México supera a países africanos en asesinatos de ambientalistas

Compartimos la siguiente nota publicado en el diario Ángulo 7 a través de la Red Mexicana de Afectadas y Afectados por la Minería (REMA) – Julio 2019

Publicado por: Lorena González Guzmán en Nacional 31 julio, 2019

En asesinatos de ambientalistas, con 14 hechos México superó a naciones africanas con conflictos armados como República Democrática del Congo (ocho), Kenia (dos) Gambia (dos), Senegal (uno) y Sudáfrica (uno) esto durante 2018.

Así lo reveló el estudio “¿Enemigos del estado? De cómo los gobiernos y las empresas silencian a las personas defensoras”, de la organización Global Witness (GW).

La organización internacional documentó 164 asesinatos, un promedio de más de tres personas defensoras fueron asesinadas cada semana.

Entre los hallazgos realizados destacaron que Filipinas, encabezó la lista con 30 asesinatos, seguido de Colombia con 24, India, con 23, Brasil con 20, Guatemala 16 y México con 14.

Los grupos de seguridad privados, las fuerzas estatales y los sicarios son sospechosos de llevar a cabo los asesinatos, a veces actuando de forma conjunta.

El sector de minerías e industrias extractivas concentró el mayor número de víctimas con 43, le siguió la agroindustria, aguas y represas, con 21 y 17 respectivamente.

Cabe recordar que en 2017, el total de homicidios contra defensores del medio ambiente en el mundo sumó 207 víctimas, por lo que hubo una reducción el 20.7 por ciento, según Global Witness.

Este 2019. El más reciente asesinato de un ambientalista tuvo lugar en Tabasco, la víctima fue José Luis Álvarez Flores, quien cuidaba un área de conservación del Mono Saraguato (aullador), también denunció a los extractores ilegales de bancos de arena del Río Usumacinta.

Foto: México supera a países africanos en asesinatos de ambientalistas. Foto: Especial – Ángulo 7

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Campaña nacional: Ni Presa, Ni Presos

[INFORME] ¿Cómo enfrentamos el miedo en el contexto actual las defensoras?

Juez de Corte Federal de Canadá acepta la posibilidad que Mariano Abarca no hubiera sido asesinado, si la Embajada canadiense en México hubiese actuado de otra manera; No obstante, niega ordenar una investigación

Compartimos el boletín de prensan de la Familia Abarca, la Red Mexicana de Afectadas y Afectados por la Minería (REMA), MiningWatch y Otros Mundos respecto al fallo del Juez federal de Canadá- A 29 de julio 2019  >>Descargar en boletín en PDF<<


(Chiapas, Mexico City, Ottawa, Toronto, Kamloops).- En un fallo de juicio emitido el pasado 18 de julio, el juez federal de Canadá, Keith Boswell, admitió la posibilidad de que Mariano Abarca “quizás no estuviera sido asesinado” si la embajada canadiense en México “[hubiese] actuado de otra manera”. Mariano Abarca fue un líder comunitario de Chicomuselo, Chiapas, asesinado el 27 de noviembre del 2009 en el marco de la lucha que emprendió contra los impactos sociales y ambientales generados por la mina de barita de la empresa minera canadiense Blackfire Exploration. 

Lo anterior lo señaló en la primera instancia en un proceso que inició la familia de Abarca de solicitar la revisión jurídica de la decisión del Comisionado para la Integridad de la Administración Pública de Canadá, de no investigar las acciones y omisiones de la embajada canadiense en México, en torno a la criminalización y el asesinato de Mariano Abarca. La familia Abarca considera que la actuación por parte de la embajada, inclusive de ejercer presión sobre las autoridades de Chiapas a favor de Blackfire para que acallen las protesas en la comunidad cuando supuieron que Mariano estaba siendo criminalizado y amenazado, puso en mayor riesgo su vida. Sin embargo, y a pesar de su admisión de la relevancia de la influencia de la embajada, el juez Keith Boswell, negó ordenar al Comisionado que investigue su conducta.

Como familia -respondió José Luis Abarca, hijo de Mariano Abarca, quien estuvo presente en la audiencia en la corte federal en marzo de este año-, “estamos totalmente decepcionados del fallo, porque hemos caminado un largo trecho en búsqueda de justicia por el asesinato de mi padre, y no entendemos cómo es que el juez, reconoce que la embajada pudiera haber actuado de otra manera, lo cual habría hecho una diferencia para que mi padre siguiera con vida, y sin embargo, se niega a ordenar se lleve a cabo la investigación”.

En la decisión que tiene 26 páginas, el juez dedicó solamente un párrafo sustantivo para analizar los hechos antes de concluir que era ‘razonable’ considerar que la embajada no había contravenido ningún código de conducta. El juez parece basar esta conclusión en el supuesto que las políticas sobre la responsabilidad corporativa, la corrupción y los defensores de derechos humanos que los querellantes identificaron no fueron vinculantes sobre los funcionarios públicos canadienses quienes respondieron al conflicto social con Blackfire. Además, falló que fue ‘aceptable’ la decisión del comisionado de no investigar, sin haber realizado una evaluación seria del alto interés público en asegurar que fiscalización pública adecuada de las acciones de los funcionarios públicos de Canadá en torno a los conflictos mineros alrededor del mundo.

“Esta decisión muestra que hubo muy poca voluntad por parte del juez para estudiar y analizar a fondo la evidencia, puesto que no consideró los argumentos que presentamos. No deja de sorprendernos la lectura del fallo, que revela muy poca consideración ante una situación tan lamentable y grave de un asunto de interés público en Canadá y en varios otros países donde persisten reclamos similares de violaciones a los derechos humanos por parte de las empresas mineras que actúan con el apoyo y protección del gobierno canadiense a través de sus misiones diplomáticas, a quienes se percibe cada vez con mayor desconfianza”, afirmó el abogado de la familia, Miguel Ángel de los Santos.

Además, según los querellantes, la decisión de la corte carece de una examinación seria de porqué la embajada no tuvo una obligación de seguir las políticas, normas y directivas que fueron publicadas en el sitio web del gobierno de Canadá y sobre las cuales los funcionarios públicos de Canadá habían testificado en el parlamento canadiense alrededor del mismo momento que se perpetró el asesinato de Mariano.

“Esta decisión es muy deficiente y es altamente preocupante que un juez admitiera que las directivas que el gobierno de Canadá publica y reconoce públicamente, no sean obligatorias para la actuación de los funcionarios públicos. La decisión del juez tiene un impacto adverso sobre la operación ética y la fiscalización de las embajadas y el sector de servidores públicos de forma más generalizada”, comentó él abogado Yavar Hameed, quien representa la familia Abarca y las organizaciones mexicanas y canadienses en la demanda frente la corte federal.

Para Uriel Abarca Roblero, hermano de Mariano quien también estuvo presente en la audiencia en la Corte federal, la noticia del fallo no le sorprendió. “Como familia, sabíamos de la dificultad para que una corte en Canadá aceptará admitir una investigación por la actuación de funcionarios de la embajada canadiense. No investigar a la embajada de Canadá es tener miedo a conocer la verdad sobre la forma en que operan las empresas mineras en Latinoamérica y sobre todo en México y Chiapas donde funcionarios canadienses ayudan facilitar las operaciones de emprasas mineras canadienses que han causado severos daños ecológicos y atropellos a los derechos humanos. A pesar del fallo, no nos rendiremos y vamos a continuar en esta lucha por la justicia”.

Gustavo Castro de Otros Mundos Chiapas, también litigante en el caso, considera que la decisión es emblemática de una problemática generalizada de impunidad para el sector minero canadiense. “El gobierno de Canadá beneficia de las actividades mineras en el exterior, y más allá de que haya razón o no en nuestra acusación, el no querer revisar el caso, ni ordenar una investigación habla de forma muy clara: no quieren que se investigue a su propia gobierno.”

La familia Abarca con Otros Mundos Chiapas, el Centro de Derechos Humanos de la Universidad Autónoma de Chiapas, la Red Mexicana de Afectados por la Minería (REMA) y Alerta Minera Canadá presentaron su queja original al Comisionado para la Integridad de la Administración Pública de Canadá en febrero de 2018. Después que el Comisionado negó abrir una investigación en abril de 2018, anunciaron su intención de llevar su denuncia a la corte federal en mayo de 2018. No obstante, ahora ante este frustrante fallo, nuevamente refrendan su compromiso para que se efectúe una rendición de cuentas con respecto al accionar de la embajada canadiense en los meses previos al asesinato de Mariano. Con este objeto, están preparándose para ejercer su derecho al recurso de apelación ante la Corte Federal de Apelación.

Para mas informacion:

  • Yavar Hameed, Hameed Law, yhameed@hameedlaw.ca, (613) 627-2974
  • Charis Kamphius, Justice and Corporate Accountability Project, ckamphuis@justice-project.org, 250-572-2625
  • Kirsten Francescone (para información o para organizar entrevistas con la familia o las organizaciones mexicanas), kirsten@miningwatch.ca

Antecedentes

Información que se obtuvo mediante solicitudes al acceso a la información demuestra que la embajada intervino con oficiales del gobierno mexicano para apoyar a la empresa cuando ya se sabía que era sobre el conflicto que ellos tenían con respecto a su proyecto de Blackfire en Chiapas, México, incluyendo a los riesgos que enfrentaba Mariano. Mariano alertó a la embajada sobre las preocupaciones que tenían las comunidades con respecto a los impactos de la mina y amenazas relacionadas. Poco después, Mariano fue detenido sin acusaciones en base a una denuncia que presentó la empresa en su contra. Además, solamente semanas antes que lo asesinaran, la embajada consultó a las autoridades mexicanas que acallen a las protestas en contra las operaciones de Blackfire.

Alrededor del mismo tiempo, oficiales federales se pronunciaron frente al Comité Permanente del Parlamento sobre las Relaciones Exteriores constatando que el rol de las embajadas canadienses es “trabajar muy de cerca con empresas, las comunidades afectadas, gobiernos, pueblos Indígenas y la sociedad civil para facilitar un diálogo informado y abierto entre todo los partes”. Sin embargo, la Embajada canadiense en México negó reunirse con la familia y organizaciones de la sociedad civil quienes trabajan en la comunidad hasta que pasaron meses después del asesinato de Mariano, a pesar de que ellos seguían otorgando apoyo a la empresa.

Documentos:

Decisión de Judge Boswell (inglés) disponible acá.

Resumen de la Queja presentada al Comisionado para la Integridad de la Administración Pública de Canadá disponible acá.

Solicitud para la Revisión de la decisión del Comisionado por la Corte Federal de Canadá disponible acá.

Visita el blog: Justicia para Mariano Abarca 

Más información: 

¡PRIMER CASO! Embajada canadiense a los tribunales por su intervención indebida en conflicto minero en México 

EL ESCARAMUJO 85 EL GOBIERNO DE CANADÁ A LA CORTE FEDERAL 

¡Firma la petición para exigir justicia para Mariano Abarca a la corte federal de Canadá!

Costa Rica: A 4 meses del asesinato de Sergio Rojas

Compartimos esta entrevista de Radio Mundo Real (RMR) a 4 meses sin justicia por el asesinato de Sergio Rojas – A 18 de julio 2019 

Exigen investigación por crimen de Sergio Rojas

A 4 meses del asesinato “necesitamos respuestas claras desde el Estado para saber por dónde va la investigación”, dice Coecoceiba. 


Sergio Rojas Ortiz fue asesinado el 18 de marzo de este año en su hogar ubicado en Yeri, territorio ancestral de Salitre, Puntarenas, por el que luchaba desde hace más de una década.

Era líder indígena Bribri, miembro fundador del Consejo Ditsö Iriria Ajkonük Wakpa (CDIAW/Defensores de la Madre Tierra) y el Frente Nacional de los Pueblos Indígenas (FRENAPI).

Se cumplen 4 meses de lo que decenas de movimientos y organizaciones sociales consideran un «asesinato político», responsabilidad del Estado costarricense «por su omisión en cuanto a las medidas cautelares establecidas por la Comisión Internacional de Derechos Humanos (CIDH) en 2015 y los derechos legítimos de los pueblos indígenas a sus tierras ancestrales», según expresaron en un petitorio que presentarán ante la Fiscalía General de la República este jueves 18.

Desde Coecoceiba-Amigos de la Tierra Costa Rica, una organización que apoya la lucha de Sergio Rojas y de su comunidad por recuperar sus tierras y territorios, dijeron a Radio Mundo Real que se necesitan «respuestas y pistas claras desde el Estado para saber por dónde está yendo la investigación sobre el crimen».

Alejandra Porras, integrante de Coecoceiba consideró que «hay buenas intenciones, pero no hay claridad sobre cómo ni quién está haciendo el proceso de investigación. El Estado ha mostrado una apertura muy leve para la investigación y, a cuatro meses del asesinato de Sergio, no vemos que avancen en la verdad y la justicia sobre el crimen», agregó la activista que también forma parte del Comité de Apoyo a la Autonomía Indígena.

Imagen: ATALC/RMR

Más información: 

Denuncia y repudio por el asesinato de Sergio Rojas en Costa Rica

Honduras: ALERTA URGENTE- Ataque en contra de la comunidad de Río Blanco

Comunicado del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH) – A 16 de julio 2019 

El COPINH denuncia que en horas de la noche miembros de la familia Madrid, asociados de la familia Atala Zablah, destruyeron todas las cosechas de la comunidad de Río Blanco organizada en el COPINH en los sitios de La Vega del Culatón y el Achotal.

La gran mayoría de la cosecha de la comunidad consistente en maíz, sustento principal de la alimentación de la comunidad fue destruida por manos criminales en las tierras ancestrales que la empresa DESA pretendió utilizar para el desarrollo del Proyecto hidroeléctrico “Agua Zarca”.

Por lo menos 25 familias fueron afectadas, de nuevo ,con la destrucción de más de 15 manzanas de tierra cultivada de manera colectiva.

Esto se da como resultado de la violencia instalada por la imposición del proyecto hidroeléctrico de la Familia Atala Zablah. Junto a esta acción son más 22 ocasiones en los que se ataca a la comunidad de Río Blanco en los últimos años después del asesinato de nuestra compañera Berta Cáceres.

Estas acciones violentas se dan en medio de un ataque a la organización del COPINH por parte de miembros de DINAFROH.

Responsabilizamos al Estado de Honduras por estas acciones violentas debido a la falta certeza jurídica de las tierras y la impunidad de las acciones violentas en contra de la comunidad.

Responsabilizamos al Instituto Nacional Agrario INA, al Ministerio Público, a la dirección Nacional de Pueblos Indígenas y AfroHondureños DINAFROH. Por la seguridad e integridad física de los compañeros y compañeras de la comunidad. 

Llamado Urgente a la solidaridad activa

Producto de la acción criminal que se realizó en horas de la noche hacemos un llamado urgente de acción solidaria.

Estamos seguros y seguras que la solidaridad de los pueblos nos hará más fuerte, por que sabemos que las comunidades, los pueblos que resisten en este país, somos mucho pueblos para este gobierno y sus instituciones miserables.

Hacemos un llamado urgente a la solidaridad activa, nacional e internacional, y expresarlo haciendo presencia en la comunidad de Río Blanco, a contribuir económicamente, a donar provisiones de alimentos, a la difusión y a exigir a este gobierno indiferente e incompetente que cumpla con las demandas de los pueblos indígena. Vamos a estar recibiendo donaciones de: toldos, colchonetas, naylon, materiales de construcción y herramientas y sobre todo necesitamos aportes de alimentos porque les han destruido la cosecha de su sustento alimentario básico.

Los centros de acopio serán:

  • El Progreso- Eric-SJ e Instalaciones de Movimiento Amplio
  • Tegucigalpa- Catrachas, CDM

También, dejamos la cuenta bancaria del Banco de Occidente 21 301 029 1959, para realizar donaciones en Lempiras para la compra de alimentos para la comunidad.

Les invitamos a llamar a los siguientes números para exigir la pronta solución de este conflicto en Río Blanco:

  • Instituto Nacional Agrario: +504 2239-8397 Policía Nacional +504 2783-4067
  • Dirección Policial de Investigaciones: 2240-0400
  • Dinafroh: +504 2230-1459
  • Mecanismo de Protección: +504 9874-8595
  • Encargado de DDHH de la embajada de EE.UU: +504 9463-6353
  • Ministerio Público:+504 2764-5889
  • Secretaria de Derechos Humanos en Honduras: +504 9995-5297

Para más información comunicación@copinh.org y el número de teléfono 2783 0817

Sicario contratado por David Castillo para asesinar a Berta Cáceres aparece muerto

Comunicado del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH) – A 5 de julio de 2019 

El Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras COPINH comunica que según informaciones comunitarias el señor Olvin Gustavo García Mejía ha sido encontrado muerto el día de ayer 4 de julio en la comunidad de San Bartolo, en la zona norte de Intibucá, después de haber sido visto por última vez el día sábado 29 de junio. 

Con la muerte de Olvin García Mejía se sepulta un testimonio clave y se oculta la verdad sobre los planes de la empresa DESA para asesinar a Berta Cáceres. García Mejía fue denunciado en reiteradas ocasiones como sicario contratado por la empresa para asesinar a Berta Cáceres y líderes comunitarios. David Castillo lo identifica como “nuestra mejor seguridad en el sitio de presa” en conversaciones con Sergio Rodríguez (ver anexo).

En diciembre de 2015 Olvin García tenía dispuesto asesinar a Berta Cáceres y a líderes de la comunidad bajo orden de la empresa DESA. Sin embargo, el plan fue frustrado debido a su captura el 27 de diciembre de 2015 por el delito de portación ilegal de armas. Cuando, además, tenía pendiente una orden de captura por el asesinato de Bernardo Pérez.

En tan solo 4 días salió en libertad gracias a las labores de David Castillo, Daniel Atala Midence, Sergio Rodríguez y Jorge Ávila, ejecutivos y empleados de la empresa DESA, quienes “trabajaron” testigos, influenciaron al Ministerio Público de La Esperanza y pagaron, por lo menos, la fianza y representación legal de una persona de la cual se han tratado de desvincular.

García Mejía fue liberado en tan solo 4 días por 2 delitos graves con el favor del sistema de justicia hondureño y el dinero de la empresa DESA, sin embargo, nuestros compañeros presos políticos cumplen a la fecha año y medio de prisión injusta.

Olvin García Mejía estuvo involucrado en múltiples crímenes violentos contra la comunidad de Río Blanco, incluyendo asesinatos. A pesar de las múltiples denuncias, nunca fue sancionado por las autoridades.

Nos preguntamos si esta muerte hace parte de un plan para borrar las evidencias y conexiones de David Castillo Mejía con la violencia en la comunidad de Río Blanco y el asesinato de Berta Cáceres, junto a su campaña mediática de falsedades y mentiras.

Reiteramos nuestro llamado a que las autoridades investiguen los hechos de su muerte y los hechos por los cuales esta persona fue contratada para asesinar a Berta y liberada en diciembre de 2015.

Solicitamos que se investiguen las actuaciones de:

  • Hodalma Lizeth Benítez Erazo, representante legal de Olvin bajo pago de DESA.
  • Heidy Gabriela Ordoñez Perdomo y Ela Argentina Argueta Silva, fiscales del caso.
  • Lissien Lisseth Knight Reyes y Victorina Flores Orellana juezas del caso.
  • Los expedientes judiciales corren bajo los números:
    • Caso de Homicidio de Bernardo Pérez – Expediente 1001-2015-00008
    • Caso de Portación Ilegal de Armas – Expediente 1001-2015-00107-B

¡BASTA DE IMPUNIDAD! ¡QUEREMOS LA VERDAD!

Dado en la ciudad de La Esperanza a los 5 días del mes de julio.

¡Con la fuerza ancestral de Berta, Lempira, Iselaca, Mota y Etempica se levantan nuestras voces llenas de vida, justicia, dignidad, libertad y paz!

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Gerente sería autor intelectual del asesinato de Berta Cáceres

A 40 meses del asesinato de la compañera Berta Cáceres exigimos juicio y castigo para autores intelectuales del crimen

Comunicado del Consejo Cívico de Organizaciones  Populares e Indígenas de Honduras (COPINH ) a 40 meses del asesinato de Berta Cáceres – A 2 de julio 2019 

Más de 3 años después del asesinato de la compañera Berta Cáceres, los autores intelectuales del crimen no han sido investigados ni juzgados y, ahora, enfrentamos una campaña mediática que busca mantener en impunidad su caso. A continuación, presentamos una actualización del proceso a #40MesesSinJusticia.


7 meses sin sentencia

El 19 de octubre de 2018 inició el primer juicio oral y público en contra de ocho personas imputadas por la autoría material del asesinato de nuestra compañera Berta Cáceres. Este juicio se caracterizó por una serie de graves irregularidades practicadas desde el inicio del proceso que violentaron el derecho de la familia de Berta Cáceres y el COPINH al acceso a la verdad y la justicia.

Para el 29 de noviembre, la Sala I del Tribunal de Sentencia emitió el fallo en que condenó a Sergio Rodríguez, Mariano Díaz, Douglas Bustillo, Henry Hernández, Elvin Rápalo, Óscar Torres y Edilson Duarte como coautores por el asesinato de la defensora. Además, el Tribunal condenó a Rápalo, Torres, Hernández y Duarte por tentativa de asesinato contra Gustavo Castro y absolvió de toda responsabilidad a Emerson Duarte porque no se pudo comprobar su participación en el crimen.

A 7 meses de la emisión de este fallo condenatorio aún no se emite sentencia escrita que debe contener la individualización de lapena. Según las leyes hondureñas la sentencia debe emitirse sin retraso para garantizar los derechos a la verdad y la justicia. En este caso la falta de sentencia pone en peligro el fallo emitido contra los autores materiales del crimen y representa un obstáculo para la investigación y juzgamiento de los autores intelectuales.

Campaña por la impunidad

El 2 de marzo de 2018 se produjo la captura de David Castillo, miembro de la junta directiva y gerente general de DESA, único autor intelectual detenido por el asesinato de Berta Cáceres.

Un año después, en marzo de 2019, la UFECIC en conjunto con la MACCIH, emitió un requerimiento fiscal a 16 funcionarios públicos por los delitos cometidos en la licencia ambiental otorgada a DESA para la imposición del proyecto Hidroeléctrico Agua Zarca. A David Castillo se le imputó por Fraude, Negociaciones incompatibles con sus funciones, y uso de documentos falsos.

Posteriormente, a principios de abril de este año se realizó la audiencia preliminar en contra de David Castillo por el asesinato nuestra compañera. En esta audiencia la defensa de David Castillo presentó un nuevo peritaje como medio de prueba en un momento procesal inadecuado, lo que implicó la suspensión de la audiencia que, hasta la fecha, no se ha retomado. ..

Junto a esto, la defensa de David Castillo y de DESA, con anuencia delos medios corporativos de comunicación, han instalado a nivel nacional una campaña que busca victimizar a David Castillo y deslegitimar el proceso en su contra, cuestionando las pruebas que lo vinculan con el asesinato e intentando justificar su inocencia con una narrativa absolutamente perversa y revictimizante tanto para la familia de Berta Cáceres como para el COPINH.

Nuestros pasos en el camino de la justicia

Para alcanzar verdad y justicia integral en esta causa, exigimos que se investigue, juzgue y sancione, de manera diligente, a todas las personas responsables por el asesinato de Berta y por las agresiones sistemáticas perpetradas contra el COPINH, incluyendo tanto a David Castillo como a la familia Atala, el Banco Holandés de Desarrollo (FMO), funcionarios estatales, miembros de las fuerzas armadas, financiadoras y más.

Además, la concesión del río Gualcarque, que aún continúa representando una fuente de riesgo para las comunidades lencas, debe ser cancelada inmediatamente.

Finalmente, es urgente que se inicie un proceso para reparar al COPINH por todo el daño causado y, en particular, que se reconozca el rol importante que han liderado en la defensa de la tierra y los derechos de los pueblos. 

Apoya esta campaña: 

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#40MesesSinJusticia

#JusticiaParaBerta

#CapturaALosAutoresIntelectuales 

VIDEO: A 40 meses de Impunidad, seguimos exigiendo Justicia para Berta

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La justicia en deuda : Preocupante demora en caso de Berta Cáceres

Compartimos el siguiente artículo sobre actualizaciones del caso de Berta Cáceres mediante el análisis de la “Misión de Observación calificada en el caso Berta Cáceres” publicado en Sputnik – A 3 de junio de 2019 

MONTEVIDEO (Sputnik) — A medio año de emitido el dictamen sobre el asesinato de la activista hondureña Berta Cáceres el tribunal aún no presentó la sentencia condenatoria por escrito y esto debilita el fallo, contó a Sputnik el vicepresidente de la Federación Internacional de DDHH (FIDH), Francisco Soto.

“A seis meses de emitido el fallo lamentablemente no hay una sentencia escrita por parte del tribunal; eso significa que el fallo en primera instancia no está firme hasta que esa sentencia escrita se pueda dar a las partes del proceso”, señaló el abogado guatemalteco.

El defensor es uno de los integrantes de la Misión de Observación Calificada del juicio oral y público por el asesinato de la activista hondureña, que está acompañando el caso desde hace más de un año y medio.

Cáceres, fundadora del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (Copinh), fue asesinada a balazos en su casa el 2 de marzo de 2016, pese a que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos había pedido al Estado hondureño medidas cautelares de protección para su vida.

Soto, quien también es Director del Centro para la Acción Legal de Derechos Humanos, manifestó que la falta de una sentencia escrita les preocupa además porque la misión no puede brindar el informe completo sobre el acompañamiento del caso debido a que “el proceso no termina hasta que ese fallo no esté escrito”. 

Seis meses atrás, la Sala Primera del Tribunal de Sentencia hondureño emitió un fallo oral en el primer juicio por el asesinato de la activista y determinó que el crimen fue cometido “con conocimiento y consentimiento de los ejecutivos de la empresa Desarrollos Energéticos S.A. (DESA)” con el objetivo de poner fin a la resistencia al proyecto de la represa hidroeléctrica Agua Zarca y declaró culpables a siete de los ocho acusados. 

Cáceres había realizado denuncias relacionadas a este proyecto hidroeléctrico por considerarlo una amenaza para el territorio de las comunidades indígenas de la etnia lenca.

La familia de la activista y el Copinh denunciaron durante el proceso reiteradas irregularidades en el desarrollo del caso, tanto contra la Fiscalía como con el Tribunal.

Fuentes del Copinh dijeron a Sputnik que la demora en la emisión de la sentencia demuestra que “las irregularidades continúan estando presentes en el proceso y se demuestra la inoperancia del sistema de justicia hondureño, que tiene un uso político”, expresó la organización.

“No hay ningún documento oficial escrito en el que se corrobore el fallo, la sentencia de culpabilidad contra estas personas; lo que se dio el 29 de noviembre fue un fallo oral, si bien lo dijeron públicamente no hay ningún documento que respalde eso, las partes no pueden recurrir a ese fallo. Esto no significa que esto sea irregular en Honduras debido a que el sistema de justicia es muy lento, pero en este caso que tiene tanta trascendencia demuestra la inoperancia del sistema de justicia”, dijo el Copinh a esta agencia. 

Por su parte, el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) recordó el miércoles en un comunicado que “es un deber de los jueces y juezas el dirigir y encauzar el procedimiento judicial con el fin de garantizar el acceso de las víctimas a la justicia en plazos razonables”.

Además, opinaron que “en este caso el retraso de seis meses en la emisión de la sentencia no tiene justificación alguna ni responde a un plazo razonable. Esta dilación vulnera el debido proceso acrecentando el riesgo de impunidad e impacta negativamente en otros procesos en curso”.

Cuestionamiento del proceso

Los abogados de los imputados por el asesinato de Cáceres denunciaron a mediados de mayo una supuesta manipulación de pruebas presentadas durante el juicio por parte de una perita del Ministerio Público. 

Esto es cuestionado por Soto, debido a que considera que el momento en el que se debían presentar estos reclamos era durante el desarrollo del juicio, donde tendrían que haber demostrado que la prueba no cumple con los requisitos necesarios.

“El tribunal es el que valora los medios de prueba, si no lo hacen en ese momento obviamente después es una forma de tratar de defender algo que ya se valoró”, explicó el abogado.

Según el Copinh, lo que la defensa está haciendo con estas alegaciones “es un show mediático, porque se dan cuenta de que jurídicamente su defendido, David Castillo, está muy involucrado, entonces lo que quieren es mediáticamente y con una narrativa política tratar de buscar exculparlo”. 

“Están diciendo que el Ministerio Público falsificó unas pruebas, lo cual es mentira; ellos pueden criticar todo lo que quieran el manejo de la prueba realizado por el Ministerio Público, critican a una perito que hace una interpretación de las comunicaciones, sin embargo la prueba habla por sí misma, no hace falta una interpretación de ningún perito para leer las comunicaciones”, señaló el Copinh a esta agencia.

“Las comunicaciones de David Castillo y los demás imputados son las pruebas y en eso se fundamenta el caso y no en el análisis de ella, que fue quien sistematizó la información”, agregaron desde la organización.

En paralelo a esta situación se está desarrollando en Honduras el juicio contra el único presunto autor intelectual del asesinato de Cáceres que está siendo investigado, David Castillo Mejía (actualmente en prisión preventiva).

Ex gerente general de DESA, Mejía es acusado de actuar como nexo entre los autores materiales y la empresa, y se está esperando que finalice la audiencia preliminar para ver si se el caso se lleva o no a juicio.

“Que se esté cuestionando el proceso tiene un impacto en el otro proceso; aquí el tema es que el tribunal brinde certeza jurídica en el sentido de que emita su resolución por escrito y que las partes, conforme el procedimiento legal, presenten sus apelaciones si así lo consideran pertinente”, opinó Soto.

El vicepresidente de la FIDH añadió que según su experiencia “la defensa siempre argumenta el mal manejo de los medios de prueba; es una forma de desacreditar las investigaciones y más que un planteamiento jurídico es un planteamiento político”. 

“Obviamente este es un caso de alto impacto en Centroamérica porque demuestra cómo los diferentes megaproyectos que se están implementando en esta región se están realizando sin el consentimiento y sin la aprobación de la población en los territorios en donde se están llevando a cabo”, comentó el abogado guatemalteco.

Soto considera que el caso de Berta Cáceres es emblemático debido a que “demuestra cómo la empresa con tal de imponer estos proyectos llega al extremo de eliminar físicamente a las personas que se oponen”.

El activista considera que si bien es algo que sucede mucho en esta región, en el caso de Cáceres esto logró ser probado en un tribunal.

Ver nota del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH)

Foto: Misión de Observación calificada en el caso Berta Cáceres, Crédito COPINH

Imagen: Comando creativo

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Campaña nacional: Ni Presa, Ni Presos

Comunicado del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan – A 21 de mayo de 2019

Con este lema iniciamos la campaña nacional para exigir la libertad de los 16 presos del Consejo de Ejidos y Comunidades Opositoras a la presa La Parota (CECOP), quienes desde el 7 de enero del 2018 se encuentran presos en el Centro de Reinserción Social de las Cruces en Acapulco, Guerrero. Este 22 de mayo en el Tribunal de enjuiciamiento penal, con jurisdicción y competencia en el Distrito Judicial de Tabares, se realizará el juicio oral que determinará la situación legal de 16 defensores comunitarios del CECOP.

Desde hace 16 meses: Ernesto Valeriano Morales, Manuel Estrada Pineda, Santos Pino Elacio, Catalino Valeriano Estrada, Fernando Chona Chávez, Olegario Montes de Oca Mejía, Antonio Cabrera Morales, Francisco Cabrera Morales, Felipe Romero Galeana, José Francisco Flores, José Elacio Martínez, Manuel Everardo Suástegui, Pablo Carmen García, Marco Antonio Suástegui Muñoz, Vicente Iván Suástegui Muñoz y Javier Melchor Santiago permanecen en prisión acusados de homicidio calificado. 

El 7 de enero de 2018, durante un baile que se realizaba en la comunidad de la Concepción municipio de Acapulco, en el marco de una fiesta patronal, se suscitó un enfrentamiento entre el grupo de la comisaria municipal y miembros de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias – Policía Comunitaria (CRAC-PC), en el que murieron 8 personas. Esta división comunitaria ha sido alentada por políticos y empresarios de la región, que tienen negocios dentro del núcleo comunal de Cacahuantepec, explotando irracionalmente los recursos pétreos del rio Papagayo. Estos personajes se han erigido en caciques que han conformado grupos de choque para confrontar a los miembros del CECOP y a la misma Policía Comunitaria asentada en la Concepción. Lamentablemente la situación interna de las comunidades rurales de Acapulco, además de vivir en situaciones deplorables, ahora se encuentran divididas, al grado que han existido asesinatos, y se vive un ambiente de tensión y polarización social. Las autoridades estatales y municipales han dejado escalar esta violencia y han permitido que internamente los grupos confrontados, diriman sus diferencias con el uso de la fuerza letal.

La violencia no paró con la lamentable pérdida de los campesinos y policías pobres, continuo con la presencia de más 200 policías del estado, acompañado por policías ministeriales, gendarmería y elementos del ejército. Su arribo a las 11 de la mañana, no fue para preservar el orden sino para alentar la confrontación. Su presencia aparatosa con vehículos y helicópteros que sobrevolaban la comunidad fue una demostración de fuerza, para amedrentar a la población. En cuanto llegaron los elementos empezaron a disparar, desarmaron a los policías comunitarios e irrumpieron en la Casa de Enlace de la CRAC-PC. Varias personas presentes en el lugar de los hechos, narraron cómo elementos de las fuerzas de seguridad desarmaron a dos Policías Comunitarios, los obligaron a hincarse y les dispararon, configurando claras ejecuciones arbitrarias. Otro Policía Comunitario, fue detenido por las fuerzas de seguridad frente a varias personas, y sacado del lugar; su cuerpo apareció unas horas después al lado de los otros dos, consumándose una tercera ejecución arbitrarias.

A la par, tanto la policía ministerial como la policía estatal comenzaron a detener a los miembros del CECOP sin que existiera una orden de aprehensión que fundamentara su actuar, sumando un total de 38 personas detenidas de manera arbitraria e ilegal. Los elementos policíacos hicieron uso excesivo de la fuerza desde un inicio, arrastrando y golpeando sin discreción a todas las personas que detenían, a tal punto que 8 personas señalaron haber sido torturadas al momento de su detención. Diferentes certificados médicos elaborados por la policía ministerial y del Cereso de las Cruces, así como de la defensa, dan cuenta de graves lesiones que se asemejan a la tortura.

A pesar de las irregularidades durante la investigación inicial y las violaciones de derechos humanos relacionadas con allanamientos ilegales, detenciones arbitrarias y torturas, se sometió a juicio a 25 integrantes del CECOP por el delito de homicidio. A los detenidos se les imputó la muerte de las 6 personas que salieron de la comisaria municipal durante la fiesta patronal, sin que iniciara una investigación respecto a las muertes de los policías comunitarios que murieron esa misma noche, y mucho menos de las graves violaciones sucedidas durante la detención.

Desde la detención inicial de las 38 personas el proceso contra los miembros del CECOP se vio plagado de inconsistencias y violaciones al debido proceso. Además de la serie de violaciones a derechos humanos durante la detención, el personal ministerial arribó 8 horas después de los hechos suscitados en la fiesta patronal, por lo cual no hubo un resguardo de la zona y varias de las pruebas fueron alteradas, como fue la posición de los cuerpos.

Por otra parte, tal como se señaló previamente la policía ministerial llegó al lugar de los hechos con la principal obligación de recabar las pruebas suficientes para investigar lo ocurrido durante la madrugada; sin embargo, no sólo no realizó debidamente esa diligencia, sino que además esta labor se vio demeritada por el operativo que se armó, y en el cual también se perdieron más pruebas. La autoridad ministerial como la policía estatal actuaron desde un principio de manera de ilegal pues no existía ninguna fundamentación jurídica para el operativo que se montó en la comunidad de la Concepción, no había órdenes de aprehensión y mucho menos se ameritaba la cantidad de elementos que arribaron ni el uso de la fuerza que se utilizó.

Para justificar las detenciones ilegales y arbitrarias, así como el operativo y su magnitud, la Fiscalía General del Estado inició una carpeta de investigación contra los 25 miembros del CECOP, en la que en un inicio les imputó el delito de narcomenudeo, al supuestamente encontrar marihuana en la Casa de Enlace, de la cual no se logró demostrar la existencia en ningún momento. Por tal motivo, esta carpeta de investigación fue cerrada. Sin embargo, en ese momento se les imputó el delito de homicidio. Esta acción fue una estrategia de la Fiscalía para legitimar las detenciones realizadas y así tener tiempo para generar las órdenes de aprehensión contra los compañeros del CECOP por homicidio, además de cubrir las graves violaciones a derechos humanos que se habían suscitado.

Mientras se integraba la carpeta de narcomenudeo, se mantuvo en incomunicación a los detenidos tanto de sus familiares como de sus defensores, sin hacerles saber de qué se les acusaba, aplicándoles pruebas sin la presencia de ningún abogado defensor. Estuvieron incomunicados por alrededor de 48 horas, lo que en el contexto de su detención y criminalización puede constituir en sí, en una forma de tortura, ya que además del daño emocional que puede generar, también tiene efectos negativos contundentes en el proceso penal, pues las primeras horas son de especial importancia para la formulación de imputación.

Respecto a la prueba de radizonato de sodio, además de no ser practicada en presencia del abogado defensor, esta fue ilegal debido a que se practicó durante la integración de la carpeta de narcomenudeo, por lo que no tenía ningún tipo de relación para comprobar ese tipo penal. Si bien esta acción fue reconocida en la audiencia intermedia y esta prueba no formará parte del juicio oral, este hecho sí da un indicio de la fabricación de las pruebas contra los detenidos y el interés de mantenerlos privados de libertad.

Respecto a lo anterior, queremos enfatizar que las investigaciones penales se han iniciado únicamente por los hechos sucedidos en la fiesta patronal, sin que hasta el momento se hayan investigado las ejecuciones extrajudiciales ni la tortura de los 8 integrantes del CECOP. El gobierno del Estado ha sido muy enfático en declarar que no se aplicará el protocolo de Minnesota, que sirve para la atención de casos de ejecuciones extrajudiciales, argumentando que no considera que se trate de ejecuciones; no obstante, ni siquiera se han investigado como homicidios, lo que se traduce como una falta de imparcialidad en la investigación de los hechos.

De igual forma, las escenas de los hechos fueron alteradas e incluso se permitió la destrucción de varias pruebas. Después del operativo, se sacaron los cuerpos de los policías comunitarios ejecutados en la Casa de Enlace y el 11 de enero la policía Estatal resguardó el desalojo que hizo el comisario municipal, de la Casa de Enlace de la CRAC-PC en donde incluso se prendió fuego a varios elementos materiales que se encontraban en el lugar, destruyendo elementos probatorios sobre las ejecuciones extrajudiciales.

Por otra parte, a pesar de que desde la audiencia inicial la juzgadora a cargo haya ordenado abrir una carpeta de investigación por el delito de tortura, esta investigación no ha avanzado. Existen varios certificados médicos que dan cuenta de las lesiones de los compañeros y una opinión técnica del experto internacional James Payson que señala la existencia de tortura, así como varios organismos de derechos humanos nacionales e internacionales que se han pronunciado respecto de las graves violaciones ocurridas en el caso.

Por todas estas irregularidades plasmadas en la carpeta de investigación, emplazamos al Juez del Tribunal de enjuiciamiento penal, con jurisdicción y competencia en el Distrito Judicial de Tabares de Acapulco a que resuelva conforme a los principios de imparcialidad e independencia, con la debida perspectiva intercultural y conforme a los estándares nacionales e internacionales más altos en materia de derechos humanos. La lucha del CECOP a lo largo de 16 años ha sido a pulso, siempre defendiendo la tierra y el agua como un derecho sagrado, desenmascarando los intereses económicos de los grupos de poder. Han sido perseguidos y torturados sin que se castigue a los responsables. Han luchado contra la presa y por eso están presos. La solidaridad de muchas organizaciones sociales y civiles con la gente del CECOP se hace eco de esta demanda de justicia y de este lema de la campaña: Ni Presa, Ni Presos.

Más información: 

Declaración del 13º Encuentro nacional del Movimiento mexicano de Afectados por las Presas y en Defensa de los Ríos (MAPDER) 

El Escaramujo 73: LA LEY DE SEGURIDAD INTERIOR EN MÉXICO

[Artículo] En esta lucha voy a dar la vida: Samir Flores

Compartimos el artículo publicado en Pie de Página – A  Febrero 2019

Texto: Daliri Oropeza y Al-Dabi Olvera

Imágenes: Archivo / Ana Cristina Ramos

A cuatro días de la consulta sobre la termoeléctrica de Huexca, parte del Proyecto Integral Morelos, fue asesinado Samir Flores Soberanes, persona nodal en la articulación de las resistencias y la defensa del territorio contra los megaproyectos en la región.

El campesino, locutor, líder comunitario y defensor de derechos humanos Samir Flores Soberanes fue asesinado con dos balazos en la cabeza a las cinco de la mañana de este miércoles 20 de febrero, en la puerta de su vivienda, ubicada en el pueblo de Amilcingo, Morelos.

Flores murió tres días antes de que el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador realice una consulta pública para decidir si opera o no la termoeléctrica de Huexca, parte del Proyecto Integral Morelos (PIM), y un día después de que se manifestara en un foro conducido en Jonacatepec por Hugo Eric Flores Cervantes, delegado federal en en la entidad.

De acuerdo con diversos compañeros suyos, Flores era uno de los precursores y puntos nodales de resistencia en contra del PIM, una red construida durante el sexenio de Enrique Peña Nieto, compuesto por un gasoducto que cruza los campos de diversos pueblos (incluido Amilcingo), un acueducto en Cuautla y Villa de Ayala y una termoeléctrica en la comunidad de Huexca.

“Todo el tiempo se distinguió por ser una persona honesta, ética, que ama a su tierra y a la gente. Siempre buscó compartir, enseñar; siempre fue muy solidario: trabajaba con todos, la comunidad, los niños, los campesinos. Cuando había un problema la gente lo buscaba y apoyaba. Se distinguió por tener un gran corazón, una gran mente. Estamos enojados e indignados”, cuenta Samanta César, compañera de Flores en Radio Comunitaria Amiltzinko 100.7 FM.

“Las últimas semanas Samir fue muy activo por esto de la consulta, y esta consulta, si se hace, se va a hacer con sangre”, agrega.

Samantha César cuenta que su compañero de 36 años tenía varias amenazas, incluso en la radio. Samir tenía 4 hijos.

“Lo buscaron en la madrugada. Salió porque de por sí lo iba a buscar la gente. Y fueron cuatro balazos, dos lo mataron”.

Durante su última intervención pública, en un foro organizado por el gobierno federal en Jonacatepec, Samir Flores encaró al delegado en Morelos, Hugo Éric Flores Cervantes, también presidente nacional del partido Encuentro Social, quien fue una voz clave en la defensa de los paramilitares inculpados en la masacre de Acteal.

Frente al podio donde se encontraba sentado Hugo Eric, Samir responsabilizó a las empresas europeas Abengoa, Enagas y Bonati por ser beneficiarias del gasoducto que pasa por su comunidad. También dijo que el PIM es inconstitucional y advirtió que podría tener efectos en la salud y traer varios peligros, ya que las obras se encuentran al pie del volcán Popocatépetl.

Con el micrófono, denunció las irregularidades de la termoeléctrica y cómo afecta al pueblo. Al final del evento, se acercaron dos asistentes de Hugo Eric Flores que también estaban en el podio y tomaron los datos de Samir, de ningún otro de sus compañeros.

Samantha César opina que la intención de este asesinato es “desvanecer y meter miedo”, pero también “un llamado o aviso a quienes estamos luchando contra este proyecto”.

El presidente Andrés Manuel López Obrador lamentó el asesinato en su conferencia de prensa, “es un crimen vil, cobarde, ésa es la información que tengo hasta ahora. Vamos, desde luego, a tener más información y a investigar y a proceder para que se esclarezca este crimen, reprobable, lamentable (…) La consulta la tenemos que continuar, porque es un proceso que ya se acordó en una asamblea. Ya se informó, ya la gente tiene todos los elementos y no podríamos detenerla”.

El fiscal de Morelos, Uriel Carmona, en una entrevista radiofónica, explicó que la línea de investigación que siguen es que se trata de “la delincuencia organizada”. Sin embargo, la asamblea de Amilcingo responsabiliza a los gobiernos municipal, estatal y federal.

El 10 de febrero, durante la presentación de la consulta para la termoeléctrica, el presidente López Obrador descalificó a varios defensores llamándolos “radicales de izquierda: para mí no son más que conservadores”.

Samir fue quien logró improvisar una tarima para que el mandatario pudiera verlos y escucharlos. En diferentes fotos se le ve con un sombrero café, gritando y sosteniendo una manta.

Como respuesta a los calificativos del presidente, el Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y Agua Morelos, Puebla, Tlaxcala señaló en un comunicado que la actitud del presidente contra los defensores de la región podrían generar un ambiente de violencia. A cambio, lanzaron la campaña #YoPrefieroLaVida. También agregaron que muchas personas en Morelos votaron por Obrador debido a su promesas de cancelar la termoeléctrica en 2014 y 2018, y ahora se sienten traicionados.

Samir y un grupo de personas en Amilcingo fueron los primeros en viajar a Huexca en 2012 para avisar y advertir sobre el megaproyecto que se les venía. Teresa Castellanos, habitante del lugar donde fue impuesta la termoeléctrica, lo recuerda: “era un hombre muy sabio, traía sus ideales bien puestos, no era ningún cobarde. Siempre fue un guerrero muy valiente. Y hasta las últimas consecuencias. Él nos dijo que iba a dar su vida pero nunca iba a traicionar a su pueblo, y ahí está, ya dio su vida”.

“Entonces hay que prepararnos los que estamos aquí enfrente, porque los próximos vamos a ser nosotros, pero no vamos a rajarnos, vamos a seguir en la lucha así tengamos que caer”, sostiene con voz agitada Teresa Castellanos, otra de las caras más visibles de la lucha en la región.

López Obrador ha explicado que su cambio de postura sobre la continuidad del PIM obedece a que administraciones anteriores firmaron contratos con vigencia de hasta 25 años, con empresas extranjeras, que obligan al gobierno mexicano a pagar por Indemnización y mantenimiento por estas obras inacabadas, entre las que se encuentran.

Samir Flores era indígena náhuatl y delegado del Congreso Nacional Indígena (CNI). El abogado del CNI, Carlos González, lo recuerda como dirigente de su pueblo: era quien organizaba todas las luchas de la comunidad, no sólo contra el gasoducto sino contra la imposición del ayudante municipal por parte de la Central Campesina Cardenista, en defensa de la escuela comunitaria que hicieron, era de la sociedad de padres de familia.

“Él era quien articulaba”, dijo.

El caso de Samir Flores no es aislado, la violencia contra activistas ambientales y defensores del territorio en México es permanente. De acuerdo con una investigación de la periodista Laura Castellanos, en la última década han sido asesinados 125 luchadores ecologistas, de los cuales 82 eran indígenas.

Amilcingo se ha distinguido por llevar una lucha autonómica indígena para gobernarse sin partidos políticos desde hace seis años, recuerda Samantha César. Esta autonomía se desarrolló a partir de la defensa del territorio generada cuando se enteraron que un gasoducto pasaría por su campo. Esto le ha valido incursiones policiacas, además la creación de grupos de choque internos. Sin embargo, la asamblea de pobladores, la radio y una escuela autónoma llamada Emiliano Zapata continúan activos.

“Somos una comunidad súper organizada que ha defendido sus derechos y ésta es una forma de amedrentar a nuestra comunidad. No lo vamos a permitir. Si algo dejó Samir es la enseñanza y la lucha, por eso vamos a continuar”, agrega Samantha César.

“Fue hijo de zapatistas, nacido en tierra zapatista, a cien años de su muerte, acaban de matar a otro luchador social”, concluye.

El asesinato del activista se da también en el contexto del centenario del asesinato de Emiliano Zapata, jefe de la resistencia campesina en la región durante la Revolución mexicana. En entrevista con Pie de Página el pasado 10 de enero, Flores hizo una serie de reflexiones al respecto:

“Es lamentable lo que hoy menciona Andrés Manuel, me recuerda en aquellos años cuando Madero toma el poder y le da la espalda al general Zapata. Me recuerda a esas páginas de la historia. Hoy está haciendo a un lado de manera denostativa a quienes nos sentimos agraviados desde el 2012”.

El defensor habló también del megaproyecto impuesto en Morelos y de la consulta:

“El proyecto no fue consultado. Quizás hoy la consulta está de más porque ya el proyecto ya está hecho, pero (Andrés Manuel López Obrador) debería enfocarse más en las cuestiones técnicas de la Cupreder, la UNAM, otros científicos que han emitido un punto de vista técnicamente y que pareciera que no lo está tomando tan en cuenta. Es lamentable para una Cuarta Transformación apuntarle hacia el mismo objetivo neoliberal. Esperemos que las cosas no se compliquen, de lo contrario lo que va a pasar es que se va a topar con la resistencia de los pueblos”. 

Se autoriza su reproducción siempre y cuando se cite claramente al autor y la fuente. “Este trabajo forma parte del proyecto Pie de Página, realizado por la Red de Periodistas de a Pie. Conoce más del proyecto aquí: https://piedepagina.mx“.

Más información: 

¡Justicia para Samir Flores Soberanes! 

[Artículo] ¿Quién mato a Samir Flores? 

Las consultas “buenas” no existen ¡Basta de engañar a los pueblos!

A 9 años de su partida BETY CARIÑO, PRESENTE

Comunicado de la Red Mexicana de Afectadas y Afectados por la Minería (REMA) – A 27 de abril de 2019 

QUERIDÍSIMA BETY CARIÑO

27 DE ABRIL DIA REBELDE

Mujer guerrera de largas batallas, hace 9 años te asesinaron porque te atreviste a defender la tierra, junto a tus hermanas y hermanos triquis. Nos arrebataron tu fuerza y presencia siempre alegre, tu cariño a las compañeras y compañeros, tu cálida sonrisa, tu mirada dulce, tu abrazo tierno, tu palabra firme y segura; pero no lograron arrebatarnos el ejemplo que nos heredaste como tu incansable forma de mirar la vida, para la cual es necesario luchar, tener coraje e indignación por las injusticias, tal cual tu las tenías todas como cualidades. Por si fuera poco, siempre tu solidaridad fue incondicional, tu convicción para levantarte una y otra vez, tu compromiso para con todas y todos estuvo siempre firme… Y qué decir de tu amor por la vida….Infinito. 

Hiciste nacer a la Red Mexicana de Afectadas/os por la Minería, razón suficiente para que siempre te tengamos presente entre nosotras/os, porque aun sin estar físicamente, eres parte imprescindible de esta familia que tú misma ayudaste a construir hace 11 años.

En este 9° Aniversario te recordamos con tu enorme sonrisa. Tiempos también para alzar la voz y gritar nuevamente la impunidad sigue siendo parte de la vida en México, que no hay cambios, que la lucha por la justicia para ti y para Jyri Jaakkola, siguen siendo un cotidiano para sus familias y nosotros, así como para tantas compañeras y compañeros asesinados, bajo un sistema que se vuelve cada vez más omiso y solapador de quienes acallan voces valientes y colectivas, defensoras y defensores del territorio; Nuevamente a una voz exigimos ¡JUSTICIA!

Enviamos un abrazo bien fuerte para tu familia, amigas y amigos que están ahora reunides para recordar tus andanzas solidarias, Nos sumamos para abrazarnos juntas y juntos a tu recuerdo, para hacerte presente y gritar que la impunidad sigue galopante, sin dar paz a tu partida.

Te queremos decir que en cada uno de los procesos comunitarios realizados como REMA contra los proyectos mineros en el país, mismos que enfrentaste, siempre nos acompañas, sea en un video, en un diaporama, en una exposición, con la palabra…. no hay día que una lágrima no salga para saludarte y recordarte.

QUERIDA BETY, EN REMA ESTAMOS PROFUNDAMENTE AGRADECIDOS, PORQUE TU LUCHA SE HIZO NUESTRA LUCHA.

¡JUSTICIA YA PARA BETY CARIÑO Y JYRI JAAKKOLA!

¡CASTIGO A LOS RESPONSABLES!

¡ALTO A LOS ASESINATOS DE DEFENSORAS Y DEFENSORES DE LA VIDA!

Firma

RED MEXICANA DE AFECTADAS  Y AFECTADOS POR LA MINERÍA

Más información: 

Acabar con la impunidad para Bety Cariño Jyri Jaakkola 

8 años sin Bety Cariño y su fuerza sigue con nosotros 

VIDEO: “Sembrando Sueños, Cosechando Esperanzas”, libro ilustrado sobre la historia de Bety Cariño

Gerente sería autor intelectual del asesinato de Berta Cáceres

Artículo de SERVINDI Comunidad Intercultural para un mundo más humano y diverso- A abirl 2019 

Servindi, 7 de abril, 2019

En Honduras, este 4 de abril inició una nueva audiencia preliminar donde se formalizó la acusación contra David Castillo Mejía por el asesinato de la ambientalista Berta Cáceres.

Castillo Mejía, gerente general de la empresa Desarrollos Energéticos S.A. (DESA), es señalado como uno de los autores intelectuales del crimen cometido el 2 de marzo de 2016.

Según el Movimiento Amplio por la Dignidad y Justicia, organización que lleva la representación legal del caso, David Castillo es el enlace entre sicarios y dueños de DESA, empresa beneficiaria del proyecto hidroeléctrico Agua Zarca.

Berta Cáceres, lideresa del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH), dirigió a las comunidades lencas en las protestas contra Agua Zarca.

¿El motivo?

La concesión del proyecto que desplazaba a las comunidades campesinas, al parecer, se obtuvo de forma ilegal. Además, la comunidad lenca Río Blanco viene afirmando que el proyecto de la empresa hondureña DESA pone peligro su forma de vida. 

El tribunal de Juzgado de Letras Penal de Tegucigalpa decidió reprogramar la audiencia para el próximo miércoles 24 de abril.

Apoyo internacional

Diversas organizaciones internacionales como el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) expresaron su preocupación ante la lentitud de las investigaciones.

“Resulta preocupante que los avances del Estado de Honduras hacia la justicia por el asesinato de Berta Cáceres sigan siendo escasos y frágiles”, comentó Claudia Paz y Paz, directora para Centroamérica y México del CEJIL.

“Honduras aún tiene la deuda de avanzar en la investigación y juzgamiento de todos los autores intelectuales del crimen” 

CEJIL también alertó que tras tres años exista solo una persona imputada por la autoría intelectual del crimen. La organización recordó que el primer fallo por el asesinato de Berta Cáceres reconoció que el asesinato fue planificado y ejecutado con “pleno conocimiento y consentimiento” de los ejecutivos de la empresa DESA.

Por su parte, el relator especial sobre la situación de los defensores de los derechos humanos, Michel Forst, mostró su interés por la obtención de justicia para la activista indígena. “El tribunal decidirá si el proceso sigue a juicio oral y público. Seguimos el caso con interés”, tuiteó el relator de las Naciones Unidas. 

El dato:

El martes 9 de abril presentarán el informe de la misión de observación del caso Berta Cáceres en el Consejo General de la Abogacía Española en Madrid.

El documento expone principalmente las diversas irregularidades cometidas tanto por el Ministerio Público como por el Tribunal de Sentencia en el proceso penal seguido al asesinato de Berta Cáceres.

La misión de observación estuvo conformada por 19 organizaciones, entre las que destaca el Observatorio Internacional de la Abogacía en Riesgo (OIAD) y la Fundación Abogacía Española.

>>Consulta informe de la misión de observación del juicio de Berta Cáceres aquí<<

Más información: 

Arranca nueva audiencia por causa Berta Cáceres sin sentencia firme contra autores materiales 

¡ORGANICÉMONOS HUMANIDAD! Entrevista a Gustavo Castro 

A 3 años de su siembra: La Justicia para Berta Cáceres es la justicia para las mujeres, movimientos y pueblos 

Las sentencias que se emitieron en el primer juicio por el asesinato de Berta Cáceres no permiten lograr la justicia integral

¡PRIMER CASO! Embajada canadiense a los tribunales por su intervención indebida en conflicto minero en México

Comunicado de Prensa, Ciudad de México – A 28 de Marzo de 2019  >>Descargar comunicado en pdf<<

¡EL PRIMER CASO DE EN LA CORTE FEDERAL DE CANADÁ!

EMBAJADA CANADIENSE A LOS TRIBUNALES POR SU INTERVENCIÓN INDEBIDA EN CONFLICTO MINERO EN MÉXICO.

Este lunes 25 de marzo acudimos a la Corte Federal de Canadá para exigir justicia a mi padre Mariano Abarca, asesinado en el 2009 por denunciar los impactos negativos de la explotación de barita de la empresa minera Blackfire Exploration en Chicomuselo, Chiapas y los abusos que cometía la empresa en nuestro territorio.  

El 5 de febrero mi familia, Otros Mundos A.C., la Red Mexicana de Afectados por la Minería (REMA), el Centro de Derechos Humanos de la Universidad de Chiapas y Alerta Minera Canadá solicitamos al Comisionado de la Integridad del Sector Publico de Canadá abra una investigación a la Embajada de Canadá porque sus actos y omisiones contribuyeron a crear un ambiente de peligro para la vida de mi padre y por no haber actuado acorde a las políticas de respeto y protección de derechos de las personas en otros países.

La solicitud presentada demuestra el apoyo que la embajada dio a la empresa, aun conociendo la amenaza que representaba para mi padre y para mi familia. Todos los hallazgos presentados están fundamentados en documentación extensiva obtenida a través de la ley de transparencia, en donde se revela el papel esencial que la embajada canadiense jugó para facilitar las operaciones de la empresa Blackfire, desde su inicio hasta su suspensión por violaciones ambientales.

Ante la negativa que el Comisionado presentó de abrir una investigación solicitamos un recurso de apelación ante la Corte Federal y acudimos a la audiencia este lunes, el 25 de marzo. Además, realizamos una serie de actividades con diversos actores de la sociedad civil de Canadá para argumentar la importancia de abrir una investigación seria e imparcial a la embajada por la necesidad de hacer justicia a mi padre Mariano Abarca. Así también por las implicaciones de este caso en los derechos de las personas afectadas por la minería con capital canadiense en México y en muchas partes del mundo.

Hoy informamos que en la querella, el abogado Patrick Bendin, del Consejo Legal del Departamento de Justicia defendió la decisión del Comisionado de no abrir una investigación, argumentado principalmente que las políticas citadas en las páginas del gobierno y referenciadas en testimonios de funcionarios públicos en el parlamento canadiense sobre la responsabilidad social empresarial y su papel en el contexto de conflictos socio-ambientales en torno a la minería no son ‘oficiales’ y por tal razón los funcionarios públicos no las pudieron haber violado. También calificó las políticas presentadas como recomendaciones a seguir de manera voluntaria. Reafirmó que el Comisionado no tiene el deber de abrir una investigación y que es discrecional ese derecho. Fue muy lamentable escuchar una representación del gobierno de Canadá, sin haber demostrado rigor en la revisión de los documentos presentados, calificar nuestra denuncia que demuestra la actuación de la embajada como “especulaciones”.

No hay duda para nosotros que mi padre fue asesinado por su rol en denunciar los impactos ambientales y sociales de la mina de Blackfire Exploration. Creemos que la embajada canadiense en México tiene responsabilidad por haber presionado nuestros gobernantes para favorecer a la empresa y controlar las protestas de la comunidad, aún cuando supo que la vida de Mariano estaba en grave riesgo. Contrario a los intentos débiles del abogado del gobierno canadiense de decir que nuestra demanda se base en pura especulación, hay amplia evidencia y esperamos que la corte exija una investigación seria en el caso.

Hoy mismo la minería canadiense sigue siendo una amenaza para nuestro territorio, la diplomacia económica entre México y Canadá es de gran interés para el estado canadiense, para el de México y por su puesto para las empresas mineras. Lamentablemente, la minería ha sido anunciada por el gobierno como estrategia para el desarrollo del país y se promueve la inversión canadiense, así como está retomándose el modelo extractivo minero de Canadá como ejemplo para implementar en nuestro país, lo que pone en riesgo los bienes naturales del agua, la tierra y el aire, los derechos colectivos de las y los campesinos y los pueblos indígenas de México, así como aumentara el riesgo de las personas, pues existen varios informes que han demostrado el patrón de actuación de las empresas frente a la seguridad física y psicológica de las y los defensores de la tierra y el territorio.

Ilustrando los graves riesgos que las comunidades afectadas por la minería enfrentan, un estudio por la organización Proyecto Responsabilidad Corporativa y Justicia (JCAP) documentó 44 muertos, más de 400 heridos y arriba de 700 casos de criminalización en torno a conflictos mineros relacionados con 28 empresas mineras canadienses en 13 países de América Latina entre 2000 a 2015.

La familia Abarca y las organizaciones que hacemos parte de la Red Mexicana de Afectados por la Minaría (REMA) esperamos la decisión del juez de la Corte Federal de Canadá en un par de meses pero lo más importante es que el Estado Canadiense hoy acepte que la minería de Canadá ha puesto en peligro la vida e integridad física y psicológica de mi padre Mariano Abarca, así como la de otros cientos de defensores del medio ambiente afectados por la extracción minera en México, América Latina y el mundos, que las empresas mineras actúan con corrupción, criminalización y amenazan a las personas y que ante estos hechos la embajada canadiense debe negarse a apoyar los intereses económicos, no debe omitir las violaciones a derechos. Hoy esperamos que el cuerpo diplomático clarifique su papel en la promoción de las empresas en otros países y que su compromiso frente a los derechos humanos de los afectados por la minería deje de ser una opción personal o voluntaria y se vuelva una obligación congruente con sus propios estándares de responsabilidad social.

Requerimos que el estado Canadiense y el estado Mexicano se responsabilicen por la vida de mi padre Mariano Abarca y por promocionar las empresas canadienses en nuestros territorios y se comprometan a respetar, vigilar y proteger los derechos humanos y colectivos de las y los afectados por la minería.

#JusiticiaParaMariano

¡Fuera la minería del país!

FIRMAN:

Familia Abarca Montejo

Fundación Mariano Abarca A.C.

Otros Mundos A.C.

Red Mexicana de Afectados por la Minería (REMA)

Centro de Derechos Humanos de la Universidad Autónoma de Chiapas

Mining Watch Canadá

>>Descargar comunicado en pdf<<

Foto: Conferencia de Prensa en Centro de Comunicación Social (CENCOS) en CDMX, 28 de marzo de 2019, José Luis Abarca Montejo (Hijo de Mariano Abarca), Uriel Abarca Roblero (Hermano de Mariano Abarca) y Libertad Díaz (IOtros Mundos A.C. y Red Mexicana de Afectadas y Afectados por la minería-REMA)

>>Ver conferencia de prensa<<

Blog Justicia para Mariano Abarca

Más información:

EL ESCARAMUJO 85 EL GOBIERNO DE CANADÁ A LA CORTE FEDERAL

¡Firma la petición para exigir justicia para Mariano Abarca a la corte federal de Canadá! 

Antecedentes e Información general del Caso Mariano Abarca Corte Federal 2019

Resumen del Caso Mariano en la Corte Federal de Canadá 2019

En los medios: 

Corte canadiense analiza denuncia a embajada de ese país en México, por muerte de activista en Chiapas

Corte de Canadá analiza asesinato de Abarca, opositor a la minería en Chiapas

Demanda legal contra Embajada Canadiense por caso Mariano Abarca

Diplomáticos canadienses serían investigados por proteger a la minera Blackfire, implicada en crimen de activista

Investigan a diplomáticos canadienses por proteger a la minera Blackfire 

Piden investigar a embajada canadiense en México por crimen de ambientalista

Abogados de activista mexicano asesinado, optimistas sobre caso en Canadá

Murder of Mexican mining protester throws spotlight on role of Canada’s embassies