Categoría: Defensores y defensoras bajo ataque

Publicación de la Iniciativa Mesoamericana de Mujeres Defensoras de Derechos Humanos (IM-Defensoras) – Mayo 2018

INFORME 2015-2016 de Agresiones a Defensoras:
«Cuerpos, Territorios y Movimientos en resistencia en Mesoamérica»

El informe de la IM-Defensoras, que se basa en los datos del Registro Mesoamericano de Agresiones recabados en El Salvador, Guatemala, Honduras, México y Nicaragua, arroja que en los años 2015 y 2016 hubo un total de 2,197 agresiones a defensoras de derechos humanos en la región, lo que representa un incremento de 30% respecto al periodo anterior, el cual presentó un total de 1,688 agresiones. En Guatemala, México y Honduras se concentran la mayor parte de las agresiones, las cuales se duplicaron de 2015 a 2016 en estos tres países.

Siguiendo la tendencia de informes anteriores, las defensoras de la tierra, el territorio y los bienes naturales continúan siendo las más agredidas. También el Estado sigue apareciendo como el principal agresor de las defensoras mesoamericanas, pues actores vinculados a él, como policías, militares, funcionarios o autoridades de diverso nivel de gobierno representan de forma agregada 54% del total de perpetradores.

Para el período en estudio se aprecia un aumento de casi 100% entre los dos años: 735 agresiones en 2015 y 1,462 para 2016. Si bien no se cuenta aún con datos del 2017-2018, se puede prever un repunte de las agresiones: México vivió el año más violento de su historia moderna (más de 25,000 muertos en el 2017), Honduras finalizó el año con un conflicto postelectoral marcado por enfrentamientos con las fuerzas del Estado y en Nicaragua los enfrentamientos resultado de una reciente reforma al sistema de seguridad social han dejado ya más de 40 personas muertas y decenas de desaparecidas.

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Más información:

La IM-Defensoras presenta en Europa informe sobre agresiones a defensoras de derechos humanos en México Y Centroamérica

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Compartimos la alerta del Movimiento Ríos Vivos Colombia – A 8 de mayo 2018

Van dos integrantes del Movimiento Ríos Vivos asesinados en menos de ocho días en el departamento de Antioquia, donde la represa hidroeléctrica Hidroituango construida por el Grupo EPM está causando graves daños socioambientales. Hugo Albeiro George Pérez, miembro de la Asociación de Víctimas y Afectados por Megaproyectos (ASVAM) El Aro del municipio de Ituango, fue asesinado el 2 de mayo. Luís Alberto Torres Montoya, miembro de la Asociación de pequeños Mineros y Pesqueros (AMPA), fue asesinado el 8 de mayo.

El Movimiento Ríos Vivos Antioquia y el Bajo Cauca antioqueño nuevamente están de luto. En la tarde del 8 de mayo, en el sector del pescado, Puerto Valdivia, Antioquia, mientras ejercían su labor de barequeo le fue arrebatada la vida a nuestro compañero, Luís Alberto Torres Montoya, de 35 años de edad, y a su hermano de 20 años Duvian Andrés Correa Sanchez. Luís Alberto Torres Montoya parte dejando su esposa y tres hijos. Pertenecía a la Asociación de pequeños Mineros y Pesqueros de Puerto Valdivia (AMPA), articulada al Movimiento Ríos Vivos.

Este hecho nefasto se produce a menos de ocho días del asesinato de nuestro compañero Hugo Albeiro George Pérez, en jurisdicción del mismo municipio y en momentos en que las comunidades se encuentran preparando una nueva jornada de movilizaciones de protesta en procura de que el Grupo EPM (Empresas Públicas de Medellín – encargado el proyecto) reconozca las nuevas afectaciones que ha traído a la zona, con su proyecto Hidroituango, a partir de la reducción drástica de las aguas abajo del muro de la represa, tras los derrumbes que han taponado el paso de las aguas y tras generar pánico y zozobra sobre la población.

Esperamos que ante estos hechos la actuación de la Policía de Antioquia no se enfoque en demeritar y desconocer el trabajo de liderazgo y defensa de derechos humanos y ambientales que ejercemos todos y todas las integrantes de Ríos Vivos; en su lugar, esperamos una actuación decidida por atender la complejidad del contexto social del Bajo Cauca y demás regiones, que por medio de asesinatos selectivos cada día cobra la vida de un inocente más, de un agricultor más o de barequeros y pescadores comprometidos con la defensa de la vida y su territorio.

Requerimos por enésima vez que el Ministerio del Interior atienda nuestro llamado para poner en marcha el Plan de Protección y Prevención colectiva del Movimiento Ríos Vivos.

Requerimos con urgencia que la la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) se pronuncie sobre la visita técnica de emergencia realizada al proyecto Hidroituango tras la obstrucción de los túneles generados por el proyecto mismo.

Requerimos que la Gobernación de Antioquia, mayor inversionista del proyecto, cumpla con los compromisos pactados con Ríos Vivos en el marco de la mesa para solución de conflictos minero energeticos.

Requerimos a la Procuraduría investigue la actuación de funcionarios e instituciones que han incumplido sistemáticamente acuerdos con Ríos Vivos Antioquia que si se les hubiera dado tramite respectivo pudieron haber evitar las catástrofes que hoy padecen la región y la nación, entre ellos Gobernación de Antioquia, Alcaldía de Valdivia, la ANLA y la Autoridad Nacional de Acuicultura y Pesca (AUNAP).

También solicitamos que la Procuraduría Ambiental investigue con celeridad los hechos ocurridos en torno a los derrumbes, desecación de caudal, planes de contingencia que han dado lugar a la emergencia social, económica y ambiental en el área de afectación de Hidroituango. Es necesario un llamamiento público por parte de este ente de control.

Los dos integrantes de Ríos Vivos Luís Alberto Torres Montoya y Hugo Albeiro George Pérez fueron asesinados sin ser reconocidos como afectados por Hidroituango, sin obtener una caracterización socioeconómica. Urge que EPM revise sus procedimientos y establezca un conducto de reconocimiento acorde con las realidades socioculturales de la zona y las secuelas del conflicto armado en la zona.

Estos asesinatos y la impunidad que venimos observando opaca los esfuerzos de construcción de paz territorial con la cual estamos comprometidos todos los movimientos sociales de Colombia. Por tanto, hacemos un llamado al gobierno nacional para atender y detener el asesinato de líderes y lideresas en Colombia.

Hacemos un llamado a las organizaciones nacionales e internacionales para seguir expresando su solidaridad con nuestro movimiento, con los familiares de las víctimas y les animamos para que sigan exigiendo la pertinente actuación del Estado y sus instituciones.

¡Que la paz no nos cueste la vida!

!AGUAS PARA LA VIDA, NO PARA LA MUERTE!

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Comunicado de Amigos de la Tierra de América Latina y el Caribe (ATALC), a 3 de mayo de 2018

Amigos de la Tierra América Latina y el Caribe condena y repudia el asesinato de Hugo Albeiro George Pérez, defensor de derechos humanos y ambientales del Movimiento en Defensa del Territorio y Afectados por Represas Ríos Vivos, en ataque perpetrado en el corregimiento de Puerto Valdivia, en el Departamento de Antioquia – Colombia-, donde también murió el mototaxista Domar Egidio Zapata George de 23 años y quien era sobrino del compañero asesinado.

No es la primera vez que repudiamos estos nefastos hechos que tienen lugar en el país sudamericano, y que sin la acción de la justicia siguen pasando a la impunidad en momentos en que el movimiento social colombiano sufre una de las peores arremetidas en su contra como producto de la corporativización del territorio y la guerra declarada a las/os defensores/as de la vida.

Como organización latinoamericana y del Caribe que propende por la justicia social, ambiental, económica y de género, condenamos los asesinatos de Hugo Albeiro y Domar Egidio y nos solidarizamos con Ríos Vivos, y con las organizaciones y procesos colombianos que día a día entregan la vida de hombres y mujeres dignos, que enfrentan la imposición de represas, proyectos mineros, agroindustriales, petroleros, etcétera, sin garantías de parte del Estado y los gobiernos que se han convertido en garantes de la participación trasnacional y privada y de sus arquitecturas de la impunidad.

En los momentos que vive el país andino, en los que la construcción de la posibilidad de paz se ve cada vez más opacada por la guerra, la criminalización y la violencia contra las y los luchadores sociales, la solidaridad debe hacerse efectiva, debemos exigir contundentemente al Estado y al gobierno colombiano la protección e integridad de los pueblos y sus representantes. Cada vida que se pierde por la acción criminal de enemigos de la autodeterminación popular frente al manejo de los territorios, es una afrenta para América Latina y el Caribe, es una demostración de la barbarie a la que nos quiere condenar el modelo neoliberal y sus agentes de destrucción.

Solicitamos al gobierno colombiano y sus instituciones hechos efectivos frente los asesinatos de Hugo Albeiro y Domar Egidio, y esperamos que se haga justicia ante estos atroces crímenes. Quedan hoy nuevos huérfanos y más familias colombianas que deberán pagar por la violencia sin sentido aplicada a quienes defienden la vida y la posibilidad de dignidad de los pueblos y sus bienes comunes.

A la comunidad internacional pedimos condenar de todas las maneras posibles estos asesinatos y los de cientos de personas en Colombia, haciendo sentir a los responsables que no descansaremos hasta evitar que sigan actuando y viviendo en la impunidad.

Foto: alianzademediosalternativos.blogspot.com

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Compartimos este artículo del Doctor Juan Almendares Bonilla, miembro del Movimiento Madre Tierra Honduras/Amigos de la Tierra Honduras y presidente del Centro de Prevención, Tratamiento y Rehabilitación para las Víctimas de las Torturas y sus Familiares en Honduras en solidaridad con los compañeros y las compañeras del Frente Unido de Pueblos de La Laguna en Defensa de la Vida y el Territorio (FUPLDVT) brutalmente reprimidos el pasado 9 de marzo por resisitir a la construcción de una planta de cianuro en el estado de Durango, México.

 A 16 de marzo 2018

Foto: Represión contra los defensores del FUPLDVT el 9 de marzo en La Aurora, Gomez Palacio, Durango (Crédito: REMA)

El día 9 de marzo fueron fuertemente reprimidos miembros del Frente Unido de Pueblos de La Laguna en Defensa de la Vida y el Territorio (FUPLDVT), en el estado de Durango, México. La Chemours Company pretende producir 65 mil toneladas de cianuro de sodio que contaminará la región. Ejidatarios son reprimidos y varios detenidos.

El Frente Unido de Pueblos de La Laguna en Defensa de la Vida y el Territorio pidió detener la represión en contra de quienes se oponen a la instalación de una planta de cianuro de sodio en la Localidad «El Siete Pueblo Nuevo» en el municipio de Gomez Palacio.

La muerte se fabrica y se programa en una red de relaciones y articulaciones que aún cuando el asesino es un individuo se produce en un contexto histórico, donde las armas son mercancías y la educación, comunicación, el Estado de derecho sin derechos es violento. En el siglo XXI vivimos en la violencia más extrema del capitalismo: el neoliberalismo, que se fundamenta en el racismo (considerar al otro u otra inferior), el patriarcado, la opresión de clase y de género, la exclusión y desigualdad social o sea la acumulación capitalista por desposesión de cuerpos, mentes, vidas, culturas y territorios, el desplazamiento forzado de las comunidades o sea la guerra total contra la vida y dignidad histórica y cultural de los pueblos. Necesitamos unir las luchas de mujeres, hombres y pueblos que hacen la historia para construir la paz con justicia social, climática y planetaria.

La salud es un rasgo esencial de la vida y estar sano es estar completo, no solo como individuos aislados ni tampoco fragmentados los cuerpos y mentes. La salud es la totalidad dialéctica de las relaciones metabólicas, psicosociales y de intercambio sociedad/naturaleza en el proceso evolutivo e histórico de seres humanos y todos los seres vivos del planeta. Es inseparable de la vida material, cultural y espiritual y por lo tanto de las relaciones económicas y políticas. En consecuencia el mayor fabricante de la enfermad, la muerte y destrucción ambiental es el capitalismo sea en cualesquiera de sus formas: mercantil, agroindustrial, extractivista, financiera, acumulación ampliada o por desposesión.

Se partirá de algunas preguntas sencillas cuyas respuestas son complejas. ¿Por qué construir una planta industrial de cianuro en México? Uno de los venenos más mortales de la humanidad y ¿por qué esta empresa estadounidense no lo hace en su país?

No se instala esta empresa por ser una industria potencialmente mortal. No basta un muro para impedir el paso de mexicanos o centroamericanos por la frontera con los Estados Unidos de América (EUA) o inventar el pretexto del narcotráfico para justificar la guerra contra nuestros pueblos.

El racismo está presente en los tratados comerciales desiguales internacionales que incrementan la explotación minera a cielo abierto que mediante las lagunas de cianuro extrae el oro, plata y otros metales tales como el plomo que matan a nuestros niños y niñas en el vientre de las madres y cuando sobreviven sufren limitaciones en el desarrollo cerebral.

Este proceso extractivista es intensivo a bajo costo y alta contaminación. Sin embargo requiere elevado consumo de energía eléctrica para el proceso de producción, lo cual se ha acompañado de un aumento acelerado de represas hidroeléctricas que agravan los cambios climáticos, producen más enfermedades y muertes. Los gobiernos criminalizan la protesta en nombre del desarrollo y el crecimiento económico.

Una planta industrial de cianuro en México es un indicador de la proliferación de otras plantas en América Latina. Es también la nefasta señal de la barbarie represiva policial militar contra la justa lucha de los pueblos.

Estamos unidos y solidarios con el Frente Unido de Pueblos de La Laguna en Defensa de la Vida y el Territorio (FUPLDVT), la Red Mexicana de Afectados por la Minería (REMA), Otros Mundos A.C./Amigos de la Tierra México, el Movimiento Mesoamericano contra el Modelo extractivo Minero (M4), las organizaciones ambientalistas y populares e intelectuales de México, Amigos de la Tierra de América Latina (ATALC), Amigos de la Tierra Internacional (ATI) y Movimiento Madre Tierra Honduras contra la fabricación de la muerte y en favor de la emancipación de America Latina.

Más lectura:

Durango: Represión y criminalización contra los opositores al ilegal proyecto de planta de ciuanuro «Chemours Laguna» (comunicado del FPLDVT)

Durango: exigen detener obras de planta de cianuro (La Jornada)

Compartimos el comunicado del Frente Unido de Pueblos de La Laguna en Defensa de la Vida y el Territorio (FUPLDVT), Acción Colectiva A.C. y la Red Mexicana de Afectados por la Minería (REMA) – A 15 de marzo 2018

>> Video de la conferencia de prensa del FUPLDVT y Acción Colectiva A.C. el 15 de marzo en Torreón, Coahuila

El pasado viernes 9 de marzo del 2018, en la Comunidad de La Aurora, municipio de Gomez Palacio, estado de Durango, las fuerzas de seguridad del Municipio de Gómez Palacio y del Estado de Durango, encabezadas por el Director de Atención Ciudadana del Municipio de Gómez Palacio, Jaime López, reprimieron violentamente a más de 1000 personas de las comunidades de «El Volado», «Abisinia», «América Uno», «Numancia», «San Roque», «Cuatro de Diciembre», «La Aurora», «Las Lechuzas», «Sierra Hermosa», «Las Playas», «Noe», «Poanas», «Dolores», «La Plata», «La Mina», «Colonia 6 de Julio», «Estación Noe», «María Antonieta», «Brittingham», «Martha» y «El Siete Pueblo Nuevo», quienes habían respondido a la convocatoria del Frente Unido de Pueblos de La Laguna en Defensa de la Vida y el Territorio para manifestarse en contra del Proyecto «Chemours Laguna».

El Proyecto de la empresa estadounidense «The Chemours Company» comprende la instalación y operación de una planta química dedicada a la producción de 65,000 toneladas de Cianuro de Sodio al año en una superficie total de 11.7 hectáreas en la Localidad «El Siete Pueblo Nuevo» del Municipio de Gómez Palacio en el Estado de Durango. El cianuro de sodio es uno de los venenos más potentes del mundo y genera daños irreversibles a la salud y al medio ambiente y su producción en La Comarca Lagunera podría afectar a los ecosistemas circundantes y poner en riesgo a las poblaciones vecinas.

Con talante autoritario, sin operadores políticos efectivos ni capacidad para el diálogo, el gobierno de Leticia Herrera Ale empleó a los cuerpos policiales quienes, para reprimir la manifestación, hicieron un uso desproporcionado e indebido de la fuerza. Las policías, además de violar el derecho a la libertad de expresión y a la protesta social, vulneraron el derecho a la integridad personal de los manifestantes entre quienes se encontraban niños, mujeres y ancianos, al confrontarles, primero con amenazas e intimidación y, posteriormente con agresiones directas, tales como puñetazos y patadas o las que se realizaron con objetos contundentes, utilizando gases lacrimógenos, detonando sus armas de fuego de grueso calibre generando lesiones penetrantes.

Los antimotines allanaron viviendas, destruyeron comercios, robaron mercancías y detuvieron, de manera ilegal, a decenas de personas, algunas de las cuales, NO participaron en la manifestación.

En lo esencial, los ciudadanos que se aglutinan en torno al Frente Unido de Pueblos de La Laguna en Defensa de la Vida y el Territorio no han sido tenidos en cuenta para intervenir en el diseño, implementación y evaluación de las decisiones que, en este sentido, les afectan; no solo eso, en su intento de acceder a la justicia han enfrentado enormes obstáculos y despúes de casi siete meses sin haber obtenido respuesta de la Sala Especializada en Materia Ambiental del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, a donde acudieron para demandar la nulidad de la ilegal autorización del Proyecto «Chemours Laguna», otorgada por la Dirección General de Impacto y Riesgo Ambiental (DGIRA) de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT), decidieron, junto a sus aliados, expresar su descontento e indignación ejerciendo su derecho a la protesta social.

Consideramos que una causa principal subyace a la indiferencia de las autoridades ante las reivindicaciones del Frente Unido de Pueblos de La Laguna en Defensa de la Vida y el Territorio: la relación entre capital y poder político. Esta relación, que ha prosperado al amparo del modelo económico neoliberal que entendemos como la promoción y protección desde las instituciones del Estado de la lógica de reproducción, acumulación y centralización del capital, explicaría cómo en Durango y, particularmente, en Gómez Palacio, las agendas de las instituciones del Estado son diseñadas e impuestas por influyentes grupos de interés no sometidos al examen crítico de los ciudadanos y cómo las autoridades políticas no actúan en respuesta a las demandas
ciudadanas, sino de acuerdo a los intereses de las corporaciones.

Desde esta perspectiva, el Frente Unido de Pueblos de La Laguna en Defensa de la Vida y el Territorio supone un peligro para la conservación del status quo Gomezpalatino en la medida en que representa valores divergentes e intenta incorporar sus reivindicaciones a la agenda política.

Pese a que la protesta social pacífica es un derecho constitucionalmente protegido, el sistema político —aun hoy, todavía autoritario— suele responder a ella violentamente. El pasado 9 de marzo, la violencia represiva dejó un saldo de 49 arrestos de los cuales cinco eran menores de edad de entre 13 a 17 años y quince mujeres, así como 10 personas hospitalizados, una de las cuales aun lucha por sobrevivir.

Contrario a lo que pudiera pensarse, la criminalización de la protesta social no comienza ni termina en la inmediatez del acto represivo. Sabemos bien que uno de los mecanismos preferidos para el control del descontento social por parte de las autoridades consiste en llevar los conflictos sociales a la arena judicial, encarcelar a los integrantes de los movimientos y obligarlos a enfrentar largos y adversos procesos empleando la legislación penal para hacerse cargo dicha inconformidad.

Queremos denunciar que durante las primeras horas posteriores a las detenciones hubo tortura hacia los manifestantes arrestados, en algunos casos fueron incomunicados o aislados, en otros, se usaron técnicas psicológicas para que se autoinculparan o para que traicionaran a sus compañeros de lucha y, en varios más, se les hicieron firmar hojas en blanco. En todos los casos se vulneró su derecho a la presunción de inocencia y hubo restricción y obstaculización para que puedieran comunicarse libre y personalmente con sus defensores y familiares. En terminos de género, las compañeras fueron hostigadas sexualmente por agentes que tocaban sus pechos, y con la «macana» presionaban por encima del pantalon su zona vaginal.

En esta lógica, al presentar a los miembros del Frente Unido de Pueblos de La Laguna en Defensa de la Vido a y el Territorio como criminales, el Estado pretende legitimar y justificar, ante la opinión pública, la acción violenta y represiva que ha ejercido en su contra, situación propia de contextos no democraticos.

Por todo lo anterior demandamos:

– Al Gobierno del Estado de Durango:

• la inmediata liberación de Álvaro Ortiz Arellano, Angelina Rodríguez Grez, Avelino Rodríguez Martínez, Christian García Pimentel, Daniela Nohemí Caballero, Guillermo García Pimentel, Julián Rodríguez Ordaz, María de los Ángeles Camacho, Raúl Puentes Díaz, Sanjuana Nájera, quienes han sido acusados de cometer los delitos de «ataques a vías de comunicación», «daños», «lesiones» y «motín», agravados por el uso de medios violentos como armas y explosivos y a quienes consideramos presos políticos pues no son delincuentes sino defensores de su territorio y sus comunidades;
• el retiro del apoyo que públicamente ha ofrecido al Proyecto «Chemours Laguna»;

– Al Gobierno Municipal:

• la inmediata revocación de los permisos otorgados al Proyecto «Chemours Laguna» por contravenir el Ordenamiento Ecológico y Territorial del Municipio de Gómez Palacio;
• la inmediata destitusión de Jaime López, Director de Atención Ciudadana;

– Al Congreso del Estado de Durango:

• la discusión y aprobación, con carácter de urgente, del Punto de Acuerdo sobre el Proyecto Chemours Laguna, presentado para su discusión a la LXVII Legislatura el pasado 11 de Diciembre del 2017 por la Diputada Elia Estrada Macias.

– Al Gobierno Federal:

• la revocación inmediata de la autorización al Proyecto «Chemours Laguna», indebidamente otorgada a través de la resolución administrativa contenida en el Oficio Nº SGPA/DGIRA/DG03273 de fecha 8 de mayo de 2017, dictada por la Dirección General de Impacto y Riesgo Ambiental (DGIRA) de la SEMARNAT;

– Al Congreso de la Unión:

• la creación de una Comisión Especial que investigue y analice los hechos ocurridos el pasado 9 de marzo, así como la legalidad de los permisos otorgados por las diferentes autoridades municipales y federales a la empresa «The Chemours Company».

– A la Sala Especializada en Materia Ambiental del Tribunal Federal de Justicia Administrativa:

• el reconocimiento del interés legitimo de los demandantes y en consecuencia su derecho a acudir a este Tribunal para buscar justicia;
• la admisión de la demanda para su trámite y el otorgamiento de la medida cautelar solicitada en ella, consistente en la suspensión provisional de la ejecución de la resolución administrativa impugnada mediante la cual se autorizó, de manera condicionada, en materia de impacto y riesgo ambiental el Proyecto «Chemours Laguna».

– A la empresa «The Chemours Company»: le exigimos su salida inmediata de Gómez Palacio, del Estado de Durango y de nuestro país.

FIRMAN:

Frente Unido de Pueblos de La Laguna en Defensa de la Vida y el Territorio (FUPLDVT)

Acción Colectiva A.C.

Red Mexicana de Afectados por la Minería (REMA)

Más información en:
Correo electrónico: frenteunidodepueblosdelalaguna@gmail.com
Tfno: + 477 275 5124
Redes sociales: @FrenteUnidodePueblosdeLaLaguna

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