Compartimos esta nota publicada en Chiapas Paralelo sobre los proyectos de hidroeléctricas en Chiapas – A 2 de julio de 2020
La Corte de Arbitraje Internacional de Londres sentenció a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) a pagar 200 millones de dólares a las empresas privadas que iban a construir la hidroeléctrica Chicoasén II, como indemnización porque la obra no han podido llevarse a cabo, derivado de inconformidades y protestas que se han presentado en la zona, entre ella la de propietarios de terrenos que fueron afectados por obras de la paraestatal.
El dictamen es derivado de la demanda de las empresas contra la CFE, por concepto de lo que consideraron, son «pérdidas» que les ocasionó la imposibilidad de construir la hidroeléctrica Chicoasén II, en Chiapas.
La CFE informó a través de un comunicado, que está evaluando la resolución con el fin de llevar a cabo su impugnación ante la jurisdicción nacional con base en los recursos procesales previstos para estos casos en el Código de Comercio.
Cabe recordar que en 2015, las empresas Caabsa, de Luis y Mauricio Amodío; Omega de Jorge Melgarejo; y la china Sinohydro, ganaron la licitación que lanzó la paraestatal, para construir la hidroeléctrica, en donde invertirían 386.4 millones de dólares.
Debido a las protestas, el proyecto fue cancelado en 2017, cuando tenía apenas un avance de alrededor de 17 por ciento. Los empresarios inversotes demandaron entonces a la CFE ante la corte londinense -de arbitraje entre empresas y gobiernos-. La corte emitió su sentencia esta semana, argumentando «falta de certidumbre jurídica y seguridad física para llevar a cabo la obra».
Imagen:Carpeta con el Proyecto Hidroeléctrico Chicoasén II. Fotografía: Chiapas Parelelo
Los “Escaramujos” son documentos de análisis producidos por Otros Mundos A.C. Les presentamos el último número de la colección, esperando les sirva para sus trabajos en defensa de los territorios. (Ver todos los números del Escaramujo)
Chiapas alberga las regiones de mayor biodiversidad del país así como más del 30% del agua superficial del territorio mexicano con 92 mil hectómetros cúbicos, y una reserva de agua subterránea de 2,500 hectómetros cúbicos. Cuenta con 81 cuencashidrográficas.
A lo largo de su historia, sus cuencas han sido intervenidas en sus ríos, arroyos y afluentes con obras artificiales como son los bordos, los diques, las derivadoras y las represas entre las que se encuentran 8 hidroeléctricas, de las cuales tres de ellas son de las más importantes del país. Por un largo tiempo, Chiapas aportó más del 40% de la energía hidroeléctrica del país a costa de la pobreza local.
Decenas de proyectos de presas hidroeléctricas se han planeado desde hace décadas en toda la geografía de un estado lleno de hermosos ríos. Ahora, el discurso de la “transición energética”, la “energía limpia”, la “energía renovable” y “los mecanismos de desarrollo limpio” ponen a Chiapas en mayor riesgo de sus Cuencas, ya que las Grandes Represas y ahora las “pequeñas” represas hidroeléctricas siguen reforzando el discurso de la economía verde. Las amenazas sobre los territorios indígenas y campesinos se agudiza con los megaproyectos extractivistas, sobre todo si tomamos en cuenta que en Chiapas el 65% del territorio del estado son Ejidos y Bienes Comunales .
Recientemente la CONAGUA ha liberado esta información que ahora sistematizamos. En este inventario se rescatan los bordos, diques, derivados y represas que se han construido en el estado de Chiapas. También realizamos una radiografía de otros proyectos y el proceso de resistencia social.
El total de Represas, Bordos, Diques y Derivadoras construidas en Chiapas
La CONAGUA registra en Chiapas un total de 94 intervenciones con obras de todo tipo y tamaño que se han construido desde la Conquista hasta 2019. Estas represas están divididas en Presas Hidroeléctricas, Bordos, Diques y Derivadoras. Se han intervenido un total de 39 Municipios: 31 están en la Región Hidrológica Costa de Chiapas, y 63 en Grijalva-Usumacinta. Todas estas obras han sido construidas por particulares, ejidatarios, la Comisión Federal de Electricidad (CFE), la CONAGUA, y lo que fue la Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos (SARH) que operó entre 1976 y 1994.
Los períodos de construcción
De las 94 obras registradas, 67 cuentan con registro del año de construcción y de 27 no se tiene registro. La primera obra que se tiene registro data de 1880 en el municipio de Cintalapa. Durante el Siglo XX se realizaron las principales intervenciones artificiales en las Cuencas de Chiapas. Solo 4 se llevaron a cabo entre 1900 y 1950 en 4 municipios: Berriozábal, San Cristóbal de las Casas, Venustiano Carranza y Cacahoatán. El resto de las 50 represas y bordos se llevaron a cabo entre 1950 y el año 2000. Principalmente en la década de 1970 que es cuando se construyen la mitad de ellas. En lo que va del Siglo XXI se han construido 12 obras.
Las represas en Chiapas y los sismos
El 100% de las intervenciones de las Cuencas para construir las represas, bordos, derivadoras y diques se ubican en Zonas Sísmicas, y se distribuyen de la siguiente manera: 46 obras en Alta Sismicidad, 36 en Media Sismicidad y 12 en Baja Sismicidad.
Por su lado, de los 39 municipios intervenidos en Chiapas, 15 se ubican en regiones de Alta Sismicidad, 19 en Media Sismicidad y 7 en Baja Sismicidad.
Hay que tomar en cuenta que los estados de Chiapas, Guerrero, Oaxaca, Michoacán, Colima y Jalisco son los estados con mayor sismicidad en México. Entre ellos, el estado de Chiapas muestra una mayor actividad sísmica ya que en algunos períodos ha llegado a cuadruplicar la cantidad de sismos registrados en la entidad. Este criterio de la sismicidad es un elemento que al parecer poco se toma en cuenta para la proyección en la construcción de las represas.
Las actuales y futuras Represas Hidroeléctricas en Chiapas
Las intervenciones mayores sobre las Cuencas son las represas. Existen en Chiapas 41 presas y de ellas son 8 hidroeléctricas:
Presa Belisario Domínguez (La Angostura).
Presa Ángel Albino Corzo (Peñitas)
Presa José Cicilio del Valle (El Retiro).
Presa Manuel Moreno Torres (Chicoasén).
resa Netzahualcóyotl (Malpaso).
Presa Bombaná.
Presa Bombaná II.
Presa Shpoiná.
En Chiapas la CFE identifica 90 proyectos hidroeléctricos en la Etapa de Planeación con una potencia instalada de 9,060 Mw. De ese total, 79 corresponden a proyectos identificados, 4 de Gran Visión, 2 de Prefactibilidad y 5 de Factibilidad. La CFE pretendería licitar hidroeléctricas en 4 Sistemas Hidrológicos de la Región del Sureste ubicados en la entidad en las Cuencas de Tonalá, Tacotalpa, Usumacinta y Grijalva.
Los 4 Proyectos de Gran Visión para Chiapas están ubicadas en la Cuenca del Usumacinta. Sobre el río Tzaconejá la Presa Altamirano con una potencia instalada de 185 Mw y la Presa Livingstone con una potencia instalada de 285 Mw. Sobre el río Santo Domingo la Presa Rápidos de Santo Domingo (antes presas Huixtán I) con una potencia instalada de 160 Mw y la Presa Santa Elena (antes presas Huixtán II) con una potencia instalada de 300 Mw. Sobre el río Usumacinta se siguen proyectando la Presas Yaxchilán, Presa Isla El Cayo, Presa El Porvenir y la Presa La Línea que sumarían 690 Mw de potencia instalable. Sin embargo, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador propone que sean hidroeléctricas al filo del agua.
Los 2 Proyectos de Prefactibilidad son las Presas Ampliación El Retiro en la Cuenca Cahoacán en Tapachula, y la Presa Chinín sobre el río Tacotalpa en el municipio de Huitiupán, con un potencial instalado de 7 y 170 Mw respectivamente.
Los 5 Proyectos de Factibilidad son, sobre el río Grijalva, la Presa Acala con un potencial instalado de 135 Mw, la Presa Copainalá con un potencial instalado de 225 Mw y la Presa Rehabilitación Bombaná. Sobre el río Tacotalpa la Presa Itzantún con un potencial instalado de 440 Mw; y la Presa Tenosique (antes Boca del Cerro) sobre el río Usumacinta en el estado de Tabasco con un potencial instalado de 420 Mw.
La presa Chicoasén II está suspendida por los conflictos sociales que ha causado. Y La “pequeña” represa Santo Domingono fue autorizada por Conagua ante la cantidad de inconsistencias en su Manifiesto de Impacto Ambiental. Entre algunos de los antiguos proyectos que están en el tintero esperando las condiciones adecuadas para su inversión están las presas del Sistema UsuTulijá como son las represas Quetzalli, Jattza, Nance, Salto de Agua; la presa Bajatzén sobre el río Shumulhá en Yajalón, y la presa Chacté en San Juan Cancuc. El actual gobierno pretende repotencializar 64 hidroeléctricas de las principales represas del país. Por otro lado, se ha incluido las supuestas “pequeñas” y “minis” represas hidroeléctricas de las cuales, para Chiapas, se prevén licitar 20 proyectos. Esto puede dimensionar que, tomando en cuenta las 90 represas anteriores, en total sumarían 110 hidroeléctricas proyectadas en Chiapas que serian un desastre social y ambiental. Algunas de estas supuestas “pequeñas” represas están vinculadas a dotar de energía a las empresas privadas, a los proyectos mineros o para ser vendida a la CFE con garantías de grandes ganancias usando la red pública.
Los proyectos de presas hidroeléctricas marcan una presión mayor sobre los territorios indígenas y campesinos por los megaproyectos como el Tren Maya y el Corredor Transístmico que demandarán ingentes cantidades de agua y energía de las Cuencas de Chiapas.
Las “pequeñas” represas en Chiapas
Aunque no se ha abandonado la política de construir Grandes Represas, el gobierno impulsa la narrativa de las “pequeñas represas” e incluso “mini represas” con manipulación técnica, ambiental y política. Muchas represas tienen planes de cortinas mayores a 15 metros lo que se les cataloga como “grandes represas”. En el discurso se les vincula a la “energía verde”, la “energía sustentable”, la “energía renovable”, la “energía limpia”, con los “Mecanismos de Desarrollo Limpio”, los “servicios ambientales” o los “servicios hídricos ambientales”; y que con ellas no se desplazan a la población ni generan impactos ambientales significativos e impiden el Cambio Climático. Pero esto es una falacia.
Estos proyectos siguen vinculados a la privatización de la generación de energía, al negocio de la venta de energía a la CFE garantizando las ganancias por décadas a las empresas privadas, al auto abastecimiento de energía para las propias empresas o sus proyectos extractivos y a la apropiación privada de territorios. Sí implican afectaciones a los ríos y a las cuencas, a las poblaciones aguas abajo y aledañas y otras afectaciones socioambientales. Muchas de estas represas hidroeléctricas requieren trasvasar el agua hacia las turbinas por muchos kilómetros invadiendo territorios ejidales y de bienes comunales. El gobierno federal actual pretende construir en el país 112 medianas represas y minirepresas, y también identifica la futura construcción de 13 Hidroeléctricas al “hilo del agua”. La amenaza sobre las cuencas y su modelo extractivo no muestra signos de transitar.
Compartimos comunicado del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras COPINH – A 20 de abril de 2020
El COPINH sobre la desvinculación del BCIE al proyecto Hidroeléctrico Agua Zarca, de la familia Atala Zablah, comunica lo siguiente:
La desvinculación del BCIE (Banco Centroamericano de Integración Económica) del proyecto de muerte Agua Zarca implica una victoria del Pueblo Lenca, del COPINH y de Berta Cáceres y una aceptación de responsabilidad del BCIE en la violencia ocurrida. Tal como lo exigía el COPINH. Este hecho se suma como importante precedente con la desinversión de los bancos FMO (Holandés), FinnFund (Finlandés) y en su momento el Banco Mundial.
El BCIE, sin embargo, omite decir que en realidad no retiró su financiamiento sino que vendió el mismo a un consorcio suizo. Lo que implica que abrió la ventana para que la amenaza de la construcción de dicho proyecto inconsulto siga en pie con otros actores y otros nombres.
El COPINH rechaza el cinismo con el que el BCIE se refiere a la Consulta Previa cuando su “desvinculación” viene muy tarde y ya han pasado más de 7 años de la denuncia de la comunidad de Río Blanco, la muerte de por lo menos 6 compañeros y compañeras de esa comunidad y 4 años después del asesinato de Berta Cáceres, crimen que necesitó de ese financiamiento internacional.
El COPINH exige que el BCIE realmente respete el derecho de consulta y no continúe financiando proyectos inconsultos como el denominado “Tren de carga para Honduras” desde Puerto Castilla y hasta la Isla de Amapala, que afecta a las comunidades garífunas en la costa norte y a las comunidades de la zona Sur, que ya han sido criminalizadas y amenazadas de ser expulsadas de sus territorios
El BCIE no se retira del proyecto porque piense hacer lo correcto, sino porque ha quedado claro que sus socios, la familia Atala Zablah, son los criminales responsables intelectuales del asesinato de Berta Cáceres, por lo cual sus empleados fueron condenados y están presos. Por la misma responsabilidad que sus socios Holandeses, el FMO, enfrentan una demanda en La Haya.
A más de 4 años de su muerte,Berta Cáceres sigue obteniendo victorias.
¡BertaVive y vive!
Dado en La Esperanza a los 20 días del mes de abril del 2020
Con la fuerza ancestral de Berta, Lempira, Mota, Iselaca y Etempica se levantan nuestras voces llenas de vida, justicia, libertad, dignidad y paz.
Compartimos esta nota publicada publicada en Ángulo 7 a través de la REMA sobre los proyectos extractivistas en la Sierra Norte de Puebla – 29 de marzo de 2020
Al menos cinco megaproyectos que buscan ejecutarse en las Sierras Norte y Nororiental tiene procesos jurídicos en contra, tras los amparos promovidos por las comunidades afectadas, entre ellas de los municipios de Cuetzalan, Huacatlán e Ixtacamaxtitlán.
Así lo señaló, en entrevista con este medio, Diana Pérez, integrante del Consejo TiyacTlali, quien indicó que lo anterior se ha logrado por la “lucha de los pueblos” que se han agrupado para evitar que las “grandes empresas” terminen con sus recursos naturales.
Explicó que entre los proyectos que han logrado frenar están la “Línea de Alta Tensión (LAT) Cuetzalan Entronque Teziutlán II Tajín”,
que consiste en 20 kilómetros de LAT de 115 kilovots de doble circuito y
que aterriza en una subestación que entronca con una línea eléctrica
que va de Teziutlán a Papantla, con una inversión de 200 millones de pesos.
Otro de ellos es el Proyecto Hidroeléctrico Puebla 1, que está a cargo de la empresa Deselec 1 Comexhidro en el municipio de Ahuacatlán, con el que se busca generar energía para abastecer de electricidad a cadenas como Walmart, Vips, Suburbia y Waldos.
Explicó que esta obra se basa en una a concesión para el uso y aprovechamiento del agua del río Ajajalpan, específicamente para 350 millones de metros cúbicos de aguas naturales por un periodo de 15 años, por lo que igual se verían afectados las demarcaciones de San Felipe Tepatlán y Tlapacoya.
Licencias irregulares
Sin embargo, indicó que “gracias” al gobierno municipal actual se ha detenido, pues en enero pasado en sesión de Cabildo, se determinó cancelar los permisos que se dieron años atrás, ya que eran ilegales y ante eso la empresa no puede trabajar.
Explicó que se detectó que la autorización de licencias otorgadas por el regidor de obras del periodo 2009-2011, Andrés Francisco Juan Covarrubias, fue de manera irregular ya que actos como cambio de uso de suelo y licencia deconstrucción deben ser aprobados por el cuerpo edilicio, lo cual nuca sucedió.
No obstante, señaló que esta acción por parte del ayuntamiento provocó que la empresa haya demandado al gobierno municipal por revocar permisos que ya tenían, por lo que ahora se resolverá en tribunales.
Diana Pérez comentó que otros de los proyectos involucran los municipios como Tlatlauquitepec, en Ixtacamaxtitlan, donde se pretende hacer una minera a cargo de la empresa Almaden Minerals, además de otro más en Cuetzalan.
“Ha variado la disposición de las distintas autoridades,
esto de acuerdo con los diversos momentos y sensibilidades de los
gobiernos en turno, pero ahorita todos estos que mencioné tienen acciones jurídicas en contra, todos tienen suspensiones los proyectos, ninguno ha continuado”, expresó.
Posponen asamblea por Covid-19
En otro tema, comentó que debido a la contingencia epidemiológica por el Covid-19, se determinó posponer la Asamblea para la Construcción de planes de Vida en el Territorio de los Pueblos Maseual, Tutunaku, y mestizo de la Sierra Norte de Puebla, misma que estaba programada para el pasado domingo 22 de marzo en Ahuacatlán.
Precisó que estas asambleas son un ejercicio de autodeterminación de los pueblos de la Sierra Norte de Puebla que se han desarrollando desde 2014; primero eran cada mes y desde 2018 se hace cada tres, por lo que era la primera del año.
Indicó que, aunque esta región contempla a 69 municipios del estado, solo acuden alrededor de 38 y en su mayoría se encuentran en las cuencas de los ríos Apulco, Zempoala y Ajajalpan, población principalmente náhuatl, totonaca, que son de la Sierra Nororiental.
Aunque se le preguntó sobre si conocía avances del Gasoducto que la empresa Trascanadá pretende ejecutar y atravesar la comunidad de San Pablito, en Pahuatlán,
indico que la única información es que hay un recurso jurídico al
respecto, pero debido a que los pobladores no han acudido a las
asambleas no saben mayores datos.
“En estas asambleas se han tomado varias decisiones importantes como la creación del consejo Maseual Altepetajpianij, que se hizo para presentar acciones ilegales en contra de concesiones mineras y otros megaproyectos hidroeléctricos, así como otras enfocadas al apoyo y respaldo a otros pueblos para fortalecer la solidaridad con otras luchas”, concluyó.
Imagen: 5 megaproyectos en Sierra Norte, frenados tras amparos: Consejo Tiyac Tlali. Foto: Especial Ángulo 7
