Los “Escaramujos” son documentos de análisis producidos por Otros Mundos A.C. Les presentamos el último número de la colección, esperando les sirva para sus trabajos en defensa de los territorios. (Ver todos los números del Escaramujo)
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Los mayores megaproyectos del Gobierno Federal se ubican en el Sur-Sureste del país. El Corredor Transístmico hasta con 10 parques industriales, las Zonas Económicas Especiales, la Refinería Dos Bocas, la extracción petrolera, los pozos de fracking, el gasoducto a Centroamérica, el Tren Maya, las represas hidroeléctricas, la planta de geotermia; los parques eólicos, el turismo de élite, la ampliación de los puertos de Coatzacoalcos, Salina Cruz y Puerto Chiapas; los aeropuertos, las plantaciones de monocultivos de palma aceitera, los servicios ambientales y la privatización de material genético, los proyectos mineros y la Carretera de las Culturas que uniría la Costa de Chiapas con el Caribe. Estos megaproyectos requieren de la apropiación de gigantescas extensiones de territorios. Todos ellos en medio de mucha militarización con la Guardia Nacional, violencia del narcotráfico y de grupos armados que desplazan comunidades indígenas en la Zona Norte y Altos de Chiapas, así como oleadas de migrantes que aumentarán al finalizar el confinamiento por el COVID-19 y vuelta a la supuesta “normalidad”. También el gobierno desea impulsar mayores inversiones y atraerlas al Sur-Sureste donde presume que hay abundante agua y tierras entre otros recursos favorables para la inversión nacional y extranjera.
El Gobierno Federal no desea ahuyentar la inversión de las Corporaciones y promete respetar lo que en el marco de las leyes aprobadas anteriormente se ha otorgado, lo que agudiza las disputas territoriales. Por otro lado, la ratificación de la modernización del tratado comercial entre México y la Unión Europea que inició en 2016 y finaliza en medio de la pandemia, amenaza con más privatizaciones, mayor actividad extractivista y agudización de la pérdida de la soberanía alimentaria. Por su lado, el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá o T-MEC cuyas negociaciones terminaron en 2018, entre otros acuerdos de libre comercio que el gobierno mexicano ha firmado con decenas de países, profundiza la dependencia y la pérdida de la soberanía nacional. En total, México ha firmado Tratados de Libre Comercio, Tratados Bilaterales de Inversión, Acuerdos Preferenciales o Acuerdos Parciales con más de 60 países.
Por ello, la apertura de las fronteras a las Corporaciones amenaza los territorios indígenas y campesinos en el Sur-Sureste. Sin embargo, se encuentran con un gran obstáculo en el caso de Chiapas: el 65% del territorio del estado son Ejidos y Bienes Comunales.
Los territorios en disputa
En México existen tres tipos de Propiedad: Pública, Privada y Social. La Propiedad Social incluye a los Ejidos y a los Bienes Comunales regidos por la Ley Agraria con el fin de garantizar la propiedad de la tierra a los indígenas y campesinos y evitar su concentración en pocas manos. Antes de 1992 constitucionalmente estaba prohibida la privatización de esta Propiedad Social.
El Ejido es un núcleo de población con personalidad jurídica, con patrimonio propio y propietarios de tierras que se les han dotado, que han sido compradas, se les han incorporado o se han adquirido por cualquier otro título. En el caso de los Bienes Comunales es igual, pero la diferencia es que sus tierras las han obtenido mediante resolución presidencial de reconocimiento, por restitución, jurisdicción voluntaria promovida por quienes guardan el estado comunal o mediante resolución en un juicio. Ambos se dividen en tres áreas: Uso Común, Parceladas y Asentamiento humano y reserva de crecimiento. Además de los Ejidatarios/as y Comuneros/as, existen los Avecindados/as que son aquellas personas que viven en la comunidad o ejido por más de un año y que la asamblea ya los reconoce; y los Posesionarios/as que incluyen a las personas que tiene una parcela dentro de un ejido y/o comunidad, pero no se cuenta con certificado de derechos agrarios.
La Propiedad Social, antes del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) en 1994, ocupaba el 52% del territorio nacional. Por ello el gobierno del entonces presidente Carlos Salinas de Gortari modifica muchas leyes para hacer posible el TLCAN, entre ellos la modificación en 1992 del Artículo 27 de la Constitución que prohibía vender la Propiedad Social con el fin de privatizar la tierra y dar entrada a las inversiones extractivistas y de infraestructura en sus territorios.
Para ello se inventó el Programa de Certificación de Derechos Ejidales y Titulación de Solares Urbanos (PROCEDE) que funciona entre 1993-2006 para delimitar las tierras de Propiedad Social y desincorporarla de los Ejidos y Bienes Comunales y así dar “seguridad jurídica” a las inversiones nacionales y trasnacionales. Este Programa fue implementado con mucha coerción, con engaños, con trampas y presiones de no recibir programas de gobierno si los indígenas y campesinos no delimitaban sus tierras para repartirlas y venderlas. En este proceso el Registro Agrario Nacional (RAN), la Procuraduría Agraria (PA), la Secretaría de la Reforma Agraria (SRA), la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL) y la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural así como el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI), jugaron un papel fundamental en la imposición y las divisiones comunitarias. Con el cambio de gobierno, el PROCEDE cambió de nombre en 2007 a Fondo de Apoyo para Núcleos Agrarios sin Regularizar (FANAR), y luego cambia de nombre a Programa de Regularización y Registro de Actos Jurídicos Agrarios (RRAJA-FANAR).
Como se observa en el mapa catastral más abajo, de todo el territorio de Chiapas, el 64% es Propiedad Social. Esto significa que indígenas y campesinos, son dueños/as de la gran mayoría del territorio estatal (color verde en el mapa). El 28.25% es Propiedad Privada (color café oscuro); el 5.86% es Propiedad Pública Federal; y sólo el 0.75% es Área de Zona Urbana (color amarillo). El 0.16% son Áreas de Proceso de Actualización.
En Chiapas existe un total de 3,253 núcleos agrarios de Propiedad Social (entre Ejidos y Bienes Comunales), y suman 482,807 las personas legalmente dueños/as de estas propiedades colectivas.
Del total de los núcleos agrarios, existen 3,164 Ejidos en 114 Municipios que representan el 91.9% del total de Municipios de la entidad. Por otro lado, hay 89 Bienes Comunales en 38 Municipios que representan el 30.6% del total de los Municipios.
El total de Ejidatarios/as asciende a 344,277, de Comuneros/as 78,388, de Avecindados/as 6,370 y el total de Posesionarios es de 53,772.
En todos los 124 municipios en que se divide el territorio del estado de Chiapas hay Propiedad Colectiva. No existen proyectos mineros, de represas o cualquier otro megaproyecto donde no tenga que intervenir el Municipio y la Asamblea de los núcleos Agrarios con quien la empresa se ve obligado a negociar o confrontarse con ellos. No hay megaproyecto sin un grado de conflicto.
Existen 6 municipio de reciente creación que se formaron de otros Municipios con Propiedad Colectiva: El Parral (2011) que se desprende del Municipio de Villacorzo; Emiliano Zapata (2011) de Acala; Belisario Domínguez (2011) de Cintalapa; Mezcalapa (2011) de Tecpatán; Capitán Luis Angel Vidal (2017); Rincón Chamula San Pedro (2017) de Pueblo Nuevo y desplazados de Chamula. Solo Mezcalapa está identificada en el Registro Agrario Nacional (RAN), y los demás están aquí contabilizados en sus antiguos municipios a los que pertenecían.
Los 5 Municipios con el mayor número de Ejidos son, por orden de importancia: Ocosingo (212), Las Margaritas (168), Palenque (166), Salto de Agua (113) y la Trinitaria (103).
Los 6 Municipios que solo están compuestos por un Ejido son: Chicoasén, Metapa, Mezcalapa, Ocotepec, Santiago El Pinar y Sunuapa.
De los 38 Municipios que cuentan con Bienes Comunales, 22 de ellos tienen solo un Bien Comunal, 8 Municipios cuentan con 2 Bienes Comunales, 4 Municipios cuentan con 3 Bienes Comunales. Comitán y Ostuacán con 5 cada uno, Pijijiapan con 11 y Las Margaritas con 18 Bienes Comunales, quien encabeza la lista de más comunidades en su territorio municipal.
Solo 5 Municipios están formados por un Bien Comunal: Aldama, Chalchihuitán, Mitontic, Nicolás Ruiz y San Juan Cancuc.
Existen conflictos fuertes entre comunidades y ejidos por la delimitación de las tierras que han llegado incluso a enfrentamientos armados y población desplazada. En muchas ocasiones el padrón no está actualizado y en otras las Asambleas han perdido el rol que legalmente les corresponde. Pocos son los ejidatarios/as y comuneros/as que conocen la Ley Agraria que rige sus territorios.
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