Urgente: Riesgo a la vida y la integridad a Zoques en huelga de hambre en Chicoasén

Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas

El día de ayer 3 de noviembre del 2015, seis indígenas Zoques, en su mayoría personas de la tercera edad, del ejido Chicoasén, se declararon en huelga de hambre en las afueras de la casa ejidal en el municipio de Chicoasén, Chiapas; debido a que actualmente existen amenazas de desplazamiento forzado y ejecución de órdenes de aprehensión en contra de quienes han promovido la defensa de su territorio, criminalizados por la construcción del megaproyecto Chicoasén II. Este Centro de Derechos Humanos hace un llamado a la solidaridad nacional e internacional para manifestar su apoyo en la defensa del territorio del Comité Ejidal de Chicoasén.

Adjuntamos Acción Urgente y solicitamos difusión
http://www.frayba.org.mx/archivo/acciones_urgentes/151104_au_06_chicoasen.pdf

San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, México

a 03 de noviembre de 2015

Acción Urgente No. 06

Riesgo a la vida y la integridad a Zoques en huelga de hambre en Chicoasén

-Comité Ejidal exige respeto a la suspensión provisional de la obra Chicoasén II y libertad inmediata de su representante legal Arturo Ortega Luna.

-En riesgo de desplazamiento forzado y ejecución de órdenes de aprehensión

El día de ayer 3 de noviembre del 2015, seis indígenas Zoques, en su mayoría personas de la tercera edad, del ejido Chicoasén, se declararon en huelga de hambre en las afueras de la casa ejidal en el municipio de Chicoasén, Chiapas; debido a que actualmente existen amenazas de desplazamiento forzado y ejecución de órdenes de aprehensión en contra de quienes han promovido la defensa de su territorio, criminalizados por la construcción del megaproyecto Chicoasén II a pesar de que tienen a su favor la suspensión provisional. Además su representante legal Arturo Ortega Luna se encuentra privado arbitrariamente de su libertad.1

Las ejidatarias y ejidatarios básicos en huelga de hambre son: Enrique López Solis de 89 Años, Bonifacio Gutiérrez Hernández de 86 años hipertenso, Juliana López Pérez de 81 años, Humberto López Mejía, de 52 años, Celín González Estrada de 71 años quien padece de presión alta y Avisaín Solis López de 65 años, con secuelas de afectación en la defensa del territorio y por el desplazamiento forzado provocado por la construcción de la presa Chicoasén I.

Este Centro de Derechos Humanos considera que la huelga de hambre es una protesta legítima en respuesta a la criminalización y judicialización, que los gobiernos de Manuel Velasco Coello y Enrique Peña Nieto están perpetrando en contra del Comité Ejidal de Chicoasén y de su defensa legal.2 A estas violaciones a los derechos humanos se suma la obstaculización para asistir a las audiencias constitucionales que permitan continuar la promoción de 52 amparos personales y uno colectivo, ya que existe el temor fundado de los ejidatarios de ser privados arbitrariamente de su libertad. Las personas manifestantes también temen ser reprimidas mediante un desplazamiento forzado al existir amenazas de ello.

Aunque esta acción de protesta pone en riesgo su vida y su integridad, tiene como finalidad exigir la cancelación de las órdenes de aprehensión libradas contra quienes se encuentran defendiendo su proyecto de vida y el de sus familias, al oponerse a la construcción de la obra, que afectará sus tierras, así como el territorio de sus ancestros y los obligaría a un nuevo desplazamiento forzado.

El Comité Ejidal de Chicoasén solicita a la sociedad civil mantenerse informados y manifestar solidaridad con su lucha. De igual forma, convoca a los medios de comunicación, así como a las organizaciones defensoras de derechos humanos y sus redes, a pronunciarse en apoyo a la resolución pacífica de sus derechos.

Al gobierno federal y estatal, exige:

El estricto respeto a sus derechos a la tierra y el territorio, que como pueblo Zoque les corresponde.

Respeto a la suspensión de plano del megaproyecto Chicoasén II.

Cancelación de órdenes de aprehensión y libertad inmediata del abogado Arturo Ortega Luna.

Prevenir acciones de difícil o imposible reparación, o posibles actos de represión, desplazamiento forzado, encarcelamiento injusto e infundado o ejecución de las ordenes de aprehensión libradas en su contra.

Se respete el derecho a la vida e integridad personal física y psicológica de las ejidatarias y ejidatarios del ejido Chicoasén, así como de quienes acompañan la defensa a su territorio.

Este Centro de Derechos Humanos hace un llamado a la solidaridad nacional e internacional para manifestar su apoyo en la defensa del territorio del Comité Ejidal de Chicoasén.

Complicidad del Estado canadiense en abusos del sector minero: el caso Blackfire Exploration y la embajada de Canadá

Por Jen Moore

El Estado canadiense respalda a la industria minera globalizada de distintas formas, y facilita las actividades de las empresas de minería canadienses en América Latina y el Caribe, a la vez que tolera y contribuye a violaciones sistemáticas de derechos humanos individuales y colectivos.

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Entre otras cosas, el gobierno canadiense extiende préstamos y seguros a través de Export Development Corporation sin transparencia ni disposiciones legislativas en materia de derechos humanos; ofrece una amplia gama de servicios diplomáticos a empresas, omitiendo considerar sus antecedentes o el potencial perjuicio que pueden causar sus proyectos; y envía al extranjero fondos de asistencia canadiense al desarrollo para mejorar la reputación de proyectos extractivos y promover reformas a los códigos de minería que favorecen los intereses de las empresas y, a su vez, limitan derechos de comunidades indígenas y otros derechos colectivos.

 

Recientemente, el gobierno destinó $25 millones CAD a la asistencia al desarrollo en el extranjero. Estos fondos han sido administrados por tres instituciones académicas canadienses agrupadas bajo el Instituto Internacional Canadiense para el Desarrollo de Recursos (Canadian International Resources Development Institute, CIRDI), llamado inicialmente Instituto Internacional Canadiense para las Industrias Extractivas y el Desarrollo (Canadian International Institute for Extractive Industries and Development, CIIEID). La función del CIRDI es contribuir con los intereses de política exterior y de la industria extractiva canadienses influyendo en las políticas y lasinstituciones  que regulan los recursos naturales de otros países[1].

Un ex ministro de desarrollo internacional canadiense señaló en declaraciones ante el sector minero que la CIRDI sería su “principal y mejor embajador”[2].

Tal vez el ejemplo más ilustrativo del modo tendencioso en que el Estado canadiense apoya a las inversiones mineras del país en el extranjero es el rol que cumplen los representantes de sus misiones diplomáticas. Los funcionarios de las embajadas canadienses tienen acceso privilegiado a información acerca de qué está sucediendo en comunidades afectadas por la minería y siguen de cerca la definición de políticas relevantes en los países donde tienen presencia. Su comportamiento muestra de manera perturbadora cómo el gobierno canadiense tolera y acepta violaciones de derechos indígenas y de derechos humanos con el fin de respaldar los intereses exclusivos de las empresas canadienses, mientras a la vez afianza el modelo neoliberal de minería.
Blackfire Exploration y la embajada canadiense en México

Recientemente, MiningWatch Canada, United Steelworkers y Common Frontiers, junto con Otros Mundos-Chiapas y la familia de Mariano Abarca de Chicomuselo, Chiapas, en México, pudieron acceder a importantes datos sobre uno de los ejemplos de esta relación. Lo consiguieron a través de un pedido de información planteado ante el entonces Departamento de Relaciones Exteriores y Comercio Internacional (Department of Foreign Affairs and International Trade, DFAIT, actualmente DFATD) de Canadá. Las 960 páginas de correos electrónicos de la embajada, notas informativas y contenidos de medios obtenidas 18 meses después, permitieron reconstruir la relación entre la embajada canadiense en México y Blackfire Exploration, con sede en Calgary, cuya mina de extracción de barita Payback en Chicomuselo, Chiapas, estuvo en funcionamiento durante casi dos años, en 2008 y 2009. Según revelan los documentos, desde antes de que la mina entrara en funcionamiento hasta que fue cerrada por motivos ambientales a fines de 2009, la embajada canadiense en México prestó apoyo incondicional a Blackfire, incluso tras el brutal homicidio del activista comunitario Mariano Abarca y la aparición de evidencias contundentes de que la empresa sobornó al presidente municipal de Chicomuselo[3].

Un análisis conjunto de estos documentos permite ilustrar cuatro aspectos de la relación del Estado canadiense con la empresa minera: 1) cómo la embajada posibilitó que esta pequeña empresa de capital privado instalara y pusiera en funcionamiento la mina, a pesar de señales evidentes de potenciales conflictos,
2) cómo la embajada se ocupó de evitar conflictos a la empresa, 3) la predisposición de la embajada a ignorar las graves amenazas a activistas locales, y 4) su determinación de defender los intereses de la empresa, incluso cuando todos los indicios, y también todos los presuntos autores del homicidio de Abarca, señalaban a la empresa.

En primer lugar, diversos documentos gubernamentales revelan que la embajada logró que Blackfire pusiera en funcionamiento la mina presionando al estado de Chiapas, a pesar de que no había un claro consentimiento de la comunidad para que se desarrollara el proyecto y la empresa tenía problemas con sus permisos de funcionamiento. Entre 2007 y 2008, personal de la embajada se trasladó en dos oportunidades a Chiapas, y prestó apoyo a la empresa. La importancia de estas acciones de lobby fue expresada en un mensaje de correo electrónico enviado por un representante de la empresa a un asesor político de la embajada en México D.F. en septiembre de 2008: “Todos en Blackfire apreciamos verdaderamente lo que ha hecho la Embajada al ejercer presión sobre el gobierno del estado para conseguir que avancen las gestiones en nuestro favor. No podríamos haberlo hecho sin su ayuda”[4].

En segundo lugar, la embajada se mostró dispuesta a ayudar a Blackfire a superar la situación cuando se intensificaron las protestas contra la mina. La embajada seguía de cerca estas protestas, e incluso hizo caso omiso de amenazas de muerte contra activistas locales. En julio de 2009, el líder comunitario local Mariano Abarca viajó con una delegación a México D.F. y dialogó con un funcionario de la embajada canadiense, durante un encuentro sobre el cual hay registros de video. Señaló que la empresa había incumplido promesas, que la mina estaba provocando daños ambientales y que había trabajadores armados que lo intimidaban a él y a otras personas que se oponían a la explotación. Pocas semanas después, Mariano Abarca fue detenido en la vía pública mientras intervenía en los preparativos de un encuentro local de la Red Mexicana de Afectados por la Minería (REMA) en Chicomuselo. La embajada tenía conocimiento de que Abarca había sido detenido sobre la base de señalamientos falsos planteados por la empresa contra él. A pesar de ello, y del testimonio de Abarca con respecto a la presencia de trabajadores armados, además de 1.400 cartas enviadas a la embajada en las cuales se manifestaba profunda consternación por la vida de Abarca, la respuesta de la embajada se centró en asegurar la continuidad de las actividades de la empresa[5].

Seis semanas después Abarca fue asesinado, la mina se cerró por factores ambientales y se supo que la empresa había efectuado pagos directos en la cuenta bancaria personal del alcalde local para acallar las protestas. Hasta hace poco[6], las evidencias de corrupción que surgieron en ese momento estaban siendo investigadas por la Real Policía Montada Canadiense, al amparo de la Ley sobre Corrupción de Funcionarios Públicos Extranjeros (Corruption of Foreign Public Officials Act) de Canadá[7].

Incluso entonces, la embajada siguió defendiendo los intereses de la empresa. Para empezar, la embajada no se distanció de la empresa, sino más bien de la investigación sobre el homicidio, al negarse a reunirse con organizaciones comunitarias de damnificados, y al no tomar las medidas necesarias para que los funcionarios del gobierno canadiense que visitaron Chiapas en ese entonces reclamaran una investigación exhaustiva e imparcial del homicidio de Mariano Abarca.

Aproximadamente dos meses después, la embajada finalmente envió una delegación investigadora a la comunidad para que dialogara con los grupos afectados. El informe del agregado político se refiere a promesas incumplidas, falta de apoyo de la comunidad, daño ambiental y prácticas corruptas; este documento fue enviado a las más altas reparticiones del gobierno canadiense. No obstante ello, apenas cinco días después de que el informe se distribuyera, la embajada volvió a asesorar a Blackfire con respecto a estrategias para demandar al estado de Chiapas en los términos del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) por haber clausurado la mina[8].

Estos hallazgos se publicaron en 2013 y, unos pocos meses después, el hermano de Mariano Abarca, Uriel, y uno de sus hijos, José Luis, llevaron el informe a la embajada canadiense en México para exigir una respuesta[9]. Lo que obtuvieron fue el discurso que el gobierno de Canadá repite sistemáticamente a quienes cuestionan su política exterior con respecto a la minería canadiense en el extranjero. El representante de la embajada dijo a Uriel y a José Luis que el gobierno canadiense insta a las empresas del país a respetar la legislación local y mantener altos estándares de responsabilidad social empresarial. La embajada se negó a reconocer que su apoyo activo e incondicional podría haber disuadido a Blackfire de cumplir con la legislación local y con las normas internacionales.

Cuando Uriel y José Luis pidieron a la embajada canadiense que no ignorara las amenazas a otros líderes comunitarios en México que son perseguidos y criminalizados habitualmente debido a que defienden su tierra, agua, medios de subsistencia y medioambiente, el funcionario de la embajada subrayó que esto equivaldría a una intromisión en la soberanía mexicana. No obstante, este mismo funcionario no consideraba que interceder ante el gobierno del estado de Chiapas para lograr que la mina de Blackfire comenzara a funcionar implicara una intromisión en la soberanía de México.

Para complementar estos hallazgos, MiningWatch Canada confeccionó una lista de otros trece ejemplos de casos en los cuales la embajada canadiense intercedió en representación de empresas mineras afectadas por conflictos[10]. Pero, seguramente los ejemplos son muchos más, y es probable que estos sigan en aumento en el futuro. Sobre todo porque, desde que se publicó el informe sobre la embajada canadiense en México y Blackfire Exploration, el gobierno de Canadá ha adoptado la política de destinar el 100 por ciento de su cuerpo diplomático a respaldar intereses privados, y se refiere a esta estrategia como “diplomacia económica”. En su Plan de Acción para los Mercados Globales 2013, el gobierno se refirió a la diplomacia económica en los siguientes términos: “todos los recursos diplomáticos del Gobierno de Canadá se emplearán en representación del sector privado para alcanzar los objetivos declarados con respecto a mercados extranjeros clave”[11], incluidos países como México, Chile, Brasil, Colombia y Perú. Ante la prevalencia de la inversión exterior canadiense en el sector globalizado de la minería y la falta de garantías para asegurar que las misiones canadienses en el exterior otorguen prioridad al respeto de los derechos humanos e indígenas individuales y colectivos, esta política sin duda reforzará el apoyo a empresas mineras, mientras que comunidades y trabajadores siguen expuestos a riesgos, como ser demonizados, criminalizados, amenazados y asesinados por reivindicar sus derechos en defensa de su vida, sus medios de subsistencia, sus recursos hídricos y sus tierras.

En conclusión, el Estado canadiense comparte responsabilidad por el neocolonialismo, los conflictos, los abusos y la impunidad que caracterizan actualmente a la industria minera canadiense globalizada. Por tal motivo, resultó alentador que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, al término de su período de sesiones de otoño de 2014, instara a Canadá a actuar para que las empresas rindan cuentas por violaciones de derechos humanos e indígenas que involucraran a sus actividades en el extranjero, y además a “adoptar medidas a fin de evitar las múltiples violaciones a los derechos humanos”[12] ocurridas en relación con sus actividades. Esto demandará nada menos que un cambio radical en la política exterior canadiense y en el programa económico que ésta promueve y sostiene. Para ello, es vital continuar denunciando la complicidad del Estado canadiense en los abusos del sector de la minería, y trabajar junto a quienes defienden su tierra y luchan por la autodeterminación, la preservación del agua y un medioambiente sano.

NOTAS:
[1] MiningWatch Canada. (2014, 4 de marzo). New Federally Funded Academic Institute a Tool to Support Mining Industry, disponible en http://www.miningwatch.ca/news/new-federally-funded-academic-institute-tool-support-mining-industry
[2] Mackrael, K. (2013, 19 de junio). ‘Huge opportunities’ for Canadian mining industry to work in developing countries. The Globe and Mail, disponible en http://www.theglobeandmail.com/news/politics/huge-opportunities-for-canadian-mining-industry-to-work-in-developing-countries/article12670581/
[3] Common Frontiers, MiningWatch Canada y United Steelworkers. (2013, mayo). Corruption, Murder and Canadian Mining in Mexico: The Case of Blackfire Exploration and the Canadian Embassy, disponible en http://
www.miningwatch.ca/news/report-reveals-how-canadian-diplomacy-supported-deadly-blackfire-mining-project
[4] Solicitud de acceso a información A-2010-00758/RF1, p. 000185, citada en Common Frontiers, MiningWatch Canada y United Steelworkers. (2013, mayo). Corruption, Murder and Canadian Mining in Mexico: The Case of Blackfire Exploration and the Canadian Embassy.
[5] Common Frontiers, MiningWatch Canada y United Steelworkers. (2013, mayo). Corruption, Murder and Canadian Mining in Mexico: The Case of Blackfire Exploration and the Canadian Embassy.
[6] Fundación Ambientalista Mariano Abarca, Otros Mundos, A.C. y Red Mexicana de Afectados por la Minería/Chiapas (REMA Chiapas). (2015, 11
de marzo). Red Mexicana Deplora el Resultado del Gobierno Canadiense sobre el Caso Blackfire en Chicomuselo, Chiapas. MiningWatch, disponible en http://www.miningwatch.ca/es/news/red-mexicana-deplora-el-resultado-del-gobierno-canadiense-sobre-el-caso-blackfire-en-chicomusel
[7] Common Frontiers-Canada, Council of Canadians, MiningWatch Canada y United Steelworkers. (2011, 29 de agosto). La sociedad civil canadiense expresa su agrado ante el allanamiento de las oficinas de Blackfire Exploration. MiningWatch, disponible en http://www.miningwatch.ca/es/news/la-sociedad-civil-canadiense-expresa-su-agrado-ante-el-allanamiento-de-las-oficinas-de
[8] Common Frontiers, MiningWatch Canada y United Steelworkers. (2013, mayo). Corruption, Murder and Canadian Mining in Mexico: The Case of Blackfire Exploration and the Canadian Embassy.
[9] Moore, J. (2013, 4 de septiembre). Embajada canadiense desaíra a la familia de fallecido activista mexicano. Programa de las Américas, disponible en http://www.cipamericas.org/es/archives/10572
[10] MiningWatch Canada. (2013, 8 de octubre). Antecedentes: Cambiar las políticas públicas y las prácticas mineras para asegurar la salud de individuos, comunidades y ecosistemas, disponible en http://www.miningwatch.ca/es/article/antecedentes-una-docena-de-ejemplos-de-la-
diplomacia-minera-canadiense
[11] Foreign Affairs, Trade and Development Canada. Global Markets Action Plan, disponible en http://www.international.gc.ca/global-markets-marches-mondiaux/plan.aspx?lang=eng
[12] CIDH. (2014, 7 de noviembre). CIDH culmina 153 Período de Sesiones. CIDH, disponible en http://www.oas.org/es/cidh/prensa/Comunicados/2014/131.asp

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Vía Movimiento M4

Firma la petición: ¡Justicia para Rigoberto Lima Choc!

Amigos de la Tierra – ACTÚA AHORA

La semana pasada, el activista ambiental Rigoberto Lima Choc fue asesinado en el norte de Guatemala. Esto ocurrió justo después que un tribunal ratificara la denuncia presentada por Rigoberto contra la empresa de palma aceitera Reforestadora de Palmas de El Petén (REPSA), por la contaminación masiva que ha provocado.  

Firma la petición para exigir que se realice una investigación inmediata y se proteja a los/as activistas de derechos humanos involucrados/as en el caso.

Rigoberto era un maestro y activista indígena de 28 años. Le dispararon frente al tribunal tan  sólo un día después que este ordenara a la empresa suspender sus actividades debido a un enorme derrame de desechos de palma aceitera. Rigoberto fue uno de los primeros en denunciar la mortandad masiva de peces a causa del agua contaminada.

El derrame produjo la muerte de cientos de miles de peces, poniendo en riesgo el medio de sustento de miles de personas de las comunidades costeras. Los expertos se refieren al derrame como un «ecocidio» y la consideran una de las catástrofes ambientales de mayor magnitud en la historia de Guatemala. Al denunciar el derrame, Rigoberto sólo hizo lo que correspondía.

Por defender el medioambiente, Rigoberto Lima Choc pagó con su vida. Exijámosle justicia a las autoridades guatemaltecas.

El reciente derrame es sólo un ejemplo de la destrucción ecológica que puede causar el cultivo a gran escala de palma aceitera, especialmente cuando los gobiernos no cumplen con su deber de proteger a la gente y el medioambiente. Cuando se desbordó la planta de procesamiento de la empresa, nunca se alertó a las comunidades locales, que quedaron libradas a su suerte para tomar medidas de protección.

Rigoberto documentó el derrame y luego presentó una denuncia personalmente, que motivó una orden judicial de suspensión de las actividades de la empresa. En lugar de velar por el cumplimiento de la orden judicial, el gobierno de Guatemala permitió que asesinaran a Rigoberto por su acción heroica.

Es absolutamente inadmisible que activistas como Rigoberto pongan sus vidas en riesgo cuando se enfrentan a los Grandes Contaminadores. No podemos permitir esto. ¡Debemos exigir justicia para Rigoberto ya mismo!

Ayudemos a evitar que la plaga de la palma aceitera siga destruyendo el medioambiente guatemalteco y amenazando a sus defensores/as de derechos humanos. ¡Actuemos ahora!

Por la defensa de quienes se encuentran al frente de la lucha contra la palma aceitera,

Coordinación Programa Bosques y Biodiversidad

Amigos de la Tierra Internacional

 

Manifestamos nuestra solidaridad al CEDIB y le demandamos al Estado boliviano cesar las agresiones

Manifestamos nuestra solidaridad al CEDIB y le demandamos al Estado boliviano cesar las agresiones y otorgar las garantías para la continuidad de sus labores

POR LA LIBRE EXPRESIÓN, ASOCIACIÓN Y ACCESO A LA INFORMACIÓN COMO GARANTÍA PARA LOS DERECHOS HUMANOS Y LA DEMOCRACIA.

Solidaridad con CEDIB-Centro de Documentación e Información Bolivia

En conocimiento de las recientes declaraciones del Vicepresidente del Estado Plurinacional de Bolivia, Álvaro García Linera, sobre el rol del CEDIB –acusándolo de mentir y amenazándolo con expulsión–, los/as que suscribimos el presente documento, conocedores/as del trabajo del CEDIB y principalmente como aliados/as y compañeros/as de esta valiosa institución, deseamos manifestar nuestro firme respaldo a su trabajo.

Del CEDIB destacamos:

-la larga labor de resguardo de la memoria histórica de Bolivia y sus luchas sociales a través de su fondo documental hemerográfico que le ha valido el reconocimiento nacional e internacional.
-Sus rigurosas investigaciones la convierten en un referente de análisis no solo de la realidad de Bolivia sino de toda América Latina.
-y principalmente su activo acompañamiento y apoyo con información a los movimientos y organizaciones sociales en Bolivia y fuera de ella.
-Su trabajo de investigación y denuncia, en colaboración estrecha con las poblaciones y comunidades afectadas, de los impactos sociales y ambientales de las empresas transnacionales tanto en Bolivia como en América Latina y Europa.
-Su participación en el proceso de la Red Birregional Enlazando Alternativas así como en diferentes audiencias del Tribunal Permanente de los Pueblos y posterior participación en las actividades de la Campaña Global para desmantelar el poder de las transnacionales y poner fin a la impunidad.

Este aporte permanente le han permitido al CEDIB jugar un rol estratégico en momentos que han marcado las trasformaciones en Bolivia (Guerra del Agua, la Defensa de la nacionalización de los hidrocarburos, Guerra del Gas, la Asamblea Constituyente, la denuncia contra trasnacionales que atentan contra la soberanía y el medioambiente) y que han constituido un ejemplo y horizonte a nivel internacional.

Por lo expresado manifestamos nuestra solidaridad al CEDIB y le demandamos al Estado boliviano cesar las agresiones y otorgar las garantías para la continuidad de sus labores en bien de los derechos humanos, el medioambiente y la democracia boliviana.

Organizaciones sociales y personalidades

MÁS INFORMACIÓN:
https://solidaridadcedib.wordpress.com/

¡Libertad para Marco Antonio Suástegui, dirigente del CECOP!

EXIGEN DEFENSORES COMUNITARIOS Y ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL NACIONAL E INTERNACIONAL

Vídeo de la conferencia de prensa de exigencia por la libertad de Marco Suastegui y cese de amenazas:

http://www.ustream.tv/recorded/70900396

El 17 de junio de 2014 la Procuraduría General de Justicia del Estado de Guerrero detuvo a Marco Antonio Suástegui Muñoz, vocero del Consejo de Ejidos y Comunidades Opositores a la Presa La Parota (CECOP), movimiento que desde el 28 de julio de 2003 se opone de manera pacífica a la imposición de la presa La Parota en Guerrero, México, quienes han sido ejemplo y esperanza de muchos movimientos por el territorio y en defensa de la vida. El CECOP es piedra angular de la lucha en contra de las presas y en defensa de los ríos en México y fundador del Movimiento Mexicano de Afectados por las Presas y en Defensa de los Ríos (MAPDER).

A más de un año de su injusta detención, las organizaciones abajo firmantes, junto a muchas otras que se han sumado a esta causa, urgen a la Segunda Sala Penal en Acapulco tomar una decisión expedita, independiente y justa, que contemple las pruebas presentadas por el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan que representan a Marco para que se declare su libertad inmediata.
Durante una visita al penal de La Unión, Zihuatanejo, Guerrero, el pasado 12 de agosto, diferentes organizaciones de la sociedad civil que hoy respaldan este boletín conocieron de primera mano el testimonio de Suástegui que relató las violaciones a derechos humanos que ha sufrido desde su detención y las amenazas de las cuales ha sido víctima. El día de su aprehensión, sin que se le mostrara una orden en su contra, Marco fue sometido a tratos inhumanos y degradantes por parte de las autoridades que lo detuvieron al haber sido duramente golpeado y haber sufrido el arranque de 3 uñas de los pies. En el traslado al penal federal de máxima seguridad de Tepic en Nayarit –que fue ilegal por incurrirse en violaciones al derecho al debido proceso y a la defensa legal-  el defensor de los derechos humanos fue privado de agua para beber durante dos días además de no contar con una revisión médica oportuna. En los 7 meses de permanencia en este penal fue alimentado de manera escasa, lo que impactó y mermó su salud, derivando en actos de hostigamiento y discriminación. Finalmente, ya en el penal de la Unión, el 31 de julio de 2015 Marco Antonio recibió una carta anónima con amenazas de muerte, acción que se suma a una serie de otras situaciones previas que le hacen temer por su vida y su familia.
Las graves violaciones a derechos humanos anteriormente relatadas están estrechamente relacionadas con la lucha emprendida por el CECOP y por su vocero hace más 12 años a favor de la defensa de la tierra, el territorio y formas de vida de los/as campesinos/as que serían despojados de todo lo que tienen por la construcción de la Presa La Parota. En palabras de Marco Antonio “el CECOP es la expresión del amor por la tierra”. El único delito cometido por este movimiento, que ha sido duramente reprimido en diferentes ocasiones y que aun así se ha mantenido firme, es el de no plegarse a las decisiones que actores públicos y privados han querido imponerles en nombre de un supuesto desarrollo e interés general que nunca ha sido demostrado.
El caso de Marco Antonio se suma a una serie innumerable de historias de defensores y defensoras de derechos humanos que a lo ancho y largo del país están siendo criminalizados y detenidos injustamente incluso en penales de máxima seguridad, a causa de su compromiso con la defensa  del territorio y la vida. En esta lista se encuentra otra integrante del CECOP, María de la Cruz Dorantes, también encarcelada por delitos similares a los que se le imputan a Marco Antonio.
La Segunda Sala de lo Penal de Acapulco tiene en estos momento la posibilidad de hacer justicia y, tomando en consideración las pruebas presentadas que demuestran su inocencia al destacarse que los testimonios en su contra no cuentan con sustento y por el contrario, las pruebas exhibidas demuestran la fabricación de los delitos y ponen de relieve las violaciones al debido proceso que ha enfrentado, por lo que se debe dejar a Marco Antonio en libertad.
Las organizaciones abajo firmantes, somos parte de amplias redes de articulación nacional e internacional, en defensa de los ríos, el agua y los derechos económicos, sociales y culturales y estamos pendientes y preocupados por nuestro compañero Marco Antonio Suástegui, por lo que exigimos su libertad inmediata, la tutela de su vida y el cese de las amenazas en su contra y de su familia.
Movimiento Mexicano de Afectados por las Presas y en Defensa de los Ríos (MAPDER), Red Latinoamericana contra represas y por los ríos, sus comunidades y el agua (Redlar),  Movimiento de Afectados por Represas de Brasil (MAB), International Rivers (IR), Coalición de Organizaciones Mexicanas por el Derecho Humano al Agua (COMDA), Espacio de Organizaciones Civiles por los Derechos Económicos, Sociales y Culturales (Espacio DESC), Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos “Todos los Derechos para Todas y Todos” (RED TDTT), Consejo de Ejidos y Comunidades Opositores a la Presa La Parota (CECOP), y el Centro de Derechos Humanos de la Montaña “Tlachinollan”.

Visitan Organizaciones de DH a Marco Antonio Suástegui, vocero del CECOP

Fuente: tlachinollan

  • Ratifican la solidaridad ante el líder criminalizado y escuchan sus preocupaciones sobre su seguridad.
  • Reiteran que en Guerrero se utiliza facciosamente el sistema penal de justicia contra personas defensoras de derechos humanos que defienden sus tierras y el territorio.

 

Zihuatanejo, Guerrero, México, 12 de agosto de 2015. El día de hoy representantes de organizaciones nacionales e internacionales de derechos humanos, incluyendo la Red de Organismos Civiles de Derechos Humanos Todos los Derechos para Todas y Todos (Red TDT), el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh), Servicios y Asesoría para la Paz (Serapaz), la Coalición Internacional Hábitat – América Latina (HIC-AL) y del Centro de Derechos Humanos de la Montaña “Tlachinollan” visitaron en el Penal de La Unión de Montes de Oca, Guerrero, a Marco Antonio Suástegui Muñoz, vocero del Consejo de Ejidos y Comunidades Opositores a la Presa La Parota (CECOP), quien se encuentra privado de su libertad desde hace más de un año, con cargos injustificados y como método de criminalización del defensor y para obstruir su labor como defensor comunitario.

 

 

La visita se lleva a cabo en el marco de la prevista sesión de la Segunda Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del estado de Guerrero en la que resolverá el recurso de apelación dentro de la toca penal VI-459/2014, en la que se le imputa injustamente el delito de robo.

 

Durante la visita, las organizaciones conocieron de primera mano el testimonio de Marco Antonio Suástegui sobre el impacto que ha tenido la serie de violaciones de derechos humanos a la que fue sujeto, desde su detención, así como de su traslado ilegal al Penal Federal de Nayarit en el que fue sujeto a tratos crueles e inhumanos y donde su salud se deterioró; así como las evidentes violaciones a su derecho a una defensa adecuada y al debido proceso. De igual forma, escucharon con atención sus preocupaciones por su seguridad.

 

Al final de la reunión, las organizaciones informaron al defensor comunitario que continuarán urgiendo a la Segunda Sala Penal – con irrestricto respeto a la independencia judicial – que valore las violaciones a la debida diligencia y defensa adecuada a la que fue sujeto Marco Antonio Suástegui y decidir apegada a derecho restituyendo su libertad.

 

De igual forma, las organizaciones reiteraron su apoyo incondicional a Marco Antonio, como defensor comunitario y denunciaron su encarcelamiento como acto de criminalización por defender los derechos de las comunidades y ejidos en contra de la Presa la Parota.

 

Finalmente, reiteraron su preocupación por el uso faccioso en la aplicación de la justicia en el estado de Guerrero, como lo ejemplifica el proceso penal contra Marco Antonio Suástegui, donde las decisiones unilaterales del Ejecutivo de imponer por encima de 5 resoluciones judiciales y de la voluntad de los pueblos mega proyectos como la presa La Parota, contemplada ahora en el Plan Nuevo Guerrero.

 
 
 

Carta pública -Foro México-Suiza (Mexiko Forum Schweiz)

¡Justicia para Noé, Ruben y Nadia! ¡Cese a los asesinatos, hostigamientos y represión a los activistas en Veracruz!

El 2 de agosto se cumplieron 2 años del asesinato de Noé Vázquez Ortiz, miembro del Movimiento de Afectados por las Presas y en Defensa de los Ríos, (MAPDER), y del Colectivo Defensa Verde Naturaleza para Siempre de Amatlán de los Reyes, Veracruz, perpetrado por los sicarios relacionados con la empresa El Naranjal, quien impulsa el Proyecto Hidroeléctrico el Naranjal.

Dos años han transcurrido de injusticia, pues aunque están presos los autores materiales, no se ha esclarecido quiénes son los autores intelectuales y las razones por las que fue asesinado un defensor del agua en el marco de un Encuentro Nacional de Defensores de los Ríos. ¿Casualidad? No lo creemos. Consideramos este crimen como un acto represivo, como un mensaje de intimidación de aquellos que se dicen poderosos y que actúan en contubernio:  empresarios, clase política, sicarios y todos aquellos que utilizan su fuerza para la destrucción de la vida.

 

Quienes creemos en la esperanza, la justicia y a favor de la vida, exigimos justicia para Noé Vázquez,  que los autores intelectuales sean juzgados y que se dicte sentencia de culpabilidad a Jonathan Contreras, Armando Tlaxcala y Luis Enrique de la Cruz, y no sólo una medida cautelar de prisión preventiva de dos años que vence en estos días.

El asesinato de Noé fue tan solo el inicio de una escalada de represión y hostigamiento que ha pretendido sembrar el miedo e inmovilizar a los  veracruzanos que resisten contra distintos proyectos de muerte. Sin embargo el poder de la razón y la fuerza de la unidad de los pueblos ha logrado detenerlos; muestras de ello han sido las luchas contra la imposición de la Mina Caballo Blanco en los municipios de Actopan y Alto Lucero, el Proyecto de Propósitos Múltiples Xalapa en la cuenca de la Antigua y la hidroeléctrica el Naranjal. Desgraciadamente, la lucha por la vida, el agua y la tierra en Veracruz sigue siendo amenazada, como lo muestran los siguientes casos de hostigamiento a activistas:

-Julián Ramírez, miembro de LAVIDA y de la Alianza Mexicana contra el Fracking, a quien desde el año pasado se le ha levantado una campaña de desprestigio en los medios estatales, por haber denunciado públicamente la relación entre el gobierno estatal y el crimen organizado. A lo largo de este año ha sido hostigado y vigilado permanentemente. 
-Aurora Juárez Barrientos, defensora del río Bobos-Nautla, es perseguida junto con campesinos opositores a los proyectos hidroeléctricos en la cuenca, por la empresa IGR y el Presidente Municipal de Jalacingo.
-Gumercindo González Sánchez y Felipe Gutiérrez Pérez de la Comunidad de Emiliano Zapata en Papantla, Veracruz, han sido demandados por Petróleos Mexicanos por defender sus derechos ante la extracción de hidrocarburos. Junto con Jorge Luis Sánchez Rivera son hostigados por parte de la paraestatal y el gobierno municipal.
-Miembros de la colectividad por la defensa del río La Antigua, quienes enfrentan procesos judiciales por defender su río contra la empresa Odebrecht. Este año fueron encarcelados miembros del Comisariado Ejidal que defendían la tierra así como los compañeros de Pueblos Unidos de la Cuenca Antigua por Ríos Libres (PUCARL). Específicamente los compañeros Gabriela Maciel y José Luis Hernández Beltrán.

-Las amenazas y hostigamientos que han recibido miembros de Colectivo Defensa Verde Naturaleza para Siempre, así como las presiones que han recibido por parte del  visitador agrario y de la miembros de la empresa, para que vendan sus tierras. Así como el acoso y la criminalización hacia el Párroco Julián Verónica.

Manifestamos nuestra rabia por los asesinatos de nuestros compañeros Rubén Espinosa, periodista y activista por la libre expresión en Veracruz. Por Nadia Vera Antropóloga y activista estudiantil egresada de la Universidad Veracruzana. Y por las otras dos mujeres que fueron asesinadas el viernes pasado en la Col. Narvarte de la Ciudad de México.

Ante un clima de ingobernabilidad, inseguridad, impunidad, grupos armados, violencia, represión, y con presencia de diversos cuerpos policiacos y militares que existen en Veracruz, nos preocupa la situación de vulnerabilidad en que se encuentran los casos y personas mencionadas. En Veracruz corren muchos riesgos los activistas por la justicia, verdad y la paz, tan solo de 2010 al 2015, 14 periodistas han sido asesinados y 4 desaparecidos, mientras que de 2010 a 2013  se registraron 635 desapariciones. No olvidemos que en las vísperas de la jornada electoral fueron golpeados brutalmente estudiantes de la Universidad Veracruzana que se encontraban en una fiesta, de hecho Rubén Espinosa documento las agresiones que recibieron los jóvenes y a partir de este hecho se intensificaron las amenazas hacia él. En este contexto al Gobierno de Javier Duarte le ha faltado voluntad política para la resolución no violenta de los conflictos sociales, y vemos un gobierno inmaduro sin capacidad de dialogo, que actúa con indiferencia y venganza frente a la voz crítica.

El Papa Francisco exige a los gobiernos nacionales que velen por la integridad física de los movimientos populares que defienden a la hermana madre tierra. Nosotros también exigimos al Gobierno de Veracruz que respete a los movimientos populares y a los periodistas.

Hacemos responsable al Gobierno del Estado de los asesinatos de Noé, Rubén, Nadia y Regina. Declaramos el 2 de agosto día del activista veracruzano y exigimos a Javier Duarte de Ochoa cese a la violencia, asesinato y al hostigamiento a los activistas socioambientales, por los desaparecidos y por la libertad de expresión. Exigimos la voluntad y capacidad para resolver de forma pacífica los conflictos socio-ambientales generados por la política extractiva y criminal de la clase político-empresarial.
En este día también exigimos la libertad de los presos políticos que están defendiendo sus territorios, como Marco Antonio Suastegui, y Nestora Salgado, así como presos políticos en el estado de Puebla.  Alto a la criminalización que vive la organización Bios Iguana y los activistas de Zacualpan Colima, como también la campaña de hostigamiento a los integrantes del Consejo Tiyat Tlali en la Sierra Norte de Puebla.

¡¡A nuestros muertos no los enterramos, los sembramos para que florezca la esperanza!!
¡¡Que el dolor nos fortalezca y nos de unidad!!

Xalapa, Veracruz a 3 de agosto de 2015

Atte.

Asamblea Veracruzana de Iniciativas y Defensa Ambiental; Movimiento Mexicano de Afectados por Represas y en Defensa de los Ríos; Alianza Mexicana Contra el Fracking; Alianza Internacional de Habitantes; Otros mundos AC; Educa AC; COPUDEVER, Oax; IMDEC; Consejo Tiyat Tlali; Pobladores AC; Hijos de la tierra.

“Ustedes, desde los movimientos populares, asumen las labores de siempre motivados por el amor fraterno que se revela contra la injusticia social. Cuando miramos el rostro de los que sufren, el rostro del campesino amenazado, del trabajador excluido, del indígena oprimido, de la familia sin techo, del migrante perseguido, del joven desocupado, del niño explotado, de la madre que perdió a su hijo en un tiroteo porque el barrio fue copado por el narcotráfico, del padre que perdió a su hija porque fue sometida a la esclavitud; cuando recordamos esos «rostros y esos nombres» se nos estremecen las entrañas frente a tanto dolor y nos conmovemos… Todos nos conmovemos, porque «hemos visto y oído», no la fría estadística sino las heridas de la humanidad doliente, nuestras heridas, nuestra carne”

Extracto del discurso del Papa Francisco en el II Encuentro de movimientos sociales, Santa Cruz, Bolivia. 2015

Berta Cáceres: «Es fácil que a uno lo maten en la lucha por el medio ambiente»

eldiario.es

-Más de dos personas mueren cada semana en el mundo por defender el territorio, según Global Witness: 116 asesinatos en 17 países durante 2014

-Berta Cáceres, Premio Goldman del Medio Ambiente, lideró una campaña para paralizar la construcción de una presa en Honduras y sufre constantes amenazas por defender esta causa

-El 40% de los asesinatos se producen en Centroamérica y están relacionados con megaproyectos hidroeléctricos, extractivos, tala y agroindustria

 

Para el pueblo lenca el río Gualcarque es sagrado. Un elemento fundamental de su territorio y forma de vida que les garantiza la soberanía alimentaria, medicinas y espiritualidad. Por eso, cuando en 2006, miembros de la comunidad de Río Blanco llegaron hasta el COPINH (Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras) denunciando la entrada de maquinaria en sus tierras, Berta Cáceres, su coordinadora general, una mujer crecida en la defensa de los derechos ambientales, intuyó que se avecinaban años de lucha. Lo que tal vez no imaginaba entonces es que acabarían echando del territorio a la mayor empresa constructora de presas del mundo, la compañía china Sinohydro. Cáceres recibió a finales de abril uno de los prestigiosos premios Goldman, conocidos como los Nobel del Medio Ambiente.

«Lo que nos inspira no son los premios sino los principios. Aquí, con reconocimientos o sin ellos, hemos luchado y lo vamos a seguir haciendo», afirma desde la ciudad hondureña de Tela. Es la primera hora de la mañana del jueves y Cáceres, junto a una delegación del COPINH, se ha desplazado hasta el departamento de Atlántida, al norte del país, para acompañar a indígenas garífuna en un proceso judicial.

 

 

«Se va a celebrar una audiencia contra toda una comunidad, unas 300 personas. Quieren expulsarlos y los acusan de usurpar tierras, imagínese, después de una lucha enorme y de haber sido brutalmente agredidos. Están citados en un edificio casi de escombros que, irónicamente, perteneció a la Tela Railroad Comany, una de las transnacionales gringas [estadounidenses] que han despedazado este país», cuenta.

La persecución y violencia contra quienes defienden el medio ambiente es una constante en aquellos países donde empresas transnacionales extractivas, hidroeléctricas o del sector agroindustrial tienen intereses, muchas veces en connivencia con los poderes políticos y financieros. Según el último informe de Global Witness, en 2014 fueron asesinados 116 activistas medioambientales en 17 países, un 20% más que en 2013. Más de dos personas mueren cada semana en el mundo por defender sus tierras, sus ríos o sus bosques frente a la explotación. La investigación «¿Cuántos más?» señala a Honduras como el país más peligroso per cápita para estos activistas. El 40% de los asesinados son miembros de pueblos indígenas, como el lenca, al que pertenece Berta Cáceres.

«En Honduras se vive una situación trágica. A medida que han ido avanzando las grandes inversiones del capital transnacional, con empresas vinculadas al sector poderoso económico, político y militar del país, esas políticas neoliberales extractivistas han provocado también un aumento de la represión, criminalización y despojo a las comunidades, que han sido desplazadas de manera forzada», explica Cáceres, que denuncia cómo en su país «el aparato represivo armado protege los intereses de estas empresas».

No es casual, por ejemplo, el auge de las empresas de seguridad privada en Honduras. Según la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU ( OHCHR), el número de guardas de seguridad privados es cinco veces superior al de policías, existen unas 700 empresas de este tipo en el país y la mayoría de ellas pertenecen a antiguos altos cargos de la policía o el ejército.

Quienes se oponen a estos megaproyectos son duramente reprimidos. «Los que rechazamos estos proyectos de muerte somos amenazados, amenazan nuestras vidas, nuestra integridad física y emocional, la de nuestras familias y comunidades enteras, nos quieren negar la existencia como pueblos originarios. Vivimos en un clima de impunidad y de nula administración de justicia», sostiene esta mujer, que ha experimentado prácticamente todas las formas de criminalización posibles.

Berta ha perdido a varios compañeros. El último de ellos, Moisés Durón Sánchez, de 54 años, «un hombre que luchó por el territorio y fue asesinado por unos sicarios recientemente». O Tomás García, asesinado a tiros por el ejército hondureño durante una manifestación pacífica contra la presa de Agua Zarca en 2013. O William Jacobo Rodríguez, tras cuya muerte se acusó de torturas y amenazas a policías que protegían el proyecto hidroeléctrico. O el hermano de este último, Maycol Rodríguez, un niño de 14 años, guardián del río, que se dedicaba a cultivar maíz en esas tierras ancestrales objetivo de la empresa, cuyo cuerpo apareció en el agua con signos de tortura.

El uso ilícito de la fuerza por parte de los cuerpos de seguridad del Estado hondureño y la vinculación de miembros de la policía y el ejército en casos de intimidación, amenazas y supuestos asesinatos de defensores del medio ambiente ha sido documentado por organizaciones como Human Rights Watch o Front Line Defenders.

«En este país impune, responsable de graves violaciones de derechos humanos, los que luchamos por la tierra, por el agua, por el territorio para la vida, para que no caiga en manos privadas y sea destruido, ponemos la vida en riesgo. Aquí es muy fácil que a uno lo maten. El coste que pagamos es muy alto. Pero lo más importante es que tenemos una fuerza que viene de nuestros ancestros, herencia de miles de años, de la que estamos orgullosos. Ese es nuestro alimento y nuestra convicción a la hora de luchar», destaca la ganadora del Goldman.

La presa de Agua Zarca, una historia de éxito

Berta Cáceres orquestó la campaña contra el proyecto de construcción de la presa de Agua Zarca en el río Gualcarque, una concesión que había obtenido la empresa hondureña DESA (Desarrollos Energéticos SA) quien, a su vez, había subcontratado al gigante chino Sinohydro. Entre los financiadores de la presa estaban la Corporación Financiera Internacional (IFC), el brazo financiero para el sector privado en los países en desarrollo del Banco Mundial, y el Banco Holandés de Desarrollo (FMO). El proceso se había llevado adelante vulnerando el Convenio 169 de la OIT que exige el conocimiento previo e informado y la consulta con los pueblos indígenas y originarios.

Viajes a Tegucigalpa, cartas, quejas, protestas, denuncias ante organismos como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos… «Hicimos un trabajo de base muy fuerte, fue un gran esfuerzo colectivo, un proceso muy debatido e informado. Solo en 2013 realizamos más de 150 asambleas indígenas». Ese año marcó el punto de ruptura. En abril bloquearon una de las carreteras para impedir el acceso al territorio. Allá han permanecido 21 meses, estratégicamente organizados, con un sistema de rotaciones y alertas, resistiendo las agresiones y ataques. En julio de ese año, tras la muerte de Tomás García, Sinohydro se retiró del proyecto y rompió su contrato con DESA. Más tarde, el IFC anunció la retirada de los fondos. La construcción de la presa se paralizó.

«Fue un logro importante, conseguimos expulsar a la mayor constructora de presas del mundo y detener toda la estrategia de represión y criminalización contra nosotros. Pero la concesión sigue. Hasta ahora a DESA no le ha sido fácil subcontratar a otra empresa, se retiró el IFC pero el FMO, uno de los organismos financieros más agresivos, todavía está involucrado. Quieren reactivar el proyecto en otra zona sobre ese mismo río y continúa la militarización», alerta Cáceres, que insiste en destacar el valor colectivo de la lucha y la participación activa de las mujeres lencas en la misma.

«Tuve que hacer muchas cosas para protegerme»

Para Berta Cáceres, a la defensa activa de los derechos del medio ambiente se le suma el hecho de ser mujer. El desafío es doble. «No es fácil ser mujer dirigiendo procesos de resistencias indígenas. En una sociedad increíblemente patriarcal las mujeres estamos muy expuestas, tenemos que enfrentar circunstancias de mucho riesgo, campañas machistas y misóginas. Esto es una de las cosas que más puede pesar para abandonar la lucha, no tanto la transnacional sino la agresión machista por todos lados». 

Aun así, ella no ha pensando nunca en abandonar, a pesar de los reiterados esfuerzos del gobierno hondureño por criminalizarla. Esta es una estrategia habitual contra los defensores medioambientales. La antigua Relatora Especial de la ONU para los defensores de derechos humanos, Margaret Sekaggya, advertía en un informe sobre Honduras que quienes «denuncian problemas ambientales […] han sido calificados de miembros de la resistencia, guerrilleros, terroristas, opositores políticos o delincuentes». Desde Global Witness alertan del uso por parte de algunos Gobiernos de legislación antiterrorista en contra de estos activistas, que pasan a ser catalogados como «enemigos del Estado».

Berta ha sido acusada de «ser un peligro para la seguridad del Estado», o de incitar a otras personas a cometer delitos. La han detenido en varias ocasiones y, en septiembre de 2013, dictaron una orden de encarcelamiento. Su caso fue recogido por Amnistía Internacional, que lanzó una acción urgente en su defensa. Durante unos meses vivió en semiclandestinidad y dos de sus hijas han tenido que abandonar el país. «Tuve que hacer muchas cosas para protegerme. En este país hay que inventar porque si no uno no sobrevive, y eso solo es posible con el respaldo de la comunidad. Pude haberme ido, haber pedido asilo político pero no quiero, es aquí donde quiero luchar».

«Nuestras luchas se invisibilizan»

Luchar también por la visibilidad de lo que está sucediendo en los territorios indígenas y, en eso, reconoce, todo aquello por lo que ha pasado y el premio recibido ayudan. «Nuestras luchas se desprecian e invisibilizan porque para quienes tienen el poder político y económico son un mal ejemplo. Inspiran la lucha emancipatoria de los pueblos y demuestran que sí son posibles otras formas de vida que protegen el planeta. Esto es contrario al proyecto de dominación hegemónica que se impone en todo el mundo y que pretende saquear los recursos estratégicos de los pueblos», denuncia.

Reconoce que se enfrentan a un enemigo fuerte. En estos momentos, por ejemplo, están trabajando contra 50 proyectos de generación de energía, «otorgados ilegal e ilegítimamente», apunta. «Hay 43 proyectos hidroeléctricos que privatizan ríos y 7 eólicos concedidos a grandes transnacionales. Solo en nuestra zona tenemos la amenaza de más de 100 concesiones mineras en el contexto de la entrega más brutal que ha habido en este país. Se están aprobando más de 870 concesiones mineras, el Estado les ha otorgado el 30% del territorio. Esto significa que la crisis y la conflictividad por el agua va aumentar, y también la militarización. El trabajo es infinito».

En este sentido, y desde su experiencia sobre el terreno, Berta lanza un mensaje a los líderes mundiales que se reunirán a finales de este año en París en la Conferencia sobre el Clima, la COP21: «Basta de hablar y hablar, queremos que actúen y eso empieza por el reconocimiento de que la destrucción ambiental y el cambio climático tienen razones estructurales. La gran causa es el capitalismo y mientras que no se eche atrás este sistema depredador se seguirán reuniendo en todo el tiempo que quede para la destrucción total del planeta».

AU: Preocupación por la seguridad de Omar Esparza, Viudo de Bety Cariño

RedTDT

Se pide hace llegar esta Acción Urgente a las autoridades aquí aludidas, porque en virtud de los hechos aquí relatados se concluye que existe riesgo de la vida de Omar Esparza, viudo de Bety cariño, defensora de derechos humanos asesinada en abril de 2010. La información es compartida por Amnistía Internacional, quien ha emitido una Acción Urgente (clic aquí para descargarla). El contexto es el siguiente:

El viudo de una defensora de los derechos humanos asesinada en 2010 ha sido informado de que existen planes para acabar con su vida. Estas amenazas se han producido tras una serie de actos intimidatorios dirigidos contra él y contra otras personas que piden que se investigue el asesinato.

El 17 de mayo, Omar Esparza, viudo de una defensora de los derechos humanos asesinada en abril de 2010, obtuvo información de una fuente fidedigna, según la cual un grupo armado de asesinos a sueldo habría recibido el encargo de matarlo. Posteriormente, varias fuentes corroboraron la información y confirmaron los detalles. Las amenazas contra Omar Esparza parecen estar relacionadas con su petición de que se haga justicia por el homicidio de su ex esposa, Bety Cariño. En la madrugada del 1 de junio, varias personas no identificadas intentaron entrar en la casa en la que residen los hijos de Omar junto con varias personas de su familia.

Estas amenazas de muerte suponen un nuevo episodio en la sucesión de actos intimidatorios que ha sufrido Omar Esparza. A lo largo de cinco años, Omar ha estado al frente de un movimiento social que exige que se investigue el homicidio de Bety Cariño, que tuvo lugar en 2010 cerca de la localidad indígena de San Juan Copala, en el estado de Oaxaca. Tras exigir durante años que se avanzase en la investigación criminal, dos personas sospechosas fueron arrestadas en 2015. Dos mujeres indígenas de la comunidad indígena triqui, que habían sido testigos oculares del homicidio, recibieron amenazas después de una de las detenciones. Además, unas semanas después que se detuviera al segundo sospechoso, en marzo de 2015, una persona emparentada con el detenido llamó a Omar Esparza para exigirle que se retractase de sus declaraciones públicas contra él.

En 2012 se dictaron órdenes de detención contra una banda armada –aparentemente vinculada a las autoridades municipales y estatales– en relación con el homicidio de los defensores de los derechos humanos Bety Cariño y Jyri Jaakkola, cometido en abril de 2010. Diez de los acusados permanecen en libertad, ya que las autoridades estatales y federales han eludido reiteradamente cumplir las órdenes de detención, al parecer por miedo a las represalias de la banda.

Continúan las violaciones a los derechos humanos del luchador social Victor Andrés Cruz Chi

Víctor Andrés Chí es un luchador social en defensa del medio ambiente, de los derechos humanos y de la Madre Tierra. Desde el 2013 que inició su lucha junto con la comunidad indígena de Zacualpa contra el proyecto minero en el estado de Colima, no ha dejado de recibir, al igual que su familia, amenazas de muerte, intimidaciones, persecución, vigilancia policiaca, intercepción de su celular y hasta ha sido desplazado de su trabajo. El Sr. Cruz Chi ha tenido que abandonar el estado en varias ocasiones para resguardar su vida, protección que el gobierno del estado, lejos de garantizar su seguridad, lo persigue, lo amenaza y le imputa acusaciones absurdas como “terrorismo” entre otras acusaciones falsas.

El Sr. Cruz Chi, miembro de la organización Bios Iguana., A.C. y de la Red Mexicana de Afectados por la Minería (REMA), se ha entrevistado ya con las autoridades del estado y con el propio titular de la Comisión Estatal de Derechos Humanos; ha interpuesto denuncias y antecedentes de los hechos a las instancias correspondientes. Sin embargo, el gobierno del estado se esfuerza por enrarecer aún más el clima preelectoral bastante difícil para la entidad y otros estados del país.

Exigimos el Estado de Derecho, así como el respeto a los derechos humanos de las y los defensores de derechos humanos de Colima. Responsabilizamos de cualquier daño  físico y moral contra el Sr Cruz Chi y su familia, a Mario Anguiano Moreno, gobernador del estado de Colima; a Raúl Pinedo Dávila, Secretario de Seguridad Pública; a Rogelio Rueda Sánchez, Secretario General de Gobierno; y a Roberto Chapula de la Mora,  Presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos.

ALTO A LA PERSECUCIÓN DE DEFENSORES Y
DEFENSORAS DE DERECHOS HUMANOS EN COLIMA

OTROS MUNDOS, A.C./AMIGOS DE LA TIERRA MÉXICO
San Cristóbal de las Casas, Chiapas, México, 2 de junio de 2015

 

-Revista Proceso: Denuncian amenazas de muerte contra activista en Colima

-AMENAZAN A LOS INTEGRANTES DE LA ORGANIZACIÓN BIOS IGUANA, A.C. POR CASO ZACUALPAN, COLIMA

LIBERTAD AL DEFENSOR AMBIENTAL EVGENY VITISHKO

CARTA

San Cristóbal de las Casas, Chiapas, México; 17 de Mayo de 2015.

EDUARD RUBÉNOVICH MALAYÁN
Embajador Extraordinario y Plenipotenciario
de la Embajada de la Federación de Rusia en los Estados Unidos Mexicanos
Dirección: Maestro José Vasconcelos 204,
Cuauhtémoc, Hipódromo Condesa,
06140 Ciudad de México, D.F.

Excmo. Sr. Eduard Rubénovich Malayán.

La Organización Otros Mundos, A.C./Amigos de la Tierra México, institución no gubernamental y sin fines de lucro trabaja para proteger y promover los derechos humanos universales, incluyendo el derecho a un medioambiente saludable y a proteger a aquellas personas que defienden estos derechos.

Por lo tanto, nos preocupa enormemente la situación de Evgeny Vitishko, integrante del Observatorio Ambiental del Cáucaso Septentrional, organización regional de la Unión Socioecológica Rusa / Amigos de la Tierra Rusia y un respetado defensor del medioambiente.

El 15 de abril de 2015, el tribunal del distrito de Kirsanovsky en la región de Tambov rechazó el pedido de libertad condicional para Evgeny Vitishko. En esta audiencia, la administración de la colonia penal insistió que no se podría otorgar la libertad condicional a Evgeny Vitishko porque este había recibido varias amonestaciones.

Entre ellas, darle ropa suya a otro prisionero que no tenía abrigo y tenía frío; sentarse en su cama en un momento sin autorización; dormir en un momento sin autorización en una celda de aislamiento; almacenar comida en un lugar no autorizado; recibir correspondencia de su abogado sin notificarle a la administración de la colonia penal y una «actitud negligente ante el desmalezamiento de los tomates». Como respuesta, Evgeny Vitishko explicó que algunas de estas «violaciones» no habían ocurrido y que otras eran exageradas. Además, Vitishko denunció al tribunal las violaciones cometidas por la administración de la colonia penal, incluyendo el uso ilegal de equipamiento de retención en contra de los prisioneros.

En la audiencia ante el tribunal, el fiscal apoyó la posición de la administración de la colonia penal de no otorgarle la libertad condicional a Evgeny Vitishko debido al hecho de que no había admitido «ser culpable» y que si se lo liberaba «continuaría haciendo lo que estaba haciendo». La defensa de Evgeny Vitishko señaló que por ley, el otorgamiento de libertad condicional no puede depender de la admisión de culpabilidad.

Sin embargo, el tribunal se puso del lado del fiscal y la administración de la colonia penal y falló que Evgeny Vitishko debe continuar cumpliendo con su condena. La defensa tiene pensado apelar la decisión.

El 6 de abril de 2015, se le informó a Evgeny Vitishko que la Suprema Corte de la Federación Rusa había rechazado su apelación relativa a su condena. Por lo tanto, la libertad condicional es la única esperanza para que Vitishko sea liberado.

En función de la información descrita anteriormente:

Le pedimos a las autoridades rusas competentes que liberen a Evgeny Vitishko inmediatamente y sin condiciones ya que es un prisionero de conciencia que fue encarcelado simplemente por ejercer su derecho a la libertad de expresión de forma pacífica;

Expresamos nuestra gran preocupación por las amonestaciones formales emitidas sin fundamento que representan una forma de acoso contra Evgeny Vitishko y exigimos que este acoso se detenga inmediatamente.

Atentamente,

OTROS MUNDOS, A.C.
AMIGOS DE LA TIERRA MEXICO

CC:

– Sergey E. MAKHOVNEV, Agregaduría Militar y Naval de la Embajada Rusa en México.
– Gennadii Aleksandrovich Kornienko, Director del Servicio Federal de Ejecución de Penas.
– Dmitry V. BOLBOT, Cónsul interino en México.
– Dr. Nikolay A. SHKOLYAR, Consejero de la Sección de Economía y Comercio de la Embajada Rusa en México.

Su crimen: Defender nuestra agua

¡Ha llegado el momento de defender a los que nos defienden!

Mientras los políticos corruptos y narcotraficantes se pasean por nuestro país libremente, dos valientes líderes indígenas están tras las rejas. ¿Su crimen? intentar detener la construcción de un acueducto ilegal que les despojaría del agua del que depende su gente.

Ahora, solo una acción ciudadana urgente puede lograr su liberación y la detención del proyecto.

La tribu Yaqui vive en el desierto de Sonora. Y en los últimos años no solamente han tenido que pelear contra las sequías, sino también contra los mega-proyectos que están contaminando y llevándose el agua de la zona, amenazando así la supervivencia de la gente y sus cultivos.

Nos jugamos mucho más que un acueducto — si permitimos la condena de Mario y Fernando, acabaremos resignándonos a la criminalización y persecución de todos aquellos que dan su vida para proteger nuestros bienes naturales y nuestros derechos. Ha llegado el momento de defender a los que nos defienden. Une tu voz a la Caravana de la Tribu Yaqui:

https://secure.avaaz.org/es/tribu_yaqui/?bfSDtdb&v=58374

Sin informar ni consultar a la tribu Yaqui, en enero de 2010, el gobierno del estado de Sonora inició la construcción del acueducto Independencia – con el pretexto de dar agua a Hermosillo. A pesar de que la tribu Yaqui ha ganado la batalla legal, las acciones ilegales del gobierno continúan hasta el día de hoy.

Mario y Fernando, líderes contra el acueducto, fueron detenidos por hombres vestidos de civiles y trasladados en vehículos no oficiales. Ambos están en la cárcel, acusados de crímenes que no cometieron.

Del 11 al 22 de mayo, la tribu Yaqui junto con decenas de organizaciones estará llevando a cabo la Caravana Nacional por el Agua, el Territorio, el Trabajo y la Vida. Este movimiento nos habla de nuestra posibilidad de generar cambios de fondo y empezar a valorar y defender la riqueza de nuestro país y la promesa a las siguientes generaciones.

Ojalá estas palabras te mojen y te inviten a caminar mano a mano con los Yaquis para desmantelar el acueducto Independencia y exigir la liberación de aquellos quienes defienden la vida:

https://secure.avaaz.org/es/tribu_yaqui/?bfSDtdb&v=58374

Con determinación,

Ana Sofía, Luis, Patri y todo el equipo de Avaaz

«Si la tierra es sagrada, sagrados son también los que la defienden»- Eduardo Galeano

Más información:

Caravana Nacional por la Defensa del Agua, el Territorio, el Trabajo y la Vida
http://caravanaporlavidamx.blogspot.mx/

Consulta a la Tribu Yaqui (Misión Civil de Observación)
https://observacionconsultayaqui.wordpress.com/

El Acueducto Independencia amenaza la sobrevivencia del pueblo Yaqui (CEMDA)
http://www.cemda.org.mx/el-acueducto-independencia-amenaza-la-sobrevivencia-del-pueblo-yaqui/

La historia de Mario Luna, el vocero yaqui detenido que lucha contra acueducto en Sonora (Animal Político)
http://www.animalpolitico.com/2014/09/la-historia-de-mario-luna-el-lider-yaqui-detenido-por-protesta…

Afecta a tribu yaqui la construcción del Acueducto Independencia (La Jornada)
http://www.jornada.unam.mx/2015/03/04/sociedad/042n1soc