y asesinatos en contra de miles de mujeres en lo que va del año en nuestro país, lo que claramente muestra la impunidad con la que opera la delincuencia, sin que se vislumbre una estrategia gubernamental clara de seguridad, ni de acceso a la justicia para las víctimas y sus familias.

Así mismo, la violencia e inseguridad que vivimos las y los defensores de la vida que trabajamos principalmente en territorios en disputa por las empresas extractivas, parece no tener fin, pues el asesinato de Nora Patricia se suma al de Samir Flores en Morelos; Abiram Hernández en Veracruz; José Luis Álvarez, Noé Jiménez, Estelina López, Sinar Corso y José Santiago en Chiapas; Oscar Cazola, Gustavo Cruz y Bernardio García en Oaxaca; José Luis Bartolo y Modesto Verales en Guerrero y Leonel Diaz en Puebla; tan sólo este año.

Hacemos llegar nuestro más sentido pésame a familiares y amigos/as de Nora Patricia López León, sumando nuestra voz a una sola ¡YA BASTA! !JUSTICIA!, y ¡NO MÁS IMPUNIDAD!.

Abrazamos a todas y todos los que desde su trinchera arriesgan todo por la defensa de la naturaleza, de las causas justas y de la vida, aun cuando esto implique poner en juego la propia.

¡JUSTICIA PARA NORA PATRICIA!

¡JUSTICIA PARA TODAS Y TODOS LOS DEFENSORES DEL TERRITORIO ASESINADXS!

Firma

RED MEXICANA DE AFECTADAS  Y AFECTADOS POR LA MINERÍA (REMA)


Ilustración: Rompeviento TV

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A 10 AÑOS DEL ASESINATO DE MARIANO ABARCA: El Gobierno de Canadá acepta omisión manteniendo la impunidad al negar su investigación

Comunicado de Prensa leído en conferencia de presa sobre el Caso de Mariano Abarca en la Ciudad de Tuxtla Gutíerrez – A 19 de agosto de 2019 >>Descargar comunicado en pdf<<

A 10 AÑOS DEL ASESINATO DE MARIANO ABARCA

El Gobierno de Canadá acepta omisión manteniendo la impunidad al negar su investigación

Mariano Abarca acudió hace 10 años a la embajada de Canadá para denunciar el hostigamiento y acoso de la minera Black Fire a comunidades de Chiapas. La respuesta fue su encarcelamiento y posterior homicidio. Una década después la familia Abarca continúa apelando a los tribunales de México y Canadá para exigir justicia.


Mariano Abarca Roblero fue precursor en la lucha por la conservación del medio ambiente, cuando en Chiapas iniciaba el avance del Modelo Extractivo Minero. La canadiense Black Fire entró al ejido Grecia en el municipio Chicomuselo para extraer barita. Con engaños intentó someter a la población mientras contaminaba sus ríos y tierras.

Mariano Abarca Roblero, miembro de la Red Mexicana de Afectados por la Minería (REMA) en Chiapas, encabezó las protestas contra el proyecto minero. La respuesta a su lucha fue el hostigamiento y las amenazas. El 22 de julio del 2009, Mariano Abarca acudió ante la embajada canadiense en México para advertir sobre las amenazas y los riesgos contra su vida y demás habitantes de Chicomuselo involucrados en el proceso de defensa del territorio y el medio ambiente, por parte de la minera canadiense.

Palabras de Mariano Abarca ante la embajada de Canadá:

“la compañía está utilizando a sus trabajadores como grupos de choque, para repeler en contra de nuestra resistencia, los trabajadores que apenas suman 40, cuando ellos llegaron a Grecia, dijeron que iba a ver empleo para todos y no es cierto. Ahí tienen en un oficio 20 obras que no cumplieron, aparte están destruyendo en la cabecera municipal lo que es la infraestructura, nosotros no estamos tanto por la infraestructura, sino que por la contaminación que ellos están haciendo del medio ambiente en nuestro municipio, aparte de que es una sierra importante, la Sierra Madre de Chiapas. Y al afectar a la Sierra Madre de Chiapas se va a afectar gravemente todo lo que es el estado, principalmente por los ríos corren a hacia el estado que es Tuxtla Gutiérrez, pasando por Villa Hermosa, desembocando en el Golfo de México. Entonces ya hay estragos que esta haciendo esta compañía, además de algunas amenazas en contra de nuestras personas de los que estamos en el movimiento, entonces nosotros pensamos que nos es justo, verdad, que esta empresa extranjera este agrediendo a nuestra propia gente, generando un conflicto con nuestra propia gente, llevándose la riqueza a otro país.”

La respuesta a la manifestación de preocupación de Mariano ante las oficinas de la embajada canadiense en México, fue que el 17 de agosto de 2009, justo hace 10 años, Mariano fuera arrestado. Black Fire lo acusó de los delitos de Atentados Contra la Paz y la Integridad Corporal y Patrimonial de la Colectividad y del Estado, Asociación Delictuosa, Delincuencia Organizada y Ataque a las Vías de Comunicación.

 

La falta de pruebas y la solidaridad nacional e internacional hicieron que el 24 de agosto del año 2009 Mariano Abarca Robledo fuera liberado. Sin embargo, continuaron las amenazas. El 23 de noviembre Mariano presentó una queja ante la policía, en la que manifestaba que dos empleados de la Black Fire lo habían amenazado de muerte. El 27 de noviembre de 2009 Mariano Abarca fue asesinado.

La familia y las organizaciones que los acompañan han pedido durante los 10 años que han pasado desde entonces, que se investigue y detenga a los culpables de su asesinato, que la embajada de Canadá en México asuma su responsabilidad por haber protegido a la empresa que violó los derechos humanos de los habitantes de Chicomuselo, y que puso en riesgo la vida de Mariano, hasta llegar a su muerte.

El 06 de febrero de 2018 la familia de Mariano presento una denuncia al Comisionado para la Integridad de la Administración Pública de Canadá en la que solicitó la investigación de las acciones y omisiones de la embajada en México, cuya petición fue negada por lo que se interpuso un recurso de revisión frente al Tribunal canadiense. La petición fue negada, pero la corte asume que si la embajada hubiera actuado de una determinada manera Mariano seguiría vivo. Continuamos en la búsqueda de justicia para Mariano Abarca. Continuamos en la búsqueda de la justicia para que ninguna otra persona tenga que morir en Chiapas, en México y en América Latina como consecuencia de lucha para conservar el medio ambiente.

¡Exigimos justicia y cese a la criminalización a las y los defensores del medio ambiente y respeto a sus derechos humanos!

19 de Agosto 2019, San Cristóbal de las Casas, Chiapas, México.

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Fotografía: Otros Mundos A.C. 19 de agosto de 2019

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¡Firma la petición para exigir justicia para Mariano Abarca a la corte federal de Canadá!

Repudio a la violencia contra familias de la Sociedad CivilL Las Abejas en Chenalho

Comunicado en solidaridad con las campañeros y compañeros de lucha de la Organización Sociedad Civil de las Abejas de Acteal – A 15 de Agosto de 2019 >>Descargar comunicado en pdf<<


15 de Agosto 2019, San Cristóbal de las Casas, Chiapas, México.

A la Comisión Interamericana de Derechos Humanos

A la Comisión Nacional de Derechos Humanos

A la Fiscalía General de la República

Al Alto Comisionado de las Naciones Unidas de Derechos Humanos en México

Al Secretario General de Gobierno

A la Fiscalía General del estado de Chiapas

A la Comisión Estatal de los Derechos Humanos

Las autoridades del Barrio Río Jordán, del Ejido Miguel Utrilla, Los Chorros, del municipio de Chenalhó, Estado de Chiapas, determinaron en Asamblea el pasado 10 de agosto del presente año destruir las casas de 5 familias que forman parte de la Organización Sociedad Civil, Las Abejas de Acteal. Sin embargo, muchos habitantes del barrio se negaron a llevar a cabo dicha acción violenta y violatoria a los derechos humanos, por lo que el Agente Municipal decidió multarlos y encarcelarlos por negarse a participar en la destrucción de las viviendas de dichas familias.

El conflicto se remonta a 1997 cuando pobladores de este ejido participaron en un grupo paramilitar que ejecutó la masacre perpetrada en la comunidad de Acteal el 22 de diciembre de ese año. Tiempo después, el 3 de noviembre de 2015, habitantes del Barrio Río Jordán nombraron a uno de los integrantes de Las Abejas como miembro del Comité de Drenaje, obra con la que no están de acuerdo por la contaminación que se generaría con aguas negras a los cuerpos de agua de las comunidades. En represalia, les fueron cortados los servicios de agua y energía eléctrica a 7 familias. Desde entonces iniciaron su resistencia. En 2016 se realizó una reconexión pacífica de los servicios pero inmediatamente fueron cortadas por el mismo barrio.

El 5 de enero de 2018 encarcelaron durante 96 horas a 9 personas de Las Abejas, por no aceptar José Ramón Vázquez Entzin un cargo de auxiliar de agente, ya que se pretendía resolver el conflicto pendiente sobre el drenaje antes de aceptar el cargo. El 10 de agosto de 2019 por la tarde, deciden destruir las casas de 5 familias por no aceptar el cargo. Las autoridades estatales y municipales no han tomado con seriedad este caso ni el grado de violencia que ido en aumento desde 2015. Actualmente hay 10 desplazados y 25 personas que aún están en el Barrio Río Jordan entre niños, niñas, mujeres, ancianos y una embarazada que casi cumple los 9 meses.

 

Pedimos que se garantice la seguridad personal de las compañeras y compañeros de la sociedad civil de las abejas de Acteal, y respeto a sus derechos como pueblos originarios.

Repudiamos la violencia ejercida contra la Organización Sociedad Civil Las Abejas de Acteal y exigimos al gobierno que resguarde la seguridad de sus familias y se respete la autonomía de la organización.

¡Exigimos respeto a la autonomía de los pueblos indígenas y organizados!

¡Y se garantice la seguridad personal de las compañeras y compañeros!

Firma

OTROS MUNDOS A.C.


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Foto: Avispa Midia 12 de agosto de 2019 Manifestación en San Cristóbal de Las Casas.

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Lunes 19 de agosto Conferencia de Prensa: A 10 años de que la embajada de Canadá se negó escuchar a los pueblos de Chiapas impactados por las mineras de su país

Conferencia de Presa Lunes 19 de agosto de 2019 –  A diez años de que la embajada de Canadá se negó escuchar a los pueblos de Chiapas impactadas por las mineras de su país


Te invitamos a la Conferencia de Prensa

Este lunes 19 de agosto de 2019 en el Museo de la Ciudad Avenida de Tuxtla Gutíerrez, Av. Central Poniente 288, Santo Domingo.

Participantes:

  • José Luis Abarca Montejo – Hijo de Mariano Abarca
  • Uriel Abarca Roblero – Hermano de Mariano Abarca
  • Mirna Montejo Gordillo – Esposa de Mariano Abarca
  • Otros Mundos Chiapas A.C

A diez años de que la embajada de Canadá negó escuchar a los pueblos de Chiapas impactadas por las mineras de su país, sigue proceso para exigir justicia

Contacto: comunicacion@otrosmundoschiapas.org Cel: 967 159 0974

#JusticiaParaMariano

Visita el Blog: Justicia para Mariano Abarca

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Las Abejas de Acteal denuncian ataque violento a sus integrantes en la colonia Los Chorros

Compartimos el comuncado de La Sociedad Civil Las Abejas de Acteal leído durante su manifestación en San Cirstóbal de Las Casas – 12 de Agosto de 2019 

Ataque violento a integrantes de Las Abejas de Acteal en la colonia Los Chorros, cuna de paramilitares a 10 años de la liberación de los paramilitares autores materiales de la Masacre de Acteal 

Organización Sociedad Civil Las Abejas de Acteal

Tierra Sagrada de los Mártires de Acteal

Municipio de Chenalhó, Chiapas, México.

12 de agosto del 2019.

Al Congreso Nacional Indígena

Al Concejo Indígena de Gobierno

Al Pueblo Creyente de la Diócesis de San Cristóbal de Las Casas.

A las y los defensores de los derechos humanos

A los medios Libres y Alternativos

A los medios de comunicación nacional e internacional A la Sociedad Civil Nacional e Internacional

A la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH)

Hermanas y hermanos:

A 10 años de que la mal llamada «Suprema Corte de Justicia de la Nación» (SCJN), ordenara la liberación masiva de los paramilitares autores materiales de la Masacre de Acteal, hoy en la colonia Miguel Utrilla Los Chorros, cuna de los paramilitares, ha vuelto explícitamente la violencia en contra de integrantes de Las Abejas de Acteal.

Antier 10 de agosto de 2019, fueron destruidas con violencia las casas y pertenencias de nuestros compañeros: José Vázquez Entzín, Antonio Ramírez Pérez 2O, Alonso Ruiz López, Alonso Jiménez Méndez y Pedro Jiménez Méndez, por partidistas del Verde Ecologista. En esta agresión participaron aproximadamente 200 personas encabezadas por el agente municipal Manuel Jiménez Ruiz del barrio «Río Jordán» de la colonia Miguel Utrilla Los Chorros.

La violencia empezó como a las 6:05 de la tarde cuando llegaron a la casa de nuestro compañero Alonso Ruiz López, ex Mesa Directiva de nuestra Organización, y le destruyeron la casa.

A las 6:22 de la tarde destruyeron la casa de Alonso Jiménez Méndez. A las 6:34 destruyeron la casa de Antonio Ramírez Pérez, también ex Mesa Directiva; como su casa era de material, la destruyeron con marro, rompieron bultos de cemento, destruyeron herramientas de albañil así como ropas. La mamá del compañero Antonio tuvo una crisis nerviosa y se cayó en el patio.

A las 6:57, se dirigieron a casa de nuestro compañero José Vázquez Entzín, también ex directivo de Las Abejas, destruyéndole su casa, así como libros y fotos de la lucha de Las Abejas a los que le prendieron fuego; además tenía una tienda de abarrotes que saquearon totalmente y también cortaron los telares que tenía para tejer nagua como sustento.

En la noche del 10 de agosto, 8 compañeros adultos y 2 niños se fueron a refugiar en Acteal, sede de Las Abejas, pero las mujeres, y el resto de las niñas y niños se quedaron en Los Chorros, refugiados en casas de familias no involucradas en el conflicto. En total quedan en «Río Jordán» 25 personas, que son mujeres (una compañera está a punto de dar a luz y otra compañera de la tercera edad se encuentra mal de salud) y niños.

 Los antecedentes de este acontecimiento se encuentran desde noviembre de 2015, cuando nuestros compañeros de Las Abejas de Acteal del barrio «Río Jordán» no aceptaron un programa gubernamental y cargos del comité de la clínica de salud, en donde sólo se atienden mujeres partidistas que son beneficiadas por el programa asistencialista «PROSPERA». En represalia, los partidistas les cortaron el suministro de agua y electricidad a 2 familias de nuestra Organización.

Como Organización No Violenta, buscamos dialogar con la presidenta de Chenalhó, en ese entonces la Lic. Rosa Pérez Pérez del partido Verde Ecologista, para evitar una escalada de violencia. Sin embargo, nunca tuvo voluntad de resolver el mencionado problema. Cuando vimos la cerrazón de la presidenta, tuvimos que realizar una denuncia pública el 2 de diciembre de 2015[1] para explicar el motivo de ese conflicto, ya que la versión de los partidistas era que nuestros compañeros son provocadores y que no tenía sentido su postura.

Después del 2015 se ha profundizado y complejizado el conflicto. A medida que ha ido subiendo de nivel la violencia contra nuestros compañeros, lo hemos ido denunciando mediante comunicados. 

El 6 de enero de 2018[2], nuestro compañero José Vázquez Entzín, fue encarcelado por las autoridades del barrio «Río Jordán» por usar la calle a la que ya no tenía derecho, según los partidistas. Durante 72 horas estuvo detenido y el 8 de enero una comisión de promotores de salud de Las Abejas fue a visitar a nuestro compañero detenido para revisar cómo estaba su salud, pero por ello también fueron detenidos. Sólo gracias a la presión que realizaron varias organizaciones, así como el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas y el párroco de Chenalhó al gobierno de Chiapas, fueron puestos en libertad todos nuestros compañeros. El Delegado del mal gobierno Alonso Méndez Guzmán se comprometió con nosotros a incentivar el diálogo entre nuestra Organización, las autoridades partidistas del barrio «Río Jordán» y las autoridades municipales de Chenalhó, pero como ya es su uso y costumbre, no cumplió su palabra.

Ante todo lo anterior, queremos explicarles qué está sucediendo realmente contra nuestros compañeros y compañeras del barrio «Río Jordán»:

a) El conflicto en el barrio «Río Jordán», tiene un fondo político y es consecuencia de la impunidad en la Masacre de Acteal.

b) Antes de la creación de paramilitares en el municipio de Chenalhó y mucho antes de 1997, a pesar de las diferencias políticas, todos participábamos en los cargos y trabajos comunitarios tanto en el municipio como en las comunidades, es decir, había respeto mutuo.

c) En el año de 1997 el presidente municipal priísta, Jacinto Arias Cruz, repartía armas en las comunidades a las personas de su partido para ser usadas en contra de nosotros, Las Abejas, y contra las bases de apoyo del Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Después de la Masacre de Acteal, decidimos separarnos del municipio priísta y asesino porque una autoridad o un presidente municipal debe proteger y servir a su pueblo, pero, en cambio, desde la Masacre vimos que las autoridades municipales de Chenalhó sólo sirven a los intereses de los malos gobiernos y de los partidos políticos.

Esa es la razón por la cuál nuestros compañeros han decidido no aceptar cargos que estén relacionados a programas asistencialistas. Pedimos respetuosamente a las comunidades partidistas en donde tenemos presencia como Organización, que seamos respetados, porque la autonomía y la libre determinación que estamos construyendo, no destruye, no lastima, no mata.

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Foto: Avispa Midia Manifestación en San Cristóbal de Las Casas 12 de agosto 2019

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La Sociedad Civil Las Abejas de Acteal denuncia agresión armada en la Casa de la Memoria y la Esperanza

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http://otrosmundoschiapas.org/index.php/temas-analisis/164-defensores-y-defensoras-bajo-ataque/2820-chiapas-9-companeros-de-la-sociedad-civil-las-abejas-de-acteal-detenidos-en-los-chorros-chenalho

México supera a países africanos en asesinatos de ambientalistas

Compartimos la siguiente nota publicado en el diario Ángulo 7 a través de la Red Mexicana de Afectadas y Afectados por la Minería (REMA) – Julio 2019

Publicado por: Lorena González Guzmán en Nacional 31 julio, 2019

En asesinatos de ambientalistas, con 14 hechos México superó a naciones africanas con conflictos armados como República Democrática del Congo (ocho), Kenia (dos) Gambia (dos), Senegal (uno) y Sudáfrica (uno) esto durante 2018.

Así lo reveló el estudio “¿Enemigos del estado? De cómo los gobiernos y las empresas silencian a las personas defensoras”, de la organización Global Witness (GW).

La organización internacional documentó 164 asesinatos, un promedio de más de tres personas defensoras fueron asesinadas cada semana.

Entre los hallazgos realizados destacaron que Filipinas, encabezó la lista con 30 asesinatos, seguido de Colombia con 24, India, con 23, Brasil con 20, Guatemala 16 y México con 14.

Los grupos de seguridad privados, las fuerzas estatales y los sicarios son sospechosos de llevar a cabo los asesinatos, a veces actuando de forma conjunta.

El sector de minerías e industrias extractivas concentró el mayor número de víctimas con 43, le siguió la agroindustria, aguas y represas, con 21 y 17 respectivamente.

Cabe recordar que en 2017, el total de homicidios contra defensores del medio ambiente en el mundo sumó 207 víctimas, por lo que hubo una reducción el 20.7 por ciento, según Global Witness.

Este 2019. El más reciente asesinato de un ambientalista tuvo lugar en Tabasco, la víctima fue José Luis Álvarez Flores, quien cuidaba un área de conservación del Mono Saraguato (aullador), también denunció a los extractores ilegales de bancos de arena del Río Usumacinta.

Foto: México supera a países africanos en asesinatos de ambientalistas. Foto: Especial – Ángulo 7

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Costa Rica: A 4 meses del asesinato de Sergio Rojas

Campaña nacional: Ni Presa, Ni Presos

[INFORME] ¿Cómo enfrentamos el miedo en el contexto actual las defensoras?

Juez de Corte Federal de Canadá acepta la posibilidad que Mariano Abarca no hubiera sido asesinado, si la Embajada canadiense en México hubiese actuado de otra manera; No obstante, niega ordenar una investigación

Compartimos el boletín de prensan de la Familia Abarca, la Red Mexicana de Afectadas y Afectados por la Minería (REMA), MiningWatch y Otros Mundos respecto al fallo del Juez federal de Canadá- A 29 de julio 2019  >>Descargar en boletín en PDF<<


(Chiapas, Mexico City, Ottawa, Toronto, Kamloops).- En un fallo de juicio emitido el pasado 18 de julio, el juez federal de Canadá, Keith Boswell, admitió la posibilidad de que Mariano Abarca “quizás no estuviera sido asesinado” si la embajada canadiense en México “[hubiese] actuado de otra manera”. Mariano Abarca fue un líder comunitario de Chicomuselo, Chiapas, asesinado el 27 de noviembre del 2009 en el marco de la lucha que emprendió contra los impactos sociales y ambientales generados por la mina de barita de la empresa minera canadiense Blackfire Exploration. 

Lo anterior lo señaló en la primera instancia en un proceso que inició la familia de Abarca de solicitar la revisión jurídica de la decisión del Comisionado para la Integridad de la Administración Pública de Canadá, de no investigar las acciones y omisiones de la embajada canadiense en México, en torno a la criminalización y el asesinato de Mariano Abarca. La familia Abarca considera que la actuación por parte de la embajada, inclusive de ejercer presión sobre las autoridades de Chiapas a favor de Blackfire para que acallen las protesas en la comunidad cuando supuieron que Mariano estaba siendo criminalizado y amenazado, puso en mayor riesgo su vida. Sin embargo, y a pesar de su admisión de la relevancia de la influencia de la embajada, el juez Keith Boswell, negó ordenar al Comisionado que investigue su conducta.

Como familia -respondió José Luis Abarca, hijo de Mariano Abarca, quien estuvo presente en la audiencia en la corte federal en marzo de este año-, “estamos totalmente decepcionados del fallo, porque hemos caminado un largo trecho en búsqueda de justicia por el asesinato de mi padre, y no entendemos cómo es que el juez, reconoce que la embajada pudiera haber actuado de otra manera, lo cual habría hecho una diferencia para que mi padre siguiera con vida, y sin embargo, se niega a ordenar se lleve a cabo la investigación”.

En la decisión que tiene 26 páginas, el juez dedicó solamente un párrafo sustantivo para analizar los hechos antes de concluir que era ‘razonable’ considerar que la embajada no había contravenido ningún código de conducta. El juez parece basar esta conclusión en el supuesto que las políticas sobre la responsabilidad corporativa, la corrupción y los defensores de derechos humanos que los querellantes identificaron no fueron vinculantes sobre los funcionarios públicos canadienses quienes respondieron al conflicto social con Blackfire. Además, falló que fue ‘aceptable’ la decisión del comisionado de no investigar, sin haber realizado una evaluación seria del alto interés público en asegurar que fiscalización pública adecuada de las acciones de los funcionarios públicos de Canadá en torno a los conflictos mineros alrededor del mundo.

“Esta decisión muestra que hubo muy poca voluntad por parte del juez para estudiar y analizar a fondo la evidencia, puesto que no consideró los argumentos que presentamos. No deja de sorprendernos la lectura del fallo, que revela muy poca consideración ante una situación tan lamentable y grave de un asunto de interés público en Canadá y en varios otros países donde persisten reclamos similares de violaciones a los derechos humanos por parte de las empresas mineras que actúan con el apoyo y protección del gobierno canadiense a través de sus misiones diplomáticas, a quienes se percibe cada vez con mayor desconfianza”, afirmó el abogado de la familia, Miguel Ángel de los Santos.

Además, según los querellantes, la decisión de la corte carece de una examinación seria de porqué la embajada no tuvo una obligación de seguir las políticas, normas y directivas que fueron publicadas en el sitio web del gobierno de Canadá y sobre las cuales los funcionarios públicos de Canadá habían testificado en el parlamento canadiense alrededor del mismo momento que se perpetró el asesinato de Mariano.

“Esta decisión es muy deficiente y es altamente preocupante que un juez admitiera que las directivas que el gobierno de Canadá publica y reconoce públicamente, no sean obligatorias para la actuación de los funcionarios públicos. La decisión del juez tiene un impacto adverso sobre la operación ética y la fiscalización de las embajadas y el sector de servidores públicos de forma más generalizada”, comentó él abogado Yavar Hameed, quien representa la familia Abarca y las organizaciones mexicanas y canadienses en la demanda frente la corte federal.

Para Uriel Abarca Roblero, hermano de Mariano quien también estuvo presente en la audiencia en la Corte federal, la noticia del fallo no le sorprendió. “Como familia, sabíamos de la dificultad para que una corte en Canadá aceptará admitir una investigación por la actuación de funcionarios de la embajada canadiense. No investigar a la embajada de Canadá es tener miedo a conocer la verdad sobre la forma en que operan las empresas mineras en Latinoamérica y sobre todo en México y Chiapas donde funcionarios canadienses ayudan facilitar las operaciones de emprasas mineras canadienses que han causado severos daños ecológicos y atropellos a los derechos humanos. A pesar del fallo, no nos rendiremos y vamos a continuar en esta lucha por la justicia”.

Gustavo Castro de Otros Mundos Chiapas, también litigante en el caso, considera que la decisión es emblemática de una problemática generalizada de impunidad para el sector minero canadiense. “El gobierno de Canadá beneficia de las actividades mineras en el exterior, y más allá de que haya razón o no en nuestra acusación, el no querer revisar el caso, ni ordenar una investigación habla de forma muy clara: no quieren que se investigue a su propia gobierno.”

La familia Abarca con Otros Mundos Chiapas, el Centro de Derechos Humanos de la Universidad Autónoma de Chiapas, la Red Mexicana de Afectados por la Minería (REMA) y Alerta Minera Canadá presentaron su queja original al Comisionado para la Integridad de la Administración Pública de Canadá en febrero de 2018. Después que el Comisionado negó abrir una investigación en abril de 2018, anunciaron su intención de llevar su denuncia a la corte federal en mayo de 2018. No obstante, ahora ante este frustrante fallo, nuevamente refrendan su compromiso para que se efectúe una rendición de cuentas con respecto al accionar de la embajada canadiense en los meses previos al asesinato de Mariano. Con este objeto, están preparándose para ejercer su derecho al recurso de apelación ante la Corte Federal de Apelación.

Para mas informacion:

  • Yavar Hameed, Hameed Law, yhameed@hameedlaw.ca, (613) 627-2974
  • Charis Kamphius, Justice and Corporate Accountability Project, ckamphuis@justice-project.org, 250-572-2625
  • Kirsten Francescone (para información o para organizar entrevistas con la familia o las organizaciones mexicanas), kirsten@miningwatch.ca

Antecedentes

Información que se obtuvo mediante solicitudes al acceso a la información demuestra que la embajada intervino con oficiales del gobierno mexicano para apoyar a la empresa cuando ya se sabía que era sobre el conflicto que ellos tenían con respecto a su proyecto de Blackfire en Chiapas, México, incluyendo a los riesgos que enfrentaba Mariano. Mariano alertó a la embajada sobre las preocupaciones que tenían las comunidades con respecto a los impactos de la mina y amenazas relacionadas. Poco después, Mariano fue detenido sin acusaciones en base a una denuncia que presentó la empresa en su contra. Además, solamente semanas antes que lo asesinaran, la embajada consultó a las autoridades mexicanas que acallen a las protestas en contra las operaciones de Blackfire.

Alrededor del mismo tiempo, oficiales federales se pronunciaron frente al Comité Permanente del Parlamento sobre las Relaciones Exteriores constatando que el rol de las embajadas canadienses es “trabajar muy de cerca con empresas, las comunidades afectadas, gobiernos, pueblos Indígenas y la sociedad civil para facilitar un diálogo informado y abierto entre todo los partes”. Sin embargo, la Embajada canadiense en México negó reunirse con la familia y organizaciones de la sociedad civil quienes trabajan en la comunidad hasta que pasaron meses después del asesinato de Mariano, a pesar de que ellos seguían otorgando apoyo a la empresa.

Documentos:

Decisión de Judge Boswell (inglés) disponible acá.

Resumen de la Queja presentada al Comisionado para la Integridad de la Administración Pública de Canadá disponible acá.

Solicitud para la Revisión de la decisión del Comisionado por la Corte Federal de Canadá disponible acá.

Visita el blog: Justicia para Mariano Abarca 

Más información: 

¡PRIMER CASO! Embajada canadiense a los tribunales por su intervención indebida en conflicto minero en México 

EL ESCARAMUJO 85 EL GOBIERNO DE CANADÁ A LA CORTE FEDERAL 

¡Firma la petición para exigir justicia para Mariano Abarca a la corte federal de Canadá!

Costa Rica: A 4 meses del asesinato de Sergio Rojas

Compartimos esta entrevista de Radio Mundo Real (RMR) a 4 meses sin justicia por el asesinato de Sergio Rojas – A 18 de julio 2019 

Exigen investigación por crimen de Sergio Rojas

A 4 meses del asesinato «necesitamos respuestas claras desde el Estado para saber por dónde va la investigación», dice Coecoceiba. 


Sergio Rojas Ortiz fue asesinado el 18 de marzo de este año en su hogar ubicado en Yeri, territorio ancestral de Salitre, Puntarenas, por el que luchaba desde hace más de una década.

Era líder indígena Bribri, miembro fundador del Consejo Ditsö Iriria Ajkonük Wakpa (CDIAW/Defensores de la Madre Tierra) y el Frente Nacional de los Pueblos Indígenas (FRENAPI).

Se cumplen 4 meses de lo que decenas de movimientos y organizaciones sociales consideran un «asesinato político», responsabilidad del Estado costarricense «por su omisión en cuanto a las medidas cautelares establecidas por la Comisión Internacional de Derechos Humanos (CIDH) en 2015 y los derechos legítimos de los pueblos indígenas a sus tierras ancestrales», según expresaron en un petitorio que presentarán ante la Fiscalía General de la República este jueves 18.

Desde Coecoceiba-Amigos de la Tierra Costa Rica, una organización que apoya la lucha de Sergio Rojas y de su comunidad por recuperar sus tierras y territorios, dijeron a Radio Mundo Real que se necesitan «respuestas y pistas claras desde el Estado para saber por dónde está yendo la investigación sobre el crimen».

Alejandra Porras, integrante de Coecoceiba consideró que «hay buenas intenciones, pero no hay claridad sobre cómo ni quién está haciendo el proceso de investigación. El Estado ha mostrado una apertura muy leve para la investigación y, a cuatro meses del asesinato de Sergio, no vemos que avancen en la verdad y la justicia sobre el crimen», agregó la activista que también forma parte del Comité de Apoyo a la Autonomía Indígena.

Imagen: ATALC/RMR

Más información: 

Denuncia y repudio por el asesinato de Sergio Rojas en Costa Rica

Honduras: ALERTA URGENTE- Ataque en contra de la comunidad de Río Blanco

Comunicado del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH) – A 16 de julio 2019 

El COPINH denuncia que en horas de la noche miembros de la familia Madrid, asociados de la familia Atala Zablah, destruyeron todas las cosechas de la comunidad de Río Blanco organizada en el COPINH en los sitios de La Vega del Culatón y el Achotal.

La gran mayoría de la cosecha de la comunidad consistente en maíz, sustento principal de la alimentación de la comunidad fue destruida por manos criminales en las tierras ancestrales que la empresa DESA pretendió utilizar para el desarrollo del Proyecto hidroeléctrico “Agua Zarca”.

Por lo menos 25 familias fueron afectadas, de nuevo ,con la destrucción de más de 15 manzanas de tierra cultivada de manera colectiva.

Esto se da como resultado de la violencia instalada por la imposición del proyecto hidroeléctrico de la Familia Atala Zablah. Junto a esta acción son más 22 ocasiones en los que se ataca a la comunidad de Río Blanco en los últimos años después del asesinato de nuestra compañera Berta Cáceres.

Estas acciones violentas se dan en medio de un ataque a la organización del COPINH por parte de miembros de DINAFROH.

Responsabilizamos al Estado de Honduras por estas acciones violentas debido a la falta certeza jurídica de las tierras y la impunidad de las acciones violentas en contra de la comunidad.

Responsabilizamos al Instituto Nacional Agrario INA, al Ministerio Público, a la dirección Nacional de Pueblos Indígenas y AfroHondureños DINAFROH. Por la seguridad e integridad física de los compañeros y compañeras de la comunidad. 

Llamado Urgente a la solidaridad activa

Producto de la acción criminal que se realizó en horas de la noche hacemos un llamado urgente de acción solidaria.

Estamos seguros y seguras que la solidaridad de los pueblos nos hará más fuerte, por que sabemos que las comunidades, los pueblos que resisten en este país, somos mucho pueblos para este gobierno y sus instituciones miserables.

Hacemos un llamado urgente a la solidaridad activa, nacional e internacional, y expresarlo haciendo presencia en la comunidad de Río Blanco, a contribuir económicamente, a donar provisiones de alimentos, a la difusión y a exigir a este gobierno indiferente e incompetente que cumpla con las demandas de los pueblos indígena. Vamos a estar recibiendo donaciones de: toldos, colchonetas, naylon, materiales de construcción y herramientas y sobre todo necesitamos aportes de alimentos porque les han destruido la cosecha de su sustento alimentario básico.

Los centros de acopio serán:

  • El Progreso- Eric-SJ e Instalaciones de Movimiento Amplio
  • Tegucigalpa- Catrachas, CDM

También, dejamos la cuenta bancaria del Banco de Occidente 21 301 029 1959, para realizar donaciones en Lempiras para la compra de alimentos para la comunidad.

Les invitamos a llamar a los siguientes números para exigir la pronta solución de este conflicto en Río Blanco:

  • Instituto Nacional Agrario: +504 2239-8397 Policía Nacional +504 2783-4067
  • Dirección Policial de Investigaciones: 2240-0400
  • Dinafroh: +504 2230-1459
  • Mecanismo de Protección: +504 9874-8595
  • Encargado de DDHH de la embajada de EE.UU: +504 9463-6353
  • Ministerio Público:+504 2764-5889
  • Secretaria de Derechos Humanos en Honduras: +504 9995-5297

Para más información comunicación@copinh.org y el número de teléfono 2783 0817

Sicario contratado por David Castillo para asesinar a Berta Cáceres aparece muerto

Comunicado del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH) – A 5 de julio de 2019 

El Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras COPINH comunica que según informaciones comunitarias el señor Olvin Gustavo García Mejía ha sido encontrado muerto el día de ayer 4 de julio en la comunidad de San Bartolo, en la zona norte de Intibucá, después de haber sido visto por última vez el día sábado 29 de junio. 

Con la muerte de Olvin García Mejía se sepulta un testimonio clave y se oculta la verdad sobre los planes de la empresa DESA para asesinar a Berta Cáceres. García Mejía fue denunciado en reiteradas ocasiones como sicario contratado por la empresa para asesinar a Berta Cáceres y líderes comunitarios. David Castillo lo identifica como “nuestra mejor seguridad en el sitio de presa” en conversaciones con Sergio Rodríguez (ver anexo).

En diciembre de 2015 Olvin García tenía dispuesto asesinar a Berta Cáceres y a líderes de la comunidad bajo orden de la empresa DESA. Sin embargo, el plan fue frustrado debido a su captura el 27 de diciembre de 2015 por el delito de portación ilegal de armas. Cuando, además, tenía pendiente una orden de captura por el asesinato de Bernardo Pérez.

En tan solo 4 días salió en libertad gracias a las labores de David Castillo, Daniel Atala Midence, Sergio Rodríguez y Jorge Ávila, ejecutivos y empleados de la empresa DESA, quienes “trabajaron” testigos, influenciaron al Ministerio Público de La Esperanza y pagaron, por lo menos, la fianza y representación legal de una persona de la cual se han tratado de desvincular.

García Mejía fue liberado en tan solo 4 días por 2 delitos graves con el favor del sistema de justicia hondureño y el dinero de la empresa DESA, sin embargo, nuestros compañeros presos políticos cumplen a la fecha año y medio de prisión injusta.

Olvin García Mejía estuvo involucrado en múltiples crímenes violentos contra la comunidad de Río Blanco, incluyendo asesinatos. A pesar de las múltiples denuncias, nunca fue sancionado por las autoridades.

Nos preguntamos si esta muerte hace parte de un plan para borrar las evidencias y conexiones de David Castillo Mejía con la violencia en la comunidad de Río Blanco y el asesinato de Berta Cáceres, junto a su campaña mediática de falsedades y mentiras.

Reiteramos nuestro llamado a que las autoridades investiguen los hechos de su muerte y los hechos por los cuales esta persona fue contratada para asesinar a Berta y liberada en diciembre de 2015.

Solicitamos que se investiguen las actuaciones de:

  • Hodalma Lizeth Benítez Erazo, representante legal de Olvin bajo pago de DESA.
  • Heidy Gabriela Ordoñez Perdomo y Ela Argentina Argueta Silva, fiscales del caso.
  • Lissien Lisseth Knight Reyes y Victorina Flores Orellana juezas del caso.
  • Los expedientes judiciales corren bajo los números:
    • Caso de Homicidio de Bernardo Pérez – Expediente 1001-2015-00008
    • Caso de Portación Ilegal de Armas – Expediente 1001-2015-00107-B

¡BASTA DE IMPUNIDAD! ¡QUEREMOS LA VERDAD!

Dado en la ciudad de La Esperanza a los 5 días del mes de julio.

¡Con la fuerza ancestral de Berta, Lempira, Iselaca, Mota y Etempica se levantan nuestras voces llenas de vida, justicia, dignidad, libertad y paz!

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A 40 meses del asesinato de la compañera Berta Cáceres exigimos juicio y castigo para autores intelectuales del crimen

Comunicado del Consejo Cívico de Organizaciones  Populares e Indígenas de Honduras (COPINH ) a 40 meses del asesinato de Berta Cáceres – A 2 de julio 2019 

Más de 3 años después del asesinato de la compañera Berta Cáceres, los autores intelectuales del crimen no han sido investigados ni juzgados y, ahora, enfrentamos una campaña mediática que busca mantener en impunidad su caso. A continuación, presentamos una actualización del proceso a #40MesesSinJusticia.


7 meses sin sentencia

El 19 de octubre de 2018 inició el primer juicio oral y público en contra de ocho personas imputadas por la autoría material del asesinato de nuestra compañera Berta Cáceres. Este juicio se caracterizó por una serie de graves irregularidades practicadas desde el inicio del proceso que violentaron el derecho de la familia de Berta Cáceres y el COPINH al acceso a la verdad y la justicia.

Para el 29 de noviembre, la Sala I del Tribunal de Sentencia emitió el fallo en que condenó a Sergio Rodríguez, Mariano Díaz, Douglas Bustillo, Henry Hernández, Elvin Rápalo, Óscar Torres y Edilson Duarte como coautores por el asesinato de la defensora. Además, el Tribunal condenó a Rápalo, Torres, Hernández y Duarte por tentativa de asesinato contra Gustavo Castro y absolvió de toda responsabilidad a Emerson Duarte porque no se pudo comprobar su participación en el crimen.

A 7 meses de la emisión de este fallo condenatorio aún no se emite sentencia escrita que debe contener la individualización de lapena. Según las leyes hondureñas la sentencia debe emitirse sin retraso para garantizar los derechos a la verdad y la justicia. En este caso la falta de sentencia pone en peligro el fallo emitido contra los autores materiales del crimen y representa un obstáculo para la investigación y juzgamiento de los autores intelectuales.

Campaña por la impunidad

El 2 de marzo de 2018 se produjo la captura de David Castillo, miembro de la junta directiva y gerente general de DESA, único autor intelectual detenido por el asesinato de Berta Cáceres.

Un año después, en marzo de 2019, la UFECIC en conjunto con la MACCIH, emitió un requerimiento fiscal a 16 funcionarios públicos por los delitos cometidos en la licencia ambiental otorgada a DESA para la imposición del proyecto Hidroeléctrico Agua Zarca. A David Castillo se le imputó por Fraude, Negociaciones incompatibles con sus funciones, y uso de documentos falsos.

Posteriormente, a principios de abril de este año se realizó la audiencia preliminar en contra de David Castillo por el asesinato nuestra compañera. En esta audiencia la defensa de David Castillo presentó un nuevo peritaje como medio de prueba en un momento procesal inadecuado, lo que implicó la suspensión de la audiencia que, hasta la fecha, no se ha retomado. ..

Junto a esto, la defensa de David Castillo y de DESA, con anuencia delos medios corporativos de comunicación, han instalado a nivel nacional una campaña que busca victimizar a David Castillo y deslegitimar el proceso en su contra, cuestionando las pruebas que lo vinculan con el asesinato e intentando justificar su inocencia con una narrativa absolutamente perversa y revictimizante tanto para la familia de Berta Cáceres como para el COPINH.

Nuestros pasos en el camino de la justicia

Para alcanzar verdad y justicia integral en esta causa, exigimos que se investigue, juzgue y sancione, de manera diligente, a todas las personas responsables por el asesinato de Berta y por las agresiones sistemáticas perpetradas contra el COPINH, incluyendo tanto a David Castillo como a la familia Atala, el Banco Holandés de Desarrollo (FMO), funcionarios estatales, miembros de las fuerzas armadas, financiadoras y más.

Además, la concesión del río Gualcarque, que aún continúa representando una fuente de riesgo para las comunidades lencas, debe ser cancelada inmediatamente.

Finalmente, es urgente que se inicie un proceso para reparar al COPINH por todo el daño causado y, en particular, que se reconozca el rol importante que han liderado en la defensa de la tierra y los derechos de los pueblos. 

Apoya esta campaña: 

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#JusticiaParaBerta

#CapturaALosAutoresIntelectuales 

VIDEO: A 40 meses de Impunidad, seguimos exigiendo Justicia para Berta

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