Muchos agricultores han decidido abandonar el cultivo de maíz y soja a causa de «la contaminación inevitable que provocaría»
Monsanto contra el pueblo
Charlotte Silver, Al Jazeera magazine
Fuente: Rebelion.org
La semana pasada, Monsanto les comunicó a sus accionistas los asombrosos beneficios obtenidos en 2012. Al mismo tiempo, agricultores norteamericanos hacían juicio en Washington para desafiar el derecho de los gigantes de la biotecnología a que demandaran a los agricultores cuyos sembrados habían sido contaminados por las semillas de Monsanto. El 10 de enero comenzaron las presentaciones orales ante la Corte de Apelaciones de EE.UU., para decidir si se invertía el rechazo a la causa, de febrero pasado.
Las ganancias de Monsanto duplicaron, casi, las proyecciones de los analistas, y el total de sus ingresos alcanzó los $ 2.94 billones a fines de 2012. El aumento de precio del herbicida Roundup siguió dominando el mercado de Estados Unidos y, quizá, lo más significativo es que los mercados de América Latina constituyen factores que contribuyen al floreciente negocio de Monsanto.
Al explotar su maíz, soja y algodón transgénicos patentados, Monsanto asegura un odioso control sobre las industrias agrícolas de EE.UU., y exprime con eficacia a los agricultores convencionales, o sea, los que usan semillas no transgénicas. Así elimina las posibilidades de ellos de participar en el mercado y ser competitivos. (Hasta fines de 2013, el Departamento de Justicia investigaba a Monsanto por violar las leyes anti-trust con sus actividades en contra de la competencia hacia otras compañías biotecnológicas, pero esa investigación fue discretamente cerrada antes de fin de año.)
Hay un proceso legal en curso, aparentemente modesto: Osgata et al v Monsanto, que había sido iniciado en marzo de 2011, y consiste en conseguir protección legal para los agricultores de cultivos orgánicos convencionales, contra el agresivo procesamiento que aplica Monsanto a la violación de sus patentes. Pero las consecuencias de este juicio son trascendentales. Si la Corte de Apelaciones del DC (capital) invierte el rechazo, se iniciará un proceso de descubrimiento que podría revelar la reserva de información que Monsanto ha venido ocultando al conocimiento público, tanto por esconderlo como por impedir la investigación independiente.
Monsanto abusa de las patentes
Entre 1997 y 2010, Monsanto inició 144 juicios contra familias de agricultores, y solucionó 700 casos fuera de la Corte. Más aun: grupos relacionados con la alimentación calculan que Monsanto investiga a cientos de agricultores en busca de posibles culpables de infracción a las patentes.
Las víctimas de los depredadores juicios de Monsanto son los agricultores que usaron semillas de la gran empresa sin hacer caso de la patente, y también los que jamás tuvieron la menor intención de sembrar plantas transgénicas. Osgata et al v. Monsanto se ocupa de este segundo grupo y representa a 31 granjas y agricultores, a 13 empresas de venta de semillas, a 31 organizaciones agrícolas que representan a más de 300.000 individuos y a 4.500 granjas y agricultores.
Los demandantes exigieron una declaración legal que asegure que Monsanto no tenía derecho a demandarlos por infracción a la patente.
Jim Gerritson, presidente de OSAGA (Organic Seed Growers and Trade Association: Cultivadores de Semillas Orgánicas y Asociación Comercial), y precursor de la demanda, me explicó que los agricultores de semillas orgánicas y no transgénicas son «… un ejemplo clásico de por qué el Congreso aprobó la Ley de Juicio Declaratorio: si hay un grupo que teme sufrir la prepotencia de una gran compañía, puede pedir protección contra reclamos e infracciones a patentes».
Crisis del maíz: gusanos provocan serios daños a la cosecha
Sin embargo, las cortes federales siempre han protegido los derechos de Monsanto a sus beneficios a través de un sistema de patentes que obstaculiza cada vez más la libertad individual y de mercado al permitir que Monsanto abuse de sus derechos de patente. Osgata está representada por el abogado Dan Ravicher y por la Fundación Pública de Patentes, una organización que se dedica a crear un sistema justo de patentes, que procura un equilibrio entre la libertad individual y la emisión ética de patentes.
Monsanto se ha creado una reputación convenientemente intimidatoria, como implacable fiscal de los agricultores no transgénicos cuyos campos han sido contaminados por el maíz genéticamente que sembraron sus vecinos, ya sea a través de la polinización cruzada o por la mezcla accidental de semillas durante la cosecha.
A raíz de estos ejemplos aterradores, los agricultores ha asumido la responsabilidad de impedir la contaminación, estableciendo límites a las pruebas genéticas y, en algunos casos, directamente absteniéndose de sembrar.
Efecto monopólico
Osgata muestra en detalle cuántos agricultores convencionales han desistido de sembrar determinados cultivos, con la intención de resaltar la monopolización que es consecuencia de la agresiva persecución de Monsanto a los casos de infracción de patente. Se ha estimado que hay un 88% de maíz y un 93% de soja modificados genéticamente, la mayoría, a manos de Monsanto. Bryce Stephens, agricultor de cultivos orgánicos del Noroeste de Kansas, es uno de esos agricultores que ha decidido dejar de cultivar maíz y soja, a consecuencia de la inevitable contaminación que ocurriría.
«Mi temor a la contaminación por medio de maíz y soja transgénicos y el consecuente riesgo de ser acusado de violar la patente me impiden cultivar maíz y soja en mi campo. No existe otro motivo por el cual no siembro esas plantas, aunque me gustaría mucho hacerlo.»
Gerritson me lo explicó así: «Los agricultores han sufrido pérdidas económicas. Ya no cultivan maíz y soja porque están seguros de que sus cultivos van a ser contaminados. No pueden arriesgar sus campos y sus familias ante la posibilidad de ser procesados por infracción a la patente».
Monsanto sabe que los consumidores no comprarían sus productos por su propia voluntad, lección que aprendieron en Europa cuando se exigió que los alimentos transgénicos llevaran esa precisión en sus etiquetas. En Norteamérica, la compañía y sus aliados han gastado millones en impedir las iniciativas locales de etiquetamiento como, por ejemplo, hace poco, en California. Pero si bien la compañía logra dejar fuera a los agricultores convencionales, los norteamericanos no tienen alternativa… con o sin etiqueta.
A pesar de la creación de este peligroso monopolio, en febrero de 2012, la jueza Naomi Reice Buchwald aprobó la solicitud de Monsanto y rechazó el procesamiento inicial, calificando a las preocupaciones de los agricultores como «exageradas», e instándolos a confiar en las promesas de Monsanto (que no eran legalmente vinculantes) de no ejercer sus derechos de patentes hacia la contaminación involuntaria de rastros transgénicos en las plantas; declaró que los agricultores habían inventado una controversia que no existía, en realidad.
Si el caso iniciado por los agricultores logra seguir adelante, lo mínimo que va a ocurrir es de fundamental importancia: que, a través del proceso de descubrimiento, el público tendrá acceso a un hallazgo de información que la gran empresa había logrado mantener oculta. Ravicher está convencido de que, entonces, podrá determinarse que los productos traficados por Monsanto no son sanos y, en consecuencia, no son buenos para la sociedad. Citó un caso de hace 150 años, y nos lo recuerda: «… una invención para envenenar al pueblo no es patentable».
Es evidente que está creciendo el movimiento para derrotar a Monsanto. Gane o pierda esta vuelta, el pueblo no va a desistir en su lucha por derribar a este monstruo.
Charlotte Silver es una periodista radicada en San Francisco y West Bank. Obtuvo su título en la Universidad de Stanford.
Traducido del inglés por Ana Silvia Mazía
El próximo 25 de mayo activistas de decenas de países en todo el mundo participarán en una protesta global contra el gigante biotecnológico Monsanto, levantando su voz contra sus excesos contra la naturaleza, los agricultores y los consumidores.
Otra causa de la indignacion de los activistas es la así llamada ‘Ley de Protección de Monsanto’ (Monsanto Protection Act) que niega competencia a las cortes de justicia federales para detener inmediatamente la plantación y venta de cosechas transgénicas.
Desde los primeros días de diciembre, la Campaña Nacional Sin maíz no hay país solicitó audiencia al Secretario de Agricultura, Enrique Martínez, al Secretario de Medio Ambiente, Juan Guerra y a la Secretaria de Salud, Mercedes Juan. A excepción de Martínez, quien ofreció una reunión con funcionarios menores, la cual se rechazó por oficio, mismo que no tuvo respuesta; ni el Secretario Guerra, ni la Secretaria Mercedes Juan han dado respuesta a la petición de audiencia solicitada en los términos que señala la Constitución. 
Demandamos que se escuchen las múltiples voces que se han manifestado en contra de la siembra de maíz transgénico en Costa Rica, y que el gobierno que ustedes integran garantice el resguardo de la biodiversidad, la seguridad y la soberanía alimentaria rechazando la incursión de estos peligrosos cultivos en el territorio nacional. 
Las empresas Monsanto, DuPont y Dow han solicitado al gobierno plantar más de 2,400,000 hectáreas de maíz transgénico, un área sin precedentes en el corazón de nuestros cultivos. Más de la mitad de esa solicitud es para el maíz Mon603, el mismo tipo de maíz que ha causado tumores terribles según un reciente estudio científico en Francia.
Con una intensidad inusitada América Latina está sufriendo un avance de las corporaciones del agronegocio que recuerda a la primera embestida en el marco de la Revolución Verde en los años 60 o al primer desembarco de los transgénicos en los 90. De punta a punta del continente americano, y con diferentes matices, la invasión de transgénicos amenaza la posibilidad del cultivo de la tierra y de la alimentación para millones de campesinos, pueblos originarios y consumidores. La lista abarca a casi la totalidad de los países y por mencionar únicamente los casos emergentes podemos empezar nuestro recorrido desde el Sur con el golpe parlamentario en Paraguay que tuvo como uno de sus ejes la intención de lograr la autorización del maíz transgénico que el gobierno de facto ya intenta instrumentar. En Argentina, Monsanto quiere montar la planta más grande de América Latina para procesar maíz transgénico y existe la intención de modificar la Ley de Semillas para adecuarla a las necesidades de dicha empresa. En la región andina nos inquietan los intentos de quebrar la prohibición de los transgénicos en Bolivia y Ecuador con argumentos insostenibles. En Costa Rica la Comisión de Bioseguridad intenta también aprobar un maíz transgénico.
Están en proceso las primeras solicitudes de las transnacionales Monsanto y Pioneer (propiedad de DuPont) para sembrar maíz transgénico a escala comercial en México: un millón 400 mil hectáreas en Sinaloa y más de un millón de hectáreas en Tamaulipas. Esto equivale a una superficie mayor que todo el Estado de México, 17 veces mayor que el Distrito Federal, y mayor que la suma del todo el DF, Morelos, Tlaxcala, Colima y Aguascalientes juntos. Es también muy superior a decenas de países enteros, por ejemplo, mayor que todo El Salvador, Kuwait o Luxemburgo.
Apicultores del sureste lograron impedir, mediante dos suspensiones obtenidas en juicio de amparo, la siembra de soya transgénica en 253 mil 500 hectáreas de Campeche, Quintana Roo, Yucatán, Tamaulipas, San Luis Potosí, Veracruz y Chiapas.
SE DENUNCIA A LA OPINIÓN PÚBLICA NACIONAL E INTERNACIONAL, QUE desde el 11 de mayo de 2012, LA SEMARNAT HA EMITIDO EL DICTAMEN favorable EN MATERIA DE IMPACTO AMBIENTAL, PARA LA LIBERACIÓN AL AMBIENTE DE LA SOYA TRANSGÉNICA DE MONSANTO (Monsanto Comercial S.A. de C.V.) EN ETAPA COMERCIAL EN LA PENÍNSULA DE YUCATÁN, CAMPECHE, QUINTANA ROO, CHIAPAS, VERACRUZ Y SAN LUIS POTOSÍ, DE 13’075,000 KG EN 253,700 HECTÁREAS, A PARTIR DEL CICLO AGRÍCOLA PRIMAVERA-VERANO 2012, CON VIGENCIA INDEFINIDA.
La tecnología Terminator (que quiere decir “exterminador” en inglés), se refiere a modificaciones genéticas hechas en las plantas para producir semillas estériles, o sea, que no se reproducen. En el medio científico esta tecnología se llama GURTs, que es la sigla en inglés para “Tecnologías Genéticas de Restricción de Uso”. De este modo, hay un control biológico del uso propio, ya que la semilla que es guardada de la cosecha de una variedad con tecnología Terminator no podrá ser usada para plantar en la zafra siguiente, ya que no germinará, porque está muerta.
Un Grupo Técnico de Especialistas contratado por Naciones Unidas evaluó los impactos potenciales de las GURTs sobre agricultores familiares, campesinos y comunidades tradicionales y concluyó que se configuran como una fuerte amenaza a la garantía de la soberanía y de la seguridad alimentaria de estas comunidades.
Una importante representación de científicos europeos y españoles ha expuesto este jueves y viernes, en Madrid, sus principales hallazgos sobre los riesgos e impactos de los cultivos y alimentos transgénicos, en el transcurso de las Jornadas Científicas Internacionales sobre Transgénicos «Los transgénicos en el ámbito científico, agrícola, medioambiental y de la salud» (1). Durante estos dos días se han puesto sobre la mesa suficientes evidencias científicas sobre sus impactos ambientales, sociales y económicos y sobre sus riesgos para la salud como para rechazar su introducción en la agricultura y la alimentación.