Categoría: Defensores y defensoras bajo ataque

«Informe anual sobre defensore/as de derechos humanos en riesgo» publicado el 22 de enero 2018 por Front Line Defenders, una ONG con sede en Dublin, Irlanda, que brinda ayuda a defensores y defensoras de derechos humanos en riesgo

• En el año 2017, Front Line Defenders recibió información sobre el asesinato de 312 defensores/as en 27 países.
• El 80% de los asesinatos tuvo lugar en solo cuatro países: Colombia (91 asesinatos), Brasil (65 asesinatos), Filipinas (60 asesinatos) y México (31 asesinatos).
• El 67% de las y los defensores asesinados defendía la tierra, los derechos de los pueblos indígenas y el medio ambiente, casi siempre en el contexto de actividades de megaproyectos, industrias extractivas y grandes empresas.
• El 84% habían recibido al menos una amenaza antes de su muerte.
• Las técnicas de difamación, intimidación y amenaza fueron generalmente más utilizadas contra las defensoras que contra sus homólogos masculinos.

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Panorama Global

En un contexto mundial extremadamente polémico en el que el avance de los derechos humanos ha puesto cada vez más en entredicho a dictadores, conservadores religiosos y grandes capitales, se ha llevado a cabo una estrategia coordinada y con amplios recursos de difamación, criminalización y violencia para intimidar, marginar y silenciar a los/as defensores/as de derechos humanos (DDH). El coste humano ha sido alto. Sin embargo, a pesar de todos esos esfuerzos, hoy hay más DDH que nunca trabajando en un mayor número de asuntos y países.

En el año 2017, Front Line Defenders recibió información sobre el asesinato de 312 defensores/as en 27 países. (Esta cifra representa el número de personas que trabajaban pacíficamente en la defensa de los derechos humanos de otras personas y que fueron asesinadas en 2017. No incluye a aquellas personas que trabajaban en asuntos que, por muy elogiables y positivos que puedan ser, no son reconocidos como derechos humanos por el derecho internacional.)

Sin embargo, la criminalización siguió siendo la estrategia más común utilizada para obstaculizar y deslegitimar el trabajo de los/as defensores/as. Miles de DDH fueron objeto de detenciones, acusaciones falsas, sometidos/as a procesos legales largos, costosos e injustos y, en algunos casos, condenados/as a largas penas de prisión. La ola de legislaciones restrictivas utilizadas para perseguir a DDH y medios independientes continuó en 2017 y tanto las tácticas cuasilegales como aquellas más violentas utilizadas por los opresores estuvieron acompañadas de campañas difamatorias profesionales que contaban con amplios recursos.

El número de asesinatos de defensores/as de derechos humanos siguió siendo verdaderamente alarmante y la débil respuesta tanto de Gobiernos nacionales como de la comunidad internacional ofrece un panorama de cambio poco esperanzador a corto plazo. El 80% de los asesinatos tuvo lugar en solo cuatro países: Brasil, Colombia, México y Filipinas.

El análisis sobre el trabajo que realizaban las personas asesinadas es muy revelador: el 67% defendía la tierra, los derechos de los pueblos indígenas y el medio ambiente, casi siempre en el contexto de actividades de megaproyectos, industrias extractivas y grandes empresas. En muchos países, los Gobiernos y las fuerzas de seguridad se mostraron, en el mejor de los casos, impasibles ante las amenazas y ataques sufridos por los/as DDH, y, en el peor de los casos, fueron las mismas fuerzas de seguridad del Estado las responsables de los asesinatos. La mayoría de los inversionistas internacionales y empresas matrices que iniciaron y posibilitaron tales proyectos con sus fondos y apoyo, siguen sin considerar a los líderes de las comunidades locales y a los/as DDH como actores clave a los que deben consultar a la hora de planificar los proyectos. Esta falta de consulta aumenta el riesgo de una futura confrontación y, al no hacerlo, las compañías no reciben señales de alerta temprana cuando surgen conflictos en áreas locales.

De los casos sobre los cuales Front Line Defenders pudo recopilar datos sobre amenazas previas, el 84% de las y los defensores asesinados habían recibido al menos una amenaza antes de su muerte. Por tanto, es importante destacar que si la policía hubiese tomado medidas preventivas en una fase temprana, los ataques podrían haberse reducido drásticamente.

La impunidad por los actos de violencia contra DDH sigue posibilitando un entorno de asesinatos frecuentes. De los casos sobre los que Front Line Defenders ha recopilado información, solo el 12% resultó en el arresto de las personas sospechosas. Los niveles de impunidad existentes quedan evidenciados en un caso que tuvo lugar en Guatemala en abril, cuando un tribunal absolvió al jefe de seguridad de una mina -entonces propiedad de la compañía canadiense Hudbay Minerals-  por el asesinato del DDH indígena Adolfo Ich, y de haber disparado a German Chub, otro DDH en 2009. La absolución se produjo a pesar de la evidencia de un testigo que relacionó al acusado con el tiroteo, y de las pruebas balísticas y forenses que lo ubicaron en la escena del crimen. Tras el fallo, el juez solicitó que se iniciaran acciones penales contra muchos de los responsables de la acusación, incluida la viuda del DDH por presunta «obstrucción a la justicia y falsificación de información». La familia del defensor fallecido ha sido objeto de intimidaciones en los últimos tres años, tales como disparos efectuados junto a su casa mientras dormían.

El mundo de los derechos humanos sufrió una cruel pérdida en julio, cuando el ganador del Premio Nobel de la Paz, Liu Xiaobo, falleció en China de cáncer de hígado en el octavo año de una sentencia de 11 años de prisión. Desarrolló el cáncer algo después de su encarcelamiento en 2009. Sin embargo, los funcionarios de la prisión no le proporcionaron la suficiente atención médica. Finalmente, los médicos lo evaluaron a finales de mayo de 2017 y le diagnosticaron la enfermedad; pero, para entonces, el cáncer de Liu Xiaobo ya había alcanzado una fase terminal. En ese momento fue trasladado al hospital, pero no fue liberado, permaneciendo bajo estricta vigilancia. Su esposa, Liu Xia, permaneció bajo arresto domiciliario incluso después de su muerte, a pesar de nunca haber sido acusada, imputada o condenada por ningún delito. Liu Xiaobo fue el primer premio nobel en morir bajo custodia desde que en 1935 muriera bajo custodia nazi en un hospital Carl von Ossietzky, un pacifista y disidente alemán. El trato y la muerte de Liu fueron, como señaló el Representante Especial de la UE Stavros Lambrinidis en la Plataforma de Dublín para defensores/as de derechos humanos, «un vergonzoso, vergonzoso ejemplo que China da a su pueblo y al mundo». Privar a los/as DDH que se encuentran bajo arresto de la atención médica necesaria es una tendencia recurrente así como una herramienta más del arsenal de los Estados represivos para castigarlos/as. Noviembre fue testigo de la muerte en Egipto del defensor de derechos humanos nubio Gamal Sorour debido a una negligencia médica. Gamal se encontraba en prisión tras haber sido arrestado por participar en una protesta pacífica.

En todas las regiones del mundo, la criminalización siguió siendo la técnica más comúnmente utilizada por los Gobiernos para frenar el trabajo de los/as DDH y deslegitimarlos ante sus comunidades. Estos se sirvieron de numerosas acusaciones falsas para encarcelar a los/as DDH, a quienes veían como una amenaza tal que intentaron encarcelarlos de por vida, o incluso algo peor. En varios países, los/as DDH fueron acusados/as de delitos como «librar una guerra contra el Estado» y de «secesión», cargos castigados con pena de muerte. El hecho de que en dos países -Sudán y Camerún- DDH recibieran indultos presidenciales por estas graves acusaciones solo sirvió para poner de manifiesto lo absurdo de las acusaciones.

Los Estados siguieron utilizando leyes antiterroristas que permiten un amplio margen de interpretación para perseguir a los/as defensores/as e intentaron declarar o prolongar estados de emergencia durante períodos de tiempo indefinidos tras ataques terroristas. En su informe a la Asamblea General de las Naciones Unidas en septiembre, el Relator Especial sobre la promoción y protección de los derechos humanos y las libertades fundamentales en la lucha contra el terrorismo señaló con preocupación «la proliferación de estados de emergencia permanentes y la normalización de poderes excepcionales de seguridad nacional en el marco de sistemas jurídicos comunes». Turquía fue un claro ejemplo de ello, donde el continuado estado de emergencia declarado a raíz del intento de golpe de Estado a mediados de 2016 posibilitó la detención de cientos de DDH, entre ellos diez activistas que asistieron a un taller sobre derechos humanos y fueron acusados/as de apoyar el terrorismo.

En otras partes del mundo, aquellos/as defensores/as que organizaron protestas, defendieron tierras ancestrales o documentaron violaciones de derechos a raíz del uso de fuerza por parte de la policía para dispersar reuniones, fueron regularmente objeto de detenciones, amenazas y acoso. El uso de la violencia como «primer recurso» para reprimir a personas que ejercen pacíficamente su libertad de reunión ha sido cada vez más común. Esto se ha visto claramente en África, Asia, América, la región MENA y Europa, donde la policía española hizo uso de una fuerza excesiva contra personas que pacíficamente se mostraron partidarias de la independencia de Catalunya. También se produjo un aumento de la persecución de observadores/as internacionales y de organizaciones que tratan de documentar las violaciones de derechos humanos. En Bielorrusia, 58 observadores/as internacionales, entre ellos/as una integrante del personal de Front Line Defenders, fueron detenidos/as por unas horas e interrogados/as por la policía cuando se preparaban para observar una manifestación pacífica. Global Witness fue objeto de una campaña difamatoria en Honduras (en la que también se mencionó a Front Line Defenders y Oxfam). Dicha campaña acusaba a la organización de tener intereses políticos en su trabajo de apoyo a los/as defensores/as de la tierra, los derechos de los pueblos indígenas y el medio ambiente, haciéndose eco de una acusación utilizada frecuentemente contra los/as DDH.

Los Gobiernos siguieron utilizando el discurso de que el monitoreo de su historial de derechos humanos constituye una «injerencia extranjera en sus asuntos internos», ignorando así en gran medida las normas internacionales que voluntariamente han aceptado. Cuando medios de comunicación controlados por el Estado difunden campañas incendiarias defendiendo estos sentimientos y miles de tertulianos fervientemente patrióticos se hacen eco de tales acusaciones en Internet, el mero acto de cuestionar la política del Gobierno o señalar violaciones de derechos humanos se vuelve extremadamente peligroso. Los/as defensores/as se enfrentan a un bombardeo de correos cargados de odio y amenazas, así como a un mayor riesgo de ser atacados en espacios públicos después de que sus fotografías e información personal sean publicadas online. Una defensora de los derechos de lesbianas, gays, bisexuales, transgénero e intersexuales (LGBTI) de Indonesia informó haber recibido más de 500 comentarios violentos a raíz de un poema que publicó online en el que repudiaba un tweet anti-LGBTI por parte de un ministro. Otro efecto (y objetivo) de difamar a los/as DDH es aislarlos y alejarlos del público en general, creando una brecha entre ellos y aquellas personas por cuyos derechos luchan. De esta forma, los Gobiernos pueden retratarlos/as como enemigos públicos, desviando convenientemente la atención de sus propias deficiencias.

Otra táctica comúnmente utilizada por los Gobiernos ha sido la de aislar a los/as DDH de sus aliados internacionales, mediante prohibiciones de viaje y legislaciones que restringen la financiación extranjera de las ONG con el fin de limitar su contacto con agentes internacionales. Las represalias contra personas que están en contacto con mecanismos internacionales de derechos humanos siguieron siendo un motivo de gran preocupación. El informe del Secretario General de las Naciones Unidas a la Asamblea General de septiembre en el que se mencionaba a 26 países que habían tomado represalias fue bien recibido al llamar la atención sobre este tema. Sin embargo, es probable que las represalias sigan produciéndose a menos que el Consejo de Derechos Humanos cuente con un medio para sancionar a los países que sistemáticamente obstaculizan la libre cooperación de los/as defensores/as con la ONU.

Las técnicas de difamación, intimidación y amenaza fueron generalmente más utilizadas contra las defensoras que contra sus homólogos masculinos y, a menudo, contenían una dimensión de género; el 23% de los llamados urgentes emitidos
por Front Line Defenders en 2017 estuvieron relacionados con amenazas o intimidación a las defensoras por su trabajo, en comparación con el 10% de sus contrapartes masculinos. En algunos casos se trataba de amenazas de violencia sexual; en julio, Siti Kasim, defensora de derechos humanos y abogada de Malasia, recibió amenazas online de violación, muerte y agresión con ácido a raíz de unos comentarios que hizo en defensa de los derechos LGBTI. En Baréin, la policía amenazó a Ebtisam al-Saegh con violarla si no detenía su trabajo de defensa de los derechos humanos. Además, fue objeto de una agresión sexual mientras se encontraba bajo custodia policial, aparentemente en represalia por su cooperación con los mecanismos de derechos humanos de la ONU. Los/as hijos/as de las defensoras también fueron objeto de amenazas, como en el caso de la hija de María Leonilda Ravelo Grimaldo en Colombia, quien fue encañonada por dos hombres en una moto. En 2017, predominaron en todas las regiones mecanismos añadidos de persecución de las defensoras con un componente de género. Además de eso, son frecuentemente discriminadas dentro del propio movimiento de derechos humanos al desafiar normas culturales y sociales en su participación pública de defensa de los derechos humanos.

La represión de los Estados siguió extendiéndose a terceros países, donde los/as DDH fueron objeto de vigilancia, acoso y ataques por su labor de defensa de los derechos humanos, algo que ha puesto de manifiesto una preocupación cada vez mayor por la autocensura. En mayo, el periodista de investigación exiliado Afgan Mukhtarli fue secuestrado y conducido a través de la frontera desde Georgia hasta Azerbaiyán, donde apareció 24 horas después bajo custodia policial. Ese mismo mes, un grupo de defensores/as egipcios/as que participaban en una reunión sobre derechos humanos en Roma fue perseguido, acosado y grabado. El video fue posteriormente utilizado para crear una campaña de desprestigio contra ellos/as en la televisión egipcia, donde un parlamentario y un presentador de televisión pidieron su secuestro y declararon que «cualquier traidor/a debería ser traído en un ataúd desde el extranjero».

Los/as DDH que trabajan en zonas de guerra operaron quizá en el entorno más peligroso de todos, ya que la naturaleza impredecible de algunos conflictos hizo extremadamente difícil la planificación de la seguridad. A menudo, esta situación estuvo acompañada de la ausencia total de un Estado de derecho o de redes de apoyo para asistir a los/as DDH en su trabajo, así como de la presencia de múltiples agresores, que consideran problemática su labor de documentación de violaciones de derechos humanos. Afganistán, Iraq, Somalia, Sudán del Sur, Siria y Yemen fueron solo algunos de los países donde los/as defensores/as continuaron valientemente su trabajo a pesar de los conflictos armados. En Libia, observadores/as del Centro de Libia para la Libertad de Prensa documentaron agresiones físicas sistemáticas y serias amenazas contra periodistas y blogueros/as libios/as que informan de las atrocidades cometidas por los grupos armados que luchan en el país. En diciembre, las autoridades de Trípoli impidieron que el Centro celebrara un evento público y amenazaron a sus líderes.

A pesar de las difíciles circunstancias descritas anteriormente, el movimiento de derechos humanos consiguió algunas
victorias a lo largo del año. La presión ejercida sobre los Gobiernos a través de campañas de movilización de masas bien coordinadas, contribuyó a la liberación de defensores/as que se encontraban bajo custodia o a la anulación de sus
condenas en Camerún, Sudán, Tanzania y Turquía. En noviembre, el Consejo de Derechos Humanos de la ONU aprobó por consenso una resolución promovida por Noruega que reafirmaba la importancia del trabajo realizado por los/as DDH, poniendo de manifiesto que, a pesar de que los/as DDH están siendo objeto de ataques en más países que nunca, sigue existiendo un compromiso internacional para su protección. Dado que en 2015 la Asamblea General adoptó una resolución que apoyaba a los/as DDH únicamente por mayoría de votos, la vuelta a la adopción por consenso supuso una reafirmación de este compromiso.

No obstante, el panorama político global, que incluye el apoyo del presidente estadounidense Trump a autócratas acusados de violaciones sistemáticas de derechos humanos como el presidente filipino Duterte, garantizó la continuación de dificultades para los/as DDH. Por su parte, la UE, que siguió centrada en las cuestiones migratorias y el Brexit, se distrajo de uno de sus objetivos generales, concretamente, el de «influir en terceros países para garantizar el cumplimiento de sus obligaciones en materia de respeto de los derechos de los/as DDH » y del retroceso en materia de derechos en países de la UE como Polonia y Hungría. Turquía y Egipto cayeron cada vez más en el autoritarismo, mientras que numerosos países de América atravesaron crisis políticas, provocando el encarcelamiento y muerte de DDH. Xi Jinping consolidó aún más su poder en China en el XIX Congreso del Partido. Sin embargo, es probable que la desaceleración del crecimiento económico y el aumento de las protestas y frustraciones por corrupción sigan restando legitimidad al partido, lo que garantizará la continuidad en los próximos años de la brutal represión contra los/as defensores/as que ha tenido lugar bajo su mandato. El anuncio de Vladimir Putin de volver a postularse a la presidencia en 2018 augura la posibilidad de que se produzca una situación similar en Rusia.

El año 2018 marca el vigésimo aniversario de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los/as Defensores/as de Derechos Humanos. En las dos décadas transcurridas desde la Declaración, el crecimiento significativo del movimiento mundial de derechos humanos y sus logros no se han visto igualados por el compromiso y la determinación de los Gobiernos con los mismos. Muchos de ellos se siguen comprometiendo a apoyar a los/as DDH a nivel internacional, mientras aprovechan cualquier oportunidad para deslegitimarlos a nivel nacional.

Más información:

Compartimos el boletín de prensa de la organización Mining Watch Canada/Alerta Minera Canada – Lima/Ottawa, a 20 de noviembre 2017

Mañana, martes 21 de noviembre, la Corte Superior de Lima verá el caso del hostigamiento y detención ilegal y arbitraria de la coordinadora del programa con América Latina de Alerta Minera Canadá Jen Moore, y el periodista estadounidense John Dougherty, ocurrida el pasado 21 de abril en Cusco. Los defensores fueron rodeados por la policía nacional, muchos vestidos de civil, y detenidos por cuatro horas mientras la policía intentaron interrogarles tras la presentación de un largometraje documental sobre abusos relacionados a las operaciones de la empresa minera canadiense Hudbay Minerals en las Américas.

Evidencia entregada a la corte muestra que, horas después de que Moore y Dougherty salieron voluntariamente del país el 23 de abril, la Superintendencia de Migraciones les impuso una alerta migratoria por un plazo de tiempo indefinido, prohibiendo su reingreso al país, y así determinando que presentar un documental sobre la minería constituye una amenaza al orden interno del país. Los defensores no fueron notificados, sino se enteraron de la decision dos meses después por otra vía.

El Cuatro Sala Penal Con Reos Libres de la Corte Superior de Lima verá el habeas corpus interpuesto por el Instituto de Defensa Legal, Derechos Humanos Sin Fronteras – Cusco y Aporvidha en representación de Alerta Minera Canadá.

«Mientras ha habido cientos de casos de criminalización y represión de la protesta en Perú en los últimos años para silenciar los reclamos de las comunidades afectadas por la minería, este caso representa una tendencia hacia la criminalización de los periodistas y demás defensores del medio ambiente por compartir información y expresar opiniones sobre lo que está pasando en el país”, comentó Jaime Borda de Derechos Humanos Sin Fronteras – Cusco.

La privatización del aparato de seguridad pública en Perú podría haber facilitado este proceso de criminalización. Organizaciones de los derechos humanos han encontrado 118 contratos entre empresas energéticas y mineras con las fuerzas estatales para brindarles servicios de seguridad en Perú. Esta situación se repite con la empresa HudBay.

«De acuerdo a la información obtenida sobre estos contratos que privatizan a la Policía Nacional de Perú, es muy probable que este acoso, perseguimiento y detención de Moore y Dougherty se haya producido bajo el acuerdo contractual entre HudBay y la policía. Este tipo de convenios someten a la fuerza pública a las necesidades de las empresas, generando un conflicto de interés con su rol de proteger a la población, razón por la que es imperativo eliminar estos convenios», constató Ana María Vidal de la Coordinadora Nacional por los Derechos Humanos.

90 redes y organizaciones internacionales han enviado un carta a las autoridades peruanas el viernes pasado para que tomen todas las medidas necesarias para poner alto a este proceso de criminalización y para asegurar que no se repita, inclusive instaron a las autoridades peruanas a que eliminen la privatización de los servicios de la policía por facilitar la criminalización de la disidencia y la defensa de los derechos humanos, sobre todo en áreas donde las comunidades están en conflicto con proyectos extractivos que amenazan su vida.

«Es altamente preocupante que empresas mineras como Hudbay podrían estar usando la policía para tratar de cortar el acceso que tiene las comunidades a fuentes independientes de información y apoyo. Parece ser parte de una serie de esfuerzos parecidos para perseguir los que buscan respaldar comunidades afectadas por la minería en Peru. En 2011, por ejemplo, un cable de Wikileaks mostró como empresas mineras transnacionales en Perú buscaron la ayuda de la diplomacia canadiense, estadounidense y otros en Lima para presionar las autoridades peruanas y impedir los esfuerzos de maestros, sacerdotes, partidos políticos, organizaciones campesinas y ONGs que trabajaba con comunidades afectadas por la minería. La criminalización de tales grupos ha aumentado tremendamente desde ese entonces. Esto tiene que parar», comentó Jen Moore para MiningWatch Canada.

Contacto: Jen Moore, Coordinadora del Programa para América Latina de MiningWatch Canada/Alerta Minera Canadá, (613) 569-3439, jen(at)miningwatch.ca

Video: el documental «Fraude de Flin Flon» proyectado en Perú

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Más información:

Carta a las autoridades peruanas: «Criminalización de la libertad de expresión y de la solidaridad internacional en Perú»

MiningWatch Canada demanda a Perú por la detención arbitraria de Jen Moore

Sobre la detención de Jen Moore y John Dougherty en Perú: ¿Qué tiene que esconder la minera canadiense Hudbay a los peruanos?