8 años del asesinato de Mariano Abarca, 8 años de impunidad

Comunicado de prensa de la Familia Abarca Montejo, la Red Mexicana de Afectados por la Minería (REMA), Otros Mundos A.C./Amigos de la Tierra México y el Centro de Derechos Humanos de la Universidad Autónoma de Chiapas (UNACH)

Chicomuselo, Chiapas, México
A 27 de noviembre del 2017

8 años del asesinato de Mariano Abarca, 8 años de impunidad

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El 27 de noviembre 2009, nuestro compañero de lucha y padre de familia Mariano Abarca Roblero fue asesinado afuera de su casa en el municipio de Chicomuselo, Chiapas, por oponerse a la empresa canadiense Blackfire que explotaba una mina de barita en su pueblo. Anteriormente él y diferentes organizaciones de la sociedad civil, colectivos, movimientos, estudiantes y comunicadores/as de diferentes países advertimos al gobierno de Chiapas y al gobierno federal el peligro en el que se encontraba Mariano por defender a las comunidades de la extracción minera.

A ocho años de los hechos, la familia Abarca Montejo, Otros Mundos A.C./Amigos de la Tierra México, la Red Mexicana de afectados por la Minería (REMA) y el Centro de Derechos Humanos de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Chiapas (UNACH) exigimos una vez más a los gobiernos de México y de Chiapas que se haga justicia, fortalecidos por las muestras de solidaridad que se multiplicaron en el transcurso de todo el año 2017.

En junio, interpusimos entre los cuatro una denuncia contra el Estado Mexicano ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por violación al derecho a la vida de Mariano Abarca. Esta acción colectiva es de suma importancia tanto para los que exigimos justicia para nuestro compañero, como para todo/as lo/as defensore/as de los territorios y los derechos colectivos que sufren el patrón de criminalización y de muerte impuesto por el poder corporativo y el modelo extractivo canadiense. Más de 200 organizaciones y personas nos han expresado su apoyo en este proceso legal de largo aliento al firmar nuestra petición en línea.

> Firma: Exigimos a los gobiernos de Chiapas y de México, Justicia para Mariano Abarca <

Este año hemos denunciado en reiteradas ocasiones el infame papel que tuvo el gobierno canadiense en el crimen. Antes del asesinato, Mariano y sus compañeros de lucha habíamos informado a la Embajada de Canadá en México que Blackfire mostraba intención de atentar contra su vida. Sin embargo él no fue escuchado, ni su familia ni quienes fuimos testigos/as de las amenazas que recibía: allanamiento en su casa, detención arbitraria, amenazas de muerte a su familia. Por ser promotora de la minería en México y América Latina, la Embajada no mostró disposición de tomar medidas para evitar una muerte humana.

Es hora de que la impunidad de la mineras canadienses, que solo traen muerte y contaminación en México y toda América Latina, acabe ya. El presidente canadiense Justin Trudeau debe prestar atención a las múltiples denuncias que le están llegando dede la REMA y de defensores latinoamericanos. Apenas el 19 de noviembre, dos trabajadores de la mina Media Luna de la empresa canadiense Torex Gold Resources fueron asesinados y no quisiéramos que se continuara derramando más sangre a nombre del mercado del oro y de la avaricia de las empresas mineras canadienses.

Nuestra denuncia ante la CIDH permitió que se reabriera el caso, sin embargo la Fiscalía del Estado de Chiapas no ha mostrado voluntad de llevar a cabo una investigación seria, profunda y objetiva que permita la consignación ante los tribunales de los autores materiales e intelectuales del crimen. Desde las primeras investigaciones, se negó a abordar la línea de investigación que sugiere que el crimen pudo haber sido ordenado por un alto funcionario del Gobierno de Juan Sabines Guerrero en coordinación con la empresa Blackfire.

El esclarecimiento del homicidio requiere de las declaraciones de funcionarios de alto nivel en Chiapas, así como de los directivos de la empresa. Pero hasta ahora, la Fiscalía no ha querido obtener esas declaraciones, pese a que la esposa de Mariano, Mirna Montejo, ha solicitado formalmente que se les llame a declarar.

Solicitamos su apoyo para continuar haciendo presión hasta obtener esas declaraciones y encontrar a los asesinos materiales e intelectuales de Mariano Abarca Roblero. La solidaridad nacional e internacional es necesaria para lograr que las empresas mineras canadienses dejen de asesinar a más personas y despojar los bienes comunes naturales.

Firman:

Familia Abarca Montejo
Red Mexicana de Afectados por la Minería (REMA)
Otros Mundos A.C./Amigos de la Tierra México
Centro de Derechos Humanos de la Universidad Autónoma de Chiapas (UNACH)

> Firma: Exigimos a los gobiernos de Chiapas y de México, Justicia para Mariano Abarca <

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Materiales:

Comunicado de MiningWatch Canada: ¡Justicia! Ocho años de impunidad en el asesinato de Mariano Abarca en Chiapas, México

La petición en línea

La historia de un asesinato anunciado

El resumen de nuestra petición a la CIDH contra el Estado mexicano

En la prensa:

En Chiapas claman justicia a ochos años del asesinato del activista Mariano Abarca (Proceso)

Mariano Abarca; defendió su tierra de las mineras canadienses y a ocho años sigue sin obtener justicia (Chiapas Paralelo)

Mariano Abarca, ocho años de impunidad (Contralínea)

Se cumplen 8 años del asesinato de líder comunitario de Chiapas (La Jornada)

Claman por justicia en Chiapas a ocho años del asesinato del activista Mariano Abarca (Contra Poder)

En Chiapas claman justicia a ochos años del asesinato del activista Mariano Abarca (Noticias TLN)

[AUDIO] Bertha Zúñiga: Hallazgos en el caso Berta Cáceres deben “poner el freno a las actuaciones violatorias de los derechos de los pueblos que tienen las empresas”

Compartimos el audio de la participación de Bertha Zúñiga Cáceres, actual coordinadora del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH) e hija de Berta Cáceres, en el cine-debate organizado por Otros Mundos A.C./Amigos de la Tierra México el 21 de noviembre en el Foro Cultural Kinoki * en San Cristóbal de las Casas, Chiapas, México. Berta Cáceres fue asesinada el 2 de marzo 2016 por defender al pueblo lenca y al río Gualcarque ante la contsrucción de la represa hidroeléctrica Agua Zarca por la empresa
Desarrollos Energéticos S.A. (DESA) en Honduras.

>> ESCUCHAR Y DESCARGAR EL AUDIO <<

Otros Mundos A.C.: ¿Nos puedes hablar de lo que salió ahora en el informe del Grupo Asesor Internacional de Personas Expertas (GAIPE) titulado “Represa de violencia: el plan que asesinó a Berta Cáceres” que permitió sacar a nivel internacional la información de que el asesinato de Berta Cáceres fue planeado desde la empresa DESA?

Bertha Zúñiga Cáceres (por videollamada):

Tiene algunos hallazgos importantes que yo creo que reafirman  objetivamente lo que siempre hemos venido diciendo. Como que empieza a demostrar con más claridad el tema de cómo operaban las empresas y a nombrar y tener más identificadas a las personas que participaron directamente en el asesinato de Berta Cáceres el 2 de marzo 2016.

Una cosa bastante importante es que este informe aquí muestra las grandes negligencias que han habido en el proceso y sobre todo la poca voluntad de investigar el autor intelectual del crimen.

Otro punto importante del informe es poder tener más certeza de que realmente los bancos financiadores del proyecto Agua Zarca como el banco holandés FMO y el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) sí tenían un amplio conocimiento de lo que estaba pasando en la zona y no hicieron nada para frenar el financiamiento aún teniendo violaciones muy graves.

Otra cosa importante es poder demostrar el nivel de planificación que tenía este asesinato. Este informe tiene un anexo en el que vienen algunos de los chats que se intercambiaba la junta directiva de DESA que tenía un chat específicamente para abordar el tema de Berta Cáceres y del COPINH considerados como un estorbo para continuar con el desarrollo del proyecto hidroeléctrico.

En este informe no se ponen los nombres de las personas que se miran ya con bastante claridad como autores intelectuales del crimen pero nosotros sabemos a quienes pertenecen estos números de teléfono.

También algo que se muestra mucho en el informe y que es algo de lo que hablaba mucho mi mami es el tema del racismo tan grande que expresan estos proyectos, estos bancos y estos funcionarios del Estado. Se refieren en reiteradas oportunidades a los pueblos indígenas de maneras extremadamente despectivas, hablando de que son ignorantes y expresando su desprecio. Sienten que los suelos indígenas no somos sujetos de derechos y que no tienen porque consultarnos o darnos explicación. Aquí hay expresiones bastante terribles como por ejemplo: “Estos indios no paran de joder”.

Ellos refieren que siempre una de las ventajas o cualidades que tienen es que tienen muchos contactos con funcionarios del Estado y que eso les daría seguridad a los bancos inversores de meter su dinero en este proyecto. Se identifica que la familia Atala, que nosotros mencionamos, está muy involucrada en el tema de la autoría intelectual. Aparecen los que son parte de la junta directiva de DESA: Jacobo Atala, Pedro Atala, José Eduardo Atala, Daniel Atala, que no solo son dueños de esta represa, sino que tienen una equipo de fútbol, que su principal inversión es el tema financiero, que tienen un montón de proyectos, o sea que no son cualquier persona en este país. La familia Atala es financiadora de la campaña del actual presidente de Honduras Juan Orlando Hernández, candidato a la presidencia nuevamente.

En síntesis, yo creo que un crimen de esta magnitud, muy pocas veces tiene la posibilidad de encontrar unas pruebas tan claras y que involucren tan claramente muchas personas como éste. Nosotros decimos eso: que sea un caso para poner un poco el freno a las actuaciones violatorias de los derechos de los pueblos que tienen estas empresas hidroeléctricas, que tienen los bancos financiadores, que tienen los funcionarios del Estado, especialmente las fuerzas de seguridad que aparecen muy muy claramente.

Entendemos que bajo estos gobiernos que tienen un carácter dictatorial, va a ser muy difícil, pero que con el trancurso de los años, como suele pasar, van a revelarse los nombres y vamos a llegar a enjuiciarlos. Son tareas de largo aliento. Mientras tengamos también el enfoque de la lucha integral, es decir de que no solo se trata de la justicia sino de construir un proceso organizativo, apoyar los movimientos sociales y apoyar a las luchas contra todo este modelo de despojo y de saqueo, allí se está contribuyendo realmente a esa ganancia por la justicia.

Las exigencias que hemos posicionado a partir de este informe son:

– Seguir exigiendo la captura, el juicio y la condena de los autores intelectuales del crimen contra nuestra coordinadora y contra nuestro compañero Gustavo Castro;

– Cancelar el proyecto hidroeléctrico Agua Zarca que sigue intacto es una prioridad;

– Tener la certeza que la veeduría internacional en el proceso de justicia en los tribunales es fundamental;

– Pedir por la seguridad, sobre todo para nuestro equipo legal que está haciendo bastante acciones legales contra los autores intelectuales, con los nombres de varios de ellos y que nosotras sabemos que esta gente es bastante poderosa y tiene mucha influencia y muchos contactos. Obviamente aquí hay un temor casi permanente por la vida de todas la personas que estamos en la búsqueda de justicia.

*Se proyectó el nuevo documental “Berta no se murió, se multiplicó”, realizado este año por el director estadounidense Sam Vinal, de Mutual Aid Media:

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Más lectura sobre el caso Berta Cáceres:

Petición: Más de 600 organizaciones y personalidades exigimos Justicia para Berta Cáceres

Comunicado del COPINH: ¡DESA Asesinó a Berta! ¡Captura de los autores intelectuales ya

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“Guancasco de Medios”:

Un sitio web para seguir las elecciones en Honduras desde la perspectiva de los Derechos Humanos

Les invitamos a descubrir la página web “Guancasco de Medios”: ya que se acercan las Elecciones Generales del 26 noviembre 2017 en Honduras, es hora de informarse sobre las graves violaciones a los Derechos Humanos que se están perpetrando en ese país centroamericano

[AUDIO] “Los principios del anticapitalismo, el antirracismo y el antipatriarcado fueron impulsados por Berta Cáceres”

Compartimos el audio de la participación de Bertha Zúñiga Cáceres, actual coordinadora del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH) e hija de Berta Cáceres, en el cine-debate organizado por Otros Mundos A.C./Amigos de la Tierra México el 21 de noviembre en el Foro Cultural Kinoki * en San Cristóbal de las Casas, Chiapas, México. Berta Cáceres fue asesinada el 2 de marzo 2016 por defender al pueblo lenca y al río Gualcarque ante la contsrucción de la represa hidroeléctrica Agua Zarca por la empresa Desarrollos Energéticos S.A. (DESA) en Honduras.

>> ESCUCHAR Y DESCARGAR EL AUDIO <<

Siempre se ha visto con mucha claridad el tema de las luchas integrales, asumiendo que gran parte de los problemas que se sufren en las comunidades, el tema del despojo territorios y de la marginalidad en la que ha vivido históricamente el pueblo lenca, tienen que ver con el racismo del Estado que se instaló desde hace muchos años atrás y que sigue siendo una constante importante a nivel de Honduras y del mundo.

Entonces entre las reflexiones sobre el tema de las opresiones, se ha visto la necesidad de proyectar las voces y las decisiones en los proyectos comunitarios que existen desde el pueblo lenca y también de trabajar el tema del antipatriarcado que no consiste solamente en que las mujeres participen o estén allí sino que es una cosa mucho más compleja. Esa trípoda de principios del anticapitalismo, el antirracismo y el antipatriarcado fueron impulsados mucho por nuestra coordinadora general.

Nosotros siempre decimos que se manifiesta internamente, que se manifiesta en estos proyectos de muerte, que uno de los agravantes importantes en el asesinato de nuestra coordinadora general es de ser una mujer fuerte, desafiante, que nombraba a los empresarios, que ella denunciaba cuando nunca nadie lo había hecho. Eso suscitaba mucho odio por parte de  los mismos y ese es un factor que jugó un papel durante toda la persecución y toda el hostigamiento judicial.

Nosotras logramos tener una coordinadora mujer que no solo era una coordinadora sino que era una lideresa. Eso no es una cosa sencilla de construir, un liderazgo de ese tipo en el contexto que tenemos en la localidad. Hacer acciones concretas, incluso entre las organizaciones, para justiciar a las mujeres, es un tema que no es sencillo, que no muchas organizaciones han logrado asumir.

Se han desarrollado distintos procesos, por ejemplo las cortes populares de mujeres donde las mujeres pueden denunciar violencias, agresiones y acosos de compañeros que no solamente son externos a las comunidades sino que son parte de las comunidades.

Aquí se siguen organizando los consejos de mujeres. Estamos por realizar a finales de este año una Asamblea de mujeres que esperamos permita dialogar con este proceso de dignificación, de justicia, de crear verdad para las comunidades para todos y todas.

Nos queda allí como esa tarea de cumplir con lo que se llama muchas veces “el legado de Berta Cáceres”.

*Se proyectó el nuevo documental “Berta no se murió, se multiplicó”, realizado este año por el director estadounidense Sam Vinal, de Mutual Aid Media:

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Más lectura sobre Berta Cáceres:

[AUDIO] Hallazgos en el caso Berta Cáceres deben frenar las violaciones de los derechos de los pueblos perpetradas por las empresas

Documental: “Berta no se murió, se multiplicó”

Documental: “Berta no se murió, se multiplicó”

Les compartimos el documental “Berta no murió, se multiplicó” realizado este año por el director estadounidense Sam Vinal, de Mutual Aid Media, que Otros Mundos A.C./Amigos de la Tierra proyectamos el 21 de noviembre en el Foro Cultural Kinoki de San Cristóbal de las Casas. A partir del caso de la defensora hondureña Berta Cáceres asesinada el 2 de marzo 2016, la película cuenta cómo la organización que ella coordinaba, el Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH), sigue luchando hoy contra el capitalismo, el racismo y el patriarcado en un país devorado por los megaproyectos extractivos.

El documental retrata la estrecha relación que existe entre la defensa de los bienes comunes naturales y la lucha contra la violación de los derechos colectivos de los pueblos, de los derechos de las mujeres y de la comunidad LGBTTI, que lleva a cabo el COPINH con otras organizaciones de Honduras, en particular la Organización Fraternal Negra Hondureña (OFRANEH).

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“Aquí en México, estamos viviendo una lucha fuerte contra las mineras y todas las empresas que están haciendo lo mismo en las sierras de nuestro país. Me movió mucho la película porque es una realidad muy cercana que pasa en toda América latina.”

>> Escuchar todas las reacciones a la proyección del documental en Kinoki: AQUÍ

Después de la proyección, nos conectamos con Bertha Zúñiga Cáceres, hija de Berta Cáceres y actual coordinadora del COPINH, para comentar la película e informarnos sobre los últimos avances en la investigación sobre el asesinato, en particular los hallazgos del informe “Represa de Violencia: El plan que asesinó a Berta Cáceres” publicado en noviembre por el Grupo Asesor Internacional de Personas Expertas (GAIPE).

“Una cosa importante es poder demostrar el nivel de planificación que tenía este asesinato. Este informe tiene un anexo en el que vienen algunos de los chats que se intercambiaba la junta directiva de DESA que tenía un chat específicamente para abordar el tema de Berta Cáceres y del COPINH considerados como un estorbo para continuar con el desarrollo del proyecto hidroeléctrico.”

>> Escuchar la participación de Bertha Zúñiga Cáceres: Hallazgos en el caso Berta Cáceres deben “poner el freno a las actuaciones violatorias de los derechos de los pueblos que tienen las empresas”

“Uno de los agravantes importantes en el asesinato de nuestra coordinadora general es de ser una mujer fuerte, desafiante, que nombraba a los empresarios, que ella denunciaba cuando nunca nadie lo había hecho.”

>> Escuchar la participación de Bertha Zúñiga Cáceres: “Los principios del anticapitalismo, el antirracismo y el antipatriarcado fueron impulsados por Berta Cáceres”

Fotos de la proyección en el Foro Cultural Kinoki

 

El caso de la defensora Jen Moore de MiningWatch Canada, injustamente expulsada de Perú, será revisado por la Corte Superior de Lima

Compartimos el boletín de prensa de la organización Mining Watch Canada/Alerta Minera Canada – Lima/Ottawa, a 20 de noviembre 2017

Mañana, martes 21 de noviembre, la Corte Superior de Lima verá el caso del hostigamiento y detención ilegal y arbitraria de la coordinadora del programa con América Latina de Alerta Minera Canadá Jen Moore, y el periodista estadounidense John Dougherty, ocurrida el pasado 21 de abril en Cusco. Los defensores fueron rodeados por la policía nacional, muchos vestidos de civil, y detenidos por cuatro horas mientras la policía intentaron interrogarles tras la presentación de un largometraje documental sobre abusos relacionados a las operaciones de la empresa minera canadiense Hudbay Minerals en las Américas.

Evidencia entregada a la corte muestra que, horas después de que Moore y Dougherty salieron voluntariamente del país el 23 de abril, la Superintendencia de Migraciones les impuso una alerta migratoria por un plazo de tiempo indefinido, prohibiendo su reingreso al país, y así determinando que presentar un documental sobre la minería constituye una amenaza al orden interno del país. Los defensores no fueron notificados, sino se enteraron de la decision dos meses después por otra vía.

El Cuatro Sala Penal Con Reos Libres de la Corte Superior de Lima verá el habeas corpus interpuesto por el Instituto de Defensa Legal, Derechos Humanos Sin Fronteras – Cusco y Aporvidha en representación de Alerta Minera Canadá.

Mientras ha habido cientos de casos de criminalización y represión de la protesta en Perú en los últimos años para silenciar los reclamos de las comunidades afectadas por la minería, este caso representa una tendencia hacia la criminalización de los periodistas y demás defensores del medio ambiente por compartir información y expresar opiniones sobre lo que está pasando en el país”, comentó Jaime Borda de Derechos Humanos Sin Fronteras – Cusco.

La privatización del aparato de seguridad pública en Perú podría haber facilitado este proceso de criminalización. Organizaciones de los derechos humanos han encontrado 118 contratos entre empresas energéticas y mineras con las fuerzas estatales para brindarles servicios de seguridad en Perú. Esta situación se repite con la empresa HudBay.

“De acuerdo a la información obtenida sobre estos contratos que privatizan a la Policía Nacional de Perú, es muy probable que este acoso, perseguimiento y detención de Moore y Dougherty se haya producido bajo el acuerdo contractual entre HudBay y la policía. Este tipo de convenios someten a la fuerza pública a las necesidades de las empresas, generando un conflicto de interés con su rol de proteger a la población, razón por la que es imperativo eliminar estos convenios”, constató Ana María Vidal de la Coordinadora Nacional por los Derechos Humanos.

90 redes y organizaciones internacionales han enviado un carta a las autoridades peruanas el viernes pasado para que tomen todas las medidas necesarias para poner alto a este proceso de criminalización y para asegurar que no se repita, inclusive instaron a las autoridades peruanas a que eliminen la privatización de los servicios de la policía por facilitar la criminalización de la disidencia y la defensa de los derechos humanos, sobre todo en áreas donde las comunidades están en conflicto con proyectos extractivos que amenazan su vida.

“Es altamente preocupante que empresas mineras como Hudbay podrían estar usando la policía para tratar de cortar el acceso que tiene las comunidades a fuentes independientes de información y apoyo. Parece ser parte de una serie de esfuerzos parecidos para perseguir los que buscan respaldar comunidades afectadas por la minería en Peru. En 2011, por ejemplo, un cable de Wikileaks mostró como empresas mineras transnacionales en Perú buscaron la ayuda de la diplomacia canadiense, estadounidense y otros en Lima para presionar las autoridades peruanas y impedir los esfuerzos de maestros, sacerdotes, partidos políticos, organizaciones campesinas y ONGs que trabajaba con comunidades afectadas por la minería. La criminalización de tales grupos ha aumentado tremendamente desde ese entonces. Esto tiene que parar”, comentó Jen Moore para MiningWatch Canada.

Contacto: Jen Moore, Coordinadora del Programa para América Latina de MiningWatch Canada/Alerta Minera Canadá, (613) 569-3439, jen(at)miningwatch.ca

Video: el documental “Fraude de Flin Flon” proyectado en Perú

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Más información:

Carta a las autoridades peruanas: “Criminalización de la libertad de expresión y de la solidaridad internacional en Perú”

MiningWatch Canada demanda a Perú por la detención arbitraria de Jen Moore

Sobre la detención de Jen Moore y John Dougherty en Perú: ¿Qué tiene que esconder la minera canadiense Hudbay a los peruanos?

Carta a las autoridades peruanas: “Criminalización de la libertad de expresión y de la solidaridad internacional en Perú”

Publicamos esta carta dirigida a las autoridades peruanas, que firmamos en solidaridad con nuestr@s compañer@s Jen Moore, integrante de Mining Watch Canada/ Alerta Minera Canadá, y el periodista John Dougherty, quienes están sufriendo un proceso de criminalización en Perú por haber difundido información sobre los impactos de la minería en el país – A 17 de noviembre de 2017

(Descargar la carta en PDF)

Ministro Enrique Javier Mendoza Ramírez
Ministerio de Justicia y Derechos Humanos

Ministro Víctor Ricardo Luna Mendoza
Ministerio de Relaciones Exteriores

CC:

Ministro Carlos Miguel Ramón Basombrío Iglesias
Ministerio de Interior

Dr. Duberlí Apolinar Rodríguez Tineo
Presidente de la Corte Suprema

Dr. Rolando Martel Chang
Presidente de la Corte Superior de Justicia de Lima

Walter Gutiérrez Camacho
Defensor del Pueblo

Dr. Oscar Augusto Sumar Calmet
Presidente de la Sala Cuarta Penal con reos libres de la Cortre Superior de Lima

María Rosario Hernández Espinoza
Juez Superior Provisional integrante de la Cuarta Sala Penal para Procesos con Reos Libres de Lima

Sr. Saleh Carlos Salvador Heresi Chicoma, Presidente
Comisión de los Derechos Humanos de la Legislatura de la República – Congreso de la República

Embajadora Gwyneth Kutz
Embajada Canadiense en Lima

Alex Neve, Secretary General
Amnesty International Canada

Ana María Vidal, Secretaría Ejecutiva Adjunta
Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH)

Re: Criminalización de la libertad de expresión y de la solidaridad internacional en Perú

Estimados Ministro Luna Mendoza y Ministra Mendoza Ramírez:

Las organizaciones que suscribimos esta carta nos dirigimos a ustedes para manifestarles nuestra preocupación por la criminalización de la solidaridad internacional y de la libertad de expresión en Perú. En particular, estamos alarmados por el hostigamiento, la detención ilegal y arbitraria, y la subsiguiente prohibición de ingreso al país por un período indefinido, a la que fueron sometidos la Coordinadora del programa para América Latina de Alerta Minera Canadá, Jen Moore, y el periodista estadounidense y documentalista John Dougherty, durante su estancia en Cusco del 18 al 23 de abril de 2017. Esperamos que adopten todas las medidas necesarias para poner un alto a este proceso de criminalización, así como levantar la alerta migratoria que les impide su entrada a Perú, y prevenir que situaciones como esta se vuelvan a presentar.

La Srta. Moore y el Sr. Dougherty fueron detenidos tras la proyección pública del documental “El fraude de Flin Flon”, que trata sobre las operaciones de la empresa minera canadiense Hudbay Minerals en el continente. La detención fue precedida por difamación en la prensa, hostigamiento y vigilancia policial.

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El 22 de abril en la mañana, algunas horas después de haber sido detenidos por la policía y antes de que tuviesen la oportunidad de defenderse, la Srta. Moore y el Sr. Dougherty fueron acusados públicamente, en el sitio web del Ministerio del Interior, de incitar a los pobladores en contra de la minería y de amenazar el orden público, involucrándolos en una serie de actos de violencia de los cuales no fueron parte. Al actuar de esta manera, las autoridades peruanas han vulnerado los derechos de los dos investigadores a la libertad de expresión, a la privacidad y al debido proceso.

Temerosos de que pudieran ser víctimas de más irregularidades por parte de las autoridades peruanas, los dos salieron voluntariamente de Perú el 23 de abril con la intención de continuar con su proceso legal a través de sus abogados en Perú. Ese mismo día, sin notificación o respeto alguno
al debido proceso, la Superintendencia de Migración les impuso una alerta migratoria por un plazo de tiempo indefinido, prohibiendo su reingreso al país, y así determinando que presentar un documental sobre la minería constituye una amenaza al orden interno del país.

Los hechos ocurridos no solo constituyen una violación del derecho a la libertad de expresión de los dos investigadores, sino también una violación al aspecto colectivo de este derecho, que es fundamental para el intercambio de información y comunicación. Tanto las comunidades cercanas a la mina de Hudbay Minerals, así como el público en general de las ciudades de Cusco y Lima tienen derecho de acceso a la información pública sobre los impactos negativos de la minería.

Consideramos que la estigmatización en la prensa y por una autoridad pública, así como el hostigamiento policial, su detención ilegal y arbitraria, y la prohibición de reingreso al país son el resultado del conjunto de dos factores:

1) la privatización del aparato de seguridad pública en Perú;

2) la aparente intención de Hudbay Minerals y del Estado peruano de ejercer control sobre el tipo de información a la cual tienen acceso las comunidades que viven en los alrededores de su mina Constancia.

Con relación al primer punto, el 8 de mayo de este año, la subsidiaria peruana de Hudbay Minerals confirmó que tiene un convenio con la Policía Nacional para prestar servicios de seguridad. En el convenio, la Policía Nacional queda subordinada a la empresa y a sus necesidades de seguridad, lo que crea un serio conflicto de interés con su rol de servicio público. Representantes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos reconocieron este hecho en una audiencia sobre el tema el 25 de mayo en Buenos Aires, en la cual la comisionada Margarette May Macaulay indicó que deberían prohibirse los contratos entre la policía y las empresas privadas.

El 19 de julio de 2017, el Grupo de Trabajo sobre Empresas y Derechos Humanos de la ONU también expresó su preocupación por estos contratos luego de su visita a Perú, observando que generan confusión sobre el rol de la policía cuya responsabilidad principal es la seguridad pública y a la vez socava la confianza del pueblo en esta institución del Estado.

Con respecto al segundo punto, a pesar de que Hudbay ha negado públicamente el haber presionado a las autoridades Peruanas para que respondieran a su favor en este caso, el inmediato pronunciamiento público del Ministerio del Interior y su explícito apoyo a los intereses de la compañía tan pronto como la Srta. Moore y el Sr. Dougherty fueron detenidos, indican un nivel de interés inusual por parte del Estado peruano. Con base a versiones pasadas del contrato de Hudbay con la policía de monitorear el área de la mina Constancia durante las 24 horas, es posible que la policía fue obligada a ubicar y responder a la visita de la Srta. Moore y el Sr. Dougherty.

Sumándose a su posible participación, se reportó que el personal de Hudbay estuvo cuestionando a líderes comunitarios sobre las proyecciones del documental días antes de la detención de los dos investigadores.

Dada la situación expuesta, las organizaciones suscritas exigimos a las autoridades peruanas que pongan un alto a la criminalización de la empleada de Alerta Minera Canadá y del periodista estadounidense, que ordenen levantar la alerta migratoria que prohíbe su ingreso a Perú, y que se publique en la página web del Ministerio del Interior una rectificación completa y pública y se retire toda acusación falsa de esa misma página.

A su vez, les instamos a que tomen las medidas necesarias e idóneas para abstenerse de realizar vigilancia policial, hostigamiento, detenciones arbitrarias y criminalización tanto de los dos investigadores, como también de todo investigador, personal universitario, periodista, expositor, y defensor o defensora de derechos humanos que quiera expresar su opinión sobre la actividad minera en el Perú.

Por último, instamos a las autoridades peruanas a que, en seguimiento a lo expresado por la CIDH, eliminen la privatización de los servicios de la policía y del aparato de seguridad pública, ya que ésta facilita la criminalización de la disidencia sobre todo en áreas donde las comunidades están en conflicto con proyectos extractivos que amenazan su vida.

Organizaciones firmantes:

1. Acción Colectiva, Guanajuato, México
2. Acción Ecológica, Ecuador
3. Agrupación de Pequeños Regantes y No Regantes Río Mostazal, Chile
4. Asociación de Desarrollo Económico Social Santa Marta (ADES), El Salvador
5. Americas Policy Group, Canada
6. Atlantic Regional Solidarity Network (ARSN), Canada
7. Asociación Amigos de San Isidro Cabañas (ASIC), El Salvador
8. Asociación CEIBA, Guatemala
9. Asociación para el Desarrollo de El Salvador (CRIPDES), El Salvador
10. Bibaani A.C., Oaxaca
11. Bios Iguana A.C., México
12. CAOI
13. Cabildo por las Mujeres de Cuenca, Ecuador
 14. Canadian Centre for International Justice (CCIJ)
15. Canadian Union of Public Employees (CUPE)
16. Center for International Environmental Law (CIEL), U.S.
17. Centre for Research on Latin America and the Caribbean (CERLAC), Canada
18. Centro Humboldt, Nicaragua
19. Cercle des Premières Nations de l’Université du Québec à Montréal (UQÀM)
20. CESTA Amigos de la Tierra El Salvador
21. Censat Agua Viva – Amigos de la tierra Colombia
22. CODETAC, Panamá
23. Colectivo Voces Ecológicas, Panamá
24. Comité Ambiental en Defensa de la Vida, Colombia
25. Comité Chileno por los Derechos Humanos, Montreal, Canada
26. Comité Ixtepecano en Defensa de la Vida y el Territorio, Oaxaca
27. Comité pour les droits humains en Amérique latine (CDHAL), Montreal, Canada
28. Comité Regional de Promoción de Salud Comunitaria (Mesoamerica)
29. Common Frontiers, Canada
30. Confédération des syndicats nationaux (CSN), Québec Casa Panteón, Oaxaca
31. Consejo Tiyat Tlali, Puebla, México
32. Cooperacción, Perú
33. Coordinadora Ambiental Valles en Movimiento, Monte Patria, Chile
34. Coordinadora Ni Una Sola Mina, Costa Rica
35. COPINH, Honduras
36. The Democracy Center, Bolivia/U.S.
37. Earthworks, US
38. ECUARUNARI, Ecuador
39. Education In Action, Ottawa, Canada
40. Environmental Defender Law Center (EDLC)
41. FEDEPAZ, Peru
42. Femmes de diverses origines-Women of Diverse Origins, Montreal, Québec
43. FESPAD, El Salvador
44. First Nations Women Advocating for Responsible Mining, British Columbia, Canada
45. Forest Peoples Programme, U.K.
46. Frente Nacional por la Salud de los Pueblos, Ecuador
47. Fundacion Savia Roja, Ecuador
48. Grufides, Peru
49. Institute for Policy Studies, Global Economy Project, U.S.
50. Instituto Mexicano para el Desarrollo Comunitario AC.
51. International Civil Liberties Monitoring Group (ICLMG), Canada
52. Inter Pares, Canada
53. Justiça nos Trilhos, Brasil
54. Madison Arcatao Sister City Project, US
55. Maritimes-Guatemala Breaking the Silence Network, Canada
56. McGill Research Group Investigating Canadian Mining in Latin America (MICLA)
57. Mining Injustice Solidarity Network (MISN), Toronto
58. Mining Justice Action Committee, Victoria, British Columbia, Canada
59. Mining Justice Alliance, Vancouver, British Columbia \, Canada
60. MiningWatch Canada
61. Movimiento Ecologista de Mujeres del Sur, Ecuador
62. Movimiento Mesoamericano en contra del Modelo Extractivo Minero (M4)
63. Movimiento Morelense Contra las Concesiones de Minería a Tajo Abierto por Metales
64. Movimiento para la salud de los Pueblos Latinoamerica (MSPLA)
65. Mujeres Jeromeñas Defensoras de la Madre Tierra, Oaxaca
66. Network in Solidarity with the People of Guatemala (NISGUA)
67. Palenke Alto Cauca – Proceso de Comunidades Negras (Colombia).
68. Plataforma Internacional contra la Impunidad
69. Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales (OLCA), Chile
70. Observatorio Latinoamericano de Conflictos Mineros (OCMAL)
71. Ontarians for a Just and Accountable Mineral Policy, Canada
72. Organización Fraternal Negra Hondureña, OFRANEH
73. Otros Mundos AC/Chiapas, México
74. People’s Health Movement Canada/Mouvement populaire pour la santé au Canada
75. Procesos Integrales para la Autogestión de los Pueblos (PIAP), México
76. Projet Accompagnement Solidarité Colombie (PASC), Québec
77. Public Service Alliance of Canada (PSAC)
78. Red Latinoamericana de Mujeres defensoras de Derechos Sociales y Ambientales
79. Red Mexicana de Afectados por la Minería (REMA)
80. Red Muqui, Perú
81. Resguardo Indígena Cañamomo Lomaprieta, Colombia
82. Rights Action, Canada
83. SICSAL (Servicios Internacionales Cristianos de Solidaridad con los Pueblos de America Latina — Oscar
Romero), Canada
84. StopTheInstitute, Vancouver, British Columbia, Canada
85. United for Mining Justice, Canada
86. United Steelworkers, Canada
87. WES Global Connections
88. Washington Ethical Society
89. World Dharma
90. Yasunidos Guapondelig, Ecuador

Más contexto:

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Sobre la detención de Jen Moore y John Dougherty en Perú: ¿Qué tiene que esconder la minera canadiense Hudbay a los peruanos?

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Urgente: Exigimos la salida inmediata y segura de Perú de Jennifer Moore y John Dougherty

Petición: Más de 600 organizaciones y personalidades exigimos Justicia para Berta Cáceres

Compartimos la petición lanzada por el Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH) tras la publicación del informe del Grupo Asesor Internacional de Personas Expertas (GAIPE) “Represa de violencia: El Plan que asesinó a Berta Cáceres”

>> Firma la petición aquí <<

Han transcurrido 20 meses desde la noche del vil asesinato de la compañera Berta Cáceres, coordinadora general del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras, tiempo en el que las autoridades hondureñas han demostrado la ausencia de voluntad política para enjuiciar a quienes ordenaron su asesinato, enfrentar las causas estructurales de su muerte o eliminar la persecución a quienes defienden su territorio en Honduras.

El manto de la impunidad ha cubierto a quienes quisieron cegar la vida de Berta Cáceres y con ello intentar destruir la fuerte lucha del COPINH y del pueblo Lenca. Sin embargo, a partir de los hallazgos de la investigación independiente realizada por un grupo internacional de asesores, a partir de un acceso mínimo a la información, se ha develado el entramado de corrupción, ensañamiento, persecución y odio que se encuentra detrás de su asesinato y los autores de este crimen, pertenecientes a la empresa DESA.

Ante lo anterior, los y las abajo firmantes respaldamos y exigimos a las autoridades hondureñas las peticiones realizadas por el COPINH en lo concerniente a:

1. La captura, juicio y condena para los autores intelectuales del asesinato de Berta Cáceres y la persecución al COPINH.

2. La cancelación de la concesión sobre el Río Gualcarque a la empresa Desarrollos Energéticos S.A. DESA, de la cual el informe del GAIPE demuestra claramente que formó parte de un entramado criminal y asesino.

3. Las garantías para la investigación del crimen de Berta Cáceres, mediante la destitución de todas las personas involucradas en el caso y la conformación de un nuevo equipo de investigación que tenga veeduría por parte de organismos internacionales.

4. La adopción de medidas eficaces e inmediatas de protección y seguridad para el grupo de abogados, el COPINH y la Familia, involucrados en el caso en búsqueda de justicia.

¡Berta vive!

>> Firma la petición aquí <<

Más lectura:

Informe de los investigadores del GAIPE sobre el caso Berta Cáceres

Comunicado del COPINH: ¡DESA Asesinó a Berta! ¡Captura de los autores intelectuales ya!

El Escaramujo 71: BERTA CÁCERES, NACIDA Y CRECIDA EN LA LUCHA

Trailer del nuevo documental sobre la lucha de Berta Cáceres:

“Berta no se murió, se multiplicó”

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[VIDEO] Gustavo Castro: “La criminalización de los movimientos sociales es cada vez mayor”

Entrevista realizada por el canal alemán Deutsche Welle (DW) a Gustavo Castro, miembro fundador de Otros Mundos A.C. – Noviembre 2017

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Sobre la COP 23:

“Una de las principales esperanzas que tenemos en las comunidades y en los pueblos, por lo menos en América Latina, es que los gobiernos se comprometan efectivamente a generar políticas para evitar el cambio climático. Por un lado, se habla de unas políticas ambientales, pero por otro lado, estamos viendo por ejemplo el impulso en todo el continente de proyectos hidroeléctricos presentados como proyectos de desarrollo que inundan selvas y bosques, desplazan poblaciones campesinas e indígenas, bloquean ríos y desaparecen manglares. Estamos desapareciendo la capa vegetal del planeta. Los gobiernos también están invirtiendo en proyectos mineros. En todo el  continente se han entregado cientos de concesiones a proyectos mineros. En las minas de oro a cielo abierto, se requiere para el proceso de lixiviación de 1 a 3 millones de litros de agua cada hora. Esto implica una depredación ambiental. Hay cantidades de proyectos así por todo el continente, de Canadá hasta la Patagonia.”

Sobre la criminalización a defensores y defensoras del territorio:

“Se va agudizando el problema, en la medida en que los gobiernos van abriendo las fronteras para inversiones en todos tipos de megaproyectos: para la extracción de gas y de petróleo, el fracking, las represas hidroeléctricas, la minería, los gasoductos, los oleoductos, las grandes plantaciones de monocultivos de palma africana, etc. Estos proyectos están afectando ríos, bloqueando cuencas y generando desplazaminetos. Por eso, la población está reaccionando, exigiendo que se respeten los derechos humanos más básicos, como el acceso al agua. Hay poblaciones afectadas por la minería a cielo abierto que se están muriendo de cáncer. Por eso insistimos mucho en la necesidad de un Tratado Vinculante sobre empresas y Derechos Humanos, que vincule a las empresas cuando violan derechos humanos fuera de sus fronteras. Porque la gravedad de la persecución y la criminalización de los movimientos sociales es cada vez mayor.”

Más información:

Gustavo Castro: “Nos parece fundamental un Tratado Vinculante sobre empresas y Derechos Humanos”

COP 23: Los países desarrollados deben dejar de obstaculizar las medidas de reducción de emisiones

Comunicado del COPINH: ¡DESA Asesinó a Berta! ¡Captura de los autores intelectuales ya!

Comunicado del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH) – La Esperanza, Intibucá, a 3 de noviembre 2017

(IN ENGLISH)

El 4 de marzo de 2016, apenas unas horas después del asesinato de nuestra Coordinadora Berta Cáceres, el COPINH y las hijas e hijo de nuestra compañera denunciamos que su asesinato provenía de la lucha que ella lideró en contra de la empresa DESA por la oposición de la comunidad de Río Blanco en contra del proyecto de muerte Agua Zarca.

Hoy, a 20 meses de su asesinato, el grupo de investigadores del GAIPE nos corroboran con la mayor objetividad posible, la vinculación inequívoca de esta empresa asesina, de sus dueños, directivos y empleados en la persecución, criminalización, estigmatización que sufrió, así como en la planificación, coordinación y ejecución de su asesinato. (DESCARGAR EL INFORME “REPRESA DE VIOLENCIA: EL PLAN QUE ASESINÓ A BERTA CÁCERES”)

La corroboración de las acciones para su asesinato, no parte de testigos ni de suposiciones, parte de las palabras mismas de sus autores, de sus conversaciones telefónicas, mensajes de texto y de WhatsApp. Son ellos mismos quienes se involucran. La información obtenida de sus propias palabras son la clave.

La información analizada por el GAIPE es la misma que tiene en su poder el Ministerio Público desde por lo menos el 2 de mayo de 2016, lo que quiere decir que desde hace año y medio las autoridades tienen las pruebas y no han tenido la mínima voluntad de ir tras los autores intelectuales. El manto de la impunidad cubre toda la investigación y lo hemos denunciado desde el inicio. Todas las irregularidades, robo de información, falta de transparencia, ilegalidades, atrasos y suspensiones de audiencias son entendidas ahora con el objetivo de querer encubrir a los autores intelectuales por parte del Ministerio Público hondureño, obviamente presionado por parte del ejecutivo y los grupos empresariales detrás del asesinato.

Se demuestra una vez más la captura del Estado por parte de una mafia asesina en la que las víctimas somos todo el pueblo hondureño y en especial los pueblos indígenas. Se demuestra una vez más que la clase económica, beneficiada por el golpe de Estado del 2009, cree que puede hacer lo que quiera sin que tengan que pagar las consecuencias.

El COPINH no se opone al desarrollo de Honduras, a lo que nos oponemos es a que este “desarrollo” signifique la muerte de nuestras comunidades, nuestra identidad y nuestros territorios, nos oponemos a que gente “tragiversadora” se llenen los bolsillos de dinero a costa de nuestras muertes, a costa de la muerte de Berta Cáceres y todas aquellas personas que luchamos contra este sistema injusto en el que las mayorías somos reprimidas para el disfrute de pequeños grupos económicos.

La producción de supuesta “energía renovable” o “energía limpia” son simples discursos baratos de empresarios que ven en la producción de energía un negocio y están dispuestos a pasar por encima de lo que sea, por supuesto por encima de la ley y los pueblos, para sacar todas las ganancias posibles.

El asesinato de Berta Cáceres no va quedar impune, el COPINH, el pueblo Lenca y todas las personas con dignidad en Honduras y en el mundo vamos a luchar hasta las últimas consecuencias para que se haga justicia, para que se castiguen a los autores intelectuales y para que no tengan que suceder más estas muertes. Para que los pueblos sigamos defendiendo nuestros territorios.

La empresa Desarrollos Energéticos S.A. dirigida por David Castillo, miembros de la familia Atala Zablah, y otros directivos, constructora del Proyecto Hidroeléctrico de muerte Agua Zarca, financiada por los bancos BCIE, FMO y FinnFund; apoyada por la USAID, SERNA (MiAmbiente), Banco Ficohsa, Voyth Hydro-Siemens, las Fuerzas Armadas de Honduras, la Policía Nacional y fuerzas privadas de seguridad, el COHEP y la AHER, fue la empresa que asesinó a Berta Isabel Cáceres Flores, lo hemos dicho desde el principio y ha sido ratificado por la reciente investigación.

Por lo cual, el COPINH exige:

1. La captura, juicio y condena para todos los autores intelectuales del asesinato de Berta Cáceres y la persecución al COPINH.

2. La cancelación de la concesión sobre el Río Gualcarque a la empresa criminal y asesina Desarrollos Energéticos S.A. DESA.

3. Las garantías para la investigación del crimen de Berta Cáceres, mediante la destitución de todas las personas involucradas en el caso y la conformación de un nuevo equipo de investigación que tenga veeduría por parte de organismos internacionales.

4. La adopción de medidas eficaces e inmediatas de protección y seguridad para el grupo de abogados, el COPINH y la Familia, involucrados en el caso, en búsqueda de justicia.

Hacemos un llamado a la sociedad hondureña a que no se permita que este caso quede impune, justicia para Berta significa justicia para nuestros pueblos y para tantas y tantos asesinados por las manos criminales de las empresas y el Estado.

Llamamos a las organizaciones y movimientos sociales y populares hondureños a seguir avanzando en la defensa de los territorios y la vida. A demostrar que Berta no murió, sino que se multiplicó.

Convocamos a la solidaridad internacional a que nos acompañe en estas exigencias de justicia.

¡Berta Vive, COPINH sigue!
¿Qué exigimos? ¡Justicia!
¡Castigo para los autores intelectuales!
#DesaAsesina
#20MesesSinJusticia
#JusticiaParaBerta
#DondeEstanLosAutoresIntelectales

¡Con la fuerza ancestral de Berta, Iselaca, Lempira, Mota y Etempica se levantan nuestras voces llenas de vida, justicia, dignidad, libertad y paz!

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Informe de los investigadores del GAIPE sobre el caso Berta Cáceres

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El Escaramujo 71: Berta Cáceres, nacida y crecida en la lucha

Hechos y circunstancias alrededor del asesinato de Berta Cáceres: en la búsqueda de los autores intelectuales

 

Informe de los investigadores del GAIPE sobre el caso Berta Cáceres

Informe del Grupo Asesor Internacional de Personas Expertas (GAIPE) sobre el cao Berta Cáceres, coordinadora del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honras (COPINH) asesinada el 2 de marzo 2016 en La Esperanza, Intibucá, Honduras – Presentación en Tegucigalpa, Honduras el 31 de octubre 2017

TRANSMISIÓN EN VIVO DE LA PRESENTACIÓN:

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>> DESCARGAR EL INFORME “REPRESA DE VIOLENCIA: EL PLAN QUE ASESINÓ A BERTA CÁCERES” <<

Resumen ejecutivo del Informe:

El 2 de marzo de 2016, ocurrió el asesinato de la lideresa Berta Isabel Cáceres Flores, y la tentativa de asesinato del líder ambiental mexicano Gustavo Castro Soto, en la Esperanza, Departamento de Intibucá, Honduras. De inmediato, familiares y el Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH), demandaron una investigación independiente ante las sospechas que que las autoridades hondureñas no identificarían a los autores intelectuales de ese hecho.

Los familiares de Berta Cáceres y el COPINH presentaron esa solicitud ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), las Naciones Unidas y numerosos actores nacionales e internacionales, internacionales. Sin embargo, jamás tuvo eco al interior del Estado hondureño.

Ante esa negativa, la familia, y el COPINH, acompañados por el Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia (MADJ), el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) y por organizaciones nacionales e internacionales, insistieron en la conformación del equipo de expertos independientes. Es así como, en noviembre de 2016, surge el Grupo Asesor Internacional de Personas Expertas (GAIPE), integrado por Dan Saxon, Roxanna Altholz, Miguel Ángel Urbina, Jorge Molano y Liliana Uribe Tirado.

Desde esa fecha, el GAIPE realizó cuatro viajes a Honduras; entrevistó a más de treinta personas; estudió diversos informes de organismos internacionales de derechos humanos, consultó diez procesos penales por denuncias del COPINH y acciones legales instauradas por la ausencia de consulta previa, libre e informada en el Proyecto Agua Zarca. Además, tuvo acceso parcial a la prueba contenida en el proceso por el asesinato de Berta Isabel Cáceres y la tentativa de asesinato de Gustavo Castro.

El GAIPE reconoce que las autoridades estatales han identificado y procesado, a la fecha, a ocho personas, cuyos nombres son de dominio público, siendo ellas: Sergio Ramón Rodríguez Orellana, Douglas Giovanny Bustillo, Mariano Díaz Chávez, Henrry Javier Hernández Rodríguez, Óscar Aroldo Torres Velásquez, Elvin Heriberto Rápalo Orellana, Edilson Atilio Duarte Meza y Emerson Eusebio Duarte Meza.

A la fecha, la prueba que fundamenta las acusaciones del Ministerio Público contra los ocho imputados, se centra en la información telefónica. El GAIPE ha tenido acceso a una fracción de esta data, compuesta por los registros telefónicos y extracciones de aparatos electrónicos y Tarjetas SIM, que contienen mensajes de texto, llamadas, correos electrónicos, contactos, imágenes, vídeos, grabaciones, geolocalización, entre otros.

Con base en el análisis de la prueba recopilada, el GAIPE logró documentar numerosas conductas delictivas, irregularidades en la investigación, así como identificar a posibles autores intelectuales del asesinato.

Los principales hallazgos:

  • A partir de la información analizada, el GAIPE concluye que el asesinato de Berta Isabel Cáceres no es un hecho aislado.
  • El informe del GAIPE permite evidenciar las diversas estrategias emprendidas por socios, personal directivo, gerencial y operativo de la empresa Desarrollos Energéticos, Sociedad Anónima (DESA); de empresas de seguridad privada al servicio de DESA; de funcionarios públicos y aparatos de seguridad del Estado para violentar el derecho de la consulta, previa, libre e informada del pueblo indígena lenca.
  • La estrategia tenía por objeto controlar, neutralizar, y eliminar cualquier oposición. Estas acciones incluyeron: la instrumentalización de las comunidades para generar ruptura del tejido social; campañas de desprestigio, infiltración, seguimiento, amenazas, sicariato y sabotaje del equipo de comunicaciones del COPINH; cooptación de operadores de justicia y fuerzas de seguridad; y fortalecimiento de estructuras paralelas a las fuerzas de seguridad del Estado.
  • La Secretaria de Seguridad de Honduras cumplió un doble rol. Por un lado, destinó personal y recursos para la protección de las instalaciones del Proyecto Agua Zarca, influenciada por las relaciones con socios y personal directivo de DESA; y, por otro lado, omitió proteger a la lideresa, pese a que conocía el grave e inminente riesgo sobre la vida e integridad de Berta Isabel Cáceres Flores.
  • La información a la que accedió el GAIPE, también permite concluir que DESA no contaba con el capital suficiente para construir el proyecto hidroeléctrico Agua Zarca. A causa de ello, los fondos provenientes del sistema financiero fueron empleados para incrementar los niveles de violencia en la zona de influencia de dicha empresa, atacar sistemáticamente a personas del COPINH y a Berta Isabel Cáceres Flores, entre otros.
  • A partir del análisis realizado, el GAIPE establece la negligencia deliberada por parte de instituciones financieras, como el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), el Banco de Desarrollo Holandés (FMO) y el Finnfund. Dichas entidades tenían conocimiento previo de las estrategias empleadas por DESA, a través de reiteradas denuncias y estudios de consultores internacionales. Pese a ello, no adoptaron medidas idóneas, eficaces y oportunas para garantizar el respeto a los derechos humanos de las comunidades indígenas impactadas por la represa Agua Zarca, ni mucho menos para proteger la vida e integridad de Berta Isabel Cáceres Flores. Tampoco realizaron suficientes esfuerzos para exigir las investigaciones penales correspondientes.
  • Respecto del hecho concreto ocurrido el 2 de marzo, el GAIPE, con la misma información que tiene en su poder el Ministerio Público al menos desde el 2 de mayo de 2016, ha establecido que la planeación, ejecución y encubrimiento del asesinato de Berta Isabel Cáceres Flores inició en el mes de noviembre de 2015, lo que coincide con movilizaciones de las comunidades indígenas y del COPINH en oposición al proyecto Agua Zarca.
  • Durante los meses de enero y febrero 2016, algunos de los imputados y personas no identificadas, realizaron labores de reconocimiento y seguimiento en la ciudad de la Esperanza, lugar de residencia de Berta Isabel Cáceres Flores y donde funcionan las oficinas y sedes del COPINH. El 5 y 6 de febrero de 2016, se desplegó un operativo para cometer el crimen en el que participaron, según la información analizada, varios de los imputados. Por razones de logística el operativo fue “abortado”. Según la información analizada por el GAIPE, al menos cuatro de los presuntos autores materiales del asesinato se agruparon el 2 de marzo de 2016 en la Ceiba, para desplazarse a la ciudad de La Esperanza, del Departamento de Intibucá, en horas de la mañana. A la llegada a dicha ciudad, realizaron labores de reconocimiento antes de perpetrar el asesinato.
  • Al analizar el tráfico de llamadas entre los imputados, el GAIPE considera que participaron otras personas en la ejecución del asesinato, las cuales no han sido identificadas por el Ministerio Público.
  • Los agentes estatales a cargo de la investigación, construyeron hipótesis que carecen de fundamento. Atribuyeron el asesinato de Berta Cáceres a un excompañero sentimental, dándole una connotación de crimen pasional. También sostuvieron que el ataque obedecía a conflictos de interés dentro del COPINH.
  • Por otra parte, el Ministerio Público ha impedido la participación oportuna y diligente de las víctimas constituidas en acusadores privados, al declarar la reserva del expediente. Esa decisión ha limitado el acceso a documentos, diligencias y pruebas conducentes a la identificación, procesamiento y juzgamiento de otros autores materiales e intelectuales por el asesinato de Berta Cáceres y la tentativa de asesinato contra Gustavo Castro. La falta de entrega de dicha información ha incidido, también, en la impunidad de ataques criminales en contra de personas integrantes del COPINH y de las comunidades lencas opositoras al Proyecto Hidroeléctrico Agua Zarca.
  • Pese a la secretividad con que se ha manejado la investigación, el GAIPE ha logrado establecer la participación de directivos, gerentes y empleados de DESA; de personal de seguridad privada contratado por la empresa; de agentes estatales y de estructuras paralelas a las fuerzas de seguridad del Estado en actos delictivos anteriores, concomitantes y posteriores al asesinato del 2 de marzo de 2016. Esos hechos aún permanecen impunes.
  • Del análisis de la información telefónica se deduce, además, que los socios y directivos de DESA mantuvieron contacto con autoridades de la Secretaría de Seguridad y de la Policía Preventiva para conocer los detalles de las primeras diligencias judiciales relacionadas con el asesinato, inclusive, antes de ser informada la familia de Berta Isabel Cáceres Flores o sus representantes legales. A la vez, se demuestra que estos actores influyeron para que las diligencias iniciales se dirigieran hacia personas integrantes del COPINH o cercanas a Berta.

>> DESCARGAR EL INFORME “REPRESA DE VIOLENCIA: EL PLAN QUE ASESINÓ A BERTA CÁCERES” <<

Más información:

La página oficial del GAIPE

La minera canadiense Blackfire en Chiapas contra defensores de los territorios y de la vida

Capítulo 3 del informe de Amigos de la Tierra América Latina y el Caribe (ATALC) “Los Derechos de los Pueblos frente al poder empresarial en América Latina

>> DESCARGAR EL INFORME COMPLETO <<

>> IN ENGLISH <<

Por Gustavo Castro Soto – Otros Mundos A.C./Amigos de la Tierra México

Según el Departamento de Recursos Naturales de Canadá (NRCAN por sus siglas en inglés), 52% de las empresas mineras en el mundo cotizan en las bolsas de valores de Canadá. México se ubica en segundo lugar en el mundo en términos de los bienes mineros canadienses fuera de Canadá. En 2015, 11.3% o CAD$19.4 mil millones de los bienes mineros canadienses fuera de Canadá se radicaron en México en manos de 125 empresas mineras, superado solamente por los Estados Unidos con 14.5%. Según la Secretaría de Economía de México, hasta 2013, las empresas mineras canadienses representaban 69% de las empresas mineras extranjeras operando en México.

En el estado de Chiapas existen 99 concesiones mineras – de diversas empresas entre ellas canadienses – activas en 16 municipios que abarcan un millón de hectáreas (25% de la superficie territorial de la entidad). Entre los años 2007 a 2010, la empresa minera Blackfire Exploration, con sede en Calgary, Canadá , y su filial Blackfire Exploration México S. de R. L., se encontraban en operación en el municipio de Chicomuselo para la extracción de barita, a través de la mina Payback/La Revancha, misma que se encuentra ubicada en el ejido Grecia, municipio de Chicomuselo. Para llegar al Ejido Grecia y a la mina se requiere pasar por el ejido Nueva Morelia. El municipio de Chicomuselo cuenta con casi 40 mil habitantes y con el 90% de la población en pobreza con actividades de agricultura y ganadería de subsistencia.

El líder ambientalista y coordinador local de la Red Mexicana de Afectados por la Minería (REMA), Mariano Abarca Roblero, fue criminalizado y posteriormente privado de la vida el 27 de noviembre de 2009 como consecuencia de su actividad en contra de los efectos negativos de la actividad de la mina Paypack/La Revancha, propiedad de la empresa canadiense Blackfire Exploration. Abarca está marcado por su trabajo en defensa de la tierra, a un medio ambiente sano y contra los efectos negativos de la mina y sistemáticas violaciones a los derechos humanos. Sufrió sucesivas amenazas y ataques físicos provenientes de personas vinculadas a la empresa, denuncias penales llevadas a cabo por él sin que prosperaran y concluyeran en castigo a los responsables. Por el contrario, sí prosperaban, y con extraña agilidad, acusaciones penales interpuestas por la empresa Blackfire, con el respaldo de la embajada canadiense, en contra de Mariano Abarca por delitos inverosímiles, usualmente utilizados para contrarrestar la actividad de defensores de derechos humanos, como la asociación delictuosa, delincuencia organizada y ataques al Estado, entre otros, que justificaron su detención, arraigo y posterior liberación. La impunidad para con quienes amenazaron y atacaron su integridad física, y su detención por el estado, fortalecen la presunción de que su asesinato correspondió a una decisión última llevada a cabo por los dirigentes de la empresa en connivencia con las autoridades del gobierno del estado de Chiapas, que a la vez había sido presionada por la embajada canadiense a favor de los intereses de la empresa.

Antes de iniciarse la operación de la mina con los ejidos Grecia y Nueva Morelia; tanto el gobierno como la empresa violaron el derecho a la consulta previa; el primero al otorgar la concesión minera sin consultar a la población, el segundo al no realizar el proceso informativo. La empresa también violó derechos de los habitantes del ejido Grecia, al arrendar tierras ejidales sin el debido procedimiento agrario y sin acuerdo de toda la población, virtud que los efectos de la actividad minera afectan a todos los habitantes y no solo a ejidatarios. Por lo tanto, el Estado mexicano ha violado en su perjuicio los artículos 1.1 (Obligación de respetar los derechos humanos), 4 (derecho a la vida), 5 (derecho a la integridad personal), 7 (derecho a la libertad personal), 8 (garantías judiciales), 15 (derecho de reunión), y 25 (protección judicial) de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

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>> Mariano Abarca, la historia de un asesinato anunciado <<
>> Firma nuestra carta en línea: ¡Justicia para Mariano Abarca! <<

Blackfire utilizó diversos mecanismos para asegurar su inversión y su impunidad en el asesinato y la corrupción. El gobierno mexicano garantizó por ley priorizar el uso del suelo para la explotación minera donde hubiera concesiones. Por ello las autoridades ambientales y otras dependencias gubernamentales federales y estatales facilitaran las inversiones mineras. La empresa canadiense logró obtener los favores políticos del gobierno de Chiapas, así como del presidente municipal de Chicomuselo al que le otorgó dinero a su cuenta personal para que asegurara e proyecto y controlara a la oposición. Esta demanda de corrupción fue interpuesta ante las autoridades canadienses misma que luego de algunos años desestimaron.

Los directivos de la empresa Blackfire dividieron a la comunidad. Otorgaron dinero a las autoridades para que éstos llevaran a cabo el convencimiento de la comunidad y aceptaran el proyecto minero. Lograron también el apoyo de algunos sectores económicos locales que se beneficiarían de la inversión como taxistas, hoteleros, trabajadores, transportistas, mismos que hacían eco de los hostigamientos y discursos de la empresa contra los opositores. Por otro lado, la empresa canadiense contrató a personal local dentro de su plantilla. El mismo encargado de las relaciones públicas de la empresa Blackfire poseía armas con las cuales amedrentaba y amenazaba a los opositores.

Los trabajadores de la empresa canadiense no solo amenazaron a Mariano Abarca, sino que intentaron corromperlo, los hostigaron e incluso golpearon. La empresa canadiense le inventó cargos vinculados a delitos de Asociación delictuosa y Atentados contra la Paz y la Integridad del Estado por lo que Abarca fue preso y luego liberado por la presión de la campaña nacional e internacional que implementó la organización Otros Mundos AC/ Amigos de la Tierra para su liberación. Mariano Abarca denunció ante funcionarios de la embajada de Canadá en la Ciudad de México que la empresa Blackfire le acosaba y que le amenazaban de muerte, por lo que la embajada sería responsable también si algo le pasara. Al final, fue asesinado.

La misma embajada de Canadá apoyó y asesoró a la empresa para facilitar su proyecto minero y la impunidad de sus actos. El gobierno mexicano ha otorgado todo su respaldo político y legal a las inversiones mineras pese a la sistemática violación a los derechos humanos e incluso a otros pasivos ambientales irreversibles. Luego del asesinato de Abarca Roblero el gobierno entorpeció las investigaciones, no avanzó en ellas. La investigación penal no fue llevada a cabo con la debida diligencia, puesto que no se esclarecieron debidamente los hechos ni se determinaron las responsabilidades de quienes actuaron como autores directos e indirectos en el crimen. A la fecha, la averiguación previa ha retornado al Ministerio Público para continuar con la investigación penal.

El asesinato de Mariano Abarca Roblero originó el inicio de una investigación ministerial, la número 051/FS10/2009, en la que declararon diversas personas como testigos, entre ellos Mario López Zunún y José Mariano Abarca Montejo, quienes afirmaron haber visto que quien huía de la escena del crimen portando un arma fue Jorge Carlos Sepúlveda Calvo, ex contratista de la empresa Blackfire. No obstante, la investigación penal no profundizó en el esclarecimiento de los hechos, el Ministerio Público indujo a los testigos en función de responsabilizar a una persona, diciéndoles que otras personas, que no habían aceptado declarar, vieron que el autor de los disparos fue Sepúlveda Calvo. Adicionalmente, el Ministerio Publico no llevó acabo otras diligencias, que habrían resultado importantes al momento de establecer responsabilidades, como son la identificación del arma utilizada, la trayectoria de los disparos, la altura probable del autor en función de la ubicación de los disparos en la anatomía de Abarca Roblero y Velázquez Rodríguez. La indagatoria tampoco amplió la investigación al interrogatorio de otras personas que pudieron aportar información testimonial sobre hechos previos y posteriores al crimen.

La causa penal 11/2010 del Juzgado Primero del Ramo Penal con sede en Cintalapa, Chiapas, en que constan los hechos relativos al crimen, carece de información que indique el desarrollo y agotamiento de una línea de investigación en relación a la probable participación de los directivos de la empresa Blackfire Exploration México en los hechos, pese a que los antecedentes del crimen suponen la alta probabilidad de estar involucrados. En ningún momento fueron escuchados en declaración, como no lo fue el Subsecretario de Gobierno que habría vertido expresiones de amenaza a la vida de Abarca Roblero.

Durante el año 2010 fueron aprehendidos Caralampio López Vázquez y Jorge Carlos Sepúlveda Calvo. También fueron detenidos los señores Caralampio López Vázquez y Ricardo Antonio Coutiño Velasco. Caralampio López Vázquez fue “empleado” de la empresa (gerente de personal y de seguridad de Blackfire, además de traductor y chofer de un ejecutivo de Blackfire). Ricardo Antonio Coutiño Velasco fue “contratista” y dueño de un camión que manejaba para Blackfire. Ahora, todos en libertad. Sin embargo, el gobierno utilizó el asesinato para perseguir a otros enemigos políticos.

Al privar de la vida a Mariano Abarca Roblero, el agente del Ministerio Público inicio, de oficio, la averiguación previa en Enero de 2010. El Juez Primero del Ramo Penal con sede en el municipio de Cintalapa, Chiapas, abrió el expediente penal iniciando el proceso penal. En junio de 2013, se dictó sentencia absolutoria a favor de la única persona inculpada por el crimen, Jorge Carlos Sepúlveda Calvo, ex contratista de la empresa Blackfire Exploration. En mayo de 2015, la Sala Regional Colegiada en materia Penal Zona 1, del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Chiapas, al resolver la apelación interpuesta en contra de la sentencia absolutoria confirma la misma sin que exista ningún otro recurso legal interpuesto en contra de la misma. Sin embargo, el Ministerio Público no siguió con la investigación.

En julio del año 2016, la esposa de Mariano Abarca Roblero solicitó que se le informara de las diligencias de investigación, pero hasta la fecha no hay respuesta. En marzo de 2017 solicitó la práctica de diligencias de prueba y que se girara citatorio para que comparecieran Horacio Culebro Borrayas, Nemesio Ponce Sánchez y Julio César Velázquez Calderón, para ampliar sus declaraciones ministeriales. En abril ella compareció ante la Fiscalía Especial de Investigación de los Delitos de Homicidio para ratificar la solicitud. Sin embargo, desde el asesinado de Mariano Abarca Roblero, y desde que fue absuelta la única persona procesada, no se ha llevado a cabo ninguna investigación adicional.

El Estado mexicano fracasó en su obligación convencional de proteger la vida de Mariano Abarca Roblero, privilegiando los intereses empresariales y respondiendo a las gestiones de la embajada canadiense. También fracasó en prevenir que su vida fuera interrumpida, y en garantizar el ejercicio del derecho, pese a conocer que se encontraba en riesgo. La Corte Interamericana de Derechos Humanos (la Corte o la Corte Interamericana) ha sido enfática al precisar las obligaciones de los estados con relación al derecho a la vida.

La Corte Interamericana, ha establecido que la responsabilidad del Estado surge aun cuando no existe identificación individual del agente transgresor. Para establecer que se ha producido una violación de los derechos consagrados en la Convención no se requiere determinar, como ocurre en el derecho penal interno, la culpabilidad de sus autores o su intencionalidad, y tampoco es preciso identificar individualmente a los agentes a los cuales se atribuyen los hechos violatorios. Es suficiente la demostración de que ha habido apoyo o tolerancia del poder público en la infracción de los derechos reconocidos en la Convención, u omisiones que hayan permitido la perpetración de esas violaciones.

Hay elementos para suponer la responsabilidad directa del Estado por acción de sus agentes en la privación de la vida de la víctima; sin embargo, aun suponiendo que quienes llevaron a cabo el acto fueran particulares vinculados a la empresa minera, la responsabilidad del Estado mexicano subsiste, dado el respaldo y tolerancia para sus actos que supuso la impunidad ante las denuncias de Abarca Roblero, y la detención sin causa justificada que sufriera tres meses antes del crimen. Para la Corte Interamericana, “es suficiente la demostración de que ha habido apoyo o tolerancia del poder pЬblico en la infracciЧn de los derechos reconocidos en la Convención, u omisiones que hayan permitido la perpetración de esas violaciones.”

Sin embargo, no se ha logrado establecer responsabilidades penales contra los autores corporativos intelectuales violadores de los derechos humanos allende sus fronteras. También se ponen trabas jurídicas para identificar a los empleados nacionales como empleados de la empresa transnacional. Ni siquiera el caso administrativo contra Blackfire sobre la corrupción prosperó en Canadá, el paraíso fiscal, político y de impunidad de las trasnacionales mineras en el mundo. Esta impunidad se refuerza con los Tratados de Libre Comercio que facilita esta impunidad al obligar a los estados a modificar las legislaciones y otras medidas arancelarias, de lo contrario las demandas económicas son tan enormes e en su contra como insostenibles para los gobiernos.

La estrecha vinculación de intereses entre los estados y las corporaciones, los intereses de inversiones millonarias en juego, impide acceder a la justicia plena. Por ello urge un Tratado vinculante para responsabilizar a las corporaciones trasnacionales ante tanta violación a los derechos humanos y las afectaciones irreversibles al medio ambiente.

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#JusticiaParaMariano: Familiares de activista asesinado piden intervención de la CIDH

Artículo de Fredy Martín Pérez publicado en El Universal el 7 de septiembre 2017

Contexto: Familiares de Mariano Abarca Roblero, el abogado Miguel Ángel de los Santos, representantes de Otros Mundos A.C., la Red Mexicana de Afectados por la Minería (REMA) y Mining Watch Canada se reunieron con periodistas de Chiapas el 7 de septiembre para informarles sobre el proceso de búsqueda de justicia a casi 8 años del asesinato del defensor antiminero

Familiares y abogados de la familia Mariano Abarca Roblero, asesinado el 27 de noviembre del 2009, pidieron la intervención de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en lo que calificaron como una violación al derecho a la vida del activista contra la minería.

El abogado Miguel Ángel de los Santos Cruz, dio a conocer que se pedirá a la Fiscalía de Chiapas, se reabra la carpeta de investigación por el homicidio Abarca Roblero, ya que ocho años después no hay ningún detenido.

Previo al homicidio, Abarca Roblero sufrió hostigamiento, amenazas y una detención por elementos de la Policía Estatal, que lo trasladaron hacia Tuxtla Gutiérrez, donde fue presentado ante un Ministerio Público, que ordenó su arraigo por varios días.

“Mariano denunció ataques en su contra. Lo llegó a denunciar ante la embajada canadiense en la Ciudad de México y está documentado en un video y, a pesar de eso, las autoridades no hicieron nada. En principio, ahí hay una responsabilidad: pero luego de su asesinato, hay nuevamente otra responsabilidad, porque a pesar de los años, no se esclarece el crimen”, dijo el abogado en conferencia de prensa en Tuxtla Gutiérrez.

Por el contrario, ocho años después del homicidio, afirman que las autoridades buscan evitar que los hechos se esclarezcan. “El Estado tiene la obligación de asegurar nuestra seguridad, máximo cuando se está diciendo: Estoy en riesgo, me están atacando”, agregó. Explicó que tienen conocimiento de personas que intervinieron en el crimen y nunca fueron llamados a declarar, como fueron los directivos de la empresa minera canadiense Blackfire Exploration, los funcionarios del gobierno del estado, a quienes señaló de estar relacionados con el crimen, y el exalcalde perredista de Chicomuselo, Julio César Velásquez Calderón.

Esto demostró una falta de voluntad de las autoridades de justicia y también “voluntad de encubrir debidamente los hechos, para no afectar a las personas que ostentan poder, impunidad en este caso”, explicó. Por esto, dijo el abogado, la averiguación previa, hoy carpeta de investigación, que se inició por el homicidio de Mariano Abarca Roblero debe reabrirse y “de llamarse a declarar a las personas que están siendo mencionadas”.

Dijo que esta petición se ha hecho formalmente desde hace varios años. “Por tanto, no hay posibilidad de que la carpeta de investigación puede prescribir ahora, porque está bajo investigación del Ministerio Público”, explicó Miguel Ángel de los Santos.

El homicidio del Abarca Roblero es paradigmático, porque revela un patrón de conducta del Estado, “que se repite en todos los casos de defensores de derechos humanos frente a los proyectos extractivos y los grandes proyectos económicos“. Este patrón es similar al que ocurrió con el hostigamiento y homicidio contra la defensora hondureña Berta Cáceres, asesinada en La Esperanza, Honduras, el 3 de marzo del 2016.

VIDEO: LA HISTORIA DE UN ASESINATO ANUNCIADO

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