Artículo de Marcela Gómez y Andrea Echeverri de CENSAT Agua Viva / Amigos de la Tierra Colombia, publicado en el Boletín 232 del Movimiento Mundial por los Bosques Tropicales
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Colombia es uno de los primeros países latinoamericanos en configurar e implementar normas y regulaciones concretas sobre las compensaciones por pérdidas de biodiversidad. Además del artículo 50 de la Ley 99 de 1993, la Resolución 1503 de 2010 y la Ley 1450 de 2011, establecen la necesidad de estandarizar los mecanismos de compensación ambiental. Luego, en 2012, el Ministerio de Ambiente aprobó la Política Nacional para la Gestión Integral de la Biodiversidad y sus Servicios Ecosistémicos (PNGIBSE), donde establece como uno de sus ejes estratégicos «Fortalecer las actividades e institucionalidad relacionada con la evaluación de los impactos ambientales, recuperación de pasivos ambientales y con la asignación de compensaciones ambientales por pérdida de biodiversidad, ligadas a proyectos licenciables ambientalmente, a escala nacional, regional y local».
Más adelante en el mismo año, el Manual para la Asignación de Compensaciones por Pérdida de Biodiversidad (MACPB) se adoptó a través de la Resolución 1517, con apoyo de ONGs transnacionales como la WWF o The Nature Conservancy. La aplicación de dicho Manual es de uso obligatorio para solicitantes de licencia ambiental de los sectores minería, hidrocarburos, infraestructura, eléctrico, marítimo y portuario. Su aplicación considera la determinación y cuantificación de las compensaciones desde la etapa de planeación de los proyectos licenciables, y que debe considerar tres aspectos: establecer cuánto compensar en términos de área, dónde compensar y cómo hacerlo con un enfoque de «no pérdida neta», donde la disminución de la diversidad en un sitio puede ser compensada en otro sitio con «equivalencia ecológica», es decir sumas y restas engañosas.
Tanto la Ley de 2011 como el Manual fueron criticados por los sectores ecologistas colombianos. Una de las principales críticas se debía a que el puñado de ONGs trasnacionales involucradas mantienen un estrecho vínculo y reciben financiamiento de las mismas corporaciones que necesitan la compensación para mantener y aumentar sus niveles de destrucción. Se prescindió de la consulta a diversos actores colombianos como la academia y organizaciones nacionales y locales.
Basados en esas normativas y en el discurso que promueve la reducción de la huella de carbono, la Corporación Autónoma Regional de las cuencas de los ríos Negro y Nare – Cornare (1) propone la creación de «BanCO2» para la ejecución de planes de compensación por pérdida de biodiversidad, a través de un alianza con Bancolombia, la Alianza Clima y Desarrollo (CDKN, por su sigla en inglés), WWF y la Fundación Natura.
BanCO2 fue lanzada en 2013 por Cornare y fue adoptada rápidamente por otras Corporaciones Autónomas Regionales. Se está implementando a través de una supuesta cooperación o pago a familias rurales, a partir del apoyo de las Corporaciones Autónomas Regionales (actualmente 20) y la inversión de empresas, tales como las energéticas ISAGEN, Ecopetrol y Petrobras, las mineras AngloGoldAshanti Colombia y Antioquia Gold, la cementera Argos, la industrial de servicios públicos EPM, entre otras. Estas empresas figuran como «compensadoras», es decir, son quienes pagan una cuota para supuestamente compensar su degradación ambiental. De esta manera, el pago por la conservación de una determinada área en alguna parte de Colombia le permite a estas empresas poder seguir con sus industrias extractivas en otra(s).
Tres ejemplos de BanCO2:
– Al oriente del departamento de Antioquia, en el municipio de San Roque, el proyecto Gramalote de la minera multinacional AngloGoldAshanti Colombia, le paga a 15 familias campesinas por la protección de 215 hectáreas. Sin embargo, ese proyecto de extracción de oro abarca un área de más de 9.413 hectáreas en seis municipios, afectando potencialmente a 50 mil personas. Además, mientras que en BanCO2 tiene una plataforma perfecta para que la AngloGoldAshanti se presente como «cuidadora del ambiente», esta multinacional sudafricana posee 504 títulos mineros en Colombia y otras 3.074 solicitudes que contarían con la posibilidad de desplazar y afectar a miles de familias en el territorio nacional (Censat Agua Viva, 2016).
– Las Empresas Públicas de Medellín (EPM) es una multinacional colombiana que actualmente está construyendo el megaproyecto hidroeléctrico Hidroituango, para el cual ha talado más de 4 500 hectáreas de bosque seco tropical, uno de los ecosistemas más amenazados de Colombia. La compensación de esta empresa a través de BanCO2 por sus enormes afectaciones ambientales ha sido un pago a 56 familias que por tres años asciende a 1.209 millones de pesos colombianos (alrededor de US 421.482 dólares). Las utilidades de EPM en 2016 fueron de 1.86 billones de pesos colombianos (alrededor de US 619.392.994 dólares) (Gómez & Echeverry, 2017).
– «Bosques de paz» es un programa del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible que a través de la resolución 0470 de 2017 propone formular actividades productivas «con el fin de generar bienes y servicios mercadeables y contribuir a la conservación…». Con base en ello se invertirán en el municipio de Granada 3.500 millones de pesos (alrededor de US 1.172.409 dólares) en prácticas agroforestales en 1 200 hectáreas de bosque. La meta es crear 150 Bosques de Paz en todo el territorio nacional a través de la siembra de alrededor de 8 millones de árboles en los próximos dos años, acompañado de estrategias de compensaciones ambientales como BanCO2.
Con la implementación de BanCO2 se abre una verdadera disputa por los derechos de uso de los territorios campesinos. Si bien los territorios no cambian de propietario, cuando los campesinos se inscriben al BanCO2, se cambia quienes ejercen poder sobre la finalidad de uso en determinado territorio. La familia campesina pierde su poder de decisión sobre su territorio y lo otorga a las corporaciones regionales, quienes son los encargados de controlar el cumplimiento de dichos compromisos, al servicio del mercado.
Sumado a ello, más recientemente, se creó la estrategia «Banco de Hábitat» a través del Decreto 2099 de 2016, que fue lanzado públicamente en 2017 por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. El Banco de Hábitat empezará con una inversión privada de US 1.5 millones de dólares para la restauración y conservación de 605 hectáreas en el municipio de San Martín, Meta, financiada por el Fondo Multilateral de Inversiones (FOMIN) y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) (6). Este programa «busca que las empresas que tienen la obligación de compensar los impactos negativos que generan sobre el medio ambiente, puedan hacerlo a través de estos predios predestinados a la conservación y restauración«.
Como vemos los proyectos conservacionistas de compensación donde se apela a la «responsabilidad social y ambiental» de las empresas son una hábil maniobra con una doble ganancia para estas. La legitimación de sus políticas se traduce en mayores precios de las acciones y en una suerte de aval para continuar expandiéndolas. Las empresas apuntan a construir una imagen como redentoras de los territorios, centrándose en medidas compensatorias altamente publicitadas pero cuyas credenciales ecológicas son cuando menos cuestionables.
(1) Las Corporaciones Autónomas Regionales (CAR), son «entes corporativos de carácter público, integrados por las entidades territoriales, encargados por ley de administrar -dentro del área de su jurisdicción- el medio ambiente y los recursos naturales renovables, y propender por el desarrollo sostenible del país»