Libro: 12 tácticas utilizadas por empresas de palma aceitera para apoderarse de tierras comunitarias

Compartimos el libro de Movimiento Mundial por los Bosques Tropicales (WRM por sus siglas en Inglés): 12 tácticas utilizadas por empresas de palma aceitera para apoderarse de tierras comunitarias  >>Descargar el libro en Ingles<<  >>Descargar el libro en Francés<<

Se lanzó el libro “Promise, Divide, Intimidate and Coerce: 12 tactics palm oil companies use to grab community land” (Prometer, dividir, intimidar y coaccionar: 12 tácticas utilizadas por empresas de palma aceitera para apropiarse de tierras comunitarias), una publicación conjunta del Movimiento Mundial por los Bosques Tropicales (WRM), GRAIN y una alianza de organizaciones comunitarias y locales unidas por su lucha contra las plantaciones industriales de palma aceitera en África central y occidental, entre ellas RADD, SEFE, Synaparcam de Camerún, Muyissi Environnement de Gabón, y ERA/Community Forest Watch de Nigeria. 

El objetivo del libro es apoyar a las comunidades que deseen fortalecer su resistencia y prepararse mejor para impedir que las empresas establezcan plantaciones industriales de palma aceitera en sus tierras.

Presentación: 

Dondequiera que operan, las empresas de plantaciones de palma aceitera utilizan tácticas muy similares para tratar de apoderarse de las tierras de las comunidades. Sabiendo que pueden contar con el apoyo de políticos y autoridades estatales de alto rango, las compañías suelen hacer promesas que no pretenden cumplir, tratan de silenciar y marginar a quienes se oponen a sus planes e intentan dividir a las comunidades.

Toda vez que sea necesario coaccionan, intimidan, acosan e incluso matan a quienes se oponen a sus actividades. Los aldeanos, especialmente en lugares remotos, a menudo piensan que esa violencia, intimidación y acaparamiento de tierras solo les ocurre a ellos. Los representantes de la comunidad pueden llegar a creer inicialmente las promesas de la empresa palmícola porque desconocen las experiencias de las comunidades de otros lugares.

Sin embargo, la realidad es que la violencia -particularmente contra las mujeres, y sumándose en este caso la violencia sexual- es una parte inseparable del modelo de plantaciones industriales, y que las tácticas que utilizan las empresas para apropiarse de tierras comunitarias se han perfeccionado a través de décadas de experiencia en todo el mundo.

La importancia de una comunidad unida

Este informe describe las principales tácticas utilizadas por las empresas para apoderarse de las tierras comunitarias. Toma en cuenta aspectos tales como:

  • ¿Cómo hacen las empresas para engañar a las comunidades de modo que éstas consientan en darles el control sobre sus tierras? -¿Por qué las falsas promesas hechas por las empresas sobre la generación de empleos locales o sobre la prestación de servicios de salud y educación son tan efectivas que logran convencer a las comunidades para que les permitan ingresar a sus tierras?
  • ¿Qué pueden hacer las comunidades para parar el robo de sus tierras y la destrucción de los manantiales, arroyos, ríos y bosques locales, así como de otros lugares que se ven afectados por las plantaciones?
  • ¿Qué pueden hacer las comunidades en situaciones donde la empresa ya se ha apoderado de sus tierras?
  • Y, ¿por qué los proyectos promovidos por algunas empresas y gobiernos en los que los campesinos cultivan palma aceitera bajo contrato para la empresa dan como resultado endeudamiento y pobreza para los agricultores participantes?

Este informe no es un manual paso a paso que si se sigue impedirá que una empresa establezca una plantación en tierras comunitarias. Sino que objetivo de este libro es apoyar a las comunidades que desean fortalecer su resistencia y prepararse mejor para impedir que las empresas establezcan plantaciones industriales de palma aceitera en sus tierras. Si una comunidad es consciente de las experiencias de otras comunidades en otros lugares, puede reconocer más fácilmente las tácticas de la empresa. Una comunidad puede entonces discutir diferentes respuestas con anticipación, de modo que cuando una forma de resistirse a los planes de la compañía fracasa, la comunidad puede perseverar e intentar de otra manera diferente, mientras se prepara para nuevas tácticas a las que la compañía podría recurrir.

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Más información:  

RSPO: 14 años de fracaso en eliminar la violencia y la destrucción generadas por el sector del aceite de palma industrial 

[AUDIO] Antonio Castellanos: «Ha habido deforestación» por siembra de palma africana en Chiapas 

Manual: 13 respuestas a 13 mentiras sobre los monocultivos de palma aceitera

[Artículo] México deja a Monsanto infestar con sustancias de alto riesgo: ONGs; todo es legal, dice empresa

Artículo publicado por Sin Embargo – Marzo 2019

Por Karen Castillo, México, marzo 25, 2019

El problema de regulación de los plaguicidas en México permite a transnacionales como Monsanto la venta de plaguicidas con ingredientes activos considerados como altamente peligrosos por la Red Internacional de Acción Contra los Plaguicidas (PAN, por sus siglas en inglés), argumentan organizaciones civiles.

Marcas como Faena, Faena Forte, Harness y Harness extra de Monsanto son vendidas sin control y porque las reglas lo permiten, pese a que sus fórmulas contienen elementos como glifosato, acetoclor, clopirifos etil y alaclor, asociados con padecimientos endocrinos y también cancerígenos.  

El uso de los fertilizantes químicos tiene un lugar privilegiado en México. En 2017, el 69 por ciento del total de hectáreas sembradas en el país –15 millones 098 mil 297– hizo uso de este tipo de tecnología. La venta de productos químicos para el campo, incluidos los plaguicidas, se realiza bajo pocos controles estatales que son respetados por la empresas, pero que a su vez ignoran las recomendaciones internacionales sobre la toxicidad de cada una de los ingredientes activos, denuncian ambientalistas y científicos. La endeble regulación, que ha permitido el paso de 183 activos considerados como “altamente peligrosos” y otros 140 prohibidos en otros países, privilegia a las grandes empresas internacionales que tienen el oligopolio mundial de plaguicidas y semillas modificadas. De acuerdo con la Red de Acción de Plaguicidas y Alternativas en México (Rapam), en el mundo cuatro empresas controlan el 75 por ciento del mercado mundial de plaguicidas: Dow Dupont, ChemChina, BASF y Bayer-Monsanto.

En México, Bayer- Monsanto tiene 456 productos inscritos en el Registro Sanitario de Plaguicidas de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris), a pesar de que algunos de sus ingredientes activos –glifosato, acetoclor, clorpirifos etil, alaclor– se encuentran prohibidos en otros países al estar relacionados con padecimientos endocrinos y cancerígenos. 

Al respecto Rodrigo Ojeda, director Legal de Monsanto, dijo en entrevista con SinEmbargo que esta empresa opera respetando la regulación de cada país.

“Monsanto opera en los diferentes países con base a la regulación existente. La verdad es que sí, en ciertos países existe regulación específica en donde se establece o se manifiesta que no debe usarse un determinado agroquímico. Monsanto siempre es respetuoso de las leyes de esos países. En el caso de aquellos países en donde su análisis ha sido que ciertos plaguicidas no causan daño, nosotros conforme al marco jurídico seguimos presentando a las autoridades nuestros expedientes para la autorización de esos productos. Si aquí en México o en Estados Unidos las autoridades regulatorias determinan con su propio análisis de riesgo y la información científica que se les presenta es que el producto es viable para ser usado por los agricultores, nosotros procedemos hacia adelante”, explicó. 

EL CASO DEL GLIFOSATO

El glifosato actualmente es el herbicida más usado a nivel mundial. Fue creado por Monsanto bajo la marca Roundup y se ha comercializado desde la década de los 90 del siglo pasado.

De acuerdo con la Rapam, en México está sustancia activa cuenta con un total de 110 registros autorizados vigentes en cualquiera de sus usos. La mayoría de las formulaciones se destinan a cultivos de granos, hortalizas, frutas, caña de azúcar, café, entre otros. 

Su comercialización está autorizada para 45 empresas, entre ellas Monsanto, que cuenta con 21 registros con vigencia indeterminada que incluyen autorizaciones para el control de malezas en la agricultura, las áreas urbanas e industriales, el control de lirio acuático, en vías de comunicación, en jardinería y en productos destinados para exportación.

El activo forma parte de la lista de plaguicidas altamente peligrosos de la PAN y del listado del grupo 2 de posibles cancerígenos de la Agencia Internacional para la Investigación para el Cáncer (IARC) de la Organización Mundial de la Salud (OMS). 

Un estudio realizado por la Red Internacional de Acción Contra los Plaguicidas (PAN, por sus siglas en inglés) reveló que el glifosato es capaz de producir intoxicaciones agudas, daños en los riñones, hígado e intestino, cáncer, alteraciones endocrinas, disminución de fertilidad y daños en el feto, neurológicos, alteraciones hormonales y alteraciones del microbioma intestinal.

Por su parte, la empresa argumenta que el “glifosato inhibe una enzima que es esencial para el crecimiento de las plantas, pero que no se encuentra en los seres humanos, ni en los animales. Por tanto, su riesgo para la salud humana es realmente bajo”. Asimismo, niega que el plaguicida sea un producto cancerígeno e insiste en que existen más de 400 estudios científicos que así lo avalan. 

Para su defensa Monsanto retomó un estudio de 2015 realizado por la Agencia Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA por sus siglas en inglés), en el que se descartó que el glifosato fuera carcinógeno en humanos, contraviniendo la decisión de la IACR tomada unos meses antes.

El estudio levantó una nueva controversia que llevó al Observatorio Europeo de las Corporaciones a realizar un análisis comparado de ambas investigaciones. Los resultados destacaron que la IARC había examinado sólo información pública y que había realizado reuniones abiertas a la participación de observadores que incluían a la industria y a organizaciones no gubernamentales. Por el contrario, la EFSA además de basar su investigación en información pública había retomado estudios financiados por la industria, proporcionados por un grupo de expertos encabezados por Monsanto.

EL JUICIO CONTRA EL GLIFOSATO

El pasado 10 de agosto, un juzgado de Estados Unidos ordenó a Monsanto el pago de 289 millones de dólares a Dwayne Johnson, quien padece un tipo de cáncer terminal: linfoma de no Hodking. El demandante alegó que el herbicida Roundup, que roció durante su trabajo como jardinero en el distrito escolar de benicia, era el causante de su enfermedad. 

María Colín, representante legal de Greenpeace, argumentó que estos casos son un primer referente jurídico de los posibles daños ocasionados por el glifosato que contravienen el discurso que hasta ahora sostiene la empresa.

“A nivel mundial lo que dicen las empresas es que hay demasiadas evidencias científicas como para decir que no se puede vincular afectaciones a la salud por parte del glifosato, esa es la manera en que ellas se conducen. La realidad es que los artículos científicos más recientes consideran que el glifosato también se puede ligar con linfoma de no Hodgkin, que es un tipo de leucemia en la sangre y con otras afectaciones a polinizadores. Y además se avala la evidencia de la IARC de que es un probable carcinogénico en humanos, aunque la evidencia comprueba el daño en animales. Los casos que se han judicializado están llegado a la conclusión de que empresas como Monsanto- Bayer han actuado maliciosamente ocultado información que ya tenían”, agregó.

OTROS PRODUCTOS DE MONSANTO

En el Registro Sanitario de Plaguicidas, Nutrientes Vegetales y LMR de la Cofepris, Monsanto tiene registrados 38 productos, 21 de ellos tiene como ingrediente activo al glifosato; cinco tienen como base alaclor (en uno de los casos combinado con atrazina) la sustancia activa de tres más es el acetoclor y otros dos tienen como base el clorpirifos etil.

Todas estas sustancias son consideradas como altamente peligrosas por la PAN y todas están prohibidos en por lo menos un país. Los datos de la Rapam atribuyen 48 prohibiciones al alaclor, 28 al acetoclor, dos al clorpirifos etil y una al glifosato. Por su parte, los datos de Greenpeace atribuye 6 cancelaciones al glifosato (Francia, Holanda, Sri Lanka. El Salvador, Dinamarca y Bélgica.

En el catálogo de productos herbicidas de protección de cultivos de Monsanto se encuentran diferentes marcas: Defensa, Faena, Faena Fuerte, Harness, Harness Xtra, Roundup y Rival. De este grupo por lo menos cuatro tienen altas concentraciones de glifosato (Faena, Roundup, Faena Forte y Rival).

Faena es la más conocida en todo México y de acuerdo con los datos ofrecidos por su representante legal este representa alrededor de un 23 por ciento del total de ventas de glifosato en el país. Para su adquisición existe una lista regional, sin embargo, su compra puede realizarse a través de plataformas digitales como Mercado Libre en la que tiene un costo desde 123 pesos.

Foto: Diego Simón Sánches Cuartoscuro

Más información: 

Encuentran glifosato y OGMs en muestras de harina de maíz de Maseca

[Artículo] Huachicoleo científico 

[Boletín] ONGs conservacionistas: ¿Qué intereses protegen en realidad?

Boletín informativo del  Movimiento Mundial por los Bosques Tropicales (WRM) >>Descargar el boletín en pdf<<

Presentación:

ONGs conservacionistas: ¿Qué intereses protegen en realidad? Nuestra opinión Más allá de los bosques: ONGs conservacionistas se transforman en “empresas”  

Este Boletín cuenta con artículos escritos por las siguientes organizaciones e individuos: Avispa Midia, the Mulokot Foundation Suriname, Rainforest Foundation UK, All India Forum of Forest Movements (AIFFM), The Oakland Institute e integrantes del secretariado del WRM. 

Si antes las organizaciones conservacionistas se dedicaban a recaudar dinero para crear áreas protegidas en bosques supuestamente amenazados de destrucción, hoy éstas forman una verdadera «industria» trasnacional que administra y controla áreas que van mucho más allá de los bosques.

El Movimiento Mundial por los Bosques Tropicales (WRM) cree firmemente que no es posible separar al bosque de las comunidades que de él dependen. Esa visión se opone a la de las ONGs conservacionistas, que defienden una naturaleza sin gente, inspiradas en el modelo de parques nacionales creado en Estados Unidos. (1) Por eso la creación y expansión de áreas protegidas sin comunidades viene siendo una preocupación constante para el WRM.

Es un hecho que los proyectos destructivos, como los madereros, mineros o de agronegocios, ocasionan impactos terribles sobre los bosques y las comunidades. Sin embargo, los parques de conservación, cuando imponen restricciones a la ocupación humana, también expulsan comunidades y/o prohíben que éstas usen lo que consideran su casa, de donde obtienen casi todo lo que necesitan, con el argumento perverso de que son las comunidades las causantes de la destrucción del bosque. 

Las verdaderas fuerzas destructivas avanzaron sobre los bosques al mismo tiempo que las ONGs conservacionistas. Esas organizaciones fueron cruciales en la construcción de la idea neoliberal de que la naturaleza sólo se salvará si se le establece un precio, ya que brinda «servicios» por los cuales hay que pagarle a alguien. Así nació el llamado «ambientalismo de mercado».

Esto les gustó a las industrias contaminantes: ahora tienen permiso para seguir contaminando mientras que muestran una cara limpia. Pueden «compensar» parte de las emisiones que generan al quemar petróleo, gas y carbón mineral pagando para «proteger» un bosque o establecer una plantación de árboles. Y en lugar de reducir sus emisiones, que son la causa de los cambios del clima, hacen propaganda de sus «buenas acciones».

A la inversa de lo que el sentido común podría indicar, las ONGs conservacionistas están entre los mayores beneficiarios de la destrucción de los bosques: lograron obtener un fuerte acceso a esta nueva fuente de recursos de las industrias y los gobiernos de los países más contaminantes, protagonizando proyectos que perjudican a las comunidades que usan y protegen los bosques. 

Una clara demostración de esto es el papel de dichas ONGs en los proyectos REDD+ (Reducción de Emisiones de la Deforestación y la Degradación de los bosques) alrededor del mundo, entre ellas The Nature Conservancy (TNC), Conservation International (CI), World Wildlife Fund (WWF), Wildlife Conservation Society (WCS) y Wildlife Works Carbon (WWC). Según estas organizaciones, el mecanismo REDD+ no sólo respondería a la crisis climática sino que también beneficiaría a las comunidades en las zonas de los proyectos. Sin embargo, la visión dominante de los programas y los proyectos REDD+, promovidos por estas organizaciones, es que las comunidades son obstáculos y representan amenazas para los bosques, por lo que se les termina prohibiendo o restringiendo su acceso y uso. (2)

Indice

  • Nuestra opinión: Más allá de los bosques: ONGs conservacionistas se transforman en “empresas”….2
  • La industria de la conservación: ¿Un sector con fines de lucro?……………………………………………………6
  • Mujeres indígenas Baiga en India: “Nuestra historia debe ser escuchada”……………………………………11
  • El pueblo indígena Wayana en Surinam y las ONGs conservacionistas: Una historia de “amor verdadero”…………………………………………………………………………………………………………………………..15
  • Desplazamiento y despojo en Tanzania: Cómo la “conservación” está destruyendo a los Maasai……20
  • Guatemala: Conservación perpetúa el saqueo de los bosques…………………………………………………..25
  • El Costo humano de las áreas estrictamente protegidas en la Cuenca del Congo………………………..29

ALERTAS DE ACCIÓN

  • India: ¡Se necesita tu apoyo urgente! ¡Más de un millón de personas están bajo riesgo de despojo de sus tierras y bosques!……………………………………………………………………………………………………………34
  • Brasil: Apoye al Cacique Babau y su familia…………………………………………………………………………….34
  • Únete al llamado por un nuevo enfoque de conservación…………………………………………………………..34
  • India: ¡Alto a la política brutal de “disparar sin previo aviso”!………………………………………………………34
  • Campesinos camboyanos contra el grupo Bolloré……………………………………………………………………..35
  • Argentina: No a las semillas transgénicas!………………………………………………………………………………35

RECOMENDADOS

  • WWF financia guardias que han torturado y asesinado personas………………………………………………..35
  • India: La conservación desde la comunidad en medio del conflicto……………………………………………..35
  • La Gran Mentira de la Conservación (“The Big Conservation Lie”)………………………………………………36
  • “Naturaleza cercada. Pueblos indígenas, áreas protegidas y conservación de la biodiversidad”………36
  • Nuevos Desafíos y Estrategias en Defensa de la Tierra y el Territorio (“New Challenges and Strategies in Defense of Land and Territory”)……………………………………………………………………………36 

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[PDF] La «integración de la biodiversidad» en las industrias extractivas: escondiendo la devastación y el acaparamiento de tierras

Les compartimos esta compilación de artículos del boletín del Movimiento Mundial por los Bosques Tropicales (WRM) con motivo de la catorceava reunión de la Conferencia de las Partes del Convenio de Diversidad Biológica (CDB) que se realiza del 17 al 29 de noviembre en Sharm El-Sheikh, Egipto

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Introducción: Compensaciones de la biodiversidad: legalizando la destrucción

Propuestas para «integrar la biodiversidad en los sectores de energía y minería, infraestructura, manufactura y procesamiento» estarán en la agenda de la conferencia del Convenio sobre la Diversidad Biológica (CDB), de la ONU, que se realizará en noviembre de 2018. Esta compilación de artículos del WRM destaca los numerosos peligros y amenazas que las propuestas de compensación de la biodiversidad representan para las poblaciones que dependen de los bosques así como para la propia biodiversidad, los bosques y el clima.

En noviembre de 2018, las Partes del Convenio de las Naciones Unidas sobre la Diversidad Biológica (CDB) celebrarán su 14º reunión para discutir, entre otros puntos, propuestas para la «integración de la biodiversidad en los sectores de energía y minería, infraestructura, manufactura y procesamiento».

El enfoque de la reunión no es una sorpresa. La realidad es que estos sectores de la industria son responsables de la destrucción a gran escala de la diversidad biológica; y las autoridades políticas, las ONG conservacionistas, las organizaciones multilaterales y financiadoras y las propias industrias están a la búsqueda de herramientas que oculten esta devastación. Numerosos anuncios, campañas de relaciones públicas e iniciativas de estos actores han comenzado a referirse a la biodiversidad (y a la naturaleza en general) como un ‘capital natural’.

También se refieren a las funciones y ciclos vitales y diversos de la naturaleza – tales como los espacios de vida de una red diversa de plantas y animales, el ciclo de nutrientes, la filtración del agua y el aire y la fertilidad del suelo-, como ‘servicios ecosistémicos’.

Siguiendo esta tendencia, según la Secretaria Ejecutiva del CDB, el actual modelo económico y de desarrollo mundial debe «tener en cuenta el capital natural y los servicios ecosistémicos que brinda la biodiversidad». (1)

No se trata de palabras elegidas al azar. Como el WRM ha señalado en numerosas ocasiones, reducir las funciones y los ciclos interconectados de la naturaleza a conceptos afines al mercado sienta las bases para el uso de una pieza clave en la expansión del modelo económico destructivo: las compensaciones. Ya sea para la biodiversidad, el carbono u otro similar, los sistemas de compensación se han convertido en la luz verde para destructivas actividades industriales que enfrentan cada vez más oposición popular y obstáculos legales.

En el caso de las compensaciones por pérdida de biodiversidad, el requisito para permitir que se realicen actividades destructivas en lugares donde la regulación ambiental no lo permitiría es que la biodiversidad destruida en el sitio de interés para la empresa sea recreada o reemplazada en otro lugar. Se supone que la biodiversidad perdida tendría que ser ‘equivalente’ a la zona supuestamente protegida o (re)creada. Sin embargo, además del hecho de que no hay dos lugares realmente equivalentes, la ‘equivalencia’ fabricada en realidad silencia importantes contradicciones y cuestiones de poder, derechos territoriales, desigualdades y violencia (ver los artículos de esta compilación).

El CDB y el Banco Mundial: abriendo el camino para establecer la pérdida de biodiversidad Si bien el término ‘compensación por pérdida de biodiversidad’ no aparece en el documento borrador de las decisiones de la conferencia del CDB sobre la integración de la biodiversidad, el mecanismo se deja ver claramente en las propuestas para incorporar la biodiversidad después de 2020 en el ‘enfoque estratégico a largo plazo’ del CDB. (2)

Instituciones de las Naciones Unidas, tales como su Programa para el Medio Ambiente (PNUMA), han estado trabajando con las industrias de la minería y la energía para influir en la agenda de la conferencia del CDB de noviembre. El Centro de Seguimiento de la Conservaci.n Mundial del PNUMA, por ejemplo, organizó en octubre de 2017 una reunión en Londres cuyo anfitrión fue IPIECA, la asociación de la industria del petróleo y el gas, con el objetivo de brindar «una oportunidad para que la industria, las asociaciones comerciales, los inversores, los gobiernos y otros expertos hagan aportes importantes al proceso que conduce a la Conferencia de las Partes del Convenio sobre la Diversidad Biológica de 2018». (3)

Un documento preparatorio de la Secretar.a del CDB, publicado en mayo de 2018, señala que «un gran número de países dependientes de la minería y ricos en diversidad biológica ya están aplicando políticas de compensación. Australia, por ejemplo, tiene políticas de ámbito tanto nacional como subnacional, así como herramientas de orientación y medición. Otros países tienen legislación o políticas que contribuyen a facilitar la compensación voluntaria.» (4)

Además, una nota de la Secretaría Ejecutiva del CDB de octubre de 2017, destaca el papel central de los bancos multilaterales, como el Banco Mundial, en el establecimiento de normas y salvaguardas, como un modelo a seguir. (5)

Como era de esperar, la Corporación Financiera Internacional (CFI), el brazo del sector privado del Banco Mundial, en 2012 cambió su Norma de desempeño 6. Cualquier empresa que desee acceder a un préstamo de la CFI para un proyecto que destruirá lo que la CFI considera ‘un hábitat crítico’, debe presentar un plan que establezca que la biodiversidad destruida se compensará en otro lugar. En consecuencia, los gobiernos, principalmente del Sur Global, están suavizando cada vez más sus leyes ambientales con la inclusión de disposiciones para compensar la pérdida de biodiversidad, siguiendo así las ‘normas’ establecidas por las instituciones financieras y sus aliados empresariales. Liberia y Mozambique, por ejemplo. El Banco Mundial ha estado financiando iniciativas en materia de políticas de biodiversidad en ambos países. En Liberia, consultores del Banco Mundial incluso elaboraron una hoja de ruta nacional de compensación por la pérdida de biodiversidad. En esta propuesta del Banco Mundial, tanto la minería como otros proyectos extractivos pueden ser autorizados en áreas protegidas o de alta biodiversidad con la única condición de que se pague una tarifa de compensación por pérdida de la biodiversidad, que luego será utilizada para mantener y administrar (otros) parques nacionales y áreas protegidas (ver más información sobre el caso de Liberia en los artículos de esta compilación).

Según una organización que apoya la hoja de ruta de compensación por la pérdida de biodiversidad en Mozambique, «lejos de ser una carga para las empresas privadas, esta nueva reglamentación puede acelerar el proceso de aprobación de nuevos proyectos al aclarar los procedimientos, abriendo un camino para que las empresas puedan cumplir con las normas nacionales e internacionales, a las que deben cada vez m.s rendirles cuentas». (6)

Es así que las empresas no solo pueden tener un acceso más rápido a las concesiones sino que además, las normas que alegan cumplir, de hecho han sido convertidas en mecanismos de mercado que permiten la destrucción, siempre y cuando exista la promesa de compensarla en algún otro lugar.

El Proyecto COMBO es otro claro ejemplo de cómo las normas del Banco Mundial influyen en las políticas a nivel mundial. Este proyecto, llevado a cabo por tres ONG conservacionistas internacionales, tiene como objetivo trabajar con los gobiernos, los promotores empresariales y la industria para expandir y mejorar la aplicación de las compensaciones por pérdida de biodiversidad en Guinea, Madagascar, Mozambique y Uganda. (7)

Es de suma urgencia detener las causas subyacentes de la pérdida y la degradación de la biodiversidad y los bosques. Sin embargo, el CDB y sus aliados, que buscan formas para que las empresas puedan continuar destruyendo la biodiversidad – o, en sus palabras, para incorporar la biodiversidad dentro de estos sectores -, están dirigiendo la política, los fondos y las discusiones hacia un camino peligroso. La idea de la compensación es fundamentalmente errónea. Al prometer compensar la destrucción de la biodiversidad causada por las empresas, ¡no hace nada por detener en primer lugar la destrucción causada!

Notas:

(1)Entrevista con la Secretaria Ejecutiva del CBD, Dra. Cristiana Paşca Palmer, septiembre de 2018, https://www.unenvironment.org/news-and-stories/story/more-needs-be-done-protect-biodiversity

(2) Ver, por ejemplo, CBD (2018): Integración de la diversidad biológica en el sector de la energía y la minería. 26 de mayo de 2018. https://www.cbd.int/doc/c/ff32/3675/2255ec92d46e9588f9576803/sbi-02-04-add3-es.pdf
http://www.ipieca.org/media/3671/unep-wcmc-cbd-mainstreaming-workshop-12oct-invite-v10.pdf

(3) Ver, por ejemplo, CBD (2018): Integración de la diversidad biológica en el sector de la energía y la minería. Párrafo 34. https://www.cbd.int/doc/c/ff32/3675/2255ec92d46e9588f9576803/sbi-02-04-add3-es.pdf

(4) Nota de la Secretaria Ejecutiva, CBD, 12 de octubre de 2017:»Las normas y salvaguardas, tales como las establecidas por bancos de desarrollo multilaterales y las directrices para el sector industrial han establecido una norma de alcance mundial, y es probable que otros bancos de desarrollo multilaterales, as. como otras instituciones, hagan lo mismo». https://www.cbd.int/doc/c/1b26/9aa3/9394b879144a3b38e701ae44/sbstta-21-05-es.pdf

(5) PROFOR, In Mozambique, government, conservationists and private sector come together to protect biodiversity, enero de 2018, https://www.profor.info/content/mozambique-government-conservationistsand-private-sector-come-together-protect-biodiversity

(6) The COMBO Project: Conservation, impact mitigation and biodiversity offsets in Africa, http://comboafrica.org/ El proyecto COMBO dice usar la ‘jerarquía de mitigación’, una herramienta que abarca una secuencia de cuatro acciones claves: ‘evitar’, ‘minimizar’, ‘restaurar’ y ‘compensar’. Si bien se supone que las compensaciones serían el último recurso para las empresas, terminan siendo la única opción cuando, por ejemplo, un proyecto minero necesita talar un bosque para poder funcionar.

Carta al gobierno de California contra el Estándar de Bosque Tropical (EBT)

Carta firmada por organizaciones de la sociedad civil – A 29 de octubre 2018

Mary Nichols

Presidenta de la Junta de Recursos del Aire de California

1001 I Street

Sacramento, CA 95814

Las organizaciones abajo firmantes instamos a la Junta de Recursos del Aire de California a que se rehúse a poner en consideración el Estándar de Bosque Tropical (EBT), que sentaría las bases para que el sistema de comercio de carbono de California acepte el uso de créditos de compensación de emisiones de carbono por Reducción de Emisiones de la Deforestación y la Degradación de Bosques (REDD).

La preservación de los bosques tropicales es esencial para conservar la biodiversidad, proporcionar hogares, recursos culturales y medios de sustento a millones de personas y proteger el clima mundial. Pero el EBT propuesto por la Junta de Recursos del Aire de California es completamente desacertado, socavaría la integridad de las políticas climáticas de California y provocaría o perpetuaría violaciones de derechos humanos.

La compensación de emisiones de carbono perpetúa la contaminación

Abrirle las compuertas a la compensación de emisiones de carbono de los bosques tropicales alienta a los contaminadores a evitar reducir sus propias emisiones. En el mejor de los casos, la compensación genera una reducción de emisiones equivalente a cero. En el marco del sistema de comercio de carbono de California, daría lugar en realidad a un aumento de las emisiones industriales mucho mayor que el que permitiría la AB32, la histórica ley de California sobre el cambio climático.

Esto implicaría impactos significativos para la salud de las comunidades más expuestas de California –la mayoría de las cuales son de personas de color— que viven cerca de grandes emisores de gases de efecto invernadero (GEI). Cuando a las refinerías y a otras instalaciones se les permite continuar emitiendo gases de efecto invernadero, también emiten co-contaminantes nocivos tales como partículas en suspensión, óxido de nitrógeno y otros agentes cancerígenos. Por eso la compensación de emisiones perpetúa los focos neurálgicos de contaminación y el racismo ambiental, lo cual debería ser motivo de gran preocupación para la Junta de Recursos del Aire en cuanto ente regulador de la contaminación del aire.

La compensación de emisiones de carbono de los bosques tropicales implica riesgos para los Pueblos Indígenas y los derechos humanos

El Estándar de Bosque Tropical se creó como paso preliminar previo a permitir el uso de créditos de compensación de emisiones de carbono de REDD en el sistema de comercio de carbono de California. Los proyectos REDD tienen un historial conocido de contribuir a actividades ilegales, violencia, toma de decisiones forzada, acaparamientos de tierras y otras violaciones de los derechos humanos de muchos grupos indígenas y pueblos que dependen de los bosques en todo el mundo. En particular, estos impactos negativos suelen asociarse con jurisdicciones con sistemas de gobernanza débil, leyes de tenencia de la tierra poco claras e inestabilidad política, que son rasgos comunes a muchas de las jurisdicciones potencialmente socias de California en Brasil, Nigeria e Indonesia, entre otros lugares.

Aunque el EBT intenta resolver estas inquietudes, los proyectos REDD en el fondo generan divisiones entre los Pueblos Indígenas, en un contexto de intimidación, coacción y poderío económico enormemente desproporcionado ejercido por los gobiernos y las grandes empresas. Es prácticamente imposible que la Junta de Recursos del Aire monitoree los programas internacionales de compensación de emisiones de los bosques en jurisdicciones extranjeras para evitar que ocurran este tipo de  abusos y garantizar que se cumpla con las normas de derechos humanos del ETB.

Los proyectos de conservación de bosques tropicales no son aptos para el sistema de créditos de compensación de emisiones

Todos los sistemas de compensación de emisiones son muy problemáticos en general, pero hay varios problemas importantes que son particulares a los proyectos REDD que los hacen bastante inadecuados para compensar las emisiones industriales. Muchos de estos problemas se describen en la evaluación de impacto ambiental del EBT aunque no se los encara debidamente, como es el caso de los problemas de permanencia y no adicionalidad, entre otros. Dicho simplemente, la compensación de emisiones de carbono de los bosques tropicales permite determinado grado de daño permanente (la emisión de más gases de efecto invernadero provenientes de fuentes industriales) a cambio de una retención esperada de carbono incierta y transitoria.

Dado que se trata de problemas muy intrincados, ninguna jurisdicción del mundo acepta créditos REDD en su mercado de cumplimiento. Aceptar los créditos de compensación de emisiones de carbono de REDD no solo socavaría la integridad de la política climática de California, sino que violaría el requisito de la AB32 de que todas las reducciones de emisiones sean «reales, adicionales, cuantificables, permanentes, verificables y aplicables».

Por las razones antedichas instamos con vehemencia a la Junta de Recursos del Aire a que se rehúse a poner en consideración el EBT y rechace cualquier intento de aceptar créditos REDD en el sistema de comercio de carbono de California.

Atentamente,

FIRMAMOS:

Acción Ecológica, Ecuador
AfrosRD, Dominican Republic
All India Forum of Forest Movements, India
Amigos de la Tierra, Spain
Amigos de la Tierra Argentina
ARA, Germany
Asia Pacific Forum on Women, Law and Development, Thailand
Associação 11 de Junho, Brazil
Association Nigérienne des Scouts de l’Environnement (ANSEN), Niger
Biofuelwatch, International
California Communities Against Toxics, United States
Censat Agua Viva- Amigos de la Tierra Colombia
Center for Environment/Friends of the Earth Bosnia and Herzegovina
Center for Sustainable Economy , United States
CESTA, Amigos de la Tierra El Salvador
Colectivo Sumaj Kawsay- Equipo de Investigación Ecología Política del Sur, Argentina
Companhia de Jesus, Brazil
Escuela de Agroecología
U Yits Ka’an, Mexico
Friends of the Earth Canada
Friends of the Earth England, Wales and Northern Ireland, United Kingdom
Friends of the Earth Finland
Friends of the Earth Ghana
Friends of the Earth International
Friends of the Earth Spain
Friends of the Earth U.S.
Global Forest Coalition, International
Green Delaware, United States
GroundWork, South Africa
Heinrich Boell Stiftung North America
Indian Social Action Forum – INSAF, India
Institute for Agriculture and Trade Policy, United States
Justiça Ambiental/Friends of the Earth Mozambique
Les Amis de la Terre – Togo
Local Clean Energy Alliance, United States
Milieudefensie- Friends of the Earth Netherlands
New York Climate Action Group, United States
NGO Forum on ADB, Philippines
No REDD in Africa Network (NRAN), Africa-wide
NOAH/Friends of the Earth Denmark
Otros Mundos A.C./Amigos de la Tierra Mexico
Passionist Center for Justice Peace and Integrity of Creation (PC-JPIC), Philippines
Pastoral de la Tierra del Vicariato Apostólico de Yurimaguas, Perú
Rainforest Action Network, United States
Rainforest Resource and Development Centre (RRDC), Nigeria
Re:Common, Italy
Seventh Generation Fund for Indigenous Peoples, United States
Social Development Integrated Centre (Social Action), Nigeria
Texas Drought Project, United States
The Corner House, United Kingdom
Third World Network, Malaysia
TierrActiva, Peru
WRM – World Rainforest Movement, Uruguay
Youths and Environmental Advocacy Centre (YEAC), Nigeria
cc:
Diane Takvorian
Dean Florez
Hector de la Torre
John Gioia
Dr. John Balmes
Dr. Alex Sherriffs
Assembly Member Eduardo Garcia
Katie Valenzuela Garcia
Senator Ricardo Lara
Mike Peterson
Phil Serna
Lisa Nava
Judy Mitchell
Sandra Berg
Daniel Sperling
Barbara Riordan
Ron Roberts
John Eisenhut
Richard Corey
Veronica Eady
Jason Gray
Catalina Hayes-Bautista
Saul Gomez
Alice Reynolds
Senate President Pro Tempore, Toni Atkins
Kip Lipper
Assembly Speaker, Anthony Rendon
Marie Liu
Carrie Cornwell
Assembly Member Eduardo Garcia
Assembly Member Autumn Burke
Assembly Member Jim Frazier
Senator Henry I. Stern
Senator Ben Hueso
Senator Nancy Skinner
CalEPA Secretary, Matthew Rodriquez
CalEPA EJ Officer, Yana Garcia
Attorney General’s Office EJ team, Arsenio Mataka

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[AUDIO] Se cumplen 25 años del Convenio sobre la Diversidad Biológica

Este 22 de mayo se celebra el Día Internacional de la Diversidad Biológica, acordado por la Organización de Naciones Unidas (ONU). Un buen momento para recordar que al final del presente año la Convención sobre la Diversidad Biológica (CBD) de la ONU cumplirá 25 años.

La Convención sobre la Diversidad Biológica fue uno de los principales acuerdos alcanzados durante la Cumbre de la Tierra que tuvo lugar en Río de Janeiro (Brasil) en 1992, y entró en vigor el 29 de diciembre de 1993. Establece tres objetivos principales: la conservación de la diversidad biológica, el uso sostenible de sus componentes y la distribución justa y equitativa de los beneficios por el uso de recursos genéticos. Esos objetivos están deteminados por las «Metas de Aichi», una serie de veinte metas acordadas en Aichi, Japón, en 2010, por los países miembros de la CBD, para frenar la perdida de biodiversidad entre 2011 y 2020.

Claudia Ramos, integrante de Otros Mundos A.C./Amigos de la Tierra México, comentó a Radio Mundo Real, los alcances de la CBD y qué lógicas están en disputa para llevar a cabo las Metas de Aichi.

> Escuchar la entrevista completa en Radio Mundo Real, la radio de Amigos de la Tierra Internacional <

Extractos:

«Desde 1922 esta Convención ha tenido por objetivo tomar medidas efectivas y urgentes para detener la perdida de diversidad biológica a nivel mundial a fin de asegurar que para el 2020 los ecosistemas tengan capacidad de recuperación, asegurando de este modo la variedad de vida del planeta. Al cumplir estas medidas, según el Convenio, las presiones sobre la diversidad biológica se reducen, los ecosistemas se restauran, los recursos biológicos se utilizan de manera sostenible y los beneficios que surgen de la utilización de los recursos genéticos se comparten de forma justa y equitativa. Además de aplicar eficazmente políticas adecuadas, la adopción de estas decisiones, según el Convenio, se basa en fundamentos científicos sólidos y enfoques precautorios.

En las discusiones de la CBD han participado organizaciones gubernamentales y no gubernamentales, comunidades indígenas, movimientos, grupos de la comunidad científica e individuos. Se ha dado una pelea muy dura porque la CBD trata temas muy delicados como los conocimientos tradicionales asociados al uso y el manejo de la biodiversidad o la regulación de organismos genéticamente modificados (OGM).«

«Hay que tener mucho cuidado con lo cortoplazista que suelen ser metas de este tipo que todavía no analizan las causas subyacentes del cambio climático. Por ende, muchas de las soluciones que se están implementando en los países tienen que ver con el modelo de las mal llamadas energías limpias como los parques eólicos o solares que desplazan comunidades y le apuestan otra vez a formas centralizadas de producción de energía.

Por otro lado, la implementación de estas agendas tienen que ver mucho con el poder de los países que participan en las discusiones. Siempre se corre el riesgo que la agenda sea ganada para implementar proyectos como la agricultura climáticamente inteligente, los Pagos por Servicios Ambientales (PSA) o los proyectos de Reducción de Emisiones por Deforestación y Degradación de los bosques (REDD). Todo esto crea un modelo que vulnerabiliza las comunidades y agudiza la disputa en este tipo de espacios por que se enfrentan dos tipos de lógica: una cortoplazista y otra que quiere implementar soluciones desde los pueblos y los territorios.

Es allí donde cobra importancia el trabajo de organizaciones como Amigos de la Tierra Internacional, que junto con aliados y aliadas empuja para que estas cuestiones importantes para todos y todas no se queden solo en el plano de las discusiones entre gobiernos sino que se tomen en cuenta las voces de los pueblos y las comunidades. El cómo seguir está determinado por el trabajo de las organizaciones, los pueblos y las comunidades y nuestra capacidad para seguir apostándole a las soluciones que vienen desde, con y para los pueblos.«

> Escuchar la entrevista completa en Radio Mundo Real, la radio de Amigos de la Tierra Internacional <

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[PDF] Declaración De Territorios Libres: Recopilación De Ideas Y Experiencias

Publicación de Amigos de la Tierra Internacional (ATI) – Febrero 2018

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Texto elaborado por Isaac Rojas, co-coordinador Programa Bosques y Biodiversidad Amigos de la Tierra Internacional con comentarios de Claudia Ramos y Gustavo Castro (Otros Mundos – Amigos de la Tierra México); Jeff Conant (Amigos de la Tierra Estados Unidos), Nele Marien (co-coordinadora Programa Bosques y Biodiversidad Amigos de la Tierra Internacional), Peter Kodde (Milieudefensie – Amigos de la Tierra Holanda) y Héctor de Prado (Amigos de la Tierra España).

Diseño: Nicolás Medina

Introducción

En el Programa de Bosques y Biodiversidad de ATI, hemos venido reflexionando acerca de las múltiples formas para detener y expulsar los proyectos y políticas de financiarización de la naturaleza (FN) en nuestros territorios. Nuestro proceso de reflexión producto de la reunión de Uganda [1] nos llevó a la necesidad de ir juntando y acercando las estrategias compartidas que junto con comunidades y Pueblos Indígenas, en ese momento, se habían llevado a cabo: algunas tenían que ver más con trabajo nacional y sus implicaciones en labores de cabildeo y lobby con autoridades locales, otras tantas del trabajo en el territorio local, además de surgir importantes reflexiones en la parte del trabajo internacional.

Compartimos acerca del reto de explicar estas temáticas de forma más sencilla, sin perder los puntos críticos que nos hacen rechazar estos proyectos y visibilizar las soluciones reales que desde los pueblos y comunidades ya se están poniendo en marcha. Una de las ideas surgidas fue, ¿por qué no declarar nuestros territorios libres de REDD? Conocemos experiencias de diversos grupos de ATI que han hecho lo mismo en por ejemplo, luchas contra la minería y los transgénicos.

Con el paso del tiempo y conforme hemos ido trabajando otros temas como la FN, algunos grupos también han manifestado el interés por declarar territorios libres de proyectos de financiarización al ser estas, parte del modelo extractivo. La percepción de los impactos de REDD y de la FN en general, son muchos más abstractos puesto que no son tan visibles como los provocados por la minería por ejemplo. Además se les presenta como una forma de conservación de la Naturaleza donde además, se dará dinero por realizar esa labor.

Estas circunstancias, complican el proceso de declaración de un territorio libre de REDD o de FN. En Costa Rica [2], un grupo de personas indígenas del territorio indígena de Talamanca al sur del país, declararon su territorio libre de REDD. De inicio enfrentaron varios retos. El principal fue cómo explicar que algo que es presentado como un instrumento que ayudará en la conservación de los bosques y además, dará dinero, conlleva impactos negativos.

Durante el proceso, fue visible que este reto sería abordado con éxito debido a que la declaratoria se daría en un territorio indígena donde existe una dimensión espiritual y cultural en relación al bosque y así es más fácil entender esos impactos. Además, el territorio es comunitario y toda la comunidad lo cuida. Otro punto abordado fue el de la autonomía indígena: ¿de dónde viene la propuesta REDD?; ¿Es algo que surge desde los mismos Pueblos Indígenas o desde organismos internacionales que plantean que para conservar el bosque hay que sacar a todas las comunidades del mismo?; ¿Qué quieren los Pueblos Indígenas?. Este tipo de preguntas abrió espacios importantes para la reflexión sobre REDD que incluyó un análisis de quiénes son los responsables directos de causar el cambio climático y cómo mecanismos como este permiten a grandes corporaciones seguir contaminando. Finalmente, la experiencia de los Pueblos Indígenas con el pago por servicios ambientales (PSA) en Costa Rica -y REDD fue presentado como un nuevo PSA- ayudó a ver que más bien podría traer nuevos problemas como la distribución de los posibles dineros, divisiones en las comunidades y restricciones al uso del bosque. Una experiencia similar tiene REDDeldía [3] en la región Selva en Chiapas.

Así que nos dimos a la tarea de juntar, leer y agrupar ideas provenientes del trabajo de varios de nuestros grupos con el fin de que puedan ser utilizadas y enriquecidas. De esta forma, podremos ver qué significa declarar un territorio libre -de REDD, FN o cualquier otra amenaza- al tiempo que compartimos varias experiencias. Este documento no es un recetario porque una declaratoria de un territorio libre varía mucho a lo interno de un país y de uno al otro. Lo que buscamos es simplemente compartir ideas para que ojalá sean enriquecidas a través del trabajo por declarar nuestros territorios libres de políticas y amenazas para que así, sigan estando repletos de nuestras propuestas.

¿Qué implica declarar libre un territorio?

Declarar un territorio libre, es una práctica de autonomía. Esta idea es la que mejor resume y explica el significado y las implicaciones de un proceso como este. Es una práctica política para ejercer los Derechos Humanos, sobre todo los colectivos, esos que nos protegen como comunidad, como personas que somos parte de algo más colectivo, una comunidad. No solo nos referimos al Derecho Humano a decidir desde los territorios, las actividades y políticas que pueden existir en el mismo, sino también se pone en vigencia los Derechos Humanos a contar con información en forma oportuna, a contar con el tiempo necesario para analizar y comprender esa información, siguiendo, en el caso de existir, formas tradicionales.

El derecho a la participación ciudadana entendida como un proceso que promueve, permite y respeta que las comunidades y sus organizaciones formen parte fundamental del análisis y comprensión de cualquier elemento que facilite tomar una decisión final sobre una actividad o política que afecte sus territorios. El derecho a la autonomía y autodeterminación son fundamentales ya que sin territorio no hay autonomía ni autodeterminación y viceversa. Además, la autonomía y la autodeterminación en un territorio, no pueden ejercerse si violentan la autonomía y la autodeterminación -y otros Derechos Humanos- de otros territorios. Así, la declaratoria de territorio libre, tiene estrecha relación con la puesta en práctica, la vigencia y el respeto a los Derechos Humanos.

El trabajo o proceso para declarar un territorio como libre surge de una decisión tomada por una comunidad, pueblo u organización, para defender su territorio de cualquier actividad o política que es considerada como una violación, un desmedro, un debilitamiento o la erosión de la forma de vida -o modelo de desarrollo- que se quiere para su territorio.

El movimiento, como cualquier otro, se construye mediante alianzas entre diversas organizaciones y comunidades. Puede surgir desde la propuesta de una organización o comunidad que con ideas, muestra como una actividad o política, provoca impactos negativos en diversas áreas de la vida cotidiana que se lleva en la comunidad. Normalmente, estas actividades o políticas no surgen de la comunidad sino que son impuestas por autoridades del gobierno ya sea mediante la autorización para llevar a cabo una actividad a un actor privado como las corporaciones, o por la aplicación de una política pública.

En algunos casos la declaratoria puede ir de la mano de mecanismos legales, en otros no. La declaratoria conlleva un trabajo fuerte de divulgación, información, capacitación, comunicación, cabildeo, construcción de alianzas, entre otras, y el lograrla, es un primer paso porque la declaratoria como tal no garantiza nada aun cuando pueda ser amparada por algún mecanismo legal. Luego tendrá que darse un trabajo para ponerla en vigencia y defenderla. Así, los procesos organizativos que permiten obtener esa declaratoria deben ser permanentes. Por ello es fundamental que, independientemente de la legalización del territorio libre, se logre establecer en la opinión pública así como en la autoconciencia del movimiento, la legitimidad política de una declaración de territorio libre. Al mismo tiempo se tiene que establecer su legitimidad social, ética, moral, ancestral, de consciencia global ambiental, de Derecho Humano. En definitiva, que luchamos por algo justo y necesario. Esto será fundamental para defender esta práctica política ante los embates que seguirá siendo objeto por la disputa del territorio.

1. Reunión Bosques y biodiversidad realizada en Uganda, 2013.
2. Comunicación personal con Mariana Porras de COECOCEIBA-AT
3. https://grupocartadebelem.wordpress.com/2013/07/15/chiapas-suspendido-el-programa-redd-plus-dice-semahn/

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El Acuerdo REDD+ entre California-Acre-Chiapas: Legalizando los mecanismos de desposesión

> ENGLISH VERSION: REDD+ The carbon market and the California-Acre-Chiapas cooperation

Compartimos el informe de Amigos de la Tierra Internacional (ATI) “El Acuerdo California-Acre-Chiapas: Legalizando los mecanismos de desposesión” (Junio 2017) en el que participó Otros Mundos A.C./Amigos de la Tierra México. Aborda el tema de la implementación del programa de Reducción de Emisiones por la Deforestación y la Degradación d los Bosques (REDD+) en el estado de Chiapas (México) como mecanismo de compensación de las emisiones de gases a efecto invernadero del estado de California (Estados Unidos) y de sus empresas.

Autora: Fabrina Furtado
Equipo de trabajo: Isaac Rojas (Amigos de la Tierra Internacional), Claudia Ramos (Otros Mundos – Amigos de la Tierra México), Gary Hughes y Jeff Conan (Amigos de la Tierra Estados Unidos), Lúcia Ortiz y Fernando Campos Costa (Amigos de la Tierra Brasil). Diseño: Nicolás Medina

>> DESCARGAR EL INFORME EN PDF <<

Introducción:

Desde la firma en 1997 del Protocolo de Kioto, que es un tratado complementario a la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático (CMNUCC), el mercado de carbono viene siendo promovido como uno de los principales instrumentos de enfrentamiento al cambio climático. La posibilidad de comprarle el derecho a emitir carbono más allá de la meta establecida por la CMNUCC, a otra parte cuyas emisiones son inferiores a esa meta, no solo ha demostrado la incapacidad de reducir emisiones y enfrentar el problema del clima, sino que ha tenido como resultado la generación de nuevos conflictos ambientales. Aunque cuestionados y deslegitimados, tanto el sistema de “topes y comercio” (Cap and Trade, en inglés), como los Mecanismos de Desarrollo Limpio (MDL), instalaron la perspectiva de la comercialización y compensación (offset, en inglés) de emisiones, y llevaron a crear iniciativas como REDD+1 (Reducción de emisiones por deforestación y degradación de los bosques), una propuesta de Pago por Servicios Ambientales (PSA). De esta manera, sigue prevaleciendo la idea de que los mecanismos, prácticas y lenguaje de la lógica mercantil y del sistema financiero, que son un traje a la medida de las empresas, deben seguir dominando las políticas y el pensamiento sobre el medio ambiente, el clima y la biodiversidad.

En este contexto, el gobierno de California viene buscando hacer una articulación entre su sistema de topes y comercio, mediante el cual comercializó el primer crédito de carbono en 2013, y otros programas subnacionales, así como insertar compensaciones sectoriales a nivel internacional, especialmente a través de REDD+. Sería el primer programa vinculante que permitiría la compra de créditos de carbono a partir de programas jurisdiccionales de REDD+ para compensar sus propias emisiones sectoriales. La propuesta de mecanismos de REDD+, que incluye inversiones públicas y privadas en manejo, conservación y aumento de la reserva de carbono forestal, permite remunerar a quienes mantienen sus bosques en pie, sin deforestar, con el fin de evitar las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) asociadas a la deforestación y la degradación forestal.

Al mismo tiempo, en 2010 en Acre, el estado amazónico brasileño conocido por la lucha de los trabajadores del caucho en la que fue asesinado el dirigente histórico Chico Mendes, se creó el Sistema de Incentivos a los Servicios Ambientales (SISA), con el objetivo de fomentar el mantenimiento y ampliación de la “oferta de servicios y productos ecosistémicos” en ese estado. El primero de los seis programas del SISA fue el Programa de Servicios Ambientales de Carbono (ISACarbono), considerado el programa jurisdiccional de REDD+ más avanzado en el mundo, con potencial de generar lecciones relevantes para otros regímenes de REDD+ y de PSA en el mundo.

En 2009 en el estado mexicano de Chiapas, que tiene una amplia historia de lucha que incluye al referente internacional Movimiento Zapatista, se comenzó a desarrollar un Programa de acción ante el Cambio Climático, cuya prioridad fue la implementación de un sistema jurisdiccional de REDD+.

El estado ya venía implementando programas de REDD+ en la Selva Lacandona, territorio en el que conviven grupos indígenas como los Choles, Tzeltales, Tzotziles, cuya posesión fue reconocida por decreto presidencial a los Maya Lacandones en 1978. La Ley para la Adaptación y Mitigación ante el Cambio Climático del estado de Chiapas fue aprobada en 2010 incorporando acciones de REDD y la creación y uso de sistemas PSA, impulsados de manera “voluntaria” por organizaciones conservacionistas.

De esta manera, en noviembre de 2010, los gobiernos de California, Acre y Chiapas, firmaron un Memorando de entendimiento sobre Cooperación Ambiental (Memorandum of Understanding (MOU) on Environmental Cooperation) con el propósito de crear un sistema de créditos de carbono de REDD+ entre los tres estados, posibilitando así el financiamiento de REDD+ en Acre y en Chiapas y la compensación de emisiones en el estado de California.

Hasta el momento, la cooperación ha avanzado poco más allá de debates y publicaciones, debido a que el programa de comercialización de carbono de California todavía no permite que sus empresas compren créditos provenientes de iniciativas de reducción de emisiones en Chiapas y Acre con el objetivo de compensar sus propias emisiones.

Sin embargo, este proceso puede avanzar en 2017 junto a otras propuestas subnacionales, tanto en Brasil y México, como en China y otros países. Los errores del pasado se siguen cometiendo, ocultando e ignorando. Son muchas las lecciones que se pueden sacar de la cooperación California-Acre-Chiapas y de los impactos de REDD en estos estados, en su relación con los procesos internacionales y nacionales que avanzan en el sentido de lo que llamamos mercantilización y financierización de la naturaleza. Se trata de un proceso que viene siendo cuestionado por los grupos de Amigos de la Tierra Internacional en los tres países, y desde el Programa de Bosques y Biodiversidad, debido a su importancia en términos del establecimiento de un precedente para las políticas de clima y biodiversidad.

Los análisis contenidos aquí fueron elaborados a partir de investigaciones de fuentes secundarias, entrevistas con integrantes de organizaciones de los tres países y de los gobiernos de California y Acre, así como de actividades con dirigentes indígenas y campesinos. La primera parte de este informe aborda el memorando en sí, sus orígenes, objetivos y resultados, destacando los actores centrales en este proceso; la segunda, la política de California desde la perspectiva de las organizaciones sociales de EEUU; la tercera y cuarta, los impactos de las políticas y proyectos REDD en Acre y Chiapas respectivamente; y en la quinta, se comparten algunas reflexiones que esta cooperación tiene para enseñarnos, especialmente a partir de la idea de participación, de la incorporación de valores indígenas, tradicionales y de género, así como del papel de las grandes organizaciones conservacionistas; de la construcción e implementación de salvaguardas; y de algunos conceptos y prácticas fundantes como los de comunidad, deforestación evitada, servicios ambientales, y la idea del consenso respecto de las políticas sobre cambio climático. Por último, presentamos algunas recomendaciones para garantizar el cumplimiento de los derechos humanos y ambientales de las comunidades y poblaciones más impactadas por el cambio climático y la lógica fundante de REDD+ en el contexto de la cooperación California-Acre-Chiapas.

Foto: Extracción de madera, fruto del ‘manejo forestal sustentable» en el ancho de la carretera entre Rio Branco y Xapuri, Acre. (Crédito: Amigos da Terra Brasil)

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Artículo de Ivonne Yánez, integrante de la organización ecuatoriana Acción Ecológica, publicado en el Boletín Nº234 – Noviembre 2017 del Movimiento Mundial por los Bosques Tropicales (WRM, por sus siglas en inglés)

«El fundamento del pensamiento crítico, entonces, está en la disconformidad
con el estado de cosas existentes y en la búsqueda de alternativas,
a partir de caracterizaciones de la situación presente, cuyas
causas pueden, evidentemente, ser buscadas en el pasado.» (1)
in memorian Hector Alimonda

La propuesta de incluir los bosques en las negociaciones sobre clima de la ONU cumplirá 10 años. Desde 2007, cuando se llevó a cabo la conferencia sobre clima en Bali, Indonesia, en el marco del avance del mecanismo REDD+ (2), el tema de los derechos humanos, de los pueblos indígenas, de las mujeres, de las comunidades locales, entre otros, ha sido un ir y venir de actores, guiones, escenarios, repartos, comedias, pero sobre todo han primado los efectos especiales y el arte del maquillaje.

LO BUENO

Hay que reconocer que el hecho de que en estos años se haya tratado de abordar el asunto de los derechos de los pueblos ante un problema tan grave como es el cambio climático es algo bueno. Quienes hemos levantado la voz desde hace veinte años, clamando por verdaderas soluciones al calentamiento global como la de dejar los hidrocarburos fósiles en el subsuelo, apelamos siempre a los derechos de los pueblos en donde se los extraen, a los derechos de las comunidades en donde se han aplicado proyectos bajo el mecanismo de desarrollo limpio (MDL) u otros de compensación de carbono, o también a los derechos de la naturaleza.

Así, desde que se empezó a discutir el mecanismo REDD+ en las negociaciones sobre clima, muchas organizaciones sobre todo a nivel internacional presionaban para que se incluyera el término de derechos de los pueblos indígenas. Esta presión se encaminó eventualmente hacia la propuesta de «No Rights, no REDD+” (sin derechos no hay REDD+) en diciembre de 2008. Sin embargo, estas justas demandas tomaron otro curso en los años siguientes.

Un ejemplo es el del derecho al territorio que es un derecho colectivo que ha sido reivindicado por decenios, en particular el de la titulación de tierras y territorios. Si bien este último es un derecho ajeno a las prácticas consuetudinarias de demarcar y organizar sus territorios, ha sido necesario demandarlo ante la arremetida de los Estados.

En este contexto, el mecanismo REDD+ y los programas tipo REDD+ a nivel nacional, claramente están tergiversando este derecho esencial de los pueblos, puesto que para que el negocio del carbono funcione, a la propiedad colectiva se le debe dar un uso privado, pues en la transacción de créditos de carbono tiene que estar claro quién es el dueño de qué, en qué cantidad y, para este caso, en dónde y en qué extensión. Los compradores serán dueños de un título de propiedad sobre el carbono que se encuentra en una determinada –delimitada y titularizada- cantidad de tierra cubierta por bosques. La titulación de tierras entonces está siendo promovida y utilizada en este caso por los mercaderes de carbono para presentar ante los compradores una garantía de propiedad del carbono contenido.

Lo bueno de que los derechos humanos y de los pueblos hayan podido ser parte de la base de cualquier medida frente al cambio climático se corrompió.

LO MALO

Quienes han dominado las negociaciones sobre clima, desde actores corporativos, financieros hasta ONGs de la conservación y representantes gubernamentales hegemónicos, entienden y asumen el tema de los derechos de una manera totalmente diferente a la de los pueblos indígenas y otras comunidades locales. Los derechos humanos y de la naturaleza han sido sometidos al capital y a supuestos derechos empresariales y financieros. Los espacios de lobby y negociación empresarial que cooptan las cumbres sobre cambio climático han garantizado que los intereses corporativos primen por sobre el sentido común bajo el guion de que son los superhéroes salvadores del planeta. Así se establece un claro conflicto de derechos pues el dinero, como capital, ha pasado a ser sujeto de derechos, por encima del humano y de todas las formas de vida.

El Acuerdo de París, firmado en las negociaciones sobre clima de 2016, COP21, presenta una nueva escenografía pero con los mismos protagonistas. Entre otros inconvenientes, ratifica (Art. 5) la inclusión de los bosques «para conservar y aumentar, según corresponda, los sumideros y reservorios de gases de efecto invernadero». Esto profundizará la pérdida de derechos de los pueblos a nivel local y, con la posibilidad de compensar las emisiones a través de proyectos tipo REDD+, se seguirá aumentando la extracción y quema de petróleo, gas y carbón y ahondará el problema del cambio climático. El Acuerdo de París, al mejor estilo de la Comedie-Française con su troupe permanente de actores, perenniza el reparto de cuotas de contaminación entre los más contaminantes y la posibilidad de hacer un negocio global, ya no solo con empresas sino también entre Estados.

Con el Acuerdo de París, la lógica de entregar los bosques para compensar contaminación se imprime con carácter planetario. Si bien REDD+ incluye plantaciones forestales, agricultura y suelos, es decir, cualquier vegetación o suelo que pueda contener carbono, pone la mira principalmente sobre los bosques de África, Asia y América Latina, que están en su mayor parte bajo sistemas de propiedad colectiva de los pueblos indígenas y son, por esta misma razón, los mejor cuidados y los de mayor extensión.

REDD+ convierte a los pueblos indígenas y a la naturaleza en proveedores permanentes de servicios ambientales o ecosistémicos, por lo que podemos afirmar también que REDD+, no solamente contribuye a más pérdida de derechos de los pueblos y hace que empeore el cambio climático sino que, además, viola los derechos de la naturaleza, sometiéndola –como se hace con los pueblos- a procesos de esclavitud, servidumbre, y apropiación de sus obras, al convertir a sus ciclos biológicos, funciones, la recreación de la vida y ciclos reproductivos en un trabajo y mercancías que pueden ser compradas y vendidas.

LO FEO

Entre los objetivos de los promotores de REDD+ está el de tratar de disminuir las resistencias a la implementación de los proyectos en territorios indígenas, principalmente, y buscan convencer a las organizaciones para que el mecanismo REDD+ sea bien visto y aceptado.

Así, como un efecto especial cinematográfico, los derechos humanos y de los pueblos en las negociaciones sobre el clima se han ido esfumando o sufrieron metamorfosis. Derechos se convirtieron en estándares; derechos de las mujeres se transformaron en salvaguardas voluntarias; otros derechos se convirtieron en participación e involucramiento en el reporte y monitoreo; derechos colectivos y territoriales se convirtieron en gobernanza forestal; la protección y exigibilidad de derechos pasó a ser solo promoción o algo que se tomará en cuenta; derechos se convirtieron en establecer modelos operacionales para cumplir con las salvaguardas y consolidar los co-beneficios es decir «beneficios no-carbono» como señala la iniciativa  REDD+ Indígena que la Coordinadora de Organizaciones Indígenas de la Cuenca Amazónica (COICA) sostiene a nivel internacional (3).

En definitiva, la inclusión de los derechos humanos en REDD+ no es más que un maquillaje para que se vea bonito, para tratar de detener la rebelión de los pueblos y para ocultar la verdad detrás de estos proyectos.

Ante esto, se debe proteger el derecho a la resistencia, a decir NO a proyectos de compensación de carbono, a no ser desplazados, a no ver restringido el acceso y uso tradicional de sus territorios, o a no ser utilizados para que compañías petroleras o mineras puedan violar los derechos de otra comunidad en algún otro lugar del planeta, a no ser manipuladas por el mercado internacional para que la maquinaria siga funcionando.

EPÍLOGO

Para terminar, se debe acotar más el sentido al que nos referimos cuando decimos derechos.

Aun cuando sabemos que los derechos son inherentes a los sujetos -humanos y no humanos-, estos no son estáticos. Los derechos son un proceso: histórico, político, social y natural.  Son una cuestión de dignidad y van surgiendo como una reacción frente a la opresión, la discriminación, la pérdida del sustento de vida. Son un ideal a conquistar y no son donados por Naciones Unidas, ni menos por el Banco Mundial o las transnacionales de la conservación.

REDD+ asume que los derechos son una realidad ya conseguida, adjudicados por los operadores de este tipo de proyectos y los tergiversa al considerarlos una cuestión de gobernanza, burocracia o ingeniería institucional. También pervierte los derechos porque los «universaliza» en un marco de modernidad occidental capitalista; hoy los derechos por circunstancias históricas y políticas están embebidos de pluriversalidad cultural y natural.

Cuando se incluye el concepto de derechos en las negociaciones sobre el clima, como en el binomio REDD-derechos, se prioriza el beneficio del libre mercado y al mismo tiempo se anulan los contextos culturales y políticos de los pueblos en donde se desarrollan este tipo de programas y proyectos.

La propuesta de incluir los derechos en REDD+ debiera haber exigido el derecho a la real práctica de los derechos colectivos que se nutren de, según el mexicano Enrique Leff, los «derechos del ser cultural a la construcción de mundos de vida diversos», de los «derechos a reinventar sus identidades culturales», o de los «derechos para reconstruir mundos de vida y diseñar futuros posibles». (4) REDD+ claramente impide el ejercicio de estos derechos.

(1) CLACSO. Pensamientos críticos contemporáneos: análisis desde Latinoamérica. Piedrahita C., Díaz A., Vommaro P. (comp.). Bogotá, 2015.

2) «Por ejemplo REDD+ aspira a cubrir 4.000 millones de hectáreas, es decir el 31 por ciento de la superficie de la tierra (no marina)». Tribunal por los Derechos de la Naturaleza. Presentación REDD+ COMO UN CASO DE VIOLACIÓN DE LOS DERECHOS DE LA NATURALEZA. Lima, 2014.

(3) CBC-GIZ. REDD+ INDÍGENA EN EL PERÚ: Perspectivas, avances, negociaciones y desafíos desde la mirada de los actores involucrado. Pinto, V. Molero, M. (Eds). Lima, febrero 2014.

(4) Leff, Enrique. “Las relaciones de poder del conocimiento en el campo de la ecología política: una mirada desde el sur”. En: ECOLOGÍA POLÍTICA LATINOAMERICANA. VOLUMEN I. Ecología política latinoamericana: pensamiento crítico, diferencia latinoamericana y rearticulación epistémica. CLACSO. Héctor Alimonda [et al.] (Coords). Buenos Aires 2017.

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Foto: Manifestación contra REDD en Chiapas

¿Qué tienen que ver los bosques con el cambio climático, los mercados de carbono y REDD+?

Compartimos este librillo publicado por el Movimiento Munidal por los Bosques Tropicales (WRM, por sus siglas en inglés) – «¿Qué tienen que ver los bosques con el cambio climático, los mercados de carbono y REDD+? – Herramientas para activistas comunitarios»

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Diseños: Nieves Capote
Diagramación: Juan Morante

En los últimos 10 años, en diversos debates internacionales en torno a cómo detener la pérdida de bosques, se ha inventado una nueva palabra: REDD. Con REDD, los países con altos índices de deforestación reciben dinero por adoptar medidas que resultan en la Reducción de Emisiones derivadas de la Deforestación y Degradación de los bosques. El pago está condicionado a que el receptor demuestre que se han reducido las emisiones de carbono causadas por la destrucción de bosques. Es por eso que en ocasiones se dice que REDD es un pago en base a resultados. Pero esto es sólo una parte de la historia de REDD.

La otra parte de la historia rara vez se menciona: contrariamente a lo que sugiere el nombre, en realidad REDD no tiene nada que ver con los bosques. Ante todo y sobre todo REDD tiene que ver con los países industrializados y las empresas que dependen de la combustión de petróleo y carbón, y posterga la decisión de poner fin al uso de estos combustibles fósiles. Cuando el petróleo y el carbón son quemados se libera un gas llamado dióxido de carbono. Cuando se destruyen bosques también se libera ese mismo gas, el dióxido de carbono, porque los árboles acumulan carbono en su tronco y ramas mientras crecen. Un gran aumento de la concentración de dióxido de carbono en la atmósfera está causando el cambio climático. Las empresas que dependen de la combustión de petróleo y carbón afirman que «el dióxido de carbono es el mismo en cualquier parte». Por lo tanto, argumentan, detener las emisiones de carbono derivadas de la pérdida de bosques contribuye a la lucha contra el cambio climático y a poner fin a la liberación del carbono fósil – el carbono que está en el corazón del modelo de negocios de esas empresas.

La información que se brinda en este librillo explicará por qué importa el lugar en el que se reduce la emisión de carbono, y por qué eso guarda importancia para el cambio climático; por qué el carbono de un bosque no es lo mismo que el carbono fósil de la gasolina o el carbón cuando se trata del cambio climático, y por qué REDD es un mal negocio para el clima, los bosques y los pueblos de los bosques.

El librillo comienza con una breve introducción acerca de cómo las empresas y los países que tienen mayor responsabilidad por el cambio climático, usan REDD para seguir quemando carbono fósil. Los capítulos que siguen aportan más información a la presentada en los 7 afiches que usted puede encontrar en el sitio web del WRM así como también junto a la versión impresa de este librillo. Los dibujos de estos afiches procuran ayudar a los activistas de las comunidades a explicar qué tiene que ver REDD con los bosques, la energía, el cambio climático y las emisiones de gases de efecto invernadero; qué se esconde detrás de REDD; y por qué algunas personas que visitan a comunidades de los bosques presentan a REDD como una oportunidad para una vida mejor y una nueva herramienta para proteger los bosques, mientras que otros advierten sobre los riesgos que REDD implica
para el control de la comunidad sobre sus territorios.

Los afiches interactivos y este librillo que los acompaña tienen como objetivo brindar apoyo a las comunidades interesadas en explorar qué hay detrás de REDD y que implica REDD para ellas. Los afiches pueden ser utilizados de muchas formas diferentes. Se pueden usar en conjunto, organizar una exhibición y comenzar la reunión con los participantes estudiando las imágenes y compartiendo las ideas que las imágenes provocan. O, se pueden seleccionar algunos de los afiches para una discusión más en pro-fundidad, por ejemplo seleccionando aquellos que provocaron mas reacciones o interés entre los participantes. O también se pueden utilizar algunas imágenes solamente para explicar una sección especial de la conexión entre bosques – cambio climático y el mercado de
carbono. También se puede optar por resaltar algunas partes específicas del afiche, y luego agregar sus propios dibujos y comentarios en el mismo, o cubrir partes de los dibujos del afiche que no son de particular interés en la discusión para de esta forma enfocar en los restantes.

En otras palabras, estas imágenes fueron pensadas para ser un instrumento versátil que facilite la explicación de las complejidades de la conexión entre bosques – cambio climático y el mercado de carbono y, y dan la libertad para trabajar con solo aquellas imágenes que son más relevantes para su reunión o taller o discusión. Las imágenes de los afiches han sido insertadas a lo largo del texto para que resulte más sencillo vincular las explicaciones en este librillo con las imágenes de los afiches. Los argumentos centrales o puntos importantes han sido resaltados en negro, direcciones de páginas webs con otros materiales de interés se pueden encontrar al final de esta publicación.

Los materiales pretenden explicar qué es REDD sin recurrir a un lenguaje elitista y técnico. Somos conscientes de que, para quienes están buscando conocer a fondo REDD, esos materiales por sí solos seguramente no brinden información suficiente. No es ésa la intención, sino que, más bien, han sido concebidos para ayudar a que quienes ya están familiarizados con conceptos como REDD, mercados de carbono y justicia climática, puedan explicar más fácilmente a las comunidades con las que trabajan, lo que se esconde detrás de REDD y de la conservación basada en el mercado. Además, la información destaca cómo y por qué REDD reduce los bosques a unidades comercializables de dióxido de carbono. Esta idea reduccionista está estrechamente vinculada a la visión tecnocrática del mundo que tiene la ciencia occidental. Sería difícil imaginarla en cosmovisiones que conciben a cada bosque como único, integrado a un lugar y como una red indivisible e intrincada de relaciones e interacciones humanas y no humanas y en constante cambio.

Considerada desde la perspectiva de esas visiones del mundo, la idea de REDD sin duda parecerá aún más extraña y contradictoria que a quienes tienen su pensamiento arraigado en la ciencia occidental y el móvil económico. Esperamos que este material les resulte útil e informativo y agradecemos las sugerencias que nos ayuden a mejorar los afiches y la información presentada en este folleto.

DESCARGAR LOS AFICHES POR SEPARADO:

AFICHE 1: ¿Cómo se introducen los proyectos REDD+ en las comunidades? ¿Quién participa en la promoción de REDD+?

AFICHE 2: ¿De qué carbono hablan los consultores, las empresas y las ONG conservacionistas que llegan a las comunidades de los bosques?

AFICHE 3: ¿Qué tiene que ver el carbono con el cambio climático? ¿Qué es el calentamiento global?

AFICHE 4: ¿Qué hacen los gobiernos respecto al cambio climático? ¿Cuáles son los principales acuerdos internacionales sobre el cambio climático?

AFICHE 5: ¿En qué consiste el comercio de carbono?

AFICHE 6: ¿Cómo saben los proyectos de compensación de carbono cuántos créditos de carbono pueden vender?

AFICHE 7: ¿Qué es REDD+? ¿Por qué REDD+ es una amenaza para el uso del bosque por los pueblos de los bosques?

MÁS LECTURA SOBRE REDD:

Nuestro folleto «La Economía Verde»

[AUDIO] Los proyectos REDD no son distintos a otros proyectos del modelo extractivo

[AUDIO] Proyectos REDD+ en Chiapas: Falsas soluciones que se imponen ante el cambio climático

REDD: una colección de conflictos, contradicciones y mentiras

Colombia: Compensaciones ambientales, legitimando el extractivismo

Artículo de Marcela Gómez y Andrea Echeverri de CENSAT Agua Viva / Amigos de la Tierra Colombia, publicado en el Boletín 232 del Movimiento Mundial por los Bosques Tropicales

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Colombia es uno de los primeros países latinoamericanos en configurar e implementar normas y regulaciones concretas sobre las compensaciones por pérdidas de biodiversidad. Además del artículo 50 de la Ley 99 de 1993, la Resolución 1503 de 2010 y la Ley 1450 de 2011, establecen la necesidad de estandarizar los mecanismos de compensación ambiental. Luego, en 2012, el Ministerio de Ambiente aprobó la Política Nacional para la Gestión Integral de la Biodiversidad y sus Servicios Ecosistémicos (PNGIBSE), donde establece como uno de sus ejes estratégicos «Fortalecer las actividades e institucionalidad relacionada con la evaluación de los impactos ambientales, recuperación de pasivos ambientales y con la asignación de compensaciones ambientales por pérdida de biodiversidad, ligadas a proyectos licenciables ambientalmente, a escala nacional, regional y local».

Más adelante en el mismo año, el Manual para la Asignación de Compensaciones por Pérdida de Biodiversidad (MACPB) se adoptó a través de la Resolución 1517, con apoyo de ONGs transnacionales como la WWF o The Nature Conservancy. La aplicación de dicho Manual es de uso obligatorio para solicitantes de licencia ambiental de los sectores minería, hidrocarburos, infraestructura, eléctrico, marítimo y portuario. Su aplicación considera la determinación y cuantificación de las compensaciones desde la etapa de planeación de los proyectos licenciables, y que debe considerar tres aspectos: establecer cuánto compensar en términos de área, dónde compensar y cómo hacerlo con un enfoque de «no pérdida neta», donde la disminución de la diversidad en un sitio puede ser compensada en otro sitio con «equivalencia ecológica», es decir sumas y restas engañosas.

Tanto la Ley de 2011 como el Manual fueron criticados por los sectores ecologistas colombianos. Una de las principales críticas se debía a que el puñado de ONGs trasnacionales involucradas mantienen un estrecho vínculo y reciben financiamiento de las mismas corporaciones que necesitan la compensación para mantener y aumentar sus niveles de destrucción. Se prescindió de la consulta a diversos actores colombianos como la academia y organizaciones nacionales y locales.

Basados en esas normativas y en el discurso que promueve la reducción de la huella de carbono, la Corporación Autónoma Regional de las cuencas de los ríos Negro y Nare – Cornare (1) propone la creación de «BanCO2» para la ejecución de planes de compensación por pérdida de biodiversidad, a través de un alianza con Bancolombia, la Alianza Clima y Desarrollo (CDKN, por su sigla en inglés), WWF y la Fundación Natura.

BanCO2 fue lanzada en 2013 por Cornare y fue adoptada rápidamente por otras Corporaciones Autónomas Regionales. Se está implementando a través de una supuesta cooperación o pago a familias rurales, a partir del apoyo de las Corporaciones Autónomas Regionales (actualmente 20) y la inversión de empresas, tales como las energéticas ISAGEN, Ecopetrol y Petrobras, las mineras AngloGoldAshanti Colombia y Antioquia Gold, la cementera Argos, la industrial de servicios públicos EPM, entre otras. Estas empresas figuran como «compensadoras», es decir, son quienes pagan una cuota para supuestamente compensar su degradación ambiental. De esta manera, el pago por la conservación de una determinada área en alguna parte de Colombia le permite a estas empresas poder seguir con sus industrias extractivas en otra(s).

Tres ejemplos de BanCO2:

– Al oriente del departamento de Antioquia, en el municipio de San Roque, el proyecto Gramalote de la minera multinacional AngloGoldAshanti Colombia, le paga a 15 familias campesinas por la protección de 215 hectáreas. Sin embargo, ese proyecto de extracción de oro abarca un área de más de 9.413 hectáreas en seis municipios, afectando potencialmente a 50 mil personas. Además, mientras que en BanCO2 tiene una plataforma perfecta para que la AngloGoldAshanti se presente como «cuidadora del ambiente», esta multinacional sudafricana posee 504 títulos mineros en Colombia y otras 3.074 solicitudes que contarían con la posibilidad de desplazar y afectar a miles de familias en el territorio nacional (Censat Agua Viva, 2016).

Las Empresas Públicas de Medellín (EPM) es una multinacional colombiana que actualmente está construyendo el megaproyecto hidroeléctrico Hidroituango, para el cual ha talado más de 4 500 hectáreas de bosque seco tropical, uno de los ecosistemas más amenazados de Colombia. La compensación de esta empresa a través de BanCO2 por sus enormes afectaciones ambientales ha sido un pago a 56 familias que por tres años asciende a 1.209 millones de pesos colombianos (alrededor de US 421.482 dólares). Las utilidades de EPM en 2016 fueron de 1.86 billones de pesos colombianos (alrededor de US 619.392.994 dólares) (Gómez & Echeverry, 2017).

– «Bosques de paz» es un programa del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible que a través de la resolución 0470 de 2017 propone formular actividades productivas «con el fin de generar bienes y servicios mercadeables y contribuir a la conservación…». Con base en ello se invertirán en el municipio de Granada 3.500 millones de pesos (alrededor de US 1.172.409 dólares) en prácticas agroforestales en 1 200 hectáreas de bosque. La meta es crear 150 Bosques de Paz en todo el territorio nacional a través de la siembra de alrededor de 8 millones de árboles en los próximos dos años, acompañado de estrategias de compensaciones ambientales como BanCO2.

Con la implementación de BanCO2 se abre una verdadera disputa por los derechos de uso de los territorios campesinos. Si bien los territorios no cambian de propietario, cuando los campesinos se inscriben al BanCO2, se cambia quienes ejercen poder sobre la finalidad de uso en determinado territorio. La familia campesina pierde su poder de decisión sobre su territorio y lo otorga a las corporaciones regionales, quienes son los encargados de controlar el cumplimiento de dichos compromisos, al servicio del mercado.

Sumado a ello, más recientemente, se creó la estrategia «Banco de Hábitat» a través del Decreto 2099 de 2016, que fue lanzado públicamente en 2017 por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. El Banco de Hábitat empezará con una inversión privada de US 1.5 millones de dólares para la restauración y conservación de 605 hectáreas en el municipio de San Martín, Meta,  financiada por el Fondo Multilateral de Inversiones (FOMIN) y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) (6). Este programa «busca que las empresas que tienen la obligación de compensar los impactos negativos que generan sobre el medio ambiente, puedan hacerlo a través de estos predios predestinados a la conservación y restauración«.

Como vemos los proyectos conservacionistas de compensación donde se apela a la «responsabilidad social y ambiental» de las empresas son una hábil maniobra con una doble ganancia para estas. La legitimación de sus políticas se traduce en mayores precios de las acciones y en una suerte de aval para continuar expandiéndolas. Las empresas apuntan a construir una imagen como redentoras de los territorios, centrándose en medidas compensatorias altamente publicitadas pero cuyas credenciales ecológicas son cuando menos cuestionables.

(1) Las Corporaciones Autónomas Regionales (CAR), son «entes corporativos de carácter público, integrados por las entidades territoriales, encargados por ley de administrar -dentro del área de su jurisdicción- el medio ambiente y los recursos naturales renovables, y propender por el desarrollo sostenible del país»

La COP 13 no logra afrontar el desafío de proteger la biodiversidad

Amigos de la Tierra Internacional decepcionados por los resultados de la COP 13 del CDB

Comunicado de prensa de Amigos de la Tierra Internacional (ATI) sore los resultados de la decimotercera Conferencia de las Partes (COP13) de la Convención de Naciones Unidas sobre Diversidad Biológica (CBD) que se llevó a cabo del 4 al 17 de diciembre del 2016 en Cancún, Quintana Roo, México.

Imagen: Proyecto de Reforestación en Pesalat, Central Kalimantan, Indonesia ©World Resources Institute/Flickr CC

 

El interés sobre la Conferencia de las Partes de la Convención en Diversidad Biológica (COP 13) fue alto debido a que la biodiversidad se pierde a un ritmo alarmante y una acción urgente es necesaria. Amigos de la Tierra Internacional está altamente desilusionado de que los resultados no estuvieran a la altura del reto debido a que éstos no nos llevan al necesario cambio de sistema para frenar la acelerada pérdida de biodiversidad. Ni la lógica del crecimiento económico sin límites ni la del modelo productivo extractivo y predador, han sido cuestionados.

  • Sobre la incorporación de la biodiversidad

El tema central de la COP 13 fue la incorporación de la biodiversidad en todos los sectores y en particular, en la agricultura, forestería, pesca y turismo. Es una buena propuesta que estos sectores tomen en cuenta la biodiversidad a la hora de decidir sobre aspectos que puedan impactarla. Desafortunadamente, las decisiones finales fracasan al no imponer acciones que hubieran forzado a estos sectores a actuar dentro de límites globales. Al contrario, parece ser que sus intereses están presentes en el texto sobre incorporación y no hay justificación alguna sobre su responsabilidad en la creación de esta crisis.

En el sector agrícola por ejemplo, podemos ver que existe un llamado permanente para promover la revolución verde, específicamente,grandes inversiones e investigación sobre nuevas tecnologías. Son precisamente éstas, como los agroquímicos y los OGMs, que han causado un caos en la biodiversidad. Llamar a estas tecnologías como sustentantes, nos las convierte en tales.

Otro ejemplo es el sector turístico que continua promoviendo crecimiento y afirmándose como una actividad ecológica. Sin embargo, los reclamos de Pueblos Indígenas son inmensos demostrando como el (eco)turismo destruya las áreas naturales donde viven al tiempo que les priva del ejercicio de su derecho a vivir en sus territorios de los cuales son sus guardianes históricos.

  • Sobre los derechos de los Pueblos Indígenas

Los Pueblos Indígenas y las comunidades locales estuvieron bajo mucha presión desde varios frentes. El concepto de libre perteneciente al consentimiento libre, previo e informado, fue reconocido sin mucho entusiasmo y luego de duras negociaciones. Muchos países además, querían hacer depender las leyes consuetudinarias,protocolos comunitarios, prácticas y procesos tradicionales en la toma de decisiones, de la legislación nacionales, eliminando así la soberanía y autonomía de los Pueblos Indígenas. Solamente cuando hubo protestas de los Pueblos Indígenas a las que se unieron los demás sectores de la sociedad civil, incluyendo a Amigos de la Tierra Internacional, fue que el derecho fundamental a la soberanía fue, en alguna forma, restaurado.

  • Sobre biología sintética

El principio precautorio, elemento clave en todas las convenciones ambientales de Naciones Unidas estuvo bajo ataques severos. Los países que están a favor de los OGMs priorizan los intereses corporativos y comerciales sobre la seguridad ambiental y la salud humana. El principio precautorio y cualquier evaluación de riesgo son como una línea roja para esos países que quieren atacar a cualquier costo. Esto resultó en la pérdida de mecanismos para desarrollar una evaluación de riesgo de los OGMs bajo el Protocolo de Cartagena; el fracaso en detener la biopiratería digital al no regular las secuencias digitales genéticas y el cierre del grupo de expertos que lidiaría con los riesgos de la biología sintética.

En relación a los impulsores genéticos, una nueva tecnología de ingeniería genéticacapaz de cambiar las características de una especie completa o de llevarla a su extinción fue debatida. Muchos países reconocen sus amenazas y varios pidieron una moratoria. Sin embargo esto no fue aprobado y los llamados a la acción fueron bloqueados.

  • Sobre el sector privado y la Financiarización de la Naturaleza

Todo esto sucedió en un contexto donde el sector privado tiene cada vez más y más poder e influencia más dentro de la CDB. Al menos un tercio de los/as delegados/as de la COP representan intereses corporativos mientras que otro/as representantes de negocios son parte de las delegaciones oficiales. El comportamiento de algunos países muestra que están bajo una fuerte influencia corporativa al defender intereses económicosicos sobre la biodiversidad y los ecosistemas y sobre los derechos de quienes viven en los bosques y otros ecosistemas.

Un aspecto de avance corporativo es la financiarización de la Naturaleza. En previos eventos, eventos paralelos y en los corredores, los conceptos de pago por servicios ambientales, compensación de la biodiversidad y otras formas de valoración económica de la Naturaleza eran las palabras de moda. En muchos casos se les presenta como la única solución viable para atender la problemática ambiental. Luego de varias batallas, fue sacado de los textos oficiales pero el ímpetu de esta tendencia es claro.

  • Sobre el ambiente de la COP

El nivel de decencia de la COP parece descender año tras año. Esto fue sentido por varias de las personas delegadas de ATI entre otros/as más quienes sufrieron ataques verbales al defender los intereses de la Naturaleza, campesinos/as, pescadores/as, habitantes de los bosques, Pueblos Indígenas y mujeres.

  • Sobre el ambiente de la COP

En conclusión, ninguna de estas decisiones de la CDB nos llevarán al necesario cambio de sistema para salvar la Naturaleza. Lo que necesitamos son propuestas como la gobernanza comunitaria de los bosques, la agroecología y el fortalecimiento de los derechos colectivos. Por lo tanto, Amigos de la Tierra Internacional continuará trabajando localmente en los 74 países donde nos basamos para apoyar a quienes generan este cambio de sistema en la cotidianidad de sus comunidades y ciudades.

Contactos de prensa:

Isaac Rojas: isaac@coecoceiba.org – +50683383204
Nele Marien: nele@foei.org – +32488652153

Para mayor información pueden contactar a nuestra media coordinator Leonie Beunen: leonie@foei.org, 0031 (0)20 622 1369.

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